INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta resultados parciales del estado del arte del proyecto de investigación Enjambre ODS: educación, innovación e investigación para el desarrollo sostenible regional, financiado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y finalizado en el segundo semestre de 2020. Participaron la Institución Universitaria de Envigado, entidad ejecutora, en alianza con el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam) en calidad de coinvestigadores.

La clínica como “embrión” de una manera de aprender y luego de enseñar se ubica a finales del siglo XVIII en el origen de la medicina como práctica liberal formalizada. De acuerdo con el estudio de ^{Foucault (1989, pp. 68-83)} , el nacimiento de la clínica se presenta en la reorganización de los saberes tradicionales, la necesidad de la enseñanza de la teoría en las universidades y de su formalización para evitar los abusos de los “charlatanes” a la comunidad. En el trabajo de Foucault se relata el tortuoso camino que ha recorrido la formación médica. Desde sus orígenes, la relación entre la enseñanza teórica y la práctica de la medicina entró en conflicto acerca de la decisión sobre la prevalencia de los textos o del contacto directo con el enfermo y el servicio social que presta. La cuestión para destacar es que la clínica ha estado vinculada desde siempre a la experiencia y a la función que presta en el aprendizaje. En este sentido, ^{Foucault (1989)} afirma:

Durante mucho tiempo, sin duda, la experiencia médica permaneció abierta, y supo encontrar, entre el ver y el saber, un equilibrio que la protegió del error: ”En los tiempos remotos, el arte de la medicina se enseñaba en presencia de su objeto y los jóvenes aprendían la ciencia médica en el lecho del enfermo”; estos con mucha frecuencia, estaban alojados en el domicilio mismo del médico, y los alumnos acompañaban a los maestros, mañana y tarde, a la visita de sus clientes. (p. 86)

Incluso, en la actualidad, una discusión muy similar se mantiene en la educación médica clínica que se basa en el “método interactivo entre alumno o residente enfermo - médico” y la formación especializada en tecnologías médicas que aleja al médico del contacto directo con su paciente (^{Aguirre, 2010, p. 47} ). En el mismo sentido, en otras disciplinas que han asumido la enseñanza y aprendizaje clínico, como el derecho, se identifica la discusión sobre la prevalencia o el equilibrio de la formación teórica y la práctica. Así sucedió en los inicios de la clínica en Estados Unidos. En esta discusión es reconocido el escrito de Jerome ^{Frank (1933)} , titulado ¿Por qué no un abogado-clínico?, como reacción a la enseñanza teórica de casos en la Escuela de Harvard en el que se alude a la formación en las facultades de medicina.

Esta referencia inicial a la historia de la clínica, como expresión proveniente de la medicina, tiene la intención de resaltar que el término ha involucrado desde sus inicios la cuestión sobre la importancia de la educación práctica, el contacto con la realidad y su justo equilibrio con la teoría, en la medida en que siempre debe ser su objetivo lograr una impresión significativa en quien aprende y tener como fin la sociedad a quien le sirve.

La educación clínica del derecho aspira a formar a los estudiantes en la práctica profesional a partir del conocimiento de casos reales, lo que implica un compromiso con el conocimiento de los problemas sociales y la formulación de soluciones. En este sentido, afirma ^{Bloch (2013)} : “Las clínicas son también el lugar en donde los estudiantes aprenden sobre la comunidad local y sus necesidades jurídicas, y sobre cómo el derecho y los abogados pueden abordar estas necesidades” (p. 44).

En otras palabras, las clínicas jurídicas son ese espacio en el que docentes, estudiantes y comunidades abordan diversos problemas sociales para proponer soluciones que van más allá del ámbito de las disputas individuales a fin de alcanzar cambios en la manera en que se formula, se interpreta y aplica el derecho. De esta manera, se han convertido en un movimiento global por la justicia social que enfrenta las necesidades e intermedia en su solución.

En este sentido, la historia de la enseñanza clínica posee una importante relación con la educación para la sostenibilidad (en adelante EDS), dado que su fin ha sido poner de presente la importancia de la imprescindible relación entre la enseñanza-aprendizaje y la realidad social, lo cual no difiere de la relación con los asuntos que interesan a la sostenibilidad. En consecuencia, el propósito de este artículo es revisar el trabajo de las clínicas jurídicas y su relación con los asuntos de la sostenibilidad a fin de comprobar la hipótesis sobre su relevancia como actores claves para la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante ODS) en el país y, con ello, como verdaderas mediadoras de la justicia social.

La investigación base que sustenta este trabajo es cualitativa con implementación de la técnica del análisis documental. En un primer momento, se llevó a cabo un trabajo exploratorio y descriptivo de los objetivos, tendencias de la EDS y su relación con los ODS. En un segundo momento, se abordó el análisis de diferentes documentos, entre ellos artículos, capítulos, libros y páginas web de las clínicas jurídicas. Estas fuentes de información fueron fundamentales para establecer y describir el contenido y el alcance del trabajo clínico en el ámbito de la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS. Este análisis permitió integrar el campo del trabajo práctico de la enseñanza clínica con los propósitos de la EDS y establecer sus relaciones y aportes.

En lo que sigue de este trabajo, el estudio se concreta en una explicación general de la EDS, la revisión del trabajo de las clínicas jurídicas en el mundo y su vínculo con la EDS, concretamente los temas de trabajo que guardan relación con los ODS. Luego se examina la agenda actual de las clínicas jurídicas colombianas y su relevancia en la búsqueda de las metas de los ODS. Especialmente, se revisan las clínicas que se declaran de derechos humanos o de interés público¹, debido a que su ámbito de acción tiene mayor vínculo con el cumplimiento de ODS, como asuntos objeto de trabajo de enseñanza y aprendizaje de este tipo de clínicas.

1. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS)

Si se asume, como lo hace la ^{Unesco (2012)}, que “la EDS involucra mucho más que sólo [sic] enseñar el conocimiento y los principios relacionados con la sostenibilidad. En su sentido más amplio, la EDS consiste en educar para generar la transformación social con el objetivo de crear sociedades más sostenibles” (p. 34), entonces es coherente y pertinente una formación basada en la solución de problemas reales que permitan la transformación del contexto en el que se vive. A su vez, esta organización internacional² reconoce que esta modalidad de educación es parte de una educación de calidad y, por ello, se vincula con el contenido, entorno y resultados del aprendizaje (^{Unesco, 2019}).

El origen de la EDS se enmarca en la educación para el desarrollo³, descrita por ^{Mesa (2000)} como “un proceso educativo constante, que favorece la comprensión sobre las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el Norte y el Sur” (p. 23). Y se complementa y retroalimenta con: i) la educación ambiental, en la medida en que ambas cuentan con una matriz común, esto es, la conservación del ambiente y el bienestar humano (^{Alba, 2017)} ; y ii) la educación para la ciudadanía global, por su relacionamiento con la democracia (^{Mesa, 2019}).

En esencia, la EDS pretende armonizar cada una de las denominaciones ligadas al desarrollo justo, equitativo y en paz para lograr un futuro sostenible. Por ello, se proyecta desde la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como uno de los pilares transversales para lograr el cumplimiento efectivo de los ODS.

Uno de los aspectos más relevantes para abordar la materialización y profundidad de la EDS es la aproximación conceptual sobre la sostenibilidad que se desarrolle. ^{Alba (2017)} señala que es fundamental definir esa aproximación. En términos generales, define si se habla de sostenibilidad débil, en la cual los temas ambientales se entienden incorporados al sistema económico, o sostenibilidad fuerte, en la que se intenta que la economía siga las leyes naturales (^{Alba, 2017, p. 17}). Lo interesante es que en esa relación entre la dimensión ambiental y económica, “la dimensión social es la que determina las reglas del juego por medio del conjunto de relaciones que reflejan los valores, creencias y capacidades de los seres humanos y sus organizaciones e instituciones” (^{Alba, 2017, p. 17}).

En todo caso, con miras a integrar las tres dimensiones de la sostenibilidad, la formulación de los diecisiete ODS (figura 1) y sus ciento sesenta y nueve metas fue el logro más importante de la Agenda 2030 aprobada por ciento noventa y tres Estados reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de septiembre de 2015 (^{Naciones Unidas, 2015}). Se trata de una hoja de ruta para los próximos quince años, como una “una agenda transformadora, que pone a la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente” (^{Cepal, 2018, p. 7}).

Fuente: ^{Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (2020)}.

Figura 1 Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 

La Agenda 2030 reitera el compromiso de “proporcionar una educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los niveles de enseñanza” (^{Naciones Unidas, 2015, p. 8}). Para lograr la materialización de ese deber establece el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (^{Naciones Unidas, 2015, p. 16}). Para ello, propone siete metas y tres submetas relacionadas con la calidad; el acceso e inclusión en la enseñanza prescolar y primaria; el acceso igualitario sin discriminación por género o nacionalidad, con especial énfasis a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad; la alfabetización; y construir y adecuar instalaciones educativas de acuerdo con las necesidades de la población (^{Naciones Unidas, 2015, p. 19}). Entre las metas, es fundamental destacar la 4.7. que señala:

De aquí a 2030, hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. (^{Naciones Unidas, 2015, p. 20})

En la vía de cumplir las metas de los ODS, la Unesco contribuye con un modelo educativo basado en tres grandes dimensiones de la EDS: i) el contenido del aprendizaje, es decir, en torno al desarrollo de procesos educativos sobre sostenibilidad y temas relevantes (cambio climático, pobreza y equidad de género); ii) la pedagogía, en la cual se concibe el aprendizaje de un modo interactivo centrado en los estudiantes; iii) la transformación social, que se relaciona con el desarrollo de habilidades en los estudiantes para transformarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven (^{Unesco, 2019}).

Estas tres dimensiones son interdependientes y, en el ámbito universitario, se deben vincular con la transversalidad y multidisciplinariedad de la sostenibilidad. Esto quiere decir que el contenido de los aprendizajes se incorpora a la flexibilidad curricular en tanto integración de áreas del conocimiento; el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la apropiación y el empoderamiento social; la capacitación sobre el desarrollo sostenible para los docentes y el personal administrativo; y la incorporación de los ODS en la gestión administrativa de la universidad, de manera que se propicien procesos educativos y de investigación aplicada que permitan transformar el campus universitario en un laboratorio de la sostenibilidad.

A su vez, la EDS debe integrar en sus dimensiones una mirada amplia e interdependiente de los ODS en el marco de la educación como un derecho humano cuya garantía incide en el disfrute de los demás derechos. Por ello, necesariamente la EDS debe reconocer su rol en la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos y propositivos, con consciencia de que el contexto cultural y ecológicamente diverso debe adecuarse a las formas y procesos tradicionales de las comunidades. En esta perspectiva es importante considerar las clínicas jurídicas como un espacio que no solo es propicio para hacer posible la meta de promover los conocimientos sobre el desarrollo sostenible en la población estudiantil universitaria, sino para alcanzar, a través del fortalecimiento de su trabajo, las trasformaciones necesarias para lograr una sociedad más justa.

Para ello, las clínicas jurídicas, en especial las de interés público, se perfilan como espacios en los cuales se promueve el litigio estratégico o de interés público conforme con el cual la selección de casos, según ^{Correa (2010)} , tiene como fin “generar y promover cambios sociales, así como a reforzar el proceso participativo y democrático empoderando y educando a las comunidades” (p. 191).

En consecuencia, el ODS 4, que busca asegurar una educación de calidad, y el ODS 16, que apunta a promover una sociedad más justa como entorno propicio para el desarrollo sostenible a través de un mayor acceso a la justicia, son objetivos que logran concreción en el trabajo de las clínicas jurídicas. Una mirada general sobre este trabajo es el propósito del siguiente apartado.

2. LA AGENDA DE ALGUNAS CLÍNICAS JURÍDICAS EN EL MUNDO Y LOS ODS

En este apartado se describen brevemente las acciones de las clínicas jurídicas en diferentes partes del mundo. No se trata de una revisión exhaustiva de su trabajo ni pretende hacer una lista detallada de todas las clínicas jurídicas existentes, es más bien una aproximación general que da cuenta de los temas y la relevancia de su labor en el campo de la sostenibilidad a través del litigio de estratégico y sus fines de formación para la justicia social. Esta última cuestión exige una revisión inicial⁴.

La justicia social como el principal valor que promueve la enseñanza jurídica clínica en diferentes partes del mundo es un concepto que puede entenderse por lo menos desde tres perspectivas, lo que a su vez explica la diversidad de asuntos y estrategias que emplean las clínicas para llevar a cabo tal propósito. Estas tres perspectivas son la justicia social como distribución, citando a Rawls, Nussbaum y Sen (2010); como reconocimiento, conforme con Collins, Fraser y Honneth; y como participación, según Young, Miller, Fraser y Honneth (citado en ^{Murillo y Hernández, 2011, p. 12}). La primera definición se refiere a la distribución de recursos materiales y culturales, así como de capacidades. La segunda se relaciona con la idea del reconocimiento y el respeto por cada una de las culturas con base en la existencia de relaciones justas en la sociedad. Finalmente, el tercer concepto asume la justicia social como la posibilidad de la participación de las personas en las decisiones que afectan sus vidas en la sociedad en la que viven (^{Murillo y Hernández, 2011}).

Como se verá más adelante, las clínicas jurídicas vinculan el trabajo por la justicia social a distintas áreas de la sostenibilidad, lo cual a su vez se enlaza las metas de los ODS. En estos escenarios, las clínicas asumen un importante rol como actores del desarrollo que, definitivamente, deben ser tenidas en cuenta dentro del enfoque multiactor de la Agenda 2030 como interlocutores de los Gobiernos (^{Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 47}). Este enfoque promueve la interacción de los Gobiernos con todas las personas interesadas para establecer alianzas que permitan alcanzar las metas de los ODS⁵.

Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Asociación para la Educación Legal Clínica (CLEA por sus siglas en inglés) ha establecido como uno de sus objetivos de su plan estratégico “alcanzar y promover la justicia y la diversidad como valores centrales de la profesión legal” (^{CLEA, 2016}). Por un lado, dicha finalidad se enmarca en lo propuesto por el ODS 4 sobre la inclusión de la diversidad en la educación; por el otro, la educación clínica se convierte en un mecanismo para alcanzar la meta 16.3 del ODS de paz, justicia e instituciones sólidas, relacionado con la garantía del acceso a la justicia para todos en el marco de los Estados de derecho.

En una encuesta nacional realizada por el Centro para el Estudio de Educación Aplicada estadounidense entre los años 2016-17, se encontró que ciento ochenta y siete facultades de derecho encuestadas reportaron un total de 1,433 clínicas jurídicas que trabajan en diferentes temas. Todas las facultades, excepto cuatro, afirmaron tener por lo menos una clínica jurídica (^{Csale, 2017}). Son treinta y ocho diferentes temas en los que se enfocan las clínicas jurídicas. Sin embargo, la mayoría de ellos tienen relación con las cuestiones abordadas por los ODS:

Como ejemplo de este trabajo, es pertinente citar la labor de la clínica jurídica de la Universidad de Berkeley en el campo de los derechos humanos. Los temas objeto de intervención son la equidad de género, paz y justicia transicional, responsabilidad empresarial, cambio climático, acceso al agua, y reducción de la contaminación (^{Universidad de California, 2019}). Por su parte, en la Universidad de Yale, existen alrededor de veinticinco clínicas jurídicas trabajando en diferentes áreas del derecho, entre las que se destacan: violencia de género (Clínica de Violencia de Género Beshar-Lehner), medio ambiente (Clínica de Protección Ambiental), derechos humanos (Clínica Internacional de Derechos Humanos de Lowestein) y desarrollo económico comunitario (Centro Ludwig para el Desarrollo Económico y Comunitario) (^{Facultad de Derecho de Yale, 2019}).

En la Universidad de Harvard también existe un buen número de clínicas enfocadas en temas priorizados en los ODS. Estos temas son educación de calidad e inclusiva; ambiente y energía; y seguridad alimentaria (^{Universidad de Harvard, 2019})⁶. A estas temáticas se suma la Universidad de Chicago, cuyas clínicas trabajan en temas relacionados con la protección ambiental, pobreza y acceso a la vivienda (^{Universidad de Chicago, 2019}). Asimismo, en la Universidad de Minnesota hay dos clínicas que se enfocan en temas ambientales y energía, así como en derechos humanos (^{Universidad de Minnesota, 2019}).

También es importante resaltar que, en los Estados Unidos, las clínicas jurídicas apuestan por los desarrollos tecnológicos tendientes a facilitar acceso a la justicia de los usuarios. En la Facultad de Derecho de Chicago-Kent se han desarrollado varias iniciativas en conjunto con otras organizaciones que incluyen el desarrollo de un software en el que los usuarios pueden construir e implementar modelos de automatización de documentos que permitan, por un lado, generar nuevos contenidos automatizados en páginas web de asesorías legales y, por el otro, producir entrevistas guiadas y otros recursos técnicos que organizaciones legales pueden usar para reducir las barreras de acceso a la justicia para las personas de más bajos recursos (^{Facultad de Derecho de Chicago-Kent, 2019}).

Otra gran innovación tecnológica ha tomado lugar en el Centro Jurídico Georgetown en el que los estudiantes han desarrollado aplicaciones en páginas web que les ayudan a las personas a identificar y entender los problemas legales que enfrentan y evaluar sus opciones legales. Por su parte, la Ayuda Legal en Línea de Illinois (ILAO) ha creado un juego que ayuda a las personas a entender cuestiones relacionadas con desalojos (^{Universidad de Manchester, 2016, p. 14}).

En el mundo anglosajón también es importante citar las clínicas universitarias en Canadá, país en el que desde 1970 se fortaleció la creación de clínicas enfocadas en temas de interés público (^{Giddings et al., 2013, p. 59} )⁷. Existen muchos ejemplos del trabajo clínico en Canadá. Vale resaltar la Asociación Canadiense de Educación Clínica Legal⁸ que tiene en cuenta temas de género y, en general, sobre la defensa de los derechos humanos (^{Accle, 2019}).

En otros continentes donde los programas de cooperación estadounidense influenciaron la creación de clínicas jurídicas, como es el caso en el Sur de África y el Sur de Asia, se encuentran también ejemplos importantes del papel de las clínicas universitarias en el campo de los ODS. En el primer caso, Sur de África, las acciones de las clínicas se han dirigido principalmente a ponerle fin a la pobreza, la reducción de las desigualdades y la ampliación del acceso a la justicia de comunidades en condición de vulnerabilidad⁹. En el segundo caso, en el Sudeste Asiático, el común denominador ha sido el trabajo por una mejor educación legal y el desarrollo de programas de justicia comunitaria¹⁰.

En el caso de Europa, la reflexión sobre la necesidad de la enseñanza práctica en las facultades de derecho se presentó hasta finales de los años noventa gracias al proceso de Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (^{Blázquez, 2013})¹¹. Desde el año 2012, se puede decir que se expandió la educación clínica en la Europa occidental y para el año 2016 habían alrededor de cien clínicas legales en varios países de la región (^{Alemanno y Khadar, 2018}). Ello estuvo acompañado de la creación de la Red Europea para la Educación Clínica Legal (Encle) en 2012, que incrementó la visibilidad y aceptación de la enseñanza clínica en la región; en Reino Unido y Polonia la Educación Clínica es significativamente extendida (^{Alemanno y Khadar, 2018}).

En el Reino Unido, por ejemplo, actualmente las clínicas se enfocan en el trabajo probono y la mayoría están organizadas a través de una red de clínicas jurídicas llamada Law Works Clinic Network. En marzo de 2018, esta red estaba conformada por doscientas veintinueve clínicas legales activas. Para este año, el 35 % de las clínicas jurídicas se concentraban en el área de familia, en especial en la asesoría sobre violencia doméstica, trabajo que encaja en las metas del ODS 16 sobre la “reducción de todas las formas de violencia”. Un 17 % se dedica a asesorar en cuestiones de derecho laboral, trabajo que resalta su papel como actor clave en el cumplimiento del ODS 8 sobre “trabajo decente y crecimiento sostenible” (^{Naciones Unidas, 2020}). Y un 15 % atiende casos relacionados con el acceso a vivienda, cuyo enfoque en la pobreza guarda directa conexión con el ODS 1 sobre la “reducción de la pobreza” (^{Lawworks Clinics Network, 2018}). Las clínicas jurídicas de la Universidad de Sussex (^{Universidad de Sussex, 2019}), Bristol (^{Universidad de Bristol, 2019}), Essex (^{Universidad de Essex, 2019}) y SOAS son las clínicas más sobresalientes en el país con relación a su trabajo en diversos temas de derechos humanos.

Cabe señalar, como otro ejemplo en la región europea, el trabajo de la enseñanza clínica en España. En este país se creó una red que alberga alrededor diecinueve de clínicas jurídicas (^{Red Española de Clínicas Jurídicas, 2020}). Debe citarse, por ejemplo, la Clínica Jurídica de la Universidad de Oviedo cuya actividad está centrada “en los objetivos de desarrollo sostenible desde una perspectiva jurídica” (^{Universidad de Oviedo, 2020})¹². Aunque son muchos los ejemplos en este país, cabe resaltar las acciones relacionadas con la atención de población con VIH o sida que está en consonancia con el ODS 3, “salud y bienestar”, a través de la meta de poner fin a la epidemia del sida (^{ONU SIDA, 2020}). Tal es el caso de la clínica jurídica de la Universidad de Alcalá y de la Clínica Jurídica Loiola de la Facultad de Derecho en la Universidad de Deusto. Estas instituciones prestan acompañamiento a personas con VIH, lo que incluye sesiones de apoyo, atención en casos ante la justicia y la elaboración de folletos en diferentes idiomas para informar sobre sus derechos (^{Ramiro y Ramírez, 2018}).

Por su parte, en Latinoamérica¹³ existe una importante presencia de clínicas jurídicas universitarias, impulsadas en su momento por la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas de Interés Público¹⁴. La agenda temática de las clínicas jurídicas en Latinoamérica gira en torno del interés público (^{Castro-Buitrago et al., 2013}) y la exigibilidad de los derechos humanos. Entre las iniciativas que mueven a las clínicas jurídicas de la región está la protección de los derechos humanos, siempre teniendo como enfoque de fondo el trabajo por la consecución de un mejor acceso a la justicia de las minorías y de personas o grupos en condición de vulnerabilidad.

En un contexto más amplio como el iberoamericano, lo que incluye las clínicas de las universidades españolas, ^{Londoño (2015, pp. 98-116)} identifica los temas prioritarios de derechos humanos abordados en el trabajo clínico, todos ellos con una estrecha relación con la consecución de la metas de los ODS. En materia de derechos civiles resaltan los derechos políticos, el acceso a la información, la lucha contra la discriminación, la objeción de consciencia, la memoria, la justicia transicional y la atención a víctimas del conflicto. En lo relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, es relevante el trabajo en derecho a la salud y a la alimentación para los niños y las niñas, y el derecho a la vivienda. Por último, en lo que respecta a la defensa de los derechos colectivos se identifican el derecho a un ambiente sano, derechos de los consumidores y usuarios de servicios públicos. En el mismo sentido, se indican los grupos poblaciones que atienden las clínicas jurídicas iberoamericanas: mujeres, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y desplazados, personas mayores, población Lgbti, pueblos indígenas, afroamericanos y comunidades tribales, víctimas de trata de personas y reclusos (^{Londoño, 2015, pp. 116-130}).

En síntesis, con los ejemplos citados es posible aproximarse a señalar que, en gran parte del mundo, las clínicas jurídicas han venido adoptando un importante rol de promoción y acción en la defensa de los derechos humanos vinculados con los ODS, siempre conectando sus acciones con la transformación social a través del trabajo por una justicia de calidad. Así lo comprueba, incluso, Naciones Unidas al vincular el trabajo clínico con los ODS. En el año 2017, se creó el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocado en identificar retos, oportunidades y mejores prácticas relacionadas con el Objetivo 16. En el marco de este fondo, tuvo lugar un proyecto llevado a cabo por las universidades de Navarra y Pensilvania, en el que, a través del análisis de los resultados de las actividades clínicas, pudieron concluir que la falta de acceso a la justicia socava el logro de los ODS (^{SDFG, 2019}).

En este punto es importante señalar que con la anterior síntesis no se quiere afirmar que todas las clínicas jurídicas estén de acuerdo con el concepto y modelo de desarrollo promovido por los ODS y la Agenda 2030. Puede incluso que existan posiciones en contra de la manera en que se plantean sus metas y se promueven en cada país. Alineadas o no al modelo de desarrollo impuesto, lo cierto es que las clínicas jurídicas centran su labor en los temas clave para alcanzar una sociedad más justa, lo que implica mayor bienestar para todas las personas. Su trabajo de mediación entre gobiernos y comunidades, desde diferentes ópticas locales que llegan a cuestionar la perspectiva hegemónica del desarrollo, merece un análisis más profundo que va más allá de este estudio.

3. EL TRABAJO DE LAS CLÍNICAS JURÍDICAS COLOMBIANAS Y LOS ODS

Los temas que asumen las clínicas colombianas son en gran parte similares a los abordados por las demás clínicas en el mundo, por lo que podría decirse que, al igual que la Agenda 2030, la enseñanza clínica posee una agenda global cuyo principal eje es la educación para la justicia social (^{Bloch, 2013}).

El movimiento clínico inicia en el país a finales de los años noventa del siglo pasado (^{Castro-Buitrago et al., 2013, p. 150} ) y logra una importante expansión a finales de la primera década del presente siglo con la creación de la Red Colombiana de Clínicas Jurídicas de Interés Público en 2009 (^{Londoño, 2015, p. 92} ). En su origen fue fundamental el impulso dado por la aprobación de la Ley 472 de 1998, que reguló las acciones populares y permitió el litigio de los estudiantes de derecho gracias a la introducción de la figura de la legitimación activa amplia (^{Castro-Buitrago, 2015, pp. 74-75}). En consecuencia, los primeros asuntos de estudio y de ejercicio de defensa fueron los relacionados con los derechos colectivos, entre ellos el derecho a un ambiente sano y el equilibrio ecológico, la moralidad administrativa, la defensa de los bienes y el espacio público, salubridad y seguridad públicas (^{Londoño, 2009}; ^{Londoño, Castro y Olarte, 2002)}.

En la última década, aunque gran parte de los casos tramitados tienen que ver con la defensa de los derechos colectivos, estos asuntos son abordados desde la protección de los derechos de población específica, como es el caso de las personas en condición de discapacidad, población desplazada y víctimas del conflicto interno, personas mayores, mujeres, niñas y niños, población Lgtbi, habitantes de calle y migrantes. En este contexto, puede identificarse el fortalecimiento del estudio de casos clínicos en el marco del derecho de los derechos humanos con un enfoque diferencial (^{Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, 2019}). En especial, debe mencionarse la labor de las clínicas en la construcción de paz en el contexto del posacuerdo a partir del litigio estratégico para la defensa de los derechos de las víctimas como el derecho a la participación, la reparación administrativa, la restitución de tierras y el trabajo comunitario para la búsqueda de la paz (^{Castillo, 2018}).

El estudio de los casos, los objetivos perseguidos y los éxitos alcanzados por las clínicas jurídicas del país dan cuenta del importante papel que han asumido como actores clave para la transformación social, pero, sobre todo, para alcanzar una educación de calidad (^{Molina-Saldarriaga et al., 2015}). Con ello, han contribuido con la meta 4.7 del ODS 4 de asegurar el conocimiento teórico y práctico para la promoción del desarrollo sostenible en los temas de “derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural” (^{Cepal, 2018, p. 22}). En este sentido, puede afirmarse que, en concreto, la enseñanza clínica en Colombia tributa al tercer eje de la EDS¹⁵:

(3) Aumentar la comprensión y conciencia pública en relación con la sostenibilidad. Para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible es necesario contar con ciudadanos que estén informados acerca de la sostenibilidad y de las acciones diarias necesarias para alcanzar los objetivos de ésta a nivel comunitario y nacional. Es preciso educar a la comunidad en general y contar con medios de comunicación responsables que estén comprometidos con alentar a un pueblo, informado y activo, a aprender a lo largo de la vida. (^{Unesco, 2012, p. 35})

Para alcanzar los propósitos del tercer eje de la EDS, el trabajo clínico que han desarrollado las facultades de derecho en Colombia y en el mundo sin duda es un modelo inspirador. En la actualidad, treinta y una instituciones de educación superior promueven la educación jurídica clínica y se identifican treinta y seis clínicas jurídicas activas a 2020.

En la tabla 1 se indican las clínicas jurídicas de interés público existentes en el país, los temas de trabajo y las instituciones de educación superior a las que pertenecen.

Como se aprecia en la tabla 1, los temas de trabajo de las clínicas jurídicas colombianas tienen conexión con los asuntos y derechos que involucran los ODS. Para una mejor ilustración, la figura 2 presenta la relación entre los asuntos que tramitan las clínicas y los ODS a los cuales tributan.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2 ODS y clínicas jurídicas colombianas 

Todas las clínicas abordan sus casos bajo el enfoque de los derechos humanos y la promoción de la justicia social, con lo cual su trabajo puede relacionarse, de manera general con el marco de las metas del ODS 16 (^{Naciones Unidas, 2020}), sea porque se alinean al modelo propuesto o para cuestionarlo al exigir una justicia eficaz en conexión con los reclamos de los usuarios atendidos. A partir de allí, no es fácil relacionar el trabajo de las clínicas jurídicas de manera exclusiva con un ODS. Los temas y asuntos particulares objeto de litigio estratégico son tramitados con miras a alcanzar diversos tipos de garantías de derechos que, con sus resultados, a su vez avanzan en la obtención de algunas metas correspondientes a distintos ODS.

En este sentido, por ejemplo, las clínicas jurídicas que centran su labor en los temas ambientales tramitan causas que no solo tienen que ver con la acción por el clima, la protección de los ecosistemas terrestres y la vida submarina, sino que vinculan, entre otros asuntos, las cuestiones sobre la educación de calidad, la reducción de la pobreza y de las desigualdades (^{Cepal, 2020a}). Lo mismo podría decirse de las clínicas jurídicas que defienden los derechos de las personas con discapacidad, cuyos casos necesariamente se refieren a la reducción de la pobreza y desigualdades, el trabajo decente y la necesidad de ciudades y comunidades inclusivas (^{Cepal, 2020b}). Lo anterior confirma que no es posible desarrollar estrategias en el marco de los ODS sin una perspectiva de integralidad.

Aun teniendo presente la variedad de asuntos tramitados y la interdependencia de los ODS que pueden estar involucrados con el trabajo de las clínicas colombianas, la figura 2 aproxima una representación de los temas objeto de su acción y los ODS con mayor vinculación. Como se aprecia, teniendo como fundamento los propósitos de mayor y mejor acceso a la justicia (ODS 16), las clínicas jurídicas han dirigido su atención en mayor medida a casos que se relacionan con la desigualdad social (ODS 10), los conflictos que afectan la protección ambiental y los problemas de igualdad de género (ODS 5).

Este importante trabajo que han llevado a cabo las clínicas jurídicas de interés público y derechos humanos por veinte años en el país requiere su reconocimiento como actor clave a ser tenido en cuenta en la toma de decisiones que involucran el fortalecimiento de la EDS en Colombia. En la revisión de literatura que sustenta este trabajo, sin embargo, no se encontró evidencia de documentos que relacionaran la enseñanza clínica del país con la EDS o con estrategias para alcanzar las metas internas para alcanzar los ODS, tal y como se formuló en el documento Conpes 3918 (^{Departamento Nacional de Planeación, 2018}).

Este hallazgo permite sostener que la enseñanza clínica no ha alcanzado su reconocimiento como un ejemplo de educación jurídica clave para ser promovido por las políticas de educación nacionales y regionales, así como por las políticas vinculadas al logro de las metas de los ODS. En este escenario, se devela la deuda que el Ministerio de Educación Nacional y demás entidades encargadas tienen de alcanzar las metas de los ODS en el país con la promoción y fortalecimiento del trabajo de las clínicas jurídicas. Esta evidencia, a su vez, plantea el desafío para las clínicas jurídicas de ser reconocidas en su rol de mediadoras de la justicia social en el país y de actor relevante en la discusión sobre la obtención de las metas de los ODS.

CONCLUSIONES

La enseñanza clínica, ya sea en las ciencias médicas o en el campo del derecho, resalta la necesidad de una educación dirigida a la resolución de problemas reales que permita un entorno de aprendizaje significativo. En especial, el trabajo de las clínicas jurídicas en el mundo y concretamente en Iberoamérica posee un valioso papel en el diálogo para alcanzar las metas trazadas en la Agenda 2030 y los ODS. Como se advirtió desde un principio, la diversidad de temáticas en las que las clínicas desarrollan su trabajo no solo permite relacionarlas con los ODS 4 y 16 -en tanto su rol en la promoción de una educación jurídica de calidad y proveedores de servicios de asistencia jurídica para alcanzar mejores indicadores de acceso a la justicia de la población menos favorecida-, sino que es posible ubicarlas como agentes clave que desarrollan buenas prácticas para la implementación de varios ODS, como igualdad de género, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo resposable, trabajo decente, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, entre otros.

La relación dialógica entre la EDS y la enseñanza clínica permite a su vez fortalecer los procesos pedagógicos en la medida que promueve la inclusión del enfoque de la sostenibilidad, la articulación y trabajo colaborativo entre disciplinas y favorece, por lo tanto, la implementación de estrategias innovadoras y de calidad para la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la transformación social desde los pilares de justicia, equidad e inclusión. Estos aspectos son esenciales en el contexto colombiano marcado por la discriminación, la violencia y la inequidad, en el cual los espacios educativos como los que promueve la enseñanza clínica contribuyen con alternativas de solución a problemas estructurales por medio del estudio integral y relacional de los conflictos sociales.

En este orden de ideas, el trabajo de las clínicas jurídicas en el país requiere de un mayor reconocimiento en el marco de la consecución de los propósitos de la EDS. Estos aportes coinciden con los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS, máxime si se tiene presente que esta forma de enseñar tiene fundamento en la justicia social como fin que guía todas las prácticas educativas. Ese reconocimiento y promoción permitiría desarrollar criterios específicos que contribuyan a valorar el cumplimiento de la meta 4.7 del ODS 4.