Primera sección: teoría y metateoría

DOI: http://dx.doi.org/10.11600/1692715x.1317190814

El conflicto trabajo-familia ante los derechos al cuidado de niños y niñas^*

The work-family conflict in relation to children's right to care

O conflito trabalho-família frente aos direitos ao cuidado das crianças

Verónica Gómez-Urrutia¹, Andrés Jiménez-Figueroa²

² Profesor Universidad de Talca, Chile. Psicólogo y Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos, Universidad de Santiago. Doctorando en Administración de Empresas, Université Libre des Sciences de l'Entreprise et des Technologies de Bruxelles. Académico Facultad de Psicología. Universidad de Talca, Chile. Correo electrónico: anjimenez@utalca.cl

Artículo recibido en julio 9 de 2014; artículo aceptado en agosto 19 de 2014 (Eds.)

Resumen (Analítico):

Este artículo está basado en una investigación documental en la que examinamos la tensión entre el proyecto de ampliar y asegurar los derechos para la infancia en Chile y el objetivo de lograr una mayor equidad socio-económica y de género. Los principios que orientan programas sociales para la primera infancia, suponen la disponibilidad de recursos familiares para sus objetivos -principalmente, el trabajo femenino no remunerado-. Argumentamos que el número creciente de mujeres que desean y necesitan entrar al mercado laboral implica dejar intacta la tensión trabajo-familia, especialmente para las madres, afectándose así la percepción de autoeficacia parental, y con ello, las posibilidades de los niños y niñas de recibir un cuidado apropiado. Concluimos justificando la necesidad de pensar los derechos de la infancia desde la perspectiva del concepto de co-responsabilidad.

Palabras clave: derechos del niño o niña, división sexual del trabajo, igualdad de oportunidades, relación padres/madres-hijos/hijas, bienestar de la infancia (Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Abstract (analytical):

This article is based on a literature review that examines the tension between the social goal of guaranteeing children's rights in Chile and the parallel project of achieving socio-economic and gender equality. The principles behind social programs for children do not consider that, in a context in which increasing numbers of women want and need to enter the labor force, the resources traditionally utilized by families to satisfy their children's needs (i.e., women's unpaid domestic and care work) should not be taken for granted. As a result, such programs leave the tension between paid employment and care work untouched, affecting parent's perceived self-efficacy and children's opportunities to receive proper care. The study concludes that to avoid this paradox it is necessary to re-think children's rights within the framework provided by the concept of co-responsibility.

Key words: children's rights, gender division of labor, equal opportunity, parent-child relationship, child welfare (Social Science Unesco Thesaurus).

Resumo (analítico):

O artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica centrada na tensão entre o projeto de ampliar e garantir os direitos da infância no Chile e o objetivo de conseguir uma maior equidade socioeconômica e de gênero. Os princípios na base dos programas sociais para a infância, particularmente nas áreas de cuidado e educação, supõem a disponibilidade de recursos familiares para o cumprimento dos seus objetivos - principalmente, o trabalho feminino não remunerado. Considerando o desejo e a necessidade de muitas mulheres de entrarem no mercado laboral, isto significa deixar intacta a tensão trabalho-família, afetando a percepção de autoeficácia dos pais e as oportunidades das crianças de receberem cuidados adequados. Argumentamos que, para se sair desse paradoxo, é necessário repensar a questão dos direitos da infância desde a ótica prevista pelo conceito de corresponsabilidade.

Palavras-chave: Direitos da criança, divisão sexual do trabalho, oportunidades igualitárias, relações entre pais e filhos/as, bem-estar da infância (Tesauro de Ciências Sociais da Unesco).

1. Introducción

En este artículo examinamos, para el caso de Chile, la tensión entre los requerimientos sociales y políticos de la ampliación de derechos para la infancia y los que plantea la meta de lograr una mayor equidad de género. Argumentamos que uno de los ámbitos en los cuales esta tensión se expresa con particular fuerza son las relaciones entre trabajo y familia. Chile, como la mayoría de los países occidentales, ha experimentado la creciente incorporación de las mujeres al empleo remunerado; con ello, los sistemas de cuidado tradicionales, basados en el trabajo femenino no remunerado, resultarán insuficientes para satisfacer las expectativas de igualdad económica y de género contenidas en los derechos de la infancia endorsados por Chile. Por ello, incluir el examen de las relaciones trabajo y familia en el diseño de políticas sociales, como parte de un sistema integral, nos parece indispensable para asegurar los derechos presentes y futuros de niños y niñas.

Con este propósito, el trabajo está organizado como sigue: primero, hacemos una breve revisión de los cambios familiares recientes ocurridos en Chile, con el objetivo de situar el escenario de la discusión. Luego, examinamos los principios orientadores de políticas tendientes a asegurar los derechos de la infancia en Chile, así como sus encuentros y desencuentros con las demandas del mundo laboral, en un contexto con importantes sesgos de clase y género. El concepto de auto-eficacia parental, introducido en este punto, nos permitirá vincular las oportunidades y calidad del cuidado infantil con los desafíos planteados por el objetivo de lograr un mayor equilibrio entre los ámbitos familiar y laboral, a través de la co-responsabilidad social frente al cuidado de la infancia. Finalmente, ofrecemos algunas conclusiones, que resumen nuestros argumentos principales.

2. Los cambios familiares y la cuestión del cuidado

Posiblemente uno de los mayores cambios familiares ha sido el considerable aumento de la participación laboral femenina. Esta participación se ha explicado principalmente como una forma de apoyar el sustento familiar, ayudando a satisfacer necesidades básicas o como medio de superación de la pobreza (LYD, 2006). Se hace habitual que las familias requieran de más de un salario para sustentarse, ya sea por la informalidad y precariedad de los trabajos, o bien por los cambios en patrones de consumo y estilos de vida que generan nuevas necesidades.

En Chile, la inserción laboral de las mujeres se ha dado con menor intensidad -43,3% en 2011, con una brecha de 10 puntos porcentuales respecto a países con un nivel de desarrollo similar, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2007)-. La participación laboral femenina favorece la generación de riqueza, aumentando el bienestar de los hogares y disminuyendo la pobreza. No obstante, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Ministerio de Desarrollo Social, 2011a), entre las mujeres que no están trabajando o buscando trabajo, casi el 50% indicó razones vinculadas al trabajo doméstico o al cuidado de dependientes, mientras solo 10,5% de los varones señaló este tipo de razones. Según los datos, las mujeres trabajan menos horas y dejan sus trabajos por razones vinculadas a sus responsabilidades familiares en una proporción significativamente mayor que en el caso de los varones.

Estas cifras son todavía más importantes al considerar otros cambios familiares, como el aumento de las jefaturas de hogar femeninas y, más crítico aún, que el 89% de los hogares monoparentales tienen como jefa a una mujer. Las cifras de participación laboral varían al considerarse el nivel de ingreso: mientras en el 10% de mayor ingreso de la población un 62% de las mujeres participa en el mercado laboral, en el decil de menores recursos esa proporción no llega al 25% (Ministerio de Desarrollo Social, 2011a). Ello da cuenta de la progresiva -y desigual- incorporación de las mujeres al ámbito laboral. A su vez, y todavía según esta encuesta, son las mujeres de los segmentos menos favorecidos las que más plantean la dificultad de encontrar trabajo por razones específicamente asociadas al cuidado¹ (14,4% en el primer quintil, versus 4,6% en el quinto). Las investigaciones realizadas en Chile sugieren que ello se debe a estrategias diferenciadas: mientras las mujeres de los segmentos más acomodados pueden transferir estas responsabilidades -total o parcialmente-, al mercado (usualmente contratando a otra mujer), las de menos recursos deben apoyarse en redes familiares (Undurraga, 2013). Las mujeres, al insertarse en el empleo remunerado, todavía deben cumplir las expectativas inherentes a los roles tradicionales asociados al género, sin importar si su pareja (cuando está presente en el hogar) tiene o no responsabilidades laborales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-Pnud, 2010).

Lo anterior tiene importantes implicancias desde el punto de vista de las oportunidades que los niños y niñas tienen de recibir cuidado de calidad, en tanto la expectativa social siga asignando esta responsabilidad a mujeres que, en números crecientes, desean y necesitan insertarse en el mercado laboral. Arriagada (2013) y Arriagada y Todaro (2012) hablan de una potencial crisis del cuidado en Chile: la creciente brecha entre la oferta de cuidado de calidad y la necesidad del mismo. A pesar de los cambios en los roles femeninos, en materia de trabajo doméstico y de cuidado los hombres chilenos no han modificado sustantivamente su participación en este ámbito. Estudios sugieren que hay interés en los varones jóvenes por ser participantes activos en la crianza de sus hijos e hijas (Aguayo, Correa & Cristi, 2011, Junji, Unesco & Unicef, 2010, Pnud, 2010), aunque dicho interés no se traduce, necesariamente, en una mayor participación de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado, particularmente en lo que se refiere a actividades como atender niños y niñas enfermos, cocinar y lavar para ellos (Olavarría, 2004, Junji, Unesco & Unicef, 2010).

La Encuesta Nacional de la Primera Infancia (Junji, Unesco & Unicef, 2010), aporta otro dato interesante en este punto: la capacidad diferenciada que hombres y mujeres tienen de negociar sus respuestas a los requerimientos familiares en los espacios laborales. Según esta encuesta, el 91% de los empleadores respetan el permiso post-natal de las mujeres; sin embargo, ello ocurre en mayor medida para los niveles socioeconómicos más altos: entre los hogares de mayores ingresos (estrato ABC1 en Chile), el 98% de los empleadores respetan el permiso postnatal, mientras que entre los hogares de menores ingresos (estrato E) sólo el 80% lo hace. En el caso de los padres (varones), se reporta que sólo el 55% de los empleadores autoriza el permiso legal². Nuevamente, se repite la relación entre nivel socioeconómico y cumplimiento legal, ya que entre los padres de los hogares ABC1, 72% hace uso de este derecho; por el contrario, apenas el 34% de los padres de los hogares de NSE E reporta haber podido utilizarlo (Junji, Unesco & Unicef, 2010, p. 38). Esta misma tendencia se verificaría en la utilización de otros derechos y beneficios.

Así, si desde el punto de vista cultural se observan cambios en la construcción de roles y responsabilidades asociados a la crianza -siendo cada vez más legitimado el que éstos sean compartidos-, las percepciones, actitudes y comportamientos frente a los roles de género muestran fuertes contradicciones, coexistiendo aspectos tradicionales y progresistas, según el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam, 2012). Ello pone en tensión los ámbitos del trabajo remunerado y de la familia. En este escenario, se ha planteado en Chile una creciente preocupación por asegurar los derechos de la infancia; y entre ellos, el derecho a la educación y al cuidado desde el nacimiento, que examinaremos en la sección siguiente.

3. Derechos de la infancia en Chile

En Chile, la preocupación sistemática por el estado de la infancia data de fines de los años noventa. Lineamientos y metas específicas para la infancia surgieron a partir del ámbito internacional, con la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990). En el ámbito latino-americano, los Compromisos de Nariño (Segunda Reunión Americana sobre Infancia y Política Social, en Santafé de Bogotá, en 1994) y el Acuerdo de Santiago (tercera Reunión Ministerial Americana sobre Infancia y Política Social, Santiago de Chile, 1996), permitieron delinear compromisos para los países latinoamericanos.

Si bien Chile tiene una larga trayectoria de políticas sociales dirigidas a la salud materno-infantil, la cuestión de la desigualdad de oportunidades de vida generada a partir de la primera infancia apareció con fuerza ya entrada la década del 2000. La Convención de Derechos del Niño, que especifica el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser cuidados, fue recogida en la Política Nacional a favor de la Infancia y la Adolescencia (0 a 18 años), promulgada en el año 2000 como un marco ético y político para la infancia, con el objetivo de orientar las inversiones sociales en niños, niñas y adolescentes. Y una de las inversiones sociales de mayor prioridad, junto con la salud, ha sido la educación, que absorbe casi la mitad del gasto público social en infancia, particularmente en el grupo que va de los 6 a los 11 años de edad (Rossel, 2013, Staab, 2013). ésta es financiada a través de los municipios o bien a través de un sistema mixto en el cual entidades privadas administran instituciones educativas, recibiendo una subvención estatal mensual por alumno o alumna y su asistencia a clase (tipo voucher). Un sistema que ha permitido que el país tenga una cobertura de 93% en la educación primaria, sin grandes diferencias por grupo socioeconómico (Ministerio de Desarrollo Social, 2011b), pero que ha sido fuertemente criticado por la fuerte segmentación que exhibe en términos de calidad, con diferencias notables en los aprendizajes, con los colegios privados liderando los resultados (Agencia de calidad para la Educación, 2013).

En contraste, la educación pre-escolar presenta tasas de cobertura significativamente menores, manteniendo importantes diferencias por estrato socioeconómico. Según el Ministerio de Desarrollo Social (2011c), las tasas de cobertura bruta y neta de la educación pre-escolar llegaron a 50,9% y 43,5%, respectivamente en 2011, registrándose un aumento sistemático desde 1990 y, particularmente, desde 2006. Al desagregar por edad, se observa una mayor cobertura en los niños y niñas de 4 y 5 años, con una tasa del 83%, frente al 26% de la cobertura en la población entre 0 y 3 años. No obstante, a lo largo del período analizado las brechas de cobertura entre ambos grupos de edad se ha reducido sistemáticamente, lo cual se explica por un aumento proporcionalmente mayor de la cobertura en el tramo de menor edad, ocurrido a partir de 2006, como se observa en la figura 1:

Parte importante de este crecimiento se debe a la decisión de la primera administración de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010) de expandir la oferta de salas cuna y jardines infantiles públicos para niños y niñas de 0 a 3 años de edad, pertenecientes al 40% de hogares más pobres (Staab & Gerhard, 2010). Según datos oficiales, entre 2006 y 2009 el número de salas cuna públicas aumentó de 700 a más de 4.000 (Ministerio de Salud & Ministerio de Desarrollo Social, 2011), incrementando casi cinco veces el número de cupos para menores de 0 a 2 años de edad, que saltó de 14.000 a 61.000. Para el segmento entre los 3 y 4 años de edad se crearon más de 27.000 cupos nuevos, también a partir de la oferta pública.

El programa Chile Crece Contigo³, que buscó aunar acciones de salud con la oferta educativa para la primera infancia, fue clave para lograr la mayor cobertura de salas cuna públicas como una forma de promover la estimulación temprana y oportunidades más igualitarias para los niños y niñas menores de 4 años. Ello, a partir de evidencia internacional que señala que pueden producirse diferencias importantes en el desarrollo psicomotor, cognitivo y socioemocional entre los niños o niñas pertenecientes a los sectores más ricos y más pobres de la sociedad, que se evidencian desde temprana edad y pueden durar toda la vida; brecha que fue más tarde constatada por la Encuesta Longitudinal para la Primera Infancia de 2012⁴. A pesar del aumento de la cobertura, ésta todavía es relativamente baja en el segmento de 0 a 3 años de edad. Estas diferencias no serían completamente atribuibles a la falta de acceso. La evidencia disponible sugiere que, para muchos padres y madres, la educación pre-escolar -salas cuna o jardines infantiles- es importante y beneficiosa pero que, nuevamente, esta percepción tiende a disminuir con el nivel socioeconómico de los padres y madres (Junji, Unesco & Unicef, 2010).

Así, pese a la fuerte expansión de los últimos años, la actual oferta pública no sería suficiente para garantizar el derecho a sala cuna⁵. Por otra parte, más allá de la cobertura, existen reparos respecto de la garantía de calidad en los servicios de cuidado públicos, particularmente los de administración municipal, que representan la mayoría de las salas cuna y jardines infantiles creados entre 2006 y 2010 (Rolla, Leal & Torres, 2011). Existe un marco de calidad educativa en la forma de bases curriculares y estándares de prestación de los servicios -relación adulto por niño o niña, por ejemplo-, pero la misma fragmentación en la entrega de los servicios complica garantizar su aplicación uniforme y adecuada; en la misma línea, las evaluaciones realizadas no permiten contar con resultados concluyentes respecto de la calidad de la educación entregada en los establecimientos públicos (Rolla, Leal & Torres, 2011).

Así, si bien hay un importante avance dado por el hecho de que Chile Crece Contigo busca asegurar el derecho de los niños y niñas a servicios de cuidado pre-escolar -sin importar la condición laboral de las madres-, esta política no ha sido acompañada de cambios que favorezcan la consideración de hombres y mujeres trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de dependientes -en el caso que nos ocupa, menores-, excluyendo del diseño de estas políticas la cuestión de las tensiones entre trabajo y familia. Esto es particularmente relevante para las familias de menores ingresos, donde las mujeres presentan tasas de participación laboral muy bajas, debido al "costo de oportunidad" representado por la des-familiarización⁶ del cuidado infantil (Ocde, 2011), pero también a factores asociados específicamente a formas de inserción laboral poco flexibles y que, particularmente en los puestos considerados reemplazables, implican una relativización de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras frente a las de las organizaciones (Gornick & Meyers, 2009). Como ya hemos señalado, Undurraga (2013) sugiere que los obstáculos a la conciliación trabajo-familia son experimentados de manera diferente según género y categoría ocupacional. Schkolnik (2004) apunta a la estructura "masculina" del mercado de trabajo chileno: falta de flexibilidad de jornadas, de horarios y de lugares de trabajo, importantes brechas de remuneraciones por género, y la exclusión de oportunidades de promoción, constituyen un obstáculo para la integración igualitaria al mercado de trabajo. De este modo, se pone en conflicto la necesidad de contar con un ingreso adecuado para satisfacer las necesidades materiales de la familia (el trabajo remunerado) y el tiempo que los padres y madres pueden dedicar al cuidado de sus hijos e hijas. Esto podría profundizar las diferencias en oportunidades de vida para niños y niñas por estrato socio-económico, por las cuales el sistema educacional chileno ya ha sido cuestionado, afectando particularmente a los niños y niñas menores que viven en hogares monoparentales con una mujer como jefa de hogar.

En otras palabras, ello afecta las posibilidades de los niños y niñas de recibir cuidado apropiado como parte de una estrategia social coherente. Pero también afecta las creencias personales de hombres y mujeres sobre sus propias capacidades para ser "buenos" padres o madres, a las cuales se refiere el concepto de auto-eficacia parental que introduciremos en la sub-sección siguiente.

4. Auto-eficacia parental y la tensión trabajo-familia

Además de la expansión de la oferta de cuidado, el programa gubernamental Chile Crece Contigo, mencionado en el apartado anterior, considera como parte de su componente de apoyo bio-psico-social programas de apoyo al desarrollo de habilidades parentales: por ejemplo, el programa Nadie es Perfecto (NED), implementado desde 2009 como una serie de 6 a 8 talleres dirigidos a sujetos cuidadores de niños y niñas de 0 a 5 años de edad, para fomentar las habilidades de crianza. Ello, bajo la premisa de que parte importante de las garantías para el cumplimiento de los derechos de la infancia radica en el fortalecimiento de las capacidades familiares para la educación, la seguridad y el cuidado⁷.

Sin embargo, investigaciones desde la psicología sugieren que el fortalecimiento de estas capacidades tiene una estrecha vinculación con las posibilidades que padres y madres tienen de armonizar las responsabilidades de cuidado infantil con las del mundo laboral. En este sentido, se plantea que los padres y madres que creen en sus propias habilidades de crianza se sentirán generalmente más satisfechos y capaces de hacer lo necesario para perseverar y lograr una tarea determinada en términos de cuidado de sus hijos e hijas. Ello supone tener expectativas reales y ser capaces de percibirse a sí mismos como padres y madres competentes (Kendall & Bloomfield, 2005, Farkas-Klein, 2008). Esta noción queda capturada en el concepto de auto-eficacia parental, definido como las creencias y expectativas de los individuos sobre su capacidad para desarrollarse como padres y madres hábiles y eficientes (Giallo, Kienhuis, Treyvaud & Matthews, 2008, Spielman & Taubman-Ben-Ari, 2009). Incluye dos aspectos: el conocimiento de los comportamientos de los padres y madres en la labor de crianza, y el nivel de confianza de los padres y madres sobre su capacidad para desempeñarse como tales. Este último aspecto está vinculado al grado de tensión entre responsabilidades familiares y laborales que los padres y madres perciben: a mayor nivel de tensión entre el ámbito familiar y el laboral, más disminuida se presenta la percepción de las propias capacidades para satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los hijos e hijas. Así, las competencias parentales serían el resultado de un ajuste entre las condiciones psicosociales que se encuentran presentes en la familia (White, 2005).

En esa línea, existe evidencia de que la tensión trabajo- familia, entendida como la percepción de que las actividades laborales y no laborales no son compatibles, presenta una correlación significativa y negativa con la calidad percibida de la interacción con los hijos e hijas, así como con la autoeficacia parental manifestada por el padre y la madre. El conflicto trabajo-familia ha sido relacionado históricamente con incompatibilidad entre dos dominios (laboral y familiar), lo que trae como resultado interferencia de roles (Greenhaus & Beutell, 1985, Otálora, 2007, Jiménez & Moyano, 2008), ya que tanto el trabajo como la familia exigen tiempo y dedicación, y el conflicto surge cuando se dedica más tiempo a una de las dos esferas, afectando el comportamiento en la otra (Ugarteburu, Cerrato & Ibarretxe, 2008, Repetti, 1987, Román, Avendaño & Tomicic, 2004). A ello se añade que los niveles más altos del conflicto trabajo-familia estarían asociados a las percepciones más bajas de calidad de interacción con los hijos e hijas y la autoeficacia de los padres y madres, afectando la calidad de las relaciones entre el padre y la madre con sus hijos e hijas (Gali, Weisel & Tzuk, 2007). Este impacto ocurriría por cuatro vías, al menos:

a) Existe un cuerpo creciente de literatura argumentando que, independientemente del género, las personas que experimentan estrés en el trabajo tienen interacciones hostiles dentro del núcleo familiar, respondiendo con más sanciones a los comportamientos de sus hijos e hijas. Además, las investigaciones sugieren que quienes están física y emocionalmente fatigados por el trabajo tienden a ser menos sensibles, participativos y solidarios con sus hijos e hijas (Jones & Pinz, 2005, Lim & Leng, 2003).

b) La autoeficacia parental se asocia positivamente a prácticas de crianza positiva, y negativamente al uso de prácticas potencialmente perjudiciales como la disciplina inconsistente y la retirada de afecto (Jones & Prinz, 2005).

c) La percepción de los padres y madres respecto del cumplimiento de su rol parental influiría en el desarrollo del niño o niña. Estudios muestran que la angustia emocional que produce la dificultad de compatibilizar las demandas y responsabilidades del trabajo y la familia se relaciona con problemas entre ascendientes y descendientes, y con conductas negativas de estos (Lau, 2009, Valk & Srinivasan, 2011).

d) La autoeficacia parental impactaría mediante el modelado de actitudes y creencias. Existe evidencia científica de que cuando los niños y niñas distinguen un elevado nivel de apoyo de parte de sus padres y madres, son más adaptativos y reducen los efectos negativos de los estresores sobre la salud mental. La percepción de este apoyo incrementa la autoestima, el sentido de integración social, la percepción de control y la efectividad de sus afrontamientos (Richaud, 2005).

5. Derechos de la infancia, una responsabilidad social

Desde la perspectiva de lo señalado en la sección precedente, la búsqueda del equilibrio trabajo-familia debiera ser parte integral de una estrategia que busca asegurar a niños y niñas un cuidado de calidad, considerando que las tensiones trabajo-familia tendrían un impacto directo en la percepción de autoeficacia parental. Ello resulta de particular importancia para las personas menores de familias de bajos ingresos⁸, ya que la evidencia disponible sugiere que estas familias enfrentan mayores dificultades para asegurar el cumplimiento de sus derechos laborales en lo referido a la paternidad/ maternidad (Junji, Unesco & Unicef, 2010), por una parte; por otra, aquí se verifican las mayores desigualdades en términos del acceso a una educación pre-escolar que asegure el desarrollo temprano de habilidades socio-emocionales y cognitivas clave. Las encuestas longitudinales de primera infancia de 2010 y 2012, indicaron que las desigualdades sociales del país tienen una parte importante de su origen en la primera infancia y en el contexto sociocultural en que los niños y niñas se desarrollan (Behrman, Bravo & Urzúa, 2010, Bravo, 2013). Los datos muestran que las familias de mayores ingresos realizan actividades recreativas con los niños y niñas menores de 4 años, hasta 4 veces más que las familias de menores ingresos, por la falta de tiempo y de recursos económicos de estas últimas.

En ese marco, planteamos que el aseguramiento de derechos para los niños y niñas, particularmente en relación con el cuidado integral en las primeras etapas de la vida, está estrechamente relacionado con lo que Razavi (2007), Lamaute-Brisson (2013) y Arriagada y Todaro (2012) llaman la organización social del cuidado⁹. Como observa Sojo (2011), las preocupaciones gubernamentales asociadas al cuidado son incipientes y siguen concentradas e las familias, sin considerar un contexto laboral que demanda largas horas de trabajo, permite escasa flexibilidad y provee pocas garantías de protección social, además de los sesgos de género y clase ya descritos. Así, "Las políticas de infancia […] se han situado progresivamente dentro de un marco de derechos, pero discurren por los cauces tradicionales, carentes de un marco de referencia común en la temática del cuidado" (Sojo, 2011, p. 6).

Desde esta óptica, integrar adecuadamente la cuestión del cuidado en las políticas públicas implica buscar nuevos equilibrios de las interrelaciones entre Estado, mercado y familias. Esto es, requiere avanzar hacia la noción de co-responsabilidad, entendida como un principio de organización de la energía, del tiempo y del desarrollo de los recursos que resultan determinantes para llevar a cabo las tareas del hogar y el cuidado de los hijos e hijas. El término apunta a la necesidad de reorganizar la distribución de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres, así como también entre familias, Estado, mercado y sociedad en general (OIT & Pnud, 2009), para que todas las personas puedan potenciar cada área de su vida de una manera autónoma y equilibrada.

En esta línea, la literatura plantea tres pilares para conciliar trabajo y familia: el trabajador o trabajadora, el Estado y las organizaciones/empresas (Debeljuh & Jáuregui, 2004). El sujeto trabajador debe desarrollar e implementar estrategias personales para armonizar y responder a las demandas en ambos ámbitos. No obstante, debe considerarse que el margen de acción necesario para desarrollar estas estrategias está fuertemente marcado por el género y la clase social, en tanto determinantes sociales del modo en que las personas se insertan en el mundo laboral y las expectativas que acompañan a los roles de género tradicionales.

Por su parte, el Estado debe velar por los intereses de cada uno de los miembros de la familia, diseñando marcos legales -tales como políticas laborales amigables con la familia- que promuevan la equidad de género, y mecanismos de aseguramiento de derechos. Ello implica que el cuidado y la educación integral de los niños y niñas requieren ser re-conceptualizados como una responsabilidad de la sociedad, no solo de las familias -o de las mujeres-, si ha de garantizarse como derecho. Para Pautassi (2010), los debates en la arena internacional avanzan hacia la noción del cuidado como un derecho de las personas, inherente a la igualdad de oportunidades, de trato y de trayectoria. Sin embargo, los arreglos societales necesarios para acompañar la re-adecuación de la oferta de cuidado y su distribución dentro de la sociedad de una manera más equitativa, no se han verificado. Según esta autora, las políticas sociales dirigidas a la protección de menores (tales como sistemas educativos para niños, niñas y jóvenes o programas de salud maternoinfantiles), conciben el cuidado no como eje de la regulación y de las políticas, sino como "Herramienta para la inserción de las mujeres en el empleo remunerado, con total prescindencia de la responsabilidad paterna o masculina, o como parte de programas asistenciales en la esfera de ministerios sectoriales" (Pautassi, 2010, p. 72).

Finalmente se encuentra el mundo del trabajo, encargado de crear un ambiente laboral que posibilite el equilibrio en ambos dominios para sus trabajadores y trabajadoras. Aquí los desarrollos son también incipientes. De acuerdo con el estudio 2013 de la Fundación Chile Unido, que otorga el premio "Mejores empresas para padres y madres que trabajan"¹⁰, existe consenso en los sujetos colaboradores de las 114 organizaciones participantes -que incluyeron entidades públicas y privadas de diversos tamaños- respecto a que la flexibilidad en el horario de trabajo con base en el cumplimiento de objetivos, o trabajar desde la casa, era la medida a la que se asignaba mayor prioridad y, paradójicamente, una de las menos implementadas. Por su parte Bosch, Cano, Riumalló y Tarud (2014), consultaron a directivos, personal de recursos humanos, y sindicalistas/dirigentes de organizaciones públicas y privadas chilenas, constatando que el 61% de los individuos encuestados no conocía el concepto de conciliación con co- responsabilidad para la compatibilización entre trabajo y familia. Este concepto apunta, precisamente, a la reconceptualización del cuidado de personas dependientes y otras actividades vinculadas a las obligaciones familiares, reconociendo su carácter social y cuestionando la noción de que se trata de un asunto privado que compete exclusivamente a las familias. Y aunque se atribuye gran importancia a la familia y a los roles parentales, se reconoce al mismo tiempo una cultura del trabajo que premia la permanencia, durante largas horas, en el lugar de trabajo. Las políticas de conciliación (particularmente con coresponsabilidad) son percibidas como costosas y difíciles de controlar (Bosch et al., 2014) o bien como políticas para mujeres, mostrando la persistencia de patrones tradicionales.

6. Conclusión

El conflicto trabajo-familia ha sido relacionado históricamente con incompatibilidad entre dos dominios (laboral y familiar), lo que trae como resultado interferencia de roles, ya que tanto el trabajo como la familia exigen tiempo y dedicación. Sin embargo, solo recientemente ha sido vinculado con problemáticas sociales más amplias, como la equidad de género y la protección de los derechos de la infancia. Este vínculo se da por la vía de asegurar las oportunidades que las familias tienen de proporcionar bienestar material (dependiente del trabajo remunerado) y el tiempo y competencias parentales necesarias para proporcionar un cuidado que potencie el desarrollo integral de las personas menores. Ambas dimensiones encuentran un punto de conexión en el concepto de autoeficacia parental y su relación con la tensión trabajo-familia, identificada como espacio de intervención para promover el cumplimiento de los derechos declarados para la infancia.

Lo anterior requiere de un movimiento que permita transitar desde una concepción del cuidado de niños y niñas, como una responsabilidad familiar -principalmente femenina-, a una donde se lo conceptualice como una responsabilidad social que atañe a las personas, al Estado y al mundo del trabajo "productivo". Un movimiento que será difícil en un contexto en el cual las agendas de género, trabajo y protección a la infancia no convergen, como -argumentamos- es el caso de Chile. Ello porque la posibilidad de desarrollar estrategias de conciliación a nivel familiar está fuertemente condicionada por cuestiones de género, clase social y organización del trabajo remunerado, que no han sido consideradas en el diseño de políticas y programas para la infancia. Esto, unido a los cambios en las configuraciones familiares en Chile, significa que la posibilidad de contar con tiempo y dinero para satisfacer las necesidades materiales y emocionales de los niños y niñas, serán limitadas, aunque se cuente con servicios de cuidado infantil, si no existe acuerdo en facilitar la conciliación laboral y familiar. Asimismo, mientras se las vincule solo a mujeres, las políticas de conciliación trabajofamilia podrían convertirse en un instrumento más de mantenimiento del statu quo, en vez de promover un cambio social.

El modo en que se estructuren estos elementos: tiempo, dinero y servicios de cuidado, resultará clave para la consolidación de distintos modelos de provisión de cuidado en beneficio de mejores relaciones entre padres y madres con sus hijas e hijos. Y ofrece, también, la oportunidad de alterar la dinámica de las relaciones de género dentro de las familias en términos de favorecer la co-responsabilidad, que entendemos como la (re) distribución del tiempo y la energía necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades familiares, incluyendo el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. En este escenario, el papel del Estado dista de ser neutral, tanto en la definición de políticas orientadas al cuidado infantil, como en la regulación de relaciones laborales en el mercado y la distribución de las tareas de cuidado al interior de las familias. En la medida en que estas cuestiones no sean integradas en una perspectiva más amplia, considerando el cuidado como un eje importante, la tensión trabajo-familia permanecerá intacta, poniendo en peligro la igualdad de derechos para todas las personas menores.

Una política integral que aborde estas áreas resulta un instrumento privilegiado para favorecer modos de organización familiar que permitan asegurar el derecho al cuidado y a la educación en todas las clases sociales, pero particularmente en los segmentos menos favorecidos económicamente. Desde el punto de vista de lo argumentado en este trabajo, ello es clave para el aseguramiento del cuidado para las futuras generaciones.

Notas

^* Artículo de revisión teórica realizado entre diciembre de 2013 y mayo de 2014. área: Sociología, Subárea: Estudios de la familia. La investigación fue realizada como parte de la preparación del proyecto Fondecyt "Trabajo y familia: hacia un modelo para el establecimiento de una agenda nacional de equilibrio y co-responsabilidad en materia laboral y familiar en Chile", número 1150250, financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile.

¹ La encuesta Casen 2011 distinguió ambas cuestiones preguntando por "quehaceres del hogar" y "no tiene con quién dejar a un miembro de la familia" como indicadores de las responsabilidades de cuidado.

² Nos referimos a la Ley N° 20.047, que favorece a los padres en el contexto del nacimiento de sus hijos e hijas, otorgándoles 5 días de permiso, irrenunciables y de costo del empleador.

³ La ley 20.379 (2009) crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece Contigo.

⁴ El sondeo, encargado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, utilizó una muestra de 18 mil niños y niñas de entre 6 meses y 7 años de edad, caracterizando a madres, tutores y niños según variables socioeconómicas de acceso a salas cuna y desarrollo socioemocional.

⁵ Un estudio reciente calcula que para llegar al 30% de cobertura (promedio Ocde) a nivel de sala cuna (0-1 años) y en los primeros tres quintiles, se requerirían alrededor de 100.000 cupos adicionales.

⁶ El concepto de des-familiarización se refiere a la posibilidad que tienen las personas de satisfacer necesidades tradicionalmente cubiertas por la familia (por ejemplo, el cuidado infantil) a través de otros mecanismos, como el mercado o el Estado.

⁷ Véase, por ejemplo, el artículo 18 de la Convención de Derechos del Niño.

⁸ Según la Casen de 2011, un 19,4% de los niños y niñas chilenos entre 0 y 3 años de edad, está en situación de pobreza, y un 4,6%, de pobreza extrema. En el segmento etario de 4 y 5 años los porcentajes son de 18,6 y 5,1, respectivamente.

⁹ El término abarca la forma de distribuir, entender y gestionar la necesidad de cuidados que está en la base del adecuado funcionamiento del sistema económico y la política social.

¹⁰ Por tratarse de un premio al cual las organizaciones se presentan (auto-selección), hemos utilizado este estudio únicamente a modo de ilustración.

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Referencia para citar este artículo: Gómez-Urrutia, V. & Jiménez-Figueroa, A. (2015). El conflicto trabajo-familia ante los derechos al cuidado de niños y niñas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13 (1), pp. 137-150.

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