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Opinión Jurídica

Print version ISSN 1692-2530

Opin. jurid. vol.13 no.26 Medellín July/Dec. 2014

 

ARTÍCULOS

 

Retos del manejo de información sobre violencia basada en género (VBG) en el marco del conflicto armado. El caso de Medellín*

 

Challenges of Gender-Based Violence Information Management within the Framework of the Armed Conflict. The Case of Medellin

 

 

Paula Andrea Valencia Londoño**

 

** Comunicadora social- Periodista, Universidad Pontifica Bolivariana, Estudios de Derecho y Ciencias Política, Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión Regional del Desarrollo, Universidad de los Andes. Internacional Master of Advance Studies, Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo, Ginebra- Suiza. Magíster en Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo, Universidad de los Andes. Doctoranda en Ciencias Sociales. Universidad de Granada. Coordinadora Maestría en Conflicto y Paz, Universidad de Medellín. pvalencia@udem.edu.co

 

Recibido: febrero 4 de 2014

Aceptado: junio de 2014

 

 


RESUMEN

El manejo de información sobre Violencia Basada en Género -VBG- en el marco de los conflictos armados, es un imperativo que encuentra sus orígenes en el trabajo constante del movimiento feminista desde la década del 70, que a su vez se tradujo en un cuerpo normativo que incluye exigencias sobre el seguimiento sistemático de la VBG como una de las consecuencias humanitarias del conflicto armado. No obstante, su puesta en marcha representa una serie de retos derivados, por un lado de las limitaciones en el rastreo del problema, y por otro, en el tratamiento de las fases de procesamiento y reporte de información, los cuales han sido evidenciados por el escaso constructo teórico existente alrededor del tema. La investigación de la cual deriva este texto analiza estos retos para el caso de algunas iniciativas en materia de manejo de información sobre consecuencias humanitarias y VBG existentes en Colombia, y en particular en Medellín, con el fin de dar claves para su potenciación y orientar ejercicios futuros a partir de la solución a los obstáculos presentes en los procesos actuales.

PALABRAS CLAVE

Sistemas de información, derechos humanos (DDHH), violencia basada en género (VBG), conflicto armado interno, género.


ABSTRACT

Management of Gender-Based Violence Information within the framework of the armed conflicts is a necessity initially grounded on the permanent work of the feminist movement since the 70's, which in turn was translated into a normative body which includes demands on the systematic monitoring of the gender-based violence as one of the humanitarian consequences of the armed conflict. However, its operation results in a number of challenges derived, first, from limitations for tracking the problem and, second, from treatment of the processing phases and information reporting; these challenges have been clearly observed for the scarce theoretical construct existing around the topic. The research on which this article is grounded performs an analysis of such challenges for some initiatives concerning management of information about humanitarian consequences and gender-based violence in Colombia, specifically in Medellin City, with the purpose of giving some keys for its strengthening and guiding future exercises from the solution of obstacles seen in current processes.

KEY WORDS

Information system; human rights; gender-based violence; internal armed conflict; gender.


 

 

Introducción

La escasa visibilidad de la violencia basada en género (VBG), en el conjunto de las consecuencias humanitarias de los conflictos armados, es una problemática universal, que se traduce en el contexto colombiano en situaciones relacionadas con el manejo y uso de la información. De una parte se presentan fallas originadas en aspectos estructurales como el seguimiento limitado y casi exclusivo de la VBG por medio del rastreo de los eventos de violencia sexual, como única variable considerada para el análisis por algunos sistemas de información; y de otra, por factores que trascienden la definición técnica de los sistemas y que tienen que ver con el tipo de relaciones existentes entre las organizaciones y los sistemas generadores de información, y la articulación de los mismos sistemas entre sí.

Con respecto a la primera falla es importante tener presente que a pesar de que la violencia sexual es la subcategoría más estudiada en materia de VBG, esta no la agota, y de manera particular en contextos de conflicto armado, otras formas de violencia por razón de género, en muchos casos más ocultas, ocasionan también graves lesiones al entramado social. Por su parte, la subcategoría de violencia sexual a su vez presenta grandes dificultades para su rastreo y registro. En materia de rastreo, tiene una baja frecuencia debido a su reducido número de casos en relación con otras vulneraciones de derechos humanos (Roth, Guberek & Hoover 2011); además, cuenta con una distribución irregular con respecto al total de la población1 lo cual puede generar sesgos en el muestreo por las diferentes técnicas de obtención de datos, incluso por la intencionalidad en la recolección de los mismos (indagación para la judicialización y no para el análisis); además, está rodeada de una alta estigmatización familiar, social y comunitaria que se traduce en silencio por parte de las víctimas, silencio en otros casos derivado de los procesos de victimización secundaria, a partir de los cuales la inadecuada atención de las víctimas por las instituciones de salud o por el sistema judicial se convierte en un desestimulante de la denuncia. En cuanto al registro, los obstáculos radican fundamentalmente en las diversas categorizaciones acogidas por los sistemas de información que analizan la temática. Todo esto hace que el proceso de manejo de información en este tema sea, en la mayor parte de los casos, fragmentario, poco sistemático, disperso y excesivamente focalizado2.

En relación con la segunda falla, en el país existen diferentes sistemas y productos de información que tratan de dar cuenta de las consecuencias humanitarias generadas por el conflicto armado interno, entre los que se encuentran sistemas de información generales que registran múltiples consecuencias humanitarias, pero que en pocos casos y de forma limitada, incluyen entre sus variables las diferentes manifestaciones de la VBG. Es el caso del Sistema Integrado de Información Humanitaria de OCHA-Naciones Unidas (SIDIH), y antes de la implementación del Registro Único de Víctimas (RUV), el Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República.

De otro lado, existen sistemas de información y reportes, que cuentan con una línea específica de rastreo dirigida al análisis de la problemática de la VBG, no obstante son altamente focalizados en lo territorial y realizan una escasa distinción entre eventos relacionados con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), con los DDHH y la violencia intrafamiliar. Estas últimas problemáticas son recurrentes en los rastreos de DDHH de organizaciones como la Personería de Medellín, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), y las ONG Vamos Mujer y Mujeres que Crean.

Adicional a esto, entre los sistemas descritos existe una escasa relación que hace que los análisis especializados no se vean reflejados en el análisis global del conflicto armado y no exista una clara estrategia de inserción de los productos de información locales en la caracterización nacional.

Con el fin de abordar las problemáticas descritas anteriormente, a continuación se presenta, en primer lugar, una breve descripción de la metodología utilizada para la recolección y análisis de la información base para esta investigación. A renglón seguido se dará cuenta del recorrido histórico realizado por el movimiento feminista para lograr el posicionamiento de la VBG en las agendas de los organismos internacionales y las instituciones regionales y nacionales, además se describirán los imperativos normativos que dieron origen a la necesidad del manejo de información sobre VBG en el marco de los conflictos armados. Esto con el fin de pasar a la aproximación teórica al tema de manejo de información sobre derechos humanos y VBG, la cual permite identificar los retos presentes en el proceso, retos que de manera final se analizarán en algunas experiencias de manejo de información existentes en el contexto nacional, y de manera particular en la ciudad de Medellín.

El artículo cierra con una serie de conclusiones con las cuales se intenta relacionar imperativos normativos, constructos teóricos y hallazgos empíricos, con el fin de orientar futuras aproximaciones al tema, potenciando los ejercicios ya realizados y advirtiendo posibles obstáculos. El método de investigación asumido para el proceso que soporta los siguientes análisis, parte de un esquema deductivo- inductivo-deductivo, con el cual se hace inicialmente una aproximación a los sistemas de información sobre derechos humanos y VBG desde su construcción teórica, para luego adentrarse en un análisis descriptivo de los sistemas de información sobre VBG en la ciudad de Medellín.

La unidad de análisis de este proceso de investigación son los sistemas de información sobre consecuencias humanitarias. Con base en la delimitación territorial establecida para este proceso de investigación, durante el periodo agosto a noviembre de 2012, se caracterizaron los siguientes sistemas: A. Sistemas de cobertura geográfica nacional: 1. Sistema de Información sobre Asuntos Humanitarios de OCHA Naciones Unidas. 2. Registro Único de Víctimas. Presidencia de la República (en proceso de construcción). B. Sistemas de cobertura geográfica local: Generales: 1. Informe de Derechos Humanos. Personería de Medellín. 2. Observatorio de Seguridad Humana. Universidad de Antioquia, el IPC y la Personería de Medellín. 3. Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC). Alcaldía de Medellín. Específicos: Sistema de Manejo de Información sobre Violencia Basada en Género (GBVIMS). ACNUR, UNFPA, IRC.3.

Para la etapa de recolección de información, se construyó un sistema categorial que recoge los elementos básicos, comunes a la construcción teórica de todos los autores revisados. Este sistema categorial partió de la estructura propuesta por Ball (2008, p. 44) para la puesta en marcha de sistemas de información sobre derechos humanos. 1. Recolección de información, 2. Procesamiento, clasificación y codificación de la información, 3. Elaboración de la base de datos, 4. Elaboración de informes analíticos. Adicional a estos pasos, se incluyó un quinto: la difusión y socialización de resultados. Con este último paso se buscó indagar sobre la transición de los informes analíticos generados a partir de los insumos entregados por el mismo sistema a productos de información que respondan a las necesidades de los tomadores de decisiones, además da cuenta de la intencionalidad presente en el sistema para producir acciones de incidencia. Este sistema categorial se nutrió de información a partir de la aplicación de entrevistas semiestructuradas4, observación participante5 y revisión de la documentación soporte de los sistemas. Por su parte, para la clasificación y codificación de la información recolectada en la fase diagnóstica, se partió de la misma estructura categorial propuesta para la recolección de información, se seleccionaron cuatro ejes transversales (frecuencia, validez, flexibilidad, simplicidad), los cuales permitieron realizar, siguiendo los siete pasos de la metodología de ''sistemas duros a problemas suaves'' creada por Checkland en 1981, un ejercicio comparativo entre los diferentes sistemas de información analizados.

Este método se apoya en una serie de etapas que permiten aplicar el análisis de sistemas a problemáticas sociales. Estas etapas son: Paso1. Situación problema no estructurado. Paso 2: Situación problema expresada. Paso 3: Definiciones raíz de los sistemas pertinentes. Paso 4: Confección y verificación de modelos conceptuales. Paso 5: Comparación situación problema y modelo conceptual. Paso 6: Cambios deseables viables. Paso 7: Acción para mejorar la situación. Esta fase analítico propositiva se abordó desde tres perspectivas, la estructura, el proceso y la relación existente entre estructura y proceso, la cual es entendida para este caso como las acciones de articulación e incidencia generadas por los sistemas. (Figura 1).

En términos generales, a partir de esta investigación se concluyó que entre las principales debilidades se evidencian: la escasa flexibilidad de los sistemas, su construcción a partir de una metodología de eventos y no de indicadores lo que imposibilita su comparabilidad, las deficiencias en la distinción entre eventos de DIH y DDHH, la no inclusión de información que permita la desagregación por género, problemas en el reconocimiento social y personal de la condición de víctima de VBG, limitadas estructuras categoriales, la no inclusión del análisis cualitativo y la lejanía de las fuentes del sector salud. Como fortalezas están: el uso de fuentes no tradicionales, los mecanismos de contrastación, los modelos de clasificación y categorización altamente estructurados de algunos sistemas y el compromiso del sector salud y ministerio público, entre otros. Finalmente, se resalta que la articulación entre sistemas por su alto grado de institucionalización es un proceso en el cual, adicional a las soluciones técnicas, se deben comprender estrategias de transferencia y ad vocy, en casi todos los casos mediadas por la decisión política de las organizaciones destinatarias directas de la información.

A continuación se presentan los hallazgos y conclusiones derivados de la aplicación de este proceso metodológico, en particular, en el tema de retos del manejo de información sobre VBG en el marco de los conflictos armados.

 

1. El manejo de información sobre VBG en el conflicto armado: resultado de una lucha que se traduce en un imperativo normativo

La violencia contra la mujer fue permitida, y en muchos casos auspiciada, durante siglos bajo el supuesto de la naturalización de la condición de inferioridad en que se encontraba el género femenino en relación a sus pares masculinos. Solo hasta la década de los 60, el tema de la violencia en contra de las mujeres comenzó a ser reconocido como un problema social, gracias a la denuncia y las constantes exigencias del movimiento feminista, que reivindicó la necesidad de una legislación internacional que comprometiera a los Estados en la protección de los derechos de la mujer y la visibilización de sus problemáticas. Entre estas iniciativas cabe destacar los 30 años de encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, en el marco de los cuales desde su primera reunión en 1981, se instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la no Violencia Contra las Mujeres. (Gómez, 2012).

Gracias a este esfuerzo tanto de las académicas como de las activistas feministas en las décadas del 70 y el 80, en asocio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se realizaron cuatro conferencias internacionales que dieron inicio al debate sobre las problemáticas de la mujer derivadas de su condición de género. Estas fueron: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), y Beijing (1995). Asimismo, en 1979 se promulgó la Convención para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con la cual se garantizaría el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los derechos civiles y políticos, y los servicios básicos, considerando las características diferenciales que implicaba su condición de género. La CEDAW propuso la construcción de un limitado número de indicadores que permitieran la comparación entre países (Ramírez, 2010, p. 147).

Sin embargo, la primera declaración donde se observa una mención explícita a la necesidad de recolección y procesamiento de datos que den cuenta de la problemática de VBG (en esta disposición abordada como violencia en contra de la mujer) es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ''Convención de Belem do Pará'' que en su artículo 8 exige a los países promover la recolección de información y la producción de estadísticas en torno al tema.

Con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en de 1995, se buscó eliminar los obstáculos para la participación de la mujer, entre ellos: la violencia contra la mujer, y los efectos en ella de los conflictos armados (Linares, 2010, p. 90). Posterior a esos primeros esfuerzos, desde el año 2000, se han producido una serie de conferencias, que reiteran la preocupación por la recolección, procesamiento y análisis de datos cuantitativos, desagregados por sexo y que den cuenta de la situación real en material VBG. Entre estas iniciativas se encuentran las conferencias mundiales: Beijing + 5, +10, Copenhague + 5 y Gender Mainstreaming in Regional Gender Statistics.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promulgado una serie de resoluciones que propenden por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Entre ellas están: la Resolución 61/143 de 2007 dirigida al incremento de las acciones encaminadas a eliminar toda forma de violencia; la Resolución 1612 de 2005, dedicada al tema de niñez en el marco del conflicto armado; la Resolución 1882 de 2009 que refuerza las disposiciones de la Resolución 1612; y las resolución 1820 y 1888 de 2009 relacionadas específicamente con la problemática de violencia sexual en los conflictos armados, y por supuesto la Resolución 1325 del 2000 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Asimismo, la Unión Europea, ha definido entre sus objetivos para abordar la problemática de la VBG, ''la recopilación de datos y desarrollo de indicadores: contar con datos comparables y precisos sobre todas las formas de violencia'' (Ramírez, 2010, p. 76) y, en el año 2005, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución 2005/2215 que entre sus acciones impulsa a generar indicadores de género relacionados con la situación de las mujeres en los conflictos armados, los procesos de reconstrucción y las situaciones de pos- conflicto.

Para el caso colombiano, la preocupación por la recolección, procesamiento y análisis de información sobre VBG en el marco del conflicto armado tuvo su primer antecedente con el Auto 092 de 2008, en desarrollo de la Sentencia T025 de 2004. En él, la Corte Constitucional de Colombia identifica diez riesgos de género y 18 facetas de género del desplazamiento forzado, a las cuales están expuestas las mujeres en el conflicto armado colombiano y que las impactan de forma diferencial. En relación con este tema, la Corte evidencia la invisibilidad que genera la ausencia de instrumentos para detectar los diferentes tipos de violencia que afrontan las mujeres en el conflicto armado y lo que imposibilita por tanto, la caracterización de la problemática. Como afirma este tribunal ''difícilmente puede haber una respuesta oficial apropiada en el ámbito de la prevención del desplazamiento forzado'' (Corte Constitucional de Colombia, Auto 092 de 2008, 2008, p. 20).

Actualmente, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), en su Título V, Capítulo I reconoce la violencia sexual como una de las consecuencias humanitarias del conflicto colombiano y crea la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas. Cabe resaltar que también existen en el país leyes dirigidas a la prevención de la VBG, entendida desde su concepción más amplia; es el caso de la Ley 1257 de 2008, y de la Ley 1009 de 2006, la cual crea el Observatorio de Asuntos de Género (Ramírez, 2010, p.139).

En el caso específico de la ciudad de Medellín, a través del Acuerdo No. 09 de 2006, se estableció la ''política pública para la Prevención y Atención de las violencias sexuales'' (Alcaldía de Medellín, 2012), esta política fue reformada en noviembre de 2011 por el Acuerdo 052, el cual creó el Programa Integral de Protección a Mujeres Víctimas de Violencias. Este programa cuenta con un componente de Información y Gestión del Conocimiento para monitorear el goce efectivo de derechos. Asimismo, en el año 2007, a través del Acuerdo 01 se creó la Secretaría de las Mujeres, con la cual se busca promover la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres en la ciudad de Medellín. Esta Secretaría en el periodo 2008- 2011 abordó la problemática de violencia basada en género desde la Línea Estratégica de Seguridad Pública para las Mujeres y centró su accionar en mecanismos como el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. Es así como en el caso particular de Medellín, los espacios ganados para el posicionamiento de las problemáticas relacionadas con el género y, en particular, con el tema de las violencias han permitido generar un entorno propicio para que el manejo de información se convierta en una línea de acción. Esto se ha dado a través de diferentes estrategias institucionales y organizacionales que se abordarán en el siguiente aparte.

 

2. Iniciativas locales y nacionales en materia de manejo de información sobre VBG en el conflicto armado

Ante la recurrente preocupación de los países y los organismos multilaterales por la recolección, procesamiento y análisis de datos sobre VBG, tanto en el ámbito internacional como en el contexto colombiano, se han desarrollado una serie de iniciativas encaminadas a realizar un proceso sistemático de manejo de información que permita dar cuenta de la problemática.

En este sentido, en el ámbito internacional desde el año 2007, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en conjunto con International Rescue Committe (IRC) y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), creó el Equipo Global del Sistema de Manejo de Información sobre Violencia Basada en Género (GBVIMS). Este equipo desarrolló durante ese mismo año, a través de un piloto en Tailandia, un Sistema de Gestión de Datos sobre la Violencia por Razón de Género con el que se pretende normalizar la recolección de datos sobre VBG en situaciones humanitarias. Este sistema actualmente se implementa en 15 países. En Colombia esta iniciativa se puso en marcha en 2010 con la ejecución de dos experiencias piloto en zonas rurales y urbanas de las ciudades de Medellín y Barrancabermeja.

En el ámbito nacional existe una serie de observatorios y sistemas de información sobre derechos humanos, DIH y temas humanitarios, que tratan de dar cuenta de las diferentes consecuencias humanitarias generadas por el conflicto armado, algunos originados en el Gobierno nacional y otros promovidos desde la comunidad humanitaria internacional. Desde 2005, la ONU cuenta en Colombia con un Sistema Integrado de Información Humanitaria, administrado por OCHA, con el que se integra información humanitaria de diversas fuentes como insumo básico para la identificación de necesidades y el impulso de una respuesta adecuada. Por su parte, la Presidencia de la República contaba hasta antes de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con diferentes sistemas de información que rastreaban las variadas consecuencias humanitarias del conflicto armado; hoy, la apuesta consiste en articular toda la información relacionada con el conflicto alrededor del Registro Único de Víctimas (RUV).

Adicional a esto, en Medellín diferentes ONG (como la Corporación Mujeres que Crean y Vamos Mujer) y entidades estatales, cuentan con procesos de manejo de información que entre sus variables de análisis incluyen el tema de VBG. La Alcaldía de Medellín cuenta con el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia SISC-, perteneciente a la Secretaría de Gobierno, y el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Personería de Medellín crearon el Observatorio de Seguridad Humana, el cual tiene un eje de Seguridad para las Mujeres. Adicionalmente, otras organizaciones generan informes periódicos sobre la problemática relacionada con la violencia contra la mujer, entre ellos la Personería de Medellín.

Sin embargo, este entramado de procesos alrededor del tema de manejo de información sobre VBG se deben leer a la luz de las escasas construcciones teóricas existentes alrededor el problema objeto de análisis. Es importante tener presente que la temática sobre sistemas de información sobre derechos humanos y específicamente sobre VBG, es un área de conocimiento poco explorada, sobre la cual el aporte empírico supera con creces la reflexión académica alrededor del fenómeno; no obstante, existen importantes claves teóricas que permiten identificar retos y estrategias aplicables al ejercicio práctico y se expresan en las ideas comprendidas en el próximo aparte.

 

3. Características y postulados básicos de un sistema de información en Derechos Humanos y/o VBG

Como afirma Ball (2008, p. 15): ''El propósito primordial de un sistema de manejo de información es ayudar a las organizaciones de derechos humanos a comprender y abarcar toda la información que tienen a disposición''. Según el autor, un sistema de información trasciende la idea de la base de datos e implica la recolección, organización, almacenamiento y análisis de los datos existentes, articulado alrededor de una base de datos, estructurada y relacional, que utiliza un vocabulario controlado. El sistema de información se convierte en la memoria de la organización.

Por su parte, Linares define el sistema de información como: ''un conjunto de componentes interrelacionados que operan coordinadamente para capturar, procesar, almacenar y distribuir información; ello implica la labor combinada de personas, datos y procedimientos que funcionan en conjunto en busca de un objetivo común'' (Linares, 2010, p. 64). Entre las características que debe tener un sistema de información destaca: simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, valor predictivo, representatividad, oportunidad, utilidad y sostenibilidad (Linares, p. 111).

De otro lado, Spirer & Spirer (1997) destacan como características de este tipo de sistema, desde una perspectiva específica de derechos humanos: a. La visibilidad: capacidad de ver y hacer visible a otros la situación, b. La credibilidad: capacidad que se gana a través de la visibilidad y la validez de los análisis, c. La comprensión: conseguida a través de métodos estadísticos simples y efectivos.

Esta visibilidad para el caso de los sistemas de información, como productos de las nuevas formas de interacción mediática, puede leerse desde la perspectiva de Thompson (2003) como una transformación de la visibilidad a partir de la extensión de la accesibilidad a la información, lo que finalmente se traduce en un traslado de las problemáticas de DDHH del ámbito privado al público.

Para el caso específico del monitoreo de eventos de derechos humanos, a través de un sistema de información se busca, tal como afirma Ball, la ''documentación de patrones de violencia'' (Ball, 2008, p. 44). Retomando este objetivo básico, en el caso del actual proceso de investigación, el propósito fundamental de un sistema de información en materia de VBG sería determinar los patrones de VBG predominantes en el marco del conflicto armado, con el fin de generar estrategias adecuadas de respuesta para cada una de las diferentes situaciones detectadas.

Es fundamental entender el proceso de análisis, comprensión y difusión de esta problemática que se realiza a través de los sistemas de información para conocer su intencionalidad en función del impulso a la acción. Lamentablemente, hasta el momento, en el país las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que generan o hacen uso de la información existente en materia de VBG, solo le asignan dos funciones: 1. Consignación de registros gubernamentales para control y vigilancia, 2. Generación de estadísticas (Linares, 2010).

En este sentido, con el fin de ampliar el alcance y la funcionalidad de un sistema de información sobre derechos humanos, los investigadores que participaron en la elaboración de los formatos estándar para el registro de eventos de derechos humanos por parte de Human Rights Information and Documentation Systems International (HURIDOCS) establecieron dos postulados básicos en materia de manejo de información sobre DDHH: 1. No introducir ambigüedades adicionales en los datos, siendo precisos en el registro de quién cometió cuál violación contra quién. 2. Ser lo más flexible y cuidadoso posible, representando de forma amplia el espectro de abusos, intervenciones, personas, organizaciones y relaciones que envuelven los eventos (Ball, et al. 1994, p. 3). Es el caso de múltiples actos en un solo evento. Según Guzmán (2001), esto suele ocurrir por: actos en serie, actos simultáneos, o actos que a la vez presentan continuidad y simultaneidad.

Adicional a estos condicionamientos, el manejo de información sobre derechos humanos y de forma específica el manejo de información sobre VBG relacionada con el conflicto armado representa una serie de retos adicionales a los que pueden presentarse en un sistema de información dedicado a otras áreas del conocimiento. Algunos de estos retos son similares a los existentes en materia de manejo de información sobre DDHH. En este sentido Ball (2008, p. 37) afirma que existen dos grandes retos: evitar sesgos y maximizar la cobertura del universo. De manera particular para el caso de la VBG, al tratarse como afirman Roth et al. (2011, p. 27) de un fenómeno elusivo clásico, el cual es fragmentario, poco sistemático, disperso y altamente focalizado territorialmente, los sesgos y la cobertura cobran fundamental importancia. Por su parte, Linares (2010, p. 65) afirma que un sistema integrado de información sobre VBG debe ser multipropósito, responder a las necesidades tanto de la comunidad internacional como de los entes nacionales, además de dar cuenta de la situación inicial, evolución e impacto del fenómeno en las políticas públicas.

Un sistema de información sobre VBG no solo requiere involucrar los pasos básicos de recolección, procesamiento y análisis de la información presentes en este tipo de desarrollos. Teniendo en cuenta que su objeto de análisis es una de las consecuencias humanitarias que presenta mayores dificultades para su rastreo y seguimiento, el sistema debe blindarse a través de características como las expuestas por Spirer y Spirer (1997) visibilidad, credibilidad y comprensión, con el fin de reducir al máximo los sesgos que puede presentar el análisis de esta problemática y, como afirma Thompson (2003), permitir la extensión de la accesibilidad a la información. El objetivo del sistema debe ir más allá de la recolección y sistematización de registros oficiales y la generación de estadísticas, debe generar legitimidad en las víctimas y los usuarios para ser un reflejo preciso de la realidad de la VBG en el marco del conflicto colombiano y permitir desarrollar una estrategia acertada de difusión de la información sobre una base válida y confiable. Una de las mayores problemáticas existentes en materia de manejo de información reside en la alta dispersión de los datos recolectados por las organizaciones con funciones de monitoreo en diferentes temáticas, los cuales, en la mayoría de los casos, se usan exclusivamente, como afirma Linares (2010) para la generación de registros administrativos institucionales. Debido a esto, y con el fin de potenciar el uso de la información existente, cada vez cobra más fuerza la exigencia, en los ámbitos nacional e internacional, de un intercambio permanente de información que permita generar flujos constantes de análisis y retroalimentación para la toma de decisiones. No obstante, para esto es necesario contar con los instrumentos adecuados, que permitan consolidar la información y adecuarla a las exigencias de actores estratégicos.

 

4. Retos del manejo de información sobre VBG en el conflicto armado: el caso de los sistemas de información presentes en Medellín y su relación con los sistemas sobre consecuencias humanitarias de cobertura nacional

Partiendo de la propuesta metodológica construida por Checkland (2001), Soluciones duras a problemas blandos, luego del análisis de los sistemas abordados en terreno, se puede identificar una serie de retos, algunos definidos desde las debilidades de los sistemas, y otros desde sus fortalezas y potencialidades, los cuales si se capitalizan pueden permitir un proceso óptimo de manejo de información sobre VBG.

4.1 Retos desde el proceso

Ball (2008) propone para la puesta en marcha de un sistema de información sobre DDHH un esquema con cuatro pasos básicos: El recaudo de información, su procesamiento, clasificación y codificación, la representación en una base de datos y finalmente, la producción de informes analíticos.

Recolección de información: en él se establecen los métodos estándar de recolección y registro de información. Según el autor hay tres formas básicas para obtener información en DDHH (Ball, 2008, p. 45): a. Entrevistas a testigos, víctimas y reclamantes, b. Revisión de fuentes documentales, c. Investigaciones y pruebas físicas.

Frente a este aspecto cabe destacar que todos los sistemas y modelos de manejo de información estudiados cumplen una labor similar de recolección de la información. Utilizan documentos oficiales, originados en entrevistas y testimonios, como fuente primordial de información, y el trabajo de campo como medio de contratación, a través del modelo de triangulación de información. En términos generales se puede afirmar que todos los sistema analizados realizan un proceso de recaudo de información, basado primordialmente en fuentes secundarias, sin periodicidad establecida y bajo el esquema de demanda de algún servicio médico, sicológico o jurídico por parte de las víctimas. Sin embargo, este método presenta altos niveles de subregistro, debido en parte a la reticencia a la denuncia o la solicitud de atención por procesos de victimización secundaria, originados en la inadecuada atención de las víctimas por las instituciones de salud o el sistema judicial.

Procesamiento de datos: de acuerdo con Ball (2008) este paso consiste en la clasificación y codificación de los datos obtenidos en el paso 1, a través de un vocabulario controlado. A partir de esta definición se puede afirmar que todos los sistemas analizados cuentan con una estructura categorial, en unos casos, más compleja, en otros, bastante simple, la cual está conformada por una serie de variables que permiten utilizar un vocabulario controlado para la clasificación de la información. No obstante, en pocos casos las definiciones son claras, lo que impide que las categorías sean mutuamente excluyentes. Esta característica solo es clara en GBVIMS donde su modelo de clasificación evita la selección equívoca de las categorías. La información es estructurada y codificada, pero el limitado espectro de categorías que abarcan la mayoría de los sistemas impide el seguimiento de las múltiples vulneraciones inmersas en la noción de VBG.

Diseño de la base de datos: este es un proceso que busca la representación de la información contenida en los datos procesados y su transformación en informes. El diseño de la base de datos comprende según Ball (2008) dos elementos: contenido y estructura de vínculos. A pesar de que esta no fue la prioridad en la labor investigativa realizada es importante resaltar algunos elementos que en materia de base de datos todos los sistemas cuentan con un repositorio para la información recolectada, algunos de ellos con un software propio diseñado para tal fin como es el caso de SIVIGILA, o plataformas web como GBVIMS y SIDIH, y otros simplemente utilizan software comercial (Excel, Access, entre otros) para manejo de bases de datos, como es el caso de SISC, Informe de DDHH de la Personería de Medellín y Observatorio de Seguridad Humana. En los casos del RUV y el SISC, el desarrollo del software para el sistema se encontraba en proceso en el período de indagación (segundo semestre de 2012).

En la totalidad de los casos, la información recolectada no es de acceso público, solo en SIVIGILA y GBVIMS la información es accesible para las entidades que alimentan el sistema. Esto, a pesar de ser un obstáculo para la visibilización de la problemática, se convierte en una importante estrategia de fortalecimiento institucional y otorga un valor agregado al sistema para sus mismos alimentadores, pues se transforma para ellos en insumo básico para la generación de estadísticas y punto de partida para la elaboración de informes internos y externos.

Ninguno de los sistemas y modelos de manejo de información cuenta desde su software con funciones de georreferenciación; en algunos casos la georreferenciación se hace sobre la información procesada, en el momento de elaboración de informes, como es el caso del SISC o de los mapas temáticos del SIDIH; no obstante,en el RUV la georreferenciación desde el software está en desarrollo, y en el caso del SIDIH la migración del sistema a la plataforma monitor, que se adelantaba en 2012, permitirá realizar esta función.

Generación de informes analíticos: Un sistema de información encuentra su esencia en la generación de productos de información que den cuenta de la situación rastreada. Estos productos de información pueden ser resultado del software que soporta el sistema, el cual permite en muchos casos generar listas, conteos, consultas, entre otros. No obstante, también se pueden generar informes a partir de la labor de la organización gestora de la información, que debe tener claro el fin de la información recolectada y adelantar acciones adicionales que propendan por lograr un interés superior a la simple conformación de una base de datos. En este sentido, con base en el análisis realizado, se puede afirmar que los sistemas más estructurados producen mayor tipo de informes desde su mismo software, como es el caso de GBVIMS y RUV. Otros sistemas como SIDIH y SIVIGILA elaboran otras modalidades de informes como los mapas temáticos y el conteo estadístico.

De otro lado, con la información producida por el sistema, las organizaciones producen variados tipos de informes, en especial informes internos, externos y de información pública, estos últimos manejados en la mayor parte de los casos por las oficinas de prensa de las organizaciones. En particular SIVIGILA genera con la información recolectada y procesada por el sistema el Libro de Indicadores de Salud. En el caso de GBVIMS, al tratarse actualmente de la aplicación de una prueba piloto produce exclusivamente informes internos dirigidos al Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, quien determina la conveniencia o no de hacerlos públicos. No obstante, a pesar de la complejidad de algunos de los sistemas, predomina la producción de informes internos, lo que obliga a que las labores de incidencia se realicen a través de otras instancias y escapen a la órbita de los gestores del sistema.

En términos generales, los sistemas analizados producen informes de manera mensual, sin embargo, en algunos casos la mayor frecuencia para la producción de informes se da solo para los informes internos; para los informes externos o de opinión pública la frecuencia es menor, solo en el SIDIH se producen informes públicos de forma mensual, y para los demás es anual o no existe periodicidad establecida. Este último es el caso de los sistemas que sirven para la toma de decisiones en espacios de cooordinación o para organismos públicos, donde la producción de informes opera por demanda de los usuarios del sistema.

4.2 Retos desde la estructura

De acuerdo con los formatos estándar para el registro de eventos de derechos humanos de Human Rights Information and Documentation Systems International HURIDOCS (Ball, et al., 1994) los elementos básicos que debe contener un sistema de información sobe DDHH, son: a. Una vulneración de derechos humanos puede afectar varias víctimas y, a su vez, una víctima puede sufrir varias vulneraciones de derechos humanos. b. Un evento puede contener varios hechos y por tanto, variadas víctimas y variadas vulneraciones a los derechos humanos. c. Es necesario en materia de derechos humanos realizar una distinción entre la persona y el rol que ocupa socialmente, en el contexto en el que se enmarca la vulneración de derechos.

Partiendo de estos tres elementos iniciales se puede afirmar que de los seis sistemas analizados, solo el RUV permite una relación uno a muchos víctima-vulneraciones. En el caso de los eventos y hechos, una víctima puede en su declaración describir múltiples vulneraciones, las cuales son incluidas en el formato básico del formato Único de declaración FUD en la pregunta 10 sobre número de hechos y eventos declarados; posteriormente, quien toma la declaración debe diligenciar un anexo por cada hecho victimizante, donde se describe de forma pormenorizada la vulneración. Además, el FUD contiene en el formato básico un aparte donde se relaciona el grupo familiar afectado por el hecho y los tipos de hechos victimizantes que afectaron a cada persona; adicional a esto, existe un anexo de censo, el cual debe ser utilizado en caso de eventos masivos.

En el caso de GBVIMS, su modelo de clasificación, el cual es un importante valor agregado, resulta ser una desventaja en materia de inclusión de múltiples vulneraciones pues se realiza una priorización de hechos victimizantes que no permite indagar por hechos ubicados en niveles inferiores cuando, por ejemplo, en el evento se presenta uno de los hechos ubicados en escalas superiores, como es el caso de la violación. Sin embargo, es el único sistema que de forma intencionada indaga por el contexto que enmarca la vulneración y esto le permite realizar la distinción entre eventos de VBG en el marco del conflicto armado, y eventos de VBG originados en otras situaciones.

En el caso del RUV el contexto es incluido en la descripción del hecho en el FUD, sin embargo, al ser información recopilada de forma cualitativa se corre el riesgo de que se pierda este insumo al momento de la generación de datos estadísticos. SIVIGILA y RUV indagan sobre el rol social de la víctima, el primero, determinando ese rol social como un factor de vulnerabilidad para la ocurrencia del hecho. También, en el caso del SIDIH se indaga por el rol social que ocupa la víctima pero al solo contener una categoría: violencia sexual, el espectro de vulneraciones que cubre es bastante limitado.

Finalmente, GBVIMS solo incluye el dato de ocupación bajo un esquema de pregunta abierta para determinar el rol de la víctima, sin establecer mayor relación con el hecho victimizante. Por otro lado, según el documento ''A Definition of Database Design Standards for Human Rights Agencies'' (Ball, 1994, p. 3), las reglas que deben orientar la labor de representación en las bases de datos de derechos humanos, de las relaciones entre personas, organizaciones, eventos e intervenciones serían: La primera prioridad de cualquier base de datos sobre derechos humanos es no introducir ambigüedades adicionales en los datos. La base de datos debe ser precisa en el registro de quién cometió cuál violación contra quién. La segunda prioridad es ser lo más flexible y cuidadoso posible, con el fin de representar de la manera más amplia el espectro de abusos, intervenciones, personas, organizaciones y relaciones que envuelven los eventos.

De esta segunda prioridad se deriva la posibilidad analizada en párrafos anteriores de representar dentro del sistema, tanto las múltiples vulneraciones ocurridas sobre una misma víctima, como las múltiples víctimas de un evento o hecho victimizante. Esto permitirá cubrir un espectro amplio de vulneraciones y víctimas, concediéndole flexibilidad al sistema. No obstante, pocos sistemas tienen esta capacidad, y algunos, a pesar de representar múltiples vulneraciones y víctimas, desconocen los elementos del contexto, descuidando elementos clave en la caracterización de eventos ocurridos en el marco del conflicto armado.

En relación con la primera prioridad, las mayores ambigüedades en los sistemas se derivan de la estructura categorial asumida. De acuerdo al análisis realizado, existen algunas coincidencias en las variables utilizadas por los sistemas analizados, pero al ser construidas sobre una base normativa amplia, realizan una mezcla de diversos conceptos que en algunos casos no son manejados de forma clara por las víctimas o por quienes recolectan la información, corriendo el riesgo de incurrir en errores de clasificación, o restando importancia a la indagación sobre VBG, frente a las múltiples vulneraciones ocurridas en el marco del conflicto armado.

Además, Spirer y Spirer (1997) destacan como bases fundamentales para el manejo de información en materia de derechos humanos, como se mencionó anteriormente, la visibilidad, la credibilidad y la comprensión, permitiendo, se reitera, una mayor accesibilidad a la información relacionada con la VBG en el marco del conflicto armado, al trasladar su comprensión del ámbito privado al público.

La gran parte de los sistemas analizados, por su carácter reservado, reducen su labor de visibilidad a la gestión realizada a través de los espacios de coordinación o de las instituciones a las cuales sirven sus informes, despojando de su sentido público a mecanismos de alta interacción mediática como los sistemas de información digitales. Esto genera suspicacias, restando credibilidad ante la escasa información existente sobre sus procesos de recolección, procesamiento, y análisis de información. Además, la credibilidad se reduce a un más ante el limitado uso de recursos estadísticos, dado el método utilizado de forma predominante para la recolección de la información (demanda de servicios por parte de las víctimas)

Medición: Según Linares (2010) las principales dificultades existentes en materia de medición de la violencia basada en género en América Latina son: a. Ausencia de una línea base sobre la naturaleza, magnitud, causas y consecuencias de la violencia basada en género, b. Ausencia de criterios unificados de registro, c. Conceptos diferentes de violencia, d. Formato heterogéneo, e. Existencia de datos no comparables, f. Indicadores sin una base homologable, g. Ausencia de un sistema integrado de información, h. Baja tasa de denuncia, i. Registros administrativos solo de las mujeres que han solicitado atención o han realizado denuncias explícitas.

En los sistemas analizados se pueden corroborar cada una de las deficiencias anteriormente descritas por Linares. Ninguno de los sistemas cuenta con una línea base, existen múltiples categorizaciones sobre VBG y, por tanto, los datos no son comparables; adicional a esto, no existe la posibilidad o el interés para la integración entre ellos. Además, la obtención de la información por la demanda de servicios de las víctimas hace que la baja tasa de denuncia y la reticencia a asistir a los centros médicos sea determinante de su baja cobertura. A pesar de esto, como se dijo anteriormente, algunos sistemas realizan diferentes tipos de mediciones a partir de los datos obtenidos, entre ellas tasas, incidencia y variables.

Los métodos utilizados para la recolección de información por los sistemas analizados (testimonios u casos judiciales o reportes de prensa) son llamados por Roth et al. (2011, p. 41) muestreos de conveniencia, y según estos autores, los datos obtenidos bajo esta modalidad no pueden generar resultados sobre prevalencia o patrones de violencia, pero pueden contribuir a la formulación de hipótesis a confirmar con datos cuantitativos, aunque debe tenerse presente la posibilidad del sesgo de conteo múltiple. No obstante, las mediciones realizadas por los sistemas analizados en pocos casos estiman el sesgo de conteo múltiple pues no cuentan con una base estadística que soporte sus análisis. Esto los convierte en sistemas de conteo de incidentes que, en el mejor de los casos, complementan sus afirmaciones con caracterizaciones cualitativas de la problemática, de carácter ilustrativo, que no permiten conocer y visibilizar la magnitud de la VGB en el marco del conflicto armado colombiano.

De otro lado, un elemento fundamental en la caracterización de la VBG es la desagregación por sexo; pero, de acuerdo con Linares (2010), a pesar de que esta variablepor sexo sea el elemento inicial para la introducción de la perspectiva de género en la producción estadística, es importante resaltar que no es suficiente, es necesario incluir indicadores que den cuenta, por ejemplo, para el caso de la violencia basada en género, de la afectación específicamente originada en la condición de género de las víctimas. En este sentido, es importante destacar el esfuerzo realizado por el RUV por incluir, entre los elementos de enfoque diferencial, la clasificación por género (ya no por sexo), introduciendo como tercera opción la categoría de población LGBTI. En el caso de GBVIMS, además de que existe en la información de la víctima una pregunta por el sexo, también se introduce una pregunta sobre la orientación sexual, la cual permitiría hacer análisis con perspectiva de género.

Fuentes: Según Linares (2010), para el caso de América Latina, predominan dos fuentes fundamentales para VBG: los registros administrativos, las encuestas representativas de población. Con respecto a los registros administrativos, según la autora, las principales fallas radican en ausencia de criterios unificados, diferentes aproximaciones a la noción de violencia y formatos heterogéneos. Estas tres fallas se pueden observar claramente en los sistemas analizados, pues, como se mencionó anteriormente no existen categorizaciones, definiciones, ni mucho menos formatos unificados. Es el caso de SIVIGILA y GBVIMS, los cuales obtienen su información de la misma fuente sector salud, y exigen a los funcionarios el diligenciamiento de dos formatos diferentes para el reporte de información. Como afirman Roth et al. (2011), en muchos casos la información de violencia sexual se sustrae de la información recogida para otros fines como salud pública, estadísticas criminales o violencia intrafamiliar. Esto es evidente en todos los casos analizados, con excepción de GBVIMS, y por esto, la caracterización de la VBG no es ni el objetivo, ni el tema de ninguno de los sistemas analizados; de allí las múltiples fallas detectadas.

De otro lado Roth et al. (2011) identifican como principales obstáculos para la recolección de la información en materia de violencia sexual: a. El sesgo de las muestras (sesgo de inclusión) consistente en que población seleccionada para la investigación no es representativa de la población foco de atención. b. El silencio y el estigma (sesgo de revelación): reticencia de las mujeres a denunciar; adicional a esto existen deficiencias en los mecanismos de reporte o en el monitoreo de los casos. c. La imposición estructural del silencio: factores estructurales que generan la reticencia a la denuncia, entre ellos están la permisividad social de las conductas violentas contra las mujeres, los altos niveles de impunidad y la poca voluntad política para abordar de forma directa la problemática.

A pesar de que ninguno de los sistemas analizados realiza un muestreo real para la obtención de sus datos, por lo cual no se podría hablar de un sesgo de inclusión, al obtener su información de denuncias o prestaciones en salud se presentan sesgos de revelación, de un lado, por el temor y la vergüenza de las víctimas a denunciar o solicitar atención, y de otro, por la necesidad de personal sensible frente al tema que le dé el tratamiento adecuado a la víctima y a su información, y que incentive el reconocimiento de la afectación, la cual es, en muchos casos, permitida o justificada socialmente.

Categorización: En materia de definiciones sobre violencia sexual en el conflicto armado existen dos nociones sobre las cuales las diferentes instituciones y organizaciones encargadas de la recolección de información no cuentan con un criterio unificado, estas son: ¿Qué es la ''violencia sexual''? y ¿Qué tipo de violencia sexual se considera ''relacionada con el conflicto''? (Roth et al., 2011).

Para la mayor parte de los sistemas analizados, adicional a la dificultad de definición de la violencia sexual, existen serias deficiencias en materia de caracterización de las demás problemáticas que se encuentran inmersas en la VBG. Casi todos cuentan con la categoría de violencia sexual, pero sin una definición taxativa y, además, introducen otra serie de categorías que pueden llevar a confusión o ambigüedad al personal encargado de la recolección de información, como es el caso para SIVIGILA de las categorías de abuso sexual, acoso sexual y asalto sexual.

A lo anterior se suma la imposibilidad de definir cuándo un evento que corresponde a esas categorías de VBG se realiza en el marco del conflicto armado. RUV, SIGIVILA y SIDIH se valen de forma prioritaria de la información relacionada con el perpetrador para realizar esta clasificación, utilizando, como afirman Roth et al. (2011, p. 54), la categoría del perpetrador como ''único indicio proxy'' para seleccionar la información humanitaria. No obstante como afirman estos investigadores (Roth et al., p. 28): ''La participación de un perpetrador en un grupo armado no es suficiente para probar que un episodio de violencia sexual tiene 'relación con el conflicto'; de igual manera, la autoría de un no-combatiente no significa necesariamente que la violencia sexual no haya tenido relación con el conflicto''. Además, según los mismos autores, existen otros factores relacionados con la categoría de perpetrador que obstaculizan aún más el proceso: a. Hay una alta politización de la categoría de los perpetradores. b. No todas las víctimas conocen la identidad de sus victimarios o están dispuestas a denunciarlos. c. En el caso colombiano, los perpetradores han variado de forma sustancial su denominación a lo largo del tiempo, lo cual imposibilita hacer comparaciones de largo plazo.

4.3 Retos desde las relaciones

Las relaciones entre los sistemas de información y las organizaciones destinatarias de sus insumos, al ser un proceso que escapa a la arquitectura del diseño de manejo de información, es abordada de forma tangencial por los teóricos y desconocida, en la generalidad de los casos, por los modelos empíricos.

No obstante, como guía del análisis de este componente se pueden retomar las palabras de Linares (2010) quien afirma que un sistema integrado de información sobre VBG debe ser multipropósito, es decir, servir tanto a los necesidad de las organizaciones internacionales como de los entes nacionales. Esto debido a que la captura de información solo es llevada a cabo por algunas instituciones, y otras solo hacen uso de la información, lo que ''evidencia interacción interinstitucional, la cual puede ser fortalecida creando canales de comunicación más sólidos entre las instituciones'' (Linares, 2010, p. 32). Sin embargo, en el ejercicio práctico, los instrumentos para monitorear la VBG existentes en el país son deficientes y desarticulados, debido a que la captura de información responde a las necesidades específicas de cada institución y no a un ejercicio coordinado, lo que redunda en duplicidad de esfuerzos e ineficiente seguimiento a la problemática (Linares, p. 67).

Es evidente que en los sistemas de información analizados existen, por un lado, limitadas relaciones de coordinación con otros sistemas similares, las cuales se centran de forma exclusiva en el uso compartido de información procesada, lo que se traduce en duplicidad de esfuerzos para la recolección de información a partir de similares fuentes y en un análisis compartimentado de la problemática. De otro lado, a pesar de que todos los sistemas afirman que su información fortalece el trabajo de otras organizaciones, sus esfuerzos de integración con otras instancias son bastante tímidos: solo interactúan con organizaciones relacionadas con la temática para la generación de espacios de debate y análisis, básicamente para la generación de opinión pública y, de manera puntal, para el diseño de políticas públicas frente a autoridades locales.

Como se logró observar, los sistemas de información analizados en terreno tienen características comunes, debilidades y, caso por caso, múltiples fortalezas desde su proceso, estructura y relacionamiento, lo cual permite a continuación plantear unas conclusiones generales para evidenciar los retos generales existentes en el contexto colombiano, y algunas claves de acción para lograr un real seguimiento sistemático a la VBG como una de las consecuencias humanitarias del conflicto armado colombiano.

 

5. Conclusiones

En términos generales, todos los sistemas de información analizados utilizan un modelo similar para la recolección, procesamiento y generación de informes, que comprende elementos tanto de estructura como de proceso, claramente identificables. Componentes del sistema como fuentes, métodos de recolección, alimentación y validación de la información, además de los mismos procesos de articulación son comunes a todos, y con excepción de la categorización (la cual determina la amplitud del espectro de vulneraciones rastreadas), la forma y el fondo terminan siendo los mismos.

La escasa flexibilidad de los sistemas analizados constituye una causal fundamental de la imposibilidad de interoperabilidad entre ellos, y a pesar de nutrirse en algunos casos de las mismas fuentes y tener categorizaciones similares, no incluyen entre sus prioridades la generación de mecanismos de adecuación técnica y conceptual que les permitan compartir información no procesada de fuentes primarias, a partir de la definición de unas mínimas variables comunes. De manera general, se comparte información procesada, la cual ha sido transformada a partir de los intereses y priorizaciones de la organización gestora de la información o la institución que cumple el rol de destinatario directo.

En cuanto a los sistemas de información gestionados por organismos multilaterales, su mayor debilidad radica en la implementación de procesos de transferencia sin adaptación, los cuales en algunos casos no han sido pensados desde la óptica de potenciación de capacidades locales y de la generación de procesos sostenibles. Estos parten de la puesta en marcha de procesos foráneos que en algunos casos entran en competencia con las iniciativas locales y que se construyeron para dar respuesta a la situación humanitaria por la que atraviesan países del mundo, con contextos estructurales distantes del colombiano, en los cuales la débil institucionalidad encuentra en la acción de la cooperación internacional un soporte indispensable.

En la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia existen múltiples sistemas de información dedicados al rastreo de las consecuencias humanitarias del conflicto armado o de las vulneraciones a los derechos humanos por parte de los grupos post desmovilización o las bandas y los combos; no obstante, no existe un mecanismo que permita la distinción entre estas dos problemáticas y se podría pensar que, a excepción de RUV, este no es un motivo de atención. De otro lado, a pesar de que algunos sistemas generales consideran variables relacionadas con VBG, estas se centran de forma exclusiva en la mujer, y a partir de ella, en tres categorías básicas: violencia sexual, homicidios contra mujeres y violencia intrafamiliar, esta última da cuenta nuevamente de la escasa preocupación por incluir un análisis de contexto que permita describir las vulneraciones a los DDHH y el DIH que determinan la dinámica de una ciudad que se debate entre problemáticas de conflicto armado y violencia armada urbana.

A pesar del esfuerzo hecho por el RUV para diseñar un instrumento que permita comprender, además de la noción de género (pasando de la estrecha clasificación de la víctima por sexo a una clasificación por género), las múltiples vulneraciones de las cuales es objeto la población civil a causa del conflicto armado; el proceso de reconocimiento de la condición de víctima transita por varios estadios, entre los cuales, en un primer nivel, está la sensibilización a los funcionarios encargados de la recolección de la información para la exploración activa sobre otros hechos victimizantes conexos, y en la mayoría de los casos, causales del desplazamiento forzado. En el estadio superior estaría el reconocimiento como víctima realizado por la misma población afectada, proceso para el cual en el caso del desplazamiento forzado se ha logrado un avance fundamental en los quince años siguientes a la promulgación de la Ley 387, pero que, de manera contraproducente, ha hecho que a través del reconocimiento como población en situación de desplazamiento se invisibilicen otras victimizaciones. Es el caso particular de la VBG: su reconocimiento personal, en especial para las categorías diferentes a la violencia sexual, es aún un asunto que está en proceso, en el cual en muchos casos la víctima normaliza la agresión e incluso la justifica tratándose no como víctima sino, en muchos casos, como victimaria. Adicional a esto, la víctima debe hacer, además de un reconocimiento personal, un reconocimiento público, que en el caso de la VBG trae consigo toda una carga de vergüenza y estigmatización, y deriva, en algunos casos, en procesos de victimización secundaria, lo cual finalmente se convierte en obstáculo para la denuncia y la atención, y consecuentemente, para su rastreo y seguimiento.

A pesar de la vasta construcción conceptual que existe sobre el tema de VBG, tanto desde el ámbito internacional como desde el nacional, alguna de ella derivada del aporte de la Relatora Especial de Naciones Unidas para el tema de violencia contra la mujer, ONG internacionales y la misma Corte Constitucional, los sistemas de información que incluyen entre sus variables el rastreo de esta temática cuentan con una categorización limitada que privilegia la violencia sexual frente a otras formas de vulneración más sutiles. Cabe resaltar el esfuerzo de adecuación realizado por SIVIGILA y su apertura a las múltiples formas de afectación de las mujeres; no obstante, una completa categorización solo logra su objetivo si las fuentes de las que se nutre suministran información suficiente para hacer el seguimiento a dichas afectaciones.

Los sistemas de información en derechos humanos, en busca de generar sistematicidad en la recolección de la información, sustituyen el uso de herramientas estadísticas para la determinación de la población objeto de estudio por mecanismos de recolección de información a partir de la demanda de servicios; esta estrategia, aunque reduce los costos que puede acarrear una encuesta representativa de población, disminuye su confiabilidad y validez, y hace imposible generar procesos de medición a partir de la información obtenida. Dicha situación presenta mayor complejidad en el caso de la VBG, donde elementos como el sesgo de revelación o la imposición del silencio estructural (Roth et al, 2011) son causas de la renuencia de las víctimas a denunciar o solicitar atención médica.

En forma particular, los sistemas que utilizan la atención médica o psicológica reducen su rastreo de información al momento puntual de la prestación del servicio, imposibilitando el acceso a la información sobre las demás acciones encaminadas al goce efectivo de derechos por parte de la víctima. Solo en contadas excepciones, como en el caso del sistema de información de la Secretaría de Gobierno del cual se alimenta el SISC, se cuenta con un soporte técnico que vincula las diferentes instancias por las que transita la víctima, y permite dar seguimiento a su recorrido; no obstante, la rigidez de los sistemas hace imposible llenar de información cualitativa el registro generado de la víctima, que termina siendo solo un dato, frente al cual el goce efectivo de derechos no es más que una cifra sin rostro que alimenta la rendición de cuentas, en la que son ignoradas situaciones de posible victimización secundaria.

 


Notas:

* Resultado derivados del proyecto de investigación: Sistemas de Información Locales sobre consecuencias humanitarias y su articulación alrededor del tema de VBG con los sistemas de información sobre consecuencias humanitarias de cobertura nacional. Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo, Universidad de los Andes-Colombia.

1 1 Lo que llaman Roth, Guberek y Hoover (2011, p. 28) ''un fenómeno elusivo clásico''

2 Roth, Guberek y Hoover (2011) y Linares (2010).

3 Se excluyó del análisis el Informe de DDHH de las Mujeres de las ONG Mujeres que Crean y Vamos Mujer al ser un documento de análisis construido sobre la información procesada por algunos de los sistemas analizados y no contar con una estructura asimilable a la de un sistema de información en DDHH.

4 Los nombres y datos de contacto de los entrevistados se reservan por razones de confidencialidad de la información.

5 La investigadora fue gestora de información de una de los seis sistemas por más de cuatro años y conoció de cerca el funcionamiento de ellos.


 

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