1.1. Herencia digital y la esfera pública

Uno de los posibles campos en los que las herencias progresistas, en el sentido que Norberto ^{Bobbio (2004)} atribuye al “progreso” tienen mayor dificultad para constituirse es precisamente en el campo tecnológico, que cambió profundamente la relación entre el hombre y el tiempo.

Aquel tiempo en que “todo lo sólido se desvanece en el aire” (^{Lenin, V.I; Marx, K.; Engels,F., 2017}, 43), no admite a la historia como educadora de las generaciones futuras si las nuevas formas de subjetividad son llevadas a cabo por el ordenador hasta el punto de que, en tiempos de cuarentena, casi todas las relaciones docentes, el ejercicio de la política y la ciudadanía se ven abrumados por las redes sociales, lo que fuerza al aislamiento como única condición de supervivencia. En este contexto, las lecciones potencialmente mortales de la pandemia corren el riesgo de desvanecimiento en un “me gusta” en las redes sociales al día siguiente.

Un patrimonio virtuoso sería, con el aumento de una percepción de la alteridad que se manifiesta de una manera cara a cara, concreta y sostenible, lo que conduciría a una mayor participación de los ciudadanos en las relaciones sociales con el fin de superar las estructuras de relación radicalmente digitales e individualistas. Esto tendería a evitar la mayor disfunción de un mundo digital en la posemergencia: el autoritarismo del control social a través del uso de la tecnología.

Este parece ser el camino recientemente enunciado por Yuval Noah ^{Harari (2020)}, quien expresa un tono optimista en un horizonte posible, ya que la ciencia ha llegado a ocupar las primeras páginas de información sobre la COVID-19, lo que sugiere que en un futuro próximo los ciudadanos pueden ser fortalecidos por el esclarecimiento:

En lugar de construir un régimen de vigilancia, no es demasiado tarde para recuperar la confianza de la gente en la ciencia, las autoridades públicas y los medios de comunicación. Definitivamente, también debemos hacer uso de las nuevas tecnologías, pero estas tecnologías deben empoderar a los ciudadanos. (^{Harari, 2020}, traducción propia)

Esta afirmación destaca las dificultades de empoderamiento ciudadano y los eventuales riesgos de concretizarla. El acceso a internet no es un simple instrumento de interacción social, ya que se convierte en la infraestructura de los procesos de la civilización.

Las herramientas en línea que constituían las nuevas formas de ciudadanía prepandémica son las mismas que han sufrido recientemente la reconstrucción de mundos paralelos a través de la difusión de noticias con efectos impactantes en el mundo real. Los déficits reales de ciudadanía detrás de las pantallas LED se ven exacerbados por el mundo digital y al mismo tiempo que hay un potencial de Internet para convertirse en una esperanza para la ciudadanía global y de la iluminación universal, el riesgo de convertirse en una amenaza para los procesos democráticos al estilo de Cambridge Analytica parece explosivo.

La misma lógica que estimula el emprendimiento digital es la que socava el interés público y debilita los poderes del Estado orientados hacia la protección del bien común. Además, una manipulación de voluntades de comportamiento público (direccionamiento fraudulento de informaciones para contestar o apoyar determinados gobiernos) o privado (quizás consciencias) puede constituirse en una de las violaciones más graves de los derechos humanos jamás imaginadas por las declaraciones de la ONU posteriores a 1945 que luego hablaban de procesos electorales justos y la libre expresión de conciencia (^{ONU, 1948}).

Esta manipulación de las conciencias es ahora una realidad diaria y no un hecho aislado que puede afectar el calendario de las elecciones. Todos los procesos de toma de decisiones más importantes de la política y la economía se llevan a cabo a través de estas nuevas formas de interacción virtual con la promesa de supuesta “transparencia digital”. Pero, por el contrario, la opacidad de las lenguas compu- tacionales es evidente, no solo porque pocos “Snowdens” y “Assanges” las dominan, sino porque los ciudadanos de carne y hueso serán cada vez más indistintos de los nuevos ciudadanos que agravan esta opacidad: los bots creados por miles de millones de una nueva secta global de deep citizens.

Mientras tanto, justo donde no llega la fibra óptica, las poblaciones que siempre han sido privadas de educación, salud, medio ambiente saludable suman miles de millones cada vez más olvidadas por los ciudadanos digitales perdidos en maravillas de aplicaciones, imágenes 8K y otras virtualidades que anestesian el uso de todos los potenciales humanos reales. Sin tener la dimensión real de que esta misma privación de los demás está sembrando privaciones universales, la pandemia de la COVID-19 solo será una advertencia de que algo va muy mal en la vida que llevamos, ya que los datos disponibles apuntan a una creciente y aberrante desigualdad social: 2.153 personas poseen más riqueza que 4.600 millones de personas (60 % de la población mundial) (^{Ortuso, 2020}; ^{Oxfam Brasil, 2020}).

La digitalización de las interacciones sociales ha hecho promesas en el apren dizaje a distancia, en la informatización de los mecanismos políticos, hasta en el acceso a la salud. Muchos de ellos no se han cumplido. No es difícil darse cuenta de que el lenguaje de programación significa la drástica reducción del lenguaje humano al del robot, cuyo valor fundamental es la producción de resultados numéricos y rápidos. Recordemos esta reducción del lenguaje para la mediación del mundo por medio de la tecnología de la información, al llevar a la actualidad el pensamiento de Ludwig ^{Wittgenstein, para quien “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” (1968}, 111). Estos límites pueden significar una reducción drástica del mundo mismo. La ciudadanía, el ejercicio de la subjetividad, la vida, la política y la mejora de la esfera pública no encajan en el lenguaje binario y no serán aceleradas por las computadoras cuánticas.

Por lo tanto, en la posible herencia pospandemia, lo que podemos tener es quizás una élite cada vez menor con una conciencia cada vez menor del callejón sin salida de un laberinto perverso que tiende a excluir del metabolismo social y mercantil a más de dos mil millones de parias que ni siquiera pueden entender la frase “lavarse las manos para evitar el coronavirus”, pues no tienen o nunca han tenido acceso al agua corriente (^{ONU, 2017}).

¿Es posible cambiar este estado de cosas? ¿Quién podría? El filósofo surcoreano Byung-Chul ^{Han (2020)}, en una manifestación reciente sobre la pandemia, revela su pesimismo sobre los cambios estructurales que aquí y allá sonarían como legados de progreso futuro para la sociedad posterior a la COVID-19, finalmente derrotado por los golpes finales del individualismo:

El virus no derrotará al capitalismo. La revolución viral no ocurrirá. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De alguna manera, a todo el mundo sólo [sic] le importa su propia supervivencia. La solidaridad en el mantenimiento de las distancias mutuas no es una solidaridad que nos permita soñar con una sociedad diferente, más pacífica, más justa. (^{Han, 2020})

Por lo tanto, este daño a la solidaridad puede revelar un riesgo aún más grave que proviene de la tecnología: el riesgo de que la manipulación de los medios digitales se convierta primero en sociedad de control y luego en control autoritario. El comienzo de la repetición diaria del plan existencial de 1984 ahora lo asumimos en nuestra vida cotidiana como algo natural, positivo e inevitable.

En primer lugar, está la facilidad de un “me gusta” donde el pálido concepto de vida privada construido hace muy pocos siglos en el mundo occidental, y que no gozaba del mismo prestigio en el entorno socioeconómico, sufrió por primera vez los dolores de muertes en la crisis de salud. Ahora el riesgo es el monstruo de la sociedad de control, al cual ya nos estamos acostumbrando silenciosamente por la manipulación diaria del big data. En el dicho de Boaventura de Sousa ^{Santos (2020)}, “los monstruos, cuando se vuelven muy familiares, dejan de ser”.

1.2. La sociedad de control

El reciente protagonismo de China en la génesis de la pandemia, su velocidad en controlar la expansión del virus y su consiguiente liderazgo en la recuperación económica trae al debate el conflicto entre cosmovisiones de mundo el individualismo liberal occidental, por un lado, y la ética colectivista asiática de raíces confucionistas milenarias, por otro lado. Byung-Chul ^{Han (2020)} trae interesante revelación sobre la sociedad del control asiático:

La conciencia crítica de la vigilancia digital es prácticamente inexistente en Asia. Casi no se habla de protección de datos, incluidos estados liberales como Japón y Corea. Nadie se irrita por el frenesí de las autoridades para recopilar datos. Mientras tanto, China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable para los europeos, que permite que las personas sean valoradas y evaluadas exhaustivamente. Cada uno debe ser evaluado como resultado de su conducta social. En China, no hay ningún momento en la vida cotidiana que no esté sujeto a observación. Cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales está controlada. Quien cruce la luz roja, quien tenga contacto con los críticos del régimen y quien ponga comentarios críticos en las redes sociales perderá puntos. La vida, entonces, puede volverse muy peligrosa. Por el contrario, quienes compran alimentos saludables en línea y leen periódicos que apoyan al régimen ganan puntos. Los que obtienen una puntuación suficiente obtienen una visa de viaje y créditos baratos. Por el contrario, aquellos que caen por debajo de un cierto número de puntos pueden perder su trabajo. En China, dicha vigilancia social es posible porque existe un intercambio irrestricto de datos entre Internet y los proveedores de teléfonos celulares y las autoridades. Prácticamente no hay protección de datos. En el vocabulario de los chinos no existe el término “esfera privada”.

Una vez este modelo se confirme como el más eficiente en términos económicos y humanitarios, la presión para la sociedad de control aumentará en Occidente, siempre con justificaciones momentáneas para implementaciones definitivas. Esto ya está sucediendo en España (Muñoz, 2020) o en el peor ejemplo de Hungría de Viktor Orbán (^{Thorpe, 2020}) y con otros ejemplos menos obvios, pero igualmente serios. Después de todo, en una crisis, entre una vigilancia excepcional y poderes extraordinarios, la relación puede ser igualmente viral y el pacto original nunca se cumple por completo ante “nuevas circunstancias”:

Incluso cuando las infecciones por coronavirus están por debajo de cero, algunos gobiernos hambrientos de datos pueden argumentar que necesitan mantener activos los sistemas de vigilancia biométrica porque temen una segunda ola de coronavirus. (^{Harari, 2020})

1.3. ¿Y puede el Estado lavarse las manos? La percepción del papel real del Estado en la crisis

Por lo tanto, las herencias en términos de vida más allá de la interacción digital y las libertades más allá de la sociedad del control pasan por otros problemas estructurales que deben anticiparse cuando se reafirman o limiten las preguntas sobre los derechos fundamentales. La tensión entre el globalismo y el nacionalismo es una de ellas y ha caracterizado las disputas ideológicas de los gobiernos de derecha e izquierda, como la alineación de Bolsonaro y Trump, un momento en el que, más que nunca, es necesario tener claro que tales ideologías nunca flotan en el aire.

Esta tensión es, de hecho, una expresión real de la vida cotidiana de los mercados financieros, la especulación del capital en las bolsas de valores y de la competencia empresarial inseparable para los consumidores. Estos sujetos del mercado forman un poderoso bloque capaz de alinear los negocios agrícolas de Arkansas (Estados Unidos) y de Mato Grosso (Brasil) con el sector pesquero de Inglaterra. Pueden transformar una riqueza contable faraónica en acciones concretas para fortalecer las ideologías nacionalistas que apoyan a America first, la Inglaterra del Brexit y el Brasil acima de tudo.

En común, estas ideas tienen sus raíces reales en los intereses de sectores muy bien consolidados que, al contrario de lo que se propaga, no son una mera “cons trucción de lo real” basada en negaciones ecológicas y globalistas o la negación más reciente de la pandemia de la COVID-19. No son simplemente distopías basadas en fake news porque la difusión de noticias falsas tiene ventajas significativas para quienes se benefician del cierre de los mercados, los bloqueos económicos y, por qué no, de las pandemias generalizadas. No es difícil ver el movimiento del capital especulando con la tragedia de la COVID-19, y esto no es nada nuevo.

La capacidad de ganar dinero con productos farmacéuticos ya es excepcional mente grande en los Estados Unidos, que carece de controles básicos de precios en otros países, lo que brinda a las compañías farmacéuticas más libertad para fijar el precio de sus productos que en cualquier otro lugar del mundo. Durante la crisis actual, los fabricantes farmacéuticos pueden tener aún más espacio de maniobra de lo habitual porque los cabilderos insertaron a la industria en un paquete de gastos de coronavirus de US$ 8.3 mil millones, aprobado la semana pasada, para maximizar sus ganancias con la pandemia. (^{Lerner, 2020})

Además, estas diferentes formas de negación o construcción de lo real pueden, a partir de una crisis pandémica, tener más características en común en medio de la complejidad de la idea de fortalecer al Estado, que tiene efectos teóricamente contradictorios: por un lado, la tendencia a rescatar el estado de bienestar y, por otro lado, las tendencias que coquetean con el caos.

Por ello, esta actual crisis pandémica nos presenta dilemas cruciales: si las naciones occidentales pospandémicas pueden convertirse en monstruos orwellianos y lavarse las manos en relación con el sueño civilizador de la Ilustración universal, la crisis del Covid-19 rescató con fuerza y radicalidad la percepción de la importancia de la esfera pública y la fuerza leviatánica del maltratado Estado.

El poder público es llamado nuevamente a las funciones que nunca ha dejado de promover para el crecimiento económico y la protección social de las personas, a pesar del hecho de que los últimos treinta años o más apuntan a una cierta dependencia del mainstream económico del discurso neoliberal, lo que embotó al Estado sin eliminar sus estructuras y sus poderes reales.

Si los sucesivos “consensos” de la economía de mercado global presionaron a las privatizaciones durante décadas a una reducción en el papel del Estado en la planificación y la actividad económica, con la consiguiente reducción de gastos para cumplir con los dogmas de “ortodoxia y sobriedad de las cuentas públicas”, una crisis de miedo e inestabilidad de divisas, intercambios, y la amenaza de una profunda recesión fue suficiente para que “los neoliberales más endurecidos pidieran al Estado que actuara” (^{Santos, 2020}).

Nuestras herencias también dependen, por lo tanto, de una percepción de los efectos que las ideas neoliberales tuvieron en la estructura del interés público nacional e internacional, lo que significa, en el momento de una crisis grave, aceptar la muerte como una regla de mercado:

Las autoridades públicas y los sistemas de salud fueron, casi en todas partes, atrapados en el acto. Cuarenta años de neoliberalismo en América del Norte, América del Sur y Europa han dejado al público totalmente expuesto y mal preparado para enfrentar una crisis de salud pública de este calibre, a pesar de los sustos anteriores como el SARS y el Ébola que brindaron abundantes advertencias y lecciones convincentes sobre el que tendría que hacerse. En muchas partes del mundo supuestamente “civilizado”, los gobiernos locales y las autoridades regionales, que invariablemente forman la primera línea de defensa en tales emergencias de salud pública y seguridad, se vieron privados de fondos gracias a una política de austeridad diseñada para financiar recortes de impuestos y subsidios para las empresas y los ricos. (^{Harvey, 2020})

Organismos y creadores de opinión insospechados como el FMI (^{Torreblanca, 2017}) o publicaciones conservadoras como The Economist (2020) y Financial Times (2020) ya se estaban dando cuenta del agotamiento del discurso del libre mercado que lanzó al vacío los abismos sociales y la explosión de la miseria y de las desigualdades sociales reveladas por datos que emigró de la escala abisal a la astronómica. Los temas anteriores a la COVID-19, como el ingreso básico universal, la salud y la protección social para todos, se vuelven agudos, perentorios. Si ya fueron la causa de “tantas otras pandemias sociales” (^{Buratini, 2020}), ahora se destacan al dar la oportunidad de rehacer un universo capitalista enfermo que, mercantilizando todas las relaciones, deja a las personas con cada vez menos condiciones y opciones.

Se comienza, por supuesto, con el derecho universal a la salud. En el análisis de la jurista francesa Mireille ^{Delmas-Marty (2020)}, que también escribió en medio de la pandemia, el tema central de lo que puede ser un importante legado para el futuro implica decir que “en el plano económico sería necesario que los bienes comunes de la humanidad, a comenzar por los servicios de la salud, escapen del sometimiento radical del ‘las leyes del mercado'” (^{Delmas-Marty, 2020}). No será una tarea fácil, como denuncia la filósofa estadounidense Judith ^{Butler (2020)} al narrar un mal ejemplo de Donald Trump:

Trump ya ha tratado de comprar (con efectivo) los derechos exclusivos de los Estados Unidos sobre una vacuna de la compañía alemana, CureVac, financiada por el gobierno alemán. El Ministro de Salud alemán, con desagrado, confirmó a la prensa alemana que la oferta existió. Un político alemán, Karl Lauterbach, comentó: «La venta exclusiva de una posible vacuna a los Estados Unidos debe evitarse por todos los medios. El capitalismo tiene límites».

Es necesario observar las profundas relaciones entre economía y derecho. Se habla de nuevos planes Marshall, rescate del estado del bienestar, del “espíritu de 1945”, no siempre con una precaución fundamental: la historia raras veces o nunca se repite en los mismos términos. Las posiciones más críticas no dudan en presentar interpretaciones más realistas de las posibilidades mismas de estos discursos, que ahora se consuelan con remediar en lugar de prevenir:

El corporativismo de la gran industria farmacéutica tiene poco o ningún interés en la investigación no remunerada sobre enfermedades infecciosas (como toda la categoría de coronavirus que se conoce desde la década de 1960). La industria farmacéutica rara vez invierte en prevención. Tiene poco interés en invertir en prevención de crisis en salud pública. Le encanta dibujar curas. Cuanto más enfermos estamos, más ganan. La prevención no contribuye al valor del accionista. El modelo de negocios aplicado a la provisión de salud pública ha eliminado el exceso de capacidades de afrontamiento que serían necesarias en una emergencia.

La prevención ni siquiera es una hipótesis de trabajo atractiva para justificar las asociaciones público-privadas. (^{Harvey, 2020})

Por lo tanto, el debate actualizado por el nuevo coronavirus renueva la esperanza de rescatar la ciudadanía a través de la intervención estatal, ya combatida por la ineficacia del Estado social gracias a décadas de escalada neoliberal y por la creciente limitación de las políticas públicas, incluso en países con una economía sólida. Y cuando llega la explosión de la miseria real, el confinamiento social aumenta el miedo a que la ciudadanía se pierda definitivamente detrás de una dirección IP, VPN, blockchains, bots y likes e inspira el temor de que la crueldad de la crisis sea definitivamente el catalizador de movimientos de extrema derecha que generen el entierro definitivo de la era universalista de la Ilustración.

En la profunda red de fake news puede haber, por lo tanto, estrategias para politizar la crisis de salud con el retraso en las respuestas económicas y la intervención de emergencia o la toma intencional de medidas insuficientes y erráticas como pretexto para, una vez sembrado el caos, encontrar el escenario para la justificación de poderes extraordinarios, estado de defensa o estado de sitio. En este se produce la eliminación gradual de los derechos fundamentales de los ciudadanos, nosotros mismos, ya amenazados a priori por la mencionada reducción de nuestro papel al de ciudadanos virtuales.

En Brasil, debido al reciente resurgimiento de los movimientos de ultraderecha y a la historia de unas pocas décadas de reafirmación democrática posrégimen de excepción (1964-1988), esta preocupación es real y peligrosamente cercana. Los fantasmas del golpe militar y la intervención antidemocrática reaparecieron en el debate brasileño después de ataques políticos contra el Congreso Nacional, la Corte Suprema y la prensa. Estos hechos se agudizaron con la presencia dominante del personal militar de alto rango en el actual poder ejecutivo central y con los discursos de repercusión mundial del actual presidente Jair Bolsonaro, cuyos adeptos de extrema derecha van del 15 % al 30 % de la población brasileña, según encuestas.

1.4. El papel del Estado en la pandemia y las perspectivas global y local

Debido a estas realidades políticas actuales y a la historia del agravamiento de los indicadores sociales acumulados en los últimos años, la crisis de la COVID-19 pone a prueba la democracia brasileña, así como la democracia de muchos países en los que el bienestar social parecía una realidad inquebrantable. Las perspectivas del conflicto ideológico entre el globalismo y el localismo se identifican en este escrito en la oposición entre los antiglobalistas Trump-Bolsonaro y las realidades comunitarias del Mercosur, juntamente con la importante tradición brasileña como un gran socioeconómico de los bloques y economías globales. A partir del desafío local, el Mercosur, que ya estaba amenazado por la suspensión de Venezuela y más recientemente sacudido por la desalineación ideológica entre los gobiernos de Brasil y Argentina, definitivamente puede romper su bloque si no actualiza su misión regional y sus intereses comunes, según las previsiones (^{Mendes, 2020}).

Teniendo en cuenta las influencias del viejo mundo en la propagación de los valores universales, la supervivencia de la racionalidad y del espíritu de la comunidad o de la tradición mítica, parece depender cada vez más del intervencionismo público y del fortalecimiento de los instrumentos estatales. Sin embargo, el concepto de Estado- nación ya está en una red histórica consolidada en términos regionales y globales. El universalismo parece depender del éxito de los países líderes mundiales, especialmente las democracias europeas (al menos durante la administración Trump), un tema que también ha sido debatido por intelectuales de las ciencias jurídicas y que revela incertidumbres. Para Dominique ^{Rousseau (2020)}, juez de la Corte Suprema francesa, la historia de la formación del bloque europeo y de los organismos internacionales apunta a una prevalencia del espíritu de cooperación supranacional que llegó para quedarse, marcado por la presión y la participación populares:

Al final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de garantizar la paz en Europa y la solidaridad entre sus pueblos, los padres fundadores de la nueva Europa que se iba a crear inmediatamente retiraron de los Estados la administración del carbón, el acero y el átomo para confiarlo a las instituciones supranacionales comúnmente administradas. Del mismo modo, organismos especializados de las Naciones Unidas, como la OMS, la OIT, la FAO, etc., representaron la expresión de la primera etapa de concienciación alimentaria y laboral como bienes comunes mundiales. Hoy, sin embargo, se ven superados por una conciencia más aguda, más fuerte y más urgente del principio de solidaridad, que requiere que se reconstruyan sobre la base del derecho de los ciudadanos del mundo a participar en su administración y en la definición de sus políticas públicas. Dado que estas futuras instituciones mundiales serán responsables de definir las políticas de salud pública, clima y trabajo que pesarán sobre los ciudadanos del mundo, es más que lógico que participen en su construcción y gobernanza. Lógico y democrático.

Esta prevalencia del globalismo también fue defendida por el filósofo del derecho, Luigi ^{Ferrajoli (2020)} en un reciente pronunciamiento sobre la pandemia, cuando recor dó “la urgencia de realizar un constitucionalismo planetario: que propuso y promovió por la escuela ‘Tierra Constituyente', que inauguramos en Roma el 21 de febrero”. Con un espíritu más ácido y tal vez una mayor dosis de realismo, ^{Ferrajoli (2020)} reconoce que Europa podría liderar soluciones planetarias, pero señala los comportamientos erráticos del bloque que violan incluso sus estatutos de constitución en medio de la crisis de la COVID-19:

En cambio, cada país adopta medidas diferentes, a veces totalmente insuficientes, como las adoptadas en los Estados Unidos y En Inglaterra, cuyos gobiernos están subestimando el peligro para no dañar sus economías. Incluso en Europa, los 27 países miembros se mueven con aislado, adoptando cada uno diferentes estrategias: desde las estrictas medidas de Italia y España hasta las medidas más suaves en Francia y Alemania. Sin embargo, al menos en lo que respecta a Europa, los Tratados incluso impondrían una gestión común de la epidemia.

Este espíritu de cooperación y unión transnacional guiado por la Unión Europea se ha visto sacudido por el Brexit, pero persiste en el camino de la intervención pública en la conducta de la economía. Ante la pandemia, el poder económico supranacional de la Unión Europea no se lavó las manos y abrió las arcas a un plan de recuperación sin precedentes. Sin embargo, se pondrá a prueba como nunca antes en los próximos meses y años a juzgar por los desacuerdos ya anunciados sobre las direcciones económicas de los proyectos de reestructuración posterior a la pandemia:

El nuevo conjunto de cifras aumentará la presión sobre los líderes europeos para que evoquen una respuesta conjunta a la recesión para garantizar que la recuperación no esté desequilibrada, dañando la moneda común y generando más agitación política en las economías más débiles.

Si bien los líderes han aprobado un paquete de medidas de quinientos billones de euros que efectivamente piden a las naciones más ricas que subvencionen la recuperación de los más pobres afectados, han sido criticados por no ir lo suficientemente lejos. (^{Stevis-Gridneff y Erwing, 2020})

Por lo tanto, si bien el Estado-nación no es el concepto clave y único para la gobernanza global, también es un hecho que las identidades nacionales o los Estados-nación siguen siendo un apoyo al paradigma universalista, a los bloques multinacionales y a las soluciones que están llegando a la crisis. Prueba actual de ello es que la propia identidad constitucional de Alemania puede poner en peligro las soluciones de la eurozona secando sus fuentes:

El banco central está inundando de nuevo la eurozona de crédito y comprando bonos de los gobiernos de la zona del euro para evitar que sus costos de endeudamiento se salgan de control. Pero la capacidad del Banco Central para rescatar el euro de nuevo puede verse restringida después de una sentencia del martes por el máximo tribunal de Alemania.

El Tribunal Constitucional alemán ha emitido un ultimátum al Banco Central Europeo, diciendo que debería demostrar que los efectos secundarios de la compra de bonos no superan los beneficios económicos. El tribunal amenazó con impedir que el banco central alemán, el Bundesbank, participara en el programa de estímulo, lo que sería una grave violación de la unidad europea. (^{Stevis-Gridneff y Erwing, 2020})

Por lo tanto, entre las aspiraciones globalistas y antiglobalistas, sin perder de vista las citadas estrategias de mercado diluidas por las noticias falsas, es importante señalar que las posibles soluciones universales dependen de las raíces culturales de los “pueblos”, término cuya abstracción es siempre un riesgo. Cada pueblo está dotado de sus tensiones locales y cuestiones ancestrales que constituyen fuerzas presentes en la formación o deformación de identidades nacionales o supranacionales. Y las soluciones pandémicas ciertamente suponen la observancia de factores endémicos, lo que lleva las ideas del politólogo Francis ^{Fukuyama (2020)} al respecto de la fuerza de las identidades nacionales a un debate actual para aquellos que piensan en los horizontes de las democracias occidentales:

Democracia significa que el pueblo es soberano, pero si no hay manera de delimitar quién es este pueblo, no es posible ejercer la elección democrática. Por lo tanto, el orden político, tanto a nivel nacional como internacional, depende de la permanencia de las democracias liberales con el tipo ideal de identidades nacionales inclusivas.

Otra voz que plantea la cuestión de las soluciones de cada pueblo de modo similar, pero con una visión optimista, es la filósofa Martha ^{Nussbaum (2020)}, quien analiza pronto algunos aspectos locales y globales de la pandemia. En último término todas las soluciones en salud, y por qué no decir en todos los problemas, son responsabilidad de la voluntad democrática de los ciudadanos locales:

Si un país o región va a desarrollar un buen sistema de salud, necesita la voluntad democrática de votar por las personas y las políticas que lo instrumenten. Porque incluso si el dinero externo no se consume corruptamente, su presencia a menudo debilita la creación de una voluntad democrática a favor de buenas políticas. Así, el consejo descorazonador de Deaton es que solo los ciudadanos pueden resolver los problemas de su país, al menos en el sector de la salud, aunque yo sería menos pesimista en el área de la educación. (^{Nussbaum, 2020})

Pero las opiniones occidentales o estadounidenses quizá no revelen las opiniones de otros lugares con una trayectoria reciente más aguda sobre temas de identidad étnica y religiosa. Para el filósofo croata Sreoko ^{Horvat (2020)}, la crisis económica pospandemia puede alimentar ideologías nacionalistas, supremacistas e intolerantes, sin dañar esencialmente la gobernanza numérica del capitalismo actual:

Este es el peligro político del coronavirus: una crisis sanitaria mundial que se ajusta tanto al objetivo etnonacionalista de las fronteras fortificadas y la exclusividad racial, como al objetivo de poner fin a la libre circulación de los pueblos (especialmente los de las naciones en desarrollo), pero que garantiza que el flujo de bienes y capitales siga sin controlarse.

Por lo tanto, en conclusión parcial, estos desafíos se añaden a los de la formación de voluntades democráticas en un tiempo de radicalidad de la infraestructura digital: ¿Qué pueblo se identificaría en una forma de vida que aísla y atomiza los sujetos? Y se añaden al desafío de hacer frente a la influencia de los poderes interesados en mantener la concentración abisal de la renta. Estos poderes son sospechosos de orquestar campañas basadas en estrategias para promover las fake news y la distracción con tendencias a la inacción en políticas públicas de emergencia que parecen ser la única manera contra el caos.

1.5. Espiritualidad, religiones e iglesias en el escenario de (pos)pandemia

Tal vez sean dignas de mención las posibles herencias a nivel espiritual, ya que se han producido numerosas experiencias políticas contemporáneas desde la exploración de esta dimensión de la experiencia humana para hacer crecer y sostener regímenes políticos que, bajo el manto de la democracia y la libertad religiosa, socavan la laicidad del Estado y la gobernanza social. Estos regímenes terminan afectando, con su apego a la mística, la construcción de una racionalidad científica progresista.

Este es otro de los grandes desafíos en la confrontación contemporánea de la emergencia sanitaria y algo que hay que vigilar en las posibles herencias. Un escenario futuro virtuoso apunta a la elevación espiritual humana, con la adopción sustancial de comportamientos existenciales que apuntan a máximas de solidaridad en todos sus aspectos de manifestación que tenderían a ser la base de toda una reconstrucción social en un sentido amplio. En fin, sería algo profundamente humano en el ser humano.

Pero la fuerza de la tradición mítica no puede pasarse por alto y, con ella, degenerarse la semilla del virtuosismo que se constata en el momento presente. La apropiación de esta crisis por estructuras jerárquicas y orientadas económicamente dentro de la mercancía de la fe puede conducir a la vulgarización de la racionalidad y a la expansión del consumo de creencias con sus heraldos siempre atentos a distorsionar argumentos y hechos. (^{Galindo, D., 2009}); ^{Refkalefsky, E., Patriota, K., Rocha, M. P. N., 2006}; ^{Sung, J. M., 2014}).

Las dimensiones espirituales de la conciencia humana, que siempre acompañan las transformaciones reales y estructurales de la vida social, pueden verse profunda mente alteradas por una revolución pandémica de origen biológico. Si los caminos de la civilización no rompen con las formas recientes de religión-fetiche, simulaciones ásperas de teologías instrumentales creadas solo para la apropiación de canales de telecomunicaciones, consolidación de bancadas parlamentarias y captura de rebaños como fuente de beneficios, una posible emancipación social difícilmente escapará de una asociación perversa entre fake news y fake Gods.

1.6. ¿Pueden las empresas hacer algo?

Nada sin el Estado, nada solo en el Estado. Para Mireille ^{Delmas-Marty (2020)}, las salidas de la crisis sanitaria pasan por el esfuerzo de todos los sectores de las sociedades actuales que se resume en conciliar universalidad y nacionalidad entre los sectores públicos y privados, nacionales e internacionales:

Para conciliarlos se requiere pensar en ello de forma interactiva: necesitamos a las comunidades nacionales para responsabilizar a los diversos actores, comenzando por los servicios de salud, pero solo la comunidad mundial podrá definir los objetivos comunes y las responsabilidades que resulten de ello para los agentes globales: Estados, organizaciones internacionales y empresas multinacionales. Solo su coordinación entrecruzada evitará que las dos dinámicas se enfrenten en un amplio caos.

Si por un lado, la dimensión privada del capital, más recientemente presionada a tener más “responsabilidad social corporativa”, tiene que enfrentarse a su rostro más inhumano, numérico y apático, el que en cualquier escenario puede ver nuevas oportunidades de negocio; por otro lado, el modo cotidiano de vida del capitalismo no puede ser alienado de la llamada esfera pública internacional.

Algunas empresas multinacionales no solo tienen mayores ingresos que los PIB de varios países, sino también una “responsabilidad social” que se valora cada vez más en situaciones normales, y aún más en situaciones anormales de una pandemia. Así, según ^{Freudenberg (2017)}:

Los ingresos anuales de algunas compañías multinacionales son mayores que muchos estados. Los datos de 2006 indican un ingreso anual para el grupo Wal-Mart (485 mil millones de dólares) por encima de España (461 mil millones de dólares), Australia (420 mil millones de dólares), los Países Bajos (340 mil millones de dólares) y Brasil (311 mil millones de dólares). Otros grupos como State Grid, PetroChina, Sinopec, Shell, Volkswagen, Toyota, por ejemplo, tienen más ingresos que Bélgica, México, Suiza y Rusia.

Algunas luces emergen aquí y allá. Destaca el esfuerzo de algunas corporaciones poderosas para evitar la debacle del desempleo masivo. Es interesante observar la publicación de un manifiesto de inversores que presionan a las multinacionales de su cartera para que tomen medidas tales como no dañar las partes débiles de las cadenas de producción; mantener contratos incluso sin el cumplimiento momentáneo por parte de los socios; orientar el enfoque productivo a la salud y la seguridad; mantener el empleo e incluso vacaciones remuneradas para los casos de aislamiento social obligatorio:

Las decisiones tomadas hoy en día que protegen el flujo de efectivo al no pagar a los proveedores, sin tener en cuenta el daño a sus trabajadores, serán costosas. 195 inversionistas que representan más de US$4.7 billones en activos bajo gestión enviaron un mensaje de que las empresas deben mantener pagos únicos o inmediatos a los proveedores. Los gobiernos pueden optar por limitar el apoyo financiero a las empresas que no se han comportado como responsables. Es probable que las leyes recientes que obligan a las empresas a considerar sus impactos en las personas en la cadena de valor total se utilicen para demandar a las empresas y hacer las responsables de los daños además de las avergonzar por no comportarse de manera responsable. Se hará una distinción entre las empresas que han reducido los pedidos futuros para capear la tormenta, juntos y en diálogo con los proveedores, y las que han utilizado fuerza mayor para desconectar los pagos anteriores adeudados. (^{Triponel y Sherman, 2020})

Queda por ver si el legado de la pandemia para una nueva forma de civilización podrá descifrar los mecanismos detrás de las decisiones corporativas a nivel mundial, entre ellos la clara dependencia de las empresas multinacionales del Estado, ya sea en su dependencia directa y ordinaria del crédito público local en sus países de origen o el crédito internacional en los organismos supragubernamentales; ya sea en la dependencia indirecta y extraordinaria de la ayuda financiera de los bancos públicos para evitar la violación de la confianza en tiempos de calamidad. Esta es otra lección que deja, sin lugar a duda, la pandemia de la COVID-19. Cuando se trata de empresas multinacionales y sus Ebitda³ son hiperdependientes de la financiación público-privada en las bolsas globales, no solo tienen el poder de dar forma a los comportamientos, sino que pueden perfectamente transformar su lógica si los fundamentos sociales del futuro así lo determinan.

2.1. El mito del ajuste fiscal en Brasil

En Brasil, el discurso de muchos años de ortodoxia, que defendía los superávits primarios, el ajuste fiscal y las privatizaciones, encontró sus posibilidades nunca soñadas con la nueva configuración política brasileña de los años de Bolsonaro a manos del Ministro Paulo Guedes. Este concentró poderes de un superministerio con amplio apoyo del mercado, de la sociedad civil y del Congreso nacional.

En tiempos de la COVID-19, la dependencia de la actividad económica en relación con la intervención del Estado también se convirtió rápidamente en un unísono discurso con el resto del mundo. La consecuencia de esto fue la desaparición, en menos de treinta días, de una visión dominante que sostenían la casi unanimidad de “analistas de mercado” durante décadas:

La contradicción no podría ser más evidente. ¿Cómo es posible que un estado supuestamente en bancarrota que necesitaba hasta ayer para hacer ajustes fiscales cada vez más agresivos por “falta de dinero” ahora “descubre” una fuente ilimitada de recursos para hacer frente a la situación de la pandemia y la depresión económica? [...] Al demostrar que son las restricciones legales determinadas por los políticos y no la falta de fuentes de financiación las que impiden que el gobierno gaste lo suficiente para que la economía funcione de manera óptima, Guedes destruyó por completo las justificaciones de sus propuestas para las reformas de restricción del gasto y la lucha contra la deuda pública. Si es posible gastar más ahora para combatir la depresión, ciertamente ya era posible gastar más para contener la recesión y promover el desarrollo económico y social de nuestro país. La verdad es que la deuda del gobierno brasileño denominada en reales no es ni ha sido insostenible. Lo que había, y sigue habiendo, son reglas fiscales disfuncionales (objetivo de resultados primarios de baja flexibilidad, congelación del gasto primario real y restricción de la suplementación de créditos al gobierno central), y una obsesión insalubre de los gobiernos y comentaristas con el equilibrio fiscal, que impiden al Estado brasileño utilizar sus herramientas fiscales en busca de la salud macroeconómica y gastar lo que sea necesario para ofrecer bienes y servicios públicos de calidad y cantidad suficientes. (^{Conceigao y Dalto, 2020})

En este punto, las voces insospechadas del neoliberalismo brasileño se sumaron a la necesidad de un plan económico sólido para la intervención del Estado que, si no se lleva a cabo, será efectivamente la principal causa del colapso de los derechos humanos en Brasil más allá de todo terrible impacto de la pandemia de la COVID-19. El equilibrio de poderes provocado formalmente por medidas legales de emergencia puede y ciertamente será insuficiente para eludir las deficiencias de ciudadanía que están en la raíz del sistema social brasileño.

2.2. Pandemia de salud versus pandemia de miseria

Según las agencias de salud, una enfermedad endémica representa un número esperado y ya crónico de enfermedades en un determinado territorio. Si Brasil ya tenía una miseria endémica típica de los países subdesarrollados, la crisis de la COVID-19, sumada a los resultados sociales y económicos de los últimos cinco años, puede promover una pandemia de miseria.

El conjunto de medidas neoliberales de los últimos años se sumó a un cóctel de leyes de amplio impacto social que están en la raíz de este modelo, entre las cuales destacamos (a) la ley de responsabilidad fiscal (Lei Complementar 101, 2000), que para muchos transformó una política económica ortodoxa de reducción de gastos y reducción del Estado en norma jurídica y comenzó a exigir el estricto control de gastos nunca mayor que la recaudación; (b) la “enmienda constitucional al límite del gasto” (Emenda Constitucional 95, 2016), que estableció un límite fiscal al gasto público, congelando las inversiones del Estado brasileño en políticas públicas durante veinte años, incluso si la población crece e incluso si, en un escenario de crecimiento, los recursos están disponibles; (c) la reforma de las leyes laborales (iniciada en 2016 y perfeccionada en la crisis) que favoreció la subcontratación, la flexibilización de los derechos, el trabajo intermitente y la reducción de la protección social en este campo. Esta reforma fomentó un proceso de migración de la población activa a la informalidad o a la categoría laboral “profesional autónomo”, que saltó de veinticuatro millones a treinta y ocho millones en poco más de un año, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (^{Nitahara, 2020}).

Estos tres ejemplos de reformas en la relación entre la economía de los presupuestos públicos y los derechos fundamentales de los brasileños fueron rápidamente objeto de ataques bajo la pandemia de la COVID-19. El límite de gasto formal representaba el pronóstico para profundizar las desigualdades sociales y disminuir el desarrollo humano:

Con un cambio repentino de dirección, el Congreso Nacional aprobó la Enmienda Constitucional No. 95/2016, que instituyó un régimen de austeridad fiscal en el país, sin considerar sus efectos secundarios en: i. población sin acceso a seguro de salud (más del 75 %); ii) población de hasta 17 años sin acceso a educación primaria y secundaria en el sistema privado (más del 80 %); iii) la población por debajo de la línea de pobreza que depende de la transferencia directa de ingresos para sobrevivir; y iv. sistema económico, cuya vitalidad depende de reducir la concentración de ingresos para estimular el consumo y la producción. (^{Silva, 2020})

Con la pandemia, este límite de gasto se eludió de inmediato con medidas de emergencia con el compromiso del Congreso nacional. La amplia red de desprotección social que defiende el “espíritu empresarial” generalizado reveló, a los millones de brasileños que quedaron sin ingresos durante la noche, la necesidad de programas de ingreso básico. Se estima que setenta millones de personas necesitarán asistencia de emergencia, pero no hay indicios de lo que podría pasarles a estas personas en los próximos meses y cómo los trabajadores de la “uberización” sobrevivirán sin el apoyo estatal continuo.

La ley de responsabilidad fiscal, de manera similar, entró en un período de suspensión sanitaria como medida cautelar del Supremo Tribunal Federal debido a la pandemia de la COVID-19. En la justificación de la decisión, leemos que “debe reconocerse que tal regla es insuficiente para garantizar el desempeño eficiente del gobierno federal frente a las demandas fiscales y sociales que enfrenta la actual pandemia de coronavirus” (^{Scaff, 2020}). La sociedad brasileña podrá, después de la pandemia, evaluar si este tipo de responsabilidad fiscal es suficiente para enfrentar los desafíos del gasto público que vendrán durante meses o años.

La reforma laboral no solo no se suspendió, sino que aparentemente se vio reforzada por una serie de medidas de desprotección social en medio de una crisis de salud. Las Medidas Provisionales 927 y 936 (2020) permitieron, para la preservación formal de las tasas de empleo, la renegociación generalizada de la reducción de sala rios sin especificar sectores a través de la negociación (en la práctica: la decisión del empleador). La compensación de los salarios reducidos que debe hacer el Gobierno federal no restablece los ingresos a los niveles originales, lo que crea un escenario sombrío para las personas y para todos los sectores económicos que apunta a una recesión prolongada y muy grave.

Esto significa que, además del contingente de trece millones de brasileños por debajo de la línea de pobreza (según datos de 2019, cuando el país aún mostraba signos de recesión económica después de 2015, pero sobrevivió), otros millones que actualmente se estiman en el 40 % de la población económicamente activa estarán sin protección social si una pandemia tiene efectos duraderos en la producción de riqueza nacional.(^{Amorim, D. y Neder, V., 2009})

Por esta razón, las propuestas responsables de la intelectualidad jurídica y económica brasileña apuntan a crear medidas necesarias que abandonan por completo la historia neoliberal reciente, por la derogación del límite de gasto y el dogma de la “responsabilidad fiscal” y por la reversión de la desprotección social instalada. Como ejemplo de medidas anticrisis, podemos mencionar la defensa de:

2.3. En Brasil, ¿quién no puede lavarse las manos?

Hay treinta y un millones de personas que no tienen acceso al agua corriente en el país y otros setenta y ocho millones de personas sin recolección de aguas residuales. Todos están sujetos a efectos catastróficos de esta y las próximas pandemias. Además, buscan sobrevivir a las ya persistentes enfermedades endémicas asociadas con el subdesarrollo humano crónico como hepatitis, sífilis, HIV, lepra, el ya crónico dengue -que tuvo ciento ochenta mil casos notificados este año (hasta febrero de 2020) (^{Ministério da Saúde do Brasil, 2020-A}) y se cobró más de mil quinientas vidas en América del Sur y América Central entre 2018 y 2019. Entre 2019 y 2020, los casos confirmados de dengue en América Latina y el Caribe alcanzaron más de tres millones, con otras mil quinientas vidas perdidas, según Organización Panamericana de la Salud” (^{Papaleo, 2020}). Para volver al siglo XIX, no quedan muchos pasos para juzgar el número de setenta y tres mil casos nuevos de tuberculosis en 2019, y esta enfermedad mató a cuatro mil quinientas personas el año anterior (^{Ministério da Saúde do Brasil, 2020-B}). Así que la pregunta es: ¿Con un estado mínimo, supresión de derechos y precarización de las relaciones laborales y de la renta, qué enfermedad de la lista anterior elegiremos para la próxima pandemia de pobreza en Brasil?

El desguace gradual del sistema universal de salud brasileño (SUS) es la cara más evidente de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. Desde la falta de profesiona les, funcionarios equipados y capacitados, a través de las dificultades de gestión y distribución de los recursos, en particular la mala distribución de las camas de UCI, las condiciones de vida de las personas expuestas a contagio presagian el genocidio:

A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, gobernadores y alcaldes, el país se enfrenta a grandes dificultades ante el avance de Covid-19, que se expresa: i. en la falta de equipo de protección personal (EPP) para los profesionales de la salud, causando la eliminación de muchos debido a la contaminación; ii. en la insuficiencia de máscaras protectoras individuales, esenciales para la contención del virus, para satisfacer a los profesionales de la salud y a la población en general; iii. en la incapacidad de realizar pruebas masivas, lo que lleva a las instituciones públicas a subestimar la gravedad del problema y adoptar medidas insuficientes para contener el virus; iv. en el retraso burocrático del plan de emergencia en respuesta a las necesidades de supervivencia de las capas socialmente vulnerables; y v. en el retraso de transferir recursos a los estados y municipios frente a la velocidad con la que el virus ha avanzado. Los recortes presupuestarios en los ámbitos de la salud, la educación y la asistencia social, desde la aprobación de la congelación del límite máximo del gasto público (Enmienda 95/2016), con el propósito de destruir los sistemas públicos de educación y salud, han afectado profundamente a la producción de ciencia y tecnología y a la capacidad de atender a la población general por parte del SUS. (^{Silva, 2020})

Otras batallas más recientes se disputan entre las tres ramas de la República de Brasil, especialmente sobre el papel del poder ejecutivo. El Parlamento promulgó una ley que definió la emergencia sanitaria (Ley Federal 13.979, 2020), pero esta ley fue modificada por decretos del presidente Bolsonaro, como es el caso de la Medida Provisional 926 (2020), que reservó poderes federales para regular las actividades, y los Decretos Federales 10.282 (2020), 10.288 (2020) 10.292 (2010) que suceden día tras día definiendo y redefiniendo los servicios públicos y las actividades esenciales en el período pandémico. Uno de estos decretos fue el Decreto 10.334 (2020), autorizado para operar academias deportivas y salones de belleza como “actividades esenciales”. La Corte Suprema ha sido llamada a regular la constitucionalidad de tales medidas extraordinarias del Ejecutivo. De esta manera, denota una percepción razonable de desviación de finalidad y de confrontación con parámetros internacionales para el control de la pandemia, como en las declaraciones de dos ministros de la Corte exactamente contra la Medida Provisional 926 (2020), que limitó la participación de gobiernos locales y alcaldes:

Se puede ver que la medida provisional, en vista de la urgencia y la necesidad de disciplina, se emitió con el propósito de mitigar la crisis internacional que llegó a Brasil, aunque, según algunos técnicos, todavía es embrionaria. Debe haber una visión dirigida al colectivo, es decir, a la salud pública, con todos los ciudadanos mostrando interés. (Sentencia ADI 6341, 2020, p.15).

La Corte Suprema no libró al jefe del Ejecutivo brasileño de duras críticas cuando declaró en la votación por la misma acción de inconstitucionalidad que “el presidente de la República tiene poderes incluso para exonerar a su ministro de salud, pero no para eventualmente ejercer una política de naturaleza genocida” (Sentencia ADI 6341, 2020, p.15).

Por lo tanto, el Poder Ejecutivo de Brasil va en contra de las normas internacionales para fortalecer la esfera pública y las políticas públicas para garantizar los derechos fundamentales. La sociedad civil, las instituciones judiciales y la prensa reaccionan, pero no tienen el poder de movilizarse y articularse para cambiar sustancialmente este estado de cosas y para cumplir con los objetivos de la ONU para 2030 en varias áreas, que ya cobrará un alto costo en vidas humanas en la crisis de salud actual y en las futuras que se avecinan.

2.4. Uso de datos y el futuro de la sociedad de control en Brasil

Las normas internacionales de desarrollo humano y respeto de los derechos fundamentales tampoco se observan bien en la protección de datos del actual marco regulatorio brasileño, lo que favorece la anomia y la falta de control en tiempos de tentación autoritaria. Considerado uno de los derechos fundamentales más recientes, la protección de los datos individuales y colectivos está bajo constante amenaza, especialmente porque la ley brasileña de protección de datos se pospuso de 2020 a 2021 en medio de la pandemia. Así pues, con la justificación del riesgo para la salud y en ausencia de orientación y autoridad reguladora, ya han comenzado los primeros indicios de un control social excesivo. En palabras de los expertos en protección de datos:

En menor medida, también se ven algunos acuerdos en Brasil entre operadores móviles y grandes empresas de big data para ayudar a los municipios a descubrir y evitar aglomeraciones de personas a través de la geolocalización, con empresas que se desarrollan para minimizar los riesgos para ellos y los afectados. (^{Franco et al., 2020})

El Supremo Tribunal brasileño señaló la defensa de la protección de datos en otro caso en el que una medida provisional de la Presidencia autorizó el intercambio de datos de usuarios por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En una decisión reciente, declaró artículos de la Medida Provisional 954 (2020) como inconstitucionales para proteger la privacidad de millones de brasileños. Aunque no sea un caso directamente relacionado con la crisis pandémica, se considera otro precedente importante para la defensa de los derechos individuales frente a los riesgos de la sociedad de control (Sentencia ADIs 6.387, 6.388, 6.389, 6.390 e 6.393, 2020).