Segunda Sección: Estudios e Investigaciones

Evaluación de un programa social en infancia desde los principios de la Psicología Comunitaria^*

Evaluation of a social program in childhood, from the principles of Community Psychology

Avaliação de um programa social na infância por meio dos princípios da Psicologia Comunitária

Bárbara Olivares¹, Maria Isabel Reyes-Espejo²

¹ Profesora Universidad Diego Portales, Chile. Psicóloga. Magíster en Psicología con mención en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. Correo electrónico: barbara.olivares@mail.udp.cl

² Profesora Universidad Santo Tomás, Chile. Psicóloga. Magíster en Psicología Clínica de la Universidad de Santiago de Chile. Doctora en Psicología de la Comunicación: Interacción Social y Desarrollo Humano por la Universidad Autónoma de Barcelona. Correo electrónico: mreyese@santotomas.cl

Artículo recibido en septiembre 24 de 2014; artículo aceptado en febrero 9 de 2015 (Eds.)

Resumen (analítico):

Presentamos un estudio de caso cuyo propósito es analizar, en el marco de la Psicología Comunitaria, el diseño e implementación de un programa público chileno, llamado Programa de Prevención Comunitaria, que depende del Servicio Nacional de Menores. Metodológicamente, la investigación la orientamos cualitativamente, recurriendo a fuentes primarias (entrevistas y grupos focales) y secundarias (documentos técnicos), en el marco de la Teoría Fundada Empíricamente, para reconstruir el modelo de intervención del Programa de Prevención Comunitaria como un continuo histórico. Concluimos que el estudio de caso ha permitido profundizar en las dimensiones técnicas, éticas y políticas que participan en la producción e implementación de un programa público, que logra inscribir una lógica de derechos, proponiendo un conjunto de intervenciones innovadoras que superan las perspectivas tutelares de la infancia en riesgo.

Palabras clave: infancia, programa social, protección de la infancia, derechos del niño, participación (Tesauro de Ciencias Sociales de la Unesco).

Abstract (analytical):

This article presents a case study that has the purpose of analyzing, in the framework of the context of community psychology, the design and implementation of a Chilean public program called the Community Prevention Program, a subsidiary agency of the National Service for Minors. Methodologically, the study adopts a qualitative approach using primary sources (interviews and focus groups) and secondary sources (technical documents), within the framework of an empirically established theory to reconstruct the intervention model of the Community Prevention Program as a historical continuum. The authors conclude that the case study has made it possible to examine the technical, ethical and political dimensions involved in the production and implementation of a public program. This analysis resulted in the identification of a logic of rights within the program that involves a set of innovative interventions that go beyond the basic perspectives of children at risk.

Resumo (analítico):

Apresenta-se um estudo de caso cujo objetivo é analisar, no contexto da Psicologia Comunitária, a concepção e a implementação de um programa público no Chile chamado Programa de Prevenção Comunitária, o qual é dependente do Serviço Nacional de Menores. Metodologicamente, a pesquisa foi orientada qualitativamente, recorrendo ao uso de fontes primárias (entrevistas e grupos focais) e secundárias (documentos técnicos), no âmbito da Teoria Empiricamente Fundada, para reconstruir o modelo de intervenção o Programa de Prevenção Comunitária como uma linha histórica. Conclui-se que o estudo de caso permitiu aprofundar nas dimensões técnicas, éticas e políticas que participam na produção e implementação de um programa público, o qual consegue inscrever uma lógica de direitos, propondo um conjunto de intervenções inovadoras que superem perspectivas tutelares das crianças em situação de risco.

Palavras-chave: infância, programa social, proteção da criança, diretos da criança, participação (Thesaurus de Ciências Sociais da Unesco).

1. La Política pública en Infancia en Chile y los aportes de la Psicología Comunitaria

Históricamente en Chile, la intervención social dirigida a la infancia ha estado centrada en los problemas que la afectan, asumiendo como marco de actuación la "doctrina de situación irregular", que considera al niño o niña como un objeto de corrección y atención. Dicho enfoque ha moldeado la manera en que las políticas públicas abordan los problemas sociales que aquejan a este grupo, orientadas fundamentalmente a la supervisión, la vigilancia y la normalización. Se observa así la lenta y progresiva incorporación de la tarea cuidado/protección de niños y niñas, como parte de las acciones ejecutadas por el Estado, en un rol marcadamente tutelar. Las políticas públicas de infancia surgen, entonces, como una alternativa para los sujetos "menores en situación de irregularidad", y con el diseño e implementación de estas se buscó, desde sus inicios, "controlar" a este grupo social. La dependencia y el disciplinamiento presuponen y reafirman la asimetría de poder a favor de los sujetos adultos y de sus estructuras (Contreras & Pérez, 2011), quedando niños, niñas y adolescentes situados en el lugar de objetos de custodia y control por parte de una estructura que los precede y se les impone.

Protección, disciplinamiento y control social, aparecen como procesos íntimamente relacionados, que sirven de modelo para la relación de las personas adultas y sus instituciones. Esta constancia consolidó la naturalización de supuestos socialmente construidos, entre ellos concebir la niñez desde la carencia y desde su sometimiento a la autoridad discrecional del individuo adulto (Giorgi, 2012). De este modo, las gentes adultas han desplegado frente a los niños, niñas y adolescentes su propia mirada, centrada en lo que ellos consideran son sus principales responsabilidades. Desde sus propias percepciones y creencias, los adultos han decidido acerca de las aspiraciones y necesidades de los niños, niñas y adolescentes con los que se relacionan (Mieles & Acosta, 2012).

Lo anterior tiene efectos directos en la forma en que se han propuesto e implementado las intervenciones destinadas a niños, niñas y adolescentes, pues se producen intervenciones marcadamente dirigidas, donde las instituciones reproducen una lógica "arriba-abajo" que obtura posibilidades para que los niños y niñas, y sus familias, participen de la definición de los problemas que les afectan, y sean parte de las soluciones que se formulen.

Una oportunidad para repensar estas prácticas la encontramos en los trabajos desarrollados desde la Psicología Comunitaria, disciplina que ha colaborado intensamente en la búsqueda de aproximaciones teóricas y metodológicas para el diseño e implementación de intervenciones participativas que reviertan la tradición asistencial y promuevan acciones "abajo-arriba" (Alfaro, 2012).

La intervención con niños, niñas y adolescentes en Chile, ha estado fuertemente vinculada al desarrollo de estrategias y marcos conceptuales provenientes de las ciencias sociales en general, siendo la psicología una fuente ampliamente reconocida por quienes se desempeñan profesionalmente. Tanto el diseño como la implementación de programas orientados a la prevención y promoción de derechos en la infancia y la juventud, portan elementos provenientes de los marcos de referencia existentes en la psicología del desarrollo, en la psicología evolutiva, en la psicología clínica y en la psicología comunitaria, entre algunas otras. En particular, la Psicología Comunitaria ha dotado de herramientas a los programas de intervención, permitiendo que niños, niñas y adolescentes puedan adquirir protagonismo y desplieguen aprendizajes en sus propios espacios de desarrollo.

Uno de los ámbitos de mayor interés para la Psicología Comunitaria es la participación, y constituye un eje de desarrollo disciplinar que ha contribuido a la producción de programas con carácter comunitario. En el área de infancia y juventud, Chile cuenta con algunas experiencias que, aunque aisladas, reflejan el esfuerzo de algunos sectores para avanzar en esta materia (Carrasco, Abarca & Quilodrán, 2009).

Hay registros de la vinculación del enfoque comunitario y política pública chilena, desde la década de los 60, fundamentalmente en relación con el aporte de profesionales de las ciencias sociales en la ejecución de programas (Asún & Unger, 2007). A partir de la década de los 80, estas prácticas establecen una relación explícita y directa con la Psicología Comunitaria, siendo los años 90 un momento clave, pues esta última logra consolidarse como disciplina a partir de la implementación de políticas públicas, que en su mayoría buscaban superar la pobreza (Krause, Jaramillo, Monreal, Carvacho & Torres, 2011).

Desde el año 2000, el enfoque comunitario se instala en la política pública chilena, desarrollando modelos y técnicas en los distintos dispositivos de intervención (Krause et al. 2011). Si bien la inserción de la Psicología Comunitaria al campo de las políticas sociales ha permitido su consolidación profesional y académica, estos escenarios y condiciones han generado nuevas fronteras para la generación de prácticas comunitarias que es pertinente revisar. En este contexto, y contrariamente a lo esperado, la revisión de 101 programas y proyectos pertenecientes a 10 ministerios chilenos durante el año 2013, permite concluir una franca ausencia, omisión o exclusión de conceptos, principios, valores y prácticas coincidentes con los principios inspiradores de la Psicología Comunitaria (Reyes-Espejo, Olivares, Berroeta & Winkler, en prensa). Estos resultados son coincidentes con los estudios reportados en el extranjero, mostrando que uno de los principales focos de tensión radica en la verticalidad de la relación que establece la política pública con las comunidades (Montero, 2010, Rodríguez, 2009, Hasenfeld & Garrow, 2012, Brady, Schoeneman & Sawyer, 2014).

2. La institucionalidad de la niñez y juventud en Chile hoy

Actualmente el Servicio Nacional De Menores es la principal institución que se ocupa del diseño e implementación de estas políticas desde principios de los años 90 en Chile, que enfatizan la protección tutelar de la infancia. éstas adquieren la forma de políticas focalizadas, dirigidas exclusivamente a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, en situación de vulnerabilidad social, que enfrentan dificultades para ejercer de manera efectiva sus derechos en las dimensiones familiar y afectiva, económica, sociocomunitaria, educacional, de salud y de relacionamiento entre grupos de pares (Andrade & Arancibia, 2010).

A pesar de lo anterior, desde que Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño en 1990, una nueva conceptualización aparece en el escenario público. El discurso oficial promueve una retórica donde se visualiza a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y se renueva la relación entre Estado, familia e infancia (Farías, 2003). Ello se acompaña de nuevos marcos de acción que flexibilizan los diseños e incorporan estrategias promocionales y preventivas. El discurso sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes se ha hecho común entre quienes trabajan en infancia y juventud, permitiendo superar la visión de aquéllos como "objetos" de servicios, y marcando un antes y un después en la valoración social de la niñez. Se inicia así un fuerte proceso de reflexión respecto a las formas en que la infancia es comprendida, generando implicancias para el diseño e implementación de políticas públicas (Valverde, 2008).

El año 2001 se elaboró un Plan Nacional a favor de la Infancia y la Adolescencia que constituyó un hito importante para la infancia en Chile, aunque su puesta en marcha fue parcial. Durante los años 2005 y 2006 se llevaron a cabo diversos estudios de pre-inversión por parte del entonces Ministerio de Planificación -hoy Ministerio de Desarrollo Social-, orientados a un rediseño de la política de infancia. En el año 2006 se da inicio al trabajo de una de las primeras comisiones presidenciales del Gobierno de turno, denominada Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia (Bedregal, 2010). En marzo del año 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firma el decreto que crea el Consejo Nacional de la Infancia, que busca coordinar diferentes instituciones y sectores del Estado para construir políticas públicas transversales en materia de derechos de infancia, a fin de instalar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. A pesar de todos estos esfuerzos, aún Chile carece de una ley de protección integral que adecúe la legislación interna a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño, reproduciendo procesos de tutelaje y minorización (Costa & Gagliano, 2000). A diferencia de Chile, el resto de los países cuentan con leyes o códigos de la niñez que han posibilitado la creación de institucionalidad afín, consolidando estrategias de mediano plazo que constituyen un referente fundamental en la materia (Pyerín & Weinstein, 2015).

3. El Programa de Prevención Comunitaria

La (pre)historia de los Programas De Prevención Comunitaria en Chile, tiene su trayecto dentro del mismo Servicio Nacional De Menores, donde existen esfuerzos que surgen en respuesta a la instalación del enfoque de derechos promovido a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Los programas preventivos han ido evolucionado según las necesidades que presentan los niños, niñas y adolescentes, y los énfasis que ha tenido la política pública. En el año 1990, con la ratificación de la convención, y luego en el año 2000 con la reforma al sistema de niñez y adolescencia, se refuerzan las iniciativas enmarcadas en un enfoque territorial y comunitario. A lo anterior se suma la reforma educacional, y principalmente la paulatina implementación de la Jornada Escolar Completa, que implicaron la necesidad de revisar la oferta existente en el Servicio Nacional De Menores.

A la luz de la experiencia surgida se crean en el año 2008 los Programas De Prevención Comunitaria, cuyo objetivo contempla la prevención y detección precoz de las vulneraciones de derecho en los territorios, a través de la formación de promotores de los derechos en los barrios, la conformación de redes comunitarias, la generación de mecanismos de participación para niños, niñas y adolescentes, y la sensibilización de las familias mediante el desarrollo de iniciativas de buen trato. Se instalan en poblacionales altamente vulnerables, dadas sus condiciones socioeconómicas, su deprivación sociocultural, los altos índices de deserción escolar, la presencia de pandillas de carácter violento, las redes de narcotráfico y otras actividades ilícitas. Participan niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 18 años, habitantes de un territorio específico y sin discriminación de etnia o necesidades especiales, junto a actores comunitarios tales como juntas de vecinos y vecinas, centros de padres y madres, clubes juveniles, entre otros. Se ingresa al programa principalmente por demanda espontánea o por una invitación directa del equipo a los niños, niñas y adolescentes, a las familias y a los actores comunitarios. Dicha invitación puede ser individual o dirigida a grupos de pares. En las bases técnicas del año 2009, se sugiere que los ejecutores consideren un momento inicial de inserción del proyecto en el territorio para luego configurar el plan de trabajo y participación de niños, niñas y adolescentes. Finalmente se contempla una evaluación de resultados, donde se analiza el desempeño del plan de trabajo, sus principales resultados, obstáculos y desafíos (Servicio Nacional de Menores, 2009).

Entre los aspectos destacados del programa están los mecanismos de detección precoz, que se construyen e implementan en el espacio de vida cotidiano de niños, niñas y adolescentes, y que además necesitan basarse en la confianza y comunicación fluida entre actores. Se apuesta por promover a la comunidad como protagonista de los procesos de fortalecimiento y aprendizaje, teniendo presente que es posible movilizarse antes de que el problema se instale y demande atención. Valora la participación como una dimensión central del proceso de intervención, asumiendo que niños, niñas y adolescentes pueden opinar y organizarse para enfrentar los problemas que les aquejan. Por último, se destaca en la producción de diálogos intergeneracionales entre el mundo adulto y los niños, niñas y jóvenes, promoviendo la generación de un cambio cultural que permita que estos últimos accedan a instancias donde se toman decisiones sobre los temas que les afectan. Ello permite la redistribución del poder, principio fundante del enfoque comunitario (Servicio Nacional de Menores, 2011).

4. Objetivos de la investigación

En el marco de un proceso de investigación mayor titulado ética y política: ¿dimensiones olvidadas en la psicología comunitaria hoy? (Proyecto Fondecyt 113638), profundizamos en el diseño e implementación del Programa de Prevención Comunitaria, dependiente del Servicio Nacional de Menores, a partir del marco ético y conceptual proveniente de la Psicología Comunitaria. Específicamente nos propusimos describir: (1) Los elementos contextuales que refieren a las condicionantes sociohistóricas que mediatizan el surgimiento y desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria; (2) Los elementos pragmáticos del programa desde los principios de la Psicología Comunitaria y que sirven para evaluar esta práctica social; (3) Los logros y aprendizajes del programa en la política pública de infancia y juventud chilena en sus 10 años de desarrollo.

Es relevante mencionar que durante el proceso de redacción de este artículo, el Servicio Nacional de Menores chileno informó en enero de 2015 a los ejecutores, a través de una carta, que buscarían "potenciar una serie de programas que han demostrado el mayor nivel de éxito, y en cuyo contexto se resuelve que no continuarán los Programas de Prevención Comunitaria". Esta medida ha sido fuertemente cuestionada por los ejecutores mismos, pero también por el ámbito académico, quienes ofrecen garantía de la calidad técnica y conceptual del programa en cuestión. En este contexto, resulta significativo mencionar que junto a la suspensión de este programa (55 experiencias), desaparece el único antecedente en el país cuyo impacto haya estado o esté directamente vinculado con el fortalecimiento de la ciudadanía infantil.

5. Metodología

Utilizamos la Metodología Cualitativa, pues se asume que existen diversas y complejas realidades que al igual que el conocimiento, se transforman y construyen dinámicamente en relación con las lógicas contextuales y la interpretación que dan los propios actores desde los lugares de saber y poder en que se encuentran (Stein & Mankowski, 2004). Se recurrió al estudio de caso, pues permitió contar con una estrategia de ordenamiento de datos sociales, a partir de la articulación de información proveniente de diversas fuentes, que busca profundizar en un fenómeno (Vietyes, 2009).

Para la selección del caso, desarrollamos una fase preliminar de búsqueda a través de las páginas web de 23 ministerios chilenos, seleccionando a 10 que por su naturaleza y objetivos, podían albergar programas consecuentes con la Psicología Comunitaria. Se construyó un catastro, donde seleccionamos 101 programas/proyectos/fondos que fueron evaluados en función de los principios de la disciplina, bajo los siguientes indicadores: que contemplara una vinculación con las comunidades a nivel territorial y que constituyan apuestas programáticas que busquen la potenciación y desarrollo de la comunidad, en contraposición a una acción programática asistencial y que tuviera una duración superior a los 6 meses.

Para efecto del caso seleccionado, presentamos acá sólo el catastro correspondiente al ministerio en el cual se aloja el programa analizado. Se trata del Ministerio de Justicia, donde consideramos dos áreas: la primera es el Servicio Nacional de Menores, que a su vez contiene 3 áreas específicas: el área de Adopción (con 5 programas), el área de Protección (que contiene los centros residenciales (4), los Programas de Diagnóstico, y la línea de Programas que ejecutan las instituciones colaboradoras, con un total de 9 programas) y el área de Justicia juvenil (con 10 programas a su haber). La segunda área de dicho ministerio, corresponde a Gendarmería de Chile, que contiene: establecimientos penitenciarios (5), Medidas Preventivas (1) y programas de Apoyo Postpenitenciario (3). En total, para el Servicio Nacional de Menores registramos 29 programas, mientras que para Gendarmería 9, de los cuales sólo seleccionamos dos: el Programa de Prevención Comunitaria y la Oficina de Protección de Derechos. Finalmente optamos por el primero, debido a que las OPD cuentan dentro de sus lineamientos con acciones de tipo clínico-individual, que se combinan con el componente promocional comunitario, pero que escapan al marco dado por esta investigación.

Para la producción de información recurrimos a la técnica de entrevista en profundidad, mientras que para obtener la perspectiva de los individuos participantes utilizamos el grupo focal (Gainza, 2006). Las técnicas documentales y textuales nos permitieron analizar documentos (Iñiguez, 1999), que encarnan la racionalidad estatal en materia de infancia.

Trabajamos fundamentalmente con dos fuentes de información: la primaria, compuesta por sujetos profesionales que cumplen el rol de diseñadores de programas comunitarios, profesionales y técnicos que sean parte de los equipos ejecutores del programa, y los individuos participantes adolescentes que sean parte del programa con al menos un año de permanencia en él (ver Tabla N° 1). La fuente secundaria, estuvo conformada por textos de carácter técnico, que provienen de reparticiones públicas (Ver Tabla N° 2).

Para el análisis de la información optamos por aplicar principios de la Teoría Fundada Empíricamente, cuyo propósito es la generación de modelos explicativos de la conducta humana que se encuentren apoyados en los datos (Strauss & Corbin, 2002), realizando los procedimientos de codificación abierta, axial y selectiva (Strauss & Corbin, 2002).

6. Resultados

Presentamos los resultados organizados en tres dimensiones temáticas que nos permiten dar cuenta del proceso de categorización y análisis realizado. Primero, agrupamos los elementos contextuales referidos a las condicionantes sociohistóricas que mediatizan la trayectoria del Programa de Prevención Comunitaria, y que permiten comprender su emergencia y desarrollo. Posteriormente, enfatizamos los elementos pragmáticos del programa desde los principios de la Psicología Comunitaria y que sirven para evaluar esta práctica social. Finalmente, abordamos el impacto del programa en la política pública chilena de infancia y juventud, vinculada a la ejecución y los principales logros y aprendizajes en sus 10 años de desarrollo.

Como antecedentes del programa, reunimos las condiciones de contexto que hicieron posible la producción del Programa De Prevención Comunitaria al interior del Servicio Nacional De Menores. Primero, la dimensión sociohistórica refiere a los procesos de transformación, que facilitaron el surgimiento de un nuevo enfoque hacia la "atención" de la niñez y la adolescencia, tanto en la sociedad civil como en el Estado chileno, resultando clave en este ámbito la firma de la Convención de los Derechos del Niño (1990). Segundo, identificamos ciertas condiciones institucionales presentes en el servicio, que desde el 2000 reforman significativamente la comprensión y abordaje de los problemas que afectan la niñez en el país. Destacamos la puesta en vigencia de la Ley de Subvenciones1, que dota de un piso presupuestario y otorga sustentabilidad a la oferta pública del servicio, declarando como principios el respeto y la promoción de los derechos, junto con el fomento de la participación social en sus distintos ámbitos de desarrollo. Asimismo, aparecen como antecedentes las propuestas programáticas dentro de los últimos 10 años en el Servicio Nacional De Menores: los modelos Centros Comunitarios infanto-juveniles (CCIJ), Programa Intervención Breve (PIB) y Oficinas de Protección de Derechos (OPD). Estas instancias enfatizan la aplicación de metodologías participativas, integrando la visión de un sujeto con recursos y capacidades para transformar las condiciones de vida y su entorno. Por último, recuperamos evidencia empírica de al menos 3 estudios que validan el discurso ligado a la necesidad de fortalecer el componente comunitario por sobre la atención individual de casos en el Servicio Nacional de Menores, constituyéndose en un elemento clave que legitima y tecnifica la producción del Programa de Prevención Comunitaria en el marco de una política basada en la evidencia. Finalmente, observamos condiciones externas al marco institucional que predisponen a las comunidades para la intervención y permiten activar una estrategia de fortalecimiento que se instala sobre los soportes comunitarios existentes. En este sentido, la sociedad civil se convierte en un actor relevante que asume el rol de defensa del programa frente a las amenazas de desaparecer de la oferta pública.

Al examinar la matriz del Programa de Prevención Comunitaria desde los principios que aporta la Psicología Comunitaria, identificamos los contenidos de las dimensiones ontológicas, epistemológicas, metodológicas, éticas y políticas que actúan como su fundamento. En el primer caso, nos referimos a la concepción de sujeto que está en la base del modelo y que se articula a partir de tres subdimensiones; primero, el sujeto intervenido, en este caso los niños, niñas y adolescentes; segundo, el sujeto que ejecuta y, tercero, el sujeto que diseña, cada uno con grados de poder y funciones diferenciadas. Para el sujeto intervenido, se destacan las características que el Programa de Prevención Comunitaria atribuye al niño, niña o adolescente destinatario de las acciones emprendidas desde la línea programática. Llama la atención que dentro de esta dimensión coexisten dos miradas: el sujeto como problema y el sujeto como recurso. La primera, destaca la visión de un sujeto sin capacidad ni conocimientos para afrontar las condiciones de precariedad en las que vive, por lo que requiere de intervención estatal. Es clara la condición de vulnerabilidad que lo habilita para ser "sujeto de atención". Como contrapunto, cuando se concibe al individuo desde los recursos, se construye a un niño, niña o adolescente con capacidades y que puede enfrentar y resolver sus propios problemas, convirtiéndose en un agente de cambio y transformación para su comunidad. Este aspecto es considerado por los mismos adolescentes que participan del programa cuando hacen referencia a la capacidad que tienen para afrontar el desafío de organizarse y proponer alternativas reales de cambio para sus entornos. Quien ejecuta o interviene posee capacidades y recursos para enfrentar contextos altamente exigentes, mientras que quien diseña posee características personales y profesionales que instalan una condición única para el desarrollo de este modelo. Muchas veces, el surgimiento y desarrollo de algunos modelos depende de las voluntades de quienes diseñan, más que de la racionalidad de la gestión pública. La persona que diseña, entonces, pasa a ser un factor gravitante para dar origen -y luego consolidar- el Programa de Prevención Comunitaria al interior del servicio.

Por otro lado, la dimensión epistemológica está referida a la idea del conocimiento que está en la base del programa, destacando el reconocimiento de diversos saberes provenientes de la experiencia de distintos actores. En los énfasis programáticos del Programa de Prevención Comunitaria se declara explícitamente que la intervención debe estar orientada a:

(…) reconocer los saberes de los actores comunitarios, visibilizarlos, identificar las fortalezas y recursos, para desde allí abordar los temas de promoción, prevención y protección de los derechos de la niñez. Esto requiere un conocimiento de dichos actores por parte del equipo Programa de Prevención Comunitaria, de las características territoriales, de las motivaciones y la historia, para lo cual contribuye enormemente el diagnóstico comunitario.

También implica la generación de procesos de involucramiento paulatino en las distintas acciones que se realizan y la co-construcción de las mismas (EPPPC, 2011).

La dimensión ético-Política alude a la idea de respeto por el otro, y a la noción de poder que se pone en juego al momento de comprender al niño, niña o joven como sujeto de derechos. Se señala también la importancia de validar el desarrollo de las comunidades desde un horizonte de reconocimiento y respeto, donde todas las posibilidades de ser y actuar son legítimas. Un ejemplo de ello es la ética de los Derechos Humanos, presente en el programa, y que asume que la intervención debería ayudar a la redistribución de poder al interior de las comunidades, y al establecimiento de relaciones horizontales al interior de la sociedad.

La dimensión Metodológica reúne los contenidos asociados a los componentes técnicos que están en la base del diseño e implementación del programa. Se destaca: la participación, la territorialidad y el sentido de comunidad, y el enfoque de derechos como las perspectivas metodológicas centrales. La participación trata de uno de los ejes metodológicos fundamentales del modelo estudiado y comprende distintos niveles, como son la participación en la comunidad junto a distintos actores, y bla participación al interior del programa mismo. La participación en la comunidad destaca como eje articulador la promoción de un cambio en la forma de relación entre el mundo adulto y los niños y niñas que habitan en el territorio, promoviendo espacios de co-construcción y colaboración mutua. Por su parte, la participación al interior del programa tiene distintos grados, y va desde la sola asistencia de los individuos participantes y sus familias a convocatorias específicas o, en un grado más profundo, se relaciona con la posibilidad de opinar y tomar decisiones sobre actividades o cambios al interior del programa. La territorialidad y sentido de comunidad se vuelven relevantes para asegurar la calidad de la intervención, a través de adecuados procesos de familiarización y de inserción territorial, que permitan respetar y preservar el sentido de pertenencia. El enfoque de derechos instala conceptos como el de ciudadanía, apostando por un rol más político de parte de los niños y niñas participantes del programa. F i n a l m e n t e , el impacto del Programa de Prevención Comunitaria lo abordamos a partir de los Efectos del Proceso de Intervención vinculados a la ejecución, junto a los principales logros y aprendizajes que se derivan del programa. Respecto al proceso de ejecución, se destacan las características de la implementación del programa, diferenciando entre elementos facilitadores y obstaculizadores. También se describen las características de los equipos ejecutores, fundamentalmente en lo referido al perfil que se ha construido a lo largo de los años de implementación del programa, donde es posible identificar roles y funciones, así como constatar las condiciones laborales en que los equipos desarrollan su quehacer.

Los elementos facilitadores de la ejecución se despliegan tanto interna, como externamente. Para el primer caso, se describen dimensiones como el buen clima laboral, o el trabajo colaborativo al interior de los equipos. Se destaca también la posibilidad de retroalimentar los avances de cada miembro y actuar desde la reciprocidad y la complementariedad en el cumplimiento de metas. Dentro de los facilitadores externos se encuentran, por ejemplo, los recursos provenientes de la institución ejecutora, así como recursos inmateriales, como es el caso de instancias de articulación a nivel intercomunal.

Junto con los facilitadores, se encuentran los obstaculizadores de la ejecución, que operan en dos niveles: un primer nivel, referido a los elementos existentes en los contextos de intervención, y un segundo nivel, vinculado al contexto gubernamental, desde donde proviene tanto el financiamiento, como la orientación técnica con la que funciona el programa. En el primer caso, se sitúan las complejidades de los contextos de intervención, donde muchas veces existen expresiones de violencia, narcotráfico y exclusión y que, obviamente, dificultan la implementación del programa. Como contrapunto, destacan los obstaculizadores del contexto gubernamental, que de manera indirecta, impactan en la ejecución del programa. Se destacan, en este sentido, las inconsistencias al interior de la oferta del servicio, las dificultades para trabajar intersectorialmente y la tendencia a generar políticas estandarizadas, sin diagnóstico ni pertinencia territorial, sobre todo para el sector rural chileno.

Otro aspecto que se destaca en el proceso de ejecución, se refiere a las características de los equipos ejecutores, donde se da cuenta de un cierto perfil de ejecutores y ejecutoras que es deseable "reclutar" para responder a las exigencias técnicas propuestas por el programa. En cuanto a perfiles y funciones, es clave la trayectoria de los sujetos profesionales y no profesionales en terreno. Junto a lo anterior, se destaca un elemento ampliamente mencionado por quienes ejecutan y que se refiere a las condiciones laborales de los equipos, que en muchos casos determina la estabilidad, dando continuidad (o no) a los procesos de intervención emprendidos. Es relevante mencionar que existe un vínculo directo entre este punto y lo señalado por la Ley de Subvenciones (2005), pues esta última establece tramos a partir de los cuales se transfieren recursos a las instituciones ejecutoras -llamados, en Chile, organismos colaboradores-, siendo la línea programática de prevención comunitaria la que menos recursos tiene a su haber.

Respecto a los aprendizajes y logros, podemos diferenciar algunos niveles. Los aprendizajes del nivel individual destacan efectos en cada participante que hacen posible cambios en aspectos significativos de su desarrollo, ofreciendo un soporte afectivo ampliamente valorado por los mismos sujetos adolescentes. Llama la atención que también se valore el aprendizaje que se deriva de la posibilidad de entregar una opinión, situar límites y disentir con el mundo adulto. Asimismo, a nivel comunitario es posible detectar aprendizajes que permiten valorar el éxito producto de la implementación del programa, luego de años de trayectoria. Uno de ellos es el mejoramiento del entorno barrial, pues muchas de las intervenciones propuestas desde el programa se realizan en espacios comunitarios, los que no cuentan con equipamiento ni se encuentran adecuadamente preservados. De este modo, a través de la misma ejecución, se generan efectos visibles, ampliamente valorados por las comunidades, que permiten apropiarse de su entorno, y recuperar lugares para darles otra utilidad. Otro aprendizaje que se deriva de la ejecución del Programa de Prevención Comunitaria corresponde a la participación y ejercicio del liderazgo infantojuvenil, que ha permitido mejorar las experiencias de implementación e instalar una nueva mirada para la intervención propuesta. Ejemplo de ello es la posibilidad de activar mecanismos de incidencia para retroalimentar la política local a partir del diálogo con actores políticos.

7. Conclusiones

El estudio de caso presentado da cuenta de cómo se comportan los principios de la Psicología Comunitaria en un programa público chileno, que a pesar de constituir un aporte significativo en el desarrollo de ciudadanía, no ha logrado consolidarse como una apuesta de interés para la institucionalidad actual. Por ello, un punto de partida básico es comprender que la producción de política pública es un proceso político, técnico e institucional, donde interactúan distintos niveles y se destacan las fuerzas políticas que instalan discursos asociados a ciertos fenómenos (Alfaro, 2012), en este caso, la infancia vulnerada. Los discursos que prevalecen en la política pública chilena están vinculados a una visión de sujeto individual, que requiere de ajustes específicos que son brindados por programas altamente especializados, como los que hoy conforman la oferta actual del Servicio Nacional de Menores.

Lo anterior podría explicarse a partir de la hegemonía del sistema capitalista en el marco de la globalización, donde la construcción de las políticas sociales ha respondido a una lógica instrumental y determinista, a partir de la focalización del gasto social y obliterando la construcción de ciudadanía (Delamaza, 2011, Fuenmayor, 2014). Junto a la promoción de una "práctica basada en la evidencia" como un proceso dominante para guiar la acción profesional, se ha tendido a "depender" fuertemente de prácticas tecno-científicas, centradas en formas "objetivas" de conocimiento que sirven al sistema para mantener el statu quo a través de la promoción de reformas "menores" que fortalecen el individualismo neoliberal (Brady et al. 2014). En este contexto, la evidencia que anteriormente operó como blindaje para garantizar la continuidad del programa, hoy aparece como amenaza, dada la impronta neoliberal antes descrita.

A pesar de ello, el Programa de Prevención Comunitaria instala un precedente importante para la producción de experiencias futuras que puedan ser recuperadas por los nuevos referentes recientemente creados en Chile, como el Consejo Nacional de la Infancia, que de manera incipiente propone una actuación más decidida en el ámbito del fortalecimiento de ciudadanía infantojuvenil. Observamos una clara contribución ética y metodológica al proponer la promoción de la participación en todas las etapas de la intervención, situándola como un derecho que inspire el diálogo permanente entre agentes internos y externos, junto con el reconocimiento de otros saberes -distintos del saber experto- provenientes de diversos ámbitos profesionales y de la misma comunidad (Montero, 2010, Winkler, Alvear, Olivares & Pasmanik, 2012). Asimismo, resulta fundamental la consideración del contexto y los aspectos macroestructurales, como una dimensión ineludible para pensar las intervenciones desde los equipos, y tomando siempre en cuenta los efectos que tal contexto produce en la subjetividad de los individuos participantes (Winkler et al., 2012, Rodríguez, 2009). Ejemplo de ello es la preocupación, presente tanto en las bases técnicas como en el sello que imprimen los ejecutores, por abrir espacios de participación comunitaria que otorguen poder de decisión.

Otra dimensión a destacar se relaciona con la fragilidad orgánica que impide el desarrollo de estrategias de largo plazo en la política, pues tal como plantea Lapalma y Lellis (2012), muchas veces la posibilidad de innovar depende de esfuerzos personales más que de decisiones derivadas de la gestión pública. Del mismo modo, se confirma la idea de que la incidencia en el espacio de la política pública, se juega en la forma como los agentes individuales despliegan sus habilidades de interpretar y aplicar estos programas, reconociendo los límites e identificando oportunidades (Berroeta, 2012).

Otro aspecto relevante se relaciona con la existencia de leyes y normativas que regulan el funcionamiento de la oferta pública en infancia, y que para efectos de este estudio también fueron revisadas. Como es de suponer, cada uno de estos documentos va adquiriendo importancia para definir cursos de acción posibles, en la medida en que producen efectos cuando actores políticos, administrativos y sociales, toman decisiones. Más importante aún es asumir que las "reglas del juego" encarnadas en los documentos analizados, representan oportunidades y obstáculos que es necesario identificar, decodificar e interpretar técnica y políticamente. Cada una de estas reglas va a influir en el acceso que un cierto agente tendrá en el espacio de la política pública, así como determinará el tipo de recursos al que podrá acceder (Subirats, Knoepfel, Larrue & Varone, 2008).

En Chile existen momentos en que la sociedad civil vinculada al ámbito de la infancia y la adolescencia, logra visibilizarse como agente ante el Estado, siendo convocada a instancia de deliberación y diálogo entre distintos actores. Nos parece relevante destacar, que la participación en dichas instancias produce aprendizajes que tienen rendimiento político en distintos niveles. Tal como plantea Montero (2010), la participación en espacios decisionales, permite que los actores, en este caso tanto los miembros de la sociedad civil como los mismos expertos consultados, aprendan a negociar, escuchar, demandar y construir consensos a través de puntos de vista puestos en permanente diálogo. La participación en instancias como estas, altera relaciones de poder (Rodríguez, 2009) que hacen posible una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil, poniendo como marco de actuación la consulta permanente a los distintos actores involucrados en el proceso de diseño e intervención, reconociendo, entonces, diversos saberes y conocimientos. Para el caso de los niños y niñas, la participación en instancias locales permite reubicar la trama de relaciones, pero también ayuda a profundizar la transformación cultural donde niños y niñas dejan de ser "menores". Lamentablemente todos los esfuerzos vertidos en esta tarea no han sido suficientes para evitar la interrupción de este proceso institucional de aprendizaje. Es de esperar que éstos no se pierdan, sino que conformen una fuente de recursos para que ejecutores y participantes, ya fuera de la escena de implementación, desplieguen estrategias que les permitan amplificar su actoría y recuperar el protagonismo perdido, esta vez, al margen de la política pública que les dio origen e impulso. Interesa en este ámbito monitorear de qué manera se traducen los aprendizajes desarrollados y qué contextos reciben el influjo de dicho proceso. Seguir la pista a este asunto puede ser un aporte significativo para conocer el impacto alcanzado en estos 10 años de implementación del Programa de Prevención Comunitaria.

Al igual que en el resto de Latinoamérica, se reconoce la importancia que tuvo la creación de la Convención de los Derechos del Niño en resituar el abordaje de la infancia (Farías, 2003, Valverde, 2008, Carrasco, et al. 2009, Tuñón & Salvia, 2012). Este cambio de perspectiva que se origina al alero de una naciente democracia en Chile, sólo repercute de manera discursiva, manteniendo aún resabios de la perspectiva tutelar en muchos de los programas del servicio estudiado. Por lo tanto, es posible constatar que la intensidad y alcance del cambio sólo fue parcial. Un hecho concreto es, precisamente, la ausencia de una ley de protección integral de derechos, la aún pendiente reforma al Servicio Nacional de Menores y, por supuesto, el cierre de los Programas de Prevención Comunitaria.

Es claro, por tanto, que falta un trabajo más intenso que permita evaluar periódicamente la verdadera inclusión de los niños y niñas en la formulación y evaluación de políticas y programas. Junto a ello, es clave insistir en la tarea de construir nuevo conocimiento para soportar la puesta en marcha de políticas públicas que otorguen un lugar distinto a los niños y niñas (Mieles & Acosta, 2012).

Notas

^* Este artículo corto, correspondiente al área de la Psicología (subárea: Psicología Comunitaria), es un estudio de caso que se deriva de una investigación de mayor escala, denominada "ética y Política: ¿Dimensiones olvidadas en la Psicología Comunitaria?", Número 1130638, con financiación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, con fecha de inicio el 5 de Marzo de 2013 hasta diciembre de 2015.

¹ La Ley de Subvenciones (Ley N° 20.032), es un cuerpo legal que reglamenta la oferta del Servicio Nacional de Menores, cuya implementación compete a los Organismos Colaboradores de la red privada. A ellos se transfieren, a través de procesos de licitación pública, recursos para el financiamiento de los programas para la atención de niños y niñas.

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Referencia para citar este artículo: Olivares, B. & Reyes-Espejo, M. I. (2016). Evaluación de un programa social en infancia desde los principios de la Psicología Comunitaria. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14 (1), pp. 431-444.