1.1 El acto de juzgar¹

¿Qué es juzgar? Cuando se pretende realizar un acercamiento al concepto de decisión o de juzgamiento dentro de una órbita judicial, este nos lleva, por regla general, a situarnos en un plano jurídico procesal, donde los interrogantes que más se analizan y discuten giran en torno a la estructura lógica misma de la sentencia, toda vez que es este el instrumento que condensa la decisión o bien conocido como el acto de juzgamiento. Ahora bien, quien juzga lo hace a partir de un análisis del proceso y de los elementos de prueba aportados, y a partir de esto se pronuncia de fondo con aras a finalizar el conflicto al insertar un concepto de justicia al caso singular.

Cuando se intenta una suerte de definición acerca de lo que se entiende por decisión judicial, parece que la mayoría de los doctrinantes procesalistas concuerdan con una postura racionalista. En este sentido, definen que la sentencia es una mera construcción lógica, donde existen unos supuestos facticos y jurídicos y donde el juez, a través de un ejercicio de subsunción o razonamiento, convierte la regla general y abstracta contenida en la ley en un mandato preciso para el caso concreto², esto es, lo que Kant nombró como juicio determinante (entscheidendes Urteil), el cual consistía en aplicar la ley a un caso concreto.

En este sentido, ^{Devis (1963)} definió “toda sentencia es una decisión y el resultado de un razonamiento o juicio del juez en el cual existen las premisas y la conclusión.” (p. 350). Por otro lado, Martín ^{Agudelo (2007)}, la define como “un acto procesal que pone fin al proceso jurisdiccional, por medio de un juicio lógico y un acto de voluntad” (p. 389). Se puede concluir que estas tesis no pretenden alejarse de una órbita racionalista, pero se puede observar cómo en estas definiciones ambos autores insertan el vocablo juicio como elemento estructural de la decisión judicial.

En un sentido débil, juzgar significa³ opinar sobre algo. Por ello, el filósofo francés Paul ^{Ricoeur (1997)} hace un análisis más profundo del vocablo y plantea un grado de fuerza manifiesta del concepto, el cual debe ser entendido como “el encuentro del aspecto subjetivo y el aspecto objetivo del juicio”⁴ (p. 184). Esto significa que las proposiciones que se plantean son consideradas como verdaderas y se sumergen en un contexto de justicia y de legalidad, pero a estas proposiciones se debe adherir un sujeto con el objetivo de darle trascendencia en un plano material.

Es así como el filósofo francés nos sumerge en el paradigma del juicio⁵ como elemento del acto de juzgar. En este sentido, plantea al igual que Descartes en sus meditaciones metafísicas, que “el juicio procede de la conjunción del entendimiento y de la voluntad: el entendimiento que examina lo verdadero y lo falso y la voluntad que decide” (^{Ricoeur, 1997, p. 184}). Es en este punto donde se encuentra el sentido más profundo de la palabra juzgar, ya que no debe ser entendida como una mera opinión o valoración, sino como el acto mediante el cual se toma una postura y se decide sobre algo; en lo judicial es el sustento de la sentencia.

En este punto encontramos cómo el vocablo juzgar se inserta en el espectro de lo judicial, ya que el “juicio interviene en la práctica social en el nivel del intercambio de discursos [...] al amparo del fenómeno principal de esta práctica central que es el proceso” (^{Ricoeur, 1997, p. 184}). Por ello, cuando se habla de juzgar en el ámbito judicial, dicho vocablo tiene mayor fuerza, como lo plantea ^{Ricoeur (1997)}: “el acto de juzgar expresa la fuerza del derecho merced a la doble relación entablada con la ley”⁶ (p. 185).

El acto de juzgar se deriva entonces de un acto “reflexivo”, en el cual se recapitulan todas las acepciones usuales: se opina, se valora, se toma por verdadero o justo y, por último y más importante, se sentencia para poner fin al proceso jurisdiccional. ^{Ricoeur (1997)} ha expresado que, “en los límites estrictos del proceso, el acto de juzgar aparece como la fase terminal de un drama” (p. 185).

En este sentido, se puede observar cómo el acto de juzgar se deriva en el fenómeno con miras a poner fin al conflicto en el cual se ven inmersos los sujetos; delimita así las pretensiones de cada sujeto procesal al corregir y aplicar una justicia al caso concreto.

Es por esta razón que el acto de juzgar no puede ser visto como un mero producto lógico, ya que se estaría dejando a un lado la conjunción del entendimiento y de la voluntad y el nivel del intercambio de discursos. Cuando se está inmerso en el acto reflexivo del juicio, se debe tener una particular sensibilidad por todos los fenómenos que erigen el proceso. Mediante este proceso reflexivo se pretende captar la esencia, penetrar en la médula misma y comprender la realidad del proceso judicial.

Ahora bien, cuando en lo judicial se habla de la decisión que pone fin al conflicto, se debe observar la dialéctica⁷ que forma el proceso judicial, ya que este es el resultado de un complejo acto dialógico donde se ven múltiples protagonistas inmersos en un dialogo. A su vez, es deber del sujeto cualificado para tomar la decisión (juez) analizar y decantar ese diálogo en el que se constituyó el juicio, para poder dar argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder.

De esta manera, nos situamos en lo que llamaremos la dicotomía del juicio. Esto hace referencia a estar ubicado en la delgada línea entre el juicio determínate (entscheidendes Urteil), el cual consta de conocer más la regla que el caso, y el juicio reflexivo (analytisches Urteil), que consiste en conocer más el caso que la regla a aplicar. Sin embargo, es indudable que el sujeto cualificado debe situarse en una justa posición y sentenciar. En este sentido, surge un interrogante sobre cómo se dirime la dicotomía del juicio.

^{Ricoeur (2008)} planteó una reflexión que ofrece un punto de encuentro para afrontar este paradigma, y es a partir del acto de argumentar e interpretar el caso:

Los silogismos prácticos⁸ están entremezclados en el trabajo de la imaginación, que juega sobre variaciones de sentido de la regla o el caso. Se trata de una mezcla de argumentación e interpretación, el primer vocablo designa el lado lógico del proceso, deducción o inducción, el segundo Vocablo, pone el acento sobre la inventiva, la originalidad, la creatividad. Esta mezcla merece ser llamada aplicación: aplicar una regla a un caso, o encontrar una regla para un caso, es en los dos casos, producir sentido. (p. 201)

En este punto, cabe anotar que la toma de decisión por parte del sujeto cualificado está mediada por el análisis del acto dialógico de las partes inmersas en la Litis. En este contexto, a través de un acto interpretativo y argumentativo, puede situar el juicio según sea el caso: en un acto determinante o reflexivo, pero sin duda con vocación de producir sentido y, en consecuencia, de generar un acontecimiento en la vida de los sujetos inmersos en el proceso. Cuando el juez pronuncia una palabra con vocación de justicia está trasformando y generando un acontecimiento en la realidad de los sujetos.

En este sentido ^{Dworkin (1992)} expresó que

juzgar es un arte y no una ciencia, que el buen juez mezcla analogía, habilidad, sabiduría política y el sentido de su rol en una decisión intuitiva, que “comprende” mejor el derecho de lo que puede explicarlo, de modo que su opinión escrita, por cuidadosamente razonada que esté, jamás capta toda su perspicacia. (p. 21)

Para abordar con mayor profundidad el fenómeno del acto de juzgar, es necesario analizar y reflexionar acerca de sus fines. Cuando se juzga se está generando un acontecimiento en la vida de los sujetos procesales, pero se debe observar detenidamente los fines que subyacen a este fenómeno.

1.2 Los fines del acto de juzgar en lo judicial

¿Cuál es el fin del acto de juzgar? Se debe partir de la idea de que dicho acto tiene dos finalidades: una inmediata, que busca poner fin a la incertidumbre de los sujetos inmersos en el proceso, y una finalidad mediata, que busca la aportación de armonía y paz a la sociedad.

Se propone iniciar este análisis desde la finalidad inmediata, donde el acto de juzgar es visto como el fin del conflicto y de la incertidumbre que genera el proceso judicial. ^{Ricoeur (1997)} planteó que, detrás de cada proceso jurisdiccional, hay “conflicto, disenso, querella, litigio; y en el trasfondo del conflicto hay violencia” (p. 187).

Siguiendo adelante con lo expuesto, se hace necesario preguntarse qué se entiende por el vocablo proceso, pues en este se desarrolla una cadena de fenómenos que ha de servir en la construcción de la sentencia judicial. Ahora bien, definir este vocablo resulta complejo. Basta ver el cúmulo de definiciones que se intentan, y se puede observar, por lo menos, que los doctrinantes encuentran gran dificultad en definir lo que significa el proceso. En este sentido, Beatriz ^{Quintero (2000)} expresó:

La complejidad de su esencia contamina de complejidad y de asombro el simple vocablo nominador. A veces se llega hasta el empleo de vocablos que no hacen parte de la ciencia del derecho. Salvatore Satta habla del proceso como un misterio. Calamadrei lo señala como un juego. Carnelutti lo menciona como “la miseria de las hojas secas de un árbol. (p. 218)

^{Ricoeur (1997)} definió el proceso como “la forma codificada de un fenómeno más amplio, a saber, el conflicto” (p. 186). En este sentido, podríamos decir que el proceso judicial es un camino, el cual germina a partir de una acción que esconde violencia⁹, y es ahí donde ese fenómeno llamado proceso se inicia, se transforma o llega a ser el fin mismo de este acontecer. Así, se debe tener presente que la “función primaria del proceso es transferir los conflictos del nivel de violencia al del lenguaje y el discurso” (^{Ricoeur, 2008, p. 207}).

Si bien el fin inmediato del acto de juzgar es poner término a la incertidumbre de los sujetos inmersos en el proceso como se ha planteado anteriormente, debemos observar cómo ese fin no puede ser el eslabón de continuidad de un sentimiento de venganza oculto en el ideal de justicia. Es así como toma relevancia el papel del juzgador, ya que él debe estar inmerso en la virtud de la prudencia —o, como lo definió la escolástica, “en la recta ratio agibilium¹⁰”—, que no es más que la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, pero siempre con miras a actuar respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las personas inmersas en el conflicto.

En este punto el juzgador debe situar a las partes en su justa posición, así como analizar y decantar los argumentos de cada uno de ellos para poder proferir una palabra de justicia, la cual se encuentra libre de vestigios de venganza, fue guiada por la recta ratio agibilium y su fin es poner un alto al litigio desencadenado.

Salvador ^{Nava (2010)} expresó:

La sentencia […], no solo es la decisión judicial que pone fin a un conflicto sometido al conocimiento de un juez o tribunal; es también el documento que contiene tal acto decisorio y, en cuanto tal, es la forma en que los tribunales de justicia expresan su voz; el instrumento por el que la jurisdicción se manifiesta primordialmente y cuyo contenido lleva el mensaje, la orden, no solo a las partes en litigio sino también a la ciudadanía en general, de lo que el Derecho es. (p. 55)

Se plantea entonces el interrogante acerca de la finalidad última del acto de juzgar, el cual busca la aportación de armonía y paz a la sociedad. En este sentido, ^{Ricoeur (1997)} plantea que el fin último del acto de juzgar debe ser visto como un acto de reconocimiento entre los sujetos inmersos en el conflicto¹¹.

El acto de juzgar alcanza su meta cuando el que ha ganado el proceso aún se siente capaz de decir “mi adversario, el que ha perdido, sigue siendo un sujeto de derecho como yo; su causa merecía ser escuchada; él tenía argumentos plausibles y éstos fueron escuchados”. (p. 188)

En este punto se puede preguntar acerca del fenómeno de la legitimidad en el acto de juzgar. Si el acto de juzgar encuentra su meta cuando los sujetos del proceso se comprenden y se reconocen en el instrumento (sentencia) que condensa el acto de juzgamiento, se puede decir que ellos mismos están legitimando el juicio que realizó un tercero (juez). De ahí se puede derivar una hermenéutica del texto judicial, por lo que se hace necesario analizar el fenómeno de la legitimidad y cómo este permea todo el acto de juzgar.

2.1 Aproximación al concepto de legitimidad

Siguiendo adelante con la exposición que se ha venido desarrollando, es necesario situar esta disertación a partir del concepto de legitimidad. Ahora bien, a lo largo de este texto se ha desarrollado el concepto del acto de juzgar y se ha podido observar cómo este cumple un papel preponderante en la órbita de lo judicial, pero en este punto es necesario analizar y reflexionar acerca de la legitimidad del mismo. Así las cosas, debemos preguntarnos ¿por qué el acto de juzgar debe ser legítimo?

^{Ricoeur (2008)} ha manifestado, en este contexto, que el juicio puede encontrar su grado de legitimidad, porque el juez está revestido del “derecho y del poder de enunciar la palabra de justicia” (p. 207). Así pues, vemos que la legitimidad se constituye con el poder que el soberano le atribuye al juez para que pueda dictar dicha palabra.

En este sentido, “[a]llí donde hay una reivindicación de legitimidad, se recurre a la retórica del discurso público con una finalidad de persuasión¹²” (^{Ricoeur, 2002, p. 353}). La palabra justicia pronunciada por el juez busca persuadir a los sujetos inmersos en el conflicto y legitimar su juicio o sentencia.

Si bien Ricoeur hace una suerte de acercamiento al concepto, es necesario ir a la raíz del vocablo legitimidad y observar diferentes posturas que permitan abstraer los elementos necesarios para llegar a un entendimiento más puro del concepto.

^{Weber (2005)} planteó que el concepto de legitimidad va relacionado intrínsecamente con los conceptos de obediencia y poder. Para él, la obediencia es vista como “si el contenido del mandato se hubiera convertido, por sí mismo, en máxima de conducta; y eso únicamente en mérito de la relación formal de obediencia, sin tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del mandato” (p. 171). A partir de lo anterior, esta obediencia subyace bajo la Constitución política de los Estados constitucionales; este es el instrumento que acatan tanto ciudadanos como autoridades estatales.

Asimismo, el poder se presenta como un elemento que legitima la fuerza, pero esta debe ser entendida como una fuerza que emana de una autoridad legítima. Por ello, Bobbio y Bovero (1984) plantean lo siguiente:

El Estado, es conocido, como el detentador del monopolio de la fuerza legítima, y no solo de la fuerza, significa que la sola fuerza no es suficiente pues es necesario que la fuerza sea acompañada o precedida de razones tales de su ejercicio que hagan de la obediencia de los destinatarios de poder no una pura y simple observancia externa sino una aceptación interna. (p. 26)

Ahora bien, para Weber la legitimidad es el reflejo de la obediencia hacia los mandatos ejercidos por un ente legalmente constituido¹³, es decir, el poder queda de hecho superado por un poder de derecho instituido y regulado por normas.

Otro aspecto relevante en el análisis del concepto de legitimidad es el de la función que este cumple. Para los filósofos italianos, Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero (1984), la “legitimidad tiene, la función de transformar una relación de fuerza en una relación de derecho” (p. 21).

Así pues, la legitimidad legal debe ser entendida como aquel elemento que limita la fuerza despótica e incontrolada y hace que cada actuación de fuerza ejercida por el Estado sea debidamente reglada mediante normas que tengan en su núcleo un elemento de razón y justicia, que metafóricamente sirvan de exclusas al desborde de la fuerza estatal.

De esta manera, “en todo grupo social se generan relaciones de poder, y algunos de los actores pretenden erigirse en autoridad frente a otros, dominar a otros, pero los miembros de un grupo obedecen a aquella autoridad que se torna legítima” (^{Zuluaga y Zuluaga, 2018, p. 269}).

Basado en lo anterior, se concluye que el concepto de legitimidad descansa en un fenómeno de poder. Mediante esta legitimidad, el poder de hecho se convierte en un poder legal o de derecho (Herrchaft)¹⁴, debido a que los sujetos autorizan a un destinatario (llámese Estado) para que sea el único detentador del poder legítimo mediante una estructura u organización de mando¹⁵.

Ahora bien, es necesario situar esta discusión en el plano jurídico, pues es ahí donde parece que el acto de juzgar encuentra sus raíces y se erige a partir de este.

2.2 El derecho y el fenómeno del poder

En este punto, se debe plantear la pregunta: ¿Qué relación tiene el poder con el derecho? Sin duda, el derecho y el poder van intrínsecamente relacionados puesto que el uno se nutre del otro; es por esta razón que “el poder sin derecho es ciego y el derecho sin poder queda vacío” (Bobbio y Bovero, 1984, p. 26).

Ahora bien, de esta cita se debe analizar cómo el poder se puede insertar en la sentencia judicial, ya que esta es una manifestación de derecho. Por ende, su fin inmediato es erradicar el conflicto e instaurar un orden que fue transgredido.

El derecho ha sido visto a lo largo de la historia como un instrumento de organización social, el cual surge como un medio de regulación y solución pacífica de los conflictos sociales. Ahora bien, es necesario observar la base misma del derecho, la cual se cimienta en el conflicto de los individuos. En este sentido, si el acto de juzgar busca erradicar el conflicto, ese acto debe contar con un medio que le permita imponer fuerza a su juicio para poder erradicar la violencia; es así como el poder y el derecho se van entrelazando.

^{Kelsen (2009)} planteó que el poder se ve inmerso en las normas del ordenamiento jurídico, ya que estas son “producidas por un acto particular de imposición” (p. 205). En este acto de imposición media un acto de poder y de obediencia, de lo cual germina el fenómeno de legitimidad.

El jurista austriaco parte de que el fenómeno de legitimidad en el derecho se da siempre y cuando medie un acto coactivo. Si se deja de obedecer el mandato, puede seguir siendo válido, pero ineficaz, por lo que el sentido propio pierde el precepto.

Ahora bien, ^{Kelsen (1988)} esboza que la coerción es un elemento de legitimidad del derecho, ya que es el medio por el cual el Estado priva a los individuos de ejercer la fuerza por su propia mano; es así como “la fuerza es empleada para prevenir el empleo de la fuerza en la vida social” (p. 24). Aunque suene contradictorio, esta afirmación establece que el único ente que puede ostentar y aplicar la fuerza es el Estado, pero solo para que los individuos no apliquen la fuerza por su propia mano.

Por ello, “la fuerza bruta no triunfa sin un ejercicio de persuasión confiado a sofistas públicos¹⁶” (^{Ricoeur, 2002, p. 353}). En este sentido, el Estado debe disimular su fuerza mediante la construcción de normas y legitimarlas a través del juicio y la aplicación del derecho por parte del juez.

Tanto Weber como Kelsen coinciden en que el poder legítimo se distingue del poder de hecho en cuanto es un poder regulado por normas. Los elementos que distinguen ambas teorías son que para el primero el poder para ser legítimo debe estar inmerso en una norma, la cual debe ser obedecida; y para el segundo, el poder es legítimo ya que proviene del ordenamiento jurídico y necesariamente debe ser coercitivo para que sea eficaz.

2.3 El juicio como acto de poder y como acto legítimo

¿Por qué el juicio es un acto de poder? Para dar respuesta a este interrogante, es preciso abordarlo desde el fenómeno mismo del poder. Ahora bien, se debe entender que el poder no tiene que asumir la forma misma de la coerción, sino que puede operar de una manera más sigilosa, y es allí donde se pude observar cómo el juicio navega en el fenómeno del poder. Si bien para autores como Kelsen, el poder debe ser coercitivo para que sea eficaz, se debe plantear que la coerción no hace justicia a la complejidad del poder.

Edgar ^{Bodenheimer (1994)} manifestó: “el poder es la capacidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos” (p. 17). En este sentido, el poder puede ser visto como el medio de imponer decisiones propias contra la voluntad del otro.

Surge entonces el siguiente interrogante: ¿El juez en la sentencia puede imponer decisiones propias contra la voluntad del otro? La respuesta, en un primer momento, debería ser negativa, toda vez que el operador jurídico solo debe aplicar los mandatos prestablecidos en el ordenamiento jurídico. Si dichos juicios se alejan de estos mandatos, carecerían de legitimidad y de validez. En este sentido, se presupone que el juez solo puede imponer decisiones acorde a las normas vigentes que regulan el caso. Si se aleja de estos preceptos podría estar inmerso en la delgada línea de la arbitrariedad, por lo que el operador judicial, como detentador del poder, está limitado por el ordenamiento jurídico y por el valor supremo que es la justicia.

Ahora bien, cuando se habla de la justicia como valor supremo y como limite al poder dentro de la órbita de lo judicial, es necesario observar cómo esta entraña una tensión constante entre el sujeto, la realidad y el mandato establecido por la ley. De esta manera, su “esencia es la igualdad; reviste por lo tanto, la forma de lo general y aspira siempre, sin embargo, a tener en cuenta el caso concreto y al individuo concreto, en su individualidad” (^{Radbruch, 2014, p. 33}). Esto refiere a que, por más general que sea la norma, no se puede pregonar que se erige en justicia. Más bien, para poder observar si materializa este valor supremo, hay que observar la aplicación en el caso en concreto, ya que la realización del mandato no puede menoscabar al sujeto.

Por lo anterior cabe preguntarse: ¿Todos los mandatos establecido por la ley son justos? ¿Qué sucede cuando dentro de la coyuntura social, el juez es llamado a abandonar los preceptos normativos que no hacen honor a la justicia y más bien podrían generar una injusticia? Nos preguntamos, en esta situación, si el juez realmente podría imponer decisiones propias contra la voluntad del otro.

Lo particular de lo expuesto es que, en algunos casos, el juez se aleja de los preceptos normativos establecidos argumentando que obedecer a los mismos generaría una injusticia. En este orden de ideas, el juez y su poder interpretativo parecen tener una gran relevancia dentro de la coyuntura social; se busca que el juez acerque el derecho a la realidad, para generar una “justicia reequilibradora de los defectos sociales” (^{Taruffo, 2006, p. 182}). Ahora bien, este acto de justicia reequilibradora por el juez parece ser apoyado, aceptado e interiorizado por los individuos; ya que para una parte de la sociedad “el mal juez [...], es el juez rígido y “mecánico” que hace cumplir la ley para beneficio de ésta, sin importar la miseria, la injusticia o la ineficacia que provoque. El buen juez prefiere la justicia a la ley” (^{Dworkin, 1992, p. 20}).

En este sentido, se puede afirmar que nos encontramos en un nivel superior del fenómeno del poder. ^{Byung-Chul (2016)} ha planteado que, para encontrase en este nivel, “el súbdito obedece a la voluntad del soberano como si fuera la suya propia” (p. 12). Es así como el juicio puede ser visto como un elemento revestido de poder, ya que cuando el juez se ve inmerso en una situación donde debe crear nuevo derecho a partir de su interpretación y con miras de no generar una injusticia en el caso en concreto, este nuevo mandato parece ser aceptado, querido por los destinatarios y aceptado por gran parte de la sociedad.

¿Por qué el acto de juzgar es legítimo? Se entiende que es legítimo cuando en este se condensa un fenómeno de poder legal, que es otorgado al juez por parte del Estado, para que las decisiones que tome busquen erradicar el conflicto mediante la imposición de una fuerza legítima. Por ello, “la violencia y la venganza privada viene sustituida por la palabra y un uso de la violencia legítima por parte de las instituciones estatales” (^{Ricoeur, 2008, p. 206}), enmarcada en la sentencia misma.

Así se observa como:

La interrupción del curso de la violencia comienza con esta expropiación de los agentes sociales, que priva a las víctimas del derecho de ejercer la justicia directa, a hacer justicia ellas mismas, a replicar mediante represalias. En este sentido, la justicia no puede ser enteramente identificada con la supresión de la violencia sino con su desplazamiento de la esfera privada a la entidad política. (^{Ricoeur, 2008, p. 206})

En consecuencia, la decisión judicial es el instrumento que modifica la presencia de la fuerza de hecho en relaciones de derecho. Como lo ha expresado el filósofo francés Paul ^{Ricoeur (1993)}, la sentencia judicial “apunta a dictar derecho, es decir, a situar a las partes en su justa posición” (p. 54), para erradicar así el uso de la fuerza ilegítima por parte de los individuos.

Ahora bien, a lo largo de este análisis se ha podido observar cómo la legitimidad se erige a partir de un acto de poder y de fuerza legítima; es así como el juicio, al ser una manifestación de soberanía, termina siendo legítimo.

De esta manera, cuando se habla del uso de la fuerza legítima, esta entraña una consideración ulterior que toca el papel de quien la ejerce dentro de la institución judicial. Por ello, se propone situar este análisis a partir del papel del juez dentro de esta cadena kafkiana que compone el proceso judicial.

^{Canetti (2009)}, en su obra Masa y poder, hace una disertación de la delgada línea en la cual se encuentra situado el juez y en la cual tiene que navegar para poder sentenciar. Es así como expresa:

Solo en apariencia el juez está entre ambos campos, en el límite que separa lo bueno de lo malo. En cualquier caso, él se sitúa en el reino de lo bueno; la legitimación de su cargo se fundamenta, en gran parte, en su irrefragable pertenencia a este, como si hubiera nacido en él. Sentencia, por así decirlo, constantemente. Su sentencia es vinculante. Las cosas sobre las que debe pronunciarse son muy precisas, su extenso conocimiento de lo malo y lo bueno es fruto de una larga experiencia. (^{Canetti, 2009, p. 439})

Ahora bien, de esta cita se debe analizar el estatus que se le da al juez. Para ello, hay que ubicarlo en esa delgada línea de sombra entre lo justo y lo injusto, pues él, a través del fenómeno del juicio, puede transitar entre esa delgada línea y procurar purgar todos los tintes de venganza que se pretenden en el proceso jurisdiccional y en la pena misma. Para que cuando exprese esa voz de justicia purificada, que se cimienta en una relación de autoridad y de poder, medie la coerción que erradica la venganza y el conflicto.

Como se ha planteado anteriormente, la tesis que se pretende desarrollar a lo largo del texto se centra específicamente en el fenómeno de la legitimidad en el acto de juzgar, como ya lo hemos visto en los acápites anteriores, y en cómo a partir de esta se puede derivar una hermenéutica del texto judicial. Por ello, en el próximo acápite se seguirá esa pista y se buscará un camino para la hermenéutica del texto judicial desde la dialéctica de la explicación y la comprensión.

3.1 Explicación y comprensión en la obra de Paul Ricoeur

La metodología de interpretación de textos en ^{Ricoeur (2002)} se aborda desde la dialéctica entre explicar y comprender, toda vez que “la explicación y la comprensión son dos momentos del proceso de interpretación” (p. 162). Ahora bien, de estos dos aspectos subyacen consecuencias epistemológicas y ontológicas, las cuales tendrán una gran relevancia dentro de la obra del filósofo francés ya que, a partir de esta dialéctica, Ricoeur propone la teoría de la acción, la historia y la hermenéutica del texto.

En este sentido ^{Ricoeur (2002)} planteó:

Como lectores, podemos permanecer en la suspensión del texto, tratarlo como texto sin mundo y sin autor y explicarlo entonces, por sus relaciones internas, por su estructura. O bien podemos levantar la suspensión del texto, acabar el texto en palabras y restituirlo a la comunicación viva, con lo cual lo interpretamos¹⁸. (p. 150)

Así las cosas, la explicación del texto se deriva del análisis de sus estructuras internas. De esta manera, lleva al sujeto a indagar frente a las unidades textuales, pues “nace de la propia esfera del lenguaje, por transferencia analógica de las pequeñas unidades de la lengua (fonemas y lexemas) a las grandes unidades superiores de la oración” (^{Ricoeur, 2002, p. 140}).

En este sentido ^{Zuluaga (2020)} ha expresado:

El momento explicativo implica buscar esas unidades constitutivas del texto, mostrar la relación entre ellas, y cómo funcionan en el mismo. Por esto cuando un texto es explicado queda suspendida su relación con el mundo, se virtualiza, y es trabajado desde la perspectiva de un sistema. (p. 177)

En otras palabras, en la etapa de explicación, el texto se analiza por separado del mundo para detectar unidades y ver sus relaciones en un plano estructural. ^{Ricoeur (2002)} expresa que “el texto tenía solo un sentido, es decir, relaciones internas, una estructura; ahora tiene un significado, es decir, una realización en el discurso propio del sujeto que lee¹⁹” (p. 141).

Ahora bien, el fenómeno de comprensión, como segundo momento del acto interpretativo, lleva a salir de la objetividad del texto para devolverlo al mundo del lector y hacia la subjetividad del mismo. En este sentido, la comprensión del texto permite una apropiación de este por parte del lector y busca navegar dentro nuevas posibilidades semánticas del texto.

En este orden de ideas, Emilio ^{Betti (2015)} planteó:

En todas partes nos encontramos en presencia de formas sensibles, a través de las cuales otro espíritu, en ellas objetivado, habla al nuestro haciendo un llamado a nuestra inteligencia, y aquí entra en movimiento nuestra actividad interpretativa para entender qué sentido tienen aquellas formas, qué mensaje nos envían, que cosa nos quieren decir. Desde el vivo y frágil discurso al inmóvil documento y monumento, de la escritura, al signo convencional, a la cifra y al símbolo artístico, del lenguaje articulado, poético, narrativo, deductivo. (p. 13)

Es así como el lector, cada vez que navega en los diversos mundos de los textos y en sus estructuras, se interpreta y se reinterpreta, toda vez que esta tarea hermenéutica puede llevar a un reconocimiento de sí mismo, que busca a través de reflexiones que lo pueda sumergir en una filosofía de la existencia como lo planteaba Heidegger. Así, “la hermenéutica en principio nada tiene que ver con los textos, sino con la existencia misma” (^{Grondin, 2008, p.19}). Para esta forma de pensar la filosofía, la existencia misma del hombre se vuelve hermenéutica. Es así como “la interpretación de un texto se acaba en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, se comprende de otra manera o, incluso, comienza a comprenderse” (^{Ricoeur, 2002, p. 141}).

3.2 El arco hermenéutico

El arco hermenéutico se integra a partir de los dos momentos que derivan el proceso interpretativo, esto es, inicia desde la explicación y culmina en la etapa de comprensión; ^{Ricoeur (2002)} plantea que este arco va “de la comprensión ingenua a la comprensión experta a través de la explicación” (p. 154). Lo anterior muestra cómo convergen estos dos puntos desde una dialéctica del explicar y el comprender, toda vez que el sujeto, para aprehender el significado, debe desentrañarlo a través de un acto de explicación que lo lleve a una comprensión experta del fenómeno mismo.

En este sentido ^{Zuluaga (2020)} expresa “la comprensión requiere la explicación, y la explicación se consuma en la comprensión; de este modo, ambas situaciones no se excluyen, sino que se integran” (p. 178).

Ahora bien, como se ha podido observar, el arco hermenéutico propuesto por Ricoeur nos introduce, sin duda, en un plano de comprensión y explicación lo cual deriva en una interpretación más profunda, no solo de los fenómenos del texto, sino del sujeto mismo. Pero cabe preguntarse cómo se inserta este arco en el contexto de la decisión judicial. Para dar respuesta a este interrogante, se debe partir de que una hermenéutica de la decisión judicial debe pretender dar cuenta de todos los fenómenos de la decisión, de ahí que exista una dialéctica entre la explicación y la comprensión para aprehender mejor lo judicial a través de la sentencia, tal como lo expresa ^{Zuluaga (2020)}:

La hermenéutica de los textos judiciales a través del arco hermenéutico permitiría tender un puente entre la comprensión de sí mismo a sí mismo, de sí mismo hacia el otro, y de sí mismo hacia el otro lejano. Una comprensión de aquello a lo cual se pertenece y de lo que se marca una distancia para apropiarlo de nuevo. (p. 179)

Así las cosas, el filósofo francés aborda este tema desde la interpretación y la argumentación, y nos sitúa en un plano en el que el juez debe proferir una sentencia en el proceso judicial.

^{Ricoeur (1997)} sostiene que “una hermenéutica jurídica centrada en la temática del debate requiere una concepción dialéctica de las relaciones entre interpretación y argumentación” (p. 165).

En este sentido, podemos observar cómo el debate dialógico que se dio dentro del proceso se inserta dentro de la sentencia judicial, y este se desarrolla y construye a partir de la relación interpretación-argumentación que tiene su analogía con la explicacióncomprensión. En este orden de ideas, ^{Picontó (2005)}, siguiendo a Ricoeur, expresa: “entre lo demostrable de la deducción lógica, que daría lugar a la rigidez jurídica de la regla única, y la arbitrariedad del decisionismo, se intercala un arco hermenéutico formado por la interpretación y la argumentación” (p. 166).

Ahora bien, se debe analizar que la hermenéutica de la decisión judicial se ha visto a lo largo de la historia como un mecanismo para “asuntos técnicos como el ejercicio de medios de impugnación y de ejecución de la sentencia” (^{Zuluaga, 2020, p. 181}). Se debe precisar entonces que la hermenéutica del texto judicial también puede ser vista como un medio de reconocimiento del otro, por lo que “la hermenéutica jurídica no debería ser solo cuestión de los jueces, sino de todos los sujetos jurídicos” (^{Ferraris, 2000, p. 10}); mediante esta, los sujetos inmersos en el proceso pueden comprender mejor los sucedido de otra manera o, incluso, comienzan a comprenderse y a reconocer al otro.

En este sentido, la hermenéutica del texto judicial sirve como instrumento de reconocimiento de los individuos que fueron parte del proceso. Además, sirve como instrumento de conocimiento, ya que, a través de la sentencia el juez o tribunal, explica el derecho y lo abstrae del papel y lo inserta a la realidad. Por ello, esta hermenéutica nos lleva al mundo de los individuos y nos muestra la voz de juez quien fue quien profirió una voz de justicia.

3.3 Explicación y comprensión en la decisión judicial

Como se mencionó en líneas anteriores, la hermenéutica del texto judicial se deriva del análisis de las estructuras internas del mismo, lo cual lleva al sujeto a indagar frente a las unidades textuales: ¿qué estructuras se pueden encontrar en la sentencia judicial que puedan ser explicadas? Así las cosas, la decisión judicial se erige a partir de dos grandes estructuras: una denominada parte motiva y la otra resolutiva.^{Zuluaga (2020)} ha expresado que en la parte motiva es “donde se puede hallar unas unidades que en virtud de sus relaciones permiten explicar la sentencia” (p. 182); en esta parte el juez utiliza y construye argumentos que justifican la parte resolutiva de la decisión.

La parte motiva de la decisión judicial se compone de algunos elementos que vale la pena analizar por separado, pues a través de ellos el juez fundamenta y construye su decisión. Ahora bien, los elementos que se procederán a analizar son: