Primera sección: teoría y metateoría

DOI: http://dx.doi.org/10.11600/1692715x.1316260914

El abordaje estatal de la pobreza en Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas^*

Government approach to poverty through Conditional Cash Transfer Programs

A abordagem estatal da pobreza em Programas de Transferência Condicionada de Renda

Rebeca Cena¹, Florencia Chahbenderian²

¹ Profesora Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Licenciada en Sociología (Universidad Nacional de Villa María), Magíster en Derechos Humanos y Democratización (Universidad Nacional de San Martín), Doctoranda en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Becaria doctoral de Conicet y docente de la carrera de sociología Universidad Nacional de Mar del Plata. Correo electrónico: rebecena@gmail.com / rebecena@hotmail.com

² Profesora Universidad de Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires), Doctoranda en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Becaria Agencia y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: florenciachabe@gmail.com / chabe.flor@gmail.com

Artículo recibido en julio 2 de 2014; artículo aceptado en septiembre 26 de 2014 (Eds.)

Resumen (analítico):

El presente texto tiene por objetivo contribuir al estudio, análisis y comprensión de los mecanismos de estructuración social del capitalismo actual mediante los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) dirigidos a niños, niñas y adolescentes "pobres", con base en la experiencia de cuatro países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Nos centramos en el estudio del diseño de los PTMC de alcance nacional vigentes en el período 2009-2013, para considerar algunos indicios sobre cómo se concibe y construye la "niñez" en los sectores más pobres desde la mirada estatal, y analizar críticamente qué formas toma la gestión de estas poblaciones. Así, es posible visibilizar los marcos institucionales en los que se reconoce un colectivo y se direccionan las demandas asociadas al vivir en condiciones de carencias, en un régimen responsable de tal estado de cosas.

Palabras clave: política social, población, individualidad, capitalismo, pobreza (Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Abstract (analytical):

This article aims to contribute to the study, analysis and understanding of the mechanisms of social structures of contemporary capitalism through conditional cash transfer programs targeting "poor" children and adolescents, based on the experience of four Southern Cone countries: Argentina, Bolivia, Brazil and Chile. The article focuses on the design of existing programs nationwide in the period 2009-2013 and considers evidence on how "childhood" is conceptualized and constructed from the point of view of government and a critical analysis is undertaken of the ways in which these populations are managed. Subsequently it is possible to identify the institutional frameworks that recognize collectives and channel the demands associated with living in conditions of deprivation implemented by governments that take responsibility for this area.

Key words: social policy, population, individual, capitalism, poverty (Social Sciences Unesco Thesaurus).

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo contribuir para o estudo, análise e compreensão dos mecanismos da estrutura social do capitalismo contemporâneo, através de programas de transferências monetárias condicionadas dirigidas às crianças e adolescentes "pobres", com base na experiência de quatro países do Cone Sul: Argentina, Bolívia, Brasil e Chile. Nós nos concentramos na concepção dos programas existentes no período 2009-2013 para considerar algumas evidências de como é concebida e construída a "criança" a partir do olhar do Estado e analisamos criticamente quais as formas de gerenciamento destes recursos em relação a estas populações. Assim, é possível visualizar os quadros institucionais em que um grupo é reconhecido e são abordadas as exigências associadas às condições de vida de privação em um sistema responsável por este estado de coisas.

Palavras-chave: política social, população, individualidade, capitalismo, a pobreza (Tesauro de Ciências Sociais da Unesco).

1. Introducción

Las maneras en que los Estados abordan los aspectos del mundo social considerados como problemáticos, implican una forma de intervención que establece los límites -en tanto recorte- del reconocimiento estatal de la problemática en cuestión. En el particular caso de las niñas, niños y adolescentes, significan las formas en que se gestiona en el presente la mano de obra potencialmente disponible en el futuro (Llobet, 2006). En otras palabras, la concepción que tenemos actualmente por "infancia" o "niñez", y de la cual partimos críticamente en el presente, es una construcción socio-cultural del modo de producción capitalista, que permite garantizar que no se emplee precozmente la fuerza de trabajo, es decir, se ajusta a la necesidad de no agotar tempranamente la fuerza de trabajo y "suavizar" su utilización -y consecuente desgaste-en el tiempo (Bustelo, 2007).

Por ende, siguiendo a Grassi (2003), la demarcación de lo que se considera un "problema social" es el resultado de un momento histórico determinado y es, a su vez, fuente y resultado de disputas políticas, teóricas y simbólicas. La identificación del problema y sus posibles estrategias de abordaje están, pues, atravesadas por dichas disputas. Ahora bien,

(…) con el desarrollo de la modernidad se constituyen dispositivos artificiales, centrados especialmente en una nueva noción de individuo, donde éste se transformará en el culpable o responsable individual de sus padecimientos y, a su vez, generador de la fractura y de la sociedad (Carbadella, 2008, en De Sena & Mona, 2014, p. 10).

Con el presente trabajo pretendemos contribuir al estudio, análisis y comprensión de los mecanismos de estructuración social del capitalismo actual, mediante las políticas sociales dirigidas a niños, niñas y adolescentes "pobres", con base en la experiencia de algunos países latinoamericanos. Para ello, nos proponemos estudiar, a partir del análisis del diseño de lo que se ha conocido como Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), los casos de cuatro países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. La elección de los países obedece a que en todos ellos se dio una expansión de los sistemas no contributivos de pensiones y de programas de transferencias monetarias condicionadas durante el último decenio largo. Sin embargo, las especificidades del diseño en cada país son variadas: tanto en la población objetivo y la administración de los programas, como en las características del proceso de selección y en los niveles de beneficios (Fiszbein et al., 2009).

A los fines del presente trabajo, hemos considerado los programas con alcance nacional vigentes durante el período 2009-2013 en los países mencionados. Realizamos el análisis de cada una de estas estrategias estatales con base en la identificación de componentes críticos centrales: población objetivo, requisitos de acceso, otros requisitos, focalización por ingresos, límite de hijos e hijas, titularidad, y observaciones. Estos nos permitieron, por un lado, una comparación entre los programas analizados; y por otro lado, realizar una reconstrucción de la forma en que la pobreza en la niñez ha sido abordada estatalmente.

2. Políticas sociales de atención a la pobreza, capitalismo, y niñez como categoría analítica

El abordaje de las políticas sociales desde las Ciencias Sociales requiere ponerlas en tensión con los procesos de estructuración social del capitalismo global, que inciden en los regímenes de acumulación de cada uno de los países (Yazbek, 2000, Offe, 1990, Grassi, 2003, Esping-Andersen, 1993). Además, obliga a problematizar el impacto que estas poseen en los modos en que las personas destinatarias de las mismas habitan sus condiciones de carencias (Danani, 1996, Scribano & De Sena, 2013, Adelantado et al., 2000, Pautassi, 2009, Pautassi & Zibecchi, 2010).

De acuerdo con el objetivo de este artículo, problematizaremos las tensiones existentes entre las políticas sociales de atención a la pobreza destinadas a los niños, niñas y adolescentes, y su lugar en el régimen de acumulación capitalista, dejando de lado la problematización del impacto de estas en los procesos de socialización. En esta dirección sostenemos que las políticas sociales, en principio, poseen un lugar tensionado dentro de los regímenes de acumulación, dado que si a corto plazo permiten la satisfacción de algunas necesidades de las poblaciones, a largo plazo garantizan la reproducción del capital (Offe, 1990).

La reproducción del capital se encuentra garantizada por la regulación de los niveles de conflictividad social asociados al vivir en condiciones de carencias. En primer término, al impactar directamente en las condiciones de vida de la población; en segundo lugar, afectando también las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo, la salud, el acceso a la alimentación ya la vivienda, etc.

La expresión estatal respecto al uso, venta, incorporación y mantenimiento de la fuerza de trabajo se configura de diferentes maneras en función del país en cuestión. Estela Grassi (2003) indica que la forma particular en que se expresan los "problemas sociales" en un momento determinado definen, contextualizan, conjeturan causas y anticipan soluciones, expresan en definitiva el resultado -más o menos explícito- de determinadas pujas sociales que imponen particulares maneras de conjugar el modo o régimen de acumulación y los modos de regulación social y política. La política social desde esta perspectiva constituye: (…) ‘el conjunto de regulaciones de la vida social referidas a la participación en la producción y reproducción ampliada de la vida’. Se trata de una reproducción que excede la sobrevivencia física, regenerando […] las reglas y roles que presiden la vida de los sujetos en una sociedad capitalista moderna. Estas regulaciones de la política social configuran ‘un orden político que, más allá de los <sectores> respectivos, habilita/inhabilita determinadas condiciones de lucha social (qué es lo legítimamente reivindicable y por quiénes) y habilita/inhabilita determinadas condiciones de intervención y capacidad de imposición política (cuáles son las intervenciones legítimas del Estado y en qué ámbitos)’ (Andrenacci & Soldano, 2006, pp. 31-32).

El Estado cumple un rol fundamental en esta tarea de definición de los problemas sociales, al transmitir, a través de sus construcciones discursivas y prácticas -vía políticas sociales- sus visiones de "mundo". Dichas visiones y clasificaciones tienen que ver con construcciones sociales que se presentan como maneras universales de definir y abordar la cuestión social resultado de construcciones sectoriales; es decir, producto de formaciones históricas. En cada momento histórico, quienes detentan el poder tienen la capacidad de definir "lo social" de acuerdo con categorías de clasificación y división del mundo (sensu Bourdieu) propias o de clase.

En el caso de las políticas sociales de atención a la pobreza de niños, niñas y adolescentes, estarían estableciendo qué sujetos serían contemplados en la intervención estatal, cuáles deberían ser las características de los mismos, qué necesidades serán reconocidas, cuáles los satisfactores a ellas asociadas, quiénes quedarían excluidos y cuáles las condicionalidades para permanecer dentro de ellas¹. El análisis de esta serie de componentes contenidos en el diseño y ejecución de las políticas sociales permite reconstruir la "mirada estatal" a partir de la cual se está problematizando y dando entidad a la "cuestión social".

En este punto es que las políticas sociales de atención a la pobreza de niños, niñas y adolescentes contribuyen a la definición de las características que asumirá el sector poblacional en cuestión y, en esa medida, al establecimiento de los marcos institucionales con los cuales lidiar para la ampliación o incorporación de aspectos que legitiman la problemática en cuestión. En este sentido, en tanto recorte, delimitan la definición de los temas, tiempos y métodos del conflicto, y así el establecimiento del marco-y no el resultado- del mismo.

Las intervenciones gubernamentales de atención a la pobreza, en el mismo momento en que definen los parámetros dentro de los cuales se le dará lugar a la cuestión social, excluyen una serie de aspectos de la problemática en cuestión, ya sean potenciales destinatarios, necesidades, formas de satisfacerlas, condicionalidades, su lugar dentro de las obligaciones estatales -si se constituyen como derechos o no- etcétera.

En palabras de Llobet et al., "las definiciones analizadas conllevan una potencia prescriptiva que delimita las acciones posibles, las soluciones imaginadas, el sentido común institucional y expresa modalidades dominantes en que se conciben los problemas" (2012, p. 80). Estas formas de intervención de las políticas sociales, no solo a través de sus recursos sino -y sobre todo-a partir de estas definiciones que hacen que algunos de los aspectos del mundo social emerjan a la vista, poseen la potencialidad -en el caso que aquí nos preocupa-, de que determinadas maneras de ser niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza mediadas por la intervención estatal, irrumpan como categorías sociales y grupos poblacionales bajo determinadas características desde la mirada del Estado.

Sumado a ello, los sujetos destinatarios de quienes nos ocupamos -las niñas, niños y adolescentes-, no solamente son construidos como categoría poblacional (por diferenciación etaria), sino también como categoría de definición de parte de la cuestión social del momento: las niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza. Ello implica reflexionar sobre las estrategias del régimen de acumulación para gestionar en el presente la mano de obra disponible para el futuro.

3. Políticas sociales de atención a la pobreza en América Latina, programas de transferencias monetarias condicionadas hacia niños, niñas y adolescentes

La importancia que han adquirido los conocidos Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) como estrategias estatales de atención a la pobreza en Latinoamérica se debe, al menos, a tres aspectos fundamentales: i) desde su surgimiento a comienzos de la década del 90 del siglo XX en México y Brasil, se han mantenido y expandido a más de 18 países en la región²; ii)desde la primera década del 2000 hasta la actualidad, se han constituido como la estrategia predilecta de los Estados para la atención de la pobreza (Barrientos, 2012)³, siendo denominados como los "programa estrella de abordaje de la pobreza" (Martínez & Voorend, 2008). Al mismo tiempo, han aumentado los montos ofrecidos, su cobertura, y el alcance geográfico: en 2010 los PTMC alcanzaban a más de 25 millones de familias latinoamericanas y caribeñas, llegando a cubrir 113 millones de personas -el 19% de la población-, invirtiendo el 0,40% del Producto Bruto Interno (PBI) regional (Cecchini & Madariaga, 2011); iii) han sido impulsados por los organismos internacionales de crédito⁴ como las maneras idóneas de responder a la pobreza por nivel de ingresos y de limitar su transmisión inter-generacional.

Estas nuevas "modalidades" de políticas sociales emergen en un contexto de varias décadas de ajuste estructural a lo largo y ancho de la región, que agudizaron las desigualdades sociales y la pauperización (Lo Vuolo et al., 1999). Coinciden con la crisis de las sociedades centradas en el trabajo formal como eje organizador de las relaciones de protección social, traducido, entre otros aspectos, en la existencia de grupos de pertenencia sindical y gremial, y derechos y garantías vinculados a lo que se ha identificado como derechos sociales (Grassi, 2003, Arcidiácono, 2012).

En las producciones académicas vinculadas al estudio de la expansión de los PTMC en Latinoamérica (Barrientos, 2012, Bertranou & Paz, 2007, Zibecchi, 2011, Villatoro, 2007, Midaglia, 2012, Ceccini & Madariaga, 2011, Danani & Hintze, 2011, Lo Vuolo, 2009, Lozano, 2011, Gasparini, 2010, Salvia, 2011), es posible rastrear algunas características más significativas en torno a las cuales se registra cierto consenso. Consisten en el otorgamiento de recursos monetarios a familias en situación de pobreza con niños, niñas o adolescentes a cargo de mujeres embarazadas (Cecchini & Madariaga, 2011).

El acceso a la prestación exige demostrar una serie de cualidades a nivel individual y familiar, que varían según el país y el programa. En el caso de los PTMC latinoamericanos, las condiciones de acceso, en términos generales, suelen vincularse con: a) la ubicación geográfica que sujeta a las personas destinatarias a un lugar de residencia sin poder cambiarlo so pena de perder el beneficio. El programa mexicano Oportunidades es una expresión de ello (Izcara & Andrade, 2012); b)la "situación de pobreza", considerada indispensable dentro de las condiciones de acceso, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social argentina, el Bolsa Familia implementado en Brasil, o el programa Chile Solidario; c) la situación laboral de los sujetos adultos; junto a los antes mencionados podemos agregar el programa Avancemos de Costa Rica; d) y la composición familiar (el número de niños, niñas y adolescentes, de mujeres embarazadas o de personas con discapacidad); son los casos de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, Bolsa Familia, Familias en Acción de Colombia, Bono Avancemos de Ecuador, Comunidades Solidarias de El Salvador, Mi Familia Progresa de Guatemala, Programa Oportunidades de México, entre otros (Cecchini & Madariaga, 2011).

Las condicionalidades se encuentran sujetas, en primer lugar, a los objetivos de los PTMC, que radican a corto plazo en aliviar la pobreza por nivel de ingresos y, a largo plazo, en reducir la incidencia de la pobreza⁵. En segundo lugar, responden a los comportamientos y acciones que, en función del aparato gubernamental, resulta esperable que los sujetos agentes realicen. Como contraprestación para permanecer en el programa, se debe cumplir una serie de condicionalidades que tienen por objetivo incrementar el capital humano y desarrollar "capacidades" en las personas destinatarias, en pos de lograr la "inclusión social" y detener la reproducción inter-generacional de la pobreza. Usualmente se vinculan con demostrar ciertos niveles de nutrición, el acceso a controles de salud por parte de los niños, niñas y mujeres embarazadas, y la matriculación y asistencia escolar de los niños y niñas. Además se debe seguir demostrando las condiciones de acceso, puesto que estos programas no otorgan derechos, sino que son revisados a un plazo y mantenidos hasta que se demuestre el cambio de situación. Adicionalmente, si bien los criterios de egreso varían en cada caso, muchas veces el no cumplimiento de la contraprestación conlleva la expulsión automática del programa (Villatoro, 2007).

Cabe destacar que generalmente las condicionalidades responden a aquellos comportamientos o actitudes que la intervención gubernamental busca modificar, y muchas veces pueden acarrear sanciones o actividades de monitoreo; en consecuencia, pueden clasificarse como: fuertes, moderadas o leves.

Asociado a una condicionalidad fuerte existe un argumento técnico, a partir del cual se entiende que la condicionalidad permite cambiar el comportamiento de los usuarios hacia una mayor inversión en capacidades humanas y, por tanto, ocupa un lugar central en la lógica de operación del programa (Cecchini & Madariaga, 2011, p. 89).

Con respecto a este tipo de visión que poseen los PTMC, hay dos reflexiones que resultan oportunas:

Por un lado, la red de causalidad que el programa identifica al buscar aumentar lo que se conoce como "capital humano", expone que las condiciones de pobreza a las que se ven expuestos vastos sectores poblacionales dependen no tanto de condiciones estructurales del régimen de acumulación -que necesariamente genera condiciones de pobreza y de negación-, sino más bien de actitudes o aptitudes de las familias, susceptibles de ser modificadas mediante educación, asistencia a cursos de capacitación, entrenamiento laboral, cuidados de salud, entre otras contraprestaciones. El problema de este tipo de intervenciones gubernamentales radica en que la base de su diagnóstico sobre la cuestión social a abordar invisibiliza las condiciones estructurales que llevaron a tal estado de cosas. Por otro lado, poseen un concepto de pobrezam entendida solamente desde los ingresos, identificando una pobreza a corto plazo -estrictamente monetaria- y una a largo plazo -ligada a problemas de inserción de la población en el mercado de trabajo- que, según este tipo de programas, se liga estrictamente a "insuficiencias o bajo capital humano acumulado" principalmente en las áreas de educación, nutrición y salud (Paz, 2010).

En efecto este tipo de programas, impulsados por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, parten de entender que la causa de la pobreza es la falta de "desarrollo humano", y no una estructura socio-económica desigual y expulsógena. Esta lógica ubica la responsabilidad de las situaciones de pobreza y marginalidad en los propios sujetos que la vivencian, desechando cualquier explicación "estructural". En este sentido, sostenemos que las políticas sociales ocluyen los problemas globales de los contextos en los que emergen, a la vez que posibilitan un mayor control y manejo de las poblaciones, y su estigmatización (Faleiros, 2004).

4. La construcción estatal de la "niñez" desde el diseño de los PTMC

A continuación, presentamos algunas características básicas de los programas bajo estudio, de modo de contextualizar el posterior análisis del diseño de dichas medidas. En el caso argentino, en 2009 se crea la Asignación Universal por Hijo (AUH) como beneficio no contributivo del sistema nacional de protección social. Se trata de una transferencia monetaria condicionada mensual por cada hijo o hija menor de 18 años o en condición de discapacidad, que pueden obtener los trabajadores y trabajadoras informales o sin empleo que declaren un ingreso por debajo de un límite máximo (equivalente al salario mínimo legal). Los sujetos destinatarios deben cumplir condiciones de atención sanitaria, vacunación y asistencia escolar. Poco más de un año después de su creación, el beneficio se extendió a las mujeres embarazadas (Asignación Universal por Embarazo-AUE).

En poco tiempo, la AUH benefició a más de 1,8 millones de familias, ampliando la cobertura del sistema de protección social a sectores previamente excluidos y reemplazando otros programas de transferencias monetarias focalizadas preexistentes -Plan Nacional Familias vigente desde 2004-. La masificación de estos beneficios se tradujo en una reconfiguración del sistema de protección social argentino. En Bolivia, en el último decenio se desarrollaron por primera vez dos PTMC a escala nacional: el Bono Juancito Pinto (BJP, desde el año 2006) y el Bono Juana Azurduy (BJA, desde 2009). El BJP está dirigido a niños, niñas y jóvenes en escuelas públicas y tiene por objetivo disminuir la deserción escolar, otorgando un estipendio anual en un pago de Bolivianos 200 (U$S 25 a diciembre de 2006) a cambio de certificar la asistencia escolar mínima (80% de las clases). El BJA está destinado a las madres en período de lactancia y a mujeres embarazadas que no cuenten con un seguro de salud, y busca fomentar la utilización de los servicios de salud. Las transferencias se realizan a medida que se demuestra la utilización de los servicios públicos vinculados a la salud materno-infantil, que básicamente consisten en tener un parto institucionalizado, efectuar controles pre y post-parto en una sala de salud, y realizar controles integrales de salud periódicos a los niños y niñas durante sus primeros dos años de vida.

En Brasil, en el año 2003 se creó el primer PTMC a escala nacional, denominado Bolsa Família (BS). Dirigido a personas pertenecientes a hogares en situación de pobreza, constituye un esfuerzo por unificar diversas experiencias preexistentes que se dirigían a la población vulnerable pero actuaban desarticuladamente y a nivel municipal, como los programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentaçao, Auxílio-Gas; y en 2005 también se incorpora el Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). El Programa BF se posicionó como la principal política social de Brasil y es una referencia importante para los otros programas similares de la región. En la actualidad, BF constituye el PTMC más grande de Brasil y Latinoamérica, tanto por su extensa cobertura como por el voluminoso gasto que implica-más de 14 millones de familias y alrededor de U$S 10.614 millones de gasto anual a diciembre de 2013.

En el caso de Chile, en 2004 se implementa el Sistema de Protección Social Chile Solidario (CHS), una estructura innovadora que busca ampliar la cobertura de los programas preexistentes y crear nuevos para alcanzar a poblaciones que hasta entonces no tenían acceso a la oferta de servicios públicos y programas sociales, así como también estimular su demanda. Incorpora un enfoque novedoso en materia de política social, que prioriza el apoyo personalizado a las familias (apoyo psicosocial) y ubica las transferencias monetarias en un segundo plano. También es considerado pionero debido a que es el primer programa nacional sometido a una evaluación de impacto y que entiende la pobreza como un problema multidimensional (Hoces et al., 2011); de este modo, articula un conjunto de prestaciones públicas (viejas y nuevas) dirigiéndolas a las familias en situación de pobreza extrema, en pos de lograr su integración social. En la actualidad, el programa CHS es un ejemplo a nivel regional por el alto nivel de integración con el sistema de protección social chileno (Carneiro et al., 2009), y es la política intersectorial más importante que tuvo Chile (Larrañaga & Contreras, 2010). Posteriormente, en 2012 se lanza el Ingreso ético Familiar, que se enmarca en un subsistema de protección social denominado "Seguridades y Oportunidades", buscando promover la utilización de los servicios sociales, al igual que su antecesor. Por su reciente creación, es poca la información disponible sobre este programa⁶.

La Tabla 1 ilustra esquemáticamente, a modo ilustrativo, ciertos aspectos que nos permiten responder algunos interrogantes sobre qué formas toma la gestión de estas poblaciones, qué características deben portar -para acceder, es decir, ser "merecedores"- y cómo deben comportarse, cuáles son las actitudes que se espera que tengan los beneficiarios y beneficiarias (ya sean niños o niñas, o los sujetos adultos que ejercen su custodia). Consideradas globalmente, nos permiten tener algunos indicios sobre cómo es concebida/construida la "niñez" en los sectores más pobres a partir de la mirada estatal materializada en las políticas sociales.

Si bien la arquitectura de estos programas es compleja y requiere de estudios en profundidad, dados los fines del presente trabajo es posible resaltar, desde el diseño de la política social, ciertos patrones de intervención específicos, a partir de las categorías ilustradas en la Tabla 1. En lo que respecta a las exclusiones de los programas, en el caso de Argentina la AUH no admite personas en las siguientes situaciones:

a) Monotributistas (excepto los monotributistas "sociales"⁷);

b) Personas privadas de su libertad;

c) Niños o niñas y sujetos adultos a cargo de origen extranjero con una residencia menor a tres años en el país;

d) Quienes no posean Documento Nacional de Identidad (DNI);

e) Quienes cobren cualquier otra transferencia de ingresos (por ej., becas escolares);

f) Familias con seis hijos o más (Morales et al., 2011, p. 221).

Estas exclusiones retóricas, que provienen del propio diseño de los programas, se convierten en prácticas sociales y se hacen cuerpo en los sujetos intervenidos y en los excluidos, imprimiendo nuevas desigualdades a las existentes. En estas prácticas sociales "las negociaciones de sentidos constituyen un espacio de actualización de las diferencias de poder, mediante el establecimiento de límites y fronteras que legitiman y reactualizan relaciones sociales" (Llobet, 2012, p. 10).

El caso de Brasil es llamativo por las dimensiones del Programa Bolsa Familia, que alcanza a más del 30% de la población total. Este es el caso de un programa que va más allá de la protección a la niñez, pues otorga transferencias a aquellas personas en extrema pobreza indistintamente de su composición familiar. Si bien no nos centramos en el desempeño, cabe aclarar que Bolsa Familia es un claro ejemplo de cómo la masividad de estos programas ocluye las dimensiones de la problemática que se pretenden atender (De Sena, 2014).

A diferencia de los otros programas de este tipo, tanto en Chile Solidario como en el Ingreso ético Familiar, no es posible postularse sino que las familias son invitadas a participar en dichos programas, mediante la visita de un técnico del programa al hogar; con lo cual son reducidas las posibilidades de las familias en situación de pobreza de "evitar" transitar por este tipo de programas. No solo tienen que ser visitadas y evaluadas por personal técnico, sino que además deben comprometerse a cumplir 53 condiciones mínimas (en áreas como salud, educación, trabajo), mediante un "contrato", para permanecer en el programa y así superar por sus propios medios su situación de vulnerabilidad.

En todos los programas es posible observar, en diversos grados, una carga moral y normativa muy fuerte. Las condicionalidades aparecen con gran protagonismo y siempre vinculadas con la salud y la educación. Se observa que la totalidad de programas, a través de lo que han definido como "corte con la reproducción inter-generacional de la pobreza", depositan en las cualidades y aptitudes de las personas destinatarias la modificación de las condiciones de carencias.

El camino argumentativo indicaría que asistiendo regularmente al sistema educativo y cumplimentando con los controles de salud correspondientes (u otras 53 condicionalidades más) podrían superarse las condiciones de pobreza de los sectores poblacionales incluidos dentro del programa estatal. Ello, por un lado, no solamente deposita en los titulares de los PTMC la responsabilidad última de la modificación de la situación socioeconómica propia y del hogar, sino que también lo hace extensivo a quienes deben cumplimentar con las condicionalidades bajo control estatal: los niños, niñas y adolescentes.

La pobreza constituye una categoría compleja imposible de ser reducida solo a los niveles de ingresos (Altimir, 1979, Atkinson, 2003, Bourguignon & Chakravarty, 2003). Desde los procesos de estructuración social hasta los contextos en los que se encuentran insertos, los niños, niñas y adolescentes forman parte del ambiente que produce y reproduce las condiciones de pobreza. Las intervenciones estatales masivas -incluyen a muchos- y focalizadas -a muchos con ciertas características excluyentes- (De Sena, 2014), en el momento mismo en que muestran un camino de superación de la situación problema con base en la modificación de cualidades individuales e individualizables, ocluyen la red de responsabilización que le compete, en primer lugar, al régimen de acumulación en tal estado de cosas.

En palabras más sencillas, parecería ser que los niños, niñas y adolescentes podrían superar sus condiciones de carencias a partir de la modificación de sus comportamientos en la educación y la salud. Desde el neoliberalismo en adelante, la educación y las posibilidades del trabajo no constituyen ya variables directamente proporcionales, y las evaluaciones respecto a los PTMC no han mostrado evidencias de que estos mejoren la inserción laboral de los destinatarios ni sus condiciones de pobreza (Duryea & Morrison, 2004, Reinecke & Weller, 2014)¹¹.

Adicionalmente, en todos los casos las "mujeres" de la familia son quienes deben cobrar el beneficio. Aquí cabe hacer una aclaración, pues si bien la unidad de intervención de estos programas son las familias, las mujeres juegan un rol fundamental en tanto son las principales "destinatarias" bajo el supuesto de que invertirán la transferencia más responsablemente que los hombres, esto es, en el mejoramiento del bienestar de su familia y en particular de sus hijos e hijas, ya que conocen mejor las "necesidades del hogar" (Villatoro, 2007)¹².

Si bien advertimos la estrechez del presente desarrollo de cara a la complejidad que involucra, queda planteada la necesidad de profundizar este tipo de análisis en futuras investigaciones. En todo caso, el objetivo central de este trabajo radica en proponer una mirada que integre los tres niveles en que Oszlak (2011) identifica al abordar el rol del Estado¹³.

5. Conclusiones

Hemos expuesto más arriba que las estrategias del régimen de acumulación capitalista para su persistencia en el tiempo se focalizan en las políticas sociales. Particularmente en el caso de la niñez, como categoría sociopolítica, se trata de gestionar el presente para garantizar el futuro -de mano de obra disponible, al menos-. El diseño que adoptan los programas que hemos analizado, implica un abordaje estatal que no solamente individualiza la cuestión social sino que también la despolitiza, al escindir las soluciones propuestas y la definición de la problemática -como individual, dependiente de aptitudes y cualidades de las personas- de las condiciones estructurales que desembocaron en tal estado de cosas, y perpetúan los actuales -Estados neoliberales, el vaciamiento de las industrias nacionales, el trabajo informal, la desocupación, etc. Los PTMC, en consonancia con el proyecto neoliberal, buscan que las personas sean las mejores empresarias de sí mismas, modificando los modos de vida concretos, haciendo que las maneras en que viven se posicione como una solución biográfica a las contradicciones sistémicas (Luciani, 2010).

Las posibilidades del conflicto social se encuentran así, al menos, reguladas a través del modo en que este tipo de programas son diseñados: las características a partir de las cuales las poblaciones destinatarias vienen definidas en función de características particulares y no globales -en tanto categorías poblacionales y políticas-, y las exclusiones que se realizan en función de aquellos que quedan dentro y los que quedan fuera por cualidades particulares y subjetivas -ser el sexto hijo de un grupo familiar, ser nacional pero tener padres extranjeros con menos de 3 años de residencia en el país, no ser "invitado o invitada" a la prestación estatal, tener algún hermano o hermana que haya fallecido con menos de dos años de diferencia, por mencionar algunos. Es posible entonces reconstruir no solamente el perfil del sujeto destinatario de la política social, sino los marcos institucionales dentro de los cuales se puede peticionar por un régimen de protección social, se reconoce un colectivo y se direccionan las demandas asociadas al vivir en condiciones de carencias, en un régimen responsable de tal estado de cosas.

La población destinataria se encuentra definida en función de sus carencias, posicionándose así un conjunto de individuos que poseen como rasgo común el hecho de compartir idénticas carencias.

Notas

^* Este artículo corto se basa en una investigación que recupera aportes de los avances de tesis doctorales de las autoras con apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (RES 1736) desde abril 01 de 2012 hasta abril 01 de 2017. Gran área de conocimiento: Sociología, sub área: Trabajo Social.

¹ "La institucionalización de las políticas para la infancia se entrama en los conjuntos de necesidades y actores que, en una sociedad dada, en un momento histórico particular, son construidos como prioritarios y legítimos" (Llobet, 2006, p. 154).

² Si bien en el caso mexicano y brasilero han sufrido algunas modificaciones en sus nominaciones y ajustes de implementación, constituyen programas con más de 10 años de presencia en la escena pública.

³ En Brasil y México ya existían PTMC desde mediados de la década del ‘90, pero estos programas tenían un alcance limitado en relación con el posterior desarrollo a nivel nacional y regional (Villatoro, 2007).

⁴ "Para el Pnud, la igualdad importa en el espacio de las libertades efectivas; es decir en términos de la ampliación para todos de las opciones de vida realmente disponibles para que puedan elegir con autonomía. Importan las oportunidades y el acceso a bienes y servicios, pero también el proceso mediante el cual los individuos son sujetos activos de su propio desarrollo, incidiendo responsablemente sobre sus vidas y su entorno" (Pnud, 2010, p.

⁵ Para algunos autores y autoras muy influyentes en la temática, estos programas deben ser entendidos como representantes de un nuevo enfoque de la protección social, centrada ya no en la reducción de la pobreza en el corto plazo, sino en un enfoque de manejo de riesgos, que tiene como objetivo acrecentar el capital humano y superar la pobreza en el largo plazo (Paz, 2010, p. 64).

⁶En principio, consiste en programas de apoyo social y laboral, y en transferencias condicionadas y no condicionadas para las familias en extrema pobreza. Cuenta con tres grandes pilares por los que pueden transitar las familias participantes, conocidos como Dignidad, Deberes y Logros.

⁷ El "monotributo social" es una categoría tributaria permanente que reconoce la realización de actividades productivas, comerciales y de servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad social (ver www.afip.gov.ar).

⁸ Mesa por una Maternidad y Nacimiento Seguros "Qué debemos saber sobre el Bono Juana Azurduy?". Disponible en: http:// www.bonojuanaazurduy.sns.gob.bo/FrmDesBono5.aspx [consultado el 31/07/13].

⁹ En efecto, no deben ser beneficiarias de un seguro social de corto plazo, esto es, un subsidio de lactancia (Nutrinet.org, Guía para recibir el Bono Madre-Niño Niña "Juana Azurduy". Disponible en: http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=5# [consultado el 18/03/14]).

¹⁰ En el caso de Chile, la Ficha de Protección Social (FPS) es el instrumento de focalización, que releva las condiciones del hogar en materia de salud, vivienda, educación, ingresos, ocupacional, entre otras.

¹¹ "La inserción laboral, tanto de las personas adultas como de los sujetos jóvenes una vez que han terminado su educación, enfrenta la escasez de empleos productivos que suele ser especialmente grave en zonas con elevados índices de pobreza. Enfrenta, asimismo, la debilidad de las medidas públicas de apoyo al cuidado de niños y niñas, de individuos adultos mayores y de personas con discapacidad, que incide en forma negativa en la participación laboral de las mujeres que viven en condición de pobreza. Por lo tanto, los programas de transferencias deben coordinarse estrechamente con sistemas integrales de protección social y con políticas activas del mercado de trabajo que, entre otros objetivos, fomenten la demanda laboral" (Reinecke & Weller, 2014, p. 6).

¹² Esto requiere agudizar una mirada de género.

¹³ "En un nivel micro, podría interpretarse el rol del estado observando las diversas maneras en que su intervención y su ‘presencia’ pueden advertirse en múltiples manifestaciones de la vida cotidiana de una sociedad, particularmente, en la experiencia individual de sus habitantes. En un segundo nivel, que podríamos denominar meso, el análisis se traslada a los contenidos y orientaciones de las políticas públicas o tomas de posición, adoptadas por quienes ejercen la representación del estado. Finalmente, en un nivel macro, podemos observar el rol del estado en términos de los pactos fundamentales sobre los que se asienta el funcionamiento del capitalismo como modo de organización social, es decir, el conjunto de reglas de juego que gobiernan las interacciones entre los actore e instituciones que integran la sociedad" (Oszlak, 2011, p. 2).

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Referencia para citar este artículo:Cena, R. & Chahbenderian, F. (2015). El abordaje estatal de la pobreza en Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (1), pp. 123-136.

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