Primera Sección: Teoría y metateoría

Una revisión de la producción académica sobre la violencia política en Colombia para indagar sobre el lugar de los jóvenes y las jóvenes ^*

Uma revisão da produção acadêmica sobre a violência política na Colômbia para examinar a posição dos e das jovens

A review of academic production on political violence in Colombia to trace the place of youths

Juan Manuel Castellanos Obregón¹, William Fernando Torres Silva²

¹ Profesor Asociado del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas. Miembro de los grupos de investigación: Jóvenes, Culturas y Poderes del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (Cinde-Universidad de Manizales); líder del grupo de investigación Comunicación, Cultura y Sociedad (categoría B), y miembro del Cedat (categoría C) de la Universidad de Caldas. Antropólogo, Magíster en Comunicación Educativa, Candidato a doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE. Correo electrónico: juan.castellanos@ucaldas.edu.co

² Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana. Líder del grupo de Investigación Culturas, Conflictos y Subjetividades (Categoría A). Doctor en Filología Hispánica y Candidato a Doctor en Historia. Correo electrónico: willitor@usco.edu.co

Primera versión recibida marzo 26 de 2008; versión final aceptada julio 15 de 2008 (Eds.)

Resumen:

En este documento se trata de analizar varios frentes de producción bibliográfica sobre la violencia política en Colombia para comprender los procesos de movilización armada y compromiso militante de los jóvenes y las jóvenes. Desde este punto de vista, con la revisión de la literatura académica más relevante sobre la violencia y sobre la guerra interna, los autores intentan ampliar las categorías de investigación alrededor del sujeto juvenil armado, al delimitar un conjunto de interrogantes y problemáticas de orden teórico y metodológico que indagan por las formas de movilización en el campo de la guerra interna en el país.

Palabras clave: Jóvenes, violencia política, guerreros, combatientes, grupos insurgentes, soldados, movilización armada, Colombia.

Resumo:

Neste documento se trata de analisar vários frentes de produção bibliográfica sobre a violência política na Colômbia para poder compreender os processos de mobilização armada e de compromisso militante da parte dos jovens e das jovens. Desde esta perspectiva, com a revisão da literatura acadêmica mais pertinente sobre a violência e sobre a guerra interna, os autores tratam de alargar as categorias de pesquisa ao redor do sujeito juvenil armado, delimitando um grupo de questões e problemáticas teóricas e metodológicas que exploram as formas de mobilização no campo da guerra interna do país.

Palavras chave: Jovens, violência política, guerreiros, combatentes, grupos insurgentes, soldados, mobilização armada, Colômbia.

Abstract:

This paper attempts to analyze several avenues of bibliographic production about political violence in Colombia, in order to understand the processes of armed mobilization and the militant committment of youths. From this viewpoint, through a review of the most relevant academic literature on violence and internal war, the authors intend to widen the current research categories about young armed subjects by delimiting a set of questions and problematics of theoretical and methodological import that try to capture the mobilization forms in the field of Colombia’s internal war.

Keywords: Youth, political violence, warriors, combatants, insurgent groups, soldiers, armed mobilization, Colombia.

Introducción

Colombia es el país en donde se desarrolla el conflicto armado interno de mayor antigüedad en la actualidad. Si entroncamos su origen en La Violencia de los años cuarenta o lo movemos a la violencia insurgente propia del orden bipolar que se construyó luego de la segunda guerra mundial, y que en América Latina suele poner como inicio el triunfo del movimiento 26 de julio en Cuba en 1959, en cualquiera de las dos versiones sigue siendo la más antigua de las guerras del siglo XX (Pizarro, 2005, p. 206).

La producción académica sobre la violencia, y sobre la violencia en Colombia es y ha sido bastante prolífica, destacándose dos vetas: aquella que viene del ámbito de la sociología, la historia, la politología y recientemente de la economía, centradas, casi todas, en las explicaciones macro del conflicto; frente a aquella de aspiración ideográfica, muchas veces de corte testimonial, que suele conversar poco con las premisas teóricas e interpretaciones a veces deductivas de la producción gruesa.

Nuestro propósito en este escrito es explorar algunos interrogantes relacionados con la incorporación de los jóvenes y las jóvenes en la guerra. Los ejes de análisis son el lugar de los jóvenes y de las jóvenes en la guerra y las formas de compromiso, incorporación y reclutamiento de los guerreros de los diferentes ejércitos.

En el orden empírico podemos rastrear cómo el "pie de fuerza" de los ejércitos, de las armadas, de los grupos en armas, está compuesto mayoritariamente por personas que disponen y son dispuestos por su condición juvenil a hacer la guerra. La comprensión de las relaciones entre la violencia política y la población joven, y de su condición estatutaria juvenil, pasa necesariamente por la delimitación de lo que entendemos por juventud (Bourdieu, 2000), como expresión de una condición/relación que se formula en categorías que se refieren en lo general a una clase de edad en la cual son insertos, clasificados y etiquetados algunos sujetos sociales, pero que varían en sus límites etarios y contenidos (cualidades y demandas) en el tiempo y el espacio social (Martín, 1998; Escobar & Otros, 2004).

En el orden teórico interesa la relación entre las condiciones de producción de los sujetos y las acciones que ellos realizan. En este escrito reconocemos el recorrido anterior sobre una temática y es la oportunidad para entrar en el campo, recuperar lo realizado y proponer algunas direcciones en las cuales avanzar. Ninguna revisión podrá ser exhaustiva; siempre, a última hora, aparece documentación que clama por ser incluida.

Los jóvenes y las jóvenes en el campo de la guerra en Colombia: hipótesis de trabajo

La comprensión de las condiciones sociales e históricas de la producción social de jóvenes guerreros y guerreras es nuestro objeto de interés. Entendemos por jóvenes guerreros y guerreras al conjunto diverso de sujetos armados cuya forma de vida o vinculación laboral o compromiso personal están asociados a la coacción física y a la violencia efectiva o preventiva como práctica cotidiana. Cubre un conjunto variopinto de actividades legales, ilegales, públicas y privadas, voluntarias o contratadas, personales y colectivas, que tienen como eje común el uso de la fuerza y de las armas; la milicia, como práctica reguladora. No todos los guerreros o guerreras son jóvenes, pero la condición juvenil, en su variada representación social, es una condición regular para el ingreso en la carrera militar.

La identificación e interrelación de los factores responsables de la generación de disposiciones guerreras nos remite a los modos de movilización y compromiso no necesariamente político, pero también a formas de expresión de la subjetividad y de la intersubjetividad ligadas a la violencia armada. Partimos de la premisa de que los jóvenes y las jóvenes son (y han sido) reclutados/movilizados de dos maneras básicas:

Por una parte son invitados o invitadas, "seducidos o seducidas" para participar en la vida/vía armada en cualquiera de sus manifestaciones legales o ilegales, organizadas o no, en tanto que la guerra y la violencia, como ejercicio posible y conjunto de roles disponibles, existe en el contexto social en el cual los jóvenes y las jóvenes crecen (Brett & Specht, 2004). Los distintos ejércitos son componentes del mercado de trabajo y de las opciones de integración laboral y política adultas, y forman las condiciones de posibilidad para articular trayectorias de vida guerrera (Brett & Mariner, 2004; Dandeker, 2003; Legar, 2003).

Por otro lado, los jóvenes y las jóvenes son producidos y producidas para el mercado de la guerra, cuando en sus procesos de socialización adquieren disposiciones para el sacrificio mortal de sí mismos y de los otros. Es decir, existe un conjunto de instancias y procesos que producen el capital guerrero (Sauvadet, 2006): la fuerza física, la disposición para la aventura, el compromiso con la violencia, la orientación para el sacrificio, entre otras; que ligadas a las formas simples de la fuerza laboral, son formadas en contextos adecuados para la generación de habilidades asociadas a la guerra, y puestas en valor, de manera directa por ella (Mauger, 2006; Willis, 2005). Es, en resumen, la formación de disposiciones, en el doble significado de la noción: facultad-habilidad e inclinación-propensión (cercana a la noción de vocación y de carrera moral en Bourdieu (1991).

Comprender la racionalidad y la razonabilidad de las prácticas de los grupos sociales expuesta en las prácticas, discursos y experiencias de vinculación a la guerra de sus sujetos juveniles puede ser una manera de comprender la lógica inmersa que la reproduce. Como se propondrá más adelante, un eje de la discusión actual tiene que ver con el carácter político o económico de la motivación o de la movilización hacia la violencia (rebelión, sedición o simple delincuencia, en palabras del debate actual) de los actores y los sujetos en armas. Asumimos como presupuesto metodológico que esta "guerra polifacética", compuesta por muchos actores, cada uno con su propia complejidad, debe ser mirada de conjunto, para entender las maneras como se retroalimentan los factores y los grupos¹, al comprender cómo cada actor armado es a la vez un aparato militar, un poder territorial, un actor de violencia degradada, un proyecto político, un actor en los conflictos regionales, locales y cotidianos, un cazador de rentas y para muchos un "modo de vida" (Gómez & de Roux, 2003).

Las perspectivas sobre la guerra en Colombia

Sobre el conflicto armado colombiano hay una amplia producción académica y testimonial que, grosso modo, puede ser catalogada en dos grandes perspectivas: una mirada de largo plazo, muchas veces estructural e histórica, y otra de corto plazo, coyuntural y centrada en los sujetos. En este análisis se entrelazan las categorías del entendimiento producidas para la comprensión de la violencia política desde múltiples tradiciones académicas y filosóficas y las categorías propuestas para su reintegración en una perspectiva específica, que sirva para deslindar las particularidades del objeto y no solamente para producir un "efecto de teoría". Es grande la producción de investigaciones sobre los orígenes, las causas y las salidas al conflicto social y político que domina la historia de Colombia durante toda la segunda mitad del siglo XX² . Una doble dificultad enfrentamos con esta temática; por una parte la existencia de una gran cantidad de discursos de todo talante, y por otro lado su concentración y cierto dominio en ámbitos académicos compartimentados. Una revisión exhaustiva de esta producción escapa a nuestro alcance e interés, por lo que nos apoyaremos en algunos trabajos recientes, que tienen la cualidad que enlazan algunas de nuestras preocupaciones.

La comisión de expertos para el análisis de la violencia instalada en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) conocida coloquialmente como los violentólogos (Arocha & otros, 1995), rompió, a juicio de los analistas, con el sobredimensionamiento de la violencia política en la comprensión de los problemas del país y tuvo el acierto de señalar el carácter multidimensional de las violencias que lo atraviesan. Propuso como clave explicativa la noción de "cultura de la violencia" como una condición profunda que recorrería los diversos conflictos, una gruesa nata configurada a través de varias generaciones en las prácticas y relaciones entre los diferentes actores sociales. Planteó además que la mayor parte de las violencias que recorren el país estarían más relacionadas con la calidad de vida que con las luchas por el control del Estado. Para esta comisión, la violencia de los ochentas no es la misma de los sesentas, en la cual lo actores ya no buscaban insertarse en el poder sino sustituirlo³ , y en donde los "nuevos rebeldes" habrían encontrado el terreno abonado por la práctica instituida en el Estado y en las agrupaciones políticas bipartidistas de darle un "tratamiento militar" a los conflictos sociales anteriores⁴ (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 19-23).

La visión de las causas objetivas ha sido centro de discusiones posteriores, pues para algunos autores aparece como una justificación de la violencia, al hacer énfasis en la presencia de múltiples violencias relacionadas con la calidad de vida y las relaciones sociales y la explicitación de los factores no propiamente políticos de la violencia (Chaparro, 2005, pp. 433-446)⁵ .

Del lado de las causas subjetivas está la versión propuesta por Rubio (1998), en la cual se reconoce la falta de institucionalidad del conjunto social, pero se tiende a explicar la violencia por patrones individuales de ilegalidad política ligados a acciones delincuenciales altamente rentables. Esta perspectiva plantea renovar los análisis en la pista de los cambios en la dinámica de la guerra, ya que se dice, la economía del narcotráfico habría transformado las condiciones objetivas y generado otros motivos subjetivos (Chaparro, 2005, p. 440). Este enfoque combina el análisis de la elección racional, el análisis institucional y la teoría de las organizaciones, y argumenta en contra de que las violencias puedan seguir siendo consideradas fenómenos colectivos desligados de los individuos que toman decisiones, controvirtiendo así la propuesta de los violentólogos de que los colombianos y colombianas se matan más por razones de calidad de vida que por lograr el control del Estado. Esta perspectiva trata de evitar, así mismo y por principio, cualquier justificación de la violencia política y centra su descripción de la guerrilla en sus aspectos subjetivos orientados al interés propio; interés desprovisto de racionalidad política. Este punto de vista rivaliza explícitamente con el anterior, criminaliza a los rebeldes como especies de terroristas profesionales, por un lado, y por el otro, "enaltece la figura del soldado, como autoridad ad hoc, como primer soldado de la nación en toda la patria" (Chaparro, 2005, p. 435).

El individualismo metodológico aplicado a los actores armados pone entre paréntesis la distinción entre delincuente político y delincuente común, enfatiza en las intenciones de los actores violentos y la jerarquización de su legitimidad, contradiciendo las concepciones de los guerrilleros como "bandidos sociales" (Sánchez & Meertens, 2006) con motivaciones altruistas, amplio respaldo popular, honda adhesión política, acentuada movilidad y cierto carácter telúrico⁶ (Bolívar, González & Vázquez, 2003, pp. 26-27; Pizarro, 1991⁷). Por el contrario, analiza sus actuaciones —cada vez más semejantes a la delincuencia común⁸ —, pone en escena el carácter difuso de las nuevas guerras civiles (Kalyvas, 2005; Kaldor, 1999⁹ ) lo que hace que el delito común y el delito político se complementen y refuercen y que sea cada vez más difícil diferenciarlos.

Esa es, en líneas gruesas, la discusión actual sobre el conflicto y la guerra en Colombia: la tensión entre las explicaciones que parten de la pervivencia de las causas objetivas y aquéllas que insisten en la generación y transformación de condiciones subjetivas¹⁰. Una tercera línea de interpretación va a estar marcada por la importancia que le otorguen al Estado y a la sociedad en sus explicaciones. Una cuarta línea de reflexión podría ser la enmarcada por la pregunta sobre la vigencia de las categorías dicotómicas para el análisis: local-nacional/global, política/criminal, económica/política, democracia/violencia, desorden/ derecho, utilizadas en la producción académica sobre el conflicto (Gutiérrez & Sánchez, 2005, pp. 14-20). Vamos a avanzar un poco más, en una perspectiva que trata de proponer una mirada integral y que tiene en cuenta al mismo tiempo las líneas de la discusión: la estructura, la subjetividad y el Estado, así como las categorías del entendimiento propuestas para dar cuenta de ellas.

Fernán Gonzáles y un equipo del Cinep (Bolívar, González & Vázquez, 2003), en un trabajo de más de dos décadas de investigación sobre la temática, proponen "en un enunciado sincrético" (Chaparro, 2005, p. 448) una hipótesis comprensiva de la relación entre estructura y elección racional en el contexto de la construcción del Estado. Sugieren mantener la tensión entre las causas objetivas y subjetivas de la violencia, el conflicto y la guerra en Colombia, mirando la "interrelación entre las acciones planificadas de los actores que optan por la violencia con el análisis diferenciado de la situación campesina que hace posible la inserción de los actores armados" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 30). Asumen la propuesta de Pecault (2001) en la cual el autor francés plantea que la guerra en Colombia se ha desarrollado en los espacios vacíos que el Estado ha dejado, en donde la sociedad ha quedado abandonada a su propia dinámica de fuerzas contrapuestas (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 25). Consideran que para superar la simple oposición estructura/individuo es necesario reconocer en las guerrillas a actores colectivos, superando la simple distinción delincuente común/delincuente político, estableciendo las necesarias relaciones entre Estado-individuos, Estado-colectivos, como trasfondo de la caracterización de esta guerra como guerra civil.

Es fundamental para estos autores y autoras considerar el carácter político de la confrontación, apreciando la relación entre pobreza, desigualdad y exclusión social; pues la violencia, dicen, muchas veces no se da contra el Estado sino contra otros rivales, y es preparada por un tipo de instituciones políticas y judiciales que facilitan la violencia y está asociado más que a la pobreza, al contraste y desigualdad de la riqueza (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 31). Para apreciar las tensiones anunciadas desarrollan un análisis de la evolución del "fenómeno violento" en los diferentes momentos históricos, con el fin de apreciar la ligazón entre las economías de frontera (espacial y legal), la poca presencia del Estado y la ausencia del monopolio de la fuerza.

Proponen ver cómo los conflictos articulan las poblaciones y territorios y son parte del proceso natural de construcción del Estado (Bolívar, González & Vázquez. 2003, p. 11), en "un Estado que es más pequeño que la nación y una nación que es más pequeña que el territorio" (Bolívar, 2003). Consideran necesario combinar una visión de largo plazo que se pregunta por el inconcluso proceso de constitución del Estado-nación, con una de corto plazo que trata de ver la fragmentación producida por el conflicto armado en un sistema político y social construido como una federación de poderes locales coaligados por subculturas de partidos, en donde el conflicto responde a las "tendencias centrífugas de las élites locales" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 11); por lo que es necesario analizar el papel que han jugado y juegan las "redes de poderes locales del bipartidismo" en las dinámicas diferenciadas del conflicto.

El enfoque estructural de larga duración es orientado a establecer eventuales relaciones entre expectativas frustradas de sectores campesinos y procesos de colonización, relacionados ambos con la estructura de la propiedad agraria; se combina con la mirada centrada en la elección racional y voluntaria de los actores armados, que incluye las percepciones subjetivas de desigualdad y su inserción en "estructuras de oportunidades" proporcionadas por la estructura económica y el proceso de construcción del Estado. Ello les permite alejarse del "síndrome del enemigo" con el que se suele analizar gran parte de la producción académica sobre el conflicto, y que frecuentemente genera miradas estereotipadas sin posibilidad de análisis objetivos.

Consideran clave la investigación sobre las lógicas y motivaciones de los actores enfrentados y sobre las situaciones que las enmarcan sin llegar a la criminalización que se ha dado en las investigaciones sobre la elección racional (Bolívar, González & Vázquez. 2003, p. 19).

A través del análisis de los planes estratégicos de la insurgencia y la contrainsurgencia es posible obtener, dicen, una visión histórica diferenciada de la presencia guerrillera y paramilitar en el territorio, diversificando zonas de refugio, captación de recursos y confrontación. Una visión de cómo se ha diversificado la violencia según las regiones y estructuras agrarias, que permitiría entender el comportamiento cada vez más pragmático y menos ideológico de los grupos. El esfuerzo investigativo —plantean—, debe centrarse también en la capacidad de los actores armados para moverse en las esferas de la decisión individual y la acción colectiva, y cómo se relacionan con la "percepción relativa de los jóvenes rurales con respecto a su entorno, y las expectativas frustradas en regionales con una rápida riqueza" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 35). Los difusos límites entre la acción delincuencial, política y militar que, aunque se sabe que están en la base comparten disputas por el poder, son condicionadas por las leyes propias de los enfrentamientos bélicos y poco tienen que ver con la propia voluntad de los individuos (Chaparro, 2005, p. 448; Dowdney, 2002).

Las perspectivas sobre la violencia política y el lugar de los jóvenes y las jóvenes

Dos marcos interpretativos conocidos como codicia y agravio, y relacionados con Hobbes y Schmitt (1996) respectivamente, se enfrentan para comprender la ontología de la violencia política y específicamente las acciones, motivaciones e identidades en las guerras civiles (Kalyvas, 2005). Estos dos encuadres señalan la interacción entre "identidades políticas e identidades privadas" en el desarrollo, comprensión y acción de los actores de las guerras civiles (Kalyvas, 2005, p. 51). Este trasfondo de orden filosófico atraviesa gran parte de la comprensión académica, política y jurídica occidental, la cual aterriza en discusiones puntuales como el carácter sedicioso, rebelde, político o criminal de los actores de la violencia armada.

La guerra, fundadora de orden y derecho —desde la perspectiva hobbesiana—, despojaría a la sociedad de la hostilidad, controlaría las violencias recíprocas entre los sujetos sociales y fundaría el Estado- nación, a través de la constitución del gran Leviatán que se erigiría contra la anarquía de las guerras que privatizan la violencia (Kalyvas, 2005; Uribe, 2001, p. 240). Esta perspectiva influye en la comprensión moderna de las llamadas "nuevas guerras" como presuntamente motivadas por codicia y saqueo (Kaldor, 1999), y está directamente asociada con un enfoque de análisis de los actores armados colombianos, y de los guerreros y las guerreras jóvenes en particular, como orientados y orientadas por motivaciones y racionalidades económicas más que por motivaciones altruistas de carácter político (Rubio, 1998; Chaparro, 2005; Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 26).

El encuadre opuesto plantea que las guerras civiles están basadas en lealtades y creencias de grupo, en donde el enemigo es abstracto e impersonal, recalcándose el carácter político de la confrontación (Moore, 1989). De manera alterna a estas dos perspectivas, Kalyvas (2005) señala la necesidad de ver la interacción entre las identidades políticas y privadas para comprender la ambigüedad propia de las guerras civiles y la insuficiencia de las interpretaciones de uno u otro enfoque. Vamos a revisar brevemente lo expuesto por este autor, para construir las bases de la comprensión posterior de los estudios sobre la violencia y el conflicto armado en Colombia.

El argumento de Kalyvas puede ser resumido de la siguiente manera: la ambigüedad de las guerras civiles es parte de su estructura y no una coyuntura (2005, p. 53). La distinción entre lo local y lo central no es fácilmente visible, y la "escisión maestra" de la guerra (religiosa, étnica, ideológica) sirve para enmascarar la interacción entre conflictos locales y privados con banderas políticas externas. Desde este punto de vista, la comprensión de las guerras como conflictos típicamente binarios, desde la base de lo que se entiende como la dimensión principal de la guerra, y a partir de la cual se etiquetan los actores, sus acciones y la violencia que generan, pierde por completo la diversidad de actores, interacciones y conflictos que se articulan al interior de un conflicto civil. Perder la dimensión local de los conflictos es desperdiciar la posibilidad de comprender por qué la gente se une o huye, y cómo se ejecuta -y contra quién- la violencia. Si bien no se puede partir de que las políticas locales son solamente la reflexión local de la política nacional, no se puede desconocer que la política brinda los medios para que los conflictos locales se expresen.

En el caso que nos interesa, es necesario plantear entonces que los conflictos locales de clase, generación y condición social, articulan de manera diferente el contexto y los motivos por los cuales los jóvenes y las jóvenes se incorporan a la guerra, al hacerlo en unos u otros ejércitos. "La primacía analítica de la escisión maestra implica que las dinámicas locales sólo sean percibidas como una mera manifestación local de un conflicto central (y que) los actores locales sólo sean réplicas de los actores centrales…, que los motivos sean válidos para todos los miembros y acciones individuales" (Kalyvas, 2005, p. 64).

La mayoría de los relatos macro o estructurales infieren identidades y acciones locales e individuales directamente de la escisión maestra de la guerra, produciendo que las escisiones locales sean olvidadas, por su ambigüedad o porque son simplemente articuladas, a menudo instrumentalmente, en el lenguaje de la escisión maestra. Pero, para el caso de los jóvenes soldados y las jóvenes soldados, las escisiones locales, más que las maestras¹¹, están en el centro de la movilización a la guerra, excepto, podríamos decir, en sujetos en el centro, como los estudiantes universitarios, sindicalistas y propietarios rurales, radicalizados por la escisión maestra (aunque siempre se puede mantener la duda).

Las escisiones maestras pueden ser preexistentes o inducidas por la guerra, consistentes o fluidas; lo cierto es que la guerra misma activa las "líneas de falla" a nivel local. Esas líneas de falla, para el caso que nos interesa, no solamente cobijan los conflictos agrarios tantas veces reseñados por los diversos autores, sino también los contrastes riqueza/pobreza, y uno que interesa particularmente: los conflictos generacionales. El alinderamiento de los jóvenes y las jóvenes a uno u otro bando, se hace en tanto pertenecientes a grupos sociales alineados por el conflicto; los grupos armados que reclutan jóvenes que luego "proceden a reprimir a los ancianos de la aldea" (Kalyvas, 2005, p. 62).

Si se pone entre paréntesis la escisión maestra de la guerra para verla a través del lente de los conflictos locales, se verá de inmediato la imposibilidad de mantener la "intercambialidad de los individuos". Por un lado, las etiquetas de identidad deben manejarse con precaución¹², pues colocar la línea básica que delimita a los grupos relevantes no es tan claro, aunque, como se ha visto, la dinámica maximinalista de los grupos eficientes en la confrontación tratarán de señalar al conjunto de la población¹³ en una lógica de amigos o enemigos, simplificando la participación de los civiles. La simplificación del papel de los civiles, vehiculizada por la "teoría del instigador" o por términos como el de marioneta (que es como frecuentemente se lee la participación de los combatientes juveniles), se suele centrar en la parte visible de los conflictos, ocultando instigadores que son esenciales para "transformar la animosidad en violencia" (Kalyvas, 2005, p. 66)¹⁴.

La participación local en la guerra articula una variedad de motivos, muchos de carácter privado, los cuales deben ser analizados espacio por espacio, ya que son clave para entender las motivaciones no ideológicas que expresan la gran mayoría de los jóvenes guerreros y las jóvenes guerreras para entrar en los ejércitos. No se puede establecer una clara frontera entre violencia criminal y violencia política, privada o pública, local o central, como lo proponen algunos de los análisis actuales, pues muchas veces no es clara la respuesta a "¿Quién está llevando a quién de la mano?" (Kalyvas, 2005, p. 70). La interacción entre política local y central, y la alianza -más que la escisión- entre los motivos locales y centrales, personales y políticos, es lo propio de las guerras civiles, antes y ahora: "La guerra civil puede entenderse como la transformación de un proceso conjunto en la búsqueda del poder por parte de los actores colectivos y la búsqueda de ventaja local por parte de los actores locales" (Kalyvas, 2005, p.75); entre los cuales los jóvenes y las jóvenes juegan como un grupo en busca de poder local, y por local se puede entender también el micromundo familiar y comunitario. Esta perspectiva permite incluir tanto las acciones estratégicas de los actores políticos, como las acciones oportunistas de los individuos locales.

El reclutamiento de los jóvenes y de las jóvenes debe ser analizado entonces desde la perspectiva de los conflictos locales y no solamente desde la lógica de la escisión maestra con que se suele enmarcar el conflicto.

Violencia política y formación del Estado: el monopolio de la fuerza

¿Cómo entran los jóvenes y las jóvenes combatientes en la lógica macro de la constitución del Estado y del monopolio centralizado de la violencia? ¿Cómo entender desde esta óptica el servicio militar obligatorio? La mayor parte de los relatos académicos revisados no se ocupan de individuos o sujetos, sino de macrosujetos: las clases, los partidos, las instituciones, las familias, las regiones, las localidades, asumiendo a los jóvenes y a las jóvenes como parte del decorado¹⁵. Pero ante la constatación de su afiliación masiva y cuando menos apasionada a las causas y a las acciones de la guerra, deben ser interrogados e interrogadas de manera directa. Vamos a revisar brevemente la discusión acerca de la relación entre violencia, Estado y monopolio de la violencia, para encuadrar nuestros interrogantes sobre los jóvenes guerreros y las jóvenes guerreras en esta escala de la reflexión.

La política como trasfondo de la violencia aparece claramente delineada desde el proceso de construcción del monopolio de la violencia como dominio directo del Estado y como tránsito necesario para el control del animus belli (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 243; Bolívar, 2003, p. 7; Uribe, 2001, p. 204 y ss.). En el análisis que realiza Charles Tilly de la constitución del Estado en Europa, concluye que éste es más el resultado de la preparación para la guerra que de los esfuerzos por apaciguarla (Tilly, 1995, En: Bolívar, 2003, p. 7). Tres argumentos se pueden recoger de la relación entre política y violencia: a) La violencia no es tanto el resultado de la debilidad del Estado como el indicio de que están en camino procesos de integración regional y social propios de esta dinámica (Bolívar, 2003, p.7); b) La visión dicotómica entre violencia y política olvida que la forma en que se puede resolver su relación depende del entramado social en que se hallen (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 242); y c) Los estados de guerra prolongados y las soberanías en disputa se enmarcan en guerras por una construcción nacional, por un orden justo, por la representación soberana, por el dominio territorial, fines que se entrecruzan con los conflictos propios de las sociedades modernas (Uribe, 2001).

Si se parte de que el Estado es una forma de vinculación social -nos dice Bolívar (2003)- entre distintos grupos y territorios, la violencia puede aparecer como una forma de dicha articulación. Este planteamiento es clave si ampliamos el zoom y vemos cómo la violencia ha sido una forma de articulación social e histórica de actores que están por fuera, como algunas generaciones jóvenes. Desde la perspectiva de la dinámica entre dominio directo e indirecto propia del proceso de integración territorial, identificado por Tilly (1995), y la dinámica de centralización expresada en la configuración del monopolio de la violencia, estudiada por Elias¹⁶, se pueden entender los procesos de diferenciación regional de la violencia en la manera como el aparato estatal va desplazando el poder de "los notables" del pueblo hacia una burocracia central, entre los cuales se encuentran un ejército y una policía centralizados. El aumento de la disponibilidad centralizada de tropa entra en directa relación con el aumento de la centralidad de los militares en la vida política: de ejércitos de vasallos, chusmas y contrachusmas, pájaros, bandoleros y mercenarios, se pasa lentamente a ejércitos "reclutados entre los pobladores del territorio nacional delimitado previamente" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 243).

El servicio militar aparece así como parte de las instituciones y organizaciones que permiten al Estado penetrar en las comunidades y en los hogares, ampliar la base de tributación, establecer un vínculo directo y generalizado con los pobladores, eliminando en lo posible los intermediarios. La cooptación y el reclutamiento obligatorio de los jóvenes y las jóvenes emergen como una prueba de lealtad al soberano,¹⁷ hacen parte de los procesos de centralización política, y juegan un papel importante en la "construcción ideológica del Estado" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 246).

Los contrapoderes, mediante sus propios procesos de cooptación, también generan formas fragmentarias de integración de los sujetos, cuando se constituyen en poderes concretos, autoritarios, discrecionales, capaces de sancionar, de ofrecer dominio y protección (Uribe, 2001). Los guerreros y guerreras en este contexto, de lado y lado, son el correlato natural de este proceso, cuando son articulados en y por los conflictos y las relaciones sociales, entre el orden local y el orden central por el predominio de alguna soberanía.

La construcción del monopolio de la violencia es parte de una estrategia de centralización propia de los procesos de integración territorial y social, e implica, por ejemplo, la extensión de la ciudadanía a nuevos estratos sociales como mecanismo de integración horizontal. A un nivel más personal, a nivel del ciudadano, el servicio militar obligatorio juega un papel clave en la integración directa de los futuros ciudadanos; es un requisito de entrada al medio laboral y a la educación superior. "Solucionar su situación militar" es rito de paso necesario para los próximos bachilleres o para aquellos que están perdiendo la minoría de edad. Es parte de los deberes y derechos de los hombres mayores de edad, y aunque constitucionalmente ello no está directamente relacionado con la ciudadanía, la simultaneidad de los dos —obligación y derecho—, hace prever un lazo íntimo entre la una y el otro: pues "fomentan el espíritu patriótico de los jóvenes vinculados a la tarea de defender las instituciones democráticas" (Corte Constitucional, 1998, p. 6). Prestar el servicio militar —dice la Corte Constitucional— "no se trata de tiránica imposición sino de la natural y equitativa consecuencia del principio general de la prevalencia del interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la vida en comunidad exige de cada uno de los miembros para hacerla posible" (Corte Constitucional, 1998, p. 7).

Pero los procesos de integración encuentran resistencias expresadas en el sabotaje, la evasión, la renuencia, la proscripción o el ocultamiento. Resistencias que se podían convertir en sublevación cuando las "exigencias del Estado ofendían los criterios de justicia de los ciudadanos o atacaban las identidades colectivas primarias" (Tilly, 2003, En: Uribe 2001, p. 43; Moore,1989). La articulación de las resistencias hace referencia también a la existencia de "espacios vacíos" donde poder vivir autárquicamente o huir de los otros. Esto nos plantea una relación metafórica interesante con los jóvenes y las jóvenes, cuya condición y búsqueda vital es asociada frecuentemente con el vacío social y la expedición a "nuevos territorios" (Reguillo, 2000; Perea, 2000). ¿A qué espacios de resistencia migran los jóvenes y las jóvenes? ¿Están los ejércitos localizados en algunas regiones de la geografía de las resistencias juveniles?

¿Cómo se inscriben los jóvenes y las jóvenes en escenarios de las soberanías múltiples?

El reclutamiento es la prueba máxima de lealtad, obediencia que exige el Estado y los embriones de Estado que lo combaten. Según María Teresa Uribe, los órdenes políticos formados a la sombra de la fragilidad de la soberanía estatal generaron territorialidades del conflicto respaldadas por la debilidad del referente institucional, y por la fragmentación del territorio y de las identidades, incapaces para cubrir a los excluidos en la identidad fundante de la nación. Órdenes políticos alternativos con pretensiones soberanas que proveyeron un orden predecible, y en algunos espacios, referentes de identidades anudadas en "memorias tejidas en el horizonte de los conflictos armados" (Uribe, 2001, p. 252). Estas soberanías emergentes reclaman la construcción de formas embrionarias de representación, proveen orden, articulan poblaciones, ofrecen justicia y protección, teniendo la capacidad en algunos momentos y espacios de servir de guía para la acción, y de principio de inteligibilidad.

El mapa de la guerra expone territorialidades bélicas que en distintos momentos, a veces sucesivamente, fungen como zona de refugio, resistencia o confrontación. De acuerdo con la condición particular de cada zona o región, en cada momento de la guerra la relación de los grupos armados con la población —en especial con la población juvenil— variará: bases de apoyo, enemigo potencial, población a controlar, peligro inminente o probable combatiente, entre varias opciones. La permanencia de la guerra aumenta la fragilidad del tejido social y del precario nosotros, y genera también principios de identificación entre los pobladores y los armados. Las territorialidades bélicas también son dominio frágil, en permanente disputa, expuestas a la reconquista y al desvertebramiento por las diversas modalidades de contrainsurgencia legal e ilegal, lo cual vuelve arbitrarios los principios de organización y amplía la incertidumbre y la desconfianza (Uribe, 2001, p. 254).

¿Armado en qué fuerza?, ¿con cuál grupo?, ¿con el proveedor de seguridad del momento? Una decisión-constricción a la que se enfrentan solos los pelaos, los muchachos de cada región (Bolívar, 2005).

La ausencia de soberanía impone un estado de guerra en la cual poderes armados se disputan el ejercicio de dominación-sujeción capaz de agrupar a los sujetos en bandos para matar o morir (Uribe, 2001). De la guerra como potencialidad que ordena se pasa, en guerras prolongadas, a la guerra como acción, en donde todos tienen el poder de la violencia y se presenta el deslizamiento hacia la ruptura o competencia de múltiples soberanías que cooptan a las poblaciones y a los jóvenes y las jóvenes mediante el reclutamiento, especialmente en esa "otra Colombia marginal, invisible, distante, en donde se construyeron poderes concretos, autoritarios, capaces de sancionar, dirimir, ofrecer domino y protección" (Uribe, 2001, p. 282). Las situaciones de soberanías múltiples o de poder dual se producen cuando una parte sustancial de la población trata de dar legitimidad a un nuevo gobierno, según lo planteara Trosky, y lo reafirmara Tilly (en Wickham-Crowley, 1995, p.7). La pregunta por la soberanía pasa por entender la relación entre gobernantes y gobernados o gobernadas, pues tiene en cuenta la relación entre los actos de gobierno y los actos de obediencia. Esto conecta directamente con la pregunta acerca del origen y el proceso de conformación de las formas y mecanismos de compromiso de militancia armada de los jóvenes y las jóvenes en la contemporaneidad¹⁸.

Para Wickham-Crowley (1995), el Estado debe concebirse como una relación de intercambio entre gobernantes y gobernados, para superar el estéril debate entre quienes lo conciben como una forma de consenso y quienes lo imaginan como una forma de coerción. Plantea, en cambio, la necesidad de entender estos dos términos como los extremos de un continuo, entre los cuales se fundan formas de autoridad legítima o ilegítima. La autoridad acompaña no sólo las relaciones entre las instituciones formalizadas y la población sometida, sino también se extiende a las relaciones informales como señor-campesino¹⁹ y patróncliente (Wickham-Crowley, 1995, p. 8). La relación de tributación con el Estado a través de los impuestos o del servicio militar obligatorio se entiende mejor como una relación de intercambio asimétrico, que reproduce en sus diferentes formas las relaciones: señor-siervo, patrón-cliente, jefe-seguidor, gobernante-gobernado, en las cuales están inmersas una serie de obligaciones mutuas, como la de proveer seguridad y protección y, en reciprocidad, pagar impuestos, obedecer o servir (Wickham-Crowley, 1995, p. 9). Estas relaciones de intercambio están sumergidas en las relaciones de autoridad y basadas en una inestable combinación de coerción y compensación, lo cual propone la pregunta acerca de ¿cómo se insertan los armados en la estructura social y de poder local?

A partir de las propuestas de Moore (1989), Wickham-Crowley plantea tres obligaciones de los aspirantes a autoridad local: a.) defender la población, b.) mantener el orden y la paz interna, y c.) contribuir a la seguridad material de la población. "En recompensa de tales actos – dice-, se espera que la población contribuya en parte con los excedentes al sostenimiento de las autoridades que gobiernan, rindan obediencias y contribuyan a la defensa de la "nación", especialmente a través del servicio militar" (Wickham-Crowley, 1995, p. 9, subrayado nuestro). La violación del contrato puede engendrar formas de rebeldía. Por ejemplo, la falta de protección justifica formas de autodefensa, como alegan los paramilitares; el uso de las fuerzas policiales contra la población civil genera formas de autodefensa, como alegaba el jefe de las Farc en el discurso en el Caguán el 7 de enero de 1999 (Pizarro, 2005; Bolívar, 2005). El sentido de injusticia articula formas de cultura popular que pueden ir desde el humor hasta formas de resistencia que pueden llegar a construir poder dual, como lo bosquejara explícitamente la guerrilla del Farabundo Martí en El Salvador en los ochentas y lo aplicara luego el ELN en Colombia a comienzos de los noventas (Aguilera, 2005).

Si la autoridad tradicional (sea el Estado, las élites terratenientes o las redes de poder del bipartidismo) declina en regiones en las cuales existían elementos paternalistas en la relación terrateniente-patrón/ campesino y se expresan formas difusas de reciprocidad (apadrinar a los hijos e hijas, formas clientelares de política como dar empleo, ofrecer tierra para los vivientes) o donde el Estado sólo ha alcanzado débilmente el campo, se pueden articular autoridades de facto (contrapoderes). Para ello es importante revisar las relaciones de clase implícitas en las diferentes formas de relación capital/trabajo, desde el tipo servil del viviente o agregado²⁰, en el cual está incluido el trabajador o trabajadora y toda su familia como administradora de la finca o de un pedazo de terreno, hasta formas más modernas como la agroindustria bananera y los sindicatos de Urabá, para analizar cómo entran los hijos e hijas de unos y otros en la guerra, y en cuáles ejércitos (García, 1996).

Es necesario, por ello, analizar localmente las relaciones terratenientecampesino con las autoridades de policía y justicia, lo cual permitirá revelar conflictos locales que invitan a la movilización de las clases sociales y de sus cohortes juveniles. La pervivencia de relaciones de clientela entre las élites locales y los campesinos sirve de "muro protector" contra el cambio revolucionario y contra la transformación de las lealtades de los campesinos, más o menos dispuestos al "pago" de sus retribuciones: el voto, la mano de obra pasiva, la servidumbre, etc. (Wickham-Crowley, 1995, p.10). El fuerte ataque a toda forma de organización social y la criminalización y persecución del sindicalismo que se ha dado en Colombia, ha implicado una lucha contra todo contrapoder que genere o altere los marcos de lealtades y apunte a construir nuevas soberanías por fuera del control de los grupos con poder económico, político y social, en las diferentes regiones.

Las nuevas soberanías, como las soberanías múltiples de que hablara Tilly (2003), surgirán preferencialmente en medios sociales en donde la autoridad formal o informal se base cada vez más en la pura predación. Cuando los ejércitos se comportan como ejércitos de ocupación, es posible que produzcan y encuentren el público interesado en la construcción de poderes alternativos. Esta situación es la que se generó con el etiquetamiento y tratamiento exclusivamente militar de las llamadas zonas rojas, en donde la población y el área fueron entregadas al arbitrio de la milicia.

Los ciclos de establecimiento de los grupos armados, incluido el Estado, en las diferentes regiones, articulan diferentes respuestas de la población, de acuerdo como estén estructuradas las relaciones de producción, las relaciones sociales entre los diferentes grupos que la constituyen y el poder o la autoridad vigentes. Es posible entonces diferenciar las formas y procesos de reclutamiento de acuerdo con las condiciones sociales, no sólo de las personas, sino de los grupos y de la estructura social en general. Los grupos armados contraestatales, candidatos al contrapoder, demandan poco al comienzo: silencio, apoyo formal más que material, luego movilización, información, y retribuciones materiales a modo de colaboración²¹; y finalmente apoyo abierto, en el cual están lógicamente los hijos e hijas para la guerra. Los reclutamientos de las diferentes fuerzas armadas suelen aumentar luego de ataques directos a la población²² o de éxitos militares²³ o de la lectura que se haga del estado de la guerra y de la correlación de fuerzas: ¿Qué tan cerca está el triunfo?²⁴ Dependiendo de la lectura del momento que hagan los sujetos y los grupos, va a variar asimismo la política de reclutamiento de los ejércitos (Atehortúa, 2004).

Cuando las formas de autoridad tradicional descienden y se rompe el contrato social implícito entre gobernantes y gobernados, pueden aparecer formas de poder dual o de soberanía múltiple que generan las bases para la movilización masiva hacia la oposición al régimen de poder imperante. La movilización es previa a la "creación de conciencia" (Wickham-Crowley, 1995, p.19). Las formas de intercambio asimétrico implícitas entre la coacción causada por el terror, y el consenso por la conciencia y el interés implícito, generan la diferencia entre el reclutamiento masivo y el goteo de los jóvenes y las jóvenes hacia la guerra.

La permanencia del conflicto

La consolidación de una oposición centro-periferia (dominantesdominados) de orden político, geográfico y social, que se expresó en el funcionamiento de los procesos de colonización como válvulas de escape, generó un sinnúmero de zonas de frontera caracterizadas por la ausencia del Estado, en las cuales se construyó una suerte de cultura de frontera caracterizada por la marginalidad, en la que "cada quien debe negociar el orden" e impera "la ley de la selva". Las zonas de frontera, sostenidas por economías de frontera (geográfica y legal), crean su propia institucionalidad. Ello conllevó, por ejemplo a la "privatización de la fuerza", desde arriba y desde abajo. De ambos lados surgieron autodefensas que se presentaron como la manera de "atenuar el déficit de imparcialidad y asegurar el cumplimiento de los contratos". En los antecedentes de grupos armados de ambos bandos del espectro político se presenta un estado larvario como autodefensas, aunque en momentos diferentes (Pizarro, 2005; Gutiérrez & Barón, 2005, García, 2006).

En el caso de las Farc, por ejemplo, su etapa embrionaria a finales de la década de 1950 la constituye una autodefensa campesina creada por antiguos militantes del partido liberal en armas y miembros del partido comunista (Pizarro, 1991, 2005). En el caso de las Autodefensas paramilitares, AUC, su etapa embrionaria se asocia con cooperativas de vigilancia privada Convivir, creadas en la década de 1980 por narcotraficantes, comerciantes y ganaderos con el aval del gobierno y las fuerzas armadas. Hay un antecedente en las bandas armadas de origen conservador y de la policía política, conocidas como pájaros y chulavitas de finales de la década del cuarenta, que articularon diferentes momentos ideológicos del campo político de la derecha, como el anticomunismo y la defensa del estatus quo en el marco de la guerra fría que se desenvolvió en América Latina, después de la revolución cubana, bajo la faceta de la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interior y de la legítima defensa (Gutiérrez & Barón, 2005; Atehortúa, 2004 y s.f.).

Para Gómez Buendía y de Roux (2003), el conflicto colombiano de la segunda mitad del siglo XX comenzó en el centro (un ejemplo: el Bogotazo del 9 de abril de 1948), se expandió en la periferia, especialmente en las nuevas zonas de colonización, y volvió lentamente al centro. En el "centro integrado" -según lo planteado por Roldan (2003)-, se evidenció la lucha por el poder local y nacional de las redes de poder partidista, y la consecuente exclusión de segmentos emergentes sociales, mientras en "la periferia" se perpetuó la violencia social y la marginalidad política, escenario del proceso de construcción de órdenes sociales alternativos.

Desde la década de los sesenta, van a surgir entonces, progresivamente, un sinnúmero de grupos armados, de izquierda primero y luego, en los ochentas, de derecha, que van a dominar la violencia política y a constituir lo que en este documento denominamos el conflicto interno y la guerra en Colombia. La década de los sesenta vio nacer a las Farc (1964), al ELN (1964), al EPL (1966), las "guerrillas de primera generación", como las nombra Pizarro (2005); lista que en las dos décadas siguientes se ampliará con una proliferación de siglas (M-19, PLA, ERP, Mir-Patria Libre, ERG, entre otros). Dispersión que muestra la segmentación de las guerrillas por divisiones internas, en parte respaldadas por las corrientes internacionales y las subdivisiones ideológicas nacionales: el stalisnismo, el maoísmo, la doctrina del foco guevarista, el leninismo, el troskismo, el bolivarismo, etc. La lista anterior es una muestra de un conjunto variado de doctrinas de orden político que alimentaron la segmentación y el surgimiento de nuevos grupos armados durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX²⁵.

En algunas regiones las guerrillas y los paramilitares se constituyeron en "paraestados" (Ortiz, 2002), en "repúblicas independientes" (Gómez & De Roux, 2003), y lograron copar el poder local. La reinvención de las autodefensas campesinas como partido político clandestino y retaguardia armada, la "combinación de todas las formas de lucha", la versión maoísta de inmersión en el pueblo (el pez en el agua), y luego la respuesta de derecha de finales de los años noventa (matar al pez envenenando el agua), serán parte de los argumentos y del contexto político ideológico en que se construyó la militancia o la cooptación al combate armado de los jóvenes y las jóvenes, en las recientes tres décadas en Colombia.

Los actores armados inmersos en un profundo conflicto político y social durante La Violencia, radicalizaron progresivamente sus posturas. Mientras los grupos bipartidistas dominantes arreglaron a manteles su conflicto por el control de las redes de poder local, regional y nacional, compartieron el poder por cuatro periodos presidenciales (1958-1974, lo que es conocido como el Frente Nacional en la historia política de Colombia), proscribieron otros partidos y reprimieron toda forma de protesta y organización social, tratada desde comienzos de siglo (recuérdese Las Bananeras en 1928) como enemigo interno. Esta exclusión tratará de ser sanada entre 1990 y 1991 con una Nueva Constitución Política, resultado en parte de procesos de paz con algunas agrupaciones armadas de izquierda²⁶ durante la década de los ochenta y del convencimiento de un segmento de la clase dominante partidista de que era posible llegar a una vía negociada con la insurgencia y, por otro lado, de la certeza de que la solución era ampliar la democracia.

La articulación ideológica delineó un campo de oposición derecha -izquierda en el marco de la guerra fría. Un campo de oposiciones que generó un conjunto disperso de culturas políticas con reivindicaciones que van desde las medidas retributivas —como la reforma política, agraria y urbana— hasta la transformación radical del Estado. Los partidos conformaron, desde el punto de vista de Marco Palacios, dos subculturas políticas que sirvieron de bisagra de articulación de los poderes locales y regionales de las zonas política, social y económicamente integradas al poder central, (Palacios, En: Bolívar, González & Vázquez, 2003).

La violencia y la acción colectiva: el lugar de los jóvenes y las jóvenes

El grueso de la población movilizada de los grupos sociales de las marchas estudiantiles, cocaleras (Ferro, Osorio & Uribe, 1999), campesinas, obreras, suele estar conformado por jóvenes radiantes y dispuestos a la confrontación y al sacrificio. El grueso de los ejércitos que los reprimen también está conformado por jóvenes soldados y policías, patrulleros y vigilantes, movidos, convencidos y movilizados por la defensa de bienes, por principios morales y por propósitos comunes, pero también por móviles personales.

Enfocar la comprensión de la violencia, no solamente desde las estructuras sino desde los actores colectivos y desde los sujetos que las constituyen, permite establecer la relación entre las condiciones objetivas y las disposiciones subjetivas, preguntando no solamente por la correspondencia entre estructuras y violencia, sino también indagando sobre el "impacto de la violencia, las violencias y los actores armados sobre la formación de las estructuras" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, pp. 40-41). Ello permite construir un enfoque en donde los aspectos subjetivos de la violencia tienen tanto relieve explicativo como los aspectos objetivos, evitando sucumbir tanto a la sociología estructural como al individualismo metodológico, para volver la mirada sobre los procesos históricos que van construyendo los escenarios estructurales, que funcionan como "condiciones de posibilidad de las opciones violentas de determinados actores individuales y colectivos". Es allí donde la acción voluntarista y mesiánica de algunos grupos se encuentra con algunos movimientos sociales, nutriéndose mutuamente. Hace falta entonces, estudiar las "relaciones entre las opciones de los individuos que conforman estos grupos", con las condiciones coyunturales y estructurales que las enmarca para determinar cómo construyen estos individuos la imagen del enemigo y las solidaridades con otros actores sociales (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 44).

La violencia, analizada desde la óptica de la acción colectiva, está ligada al tipo de poder imperante, por lo cual se hace necesario examinar las relaciones entre movilización armada y movilización colectiva o movimiento social. La acción colectiva, denominada movimiento social, se configura de manera paralela al Estado, y puede hacer comprensible el repertorio de demandas y acciones que se articulan cuando la acción colectiva se analiza en el marco político en que tiene lugar. Por ello, es posible entender que la relación entre movimiento social y poder, permite superar las interpretaciones que sólo destacan los procesos de construcción de identidad y de sentido en los movimientos sociales, y excluyen cualquier tipo de acción que incorpore la violencia. Este marco permite comprender los procesos de movilización armada, no solamente como resultado de decisiones individuales sino también de procesos de reacción colectiva²⁷. La violencia hace parte del repertorio de acciones con que cuentan los sujetos y los actores colectivos en sociedades en transición, golpeadas por procesos de modernización. En el campo, la indefinición del problema agrario está íntimamente ligada a la conexión entre las bases sociales y los actores armados (Bolívar, González & Vázquez, pp. 42-43). En la ciudad se articulan otros procesos sociales ligados a la marginalidad urbana y a estructuras de la relación capital/trabajo.

La acción colectiva violenta se expresa en Colombia en dos tipos básicos: insurgente y vigilante. La insurgente agrupa organizaciones armadas de carácter proactivo, contraestatal, ideológicamente autoidentificados de izquierda, y la vigilante a organizaciones armadas de carácter reactivo, paraestatal, pro-establecimiento e ideológicamente autoidentificados como de derecha (Bolívar, González & Vázquez, pp. 42-43). Los analistas no incluyen la acción colectiva violenta estatal, pues parece haber un acuerdo tácito entre ellos acerca de la necesidad del monopolio de la fuerza por parte del Estado; aunque tipológicamente el Estado se comporte como una guerrilla societal, en la propuesta analítica de una "sociología de la guerrilla" hecha por Pizarro (1991).

Estos dos modelos de acción colectiva violenta configuran en el marco del campo del poder estatal el campo de la guerra, en el cual se disputan dos modelos de desarrollo rural contradictorios y mutuamente excluyentes, como resultado de la alianza de los intereses de actores rurales y actores armados y de la interacción entre causas estructurales de la violencia y acciones colectivas violentas, que se refuerzan mutuamente (Vásquez, En: Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 43).

La no solución del problema agrario puede haber posibilitado la conexión entre las bases campesinas y los actores armados, y que la acción colectiva violenta se incorpore en los repertorios de los sectores rurales en pugna, lo que habría implicado la configuración y consolidación de agentes especializados en el uso político de la violencia. Estos dos modelos de acción colectiva violenta se han instituido como la "escisión maestra" (Kalyvas, 2005), que ordena el conflicto y que alindera una variedad de grupos radicales que se caracterizan por combinar representaciones compartidas de la realidad con la primacía de la acción, para lo cual elaboran marcos narrativos históricos, que justifican la violencia y que son incluidos en marcos ideológicos disponibles de izquierda y derecha. La primacía de la acción, por otro lado, tiene implicaciones en la distancia entre medios y fines dentro de los actores armados, cuyo involucramiento en actividades ilegales y cuyos actos de violencia (algunos guiados por venganzas personales) se inscriben en la trasformación de los individuos (individuación) frente a las identidades en proceso de debilitamiento (Feixa & Ferrándiz, 2005; Kalyvas, 2005).

La dimensión subjetiva de la violencia ha sido desarrollada en una veta de producción de carácter testimonial, que tiene la cualidad de mostrar las dimensiones personales de la guerra y el conflicto, pero que pocas veces conversa con la teoría. Es necesario —dicen algunos autores— llenar un vacío de conocimiento en esta dimensión, relacionado, por ejemplo, con la composición social de los grupos armados y el mayor detalle de sus cambios recientes, insistiendo en estudios que establezcan el nexo entre las estructuras y los actores, y que hagan énfasis en el espacio en donde se produce el "sentido societal" o el espacio de producción de sentido. Más allá de la falsa oposición entre condiciones objetivas y subjetivas, es necesario preguntarse por las condiciones subjetivas del conflicto armado y la construcción social de la realidad en escenarios signados por la violencia (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 40).

Las nuevas condiciones de la guerra

Casi todos los autores y autoras colombianos consultados están de acuerdo con la triple temporalidad de la guerra en Colombia que anunciara Pecault (1997 y 1999). Tres referentes que se imbrican en los giros que ha dado la confrontación armada y la expresión de la violencia política a finales del siglo. "La violencia colombiana se sitúa en tres temporalidades diferentes y combinadas: la antigua violencia o temporalidad de la violencia tradicional, la violencia moderna, mezcla de exclusión social y de integración a la modernidad de segregación y de desaparición de las antiguas barreras sociales por el sesgo del consumo y la mediatización; y las reorientaciones de la globalización, o temporalidad de la violencia postmoderna" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 51). Esta propuesta tiene varias implicaciones que vamos a revisar rápidamente.

En primer lugar es necesario tener en cuenta la historicidad larga del conflicto y de los actores, que dota de una tradición política armada a segmentos sociales y a actores específicos de unas características que solamente pueden ser comprendidas en relación con el origen de los enfrentamientos y de los actores enfrentados; en este caso el bipartidismo, las elites locales de las regiones de la guerra y los grupos armados. En segundo lugar es importante tener en cuenta que el conflicto ha evolucionado y con ello se han transformado el contexto, los actores y el conflicto mismo. En tercer lugar, hay que considerar que en la década de los noventa entraron en escena nuevos actores y nuevos contextos nacionales e internacionales que transformaron fuertemente las escalas, las temporalidades, las afiliaciones y la dinámica misma de los enfrentamientos. Eso es precisamente lo que quieren plantear los prologuistas de "Nuestra guerra sin nombre" (Gutiérrez & Sánchez, 2005), al considerar que las dicotomías con que ha sido analizado el conflicto, las tipologías y la misma manera de nombrarlo, han sido puestas en crisis por el conflicto mismo.

El conflicto armado salió del siglo XX con los todos los actores en conflicto fortalecidos. Las fuerzas armadas, las élites y el gobierno colombiano optaron por una política de enfrentamiento total, luego de varios paréntesis de negociación y enfrentamiento directo. El pie de fuerza oficial se triplicó y ganó fuertemente en su capacidad de combate aéreo y de movilidad. Los paramilitares finalizaron la década de 1990 con unidades del ejército²⁸, el control de amplias regiones y la cooptación armada de los poderes locales, regionales y nacionales ("el 35% del senado es nuestro", señaló un conocido comandante paramilitar en la prensa nacional). Las guerrillas durante la última década del siglo XX crecieron dos o tres veces, se distribuyeron por todo el país y empezaron la recuperación de zonas perdidas con el paramilitarismo. El narcotráfico, aliado de los actores armados de lado y lado, amplió sus lazos con la guerra y se convirtió en el principal combustible de los grupos en armas. La guerra contra la guerrilla se convirtió en guerra contra el narcotráfico con el plan Colombia en el gobierno de Pastrana a finales de 1998, y en guerra contra el terrorismo en el gobierno de Uribe Vélez (Rojas, 2005; Ramírez, 2005; Bolívar, González & Vázquez, 2003). Para efectos de nuestro objeto de interés, el resultado fue el crecimiento extraordinario de los ejércitos, y la ampliación de los mercados de la guerra o de la violencia (Kulalambi , 2003; Richani, 2003).

Calculamos que los actores jóvenes de la guerra representan largamente más del 50% de los ejércitos, compuestos mayoritariamente de pobres²⁹, que expresan formas de tributo diferente de las familias y los grupos sociales. Las familias de menores recursos, los pobres - especialmente rurales-, tributan a la guerra con sus hijos, alimentando las diferentes fuerzas armadas, mediante el servicio militar obligatorio o voluntario; los otros, de mayores recursos, pagan impuestos y vacunas. Los hijos de la clase media se reparten los mandos del ejército oficial y de las autodefensas paramilitares, con algunos tránsfugas³⁰ que terminan en la guerrilla. Comprender la racionalidad de los grupos sociales expuesta en las prácticas, discursos y experiencias de vinculación a la guerra de sus sujetos juveniles, puede ser una manera de comprender la lógica inmersa que reproduce la guerra interna.

Interrogantes renovados

Se propone como cierre una serie de interrogantes que han surgido en esta búsqueda para la comprensión de las condiciones sociales e históricas de la reproducción social de jóvenes guerreros y guerreras. Podemos avanzar en un denominador común encontrado: la escasez de reflexión sobre el sujeto combatiente en la mayor parte de la literatura histórica y sociológica. Varias perspectivas parten de la clase, de las instituciones, del Estado, de los gobiernos, las organizaciones, los partidos, la estructura del poder local y regional, exponiendo así, claramente, la invisibilidad e instrumentalización con que son tratados los actores -en este caso los jóvenes y las jóvenes- en la guerra, y en la producción académica acerca de ella.

Los conflictos locales de clase, generación y condición social, articulan de manera específica las condiciones y los motivos por los cuales los sujetos juveniles se incorporan a la guerra, en unos u otros ejércitos. "La socialización en grupos radicales violentos lleva a sus integrantes a considerar que pertenecen a una comunidad política de lucha armada, donde son importantes la retórica y los rituales de juego que cumplen el papel de sustituir incentivos simbólicos por incentivos materiales" (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 43).

El alinderamiento de los jóvenes y las jóvenes a uno u otro grupo o institución armada se hace en tanto pertenecientes a grupos sociales alineados por el conflicto, que como ya se ha planteado, surge de la dialéctica entre los conflictos locales y la escisión maestra del conflicto heredada del orden bipolar de la guerra fría, pero actualizada al contexto nacional e internacional. Mientras las guerrillas han ganado mucho mayor independencia del marco económico y político internacional, el Estado se incorpora con la transformación de las políticas internacionales, atrayendo apoyos y recursos e internacionalizando el conflicto interno, como guerra contra el narcotráfico y luego contra el terrorismo (Restrepo, 2005; Rojas, 2005, Ramírez, 2005).

La manera como la escisión maestra haya sido difundida localmente, va a deslindar o a acelerar el proceso de radicalización de grupos sociales específicos y de las generaciones más jóvenes, por ello es necesario reiterar las preguntas: ¿Qué posición ocupan los jóvenes y las jóvenes en los conflictos locales, cuáles son éstos y cómo los aprovechan en su beneficio los distintos cuerpos armados? ¿Cómo se analiza la desigualdad en que se encuentran los jóvenes y las jóvenes? ¿Cómo se conjugan miseria de condición y miseria de posición para engrosar las filas de los ejércitos?

¿Cómo entran los jóvenes y las jóvenes combatientes en la lógica macro de la constitución del Estado y del monopolio centralizado de la violencia? Esta es una pregunta que surge de la revisión de la discusión sobre la constitución del monopolio de la violencia por parte del Estado, en la cual el servicio militar obligatorio puede ser entendido como una contraprestación al soberano de turno: el poder armado que ordena el universo local. Al Estado colombiano le han nacido contrapoderes de orden subversivo y vigilante que generan espacios de poder dual, con el poder de administrar, dirigir, castigar, y que se convierten en poderes reales que prescriben y limitan las opciones vitales de los jóvenes y las jóvenes campesinos, especialmente. Cabe preguntarse entonces, si, desde el punto de vista -expuesto por Kalyvas (2005)- del gobierno, como alianza asimétrica entre gobernantes y gobernados, los jóvenes y las jóvenes se incluyen como dones en los procesos de intercambio en el contrato social implícito entre los pobladores y los armados. Para responder esta pregunta, es necesario interpelar por el lugar de los jóvenes y las jóvenes en la estructura de intercambio entre pobladores y gobernantes en las diferentes regiones, estructuras sociales y contratos sociales³¹.

¿Cómo puede funcionar el efecto de histéresis (Bourdieu, 1988, p. 131) en las familias, a través de las relaciones generacionales, en lo que respecta a la relación obediencia/rebeldía y sus canales de expresión? Esta última pregunta suscita una precisión, pues tomar la familia y la clase social como unidad de análisis en la movilización guerrera, comporta una doble dificultad: por un lado, la ausencia de literatura sociológica suficiente que hable de la estructura social de las regiones en Colombia, y por otro lado, el carácter diverso y móvil de la estructuración de clases, por lo cual es necesario fijar un periodo específico de observación. Se ha planteado, por el contrario y a extremo, que los jóvenes y las jóvenes, especialmente campesinos o campesinas, y pobres, están determinados por las condiciones del contrato social (implícito o explícito), y a veces múltiple (con dos o más poderes al mismo tiempo o alternativamente: guerrilla y Estado, paramilitares y Estado, guerrillas y paramilitares, narcotraficantes, guerrillas y paramilitares, etc.) que cobija a sus padres y madres. Luego, cabe preguntarse, ¿qué tan embebidos -en el sentido de Granovetter, (1983 y 1985)- están los jóvenes y las jóvenes en el contrato social que cobija a sus padres y madres?, y ¿qué tipos de contrato social han sido construidos en las diferentes regiones y entre quienes? Además, la necesaria consecuencia del vacío empírico: ¿cómo entran allí las zonas urbanas?

El contexto de las violencias, la posición, el posicionamiento y el estado del espacio social de los padres y madres retumba en los hijos e hijas; ¿de qué manera?, ¿son éstas las formas tradicionales de expresión política? ¿Cómo la experiencia social articula la violencia como forma de relación política privilegiada en algunas regiones? ¿Cuál es la relación que se mantiene y reproduce entre los jóvenes o las jóvenes y los partidos políticos? ¿Cómo es el discurso histórico de los jóvenes y las jóvenes guerreros y guerreras? ¿Cómo es el discurso sobre la justicia y la injusticia, sobre el Estado y los gobiernos, sobre el contrato social implícito en que crecieron y fueron socializados?

Respecto al tipo de contrato, que es consecuencia inmediata del tipo de autoridad (racional o predatoria) que se esté constituyendo en las territorialidades bélicas, ¿qué tan feudales o liberales son estos contratos? ¿Qué tiene de atractivo un tipo de contrato social de orden corporativista como el que defienden los paramilitares? O en el mismo sentido, ¿qué tiene de peligroso o utópico un tipo de contrato social centralista y comunista como el que defienden (con sus matices) las guerrillas? Son realmente similares o contrapuestos -como afirman varios analistaslos modelos sociales -aunque se parezcan las acciones-, hasta llegar en algunas regiones a la mimesis³² que impide su diferenciación radical en una lógica nosotros-ellos, y que vuelve menos clara la incorporación en uno u otro ejército y, explicable, el tránsito entre ellos. ¿Cómo aparecen estos proyectos de sociedad y de vida en el listado de las justificaciones morales de los combatientes?

Lo que se rompe o reafirma, ¿es distinto en cada región? El sentido de injusticia a que hicieran referencia Tilly (1998) y Moore (1989), que es el preámbulo al surgimiento de soberanías en disputa, a proyectos de poder alternativos, que puede estar en la lógica de las afiliaciones armadas, ¿es común o diferente en cada región y localidad, o hay líneas gruesas que lo atraviesan? ¿En que bases morales se fundan los apoyos y temores a los grupos que están en los discursos de justificación de la acción a favor o en contra? ¿A qué se revelan, contra qué y contra quienes, los grupos sociales que apoyan a los armados, y los jóvenes y las jóvenes de estos grupos? ¿Por qué en la discusión sociológica, histórica y económica, los jóvenes y las jóvenes aparecen como parte de la clase social denominada los campesinos? ¿Se puede mantener esa indistinción generacional, hacen los hijos e hijas lo que hacen los padres y madres?

Tener un hijo o una hija en el ejército local, o para los hijos e hijas³³ hacer parte del ejército que ostente autoridad en la localidad, o estar en un grupo en condiciones de hegemonía, ¿aumenta la seguridad de la familia, atrae otros beneficios? ¿Es una demanda costosa o poco costosa para las familias de campesinos, campesinas y pobres urbanos? ¿Depende de la composición misma de la familia y del grado de compenetración y de las estrategias de reproducción familiar, de su posición en el espacio social? ¿Qué tan costoso para una familia (campesina) es dar un hijo o una hija a la guerra? ¿Qué beneficios les trae? ¿Se transforman las demandas a los armados, se aumenta la relación de seguridad, comunicación, lealtad?³⁴

Si la incorporación en los ejércitos es una manera de tributar a las formas de autoridad armada, los jóvenes y las jóvenes bachilleres, por su mismo estado de integración educativa, tenderán a reconocer como autoridad al Estado central o a la autoridad que provea, pues tienen solucionada, en parte, la integración social vía las rutas establecidas por la autoridad formal: el mercado laboral o el mercado educativo. La guerra hará parte de un tributo excepcional que tratarán de no pagar las nuevas generaciones: ¿Por qué y en qué condiciones regalarse³⁵ para el ejército? ¿Por qué el joven o la joven pueden y deben ser soldados? ¿Será porque no está comprometido o comprometida en actividades productivas o en responsabilidades reproductivas?³⁶ Es éste un criterio clave para la comprensión de la relación jóvenes-milicia, mas que jóvenes-violencia (Batancur & Castellanos, 2002; Rojas, 2008).

Una tarea urgente debe diferenciar e identificar las implicaciones de la distinción con la perspectiva de la rational choise y la separación entre la racionalidad económica y la razonabilidad social. La razonabilidad del sentido práctico informado por la experiencia e inculcación con las regularidades en los campos sociales de la guerra, produce habitus guerreros, sujetos apropiados a los contextos más que sujetos expertos en cálculos de costo-beneficio egoístas (Bourdieu, 2002, pp. 21-22). Surge entonces la pregunta por el lugar de la juventud en la teoría de la elección racional: ¿actúa con plena capacidad de elección o depende de unidades y decidores con mayor poder, como los padres y madres, o la familia? Una respuesta parcial puede plantearlos como actores violentos, que no responden a conflictos socioeconómicos ni a vinculaciones políticas con las comunidades, sino que, en la lógica de elección racional, del cálculo costo/beneficio, actúan como un homo economicus informado (pleno), que responde a estrategias delineadas fundamentalmente por intereses individuales de carácter económicodelincuencial (Chaparro, 2005, p. 437). A esta perspectiva respondieron autores como Francisco Gutiérrez Sanín, entre otros, para quien el interés de los actores no se puede reducir a "ganar más plata", pues la guerra cuesta, no sólo trae beneficios, ya que hay que dejar la familia, someterse a disciplinas brutales, y se corre el riesgo de salir muerto; ello muestra la incapacidad de este modelo para explicar por qué "la gente se rebela" (Chaparro, 2004; Gutiérrez, 2004).

¿Por qué y cómo se comprometen los jóvenes y las jóvenes con la guerra? Más allá de la falsa oposición entre condiciones objetivas y subjetivas, es necesario preguntar por las condiciones subjetivas del conflicto armado y la construcción social de la realidad en un escenario signado por la violencia (Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 40). En este marco surge, entonces, una serie de interrogantes: ¿Cuáles son las diferencias en el reclutamiento de los jóvenes y las jóvenes para la guerra, según la estructura social y los conflictos regionales y locales y la condición diferencial del lugar de la zona en la guerra: retaguardia, confrontación, caza de rentas? Son necesarias las circunstancias de reclutamiento en las zonas de actuación bélica de las diferentes fuerzas. ¿Qué regiones aportan los guerreros y guerreras, en que épocas y a qué ejércitos? Si en los noventas se da la posibilidad de disponer de recursos abundantes para tener frentes y unidades de ejército deambulando por territorios con poco amarre social, ¿de dónde salieron estos guerreros y guerreras? ¿Están asociadas las formas de reclutamiento a las condiciones sociales de los jóvenes y las jóvenes o a las condiciones organizativas de las estructuras que reclutan?

Hemos pues reunido un grueso de preguntas, que se articulan en un punto geométrico que exige la comparación y la mirada de conjunto. Son las bases de un programa de investigación por desarrollar que se pregunta en general por las formas de movilización y, en particular, por la movilización política armada.

Notas

^* Este documento hace parte del proceso de fundamentación del proyecto de tesis de doctorado: "Formas actuales de la movilización política armada de las jóvenes y los jóvenes en Colombia", con la dirección del Dr. William Torres de la línea de investigación Jóvenes, Culturas y Poderes en el Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Cinde. La formulación inició en enero de 2007 y el proyecto está en proceso de ejecución. Acta de aprobación de candidatura No. 049 del 24 de mayo de 2008, firmada por Sara Victoria Alvarado, secretaria del Consejo de Doctores del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, de la alianza Universidad de Manizales-Cinde.

¹ El efecto de mimesis a que hacen referencia los autores, recuperando los planteamientos de Girad (1995), y el ejercicio de interacciones negativas en los actores de la guerra.

² Un ejemplo de la producción se puede encontrar en la selección bibliográfica presentada en el anexo II del informe de desarrollo humano, Gómez-Buendía y Roux, 2003 disponible en: http://indh.pnud.org.co/

³ Esto permitirá distinguir entre los proyectos insurgentes y sus comportamientos diferentes en relación con las negociaciones de paz (Pizarro, 1991).

⁴ El carácter insurgente de lo social, la autonomización de los militares en el manejo del orden público, el juzgamiento de civiles en tribunales de guerra y en general la estigmatización de toda forma de protesta social (Atehortúa, 2004; Uribe, 2001; Bolívar, González & Vázquez, 2003).

⁵ En "jóvenes sin tregua" deben ser leídos como expresión de "culturas de la violencia" y a través del lente de las violencias (Feixa & Ferrándiz, 2005).

⁶ Esta perspectiva se puede contrastar con Molano y Ramírez (1997), en donde se plantea que las guerrillas en sus "zonas históricas" logran construir órdenes guerrilleros, administraciones de justicia sumarias que buscan la construcción de hegemonía y formas de dominación legítimas (Bolívar, Gonzáles & Vázquez, 2003, p. 28). Esta perspectiva la podemos confrontar con el trabajo de Wickham-Crowley (1995) sobre el poder dual, Maria Teresa Uribe sobre las soberanías múltiples (2001) y el ejemplo de Mario Aguilera (2005) sobre el "poder local" del ELN.

⁷ Pizarro reconoce con estas tres características al Quintín Lame, dentro del espectro de las guerrillas colombianas.

⁸ Es necesario tener en cuenta, plantea Silva (2000), que no se puede hablar de criminalidad sin enunciar relaciones de poder y asumir al mismo tiempo la criminalidad como "un fenómeno natural", en lugar de un proceso político de criminalización (En: Bolívar, González & Vázquez, 2003, p. 29).

⁹ Para Kaldor, luego del fin de la "guerra fría" aparece un "nuevo tipo de guerras civiles" caracterizadas por que tienen múltiples repercusiones transnacionales siendo guerras locales, por su forzada inserción en el contexto de la globalización (el de Colombia, primero a través del Derecho Internacional Humanitario en la década de 1980, pero sobre todo con la incorporación del narcotráfico como combustible principal), y por el desdibujamiento de las fronteras entre las distinciones entre violencia política, crimen organizado y violencia a gran escala (Kaldor, 1999).

¹⁰ El contexto de esta discusión necesariamente está marcado por el nuevo contexto internacional, luego del 9-11, en el cual se enmarca la agenda internacional política y académica en términos del terrorismo.

¹¹ La formación ideológica se adquiere en la socialización militar; es posterior al reclutamiento y muy pocas veces previa (Wickham-Crowley, 1995).

¹² Insurgentes, guerrilleros, paramilitares, autodefensas, milicias, delincuentes, narcos, "sapos", colaboradores, bases sociales, etc. Etiquetas que se articulan en el juego de la guerra y que adquieren sentido en el juego propio de las categorías que articulan los conflictos y los actores que los ejecutan. Para una revisión teórica de la teoría del etiquetaje, ver Beckert (1985).

¹³ Una discusión sobre el particular se ha realizado en relación con las llamadas "comunidades de paz" y el movimiento indígena, autoproclamados neutrales en el conflicto (Bolívar, González & Vázquez, 2003, Peñaranda, 2005).

¹⁴ ¿Por qué las masacres tomaron esos ribetes, pero también esas "formas locales"? El asesinato de sindicalistas, políticos y políticas, profesores y profesoras, jóvenes, habitantes de la calle; el secuestro, el desplazamiento, todas expresiones de violencia que se aplicaron a sujetos sociales diferentes en las distintas regiones de nuestra guerra, y no son un conjunto indiferenciado de conflictos locales que se (deben/pueden) contextualizan en el mercado global de la guerra subversiva o antisubversiva. No se puede entonces despreciar el papel de la iniciativa local en la producción de la violencia (por ejemplo la construcción de las llamadas "listas negras" y el uso instrumental que los agentes locales hacen de los actores armados), como de la misma manera los actores centrales instrumentalizan los conflictos locales a su favor, radicalizando posiciones, potenciando a los actores enfrentados, dándoles "poder de fuego", ofreciéndoles músculo.

¹⁵ Los grupos de edad de las clases sociales no se comportan como "la clase". Hay conflictos internos propios del campo de las clases de edad y de las categorías etarias.

¹⁶ Ambos citados en Bolívar, 2003, p. 36.

¹⁷ Quien detente la soberanía podrá imponer la conscripción militar.

¹⁸ La noción de contemporaneidad entraña una duda implícita acerca de si son los mismos procesos de siempre o son novedosos. La respuesta parcial de los historiadores y de los autores que estamos revisando es más o menos común: es la misma, son los mismos procesos de construcción del estado nacional y de los gobiernos, ante los cuales la población joven se comporta como obedientes o rebeldes, siendo en la mayor parte de los dos casos convertidos en soldados.

¹⁹ Las relaciones de patronazgo que reseñan autoras y autores como Uribe (2001), Bolívar (2005). Bolívar, González y Vázquez, (2003), Gutiérrez y Barón, (2005), se reproducen en la relación entre paramilitares y la población local.

²⁰ Por ejemplo, en las regiones en donde se presentan formas supervivientes de las relaciones de servidumbre propias de la aparcería, en gran parte de las antiguas zonas de latifundio ganadero y agrícola (Costa Atlántica, Santanderes, Boyacá, Valle, Cauca, Tolima) o se han transformado las antiguas relaciones clientelistas fruto de la entrada del mercado y de los procesos de modernización.

²¹ Los famosos "colaboradores", primeras y más numerosas víctimas en las guerras civiles en Colombia. Una estadística del número de civiles y violaciones a los derechos humanos, que no son el resultado de confrontaciones bélicas sino de acciones en contra de civiles, puede observarse en Gutiérrez, 2005; Restrepo, Spagat y Vargas, 2005.

²² Lo que puede explicar en parte la triplicación del ELN en la década de los años noventa (Aguilera, 2005).

²³ El crecimiento de las Farc a mediados de los años noventa (Pizarro, 2005).

²⁴ Un ejemplo de ello está en el origen de guerrillas como el M-19 (Madarriaga, sf.), o de guerrillas foquistas como el ELN (Aguilera, 2005).

²⁵ Una revisión de los proyectos de estas guerrillas es analizado por Pizarro, 1991.

²⁶ M-19, EPL, Quintín Lame y una parte del ELN conocida como Corriente de Renovación Socialista.

²⁷ Es necesario mirar las formas de violencia colectiva (Tilly, 2003) y de compromiso militante altruista (Olson, 1992; Passy, 1998), y el movimiento social (Melucci, 2002), como trasfondo de la discusión actual.

²⁸ Aproximadamente diecinueve mil desmovilizados de los grupos paramilitares y ocho mil de las guerrillas, es el balance de la confrontación interna en lo que va corrido del siglo XXI. Ver informes del Comisionado de Paz en www.comisionadodepaz. gov.co.

²⁹ Pobreza de posición y de condición (ver Bourdieu & otros, 1999).

³⁰ Me estoy refiriendo a Outsider, como "Simón Trinidad" y "Jorge 40", provenientes ambos de la oligarquía tradicional Costeña. La noción de outsider se desarrolla en: Beckert, (1985).

³¹ Un ejemplo de ello se expresa claramente en la relación de los combatientes y las combatientes paramilitares con sus comandantes militares, a quienes refieren como su "patrón". Esto plantea la necesaria pregunta acerca de si la relación jefeseguidor debe estar precedida de otra relación social (patrón-campesino, patróncliente, por ejemplo), y cuáles de estas relaciones anticipan la incorporación a las fuerzas armadas estatales, paraestatales o contraestatales. Poner o anteponer la vinculación armada a la existencia de lazos o relaciones sociales permite ver a los sujetos insertos en espacios sociales concretos, y no "volando libres" como suele representarse comúnmente la condición juvenil.

³² En el sentido expuesto por Girard (1995) y retomado por Bolívar, González y Vázquez (2003).

³³ Tratar a los jóvenes y a las jóvenes como hijos e hijas es una manera de mantenerlos al interior de una relación social y no sacarlos al "vacío social" que implica tratarlos como jóvenes.

³⁴ Por ejemplo, las quejas de los pobladores y pobladoras ante la falta de protección contra el avance paramilitar, y la respuesta inicial de las Farc de replegarse y no enfrentar en el Urabá antioqueño a mediados de los noventa, de las cuales fui testigo.

³⁵ Esta es la palabra que han utilizado varios entrevistados y entrevistadas, guerreros y guerreras en diferentes grupos respecto al servicio militar obligatorio.

³⁶ Ser casado "salva", exime a muchos hombres de la milicia o es una vía de salida (Abarca & Sepúlveda, 2005).

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Referencia

Juan Manuel Castellanos Obregón y William Fernando Torres Silva, "Una revisión de la producción académica sobre la violencia política en Colombia para indagar sobre el lugar de los jóvenes y las jóvenes", Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Manizales, Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Cinde, vol. 6, núm. 2, (julio-diciembre), 2008, pp. 523-563. Se autoriza la reproducción del artículo, para fines no comerciales, citando la fuente y los créditos de los autores.