Derechos Humanos y Jóvenes

En 1991 se produce una importante reforma al texto constitucional de Colombia. Aunque la Nueva Constitución reconoce la posibilidad de "participación activa de los jóvenes" (art. 45) en la vida pública, en la práctica disponen de escasos espacios y oportunidades para participar en la vida política y social de sus comunidades. Prácticamente no disponen de posibilidades de real injerencia y comunicación con las autoridades, siendo frecuentemente espectadores pasivos de decisiones que los afectan directamente en su presente y su futuro, debiendo optar por soluciones individuales no legitimadas socialmente.

La falta de participación ciudadana de los jóvenes, en general, y de los jóvenes en situación de pobreza, en particular, se expresa también en la debilidad de sus organizaciones. La acción colectiva es escasa y tiende a tener un deficiente apoyo, cuando no una oposición, de parte de la comunidad y del Estado. Contribuye a esta situación la imagen estigmatizada negativamente de los jóvenes populares que prevalece en la opinión pública, difundida por los medios de comunicación masiva, reforzando así su segmentación espacial y social.

La falta de reconocimiento en el espacio público es tan intensa en los jóvenes populares, que padecen el silenciamiento y el desconocimiento sistemático de sus contribuciones culturales, afectando ámbitos como la relación entre géneros, el respeto al medio ambiente o la tolerancia hacia la diversidad, donde las nuevas generaciones muestran nítidos signos de transformación respecto de prejuicios y limitaciones de la sociedad adulta establecida.

2. Las acciones emprendidas

En medio de este panorama, la Conferencia Mundial sobre la Juventud de la UNESCO (Grenoble 1964), comenzó a abrir el paso a la participación de los jóvenes en la vida social a través de los Consejos de Juventud.

En América Latina, la Organización Iberoamericana de la Juventud diseñó el marco de referencia y posterior PROGRAMA REGIONAL DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD EN AMéRICA LATINA. Este documento, aprobado en la Cumbre de Bariloche (Argentina), consagra a los jóvenes como "actores estratégicos" en el desarrollo de los países de la región.

Políticas de Juventud en Colombia

"Debemos reconocer como el primer hecho que intenta una respuesta ante la juventud por fuera del sistema educativo, la creación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte -COLDEPORTES. El Instituto fue creado en 1968 como parte de un conjunto de reformas del Estado emprendidas por la administración Lleras Restrepo (1966-1970) en lo que fue uno de los esfuerzos más significativos de modernización del Estado emprendidos en este siglo.

COLDEPORTES materializa una concepción entonces en boga en muchos países según la cual la recreación y el deporte son los temas de interés de la juventud y sus escenarios propios. Paradójicamente en ese mismo momento el país vivía una fuerte movilización de jóvenes estudiantes universitarios, que tuvo importante protagonismo a fines de la década de los 60 y comienzos de la siguiente década. Era posiblemente la primera movilización masiva de la juventud, en este caso, élites universitarias de las clases medias, convocadas en torno a asuntos de la universidad y a la política de izquierda.

La discusión sobre el tema juvenil alcanzó por primera vez importancia pública con la celebración del Año Internacional de la Juventud, promovido en 1985 por la Organización de las Naciones Unidas… Se reunieron 1000 jóvenes para discutir propuestas en torno a una política de juventud. Muchas de las ideas propuestas entonces se han conservado a lo largo de las posteriores formulaciones de política…

La preocupación por los diferentes problemas asociados al narcotráfico tuvo como consecuencia una oferta de recursos de cooperación, parte de los cuales se orientaron a programas de prevención de la drogadicción dirigidos a jóvenes. Se estableció la Dirección Nacional de Estupefacientes vinculada al Ministerio de Justicia como eje institucional coordinador de estos planes." ¹⁹

"…A comienzos de los años noventa se crea la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, procurando potenciar y articular los esfuerzos públicos dirigidos a diversos sectores poblacionales, incluyendo niños, jóvenes, mujeres, ancianos y discapacitados, tomando a la familia como eje articulador y al concepto de vulnerabilidad como eje sustantivo estructurador.

En este marco, en 1992 se aprobó el primer documento Conpes en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (órgano máximo de orientación general) relacionado con la juventud, concebido como primera Política Nacional de Estado para la Juventud.

"Tanto la gestión de la Consejería como la promulgación del Documento Conpes, fueron factores importantes en la generación de un conjunto de nociones que rompían con visiones anteriores de la acción institucional frente a la juventud al considerar al joven como potencialidad que se promueve y no como problema o riesgo que se corrige; el reconocimiento de la organización y la participación juveniles como propósitos deseables de la política pública; la inclusión del trabajo y el empleo como temas centrales de la política de juventud; la diferenciación clara del tema de juventud en las competencias del sistema educativo, de la recreación y los deportes y de las políticas contra la droga; y finalmente, el hecho de plantearlo como un tema multisectorial y multidisciplinario" (Galán Pachón, 2000).

Durante su gestión, la Consejería promovió y cofinanció la creación de estructuras administrativas encargadas de la gestión municipal y departamental de la política pública de juventud, conocidas como "Oficinas de Juventud". En el contexto de la descentralización promovida por la Constitución de 1991, esto constituye un paso trascendente, en la medida en que ésta trasladó las principales responsabilidades del desarrollo social a los municipios…

Sin embargo, a pesar de los avances obtenidos, la atención de los jóvenes seguía mostrando carencias importantes, por lo que en agosto de 1994, se crea el Viceministerio de la Juventud, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, como un intento por dotar a las políticas de juventud de un mecanismo institucional estable. "Sus funciones principales se orientaron a coordinar el diseño y ejecución de las políticas, planes y programas de educación, protección y desarrollo de la juventud, así como a ofrecer asistencia técnica a los entes territoriales y a las entidades públicas y privadas que realizan actividades con y para los jóvenes" (idem).

Para ello, el Viceministerio se apoya centralmente en un nuevo Documento Conpes de Juventud (aprobado en 1995), el cual es integrado al Plan de Desarrollo Nacional, denominado "El Salto Social", a ser aplicado por el nuevo gobierno."²⁰

Dicho documento del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social fija oficialmente una Política de Juventud; allí se caracteriza al sujeto joven proponiendo que:

"los hombres y mujeres jóvenes constituyen más de la quinta parte de la población del país. Como ciudadanos tienen los derechos que les reconocen las normas internacionales, la Constitución y las leyes; sin embargo con frecuencia viven bajo condiciones en las cuales esos derechos no se hacen efectivos. El presente documento contiene una política nacional de juventud basada en el reconocimiento del joven como sujeto de derechos y deberes".

Esta afirmación es muy importante porque va más allá del artículo 45 de la Constitución nacional sobre los derechos de participación de los jóvenes. El documento Conpes constituye el primer reconocimiento oficial y público de los hombres y mujeres jóvenes como sujetos de derechos, capaces de construir sus propias vidas… Una vida digna, una auténtica ciudadanía, la posibilidad real de ser actores del desarrollo.

En ese momento se destacan entre los Programas existentes, bajo responsabilidad directa del Estado, los siguientes: a) Desarrollo Productivo Juvenil (capacitación y vinculación laboral); b) Prevención del consumo de Drogas; c) Turismo Juvenil y Medio Ambiente; d) Tarjeta Joven; e) Educación Sexual; f) Centros de Información Juvenil; g) Servicios Integrados para Jóvenes (acción integrada para atención a jóvenes en 16 municipios del país, a manera de plan piloto); h) Organización y Participación Juvenil (mediante los Consejos Municipales de Juventud, de los cuales hubo 16 elegidos, y la organización nacional de Personeros Escolares).

"Como estrategia general, el Viceministerio promueve la coordinación intersectorial entre las diferentes entidades oficiales que trabajan en el dominio de la juventud, y con las oficinas departamentales y municipales de juventud, reservando para sí algunos roles ligados con el acompañamiento y la asistencia técnica, sin entrar en la ejecución directa de programas, pero la autonomía establecida por la Constitución y el peso de largas tradiciones burocráticas sectoriales, impiden que dicho esquema operativo rinda los frutos esperados. En realidad, se pasa a un esquema en el que la política pública se segmenta significativamente, perdiendo las articulaciones anteriormente desplegadas.

En dicho contexto, una iniciativa realmente significativa fue la aprobación de la Ley de Juventud en 1997, por medio de la cual se establece todo un sistema institucional para el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública de juventud, incluyendo la creación de mecanismos de protección de los jóvenes (el Defensor de los Jóvenes en la Oficina del Defensor del Pueblo) y de participación de la sociedad civil en la gestión propiamente dicha, a través de diversas modalidades operativas. "Es de anotar, que su promulgación se hizo tras un amplio proceso de consulta que recogió las inquietudes de más de 6.000 jóvenes del país" (ídem).

…El Decreto N^° 822 de 2000, crea en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven", con el cometido de "fijar políticas, planes y programas que contribuyan a la promoción social, económica, cultural y política de la juventud. En tal virtud -se establece- promoverá la coordinación y concertación de todas las agencias del Estado y de las demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de Juventud establecido en la Ley 375 de 1997 y de los sistemas territoriales de atención interinstitucional a la juventud, e impulsará la organización y participación juvenil en el campo económico, tecnológico, político, social y cultural y la vinculación de los jóvenes colombianos con la globalización y el desarrollo universal".

Se ha abierto un debate en la sociedad colombiana en relación a los alcances de este nuevo cambio institucional. Por una parte, el gobierno Pastrana argumentó -con sólidos fundamentos- que se trataba de un ajuste necesario para cumplir efectivamente con lo establecido en la Ley de Juventud, en particular, en lo que atañe a la implementación del denominado "sistema nacional de juventud", cuya implementación desde uno de los Ministerios (en pie de igualdad con los demás y sin la debida jerarquía institucional) se torna muy difícil. Por otra parte, una buena parte de los actores que representan el sentir de diversas organizaciones de la sociedad civil, ligadas a la dinámica de las políticas públicas de juventud, expresaron sus temores por lo que califican de un "retroceso" en el proceso recorrido, en la medida en que se vuelve prácticamente al esquema de la Consejería Presidencial de principios de los noventa." ²¹

A pesar de algunos logros, en materia de políticas públicas de juventud se ven esfuerzos incipientes del Estado Colombiano que constituyen solamente un punto de partida para una real vinculación de la juventud en la vida nacional. Poner en marcha el Proyecto "Colombia Joven", requiere criterios programáticos:

-El primero es el cumplimiento del mandato constitucional de construir la igualdad real y efectiva (artículo 13). Este asunto remite a la necesidad de seleccionar y priorizar a los más pobres y marginados.

-El segundo, en el sentido de fortalecer dentro de estas poblaciones su autonomía y su capacidad de interlocución, con el fin de posibilitar la emergencia de instancias con identidad, expresión organizativa y capacidad de gestión, que actúen como mediaciones de la acción misma.

-El tercer criterio, remite a visibilizar la actuación del actor juvenil, en proceso de construcción, con intereses, necesidades y aspiraciones que le son propias.

-Finalmente, en el eje de los Derechos Humanos, establecer un cauce de integración y compromiso en la actual coyuntura con un proyecto de país en el que sea posible la vida digna para todos los colombianos en un ambiente de paz.

3. Una lectura crítica

Recogiendo reflexiones que sometí a debate recientemente ²², debo reafirmar que en situaciones de máxima turbulencia, como las que se viven actualmente en la región, no es posible pensar en el largo, ni siquiera en el mediano plazo. Como nadie tiene claro qué hacer, como es tan desgastante negociar con nuevos gobiernos o líneas de mando que se suceden vertiginosamente produciendo nuevas agendas cada seis meses, como no hay representatividad ni iniciativas sostenibles, como las reformas políticas se quedan en el papel, como no se ven resultados de los programas, como sólo hay presupuesto para asuntos de emergencia y prioridad (los jóvenes no lo son)… se buscan salidas radicales que fluctúan entre la desmovilización, las soluciones de fuerza o la completa transformación de leyes, instituciones y concepciones vigentes.

Paradójicamente, en medio de la situación crítica el tema Juventud parece seguir siendo importante, tanto en agendas nacionales como internacionales. Lo que no está claro es el objetivo último de la intervención, el sentido de las políticas de juventud y de las instituciones dedicadas a la atención de los jóvenes (Consejos de Juventud, clubes y/o casas de juventud…).

En consecuencia, o bien, los asuntos de juventud han dejado de estar en la agenda pública, como efecto de la crisis social que se manifiesta por ejemplo, en drástico ajuste fiscal que hace de los mismos "asuntos no-prioritarios"; o bien, los asuntos de juventud no han logrado entrar aún en las mismas agendas públicas: en efecto, las políticas que se trazaron, se han desdibujado, han perdido vigencia y no han trascendido, en la medida que no ha habido apropiación social de los temas centrales, ni atención institucional a través de los organismos ejecutores, ni presión suficiente por parte de la sociedad civil para su real aplicación.

Las políticas de juventud florecieron silvestres, se improvisaron, no tuvieron un norte, ni metas productivas, ni bases que las sustentaran (en este sentido no fueron públicas), ni interlocutores válidos (no participaron en ellas empresarios, gremios ni organizaciones…), ni fundamento investigativo suficiente, ni pasaron por un debate abierto y trasparente… Fueron concesiones sin efecto en la vida social, en la medida que los sectores que ejecutan políticas sociales no los tomaron en serio: los viceministerios no tuvieron presupuesto, ni presencia ni poder. El Estado tomó el tema para hacer con él protagonismo, y la sociedad civil (a través de las ONG's) entró en el juego, nunca lo criticaron ni lo impugnaron. El tema deslumbró a todo el mundo y la década entera de los años 90 se gastó en aprender sobre el tema, con un costo inmenso y sin resultados equivalentes: haciendo hoy un balance podemos decir que no tenemos indicadores de logro, ni existe una agenda intencionada que permita capitalizar los aprendizajes.

Con una mirada crítica se puede decir que las políticas de juventud fueron una inmensa fachada, detrás de la cual no había contenidos estructurados. Y en consecuencia, la ejecución de las mismas ha sido errática, con una desafortunada gestión, sin dimensionar las actuaciones concretas que podrían transformar a cada país si hubiera comprometido acciones con estos actores estratégicos.

Si uno de los componentes fundamentales de las políticas de juventud estuvo orientado a la formación ciudadana, pensando en abrir espacios a la democracia participativa y a la convivencia social, los espacios en los que se produce (Consejos municipales, Comités de Juventud, etc.) logran apenas crear la apariencia de lo que prometían: participacionismo sin utilidad social, sin presencia ni ejecución con incidencia real.

Por otro lado las Políticas Públicas tienen aplicabilidad, desde su propia lógica, en el ámbito de los asuntos sectoriales. La pregunta que se debe hacer es si resulta factible proponer y ejecutar políticas públicas en el ámbito de lo poblacional. O si, en el caso de los asuntos de juventud, resulta preferible mirar el asunto generacional desde los sectores, dado que son estos los que pueden incidir en planteamientos de problemas que efectivamente tengan acogida (en términos de costo social relevante), presupuesto adecuado y base institucional.

Las Políticas Públicas se elaboran para afectar el ámbito nacional. Sin embargo, se requiere pensar en Políticas Públicas Locales. Potenciar las relaciones entre gobiernos locales y asociaciones juveniles, trabajando conjuntamente por el barrio o por la ciudad, sin entrar en el entramado burocrático, podría ser mucho más productivo. Abrir espacios de expresión pública, donde la interacción entre actores sociales sea directa, es una vía que se explora sin suficiente profundidad en eventos de tipo Rock al Parque en Bogotá. Obviamente, desarrollo social no es sinónimo de organizaciones juveniles. La mayoría de las organizaciones juveniles conocidas son volátiles y de mentalidad adulta. Es necesario abrirse a otros conceptos de grupalidad juvenil, más dinámicos y en el espíritu del tiempo, como son los "parches", "combos" y "bandas".

Están surgiendo propuestas emergentes de carácter inter-generacional sobre los escombros de modelos desuetos de intervención social con jóvenes (p.e. escuelas de animación socio-cultural, alianzas estratégicas inter institucionales, iniciativas barriales en torno a lo ecológico…); así mismo, parece saludable hacer un barrido sobre modelos caducos de formulación e implementación de políticas de juventud.

En el campo de lo poblacional la dimensión que da cuenta de su integralidad es la cultural. Esta no es una variable, que se pueda controlar e intervenir. En consecuencia no parece ser objeto de políticas públicas. Se trataría más bien de dejar las iniciativas a los mismos jóvenes e interactuar con ellos en sus propios espacios. Este concepto contradice la lógica de la planeación estratégica con la que funciona la racionalidad del desarrollo. Se abre allí un interrogante mayor que es necesario dilucidar. Los Proyectos de Desarrollo Juvenil han instalado el tema juventud en los ejes estratégicos básicos, a saber: educación, empleo y salud. Los tres son prioridad indiscutible, en sí mismos. Y los tres son responsabilidad de los Estados, con o sin políticas de juventud.

En el tema de la Educación: los expertos coinciden en que es el tema nodal en la coyuntura, por las sinergias que produce. En concreto, si el diseño de políticas públicas se centrara aquí, serían prioridad asuntos como la retención escolar -para lo cual hacen falta subsidios especiales, novedosas formas de seducir al joven, relación directa con el ámbito de la inserción laboral, entre otros-, y la educación para la convivencia -vinculando la elaboración del conflicto a la cotidianidad de la cultura escolar-. De cara al futuro parece preferible hacer política educativa para preparar capital humano, aunque la pésima calidad de la oferta y la mínima posibilidad de participación, no convocan a los jóvenes. Pensando desde los mismos jóvenes, la educación no es su prioridad, menos aún si pensamos desde los jóvenes rurales y los más pobres.

En el tema del Empleo, prioritario para otros al enfrentar la severa crisis, el problema principal tiene que ver con la contracción económica, que impide pensar en generar empleo estructural especialmente para jóvenes. El empleo que aparece en medio de la coyuntura es apenas emergente, y éste no es competitivo. Igualmente esencial es atender a los jóvenes "postergados", facilitándoles la primera experiencia laboral. Nótese que para los patronos es muy delicado recibir obreros o empleados sin experiencia ni formación… Hay subtemas que requieren atención especial como el trabajo infantil y el trabajo en familia.

En el tema de salud: los asuntos que se plantean son los mismos en todas partes (ETS, deporte, violencia..), con enfoques tradicionales. Parece necesario insistir en promoción y prevención. Sin embargo, un tema crucial para los jóvenes como la educación sexual no ha sido tratado con profundidad ni ha merecido el desarrollo que requiere; se ha dejado en manos de entidades y personas con criterios moralistas o precarios en su concepción objetiva, desde la sensibilidad de las culturas juveniles.

Nótese que los medios de comunicación son apenas marginales y no aparecen con la fuerza que tienen en la vida de los jóvenes. Son parte de un planteamiento más amplio que incluye el campo de la expresión y que tiene como eje central la dimensión Cultural de la intervención. La participación en los espacios públicos, si bien está articulada a la formación ciudadana, tiene especificidad en la medida que los jóvenes no se interesan, cuando dichos espacios están conectados al Estado, con honrosas excepciones. Otros asuntos como objeción de conciencia o pandillas, cobran vigencia en época reciente y entran en las agendas como temas de moda. El asunto generacional en los municipios aún no es importante: allí es donde se pueden plantear soluciones eficaces por cuanto allí se pueden evidenciar logros replicables.

El tema de los Derechos del niño y el adolescente, ha ganado cada vez más importancia y en el conflicto armado es crucial. Sin embargo, su vigencia plena requiere de cambios profundos en leyes, instituciones y mentalidades adultas. Así mismo resulta problemática la delimitación que impone la frontera etárea para atención a Niñez o a Juventud. Es necesaria una caracterización fundamentada del Enfoque Generacional para comprender desde un punto de vista adecuado esta población.

Este complejo y contradictorio mosaico de temas y problemas, nos está planteando claramente un gran desafío: tomar conciencia de la relevancia de los jóvenes para la construcción de sociedades más prósperas y equitativas, y encarar decididamente una sustancial transformación de las políticas públicas a ellos dirigidas. El comienzo de este nuevo siglo, constituye una excelente oportunidad para hacerlo, tanto desde el punto de vista poblacional como desde el punto de vista de las reformas estructurales actualmente en marcha, que pueden cambiar radicalmente las "reglas de juego" actualmente vigentes.

Notas

¹De la identidad al conflicto, los estudios de Juventud en Bogotá, CES, 2000.

²Eduardo Vélez, Ricardo Santamaría y Gabriel Silva. "La juventud universitaria y el sistema político: ¿caminos divergentes?". Ricardo Santamaría y Gabriel Silva. "Comportamiento político de los jóvenes universitarios: una aproximación al caso de Bogotá". En menor medida dedicado a los jóvenes bogotanos, Francisco Leal. "La participación política de la juventud universitaria como expresión de clase". En: Juventud y política en Colombia. Bogotá: Fescol-Instituto Ser de Investigaciones, 1984.

³El año internacional de la juventud promovió todo tipo de iniciativas de intervención con los jóvenes, como bien lo atestiguan los convenios entre Unicef y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Estado, e instituciones como Coljuventud y la Asociación Cristiana de Jóvenes en lo privado.

⁴En el Anexo 1 se encontrará un esquema gráfico tomado del trabajo de J. Escobar -citado más adelante- que sitúa con precisión las referencias históricas y estadísticas.

⁵Desde un punto de vista estadístico y teniendo en cuenta la definición de joven, establecida por la Ley 375 de 1997, en Colombia existen 6'995.254 jóvenes; siendo su distribución por sexo 3'648.153 de mujeres y 3'347.097 de hombres.

⁶Dane. Colombia: Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad, 1950-2050. Bogotá, 1998.

⁷Coljuventud. Evaluación de la Gestión de la Consejería Presidencial para la Mujer, la Familia y la Juventud. Las experiencias. Bogotá, 1993.

⁸Escobar, Jorge. "Políticas e institucionalidad pública de juventud". Informe final en Seminario Internacional de OPS. Bogotá, enero de 2000. 5

⁹Rodríguez, Ernesto. Políticas públicas de juventud en Colombia: desafíos inmediatos y prioridades estratégicas para una gestión institucional renovada. OIJ, Abril 2001.

¹⁰Rodríguez, Ernesto. Políticas públicas de juventud en Colombia: desafíos inmediatos y prioridades estratégicas para una gestión institucional renovada. OIJ, Abril 2001.

¹¹Dane. Tablas abreviadas de mortalidad por sexo, por sectores censales y estimaciones quinquenales 1995-2025. Bogotá, 1998.

¹²Simposio Nacional "Jóvenes en Alto Riesgo". Memorias. Corporación Juan Bosco. Septiembre de 1997.

¹³Derechos Humanos para Vivir en Paz. Quinto Informe Anual del Ciudadano Defensor del Pueblo al +Congreso de Colombia.

¹⁴Cohodes. El Desplazamiento en Colombia.1997.

¹⁵Escobar, Jorge. "Políticas e institucionalidad pública de juventud". Informe final en Seminario Internacional de OPS. Bogotá, enero de 2000.

¹⁶Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 1997 el 24% de la población con NBI tenía edades entre 15 y 29 años.

¹⁷Proyecto Atlántida. Informe Final. 1996.

¹⁸Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud, la Mujer y los Ancianos. 1999.

¹⁹Escobar, Jorge. "Políticas e institucionalidad pública de juventud". Informe final en Seminario Internacional de OPS. Bogotá, enero de 2000.

²⁰ Rodríguez, Ernesto. Políticas públicas de juventud en Colombia: desafíos inmediatos y prioridades estratégicas para una gestión institucional renovada. OIJ, Abril 2001.

²¹Rodríguez, Ernesto. Políticas públicas de juventud en Colombia: desafíos inmediatos y prioridades estratégicas para una gestión institucional renovada. OIJ, Abril 2001.

²²Cfr. Muñoz, Germán. "Otra década perdida. Los programas de desarrollo juvenil en la región andina". Revista Nómadas 13. DIUC. Bogotá, 2000.

²³ Escobar, Jorge. Políticas e institucionalidad pública de juventud. Informe final presentado en Seminario Internacional OPS. Bogotá, Enero de 2000.

Bibliografía

Celade. (2000). Juventud, Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago: Celade-Cepal.        [ Links ]

Codees. (1997). El Desplazamiento en Colombia. Bogotá, D.C.        [ Links ]

Coljuventud. (1993). Evaluación de la Gestión de la Consejería Presidencial para la Mujer, la Familia y la Juventud. Las experiencias. Bogotá, D.C.        [ Links ]

Cubides, H., Laverde, M. C. & Valderrama, C. (Coord.). (1998). Viviendo a Toda: Jóvenes, Territorios Culturales y Nuevas Sensibilidades. Universidad Central. Bogotá, D.C.: Siglo del Hombre Editores.        [ Links ]

Dane. (1998). Colombia: Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad, 1950-2050. Bogotá, D.C.        [ Links ]

Dane. (1998). Tablas abreviadas de mortalidad por sexo, por sectores censales y estimaciones quinquenales 1995-2025. Bogotá, D.C.        [ Links ]

Defensoría del Pueblo. (1999). Derechos Humanos para Vivir en Paz. Quinto Informe Anual al Congreso de Colombia.        [ Links ]

Escobar, J. (2000). "Políticas e institucionalidad pública de juventud". Informe final en Seminario Internacional de OPS. Bogotá, D.C.        [ Links ]

Fes. (1996). Proyecto Atlántida. Informe Final. Bogotá, D.C.        [ Links ]

Leal, F. (1984). La participación política de la juventud universitaria como expresión de clase. En Juventud y política en Colombia. Bogotá, D.C.: Fescol-Instituto Ser de Investigaciones.

Memorias (1997). Simposio Nacional "Jóvenes en Alto Riesgo". Corporación Juan Bosco. Bogotá, D.C.        [ Links ]         [ Links ]

Muñoz, G. (2000). "Otra década perdida". Revista Nómadas, 13, 239-246.        [ Links ]

Perea, C. M. (2000). De la identidad al conflicto. En Barbero, M., López, F. & Robledo, A. (Eds.). Cultura y Región. Bogotá, D.C.: Universidad Nacional-CES.        [ Links ]

Rodríguez, E. (2001). Políticas públicas de juventud en Colombia: desafíos inmediatos y prioridades estratégicas para una gestión institucional renovada. OIJ.        [ Links ]

Santamaría, R., &, Silva, G. (1984). Comportamiento político de los jóvenes universitarios: una aproximación al caso de Bogotá. En Juventud y política en Colombia. Bogotá: Fescol-Instituto Ser de Investigaciones.        [ Links ]

Vélez, E., Santamaría, R. & Silva, G. (1984). La juventud universitaria y el sistema político: ¿caminos divergentes?. En Juventud y política en Colombia. Bogotá, D.C.: Fescol-Instituto Ser de Investigaciones.        [ Links ]

²³