1.1 Corporativismo

La visión corporativa de la sociedad puede rastrearse hasta antes del surgimiento del Estado moderno. Antes de que este reclamase el monopolio del poder para legislar y coaccionar, algunas organizaciones corporativas, como los gremios o la Iglesia católica, adquirieron poder para regular el accionar de sus miembros. Durante la Edad Media proliferaron las asociaciones profesionales dotadas de poder para organizar y controlar el ejercicio de ciertas actividades productivas⁵.

Fue la Iglesia católica la primera en articular, durante este período histórico, una visión corporativa de sociedad. Esta idea de sociedad quedó plasmada en el derecho canónico que reconocía un rol fundamental a corporaciones. Entre estas se encontraban las ordenes religiosas, los gremios o las universidades y colegios mayores. La sociedad era concebida como una especie de organismo compuesto por diferentes órganos -representados por las corporaciones- cada uno con una función y una regulación propia. El afianzamiento de esta idea corporativa de la sociedad dentro de la Iglesia católica sin duda se vio favorecido por el hecho de que la propia Iglesia se veía a sí misma de manera corporativa, como un organismo o como el cuerpo místico de Cristo.

El surgimiento del Estado moderno, con su pretensión de monopolizar el control del entramado social, y la organización de la producción a través del libre mercado, puso en retirada a la visión corporativista de sociedad medieval. Los gremios perdieron su poder para regular las actividades profesionales a manos del Estado, y el ejercicio de las profesiones en general se liberalizó pasando a ser regido por las leyes de la oferta y la demanda.

El primer intento de armonizar las antiguas ideas corporativistas con el Estado moderno provino, como era de prever, de la Iglesia católica. Lo realizó el papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum del año 1891. Como una manera de evitar la lucha de clases, pregonada por toda Europa, el documento proponía el funcionamiento de asociaciones de trabajadores y empleadores. El conflicto social, de acuerdo con esta visión renovada de corporativismo, podía ser manejado por instituciones cuya representación estaba basada en la ocupación o profesión de sus miembros⁶. Organizar a los trabajadores y a los empleadores en asociaciones permitiría articular las demandas que cada sector tenía para hacer al otro, a la vez que permitiría que cada asociación disciplinase los reclamos de cada uno de sus miembros⁷. Esta adaptación de las ideas corporativas al nuevo escenario, caracterizado por la existencia de un Estado con monopolio legislativo y un clima de creciente protesta social que amenazaba a conducir inevitablemente a la lucha de clases, tuvo especial acogida en los países del sur de Europa donde el catolicismo era la religión mayoritaria. Esto explica, en parte, porqué el fascismo italiano de Benito Mussolini, el español de Francisco Franco, y el portugués de Antonio de Oliveira Salazar, adoptaron esta nueva versión de corporativismo a la hora de montar su crítica al sistema político democrático y liberal.

Por supuesto, el fascismo agregó a la visión corporativa de sociedad otros elementos virulentos como el autoritarismo político y el exacerbado nacionalismo. El corporativismo, con todo, ocupaba en su concepción política un lugar central. Este modo de concebir la sociedad le permitía a la vez distanciarse de sus dos enemigos declarados: el comunismo y el liberalismo. En lugar de individuos organizados en clases con intereses conflictivos -como proponía el comunismo- o de individuos atomizados persiguiendo solo su interés individual -como proponía el liberalismo- el corporativismo proponía una sociedad donde los individuos se organizaban en asociaciones o gremios profesionales cuyos reclamos sectoriales eran articulados por la acción estatal con el objetivo de satisfacer el bien común, o el progreso de la nación.

Si se la purifica de sus ribetes autoritarios, esta nueva variante de corporativismo se caracteriza por establecer una relación de beneficio recíproco entre el Estado y las asociaciones o gremios profesionales. El Estado reconoce a las asociaciones de trabajadores, profesionales, empresarios, etc., el derecho para representar de manera legítima los intereses del grupo que nuclean. Estas adquieren así un grado de preeminencia para mediar los reclamos sociales, del que carecerían si no les fuese concedido por el Estado. Coincidente con el otorgamiento de esta representatividad, el Estado a la hora de diseñar políticas públicas consulta a las asociaciones tomándolas como el principal vehículo por el cual cada sector productivo o social hace oír su voz y promueve sus intereses. Adicionalmente, el Estado delega en las asociaciones la capacidad para dictar regulaciones, para determinar cuándo las reglamentaciones han sido transgredidas, y para imponer sanciones. Como contrapartida, las asociaciones se involucran en la tarea de garantizar que las políticas estatales acordadas sean efectivamente implementadas. Específicamente, cada asociación asume el compromiso de ser el brazo ejecutivo de las políticas estatales para el sector que representa. Según señala Chub, el Estado puede, de este modo, “build support for the enactment and implementation of its policies by granting privileged participation to a sectoral interest group sufficiently powerful to deliver the support of its benefiting constituency” (1983, p. 26).

Según si el Estado se involucra o no en el surgimiento de las corporaciones que representan a los diferentes sectores sociales y productivos, el corporativismo puede ser societal o estatal⁸. En el primer caso, el Estado corporativo se vale de asociaciones surgidas con independencia de su intervención. El surgimiento de las asociaciones no es inducido ni promovido por la intervención estatal. Este tipo de corporativismo ha sido característico de países como Suecia y Holanda. En el segundo, por el contrario, el Estado crea o incentiva el surgimiento de las corporaciones que actúan como órganos estatales auxiliares y, por ende, dependientes. Ejemplos de este tipo de corporativismo pueden encontrarse en Portugal durante la época de Salazar, o en la Italia de Mussolini⁹.

1.1 Pluralismo

La versión de pluralismo político que tengo en mente hunde sus raíces en las ideas de uno de los padres fundadores de la Constitución estadounidense. James Madison concibe a la sociedad como constituida por una pluralidad de grupos de interés compitiendo por la supremacía. Frente a estas circunstancias, la única manera de que los derechos individuales no sean vulnerados es lograr que cada grupo contrarreste a los restantes, evitando de este modo que cualquiera pueda hacerse con el completo control del aparato estatal. La competencia de los grupos de interés, y la división de las funciones del Estado en diferentes ramas de gobierno, es la mejor manera de prevenir la tiranía.

Aunque en Madison el componente pluralista de su teoría política es puesto al servicio del objetivo de evitar la tiranía, es posible encontrar en su pensamiento el germen de la teoría política pluralista: las políticas gubernamentales y las leyes surgen de la competencia de diferentes grupos de interés intentando promover sus propios objetivos, a través de la influencia que pueden ejercitar sobre el aparato gubernamental. De acuerdo con una derivación de esta idea central, en la disputa política, al igual que lo que sucede en las pujas que se dan en el seno del mercado, tenemos una competencia por recursos escasos. En política existen montos escasos de poder, influencia y dinero, y los grupos de interés compiten para alcanzar tanta influencia como les sea posible sobre los funcionarios gubernamentales encargados de diseñar las leyes y las políticas públicas.

Cada grupo de interés tiene en mente solo sus propios intereses e intenta sesgar todo el entramado institucional a su favor. Sin embargo, la pluralidad de grupos de intereses igualmente motivados y la competencia que se da entre ellos, determina que se alcance una especie de punto de equilibrio que representa el bien común, o al menos se le acerca. Al igual que lo que sucede en el mercado, donde el egoísmo individual es puesto por una mano invisible al servicio del interés colectivo, en política la competencia entre grupos de interés que intentan maximizar su poder de influencia sobre los decisores políticos conduce a una especie de punto de equilibrio colectivamente beneficioso.

Lo que cada grupo de presión busca promover son sus propios intereses, despreocupándose del interés colectivo o el bien común. El interés colectivo es alcanzado a través del conflicto y la competencia entre grupos de interés antagónicos. El equilibrio entre diferentes facciones, y la búsqueda de ejercitar su poder de influencia sobre el aparato estatal, es lo que mejor sirve al interés de todos. La democracia no es, por lo tanto, el gobierno de la mayoría sino el gobierno de diferentes minorías en competencia. Es una especie de poliarquía que no es ni pura regla de mayoría ni regla de una minoría unificada. Es un sistema abierto, competitivo y pluralista de ´regla de minorías´ (^{Dahl, 1956, p. 132}).

De acuerdo con esta variante de pluralismo la disputa política es una por ejercitar el control -por parte de los individuos y los grupos de interés- sobre los funcionarios gubernamentales. Cada grupo de interés pugna por ejercitar su poder de influencia sobre los decisores¹⁰. Esta forma de control es diferente a la que ejerce un funcionario sobre otro -debido a la existencia de un orden jerárquico- o a la que se ejercita entre funcionarios -debido a su poder de negociación- (^{Dahl, 1971, 1989}).

Al igual que sucede con el corporativismo, el pluralismo defiende un tipo de mediación entre los sectores productivos (básicamente los empresarios y trabajadores) junto con otros grupos sociales, y el Estado. Esta coincidencia es un punto de semejanza incuestionable entre ambas teorías políticas. Sin embargo, sus divergencias son significativas. Por un lado, el corporativismo se focaliza en la armonía que existe entre los diferentes intereses sectoriales mientras que el pluralismo se concentra en el conflicto y la competencia por recursos políticos escasos. Mientras el corporativismo enfatiza la posibilidad de cooperación entre los diferentes grupos, alcanzada a través de la intervención del Estado como agente jerárquico regulador, el pluralismo enfatiza el conflicto.

Una segunda diferencia entre el corporativismo y el pluralismo se refiere a la injerencia estatal en la organización de los grupos de presión. De acuerdo con el corporativismo el Estado puede inmiscuirse en la forma en que están estructuradas las corporaciones, confiriéndoles a cambio algunas de las atribuciones estatales. Nada semejante sucede en el pluralismo. Los grupos de presión surgen aquí libremente sin que el Estado intente controlar su número, ni conceda a algunos de ellos la representación oficial del sector en cuestión, o le confiera alguna especie de autoridad estatal delegada. Existe en el corporativismo, en consecuencia, una tendencia a reforzar las relaciones de poder que se dan entre los grupos existentes lo que desalienta la aparición de nuevas agrupaciones. No sucede algo de esta índole en el pluralismo, donde la proliferación de grupos de presión es vista como positiva y saludable para el sistema político.

La tercera diferencia que puede señalarse entre pluralismo y corporativismo se refiere al rol del Estado. De acuerdo con el pluralismo, la tarea de implementar políticas y dictar leyes es exclusiva del Estado. Los grupos de interés intentan influir sobre el contenido de las políticas gubernamentales y la legislación, pero el dictado de ambas es un atributo propio del Estado. En el corporativismo, en cambio, las diferentes asociaciones se encuentran involucradas en la implementación de las políticas y regulaciones estatales. Es a tales efectos, como hemos señalado, que el Estado les delega algunas de sus funciones. A diferencia de lo que sucede en el pluralismo, el corporativismo ve a los grupos de interés como una herramienta del aparato estatal¹¹.

1.2 Republicanismo

Las ideas republicanas hunden sus raíces en la antigüedad clásica. El eje alrededor del cual gira toda la teoría republicana es el intento por evitar que los ciudadanos sufran un poder de interferencia incontrolado. Precisamente, la existencia de este poder es lo que vuelve aborrecible a las monarquías absolutas, donde los ciudadanos son tratados como meros súbditos sujetos a los arbitrios de quien los gobierna. Las diferentes variantes de republicanismo no son más que intentos de concebir en qué consiste esa situación deseable donde los ciudadanos no están sujetos a otros, y cuáles son los mecanismos institucionales que permitirían alcanzarla.

La aversión al poder arbitrario del monarca fue lo que originó el brote republicano en la antigua Roma. La imagen de los excesos del último rey romano (Tarquino el Soberbio) quien fue condenado al exilio debido a sus actos de tiranía, y de su hijo (Sextus) culpable de la violación de Lucretia, es el trasfondo que servirá en Roma una y otra vez para contrastar las ideas republicanas. Para protegerse de estos excesos, la república romana echó mano a una idea originada en Aristóteles: la de que tanto ciudadanos como gobernantes debe estar sujetos a la ley. A partir de entonces, el respeto por la legalidad y el cultivo en la ciudadanía de las virtudes cívicas necesarias para garantizarlo, han sido algunas de las notas distintivas de las ideas republicanas¹².

En el ideario republicano solo las leyes pueden controlar el poder del que gobierna, evitando que se vuelva arbitrario o tiránico. De esta manera, la ley es la única garante de que los ciudadanos no sean meros súbditos, esclavos de una voluntad despótica. Cualquier ciudadano que valore su propia libertad debe, en consecuencia, cultivar aquellas virtudes o rasgos de carácter que lo inclinen a obedecer las leyes de la república y a protegerla frente a potenciales amenazas. Estas amenazas, de acuerdo con el republicanismo romano, paradigmáticamente son dos: la corrupción moral y la invasión militar de una potencia extranjera. De este modo, la honestidad, cultivada a través de una vida frugal y el patriotismo, se posicionan como las virtudes cívicas por excelencia.

Las ideas republicanas resurgieron en las ciudades italianas del Renacimiento durante los siglos XV y XVI (^{Viroli, 2002}). En el siglo XVII ocuparon un lugar central en las disputas que el parlamento inglés mantuvo con la monarquía, que finalmente condujeron a la guerra civil (^{Lovett, 2012}). Durante el siglo XVIII las ideas republicanas tuvieron eco en Francia, especialmente gracias a las obras de Rousseau y Montesquieu. Por último, a través de las obras de pensadores ingleses y franceses, las ideas republicanas arribaron a las colonias americanas y sirvieron de sustento al andamiaje teórico de la revolución estadounidense y, posteriormente, a la construcción del entramado institucional de pesos y contrapesos configurado por la Constitución de los Estados Unidos (^{Sellers, 1994}).

El núcleo del pensamiento republicano reside en un modo específico de concebir la libertad. Los republicanos contemporáneos, como Philip ^{Pettit (1997}, ²⁰¹²⁾ o Quentin ^{Skinner (2002)}, ha concentrado sus esfuerzos en conferir a esta concepción de libertad contornos definidos. Para hacerlo, han contrapuesto la libertad republicana con otros modos de concebir la libertad, específicamente con la libertad positiva como autocontrol o autogobierno a la que Benjamin Constant denominaba la libertad de los antiguos y la libertad negativa como no interferencia a la que denominaba la libertad de los modernos.

La primera concepción de libertad es positiva -de acuerdo con la tipología ideada por Isaiah ^{Berlin (2002)}- porque para ser libres, los individuos necesitan participar en política o desarrollar rasgos de carácter que les permitan controlar las partes menos valiosas de su propia personalidad. La libertad de los modernos, en cambio, es un tipo de libertad negativa porque lo único que exige es la ausencia de interferencia sobre sus conductas por parte de terceros. La libertad republicana, por el contrario, posee elementos tantos de la libertad negativa como de la libertad positiva. Al igual que la libertad negativa requiere la ausencia de cierto estado de cosas, pero al igual que la libertad positiva este estado de cosas está caracterizado en términos de dominio, control o poder, en lugar de mera interferencia.

La libertad republicana exige que los individuos sean inmunes a la interferencia arbitraria o incontrolada de terceros. No basta con que los terceros se abstengan de interferir -como señala la libertad negativa de los modernos- sino que es necesario que no tengan la capacidad o el poder de hacerlo. Los individuos son libres solo cuando gozan de este estatus de inmunidad que les confieren las instituciones sociales. Cuando las instituciones ubican a los ciudadanos en esta posición de inmunidad, y no meramente cuando los terceros se abstienen de interferir, se transforman en ciudadanos libres. De acuerdo con este ideal republicano, ser libre consiste en gozar de un cierto estatus social y de un sentido de seguridad.

Al igual que sucedía en la república romana, el ciudadano libre es definido en contraposición con el esclavo. Este se encuentra bajo el dominio de su amo mientras que aquel es alguien que no se encuentra sujeto al poder incontrolado de nadie. Adicionalmente, y también al igual que en el republicanismo clásico, la única garantía de que los ciudadanos se encuentren en esta situación de inmunidad frente al poder de interferencia arbitraria de otros, es la ley. El Estado es el garante de la libertad al impedir que cualquier ciudadano pueda poseer un poder dominador sobre otros. A su vez, para que el Estado no se vuelva el mismo un poder dominador, es necesario que se encuentre bajo el control de la ciudadanía.

De acuerdo con la libertad republicana, por lo tanto, los ciudadanos son libres cuando se dan dos circunstancias. En primer lugar, existen reglas y mecanismos institucionales que impiden que cualquier ciudadano pueda tener poder de interferencia incontrolado o arbitrario sobre otro. En segundo lugar, para evitar que el aparato estatal que dicta y aplica estas reglas se vuelva el mismo un poder dominador, es necesario que este se encuentre bajo el control ciudadano. Para Pettit el control ciudadano sobre el aparato estatal debe ser individualizado, incondicionado y eficaz. El control es individualizado cuando cada ciudadano posee una capacidad de control que es igual a la que poseen los demás. El control es incondicionado cuando la influencia que cada ciudadano puede ejercitar no depende de la buena voluntad de otro. Finalmente, es eficaz cuando es tan efectivo para imprimir una dirección a las decisiones colectivas que cuando una decisión no es acorde con la dirección que un ciudadano deseaba imprimirle, este ve esta circunstancia meramente como una cuestión de mala suerte y no como la imposición de una voluntad ajena (^{Pettit, 2012, pp. 16-179}).

El diseño institucional que permite este tipo de control posee a grandes rasgos las siguientes características: para que la influencia tenga una dirección definida, el sistema de toma de decisiones debe ser una democracia deliberativa representativa. Debe tratarse de un gobierno mixto, donde las agencias de gobierno se controlan recíprocamente evitando que ninguna tenga un poder dominador. Finalmente, debe existir una ciudadanía contestataria cuya principal tarea es evaluar las decisiones colectivas.

1.1 Colegiatura y corporativismo

En el paradigma corporativista, el modo de creación de los colegios de abogados varía según cuál sea la variante de corporativismo adoptada. En el corporativismo estatal, como hemos visto, el Estado se involucra en el surgimiento de las corporaciones que representan a los diferentes sectores sociales. En esta versión la colegiatura es una creación del Estado a través de la legislación. En el corporativismo societal, en cambio, los colegios de abogados surgen con independencia de la intervención del Estado, sin que este induzca o promueva su aparición. Que se adopte una versión u otra de corporativismo determinará el grado de independencia frente al Estado que se esté dispuesto a reconocer a los colegios. De acuerdo con el corporativismo, el Estado delega en el colegio de abogados algunas funciones de control sobre el ejercicio profesional. En general, las atribuciones que el Estado confiere al colegio se refieren a la administración de la matrícula profesional y el ejercicio del poder de disciplina sobre los matriculados. Según que el Estado aspire a tener un control mayor o menor sobre el colegio podrá reservarse el poder de confeccionar los códigos disciplinarios -por ejemplo a través de una ley- o podrá también delegar este poder legislativo en el órgano corporativo.

Como contrapartida, el Estado reconoce al colegio como el vehículo natural para canalizar y representar los intereses sectoriales de los abogados. Estos intereses sectoriales se encuentran potencialmente en conflicto con los intereses de otros sectores y es la tarea del gobierno intentar armonizarlos. En este carácter de representante de los intereses sectoriales, el colegio puede reclamar por el funcionamiento ineficiente del sistema judicial, por el trato inadecuado que reciben los abogados por parte de los funcionarios, por la situación de precarización en la que ejercitan su profesión, entre otras cosas. El colegio aparece como un vehículo de transmisión de las opiniones e intereses sectoriales de los abogados.

Estos intereses se consideran homogéneos hacia adentro de la corporación. Existe algo así como el interés de los abogados que se vincula con las condiciones que deben darse para que el ejercicio de la profesión sea satisfactorio. La idea es que como todos ejercen la misma profesión, las condiciones para su ejercicio eficiente son idénticas en cada uno, de lo que se sigue que todos deben tener un interés común en que estas condiciones estén garantizadas. El colegio debe vehiculizar estos intereses hacia el Estado que funciona como el principal garante de que estos intereses estén satisfechos y debe ayudar a implementar las decisiones y políticas articuladas por el Estado en relación con la profesión.

1.2 Colegiatura y pluralismo

Si se adopta el paradigma pluralista, el colegio también ejercita un rol mediador entre los abogados y el Estado. Sin embargo, como los intereses sectoriales son esencialmente antagónicos, el rol del colegio no es actuar como moderador de los reclamos de los abogados de manera que estos se acomoden armónicamente con los intereses de otros sectores sociales. El rol del colegio en este paradigma es promover los intereses de los abogados a través del poder de influencia sobre los decisores políticos. El colegio de abogados compite con los otros grupos de presión por los recursos políticos escasos que le permiten incidir sobre la agenda estatal. No es una herramienta para facilitar la cooperación con otros sectores sociales, sino una herramienta para poder afrontar el inevitable conflicto.

De acuerdo con la visión pluralista, el Estado no debe inmiscuirse ni en la creación ni en la organización de los colegios de abogados. Las legislaciones estatales que crean los cuerpos colegiados, establecen la colegiación obligatoria, fijan sus atribuciones y funciones, son vistas por el pluralismo como avances injustificados del Estado sobre el derecho a la libre asociación. Los colegios de abogados surgen de manera espontánea sin que el Estado confiera a algunos de ellos la representación oficial o algún tipo de autoridad estatal delegada. Si los colegios ejercen alguna forma de poder disciplinario sobre sus socios, esta no es una que le haya sido conferida por el Estado. Lo mismo se aplica al poder de dictar códigos de conducta profesional. Nada garantiza que la representación de todos los abogados esté unificada en un único cuerpo colegiado. Dado que en este paradigma los intereses por los que pugnan los diferentes grupos son esencialmente económicos, no existen razones para creer que todos los abogados, sea cual sea la manera en que ejercitan su profesión, posean intereses homogéneos.

Es posible que las políticas estatales que promuevan los intereses económicos de los abogados corporativos, no sean las mismas que las que promueven los intereses de quienes ejercen la profesión de forma individual o en pequeños bufetes. Cada uno de estos sectores competirá por los recursos políticos escasos intentando promover sus particulares intereses.

1.3 Colegiatura y republicanismo

Por último, si uno adopta una teoría pluralista para interpretar el rol de los colegios de abogados, estos no pueden ser vistos como apéndices o brazos ejecutores de las políticas estatales. El colegio, como cualquier otro grupo de presión, intenta influir en las leyes y decisiones que adopta el Estado. Sin embargo, quien debe ocuparse de que estas leyes y políticas sean implementadas y ejecutadas es el propio Estado. Si se adopta una teoría republicana, finalmente, el rol del colegio de abogados adopta también contornos característicos. En este paradigma los abogados cumplen diferentes tareas que garantizan la libertad entendida como ausencia de poder de interferencia arbitraria sobre otros. En primer lugar, deben actuar como la primera barrera frente a los intentos del cliente de ejercitar un poder dominador sobre terceros. El abogado no es aquí meramente un celoso defensor de cualquier pretensión que el cliente articule, sino que debe examinar si esta es o no legítima. Proceder de otra manera sería volverse un instrumento de dominación sobre los potenciales afectados por los reclamos infundados. En segundo lugar, debe actuar como barrera para que otros ciudadanos no ejerzan un poder de dominación sobre su cliente. Debe ser el primer garante de que sus derechos, inmunidades y libertades sean respetados. En tercer lugar, debe impedir que el Estado ejerza un poder dominador sobre aquel a quien representa o defiende. Esta posibilidad de dominación es una de la que más atención y preocupación ha concitado por parte de los pensadores republicanos. Esto se debe al enorme poder de interferencia del que goza el aparato estatal. En cuarto lugar, el abogado debe realizar todas estas tareas sin volverse él mismo un instrumento de dominación sobre su cliente. Si el abogado impide que otros ciudadanos o el propio Estado ejerzan sobre su cliente un poder incontrolado, pero lo hace a través de estrategias sobre las que el cliente no ejerce ningún control -por ejemplo, porque no las ha consentido o ni siquiera las conoce- entonces la libertad republicana del cliente se encuentra amenazada.

El rol de los colegios de abogados en este paradigma, como no podía ser de otro modo, es el de garantizar la libertad como no dominación. En primer lugar, el colegio articula un control de pares sobre los abogados para evitar que estos ejerzan sobre sus clientes un poder incontrolado. Los códigos de honor, fundados en la promoción de la virtud y el castigo a través de la deshonra, cumplen aquí un rol fundamental. Este tipo de control es diferente al que se ejercita a través del derecho penal disciplinario. Mientras el poder disciplinario es un poder estatal que ejercita el control de la profesión desde fuera, para utilizar una metáfora geográfica, el control a través del honor es desde dentro y es ejercido por los pares.

Tres razones han sido las que han hecho que los republicanos se encuentren inclinados a ejercitar el control sobre la profesión a través del honor. La primera, se refiere a la idea republicana de que la última garante de la libertad es una ciudadanía virtuosa, no corrompida. La segunda, tiene que ver con las peculiaridades de la relación abogado-cliente que hacen que sea difícil controlarla de manera externa. La exigencia de que la relación esté protegida por el deber de secreto o sigilo, por ejemplo, determina que las posibilidades de control por parte de los pares o por parte del propio abogado sean mucho mayores. La tercera, ha sido la desconfianza republicana a la injerencia por parte del Estado en la regulación de una profesión que tiene como uno de sus objetivos proteger a los ciudadanos del poder dominador estatal. Si se permite que el Estado regule el ejercicio profesional a través de su poder disciplinario, es posible que este utilice dicho poder para hostigar a los abogados que están intentando proteger a los ciudadanos de los intentos estatales de ejercitar un poder dominador ilegítimo. Ante este riesgo, los republicanos han optado por regular la profesión a través del control de pares basado en la virtud y el honor.

Esta última razón se vincula con la segunda función que cumplen los colegios de abogados en el paradigma republicano. Dado que los abogados tienen entre sus tareas la de ser la primera barrera que se interpone entre los ciudadanos y el poder arbitrario del Estado, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran es alta. Si el abogado tiene que actuar como una especie de freno o contrapeso al poder dominador del Estado, las perspectivas no parecen demasiado prometedoras. Frente al colosal poder de interferencia estatal se erige un único profesional como primera barrera. La colegiatura viene a compensar, aunque sea parcialmente, esta desventaja. El colegio de abogados funciona como un reaseguro de que el Estado no perseguirá u hostigará a los profesionales porque detrás de cada abogado, por así decirlo, ahora están todos.

Por último, los colegios de abogados deben actuar como órganos que visibilizan y denuncian las amenazas a la libertad como no-dominación que pesan sobre los ciudadanos. Esto porque en el paradigma republicano los abogados, y por ende el colegio que los agrupa, tienen en mente la protección de la libertad republicana de la ciudadanía. El colegio no es aquí un órgano que simplemente vehiculiza los reclamos sectoriales hacia el gobierno, sino uno que actúa él mismo como freno al poder dominador estatal, garante de la libertad individual de todos los que constituyen la comunidad política.