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Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

versão impressa ISSN 1692-715Xversão On-line ISSN 2027-7679

Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv v.9 n.1 Manizales jan./jun. 2011

 

 

Primera Sección: Teoría y metateoría

 

 

La participación ciudadana juvenil como un recurso externo al Gobierno*

 

A participação cidadã juvenil como um recurso externo ao Governo

 

Juvenile citizen participation as a governmental external resource

 

 

Cristo Avimael Vázquez-Ceballos

Profesor en la Universidad Iberoamericana, Cd. de México. Doctorante en Ciencias Sociales y Políticas. Correo electrónico: p21437@correo.uia.mx

 

 

Artículo recibido febrero 6 de 2009; artículo aceptado abril 24 de 2009 (Eds.)


Resumen:

La participación juvenil ha estado en la agenda de los Gobiernos de la región latinoamericana tal como ha sucedido en México. Por tiempo se ha hablado de la pasividad de las personas jóvenes por incidir en los asuntos públicos, así como de su apatía hacia los procesos político-electorales. No obstante, las manifestaciones de no intervención electoral e indolencia hacia las organizaciones públicas y políticas, son formas expresivas de la capacidad de movilizar y, posiblemente, de condicionar uno de los principales recursos que tienen las personas jóvenes y que es su partipación.

Palabras clave: participación juvenil, Gobierno, mecanismos de participación y recursos.


Resumo:

A participação juvenil tem sido considerada na agenda dos Governos da região latinoamericana, como é o caso do México. Durante muito tempo se tem falado da passividade dos jovens para incidir nos assuntos públicos, como também da sua apatia com respeito aos processos político-eleitorais. Porém, as manifestações de não intervenção eleitoral e a indolência com respeito às organizações públicas e políticas são formas expressivas da capacidade de mobilizar e, possivelmente, de condicionar um dos principais recursos que têm as pessoas jovens para a sua participação.

Palavras-chave: participação juvenil, Governo, mecanismos de participação e recursos.


Abstract:

The issue of the low youth participation has been part of the governmental agendas of several Latin-American countries, including Mexico. Scholars have expressed profound concern not only regarding the overall low levels of citizen participation and political activism, but, especially among young people. Particularly worrying is the trend of increasing passiveness and reluctance among youth to participate in politics. However, such manifestations of political disaffection are, perhaps, expressive forms of the capacity to condition and, possibly, to mobilize one of the main resources that young people have, their participation.

Keywords: youth participation, government, tools (of involvement) to participate and resources.

 


 

Introducción

 

En México por largo tiempo se ha hablado de la pasividad de las personas jóvenes1 por incidir en los asuntos públicos, así como de su apatía hacia los procesos político-electorales. Tales aseveraciones se resumen sucintamente en los resultados de la última Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) (IMJ, 2006) y de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) (Segob, 2005). Pero esto parece ser un tanto inconcluso dado que muchas de las manifestaciones de no intervención electoral e indolencia hacia las organizaciones públicas y políticas tradicionales, son formas expresivas de la capacidad de movilizar y condicionar uno de los principales recursos que tiene el colectivo de jóvenes2: su participación.

Explorando el estado que guarda el estudio de la juventud, se pueden encontrar trabajos que versan sobre:

    • la tradición, identidades y culturales juveniles (Cadena, 1997; Nauhardt, 1997; Valenzuela, 1998; y Navarro, 2005);
    • otro tópico de atención, impulsado por la preocupación en torno a las enfermedades de transmisión sexual, ha sido el de la sexualidad juvenil (Arciga & Juárez, 1997; Feixa, 1996; y Rodríguez, 2005);
    • la investigación sobre el sector ha mostrado interés, de igual forma, en la relación educación-empleo (Bracho, 1999; Estrada, 1999; López, 1997; Mungaray & Moctezuma, 1997; Rendón y Salas, 2005);
    • en la literatura ha ganado margen el estudio de las adicciones juveniles (Borges, Rosovsky, Gómez & Gutiérrez, 1996; Mariño, Romero & Medina-Mora, 2005; y, Romero, Flores & Campillo, 1996);
    • de forma similar, ha preocupado a los estudiosos y estudiosas del tema las formas de agregación juveniles (Arroyo & Almada, 1997; Castro, 2005; Feixa, 1998; y Reguillo, 1997);
    • también han sido importantes las temáticas sobre valores y religión de las jóvenes y los jóvenes (Guevara, 1997; Luengo, 2005; Maldonado, 1998; y Navarro, 1998).

En razón al panorama que ofrece el marco anterior, la discusión que presento cobra relevancia por dos razones: Primero, buena parte de los trabajos que estudian a la gente joven en México priorizan los problemas que el sector enfrenta, generando una retroalimentación de los estudios entre sí y en cuyas conclusiones convergen en presentar las especificidades y problemáticas que enfrenta la juventud. Segundo, característicamente en México un buen número de trabajos mantienen la visión sobre las personas jóvenes como actores insertos en un contexto y circunstancias que hace al sector vulnerable e indefenso.

Si bien se acepta la importancia de conocer las características y problemáticas de la juventud, también se señala que ha quedado relegado el estudio de la participación juvenil y que en la actualidad reviste particularidades importantes. Aquí sobresalen los estudios que tratan sobre la participación y cultura política juvenil; no obstante, el análisis se ha centrado en los movimientos estudiantiles universitarios, en la participación electoral y en las preferencias políticas juveniles (al respecto se encuentran estudios de Aboites, 1999; Arredondo, 1997; Becerra, 2005; Guerra, 1997; Fernández, 1997; Othon, 1998; Sánchez, 1998; Trejo, 2005; y Tamayo, 1999).

De esta forma, aún quedan pendientes reflexiones que ayuden a superar las limitaciones de los estudios que conciben la participación juvenil ligada a movimientos sociales y su poco interés en los procesos político-electorales. Así que, distanciando este trabajo de las explicaciones y formas convencionales de estudio sobre este sector específico de la población mexicana, en el presente documento argumento que las instancias públicogubernamentales, al convocar la participación ciudadana de las personas jóvenes, aceptan que tienen recursos que le pueden aportar, pero dada su baja intensidad por participar, se condicionan debido a la desconfianza de la juventud hacia las organizaciones público-gubernamentales.

Pretendo lograr el objetivo propuesto tomando como base la Teoría de Dependencia de Recursos (TDR) de Pfeffer y Salancik (1978) y la Teoría de Movilización de Recursos (TMR) de Edwards y McCarthy (2004). Tales marcos teóricos se tejerán con la literatura especializada en participación ciudadana y estudios sobre la juventud; así mismo se tomará como estudio el caso de México y en específico el de una de sus entidades federativas: el Estado de México3.

Desarrollaré los planteamientos de este trabajo en ocho apartados: en uno primero, luego de discutir la noción de participación, conceptualizo la participación ciudadana juvenil de manera que sea funcional para los fines de este trabajo. Posteriormente, en un segundo momento, expongo las capacidades del sector juvenil y la manera como el Gobierno federal mexicano y el Estado de México observan al colectivo de jóvenes en sus Planes de Desarrollo. Ello permite pasar a un tercer apartado, donde analizo indicadores que facilitan dimensionar la participación de la juventud en los asuntos públicos y la política.

El punto anterior da pie para problematizar entre la poca participación juvenil y los magnos esfuerzos del Gobierno por promoverla; por lo que, a fin de ofrecer una interpretación plausible al punto anterior, el desarrollo de los elementos básicos de las Teorías de Dependencia de Recursos y Movilización de Recursos es materia del cuarto apartado.

Revisar brevemente algunos de los mecanismos de participación ciudadana juvenil y exponer de las razones que inhiben la participación ciudadana de los jóvenes y las jóvenes, son materia del quinto y sexto apartados, respectivamente, mientras que en un séptimo momento propongo entender la participación ciudadana juvenil como un recurso hacia el cual el Gobierno no siempre tiene acceso, derivando de ello lecturas conclusivas a fin de dar paso a la discusión final de este trabajo como octava y última parte del mismo.

 

1. La participación juvenil

La participación ciudadana es un término que tanto en el discurso del Gobierno como en la literatura académica, denota nuevas formas de mirar la esfera pública por parte de algunos sectores sociales, entre ellos la gente joven. Esto, por una parte, implica reconocer las rearticulaciones de las relaciones entre la sociedad y el Gobierno más allá de las formas representativas tradicionalesterritoriales. Y por la otra, muestra la transformación del orden social y político dada la intensificación de la política en la cotidianidad social.

La importancia que adquiere la participación ciudadana en las actividades gubernamentales va desde las reflexiones que la plantean como un instrumento para generar cooperación, motivación y capacidad práctica para la solución de problemas públicos (Hirschman en Arellano & Rivera, 1998) —quienes la consideran como una forma de trabajo e integración cultural propia de ciertas comunidades, involucrando valores y tradiciones políticas e históricas (Rivera en Arellano & Rivera, 1998)—, hasta los argumentos que la piensan de forma diferente al discurso usual, esto es, como un recurso escaso y simbólico que los sectores sociales pueden manejar y con el que pueden condicionar tanto al Gobierno como a actores de la misma sociedad, dado que a través de ella —de la participación ciudadana—, sus políticas y/o tareas pueden ser aceptadas (véase Martínez, 2001).

Si bien la participación ciudadana por su naturaleza es social por cuanto es una práctica regular que ha incumbido por igual a políticos y a la sociedad, a gobernantes y a gobernados, con el devenir de las sociedades contemporáneas su sentido se ha visto alterado y expresado en diversas derivaciones que adjetivan el término (Sosa, 2006). No obstante, resulta que las posiciones que heterogéneamente adjetivan el término, coinciden en señalar que no es una participación restringida al ámbito electoral, al plantearla como un ingrediente deseable en las tareas de gobierno, dando pie a una pluralidad de sentidos que convergen en sus planteamientos, o bien señalan la necesidad de analizar los fenómenos de la participación desde una perspectiva distinta a la electoral, a fin de aprenderla y concebirla de forma diferente y más acorde con las circunstancias, según proponen Martínez (2001 y 2002) y Sosa (2006).

Específicamente, al hacerse referencia a la participación ciudadana es posible encontrar diferentes denominaciones que en su desarrollo conducen a ciertas posiciones equivalentes a formas distintas de entenderla.

1.1. Sin adjetivos

La Real Academia Española4 define participación como “tomar parte en algo”. En esta misma línea se enmarcan definiciones de trabajos cuyo discurso se ha fincado en el estudio de la participación, y que la definen alejándose de adjetivos; como lo es la propuesta de Arzaluz (1999) quien, reflexionando sobre el término en relación con los Gobiernos locales de México, indica:

    Una definición de participación sin adjetivar es la intervención (directa o indirecta) de distintos actores en la definición de las metas de acción de una colectividad y de los medios para alcanzarlas. Es un proceso social que genera la interacción o relacionamiento de diferentes actores (individuales o colectivos) en la definición de su destino colectivo (Arzaluz, 1999, s. p.).

Por lo que reconocer el interés por la participación, y que se ha incrementado de manera significativa en las últimas dos décadas, implica que hoy el término cuenta con muchos significados y multiplicidad de entendimientos y definiciones, tal como lo indica Martínez (2002), y según se expone a continuación.

1.2 Con adjetivos

El paso del engranaje estadocéntrico entre Estado, sociedad y mercado a mercadocéntrico, y de éste al impulso de una forma sociocéntrica (Lander, 1998), ha traído consigo la ampliación del espacio de lo político en cuanto a que los instrumentos tradicionales de representación y gestión, enfrentan cada vez más dificultades para canalizar las demandas, por la mayor oportunidad y motivación que tiene la sociedad para participar en ámbitos de toma de decisiones colectivas. En ese contexto, la observación de la participación se ha dado desde distintos lentes conduciendo a que el término se adjetive, derivando con esto multiplicidad de discursos que, exponencialmente, han desarrollado y definido el término.

De hecho, Cabrero (1999) advierte que el término participación aglutina un conjunto amplio de contenidos que hacen más difícil la precisión y significado de este tipo de procesos; sin embargo, es posible identificar ciertas pautas al abordar el fenómeno.

Así, Restrepo (1997), al estudiar la participación, lo hace a partir de los asuntos a los cuales se dirige. En cambio, Merino (1998) piensa la participación como algo positivo, dando a las formas de participación de la democracia liberal un sentido fragmentario y negativo. Observando las relaciones más cercanas y fluidas entre Gobierno y los diversos sectores que componen a la sociedad (como el colectivo de jóvenes), Ziccardi (1998, s/f ) y Álvarez y Castro (1999) presentan una tipología más amplia de formas de participación a través de una propuesta tripartita. Finalmente, Bolos (1995) señala que el empuje de la sociedad ha forjado democracias participativas, constituyendo con ello un rol preponderante de la sociedad en las tareas de Gobierno.

De inicio, Restrepo (1997) observa la participación a partir de los asuntos a los cuales ella se enfoca, siendo éstos tres: los económicos, los administrativos y los políticos.

    • En el área económica, la participación indica la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas por revelar sus preferencias a fin de direccionar la acción pública, y controlar la calidad y eficiencia del gasto público. También se plantea lograr la disminución de los costos estatales de los programas, mediante la cogestión de las tareas públicas (Restrepo, 1997).

    • En el área administrativa, la participación permite mayor transparencia y publicidad en los procesos decisionales, así como la oportuna y ágil aplicación de las decisiones públicas (Restrepo, 1997).

    • En el área política, la participación es una forma de democratizar y legitimar el sistema político. También se pretende la conversión en asuntos públicos de un sinnúmero de materias antes consideradas sólo bajo tratamiento administrativo discrecional (Restrepo, 1997).

Por su parte, Merino (1994 y 1998) considera que la participación puede dividirse en dos: una participación fundamentalmente electoral y otra social. La primera tiene que ver con los procesos electorales; la segunda, con la relación entre sociedad y Gobierno, más allá de las elecciones o, mejor dicho, entre elecciones.

    Es decir, en el primer caso el ciudadano participa con su voto para decidir quiénes lo gobernarán; en el segundo, la participación pretende influir en la toma de decisiones gubernamentales que tienen que ver con sus necesidades, desde las más básicas… hasta las más elaboradas… (Merino, 1998, s. p.)

Sin embargo, Ziccardi considera que deben reconocerse otros tres diferentes tipos de participación, enunciados a continuación:

    La participación social supone la asociación de individuos para el logro de determinados objetivos. La participación comunitaria se instala en el campo de las actividades asistenciales propias del mundo de lo no estatal. En cambio, la noción de participación ciudadana se reserva a la relación que existe entre los individuos y el Estado, relación que pone en juego el carácter público de la actividad estatal (Ziccardi, 1998, p. 29. Cursivas del original).

Lo anterior conduce a precisar que Ziccardi (1998 y s/f ) considera que la participación ciudadana no reemplaza a la política sino que tiene objetivos y acciones diferentes que otorgan un sentido pleno al concepto de ciudadanía, que va más allá del derecho al voto por cuanto refiere a las formas de relación directas y frecuentes entre la ciudadanía y sus organizaciones, con el Gobierno.

Por su parte, Álvarez y Castro (1999) reconocen que al hablar de democracia formal y directa, y en ocasiones representativa, frecuentemente se hace alusión a la participación. No obstante, consideran que cuando ella se conceptualiza es común que no se valoren las diversas definiciones de la democracia, siendo ésta la razón por la que al hacerse referencia a la participación comunitaria, social y ciudadana, frecuentemente se definan como sinónimos, y frente a lo cual plantean una ligera precisión. Entonces, estos dos autores se proponen entender la participación ciudadana como:

    …aquella en la que los individuos —ciudadanos con derechos y obligaciones— toman parte de los asuntos públicos del Estado. Así, la participación ciudadana apunta, fundamentalmente, a la relación entre el Gobierno y los ciudadanos, a ese espacio público en el que ambos están inmiscuidos (Álvarez & Castro, 1999, p. 9. Cursivas del original).

Por otra parte Bolos (1995), sin hacer referencia y distinción entre una participación eminentemente política o electoral y otras formas (sean éstas ciudadana, comunitaria o social), considera que la participación es

    …la incidencia de individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo de propuestas y, en algunos casos, en la gestión de recursos (Bolos, 1995, p. 23).

La propuesta de Silvia Bolos enuncia que las democracias contemporáneas tienden a ser más participativas, dado que la ciudadanía cada vez más se integra en la solución de problemas colectivos. En su manifestación específica, esta participación deriva tanto del diseño de programas públicos como de la acción conjunta de la sociedad en coordinación con sus respectivos Gobiernos (Bolos 2003a y 2003b).

Por último Martínez (2002), alejándose del discurso anterior, indica que es posible observar que los individuos que participan o no, lo hacen a partir de una elección político-económica que escogen a partir de un amplio análisis de costo/ beneficio; y que si bien tal análisis se relaciona con lo económico, también incluye los beneficios sociales e individuales que los individuos perciben que pueden derivarse o no de su participación.

Lo mencionado conduce a valorar la participación desde una perspectiva distinta en la cual los sujetos (en su expresión individual u organizada), al evaluar su posición frente a participar o no (en los espacios destinados para ello o bien en las ofertas emergentes del Gobierno), implícitamente están haciendo de la participación un recurso que pueden manejar y negociar respecto a las demandas suscitadas en torno a ésta, mismas que pueden venir tanto de la sociedad como del Gobierno (véase Martínez, 2001).

A fin de plantear una definición útil a lo que propongo, considero el planteamiento de Martínez (2001 y 2002) ya que permite un marco conceptual más amplio para abordar la participación de una forma distinta a como lo hacen las posiciones de otros autores que se han discutido (Restrepo, 1997; Merino, 1998; Ziccardi, 1998; Álvarez & Castro, 1999; y Bolos, 1995). También considero que el término ciudadanía envuelve una participación más allá de lo electoral (Ziccardi, 1998 y s/f ). Esto implica que la juventud no restringe su participación al acto de votar sino que puede ser (y de hecho lo es) más activa socialmente e inclusiva al abarcar el grupo de 15 a 29 años5, y no únicamente a partir de que se cumple la mayoría de edad.

En consecuencia, por participación ciudadana juvenil entiendo el proceso mediante el cual alrededor de 4 millones 600 mil jóvenes mexiquenses6 (directa o mediante expresiones asociativas) toman parte en los procesos de decisión de interés colectivo (ya sea que se haga o no en las esferas público tradicionales). El concebir así la participación permite, entre otras ventajas:

    • Entender que la juventud puede participar socialmente (mediante un ejercicio autónomo respecto al Gobierno) y políticamente (en procesos electorales mediante el voto).

    • Entender que el soporte de los sujetos sociales a las políticas (como el de las personas jóvenes), se va definiendo en el proceso participativo y no hay que darlo por supuesto.

    • Indicar las relaciones de dependencia de recursos entre Gobierno y jóvenes. Esto es, por un lado, que hay recursos que la autoridad gubernamental requiere del colectivo de jóvenes y para lo cual hace ofertas para participar; y por el otro, que existen condiciones que la juventud exige del Gobierno y para lo cual decide y define su posición en cuanto a participar o no.

    • Y mostrar que hay formas de participar que se dan tanto dentro de las esferas institucionales-tradicionales como fuera de ellas.

Por lo dicho, entender de esta manera la participación ciudadana juvenil permite una aproximación novedosa al tema, según mostrarlo mostraré en los siguientes apartados.

 

2. Participación y juventud

Según el Informe sobre la Juventud Mundial 2005 (ONU, 2005), en los últimos quince años la comunidad internacional ha reconocido la importancia de la participación de las personas jóvenes en la adopción de decisiones e iniciativas de Gobierno. Por ello, el peso demográfico y la vulnerabilidad de la juventud, tanto en la república mexicana como en el Estado de México, no deben considerarse, por sí mismos, aspectos por los cuales el sector amerite atención; sino que debe considerarse que el desarrollo económico-social de las sociedades, como la mexiquense7 (integrada por alrededor de 15 millones de habitantes8), se basa, amén de otros factores, en la capacidad de las autoridades públicas de incorporar la juventud en la construcción del futuro, lo que para el caso del Estado de México implica escuchar y hacer partícipes en los asuntos públicos a un capital social de alrededor de 4 millones 600 mil jóvenes9, por cuyas capacidades podrían:

    • Romper el círculo de pobreza intergeneracional.
    • Ser factor de desarrollo económico y social.
    • Promocionar los valores democráticos y una sociedad justa.
    • Disminuir las tasas de contagio de enfermedades de transmisión sexual.
    • Ampliar los márgenes de seguridad y calidad de vida.
    • Movilizar a apoyo y exigir mayor responsabilidad de la autoridad pública, entre otros aspectos.

Reconociendo lo anterior, los Gobiernos en muchos países en-desarrollo han emprendido importantes acciones que fomentan las relaciones intergeneracionales e impulsan la participación ciudadana de las personas jóvenes en los asuntos públicos.

En este sentido, el Gobierno federal de la república mexicana se ha propuesto como objetivo en el Plan de Desarrollo Nacional (2007 – 2012):10 “Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes”; sobresaliendo de dicho punto la estrategia de: “Edificar una cultura cívico-democrática que fomente la participación de los jóvenes en los asuntos públicos…”.

Reconocimiento similar a la participación ciudadana juvenil realiza el Gobierno del Estado de México en el Plan Estatal de Desarrollo (2006 – 2011). En tal documento, en el apartado Más Oportunidades para los Jóvenes, se indica el objetivo “Brindar oportunidades para el sano desarrollo de la juventud mexiquense” (Pdem, 2005, p. 58), planteándose la estrategia de “Impulso a la participación de los jóvenes en la vida política, económica y social de la entidad” (Pdem, 2005, p. 58).

En consecuencia y como se puede leer, a nivel federal existe un amplio interés por incorporar la participación ciudadana de las personas jóvenes. Y lo mismo se puede observar en el ámbito estatal. Esto indicando que, en cierta medida, los gobiernos discursivamente aceptan su dependencia frente a la capacidad de acción y decisión que la juventud aporta.

 

3. La desconfianza de la juventud mexiquense hacia las Instituciones públicogubernamentales. una panorámica

Según ha mencionado Bendit (citado en Suárez & Takayanagui, 2006) la juventud se muestra dispuesta a participar en los espacios u organizaciones en las que ellos y ellas confían y donde esperan se produzcan resultados satisfactorios hacia el sector. De esta manera y observando los resultados de la ENJ, se puede encontrar que para el caso específico del Estado de México:

    • Existe un alto desinterés de la juventud mexiquense por la política (formas tradicionales de conducir demandas públicas como las que plantea la democracia liberal); dado que de este estrato poblacional, únicamente el 16% se interesa mucho por la política en tanto el 38% y el 43% muestran interesarse poco y nada, respectivamente. Entre las razones que se señalan por dicho desinterés se encuentran: no me llama la atención, los políticos no cumplen, falta de tiempo, es aburrida, siempre es lo mismo, entre otras (IMJ, 2006).

    • La confianza de las personas jóvenes del Estado de México hacia las instituciones que dan funcionamiento a la democracia está en entredicho, al observarse que alrededor del 60% de la juventud mexiquense piensa que vale la pena ir a votar, en tanto que el restante se concentró en opciones “no vale la pena ir a votar” (25%), “depende” (8.5%), situándose el porcentaje restante en “no sabe” y “no contestó” (IMJ, 2006).

    • Al solicitarles a las personas jóvenes mexiquenses que evaluaran de 0 a 10 lo que dicen ciertas instituciones democráticas y gubernamentales,11 se registró de inicio que ninguna de ellas obtuvo un promedio superior a 8.0. El Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentaron el mejor nivel de evaluación: 7.0; les siguen la Suprema Corte de Justicia: 6.4, y el Gobierno federal: 6.2; mientras que los partidos políticos y diputados federales son quienes, en la escala, menor promedio presentan al tener 5.3 y 5.2, respectivamente. Estas son, entre otras, algunas organizaciones y personas que solicité evaluar: ministros de culto (sacerdotes), escuelas, medios de comunicación, ejército, médicos, universidades públicas y organizaciones sociales de ayuda, ubicándose en promedios entre 7.1 y 8.3. Aquí resalta que las organizaciones sociales y deportivas gozan de mejor imagen y credibilidad ante las jóvenes y los jóvenes al comparárseles con otras organizaciones políticas y de Gobierno (IMJ, 2006).

    • Si bien la participación ciudadana de las personas jóvenes es baja, el punto anterior conduce a señalar que los clubes deportivos y las organizaciones escolares y religiosas, son los espacios en donde más se sitúa la escasa participación juvenil mexiquense al concentrar el 14.5%, el 4.7% y el 1.8% de su participación, misma que se realiza independientemente y sin auspicio del Gobierno (IMJ, 2006).

De lo expuesto, es posible indicar que la política formal (electoral) y la participación en las tareas de organizaciones gubernamentales y en los asuntos públicos, no es del total interés de las personas jóvenes del Estado de México, dado que la confianza hacia las estructuras y actores que invisten las instituciones político-públicas tradicionales se encuentran desacreditadas entre la población joven mexiquense, impactando esto en su interés por la política, haciendo que la poca participación ciudadana juvenil se oriente hacia las organizaciones independientes del Gobierno. Por lo tanto, los datos mostrados indican que en la actualidad los gobiernos, partidos políticos, representantes populares, organizaciones públicas, entre otros, parecieran tener poco interés y una aceptación minoritaria entre los sujetos jóvenes mexiquenses.

 

4. Actores y recursos

Problematizar sobre lo que la participación ciudadana de las personas jóvenes aporta al Gobierno implica considerar qué le aporta al Gobierno el incorporar en sus tareas al colectivo de jóvenes mediante ciertos mecanismos de participación ciudadana. Para responder dicho interrogante resulta útil lo que proponen las Teorías de Dependencia de Recursos (Pfeffer & Salancik, 1978) y Movilización de Recursos (Edwards & McCarthy, 2004).

La Dependencia de Recursos indica que antes de que una organización (como el Gobierno) use recursos (de cualquier tipo), éstos deben ser adquiridos en el contexto específico en que cada organización se mueve; por lo que la “clave para que una organización funcione y sobreviva es su habilidad para adquirir y mantener recursos” (Pfeffer & Salancik, 1978, p. 2).

Como se puede observar, de inicio, el término recurso es de gran importancia para la TDR. En este sentido, según el Diccionario de la Real Academia Española12, los recursos son el “conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa”. En tanto que autores como Themudo (2000), al señalar que si bien no existe una regla específica para determinar qué sí y qué no es un recurso, propone una definición muy cercana a la que ofrece la Real Academia, al indicar que “si algo ayuda a lograr un objetivo, ya sea en el presente o futuro, entonces se trata de un recurso” (Themudo, 2000, p. 6).

A la luz de lo señalado y considerando a la TDR (Pfeffer & Salancik, 1978), propongo entender como recursos los insumos que son relevantes en sí mismos para el funcionamiento de la Organización y que le permiten la consecución de sus intereses y el logro de sus objetivos.

En consecuencia, los recursos no representan un problema en sí para la Organización (como el Gobierno) sino que los problemas derivan de las condiciones que permiten que los mismos sean distribuidos, estén disponibles en el ambiente o sean intercambiados.

Para los fines del presente trabajo, la propuesta de Pfeffer y Salancik (1978) se complementa con lo que propone la Teoría de Movilización de Recursos (Edwards & McCarthy, 2004), dado que tejer ambas teorías permite una tipología tentativa de los recursos y observar un panorama de ellos.

El argumento central de la Teoría de Movilización de Recursos (Edwards & McCarthy, 2004) indica que las organizaciones y movimientos sociales requieren de recursos, mismos que deberán adquirir mediante transacciones con otros grupos según se van logrando sus fines u objetivos.

En este marco, Edwards y McCarthy (2004) han sugerido una clasificación de los recursos necesitados y de interés para las organizaciones y movimientos sociales, identificándose cinco tipos de ellos, según se muestra en el cuadro 1.

 

 

 

Tejiendo sobre la propuesta de Pfeffer y Salancik (1978) y lo que proponen Edwards y McCarthy (2004), es que se entiende que una organización como el Gobierno (estatal) es vulnerable respecto a su ambiente (compuesto por otras organizaciones públicas, privadas, civiles o sectores específicos de la sociedad, como la juventud), dado que éste requiere insumos externos para asegurar su funcionamiento y el logro de sus objetivos. Pero acceder a los recursos no siempre es posible ni gratuito y más aún cuando no se tiene control total sobre ellos y existen pocos sectores-agentes u organizaciones que los provean, dado que se pueden mostrar desinteresados en aportar sus recursos, o bien condicionarlos, como un reclamo a una acción o forma de conducirse de la Organización demandante.

Así que, a la luz de los elementos teóricos anteriores, es posible suponer que al plantear el Gobierno del Estado de México en su Plan de Desarrollo Estatal (2006 – 2011) el apremio por incorporar la participación juvenil en sus actividades, está aceptando que, como sector, la juventud tiene recursos que le puede aportar, siendo éstos principalmente:

    • Morales, como la legitimidad (aceptación del Gobierno —sus acciones—).13
    • Organizacionales, como el acceso a las redes de grupos y asociaciones de jóvenes.
    • Humanos, como la captación de líderes juveniles.
    • Y culturales, como acceso al conjunto de valores y percepciones del colectivo de jóvenes sobre problemas del sector y de la sociedad en general.

Frente a lo mencionado, es de resaltar que tales recursos resultan ser de suma importancia no por sí mismos, como ya lo dije, sino por las condiciones que permiten que se aporten y por que las personas jóvenes son parte fundamental de la expresión ciudadana, factor de desarrollo económico-social y fundamento de aprobación o desaprobación de los gobiernos. Por lo dicho hasta aquí, queda claro que la gente joven tiene recursos de interés para los Gobiernos y que podría acceder a ellos mediante su participación.

El paso siguiente es señalar cómo se ha planteado incorporar la participación de la juventud, lo que es similar a cómo se pretende obtener los recursos que como sector posee, y lo cual implica revisar brevemente algunos mecanismos utilizados para incorporar su participación.

 

5. Mecanismos para la participación juvenil: ¿cómo obtener los recursos que posee la juventud?

Realizando una breve revisión sobre los mecanismos de participación ciudadana, se puede observar que suponen distintos modos como las personas jóvenes podrían incidir en los asuntos públicos, y maneras como los gobiernos podrían acceder a los recursos de la juventud.

Por una parte, considerando la literatura sobre el tema de participación ciudadana (Cabrero, 1999 y 2003; Garcés & Valdés, 1999; Ramos & Reyes, 2005; Font et al. s/f; y Ziegenfuss, s/f ), y por la otra, tomando en cuenta textos específicos sobre participación y juventud (Castillo, 1999; Cepal & Unesco, 2001; Rodríguez, 2005; y Veloz, 2007), es posible especificar con mayor claridad los mecanismos para poner en movimiento la participación ciudadana juvenil, tal como lo expongo a continuación:

A).- Cuando las personas jóvenes se involucran en los asuntos públicos, mediante su opinión (según sean sus preferencias) sobre programas, políticas o problemáticas, ello se hace mediante encuestas como la Encuesta Nacional de Juventud y/o reuniones de consulta.

B).- La habilitación y empoderamiento juvenil en la toma de decisiones (no sólo emitiendo opiniones sino orientando las acciones de gobierno), requiere del desarrollo de capacidades, planificación participativa y/o integración de Consejos de ciudadanos como el Instituto Mexiquense de la Juventud.

C).- Cuando se considera a la gente joven con capacidad de dar respuesta a sus problemas a través de su colaboración en la implementación de los programas de Gobierno, la constitución de comités, grupos de tareas, asociaciones de jóvenes o integración de organismos no gubernamentales, parecieran ser los instrumentos. Ejemplos ilustrativos son la Alianza Mexicana de Juventud y la Organización Iberoamericana de Juventud.

D).- La evaluación y seguimiento de las personas jóvenes a las tareas de Gobierno requieren de la conformación de comités de expertos y expertas, como mecanismo más común. Al momento de realizar este trabajo resulta ser un mecanismo poco desarrollado y experimentado en México, a reserva de experiencias en otros países latinoamericanos.

 

6. El estado de cosas que alejan a la juventud de la participación

Dentro de los esfuerzos que los gobiernos hacen para incorporar a la juventud en sus tareas, hay que apuntar que una cosa son los propósitos y objetivos que se pretenden al ofertarse espacios y mecanismos para la participación, y otra es el resultado real de dichos esfuerzos, en tanto se afecta la trasmisión de recursos del sector juvenil hacia los gobiernos, dado que en la realidad, entre el discurso que expone las bondades y beneficios de la participación ciudadana de las personas jóvenes y los hechos reales, existe una amplia brecha, denotándose ciertos rasgos que por décadas han distinguido a los asuntos y políticas públicas, y que paso a indicar brevemente:

    • Cuando se convoca al colectivo de jóvenes a participar es posible observar la existencia de élites participativas que sesgan las preferencias de las personas jóvenes. Es decir, interpretan de manera unívoca y homogénea las prioridades de la juventud, cuando en realidad son un sector totalmente heterogéneo.

    • Lo anterior conduce a que persista la exclusión de individuos jóvenes menos organizados para gestionar sus demandas y expresar sus preferencias.

    • Los espacios destinados para participar y conducir la voz de la gente joven se vuelven ocasión de captura de recursos financieros y oportunidad de manejo de posiciones administrativas como cuotas políticas, por parte de ciertas élites juveniles.

    • Muchas de las veces, los sujetos responsables de incorporar y generar los medios (y mecanismos) participativos, portan intereses oligárquicos propiciando que no se observen las problemáticas y oportunidades que permitan a las personas jóvenes contribuir realmente en las políticas y/o asuntos públicos.

    • Las estrategias para incorporar la participación juvenil tienden a ser casuísticas y con metodologías bajamente definidas. Esto propiciando, entre otros aspectos, que las relaciones entre el sector juvenil con los demás sectores de la sociedad se den en condiciones de proteccionismo y sentimientos de minusvalía hacia el sector, quedando ocultas sus capacidades que como sector (jóvenes) portan.

    • El que se incentive la participación del colectivo de jóvenes tiende expresamente a tener fines de manipulación, simbólicos y de aprobación de las acciones de gobierno, al representar más de la cuarta parte (26.3%) de la población total de México y un tercio (30.5%) de la población del Estado de México (Inegi, 2006).

    • También, para la mayoría de las personas jóvenes en México, la política y el Gobierno distan demasiado de su realidad cotidiana y de sus necesidades. No se observa una relación directa entre participar y su efecto en su cotidianeidad (véase Segob, 2005).

    • La desaprobación y desconfianza hacia los partidos políticos y autoridades públicas que invisten las instituciones de la democracia y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, influye significativamente en su falta de interés por participar, orientando sus esfuerzos, capacidades y tiempo hacia organizaciones (deportivas, religiosas, civiles, entre otras) más confiables y donde se generan resultados satisfactorios relacionados con su realidad, según lo muestra la Encuesta Nacional de Juventud (IMJ, 2006).

Son estos factores señalados, obviando que existen otros, los que generan percepciones poco favorables hacia la política y las organizaciones público-tradicionales, y lo que propicia alejamiento y apatía de las personas jóvenes a participar ciudadanamente, tanto en los procesos electorales como en la toma e implementación de decisiones de impacto colectivo en tiempos no electorales. Ello, impactando negativamente a los gobiernos, al no obtener los recursos que las personas jóvenes les podrían aportar.

A la luz de la TDR, lo mencionado conduce a que se reconozca la participación ciudadana como un recurso que los sujetos jóvenes poseen (y ante el cual el Gobierno enfrenta dificultades de acceso), según lo discuto a continuación.

 

7. La participación juvenil como un recurso

Apegándonos al concepto de recursos que se ha ofrecido, puede considerarse que si bien el Gobierno es un ente que controla o posee múltiples recursos (morales, humanos, organizacionales, culturales y materiales), hay otros recursos sobre los cuales no tiene total control ni le es fácil acceder a ellos.

Por ende, se puede apreciar la participación ciudadana juvenil como un insumo que no poseen los gobiernos, dado que sus estructuras o mecanismos no les permiten acceder a dicho recurso ni controlarlo, según muestran las encuestas Nacional de Juventud (IMJ, 2006) y Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Segob, 2005), al indicar la poca confianza que las personas jóvenes tienen en la política y en las organizaciones públicas, de donde se deriva su bajo índice de participación en los espacios que desde la esfera gubernamental se ofertan.

Dentro de la literatura que ha abordado la participación ciudadana juvenil (Castillo, 1999; Cepal & Unesco, 2001; Rodríguez, 2005; y Veloz, 2007), señalan los beneficios que resultan de consultar a la gente joven sobre aspectos y problemas públicos. Otro tanto finca en la juventud la posibilidad y responsabilidad de fortalecer a la sociedad civil y de contribuir a generar buenos gobiernos. Internacionalmente, se ve en la juventud una gran oportunidad para concretizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y generar una sociedad más justa. Pero la posición que he adoptado en el presente trabajo invita a que seamos más cautelosos y no demos los alcances de la participación ciudadana juvenil per se.

Por lo anterior, la participación del colectivo de jóvenes requiere ser entendida como un recurso que este sector posee y maneja, siendo la poca participación de la juventud en la política y en los asuntos públicos una manera de condicionar tal recurso a los gobiernos (en sus distintos niveles) u organizaciones público-políticas tradicionales, ante su descrédito y forma de conducir las instituciones públicas.

 

8. Discusión final

Hasta aquí he intentado mostrar el bajo nivel de participación de las personas jóvenes en la política y en los asuntos públicos. Para ello he recurrido a los resultados de la ENJ y de la Encup. Los indicadores que reportan tales trabajos sobre el tema si bien son limitados y un tanto reducidos, no dejan de dar evidencia de la participación juvenil, así como nos invitan a su meditación.

El análisis minucioso de tales indicadores me orientó a ofrecer una perspectiva no usual para estudiar la participación de las personas jóvenes. Esta inquietud intelectual me llevó a abordar y a reflexionar el tema desde una perspectiva diferente y novedosa como la que ofrecen las Teorías de Dependencia de Recursos (Pfeffer & Salancik, 1978) y de Movilización de Recursos (Edwards & McCarthy, 2004).

La invitación de los gobiernos para que tal sector tome parte en la política y en los asuntos públicos, indica que las jóvenes y los jóvenes tienen recursos que pueden aportar. Pero el que no participen, o bien el que muestren apatía, no implica que sean un sector inmóvil y desinteresado respecto de los problemas sociales sino que, por el contrario, puede considerarse su no participación como una manera de condicionar tal recurso e implícitamente otros más, ya sean morales, humanos, organizacionales, culturales o materiales, según se ha expuesto en el apartado IV. Además, al margen de esta discusión emerge la pregunta sobre si es intencional o inconsciente el condicionamiento de la participación ciudadana por parte de las personas jóvenes, y qué podría incorporarse dentro de la agenda de investigación de estudios sobre juventud.

Si bien es cierto que desde la esfera gubernamental se promueven múltiples mecanismos por los cuales las jóvenes y los jóvenes pueden participar, también obsérvese que los mismos suelen reflejar las estructuras políticas-tradicionales existentes y ante las cuales existen reclamos por como se conducen y por su inoperancia. Esto, originando la imagen de que se les invita a participar en aquellas estructuras o mecanismos que posiblemente no ostentan credibilidad, son excluyentes y hacen de su participación algo marginal.

De esta manera, se ha destacado que existe un amplio sector juvenil que no se interesa por los asuntos públicos. Tal hecho debiese estar en la preocupación de la autoridad pública dado que este aparente desinterés es una forma expresiva de la capacidad de movilizar y condicionar la participación que puede ser vista como un recurso por el que el Gobierno, al no obtenerlo, deja de acceder a otros insumos que podrían ayudarle a construir entre las personas jóvenes su aceptación, con márgenes de aceptación más amplios y no con los mínimos como sucede actualmente.

Por último, se debe considerar que al igual que el Estado de México existen otras entidades federativas o departamentos con amplia población de jóvenes. Ellos y ellas son quienes integran el llamado capital social de tales territorios. En el futuro tal sector será factor del desarrollo económico y social, así como está en su responsabilidad la consolidación de las instituciones de nuestras democracias emergentes. Esto urge a ampliar las oportunidades y políticas públicas que favorezcan realmente su participación político-electoral y en los asuntos públicos, como también exige un gran compromiso de las personas jóvenes a fin de generar sinergias al interior del sector, y de éste con los demás sectores de la sociedad y con el Gobierno.

 


Notas:

* El presente artículo derivado de la investigación (iniciada en febrero de 2006 y finalizada en marzo de 2008) “La dependencia entre organizaciones de la sociedad civil en procesos de participación ciudadana”, financiada por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (en la modalidad beca de investigación, promoción 2007) y presentada por quien suscribe lo presente a fin de optar por el grado de Maestro en Ciencias Sociales. En el 2008 dicha investigación fue acreedora al primer lugar del IV Premio Nacional de Investigación sobre el Tercer Sector, auspiciado por el Centro Mexicano para la Filantropía. El número de registro del proyecto ante el Conacyt es: 175649

1 Según reconoce Pérez (2005), pareciera no existir consenso sobre el concepto juventud y joven, dado que cada estudio o investigación utiliza uno u otro término (y con diferentes sentidos) según sus objetivos. Proponer una discusión sobre la definición de la juventud me desviaría de los objetivos de este trabajo; por ello recurro a la delimitación etaria. De esta forma, las Naciones Unidas han establecido un rango de edad para definir a la juventud como los hombres y mujeres que se encuentran entre los 15 y los 24 años de edad. No obstante, en México tal rango se amplía de los 15 a los 29 años, por lo que al hacer mención a las jóvenes y a los jóvenes, o a la juventud, estoy referenciando al sector de la gente mexicana que se ubica en el último rango de edad señalado.

2 Al hacer referencia a la participación de las personas jóvenes no pretendo indicar de manera implícita que son un segmento de la población homogéneo, sino que parto de la idea de que la juventud se caracteriza precisamente por su heterogeneidad, y de ahí que muchas de sus expresiones de agreación y expresiones juveniles sean tan distintas a las que se ofertan y promueven desde los espacios gubernamentales.

3 El Estado de México es una de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana con una población aproximada de 15 millones habitantes, lo cual hace de dicha jurisdicción la más poblada al concentrar más del 14.5% de la poblacion total mexicana.

4 Disponible en http://www.rae.es (consultado el 10 de enero de 2009).

5 Para el gobierno del Estado de México el segmento de persona joven se ubica entre los 15 y 29 años de edad (Pdem, 2005).

6 Pdem, 2005.

7 El apelativo mexiquense es utilizado para identificar a la población oriunda y vecina en el Estado de México.

8 Inegi, 2006.

9 Pdem, 2005.

10 PND, 2007.

11 La escala mínima, que es 0, señala que no se cree en nada de lo que dicen, y la máxima, que es 10, indica que se cree completamente en lo que dicen.

12 Disponible en http://www.rae.es

13 Además de lo bosquejado, para los fines del presente trabajo, la expresión legitimidad, como la aceptación de las acciones del gobierno, implica también reconocer el cambio en las formas de interlocución gobiernosociedad a través de diversos mecanismos que permiten el diálogo, la comunicación y la concertación entre ambas partes (Iglesias, 2005).

 


 

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    Referencia para citar este artículo: Vázquez-Ceballos, C. A. (2011). La participación ciudadana juvenil como un recurso externo al gobierno. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1 (9), pp. 45-59.


 


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