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Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial

Print version ISSN 1692-3561

Rev.Bio.Agro vol.7 no.1 Popayán Jan./June 2009

 

UNA APROXIMACIÓN SOCIOECONÓMICA A LOS IMPACTOS DEL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL TAMBO Y TIMBÍO

A SOCIOECONOMIC APROXIMATION TO THE IMPACTS OF PHENOMENON OF FORCED DISPLACEMENT IN THE TOWNS OF EL TAMBO AND TIMBÍO

RONALD A. MACUACÉ O.1

1 Economista y Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Cauca. Docente Universidad del Cauca e Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Miembro del Grupo Interdisciplinario de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas (GICEA). Las opiniones, cálculos y demás estimaciones contenidos en este documento son de la responsabilidad exclusiva del autor.

Correspondencia: Ronald Alejandro Macuacé Otero: e-mail: rmacuace@unicauca.edu.co

Recibido para evaluación: Febrero 6 de 2009. Aprobado para publicación: Mayo 5 de 2009


RESUMEN

El presente artículo surge como producto del proyecto denominado "Atención Integral a Población Desplazada y Vulnerable en Educación, Capacitación Laboral y Generación de Ingresos en Huila y Cauca" ejecutado por la Fundación Manuel Mejía (FMM), en el marco del Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). El documento realiza una descripción de lo que se conoce como desplazamiento forzado en Colombia. Una vez conocido el contexto del fenómeno, se lleva a cabo una descripción del proceso guiado por la FMM, seguido por una caracterización de la población en condición de desplazamiento en los municipios de El Tambo y Timbío, a partir del procesamiento de información adquirida a través del levantamiento de encuestas, destacando algunas de las consecuencias que genera este fenómeno social. Finalmente, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

PALABRAS CLAVE:

Migración, desplazamiento forzado, impacto social


ABSTRACT

The present article comes up as a result of the project so-called "Integral Attention to Displaced and Vulnerable Population in Education, Labour Training and Generation of Incomes in Huila and Cauca" carried out by Fundación Manuel Mejía (FMM), within the framework of the Program of Attention to Displaced and Vulnerable Groups of the United States Agency to International Development (USAID) through the Fundation Panamericana for the Development (FUPAD). The document it carries out a description about what is known like forced displacement in Colombia. Once known the phenomenon context, it is carried out a description of the process guided by the FMM, followed by a characterization of the population in condition of displacement in the towns of the El Tambo and Timbío, from the data processing acquired through surveys, emphasizing some of the consequences that this social phenomenon generates. Finally, it is given the pertinent conclusions and recommendation.

KEYWORDS:

Migration, Forced displacement, social impact



INTRODUCCIÓN

Dentro de los fenómenos que más interesan a los científicos sociales se encuentra el desigual crecimiento que se produce en las diversas regiones en que se divide un país, al igual que el crecimiento y la redistribución de su población en la medida en que se generan impactos directos en los lugares de llegada como en los de salida [1]. En este sentido, Colombia se ha visto sometida a movimientos migratorios motivados por el conflicto armado, los cuales han repercutido de manera negativa en la población expulsada y han generado a su vez, problemas sociales en los lugares de llegada. El presente artículo pretende brindar una aproximación a las condiciones socioeconómicas de la población en condición de desplazamiento que habita en los municipios de El Tambo y Timbío del Departamento del Cauca, tomando como referente el Programa Atención Integral a Población Desplazada y Vulnerable en Educación, Capacitación laboral y generación de Ingresos en Huila y Cauca2. Programa llevado a cabo por la Fundación Manuel Mejía como mecanismo de estabilización socioeconómica a partir de la economía solidaria y seguridad alimentaria. En el documento se plantea lo que se conoce como desplazamiento forzado, se describe el proceso de capacitación laboral y generación de ingresos tratando de cuantificar el impacto social generado en las familias beneficiarias, a partir del procesamiento de información, adquirida a través del levantamiento de encuestas y finalmente se ofrecen las conclusiones y recomendaciones pertinentes.


DESPLAZAMIENTO FORZADO

El desplazamiento forzado3 se ha presentado a lo largo de la historia del país, ha sido un elemento constante en el proceso de urbanización de las ciudades de Colombia y en algunas etapas de la historia se encuentran momentos críticos en los que el desplazamiento de vastos sectores de la población alcanza su cresta más alta [2]. Con todo, pese a que ha sido un fenómeno visible en la composición y recomposición sociodemográfica del país en los últimos años, las ONG, la Iglesia y el Estado han venido apostándole al diseño e implementación de herramientas metodológicas e instrumentos que permitan mostrar de manera válida y confiable la evolución del fenómeno. Las diferencias de criterio en lo conceptual, temporal y metodológico en el proceso de captura de la información, hacen que las cifras sobre este fenómeno difieran entre los distintos sistemas de información.

Para ACCIÓN SOCIAL, entidad Estatal que tiene dentro de sus funciones las de coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada -SNAI-PD- y ser la responsable del manejo del Registro Único de Población Desplazada, es importante presentar la información estadística sobre el desplazamiento en el país, con la cual se busca generar políticas encaminadas a la solución de problemas de tipo socioeconómico.

El proceso de capacitación laboral y generación de ingresos de la FMM

La Fundación Manuel Mejía (FMM) es una Organización No Gubernamental que se originó en el año de 1960 por el Gremio Cafetero, su objetivo principal consiste en "Organizar, financiar, y dirigir establecimientos educativos dedicados a la preparación de técnicos y expertos en las industrias cafetera y agropecuaria".

Con el ánimo de validar su modelo educativo y ampliar la cobertura de capacitación en temas relacionados con la economía solidaria y la seguridad alimentaria, se formuló un proyecto, que fuese capaz de ampliar la cobertura en capacitación, contrarrestar de alguna manera el bajo nivel educativo de la población en condición de desplazamiento y mejorar su situación laboral y condiciones de vida, mediante un proceso de generación de ingresos.

El proceso inició en el mes de mayo de 2007, después de un previo proceso de selección, se contó con la participación de 75 personas, 50 en el municipio de El Tambo y 25 en el municipio de Timbío.

El proceso de capacitación se desenvolvió alrededor de un tema de vital importancia como lo es la seguridad alimentaria. Cuyo fin era dar a conocer a la población beneficiaria, sobre la organización de los diversos procesos productivos generadores de ingresos y plantear sistemas productivos basados en el respeto al ser humano y al medio que lo rodea.

El proceso se orientó en la modalidad a distancia con módulos de aprendizaje, por ende, se desarrollaron los módulos por el beneficiario y equipo de trabajo, para finalmente llevarlos a un espacio común, de socialización denominado "Encuentro". Los encuentros se realizaron periódicamente de manera quincenal; en este espacio se aclaraban dudas sobre el material leído: producción agrícola, producción animal, construcciones rurales, entre otros y se reforzaba el contenido a través de una serie de herramientas metodológicas y didácticas. Aunque la capacitación se desenvolvió alrededor de la seguridad alimentaria, como elemento transversal fueron trabajados dos módulos de "Desarrollo Humano", elemento fundamental para recuperar la autoestima e incentivar la confianza de los participantes, destacando el rol que cumplen dentro de su familia y en la sociedad.

Después de 6 meses de capacitación y sensibilización sobre la importancia de la seguridad alimentaria, se finalizó con el primer componente, cual fue el de capacitación laboral y se inició la fase de generación de ingresos. La generación de ingresos consistía en otorgar a los beneficiarios un capital semilla de $650.000 (295 dólares) por persona, para que fuese destinado a la conformación de una pequeña unidad productiva previamente identificada y formulada en un plan de negocio, capaz de satisfacer sus necesidades más apremiantes.

En cuanto al proceso de seguimiento, fue posible establecer que una parte de la población estaba comprometida con su unidad de negocio; aunque a su vez, la otra no dedicaba el tiempo suficiente al mismo, por lo que no había un verdadero compromiso. De otro lado, los negocios que mejor desempeño presentaron, fueron aquellos que previamente se encontraban establecidos y lo que se realizó fue un fortalecimiento a los mismos, su éxito se encontraba relacionado con el conocimiento y experiencia de meses e incluso años en el respectivo mercado.

Hoy después de 12 meses, 6 de seguimiento en el marco del proyecto y 6 después de su culminación, se logró identificar que el proceso de capacitación tuvo un impacto significativo en los beneficiarios y sus familias y más aún, el componente de generación de ingresos, puesto que los negocios que iniciaron y los que se fortalecieron en buena parte continúan y a la fecha se han consolidado, bien sea de manera autónoma, como a través de la intervención de otras entidades de tipo gubernamental como no gubernamental, lo que no significa que la población beneficiaria haya finalmente logrado el restablecimiento socioeconómico, tal como se verá a continuación.

Caracterización socioeconómica de los beneficiarios

El desplazamiento forzado inevitablemente enfrenta a las familias que lo padecen a la pérdida de sus pertenencias, trabajo, redes sociales, en definitiva, a la pérdida de su forma de vida habitual y los expone a cambios muy fuertes dentro de su dinámica, llevando a la aparición de dificultades económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas, a nivel de las familias, como también, a los municipios y departamentos que las recepcionan [3].

A esta terrible situación, se suma la incapacidad por parte de las entidades públicas colombianas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 387 y los reglamentos que la desarrollan, sobre atención al desplazamiento forzado. Esto se ve agravado porque los municipios y las instituciones que se encargan de recepcionar inicialmente a esta población, en muchos casos no se encuentran preparados para realizar una adecuada atención. Bien sea porque no disponen de recursos para esta labor y porque la mayoría de veces, no conocen las necesidades básicas ni las características que estas familias presentan [4].

La presente sección pretende brindar una noción sobre las particularidades socioeconómicas de la población en condición de desplazamiento en los municipios de El Tambo y Timbío, tomando como referente la población participante en el programa inicialmente mencionado. La información que se dispone fue obtenida a partir de la aplicación de 52 encuestas realizadas a cargo del equipo interdisciplinario de la FMM, la muestra fue escogida aleatoriamente sobre el total de beneficiarios y se llevó a cabo en los respectivos hogares de residencia.

Aunque el análisis que se desarrolla en adelante obedece a la interpretación cuantitativa de los resultados, es posible trascender estos límites y realizar interpretaciones más profundas sobre las problemáticas a las que se encuentran enfrentados este tipo de población, debido al tiempo que se tuvo la oportunidad de compartir en el proceso de capacitación, generación de ingresos y en la fase de seguimiento dentro de la ejecución del proyecto, como el posterior a él. (ver Figura 1)

El 73% de los beneficiarios corresponde al sexo femenino, mientras el restante 27% corresponde al sexo masculino. Se muestra a la mujer con mayor porcentaje de participación dentro del programa llevado a cabo por la FMM; aunque no es generalizable esta situación al total de la población en situación de desplazamiento, si se puede plantear que la mujer se convierte en cabeza de familia, usualmente porque se ha visto en la necesidad de huir del conflicto armado con sus hijos, tras la pérdida irreparable de su esposo o compañero [5]. (ver Figura 2)

De otra parte, la población se concentra entre las edades de 18 - 40 años, seguidas por el rango de 41-50 años y en una menor proporción, entre 51 y mas años.

El rango de edad más representativo es el de 18-40 años (77%), es decir que corresponde a población en plena edad productiva. Para esta población los modos de producción antes del desplazamiento marcan formas de explotación que son difíciles de replicar en el lugar de llegada.

Se destaca la ausencia de la población de adultos mayores o ancianos dentro del total de la misma, sólo un 4%. Es posible que esto se deba a la resistencia de los ancianos a dejar su tierra y sus bienes por el nivel de arraigo que tienen a ellos. Podrían preferir morir en su hogar a tener que sufrir su pérdida y por ende, enfrentarse a nuevas condiciones de vida. Aunque el cambio de hábitat es una situación muy difícil para esta población, para la población adulta, asumir la pérdida y tener que afrontar un proceso de adaptación al nuevo ambiente, se torna mucho más difícil [6].

La familia (ver Figura 3) se constituye en el principal mecanismo de protección y estabilidad para las personas que sufren el desplazamiento forzado, a causa de la violencia generada por el conflicto armado. Los miembros de la familia se refugian en sus núcleos para sentirse fortalecidos y seguros frente a las nuevas condiciones que enfrentan. Aún así, muchas de ellas no logran sobrellevar las dificultades que se presentan, generándose de tal forma muchos conflictos que en ocasiones generan desintegración familiar [5].

Las familias suelen estar conformadas entre 3 y 6 integrantes, aunque no se puede dejar de mencionar que existen familias hasta de 10 integrantes, lo que habitualmente significa que exista una alta dependencia económica, puesto que quienes desempeñan las actividades económicas son por lo general los padres de familia y los hijos mayores. Cuando se habla de hijos mayores es importante reconocer, que por ser familias provenientes de la zona rural, la edad que se maneja para involucrar a los hijos a las actividades productivas dista significativamente de las edades que se establecen en la ciudad, por ende no es raro encontrar niños de 10 años, desempeñándose productivamente en trabajos inadecuados y largas jornadas laborales para ayudar a su familia; aún cuando exista en Colombia el código del menor, el cual establece que solo pueden desempeñar labores productivas acordes a sus capacidades físicas los mayores de 16 años, en jornadas inferiores a las cuatro horas diarias.

Aunque en los lugares de procedencia el cubrimiento en educación y salud no era óptimo, se observa que hay un detrimento de estos aspectos al llegar a los municipios. Esta situación se da por la insuficiente cobertura que los mismos tienen. Es decir, aún antes de que llegasen estas familias los aspectos de prestación de salud y educación eran insuficientes; con lo cual estas familias llegan a acrecentar un problema que ya tenía dimensiones difíciles de solucionar para los municipios, por lo menos en un mediano plazo [3].

Ningún adulto refiere haber cursado algún nivel de instrucción técnica o universitaria, seguramente por no tener acceso a planteles con esta oferta, aunque también es posible que no existiese un interés en estas áreas, por la prioridad que tiene el trabajo en las familias de las zonas rurales [7].(ver Figura 4)

En cuanto a las viviendas que habitan se presentan usualmente situaciones de hacinamiento y por lo general no reúnen las condiciones básicas de protección y habitabilidad; además no cuentan con los servicios básicos que garanticen una adecuada calidad de vida [8].

Las viviendas suelen estar ubicadas sobre la periferia y se asemejan a las construcciones de las zonas rurales. Es decir, viviendas en madera, con pisos de tierra o cemento y techos de zinc o eternit. Esta situación también es producto de los pocos recursos con que cuentan las familias ubicadas en estos sectores deprimidos y la necesidad de utilizar materiales de bajo costo y fácil consecución.

En este sentido, (ver Figura 5) el tipo de vivienda en el que residen el mayor número de familias, se clasifica como casa o ranchos (67%), porque aunque los materiales utilizados para su construcción no son perdurables, ni cuentan con cimientos, son los más usuales [9]. Solo una pequeña parte habita en casas construidas en cemento o concreto, con tejas de barro y pisos en baldosas; el 15% expresa vivir en cuartos, que en su mayoría se ubican en casas como las descritas anteriormente. Esta condición implica el hacinamiento de toda la familia en un espacio muy reducido, con las implicaciones en la pérdida de intimidad y la creación de situaciones de riesgo sexual [5] para los integrantes más vulnerables de la familia (niños y mujeres). Un 9% habita sitios de refugio provisional, los cuales están construidos con plástico y cartones, cuentan con un solo espacio sin ninguna condición de habitabilidad en el cual se alberga toda una familia, con todas las implicaciones que los conduce a vivir hacinados.

En cuanto a la propiedad de la vivienda (ver Figura 6), el 45% de las familias debe pagar arriendo, lo cual agrava su situación, porque los ingresos que obtienen son mínimos y no alcanzan para cubrir este canon; el 26% se encuentra de posada en viviendas de familiares y amigos, que se constituyen en principio en un referente de apoyo y el 14% restante tiene algún tipo de propiedad sobre sus viviendas.

En cuanto al servicio de energía (ver Figura 7), aunque en su mayoría manifestaron tener acceso a ella, es importante saber que una gran parte de las viviendas aunque tiene acceso a este servicio, la forma como se accedió a él, es ilegal. La población que manifiesta no tener acceso a este servicio, deben utilizar velas o lámparas de petróleo, con los riesgos que éstos presentan para la iniciación de un incendio, sobre todo por el tipo de materiales utilizados en la construcción de las viviendas.

Aunque la mayoría tiene acceso al agua del acueducto (ver Figura 8), es de resaltar que muchos de ellos lo hacen por medio de mangueras conectadas ilícitamente y en condiciones poco higiénicas, lo cual provoca enfermedades especialmente a los niños.

La disposición de excretas (ver Figura 9) se realiza un 2% a la intemperie, en ocasiones cayendo directamente a una quebrada o zona de humedal más cercana. Estas excretas quedan expuestas bajo las viviendas, durante todo el tiempo, esta situación agrava las condiciones de salubridad de las zonas donde residen, haciéndolas más propicias para que se presenten enfermedades. Un 21% de las familias cuentan con letrinas, casi todas de uso exclusivo para sus familias, que caen a pozos sépticos o directamente van a dar a caños. El 77% tienen conexión al alcantarillado, es de precisar que este alcantarillado no es el más adecuado, por lo general se crea un alcantarillado a partir de la unión de tubos y mangueras, el cual mínimamente pueda satisfacer su necesidad [8].

En cuanto al tema económico y productivo, aún después de varios años de tener esta condición hay muchas personas que no han recibido la ayuda de emergencia. Este panorama genera un nivel de incertidumbre muy alto frente a la política estatal de atención a población desplazada, en los diferentes municipios del departamento del Cauca y del país 10].

En algunos de los casos, la no recepción de la ayuda de emergencia se debe a la falta de voluntad política de una parte, de la otra, debido al temor de registrarse como desplazado con la intención de mantener oculta su situación [11].

Ahora bien, la población en situación de desplazamiento se dedica especialmente al rebusque (trabajo de construcción, empleadas del servicio, ventas ambulantes, etc.) por lo tanto, no tienen ingresos fijos. Éste tipo de empleos o subempleos son adquiridos por la inexistencia nacional, departamental y local, de un sistema productivo que se encargue de absorber los nuevos contingentes poblacionales propios e inmigrantes [3]; de la misma manera, la imposibilidad de acceder a otro tipo de trabajo se puede atribuir a que ésta población carece de educación, por lo que se ve en la necesidad de emplearse como mano de obra rasa, derivando de ello paupérrimos ingresos. No obstante, no todas las personas "gozan" de esta posibilidad, pues existe un número incuantificable de personas bajo esta condición que no devengan ingresos, por lo que se ven en la necesidad de vivir de la caridad de la demás personas.

La ocupación de las personas que sostienen económicamente el hogar varió drásticamente en forma negativa (ver Figura 10 y Figura 11), conduciendo a una inestabilidad económica y derivando en situaciones de pobreza y marginalidad [12]. Esto debido a las escasas oportunidades productivas en los centros de recepción, agravadas por la falta de experiencia y capacitación para desarrollar trabajos de tipo "urbano" y por la falta de recursos para realizar actividades propias. Lo más notable es el paso de labores agropecuarias, en las cuales se ocupaba la mayoría de la población de la muestra, a labores de rebusque, casi todas esporádicas [1]. Las ventas ambulantes, y los oficios domésticos se convierten en las opciones laborales de mayor posibilidad para ser desarrolladas puesto que no requieren de un nivel educativo alto, además de que en el caso de las ventas, las pueden realizar de forma independiente sin estar sujetos a un patrón.

La poca presencia de artes y oficios, denota la escasez de capacitación de los jefes de hogar para desarrollar labores cualificadas. En el caso de labores agropecuarias, es posible que no se cuente con recursos para adquirir primero el terreno y segundo la herramienta necesaria para ejecutar esta labor en mayor proporción. Los oficios varios son una opción muy inestable, pero representativa (labores de cargue y descargue, construcción, vigilancia, entre otros), ya que agrupa a los jefes de hogar que no tienen conocimientos específicos en un área y no cuentan con recursos para seguir desarrollando su labor habitual.

La mayoría de los jefes de hogar refieren que en raras ocasiones se encuentran pequeños espacios de tierra para cultivar o para criar animales, que es lo que hacían habitualmente y para lo que se sienten capacitados.

La comparación que se realiza en la Figura 12 y Figura 13 respecto a los ingresos antes y después, consiste en la información que los beneficiarios ofrecieron respecto a los ingresos que percibían antes y después de iniciar el proceso de generación de ingresos. Tal como se observa, aunque en la figura 12 no hay uniformidad en el nivel de ingresos, se estableció un promedio de $300.000 pesos, el cual ascendió a $400.000 en la respectiva fase de generación de ingresos.

Aunque se incrementa el nivel de ingresos, estos son demasiado bajos, considerando que el salario mínimo vigente para el año 2008 en Colombia fue de $461.500, por 8 horas diarias de trabajo, con descanso los fines de semana, con seguridad social mediante régimen contributivo y el derecho a las respectivas prestaciones de ley.

Es importante resaltar que ésta población debe trabajar por lo menos 6 días a la semana, 10 horas diarias, sin acceso a seguridad social mediante régimen contributivo y sin derecho a las prestaciones de ley.

Por lo tanto, aunque se logró mejorar el nivel de ingresos, el problema estructural sigue ahí [13], si se considera el concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que maneja el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual contempla cinco indicadores para medir la pobreza a través de carencia en la vivienda, educación y del empleo, los cuales son:

1. Hogares en viviendas inadecuadas
2. Hogares en viviendas sin servicios públicos
3. Hogares con hacinamiento crítico
4. Hogares con alta dependencia económica
5. Hogares con ausentismo escolar

Así, se identifican como pobres o con NBI los hogares que tiene al menos una de estas características, y se denominan en miseria a los casos en que se presentan más de dos de estas características [9].

Cuando se habla de vivienda inadecuada, éste es un indicador estructural puesto que los hogares que padecen este problema no pueden brindarle una solución real en el corto plazo. De igual manera sucede con las viviendas sin servicios básicos, puesto que con mayores ingresos no se soluciona el problema, sino a través de inversión en infraestructura por parte del Estado. De esta manera, una mejora monetaria temporal no permite una solución definitiva a la satisfacción de las necesidades básicas; ya que la mayoría de la población padece varias de las características enmarcadas en el NBI, lo cual las lleva a catalogarse en situación de miseria [9].

Los flujos migratorios no provistos, causan detrimento de la calidad de vida de la población al incrementarse el desempleo, la inseguridad y generando a su paso, problemas de tipo social, económico, político, ambiental y cultural [3].


Conclusiones y Recomendaciones

La situación de desplazamiento es una problemática compleja, en tanto que depende de múltiples factores que se encuentran relacionados entre sí, y que obedecen a situaciones, en la mayoría de los casos, por fuera de las posibilidades de decisión de la población.

La política gubernamental para la atención del desplazamiento forzado, constituye un marco de carácter asistencial, por lo cual se tornan insuficientes las acciones y formas de intervención; ya que el problema estructural es el conflicto armado que por décadas ha sufrido el país, de ahí, que no haya sido posible brindar una solución duradera al mismo.

Las condiciones de las familias al llegar a los municipios de El Tambo y Timbío son muy vulnerables, al no poder acceder a servicios básicos ni tener opciones para su restablecimiento pasan a engrosar cinturones de miseria, viéndose enfrentados a una disminución en las condiciones de calidad de vida que antes tenían.

El desplazamiento genera una situación compleja que repercute en varios aspectos de la vida de las familias, ya que esto no se vivencia aisladamente. Las opciones de solución que se planteen deben partir de pensar que las intervenciones deben igualmente influir a nivel integral en los diferentes aspectos en los que han sido afectadas las mismas.


Vivienda

Las condiciones de hacinamiento en las viviendas, generan situaciones de riesgo para los menores y las mujeres que allí residen. Además, las vulnerables condiciones de las mismas colocan en riesgo a sus habitantes, ya que en cualquier momento se puede presentar algún desastre como incendios, o desplome de las viviendas con sus habitantes dentro. Es indispensable plantear acciones tendientes a mejorar las condiciones de las viviendas, tanto en ampliar los espacios de hábitat, como en fortalecer las decaídas estructuras.


Saneamiento

La situación de salubridad por contaminación de excretas y basuras, puede alcanzar niveles riesgosos para las familias, provocando enfermedades e incluso epidemias. Por lo cual es necesario adelantar acciones de limpieza, prevención y educación para su adecuada disposición y tratamiento.


Niños

La población infantil requiere de una atención especial que garantice el acceso a la educación en sitios dignos y con una adecuada calidad de la misma. Además, demanda una acción urgente dirigida a que se superen los niveles de desnutrición que se presentan.


Salud

La salud física y mental se constituyen en una necesidad que demanda una atención especializada y continua, ya que de seguir presentándose la misma situación de carencia en la prestación de servicios, las personas pueden alcanzar niveles de desesperación, expresados tanto a nivel físico como psicológico.


Necesidades de capacitación

Resulta imprescindible fortalecer los programas de capacitación en formación técnica, pues en la medida en que se capacite en estas áreas, es viable que a través de los programas de generación de ingresos se incline a llevar a cabo su formación en la práctica, encaminado a ser autónomo económicamente.

Existe la gran necesidad de las asesorías jurídicas y apoyo técnico en temas productivos para las labores agrícolas y pecuarias. Sin embargo, es importante anotar que esta población carece de terrenos en los cuales pueda llevar a cabo sus actividades productivas, por lo cual, se verá en la necesidad de emplearse. Bajo esta circunstancia, es importante pensar en programas que además de capacitar puedan dotar al beneficiario de espacios en los cuales puedan desempeñar sus actividades económico - productivas.


Generación de ingresos

Se hace necesario generar opciones de trabajo que garanticen a estas poblaciones la adecuada satisfacción de sus necesidades básicas y el desarrollo de procesos de restablecimiento de una forma digna. Estas acciones deben tener en cuenta los niveles educativos de los jefes de hogar y la experiencia en el tipo de actividades que puedan desarrollar.

Finalmente, las estrategias de estabilización socioeconómica deben integrar, como componente fundamental, aspectos relacionados con la estructuración del tejido social y comunitario, la cultura y las formas tradicionales de producción de las comunidades desplazadas. En tal sentido, los proyectos productivos deben orientarse a la obtención de condiciones dignas de vida, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental.



NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1 Aunque el programa se desarrolló en dos departamentos, el artículo hace referencia específica a los municipios de El Tambo y Timbío, donde se llevó a cabo el programa de seguridad alimentaria.

2 Se define como desplazado a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (ACCIÓN SOCIAL).


REFERENCIAS

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