Introducción

«Para mí el castigo está para que la gente aprenda a no tocar las cosas que no son suyas, a hacer buena letra, a respetar. Pero el encierro es lo peor». Contundente, el testimonio de un joven bajo una medida alternativa a la privación de libertad sugiere algunas de las finalidades del castigo penal: resguardo de la propiedad privada, respeto a los valores morales sobre los que esta última se erige, exclusión de la amenaza que supondría dejar impune un acto socialmente reprobable. Como diría ^{Durkheim (2004)}, la función de la pena es educar al conjunto de la población en el respeto a la norma a través del temor al castigo, el cual recuerda las prohibiciones transgredidas y concientiza respecto de las implicancias de violarlas. La expulsión simbólica del criminal detiene el curso de los afectos que podrían llegar a atentar contra las formas existentes de solidaridad, reafirma la inviolabilidad de la regla transgredida y certifica las formas de sentir y de pensar que comparten los miembros de una sociedad.

Lo hace mediante la aplicación de dolor (^{Cesaroni, 2010}), en ocasiones en espacios segregados de la sociedad que impiden la reinserción social (^{Baratta, 1990}; ^{Bergalli, 2003}; ^{Pavarini, 2006}; ^{O’ Malley, 2006}). Ahora bien, ¿qué sucede en el contexto de la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad?, ¿cómo conciben las acciones institucionales y comunitarias pertinentes en el marco de su implementación los propios jóvenes intervenidos?, ¿qué diferencias vislumbran entre los diferentes tipos de intervención?, ¿las piensan en términos sancionatorios?, ¿qué sentidos adopta el significante de castigo en los discursos juveniles?, ¿se trata de un castigo de tipo penal orientado a excluir al sujeto transgresor?, ¿o de un castigo moral tendiente a reintegrarlo a la comunidad? Estos son los interrogantes principales que guiaron la investigación.¹

Si bien el tema del castigo penal juvenil ha sido extensamente trabajado por investigaciones centradas en los discursos y prácticas de los agentes institucionales que implementan estrategias de control o «resocialización» sobre los jóvenes (^{Guemureman, 2008}; ^{López, 2012}; ^{Lucesole, 2012}; ^{Nicoletti, 2014}; ^{Oyhandy-Cioffy, 2004}; ^{Uriarte, 2013}), son pocos los trabajos que relevan la opinión de los propios jóvenes intervenidos (^{Cesaroni, 2010}; ^{Corbalán & Rodríguez-Alzueta, 2016}; ^{Kessler, 2004}; ^{Medan, 2012}; ^{Tonkonoff, 2007a}, 2007b.;) y muchos menos los que lo hacen en el contexto de la implementación de medidas en libertad (^{Tenembaum, 2015}). En tal sentido, este artículo se propone aportar a ese campo emergente de estudios a partir de un estudio de caso en la Provincia de Buenos Aires. Utilizando como marco teórico una aproximación cultural de la cuestión criminal (^{Tonkonoff, 2012}), buscamos analizar el carácter de las medidas alternativas al encierro desde la perspectiva de sus destinatarios.

Esta cuestión nos permitirá elaborar un conjunto de consideraciones específicas sobre los procesos de transformación o aggiornamento de la cultura de la penalidad juvenil subyacente al nuevo paradigma de la responsabilidad inaugurado a partir de la sanción de las leyes de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño (Nº 13 298)² (^{Congreso de la Nación Argentina, 2019}) y su accesoria, la ley Nº 13 634 (^{Congreso de la Nación Argentina, 2019}), que crea en la Provincia de Buenos Aires el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Fuero de la Familia. Los cambios normativos son importantes porque transforman, legalmente, la concepción del joven como sujeto «menor», herencia del modelo de Patronato que privaba a los/as jóvenes transgresores de su condición de sujetos de derechos (^{Andrés Candelas, 2016}), desde las primeras décadas del siglo XX en Argentina. Sin embargo, como sostienen ^{Valdenegro y Calderón-Flández (2016)} respecto de los discursos de interventores sociales que operan en el marco de programas de libertad asistida en Chile, en la construcción social de las infancias perduran «polaridades en tensión»: aquellas que, por un lado, configuran la identidad de los/as jóvenes como sujetos «permeables versus duros» y sujetos «autoactualizables versus carenciados», dando lugar a tensiones también en las propias prácticas interventivas, en las que muchas veces los interventores naturalizan la concepción del sujeto intervenido desde lo programático.

Lo hacen en un contexto local, regional y mundial signado por la demanda ciudadana de inseguridad atribuida al joven pobre (^{Guemureman, 2008}). Demandas que promueven la privación de la libertad de jóvenes infractores a fin de calmar las ansiedades de la ciudadanía pero que no contribuyen a solucionar el problema de la inseguridad pública ni a suscitar la tolerancia a la transgresión en la convivencia ciudadana (^{González-Laurino, 2015}). El incremento de la sensibilidad social sobre el crimen producido por jóvenes genera reacciones en la opinión pública orientadas al endurecimiento de las penas, la baja en la edad de punibilidad y otras medidas punitivas (^{Komatsu & Bazon, 2015}).

Los cambios normativos son importantes, además, porque introducen desde 2008 en la Provincia de Buenos Aires la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, cuyo fin principal es evitar que los jóvenes infractores de la ley sean encerrados en instituciones que los separen de sus familias y del resto de la sociedad. Instituciones cuyo tránsito afecta a quienes las recorren mediante la generación de marcas estigmatizantes (^{Anitua, 2014}; ^{Goffman, 2010}; ^{Rodríguez-Alzueta, 2014}).

Los efectos criminógenos generados por la privación de libertad son contemplados por una política pública «alternativa», orientada por la finalidad de «responsabilizar» a los jóvenes e incluso a sus familias, hacia quienes se promueve la corresponsabilidad.³Siguiendo a ^{Ávila-Navarrete (2017)}, las familias deben hacerse presentes activa y responsablemente durante los procesos de intervención penal juvenil fomentando la creación de escenarios de afecto, colaboración, conocimiento y conductas socialmente proactivas. Así, la cuestión de la infracción penal juvenil abre múltiples discusiones atenientes a distintas dimensiones de la vida de los/as jóvenes tales como las condiciones sociales, familiares y el uso de drogas (^{Jiménez, Meireles-Andrade, & Guimarães Batistella Bianchini, 2016}).

Ello sucede en el marco de la ampliación de las redes del control que supone el modelo de justicia intervencionista bajo el cual surgen estas medidas (^{López et al., 2009}). Medidas cuyo tránsito, el joven debe atravesar obligatoriamente a fin de evitar la privación de la libertad y cuyo carácter puede ser reintegrativo (^{Braitwaite, 2011}) o penal (^{Tonkonoff, 2012}) de acuerdo al modo en que tenga lugar la intervención. Desde una perspectiva cultural de la cuestión criminal⁴, partimos del supuesto según el cual una estrategia de intervención es penal cuando se dirige al joven a través de discursos que persiguen, pasional y colectivamente, la expulsión simbólica del joven como criminal, en forma institucionalizada o no (^{Tonkonoff, 2012}); a diferencia de cuando se promueven procesos de confrontación reintegrativa (^{Braitwaite, 2011}) mediante los cuales se transmite la deshonra que conlleva la transgresión sobre la base de un trato afectuoso y respetuoso del sujeto intervenido que puede incentivarlo a desistir del delito en el marco de una política de restitución de derechos.

Ahora bien: ¿es la accesibilidad a derechos equitativa para todos los jóvenes por igual en la Argentina contemporánea?, ¿se distribuyen los derechos de igual forma a lo ancho y lo alto de la pirámide social? En relación al último interrogante, ^{González-Laurino (2015)} afirma que los jóvenes sobre los que se interviene en el marco de la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad son aquellos que se corresponden con el estereotipo criminal (varón, pobre, morocho, de bajo nivel educativo, que comete delitos predominantemente contra la propiedad). Ello, sumado a que en razón del tipo de delito y de que por lo general es la primera vez que son atrapados por el sistema penal permite derivar que dichos jóvenes no hubiesen requerido intervención bajo la vigencia de los ex juzgados de menores.

Una intervención que, sostiene ^{Beloff (2002)}, puede impactar positivamente en el joven en tanto valor adicional pero no porque sea el principio en que se funda. En sus propios términos:

Es de suma importancia reconocer que estos sistemas se encuentran dentro del orden de ideas en el que opera el sistema penal; de otro modo se lo descontextualizaría como se hacía en el modelo tutelar en el que el fundamento de toda intervención era «proteger» al menor. Muchos integrantes de la nueva justicia juvenil no enmarcan su práctica en esta lógica y, en muchos casos, interpretan su función como dirigida a ayudar a los adolescentes con derechos amenazados o violados, bajo la excusa de que el sistema de protección no da respuestas adecuadas (^{Beloff, 2002}, p. 120).

Al respecto, advierte ^{Uriarte (2013)}, la exigua orientación al reproche penal que suele predominar en la implementación de la Justicia Penal Juvenil se vincula con una perspectiva aproblemática sobre la selectividad del sistema penal y judicial hacia su clientela principal: el joven pobre. De aquí la pregunta por el modo en que un sistema procesal ideado como de mínima intervención punitiva puede acabar por extender y formalizar el alcance de las redes de coacción punitiva sobre jóvenes pertenecientes a los sectores populares (^{Axat & Rodríguez-Alzueta, 2014}). Al respecto, Daroqui señala que el peligro que corren las políticas públicas que apuntan a la integración de los jóvenes en un marco de exclusión generalizada es el de ampliar las redes de control allí «donde no se les da nada de lo que les falta: ni trabajo, ni educación ni salud, donde llega al delito como una forma más de esa exclusión» (1995, p. 74). Se trata de lo que ^{Tenembaum (2016)} denomina «refuncionalismo», cuando señala la búsqueda de la reinserción social de los jóvenes sin modificar las condiciones mediatas de la infracción.

La implementación de medidas alternativas a la privación de libertad se da en Argentina en un escenario donde priman la escasez de recursos, las pugnas políticas y la desarticulación de los actores (^{Lucesole, 2012}). En este marco, sostiene López et al. (2009) se detecta una gran indeterminación entre el ámbito penal y el asistencial, que no termina de desterrar la perspectiva tutelar vinculada a la díada «represión-compasión», que busca superar el modelo de derechos implantado con la Convención de los Derechos del Niño. Ello, sumado a la convivencia paradójica del Régimen Penal de la Minoridad, a escala nacional, y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (n.º 13 634), en la Provincia de Buenos Aires, da lugar a una utilización legal vacilante, en un sentido tutelar o de restitución de derechos (^{Nicoletti, 2014}, p. 76).

Método

Para llevar a cabo los objetivos de la investigación se utilizó un enfoque metodológico cualitativo, el cual se valió de técnicas de entrevista semi-estructurada en profundidad a jóvenes de 16 y 17 años que acudían a un Centro de Referencia de la Provincia de Buenos Aires.⁵ El Centro de Referencia se encuentra ubicado en un lugar neurálgico de uno de los partidos de zona oeste más importantes del Gran Buenos Aires, a pocas cuadras de la estación de tren y rodeado de negocios, organismos públicos, bancos y bares.

Visto desde afuera, no parece un dispositivo ambulatorio penal. De hecho, ningún cartel lo indica. Solo puede percibirse un indicio de que funciona un «centro de día» en el marco de un colorido mural emplazado en uno de los laterales de la esquina donde se sitúa. Ex delegación de minoridad, abre a las 8 de la mañana y alrededor de las cuatro de la tarde, en general, ya no queda personal. Se atiende a 118 jóvenes comprometidos penalmente en la consumación de delitos leves (cuya pena es menor a dos años de prisión) y no tienen antecedentes penales previos, debido a lo cual el juez les otorga una medida alternativa a la privación de la libertad⁶; un 5.3 por ciento del total de jóvenes bajo ese régimen de responsabilidad que llega en 2015 a una cantidad de 2200 jóvenes a nivel provincial, de acuerdo a datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia⁷.

Desde una perspectiva legal, los jóvenes enviados al Centro de Referencia pueden hallarse bajo una medida cautelar o sancionatoria alternativa a la privación de la libertad. Son medidas cautelares aquellas supeditadas a una investigación penal preparatoria (IPP) durante la primera parte del proceso y medidas sancionatorias, aquellas que se imponen al finalizar el transcurso de la medida cautelar con la elevación de la causa a juicio. Si el joven no efectúa las condiciones impuestas por el juez, al cumplir la mayoría de edad su causa es elevada al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que es donde se termina de definir su situación legal. Este procedimiento sucede tanto para la imposición de medidas que suponen encierro como para las alternativas.⁸

Nos propusimos realizar un estudio de caso en dicha institución debido a la utilidad de la estrategia para examinar un fenómeno de carácter general que es posible comprender mediante la indagación de los discursos de los/as actores sociales que lo constituyen y, por tanto, lo producen y transforman. Los entrevistados/as fueron once: Agustín, Franco, Cristian, Iván, Lucas, Martín, Mauro, Lucía, Leonel, Brian y Pablo, de los cuales dos estuvieron acompañados/as por su madre durante el transcurso de la charla y uno, por un amigo. Sus verdaderos nombres fueron cambiados para resguardar su identidad pues aunque en rigor de verdad no se lo preguntamos, la mayoría lo mencionó por motivación propia en algún momento.

El trabajo de campo se desarrolló entre marzo y agosto de 2015 en un bar ubicado enfrente de la institución y se dividió en dos momentos. En el primero de ellos, de carácter exploratorio, nos dirigimos a la puerta del establecimiento y esperamos que los/as jóvenes salieran de las entrevistas mantenidas con los agentes del centro. Paso seguido, nos presentamos como estudiantes de la universidad que estábamos haciendo una investigación sobre el funcionamiento de los Centros de Referencia para la cual resultaba de suma importancia contar con la opinión de los jóvenes bajo medidas alternativas, la cual era anónima. En esta primera instancia realizamos dos entrevistas en profundidad a partir de una guía de pautas «piloto» que elaboramos a modo de prueba. La guía incluyó preguntas abiertas (informativas, temáticas y evaluativas) que permitieron delimitar las dimensiones del problema, probar y ajustar los instrumentos de análisis en esta primera fase exploratoria y comenzar a elaborar la guía de pautas estandarizada. Esto es, una serie de ejes que tratamos bajo diferente orden en la siguiente fase de la investigación, en forma flexible y generalmente sin tener el cuestionario en mano sino las preguntas principales en mente.

Tanto en esta fase, exploratoria, como a lo largo del trabajo de campo, desgravamos las entrevistas en simultáneo a nuestra presencia en el campo. Dicho procedimiento nos sirvió para reconocer alusiones significativas referidas por los informantes no puntualizadas en profundidad durante las entrevistas y que tuvimos la oportunidad de retomar a posteriori a fin de explorarlas con mayor detalle. El desgrabado del material en paralelo al trabajo de campo nos permitió, también, identificar contradicciones en el discurso de un mismo entrevistado, evaluar las propias limitaciones en el modo de formular las preguntas y escuchar con mayor atención al entrevistado.

En un segundo momento pudimos efectuar once entrevistas de alrededor de una hora de duración, las cuales se desarrollaron con la guía de pautas en mano y el grabador sobre la mesa, herramientas que no impidieron la empatía con los entrevistados. Los casos se seleccionaron intencionalmente⁹ cuando los jóvenes salían del Centro de Referencia mediante el empleo de un criterio de inclusión y exclusión de la muestra de participantes que refirió, en primer lugar, a que los/as jóvenes se encontraran cumpliendo una medida alternativa y, en segundo lugar, que hayan acudido al menos tres veces a las entrevistas con los agentes del equipo del Centro de Referencia, a fin de que pudieran tener una opinión formada respecto del modo en que se implementaban. Si era la primera vez, resultaba difícil indagar sobre las cuestiones que nos interesaban de manera que si bien realizamos las entrevistas, las mantuvimos como exploratorias y de control pero no las contabilizamos en los once casos.

En cuanto al instrumento de recolección de datos, se eligió la técnica de entrevista en profundidad en tanto permite acceder al imaginario de los jóvenes sobre los fenómenos en estudio en su propio lenguaje, a fin de comprender su punto de vista (^{Vasilachis de Gialdino, 2006}). La guía de pautas se dividió en tres bloques: el primero abocado a la caracterización del sujeto intervenido en el cual comenzamos pidiéndoles si se podían presentar de la forma en que quisieran y proseguimos consultándoles el tiempo que hacía que acudían al Centro de Referencia, si habían ingresado alguna vez a un centro cerrado y hasta cuándo tenían que cumplir la medida; el segundo, dirigido a la caracterización de la intervención en el cual las preguntas se orientaron a indagar qué tareas les habían encomendado hacer, cuál era su finalidad, cómo era la relación con el personal del equipo técnico, si les parecía importante cumplir con los acuerdos establecidos, cuáles eran sus responsabilidades y sus principales desafíos; y el tercero, sobre la caracterización del castigo. Esta es la principal categoría de indagación a la que se aboca este artículo, la cual dividimos en dos subcategorías: castigo moral y castigo penal. El primero, el castigo moral, lo concebimos como aquel al que refieren los enunciados juveniles cuando dan cuenta de las medidas, alternativas y privativas de libertad, en términos reintegrativos (^{Braithwaite, 2011}). Es decir, describiéndolas como orientadas a la integración del joven en la comunidad. El castigo penal, en cambio, lo entendimos como aquel al que refieren los discursos juveniles para caracterizar las medidas como persiguiendo el fin de apartar apartar del nosotros aquello que designan como alteridad cultural radical. Un otro no integrable, un radicalmente otro, un criminal. Para explorar dichas subcategorías les preguntamos a los jóvenes y las jóvenes qué creían que había que hacer con un joven que cometía un delito, cuál consideraban que era la función del castigo, qué cosas habían cambiado en su vida desde que cumplía con la medida alternativa y las diferencias entre una medida alternativa y una medida privativa de libertad.

Al realizar la entrevista buscamos desarrollar una práctica metódica y reflexiva capaz de impedir tanto el automatismo metodológico como la puesta en acción de una abstracción teórica al realizar las preguntas: «verdaderas hipótesis que se apoyan sobre una representación intuitiva y provisional de la fórmula generadora propia del entrevistado para incitarla a develarse más completamente» (^{Bourdieu, 1993}, p. 8). Ello nos permitió vincularnos empáticamente con la mirada de los jóvenes y las jóvenes y la significación puesta en juego en sus discursos, lo cual determinó el alcance de nuestras preguntas y nos permitió anticipar sus razonamientos que -vale aclarar- no siempre confirmaron nuestras expectativas.

Resultados

Discusión

Partiendo del supuesto durkheimiano según el cual el castigo penal no sería eliminable de la estructura social de ninguna sociedad, este artículo se interesó por desentrañar qué tipo de castigo constituyen las medidas alternativas a la privación de libertad a partir de discursos juveniles suscitados en el contexto de su implementación en nuestras sociedades contemporáneas. El fin fue establecer sus características principales y sus diferencias con las medidas privativas de libertad, desde las perspectivas de los propios jóvenes intervenidos. Maneras de comprender y de significar a través de las cuales es posible vislumbrar los procesos de aggiornamento o transformación sociocultural que la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad viene a generar.

En tal sentido, podemos afirmar que en los discursos juveniles se concibió al castigo en libertad como preferible al castigo en el encierro ante todo por los efectos altamente estigmatizantes que esta última sanción supone. En línea con un conjunto de estudios que han señalado la contradicción de «resocializar» a una persona en un espacio segregado de la sociedad (^{Anitua, 2005}, 2014; ^{Bergalli, 2003}; ^{Cesaroni, 2009}, 2010; ^{García- Méndez & Vitale, 2009}; ^{Ghilberto & Sozzo, 2016}; ^{López, 2012}); dichas medidas aparecieron en los discursos juveniles como un nudo crítico del sistema de administración de justicia penal juvenil no solamente en términos de su ineficacia resocializadora sino también como experiencia extrema de soledad y violencia. Un castigo penal que los discursos juveniles señalaron como excesivo para jóvenes autores de delitos contra la propiedad. Lo que habría que hacer con un joven que comete este tipo de infracciones es para los/as jóvenes hacerles «pagar» el daño ocasionado a la sociedad a través de formas de castigo menos angustiantes que el encierro como serían las medidas alternativas a la privación de libertad. He aquí la focalización de los discursos juveniles en la dimensión moral de un castigo que el joven y la joven debe cumplir para resarcir el daño ocasionado a la sociedad pero que debe conducir a reintegrarlo a ella y no a apartarlo en un dispositivo de encierro. En tal sentido, los y las jóvenes esbozaron los significantes de oportunidad y beneficio para dar cuenta de que toman conciencia de la posibilidad de cambio que les otorga el tránsito por el Centro de Referencia. Los discursos juveniles asociaron la oportunidad y el beneficio a la idea de reflexión, cambio, ayuda, dejar de estar detenido, no ser encerrado en un penal. Es decir, a la necesidad de alejarse de la transgresión (con tal de) no recibir un castigo mayor pero también por creer y desear la posibilidad de que la intervención alternativa transforme en algún aspecto su condición subalterna. Veamos una matriz de datos ilustrativa de los discursos juveniles en torno a las medidas privativas y alternativas a la privación de la libertad:

Tabla 1 Discursos juveniles sobre el castigo 

Al interrogar a los/as jóvenes por el modo en que las medidas alternativas eran implementadas pudimos vislumbrar la perdurabilidad de prácticas asistencialistas vigentes durante el período previo a 2004 cuando se sanciona la ley de Promoción y Protección de los derechos del niño. Ello confirma los resultados hallados por el estudio de López et al. (2009) según el cual pese al transcurso de más de diez años de la sanción de dicha ley, en la actualidad sobreviven formas de intervención protectorias que no interpelan a los/as jóvenes como sujetos capaces de ejercer por sí mismos sus derechos. Sin embargo, la utilización del significante de ayuda en forma recurrente por los jóvenes y las jóvenes para señalar la finalidad de las medidas como orientada al cierre de la causa penal o a influir en la substitución del conjunto de códigos y costumbres desviadas de los/as jóvenes, no permite hipotetizar la asunción de la posición subjetiva a la que son convocados los/as jóvenes por los discursos y prácticas de los agentes del Centro de Referencia como sujetos de mera asistencia. De hecho, hemos subrayado durante el análisis que los/as jóvenes no se posicionan como sujetos de tutela sino como sujetos capaces de actuar a sabiendas de sus actos y de sus consecuencias. Quizás por eso, los discursos juveniles coinciden en señalar la apertura de los/as jóvenes para conversar con el personal del equipo técnico del Centro de Referencia en el marco de un proceso moral capaz de incidir en su subjetividad y su conducta futura.

Jóvenes que provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad, que «no pueden comerse un buen asado» y desean hacerlo, lo cual los impulsaría a la transgresión. Este argumento coincide con una de las consideraciones de la tesis de ^{González (2015)} según la cual la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad no se halla exenta de la selectividad del sistema penal, un sistema dentro del cual la individualización de la pena tiene una mayor carga criminalizante hacia jóvenes de sectores socialmente desfavorecidos que en aquellos jóvenes que tienen mayores ventajas económicas, elementos de socialización y derechos ejercidos (^{Couzo, 2006}). Lo cual, como diría ^{Beloff (2002)}, no significa que deba procederse derivando la imputación de un delito, automáticamente, de una supuesta situación donde el/la joven tendría un derecho amenazado. Al respecto, la autora propone analizar cada situación en particular asumiendo que la nueva justicia juvenil no apunta a «hacer el bien» al joven acusado/a de cometer un delito sino a provocarle un sufrimiento mínimo.

El sufrimiento apareció en los discursos juveniles sobre las medidas alternativas a la privación de la libertad en relación al cumplimiento de arresto domiciliario y la realización de tareas comunitarias. El arresto domiciliario se describió como «complicado» por el hecho de protagonizar los/as jóvenes su propio arresto así como también por los cambios en la rutina familiar que supone. Sin embargo, se lo concibió como preferible al encierro. Las tareas comunitarias, por su parte, se construyeron en los discursos como acciones pertinentes de desarrollar en el marco de la implementación de medidas alternativas pues a los/as entrevistados/as les parecía justo que los/as jóvenes infractores de la ley «paguen» por el daño ocasionado a la sociedad. El rechazo que esta medida suscitó por parte de los/as jóvenes intervenidos se debió al trato de subordinación, obediencia y docilidad desarrollado hacia ellos/as por parte de la comunidad (el sentimiento de que los hacían «limpiar», «laburar de onda», «mulear») en un contexto sumamente precario de restitución de derechos. El rechazo al trabajo comunitario fue un punto recurrente en los discursos así como también lo fue la preferencia de dicha medida por sobre medidas privativas de libertad. Con tal de no ser enviados a una institución de encierro, los/as jóvenes cumplen las tareas comunitarias y no quieren ni imaginar cómo sería su vida privados/as de libertad.

Conclusión

Los resultados formulados en torno a la pregunta de investigación orientada a indagar los sentidos que adquiere el significante de castigo en los discursos juveniles referidos a las medidas alternativas y las medidas privativas de libertad permiten señalar varias paradojas. En primer lugar, quisiéramos subrayar que ambas medidas son consideradas por los jóvenes en términos sancionatorios como medidas retributivas pero, en el caso de las medidas alternativas, el castigo puede dar lugar a la reintegración del joven en la comunidad luego de un proceso expiatorio que consiste en realizar trabajo comunitario como condición necesaria para el ingreso (simbólico) del joven a la sociedad. Se trata de un castigo moral tendiente a integrarlo a la comunidad sobre la base de estrategias de intervención socioeducativas en el sentido del conformismo y la apacibilidad, tanto en la comunidad como en el Centro de Referencia; a diferencia de la intervención privativa de libertad, la cual supone un proceso de desculturización¹² (^{Baratta, 2004}) que resulta penalmente estigmatizante para los jóvenes.

Respecto de las tareas comunitarias, sus efectos y su finalidad, nos gustaría plantear uno de los puntos que consideramos paradójicos en el marco de la implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad. En primer lugar, el interrogante por el modo en que el ejercicio de esta sanción individualizada constituye o no, en el marco del modelo de los derechos del niño, una pena represiva «en el sentido de que la sanción fijada por la ley no consiste simplemente en poner las cosas en su estado: el delincuente no está solo obligado a reparar el mal causado, sino que encima debe además alguna cosa, una expiación» (^{Durkheim, 2004}, p. 95). Es decir, por la finalidad de una medida dirigida a un sujeto en formación, un joven, proveniente de los sectores más desprotegidos de la sociedad a quien no se lo busca empoderar políticamente sino hacerle protagonizar verdaderas «ceremonias de degradación» (^{Garfinkel, 2006}, p. 115), tendientes a convertir la identidad pública del/la joven en algo concebido como inferior en el esquema local de tipologías sociales.

En segundo lugar y en relación a los efectos de las tareas comunitarias quisiéramos señalar una cuestión vinculada a los procesos de resignificación, oposición (o resistencia) efectuados por los jóvenes y las jóvenes que refiere al modo en que las tareas comunitarias pueden tener un fin moralizante, en distintos grados de concentración y violencia, o bien ejercerse en términos instrumentales con el objeto de evitar un castigo mayor. Si bien podemos pensarlas como un proceso de autoregulación interna que se busca promover en el joven desde las instituciones comunitarias, guiando su conducta en un sentido determinado por reglas (^{Durkheim, 1971}), para que el cumplimiento de esas reglas de acción predetermine la conducta de los y las jóvenes es preciso que estos últimos las realicen no para impedir otro tipo de pena sino como fin en sí mismo. De otro modo, las fuerzas morales perderían su sacralidad, ese «no sé qué» que impone el respeto a la norma e impulsa a «conducirse con continuidad, según principios constantes superiores a los impulsos y sugestiones casuales» (^{Durkheim, 1971}, p. 57). En tal sentido, pudimos advertir que los discursos juveniles a favor de las medidas alternativas se presentaron, ante todo, como discursos contra el encierro. Aquí el carácter «alternativo» de las medidas se revela como falaz pues, como sostiene Pavarini, «siguiendo esta estrategia, se crea una circularidad entre la cárcel y ‘algo diferente de’ la cárcel misma. Por esta vía, no se libera de la necesidad de la cárcel; al contrario, se afirma, de otra manera, su esencialidad» (^{Pavarini, 1999}, p. 80). O, como agregaría Baratta: «todo reformismo tiene sus límites si no forma parte de una estrategia reduccionista a corto y mediano plazo y abolicionista a largo plazo respecto a la institución misma» (1990, p. 379).

Por todo lo dicho anteriormente, nos animamos a afirmar que más que de medidas «alternativas» se trata de medidas no privativas de libertad. Tal afirmación conlleva la limitación de realizarse sobre la base de los significados atribuidos a las medidas por parte de sus destinatarios/as y no del conjunto de actores (institucionales, comunitarios, judiciales, familiares, etc.) que constituyen el dispositivo.¹³ Sin embargo, creemos importante relevar la voz de los jóvenes y las jóvenes, sus formas de sentir y de pensar, en torno a dichas medidas como preferibles al encierro. En tal sentido, creemos que la pregunta que debemos hacernos en torno a los discursos juveniles que subrayan su predilección por las medidas alternativas es por el alcance de sus efectos descriminalizantes. En este punto seguimos a ^{Park (2008)} quien nos invita a pensar si el problema de status que les genera el hecho de reconocerse frente a la comunidad como teniendo que cumplir tareas comunitarias o arresto domiciliario puede impulsarlos a refugiar en la subcultura delictiva. Allí donde los valores que suponen el fracaso de los/as jóvenes rechazados pueden ser respetados; o, considerando que la conducta de los/as jóvenes se halla influenciada por la opinión pública del vecindario en tanto los obliga a actuar de acuerdo a sus códigos y reglas, si acaso la actitud receptiva hacia ellos/as en el marco del cumplimiento de dichas medidas puede posibilitar que su identidad desacreditada mejore y la comunidad comience a respetarlos/as y tratarlos/as como a un par más.