1.1 Desestima la excepción FARI por requisitos de procedibilidad

En el siguiente espacio convencional se describen los casos relacionados con la desestimación de la excepción preliminar FARI, en razón del incumplimiento de los requisitos de procedibilidad que la Corte IDH exige para interponer dicha excepción ante su instancia.

El primer caso, objeto de estudio es Chocrón Chocrón vs. Venezuela, en el cual el Estado interpuso la excepción preliminar bajo este argumento: que la supuesta víctima omitió interponer el recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que le hubiera permitido tener la posibilidad de anular la decisión de la Sala Político Administrativa emitida en su contra (^{Corte IDH, 2011a}).

Al respecto, la Corte IDH identificó el incumplimiento de la obligación por parte del Estado de indicar oportunamente los recursos internos demostrando su respectiva efectividad, por tanto, la excepción fue declarada improcedente porque no le corresponde a la Corte IDH subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado (^2011a).

En el fondo del caso, la Corte IDH reiteró que las autoridades deben respetar las garantías del debido proceso en toda decisión sujeta a su competencia y constató que la designación que se le hizo a la señora Chocrón Chocrón, quedó sin efectos por unos argumentos cuyo contenido y naturaleza nunca fueron precisados (^2011a). Entonces, la Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado por la violación a las garantías judiciales, al constatar que el deber de motivar las decisiones internas no fue respetada ni garantizada.

Frente a la alegada violación de la protección judicial, la Corte IDH señaló que el Estado se había abstenido de examinar el recurso contencioso administrativo sobre la destitución argumentando que la Comisión Judicial tenía la potestad tanto para designar como para dejar sin efectos la designación de los jueces, cuando así fuera precisado por la mayoría de sus miembros (^2011a). Por lo tanto, la Corte IDH, evidenció la falta de aplicación del principio de independencia judicial, al ser el mismo órgano el que decide la destitución y a su vez el recurso en segunda instancia, lo que constata la falta de garantías al derecho humano de protección judicial (^2011a).

De igual forma, declaró internacionalmente responsable al Estado por el incumplimiento a la obligación de adopción de las disposiciones de derecho interno contenidas en el artículo 2 de la Convención, por la inexistencia de normas expresas frente a la remoción de jueces provisorios y temporales, lo que generaba un margen de arbitrariedad que impedía garantizar la independencia judicial reconocida en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención (^{Corte IDH, 2011a}).

En este orden de ideas, este caso no evidencia una interacción entre el análisis que hace la Corte IDH de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos con la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, ya que en la etapa preliminar analizó el recurso de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para decir que dicho recurso no fue alegado de manera oportuna. Y, en el fondo del asunto, la Corte IDH no se pronunció respecto a este recurso, sino que entró a analizar y a declarar las violaciones frente a otros procedimientos que surtieron internamente respecto de la destitución, lo que confirma que, aun cuando la Corte IDH identifica desde la etapa preliminar la inexistencia de los recursos de forma directa, dicho resultado no es criterio de decisión para declarar el incumplimiento y violación de los derechos objeto de estudio.

En 2012, la Corte IDH conoció el caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, en el cual el Estado interpuso la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, argumentando que era imposible que, en el transcurso de 35 días contados entre la desaparición del señor González y la presentación de la petición ante la Comisión, los recursos en sede interna fueran agotados. De igual forma señaló que las excepciones contenidas en el artículo 46 numeral 2 de la Convención no eran aplicables al caso. Finalmente, adicionó que desde el momento procesal oportuno había interpuesto la excepción y que las presuntas víctimas tenían a disposición cinco recursos internos que debían ser agotados, sin embargo, en la sentencia no fueron detallados (^2012a).

Al respecto, la Corte IDH reiteró que la excepción debe ser presentada en el momento procesal oportuno, que corresponde al Estado indicar qué recursos deben agotarse y la efectividad de los mismos, esto porque no solo debe mencionar la existencia formal de los recursos. Por tanto, determinó que los alegatos presentados por el Estado en la contestación de la demanda no se interpusieron de forma adecuada ante la Comisión y desestimó la excepción (^2012a).

En el fondo del asunto, la Corte IDH, al analizar las violaciones alegadas, recordó que la obligación de investigar debe ser asumida por el Estado, con la finalidad de evitar la impunidad y la repetición de los hechos (^2012a). Frente al caso, la investigación estuvo a cargo del Estado, la cual tuvo una duración de siete años y seis meses sin obtener resultados favorables para las víctimas. Luego se realizó la reapertura de la misma sin lograr ningún resultado al momento de la sentencia, con el agravante de que las violaciones a los derechos humanos eran atribuibles a un agente estatal. Por tanto, evaluó la Corte IDH que la actividad procesal por parte de los familiares de la presunta víctima fue constante, pero por parte de la autoridad judicial no fue suficiente, concluyendo que las investigaciones a cargo del juzgado de instrucción, de la cámara de calificación y del Ministerio Público excedieron el plazo razonable, y que se violaron así los derechos humanos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

En este caso se logra identificar una relación entre la excepción preliminar y el análisis de fondo. Porque en esta etapa se tomó en cuenta el recurso de acción penal para declarar las violaciones a los derechos humanos de garantías judiciales y protección judicial, considerándola como un recurso inefectivo y demostrado la falta del cumplimiento de los parámetros y estándares de la debida investigación. Por tanto, se logra evidenciar una interacción entre los dos análisis que hace la Corte IDH, porque estudia el mismo recurso en la desestimación de la excepción y en el fondo del asunto.

En el año 2014, se estudió el caso hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, la excepción de la falta de agotamiento de los recursos internos fue interpuesta por el Estado indicando la existencia de un proceso penal pendiente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua. Además, los peticionarios disponían de un recurso de revisión y casación en caso de que la primera instancia resultara desfavorable. Por tanto, las víctimas, al no interponer los recursos frente a la actuación en el proceso penal, permitieron que se declarara la suspensión (^{Corte IDH, 2014b}).

Por su parte, la Corte IDH reiteró que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado. Sin embargo, debe indicar en el momento procesal oportuno los recursos internos que no se agotaron y demostrar que se encontraban disponibles, que eran adecuados, idóneos y efectivos para la situación. Como dicho requisito de procedibilidad no se logró evidenciar, la Corte IDH desestimó la excepción por ser presentada de forma extemporánea (^{Corte IDH, 2014b}).

En el fondo del caso, la Corte IDH señaló que los Estados están obligados a proveer recursos judiciales efectivos los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso. En específico, evaluó el proceso penal y la investigación cursada por la muerte de los hermanos Landaeta, en la cual identificó como falencias: a) la ausencia de líneas lógicas y conjuntas de investigación por ser los mismos patrones de conducta; b) el deber de investigar la muerte de una persona en custodia del Estado y c) la existencia de presuntas irregularidades y omisiones en las diligencias iniciales de la investigación (^{Corte IDH, 2014b}).

Además, respecto al cumplimiento del plazo razonable, determinó que existieron serios retrasos procesales e irregularidades ocasionadas por las propias autoridades judiciales internas, que no tuvieron como fin esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables, lo que permitió la impunidad en el caso, por lo que declaró responsable al Estado por la violación de los derechos de garantías judicial y protección judicial en relación con la obligación del artículo 1.1 de la Convención en perjuicio de la familia Landaeta (^{Corte IDH, 2014b}).

En este caso, al existir incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, no se logra identificar un análisis detallado de los recursos propuestos por el Estado. Sin embargo, en el análisis de fondo dichos recursos son estudiados, en específico, la acción penal, para determinar que no es el mecanismo efectivo para la protección de los derechos humanos objeto del litigio, argumento por el cual se declaró la responsabilidad internacional y la violación a los derechos humanos a las garantías judiciales y protección judicial. En consecuencia, se logra identificar una interacción indirecta entre la excepción preliminar por el recurso alegado por el Estado y el análisis de la Corte IDH en la etapa de fondo.

Posteriormente, la Corte IDH conoció el caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros vs. Panamá. En esta oportunidad, el Estado interpuso la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos manifestando que la había incoado en reiteradas ocasiones ante la Comisión, señalando los recursos adecuados y efectivos relacionados con la solicitud de indemnizaciones. Para ello, citaba el artículo 97 de la sección 5ª del Código Judicial el cual desarrollaba la competencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo para temas del pago de indemnizaciones por responsabilidad del Estado e hizo referencia a una serie de recursos que se encontraban disponibles, entre ellos: i) la acción de inconstitucionalidad, ii) la jurisdicción contenciosa administrativa, iii) acciones y recursos en todas las instancias de vías administrativas y judiciales, iv) amparo de garantías constitucionales y v) recurrir a la Defensoría del Pueblo (^{Corte IDH, 2014c}).

Ante lo cual, la Corte IDH aceptó que el Estado había interpuesto la excepción durante el trámite ante la Comisión e hizo referencia de los recursos que debieron agotarse, pero, en dicha oportunidad, no hizo la precisión sobre cuáles de los recursos mencionados eran idóneos y efectivos para el pago de las indemnizaciones. Por lo que rechazó la excepción relacionada con la presunta falta de pago de las indemnizaciones al no haberse interpuesto en el momento procesal oportuno de forma precisa y específica (^{Corte IDH, 2014c}).

En el análisis de fondo, la Corte IDH consideró que los recursos incoados frente a la solicitud de adjudicación en algunos casos no fueron atendidos por las autoridades y, en otros, no contaron con una respuesta que permitiera la adecuada determinación de sus derechos y obligaciones, por lo que la Corte IDH declaró responsable al Estado por la violación a los derechos humanos a las garantías y protección judicial (^2014c). De igual forma, la duración excesiva de los procedimientos penales y administrativos relacionados con la solicitud de lanzamiento en contra de los ocupantes, configuró un incumplimiento de la garantía del plazo razonable y, por tanto, la violación al derecho humano de las garantías judiciales (^2014c).

En este caso, no se logra identificar la interacción que existe entre los recursos estudiados en la etapa preliminar con el fondo del caso, en virtud a que la Corte IDH desestimó la excepción por el requisito procesal de presentación en tiempo, y en el fondo del asunto, al momento de decidir las violaciones alegadas, analizó los procesos penales y el proceso administrativo respecto de la adjudicación y la efectividad del proceso, mas no de los recursos que podían ser idóneos para las indemnizaciones, propuestos por el Estado como mecanismos adecuados y efectivos de la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos.

Ahora bien, en el caso Galindo Cárdenas y otros vs. Perú, los agentes estatales interpusieron la excepción preliminar alegando la existencia de recursos idóneos en la jurisdicción interna como: i) el habeas corpus, en razón de la detención alegada, ii) el amparo, en cuanto a la presunta aplicación indebida de la Ley de Arrepentimiento, iii) recursos impugnatorios, para cuestionar las decisiones fiscales, iv) denuncia penal contra aquellas autoridades que estuvieron involucradas en los supuestos hechos lesivos y v) proceso civil de indemnización por daños y perjuicios (^{Corte IDH, 2015e}).

En este sentido, la Corte IDH desestimó la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos porque el Estado no había cumplido con la carga de demostrar en el momento procesal oportuno la idoneidad y efectividad de los recursos mencionados (2015e). Sin embargo, realizó un detallado análisis del recurso de habeas corpus, en el que logró evidenciar la imposibilidad de interponerlo por la falta de garantías, debido a situaciones fácticas y jurídicas existentes al momento de los hechos (^2015e).

En la etapa del fondo, la Corte IDH analizó el incumplimiento de la obligación de investigar de manera oficiosa y diligente la reclusión del peticionario en una base militar, donde sufrió tortura psicológica y física por el aislamiento, lo que configuró una actuación contraria a las obligaciones convencionales y violatoria de los derechos humanos a las garantías y protección judicial (^2015e).

Por tanto, como resultado del análisis de este caso, se logró identificar que no existe una interacción entre la excepción preliminar propuesta por el Estado, con la amplia gama de recursos internos alegados, que en su momento fueron desestimados por no especificar que eran adecuados y efectivos para la situación jurídica infringida. Elementos que debieron haber sido analizados en la etapa de fondo para determinar la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, pero no fue así, porque la Corte IDH en este acápite se limitó a estudiar el recurso de la investigación penal, criterio que no fue objeto de análisis en la excepción preliminar.

A su turno, en el caso López Lone y otros Vs. Honduras, el Estado interpuso la excepción preliminar, indicando que no se habían agotado los recursos de i) demanda contenciosa administrativa, la cual tenía como objeto el reintegro o pago de indemnizaciones y ii) de amparo como recurso idóneo para la protección de los derechos humanos (^{Corte IDH, 2015f}).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte IDH identificó que el recurso propuesto de la jurisdicción contencioso administrativo era extemporáneo y lo desestimó. Respecto al recurso de amparo, a pesar de que fue alegado en el momento procesal oportuno, existía una norma interna que impedía interponer dicho recurso contra las resoluciones del Consejo de la Carrera judicial. Sin embargo, el Estado aportó diferentes precedentes de acciones de amparo contra las decisiones emitidas por dicho órgano, pero no fueron suficientes para demostrar que era el recurso adecuado y efectivo, porque no era viable tener la certeza de la posibilidad de interponer dicha acción, y ante la incertidumbre, no se podía exigir a las víctimas agotar dicho recurso como requisito de admisibilidad. Por lo tanto, la excepción respecto del recurso de amparo también fue desestimada (^2015f).

Al analizar las violaciones alegadas en el fondo del caso, la Corte IDH determinó que las cuatro víctimas fueron sujetas a procesos disciplinarios que no estaban previstos legalmente, lo que conllevó a que fueran juzgadas por un tribunal sin competencia, con falta de imparcialidad y falta de independencia, violando las garantías judiciales (^2015f).

Respecto a la violación de la protección judicial, la Corte IDH señaló que el recurso de amparo era inefectivo frente a las decisiones en los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos los peticionarios por la imposibilidad de interponerlos, por ello declaró responsable internacionalmente al Estado (^2015f).

En esta oportunidad, se puede identificar la interacción que existe en la etapa preliminar y en el fondo del caso respecto del recurso de amparo, el cual fue desestimado por la Corte IDH al no ser demostrada en la etapa procesal oportuna que era adecuado y efectivo. Decisión que fue fundamento para declarar el incumplimiento de las obligaciones convencionales de respeto y garantía en conexidad con el derecho humano de protección judicial en la etapa del fondo.

Posteriormente, se analizó el caso Maldonado Ordóñez vs. Guatemala, donde el Estado interpuso la excepción preliminar indicando la existencia de recursos en la jurisdicción interna sin agotar la acción ordinaria laboral (^{Corte IDH, 2016}), y agregó que el uso inadecuado de los recursos internos configuraba la falta de agotamiento de estos, porque al no utilizar las acciones judiciales internas con las características de adecuadas y efectivas, no podría considerarse por cumplido el deber convencional para las víctimas (^{Corte IDH, 2016}), así pues, la Corte IDH indicó que, si bien la excepción había sido planteada en la etapa de admisibilidad ante la Comisión, los argumentos referentes a la efectividad de vía ordinaria laboral resultaban extemporáneos y por ello desestimó la excepción preliminar (²⁰¹⁶).

En la etapa de fondo, al analizar las violaciones alegadas en relación con las garantías judiciales, la Corte IDH identificó que a la víctima no se le suministró información sobre: i) la motivación del proceso de destitución y ii) la sanción disciplinaria y la norma supuestamente infringida, evidenciando una violación a la garantía judicial de una comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. De igual forma, señaló que la falta de claridad de los cargos imputados no permitió a la señora Maldonado contar con los mecanismos para fundamentar su defensa, y se le violó el derecho humano de las garantías judiciales de la Convención Americana (^{Corte IDH, 2016}).

Respecto a la alegada violación al derecho humano de protección judicial, la Corte IDH determinó que existió una contradicción en la normativa interna respecto del recurso que debía ser interpuesto y, a pesar de incoar los recursos que estaban contemplados en el Reglamento de Personal del Procurador, estos no fueron efectivos para poder revisar la decisión de su destitución. Por lo que la confusión y contradicción en la normativa interna puso a la peticionaria en una situación de desprotección al no tener acceso efectivo al recurso que permitiera garantizar el derecho de protección judicial. Por lo anterior, la Corte IDH declaró la violación a este derecho humano en conexidad con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana (²⁰¹⁶).

En el presente caso, no se logra evidenciar una interacción entre la excepción preliminar y el fondo del asunto. La Corte IDH desestimó por criterios de procedibilidad la excepción fundamentada en el recurso de la jurisdicción laboral. Sin embargo, dicho recurso fue tenido en cuenta en la etapa del análisis de fondo, pues el objeto de la controversia se refiere a que la víctima no tenía la posibilidad de accionar un recurso al existir contradicciones en la normatividad interna, lo que generó la responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la protección judicial.

De los anteriores casos se logra identificar que la relación entre la excepción preliminar falta de agotamiento de los recursos internos, cuando es desestimada por requisitos de procedibilidad, y el fondo del asunto cuando se analiza la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de garantías judiciales y protección judicial, no se presenta de forma directa sino que su relación depende de si el recurso alegado por el Estado es considerado por la Corte IDH como adecuado para la situación jurídica infringida, en dicho evento será objeto de estudio para determinar las violaciones en el fondo del asunto. De lo contrario, así el Estado mencione una serie de recursos, estos no serán tenidos en cuenta en el análisis de fondo y no se logrará evidenciar la interacción entre las dos etapas procesales.

1.2 Desestima la excepción y existe un reconocimiento de responsabilidad

En el presente capítulo se examinan los casos en los cuales la Corte IDH ha desestimado la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos porque el Estado ha presentado un reconocimiento de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones convencionales en relación con la violación a los derechos humanos de garantías judiciales y protección judicial.

En primer lugar, se estudió el caso Vélez Loor vs. Panamá en el que el Estado interpuso la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos, indicando que el peticionario no había agotado los recursos existentes en la jurisdicción interna para reclamar sus derechos, entre ellos, señaló los recursos de: i) reconsideración y apelación, ii) revisión administrativa, iii) protección de los Derechos Humanos, iv) la acción de Amparo de Garantías Constitucionales y v) la acción de habeas corpus. De igual forma resaltó que estos recursos eran efectivos y estaban al alcance del peticionario. Frente a la presunta violación y a los actos de tortura, argumentó que el señor Vélez Loor no había interpuesto denuncia o queja al respecto, a pesar de haber tenido acceso a medios y oportunidades para hacerlo (^{Corte IDH, 2010}).

Por su parte, la Corte IDH, identificó que el Estado no había sido claro ni explícito al momento de interponer la excepción durante el trámite de admisibilidad ante la Comisión, ni había detallado los recursos como lo estaba haciendo ante la (^{Corte IDH 2010}). De igual forma, determinó que el Estado había hecho un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, donde admitió que no se le notificó al señor Vélez Loor el contenido de la Resolución 7306 de 2002, lo que conllevó a la sanción por dos años de prisión sin la garantía del derecho a la defensa. Situación que la Corte IDH consideró incompatible porque la excepción propuesta por el Estado alegaba la falta de agotamiento de unos recursos que surgían de la debida notificación de la resolución, sobre la cual el Estado había hecho el reconocimiento de responsabilidad (²⁰¹⁰), por lo anterior, declara la excepción extemporánea y en consecuencia la desestima.

Al analizar el fondo del asunto, la Corte IDH estudió el procedimiento llevado a cabo ante la Dirección Nacional de Migración y determinó que dentro de la legislación interna no existía una reglamentación específica para este, por lo que se recurrió a suplirlo mediante un acto administrativo sancionatorio que fue decidido sin que el señor Vélez Loor haya sido oído, ni tuviese la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa como garantía del debido proceso, privándolo de su libertad (²⁰¹⁰), por lo que declaró internacionalmente responsable al Estado por el incumplimiento de las obligaciones convencionales y los derechos a las garantías y protección judicial.

En relación con la asistencia consular, la Corte IDH evidenció que, si bien el señor Vélez Loor tuvo comunicación y recibió visitas de funcionarios consulares de Ecuador, estas se hicieron con el fin de entregarle implementos de aseo personal, dinero en efectivo, medicinas y la solicitud de médicos que verificaran las condiciones de salud del señor Vélez Loor, más no para materializar la asistencia consular como parte del debido proceso, dado que el procedimiento administrativo sancionatorio se decidió sin ser oída la parte afectada, lo que significó el incumplimiento internacional del Estado y consecuencia la violación al derecho humano de garantías judiciales (²⁰¹⁰).

En cuanto al hecho reconocido por el Estado, relativo al no haber notificado la resolución emitida por la Dirección Nacional de Migración, la Corte IDH indicó que la violación del derecho de defensa del señor Vélez Loor se debió a la imposibilidad de recurrir el fallo sancionatorio, resaltando que es obligación de los Estados adoptar las medidas necesarias para garantizar un efectivo e igualitario acceso a la justicia. Por tanto, la Corte IDH consideró que el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho humano de protección judicial en perjuicio del señor Vélez Loor (²⁰¹⁰).

En este caso, lo que llevó a la Corte Interamericana a desestimar la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos fue el reconocimiento parcial de responsabilidad que hizo el Estado, así como la presentación extemporánea de una serie de recursos que no fueron alegados oportunamente, lo que evidencia que fue desestimada desde factores procedimentales, mas no por un estudio de los recursos propuestos por el Estado. Y respecto del fondo, la Corte IDH estudió los procesos tramitados internamente y señaló que la víctima no contó con asistencia consular y la respectiva notificación de la resolución de la Dirección Migratoria. Por lo que se logra evidenciar una relación indirecta, porque en la etapa de fondo, la Corte IDH recoge el hecho por el cual el Estado presenta su reconocimiento de responsabilidad y lo incluye dentro de los criterios para declarar el incumplimiento convencional de las obligaciones de respeto y garantía en conexidad con los derechos humanos a las garantías y protección judicial.

Posteriormente, en 2012, se presenta el caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, en el cual el Estado interpuso la excepción del previo agotamiento de los recursos internos haciendo referencia a las solicitudes de reparación de las personas que no agotaron los recursos internos ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, siendo la adecuada para obtener la declaratoria de responsabilidad del Estado y la reparación integral de los perjuicios (^{Corte IDH, 2012d}).

La Corte IDH señaló que los argumentos del Estado respecto del proceso contencioso administrativo podían ser relevantes en la calificación y definición de la responsabilidad estatal, al igual que las pretensiones en el marco de una reparación integral, es por esto, que indicó que si bien, la reparación ante el Consejo de Estado no era un recurso que necesariamente debiera ser agotado, era relevante analizarlo en los casos que ha sido interpuesta por las víctimas o sus familiares en la búsqueda de una justa indemnización. Por ello, determinó que el análisis de este recurso podía corresponder al fondo del caso y desestimó la excepción interpuesta por el Estado (^2012d). En el fondo del caso, el Estado realizó un reconocimiento por la violación a los derechos de garantías judiciales y protección judicial. Sin embargo, la Corte IDH determinó que se habían realizado numerosas y efectivas diligencias de investigación y no se encontró responsabilidad por parte del Estado en conexidad con estos derechos mencionados (^2012d).

Por lo cual, no se evidencia una relación directa entre la desestimación de la excepción preliminar y el fondo del asunto, aun cuando el Estado hizo un reconocimiento de responsabilidad, la Corte IDH valoró las actuaciones diligentes del Estado en materia de investigación y no declaró responsabilidad internacional de Colombia a pesar de que en el análisis de la excepción preliminar se constata la inefectividad del recurso de reparación por vía contencioso administrativa para las víctimas.

A su turno, en el caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros vs. Ecuador), el Estado interpuso la excepción falta de agotamiento de los recursos internos, argumentando que las presuntas víctimas no agotaron el recurso de inconstitucionalidad, un recurso sencillo de agotar, el cual era idóneo y tenía como objetivo la revocación del acto impugnado y la anulación de sus efectos. También alegó, que el recurso contencioso-administrativo podía ser interpuesto por cualquier persona natural y jurídica (^{Corte IDH, 2013b}).

Respecto a la excepción interpuesta, la Corte IDH señaló que, conforme al reconocimiento parcial de responsabilidad de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, el Estado había aceptado la plena competencia de la Corte IDH para conocer del mismo y por ello la excepción resultaba incompatible con el reconocimiento y no procede a analizarla (^2013b).

Ahora bien, en fondo del asunto, la Corte IDH señaló que los magistrados de la Corte Suprema fueron destituidos mediante una resolución del Congreso Nacional que no tenía competencia para hacerlo, aplicando errónea y arbitrariamente una disposición legal. También determinó que los peticionarios no tuvieron oportunidad de ser oídos y fueron juzgados por un órgano que no era competente, por lo que declaró que el Estado violó las garantías judiciales (^2013b). Frente a la acción de inconstitucionalidad, la Corte IDH aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado respecto de la inefectividad del recurso por la falta de acceso a interponerlo (^2013b).

En relación con el derecho humano a la protección judicial, y conforme al reconocimiento de responsabilidad que hizo el Estado de este derecho en audiencia pública, la Corte IDH aceptó el allanamiento, precisando que la inexistencia de un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos humanos protegidos por la Convención en perjuicio de las víctimas constituía una violación flagrante a la protección judicial (^2013b).

En este sentido, se logra identificar la existencia de la interacción entre la excepción preliminar por el recurso alegado como idóneo y su análisis en la etapa de fondo, aunque exista de por medio una actuación procesal excluyente del análisis de la competencia e inadmisibilidad del caso, generada a partir del reconocimiento de responsabilidad del Estado. Aun así, la Corte IDH se toma el espacio de analizar el recurso de la acción de inconstitucionalidad en el fondo del asunto, para corroborar y apoyar la decisión del Estado en su reconocimiento de responsabilidad en relación con la violación a los derechos humanos de las garantías judiciales y protección judicial.

Otro caso objeto de estudio, es el de Cruz Sánchez y otros vs. Perú, en el cual el Estado manifestó ante la Corte IDH, que había interpuesto la excepción preliminar oportunamente ante la Comisión y señaló que no había sido debidamente fundamentada la supuesta vulneración al plazo razonable alegado por las presuntas víctimas. Además, señaló la existencia de otro proceso penal por el delito de homicidio calificado que se encontraba en trámite y dentro de un plazo razonable (^{Corte IDH, 2015a}).

La Corte IDH al analizar la excepción preliminar, indicó que en el año 201 el Estado había reconocido parcialmente la responsabilidad por la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en el fuero penal, y señaló que cuando una parte ha adoptado una actitud que redunda en deterioro propio o en beneficio de la contraria, no puede posteriormente, en virtud del principio de estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Es por esto que la Corte IDH determinó que el Estado no podía asumir otra posición, o contradecir la responsabilidad reconocida y como consecuencia desestimó la excepción preliminar (^2015a).

En el fondo del asunto, la Corte IDH consideró que existieron irregularidades en el manejo de la escena de los hechos, en el levantamiento de los cadáveres, en la realización de las necropsias y, como consecuencia, las primeras diligencias y el aseguramiento del material probatorio carecieron de mínima confiabilidad. De igual forma, señaló que los procesos no se desarrollaron en un plazo razonable como tampoco fue probado por el Estado el haber realizado las diligencias necesarias para el proceso, además del previo reconocimiento parcial de responsabilidad. Por lo cual, la Corte IDH declaró responsable al Estado por la violación a los derechos humanos de garantías judiciales y protección judicial (^2015a).

En esta oportunidad, la existencia de un reconocimiento de responsabilidad del Estado en relación con los derechos humanos de las garantías judiciales y protección judicial, es tenido en cuenta por la Corte IDH para desestimar la excepción y declarar la admisibilidad del caso, debido a que carecería de fundamento proponer una excepción preliminar cuando ya se tiene un reconocimiento de la responsabilidad, además del cambio de argumento en las diferentes etapas del proceso en el trámite ante los órganos del Sistema Interamericano. Pero, en el fondo del asunto, la Corte IDH analiza los recursos propuestos en la excepción preliminar como lo fue el proceso penal, para constatar el incumplimiento de las obligaciones convencionales y las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, evidencia una interacción directa entre las dos etapas en lo que respecta al recurso de investigación penal.

Seguidamente, en el caso de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú, el Estado interpuso la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos alegando que la petición fue interpuesta ante la Comisión Interamericana a los 21 días de sucedidos los hechos, cuando no se habían agotado los mecanismos de la jurisdicción nacional, agregando que a la fecha en que se presentó la denuncia ante la Comisión aún estaba en curso el inicio de las investigaciones (^2015d).

Al respecto, la Corte IDH señaló que no se podía limitar, contradecir o vaciar de contenido el reconocimiento previo de responsabilidad que había hecho el Estado, e indicó que en el caso que se declarara procedente la excepción preliminar, se sustraerían todos los hechos y violaciones que fueron reconocidas en su momento por el Estado. Así mismo, indicó que el mismo, no había manifestado el por qué los recursos alegados eran adecuados, idóneos y efectivos, por ello desestimó la excepción preliminar (^2015d).

Respecto al análisis de fondo y de las violaciones alegadas a los derechos a las garantías y protección judiciales, la Corte IDH consideró que el Estado: i) incurrió en una falta de debida diligencia en las primeras actuaciones de la investigación, ii) obstaculizó la debida investigación del caso en al menos seis formas distintas, iii) incurrió en faltas en la recaudación de prueba y la ubicación y captura de reos prófugos, así como en una demora prolongada en el esclarecimiento de todos los hechos del caso y la determinación del paradero de las víctimas desaparecidas tras la reapertura de la investigación del caso en la jurisdicción ordinaria, y iv) violó el derecho a conocer la verdad de los familiares de las quince víctimas desaparecidas del caso (^2015d).

En el presente caso, nuevamente la Corte IDH insiste en las implicaciones que representan jurídicamente para los Estados hacer un reconocimiento de responsabilidad, como lo es aceptar la competencia de ella para que conozca del fondo del caso. Sin embargo, ello no es óbice para que la Corte IDH realice un análisis detallado en el fondo del asunto, recogiendo los alegatos de la excepción preliminar para declarar la responsabilidad internacional del Estado por los derechos humanos a las garantías y protección judicial, en específico a la investigación y al tratamiento de los procesos penales internos, lo que permite evidenciar la existencia de una interacción entre la excepción y el fondo del asunto.

El siguiente caso objeto de estudio es Velásquez Paiz y otros, en el cual, el Estado de Guatemala interpuso la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos, indicando que los hechos se encontraban aún bajo investigación en el marco de un proceso penal. Además, señaló que dentro de la legislación interna existían recursos para garantizar el debido proceso que tenían que agotarse como mecanismo para promover e impulsar los diferentes procesos judiciales. También alegó que las presuntas víctimas no se le había negado el acceso a la justicia ni se había vulnerado el plazo razonable, pues el caso era un asunto complejo (^{Corte IDH, 2015g}).

En relación con lo anterior, la Corte IDH identificó que el Estado había realizado un reconocimiento parcial e implícito de responsabilidad al momento en que fue interpuesta la petición, porque los recursos de la jurisdicción interna sufrían de retardos injustificados o falta de efectividad. Adicional a esto, determinó que el mismo no había indicado oportunamente cuáles recursos debían haber sido previamente agotados, ni demostró que estos fueran adecuados, idóneos y efectivos, en razón a esto desestimó la excepción preliminar (^2015g).

En el fondo del asunto, la Corte IDH consideró que el Estado no realizó una investigación efectiva frente al asesinato de Claudina Velásquez Paíz como una posible manifestación de violencia de género, donde se evidenciaban estereotipos y prejuicios por los cuales se consideró a la víctima como una persona cuya muerte no era necesario investigar. En consecuencia, trascurridos 10 años de su homicidio aún se encontraba en total impunidad, lo que evidenciaba el vencimiento de todo plazo razonable, declarando al Estado responsable internacionalmente por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (^2015g).

Por tanto, se logra identificar la interacción entre el recurso alegado en la etapa preliminar como lo es el de la investigación en la jurisdicción ordinaria de lo penal, el cual fue desestimado por la Corte IDH al no ser demostrada su idoneidad y efectividad por parte del Estado. Por tanto, la Corte IDH en el análisis de fondo se toma el papel de estudiar este recurso a la luz de los lineamientos y estándares de la investigación que ha otorgado el sistema interamericano, para endilgar la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de las obligaciones convencionales y los derechos a las garantías judiciales y protección judicial.

En virtud de los casos anteriormente estudiados, se logra identificar que la actuación procesal de presentar un reconocimiento de responsabilidad internacional parte del Estado, implica en las decisiones de la Corte IDH, una interacción entre las dos etapas de forma y fondo. Aunque no hay razón para analizar los criterios alegados por parte del Estado en la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos porque, de entrada, se reconoce la competencia y admisibilidad del caso. La Corte IDH analiza los recursos interpuestos en etapa preliminar para complementar y declarar la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a las garantías judiciales y protección judicial.

Aunque el caso de la masacre de Santo Domingo se sale de dicho escenario, y en la línea jurisprudencial se identifica por ser una decisión arquimédica, en la que se desestima la excepción preliminar, existe reconocimiento por parte del Estado y la Corte IDH no declara la responsabilidad por las violaciones a las garantías judiciales y protección judicial porque identificó que se habían realizado numerosas y efectivas diligencias de investigación para determinar la verdad de los hechos (^{Corte IDH, 2012d}). Teniendo en cuenta los casos analizados, la línea jurisprudencial construida sería como se ve en la siguiente tabla.

Tabla 1 Línea jurisprudencial 

Fuente: elaboración propia a partir de las sentencias de excepciones preliminares y fondo emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2010 a 2016.