En Colombia es estratégico seguir avanzando en la articulación de los procesos de investigación a los programas de extensión rural, dado que hace muchos años se consideró en todos los países como un servicio que debía impartir el Estado. Así mismo, se considera que en el campo colombiano es importante la asistencia técnica que se retroalimenta de un componente investigativo que permita mejorar la competitividad y productividad; obedeciendo a este fin, en el marco normativo ya se cuenta con la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 por la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) y, para efectos del esquema de asistencia técnica, se crea el concepto de extensión agropecuaria que define como un proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción, al tiempo que contribuye a mejorar de la calidad de vida familiar.

La extensión agropecuaria facilita la gestión de conocimiento, el diagnóstico y solución de problemas, en los niveles de la producción primaria, la postcosecha, la transformación y la comercialización; el intercambio de experiencias y la construcción de capacidades individuales, colectivas y sociales se debe relacionar con aspectos como la superación de la pobreza, la reforma agraria en función de la concentración y tenencia de la tierra, la disponibilidad de alimento, el hambre y la sustentabilidad ambiental; según el Censo Nacional Agropecuario, tan sólo el 10% de los campesinos para el año 2014, contaban con asistencia técnica por parte del gobierno, siendo ésta es una de las causas por las que existe poca rentabilidad en los cultivos, sumado a la precariedad en las estrategias de comercialización de los productos. En el marco del acuerdo de paz, se aprobó la ley SNIA que busca potencializar y diseñar acciones de investigación, desarrollo tecnológico, formación y capacitación para sector agropecuario, con miras a lograr avances futuros en el sector rural en Colombia.

Sumado a lo anterior, se deben reconocer las situaciones que dificultan la definición de programas y proyectos de extensión rural, entre ellas la ausencia de datos estadísticos que den cuenta de la situación rural, la presencia de múltiples actores concentrados en zonas del país menos prioritarias o zona marginadas, baja articulación y actualización entre los actores prestadores de los servicios de extensión y acompañamiento técnico, falta de profesionales aptos para prestar los servicios, baja cobertura y mala calidad en la prestación de los servicios, el desconocimiento del Estado de los servicios de extensión y su importancia para el desarrollo humano rural integral debido a la falta de procesos y planificación a largo plazo, la evaluación y seguimiento, que en muchos casos, ha llevado hacer un mal uso del suelo con zonas subutilizadas con una alta productiva alimentaria y destinadas para la ganadería extensiva.

El país debe identificar y ordenar a los actores involucrados, articular y evitar la duplicidad de esfuerzos y reconocer el capital humano capacitado para la implementación de los servicios de extensión. Esto contribuye a entregar pautas para fortalecer un aspecto relacionado con la necesidad de cumplir con garantías en la calidad del servicio. Se debe entonces, afirmar que la extensión rural tenga un enfoque territorial que permita el acercamiento eficiente con y para las comunidades y encontrar las estrategias para garantizar la gratuidad del servicio de extensión en los municipios más dispersos.

La extensión rural bajo un enfoque territorial, implica comprender que los procesos de inclusión económica de los territorios rurales no sólo están representados en criterios de competitividad, sino también en las ventajas comparativas que pueden surgir de las particularidades locales y/o regionales. Según esto, las políticas públicas enfocadas en la prestación del servicio de extensión deben propender por espacios de capacitación de los asistentes técnicos y extensionistas para que desarrollen habilidades y competencias que los conviertan en promotores del desarrollo humano rural integral, lo que supone que deben ser capaces de valorar las capacidades locales, la gestión y apropiación del conocimiento y de adelantar un proceso de acompañamiento técnico no invasivo para la toma de decisiones productivas y organizativas, bien sea a nivel individual o asociativo.

Se espera que la extensión agropecuaria del SNIA permita llevar avances de tecnología, información y procesos de aprendizaje a las familias rurales colombianas que lo requieran, y que todos los sectores productivos puedan beneficiarse como oferentes o beneficiarios, generando una mayor productividad económica. Hablar de los servicios de extensión y de innovación rural en Colombia, representa un reto y una responsabilidad que permea a todas las universidades del país, siendo crítico frente a situaciones que han marcado la historia, como el problema de las rentas y la tenencia de la tierra, que refleja contextos de desigualdad en todo el territorio nacional, el cual puede ser tratado desde los sistemas de extensión y de innovación rural. Si se tiene en cuenta la actual situación causada por la pandemia, la reactivación de la economía el sector rural es la estrategia para avanzar en la posibilidad de tener un desarrollo humano rural integral que integre la investigación con el servicio extensión rural y, porqué no, una reforma agraria esperada por los colombianos, articulados a proyectos de largo aliento para sector rural que busquen garantizar una paz duradera a las poblaciones campesinas.