Introducción

Los y las jóvenes -especialmente varones- de sectores populares, participen o no en actividades ilegales como robos, enfrentamientos físicos con la utilización de armas de fuego, en los eslabones más débiles del mercado de drogas¹ ilegalizadas², constituyen un grupo social que tradicionalmente ha sido objeto específico de control, regulación, administración y gobierno policial³; lo anterior, a través de prácticas constituidas por una multiplicidad de formas de hostilidad, humillación y maltrato. Estas prácticas moldean las rutinas y trayectorias de estos jóvenes -así lo han demostrado una serie de estudios en el contexto local: ^{Cozzi (2014)}, Cozzi (2019), Cozzi, Mistura y Font (2015), ^{Montero (2010)}, ^{Pita (2019)}, ^{Plaza-Schaefer (2018)}, ^{Zavaleta, Kessler, Alvarado y Zaverucha (2016)}- e involucran formas de violencia(s) dotadas de mayor o menor intensidad represiva -tal como señalan Pita (2010) y ^{Tiscornia (2008)}-, algunas legales, otras ilegales, pero no siempre consideradas ilegítimas.

Ahora bien, también se identifican diversos tipos de intercambios, negociaciones o «arreglos» entre policías y jóvenes. En este sentido, la policía tiene un rol clave en la forma en que se desenvuelven o se desarrollan determinados mercados ilegales; por ejemplo, compra y venta de armas de fuego y municiones o el de drogas ilegalizadas. Es decir, no se puede comprender la configuración particular y específica de ciertos mercados ilegales sin tener en cuenta esta «interacción decisiva» (tal como señala ^{Hirata & Grillo, 2019}). Dichos intercambios, negociaciones o arreglos se dan en el marco de una relación -más o menos asimétrica- de poder, que a veces resultan reprochados o censurados por los propios jóvenes y las propias jóvenes; en cambio, en otras oportunidades son aprobados y, de algún modo, avalados. Es decir, son concebidos, definidos e interpretados de manera diversa.

La discusión sobre las distinciones entre legalidad e ilegalidad/legitimidad e ilegitimidad de diversas actividades e intercambios, que colocan ^{Telles (2009)}, ^{Pita, Gómez y Skliar (2017)} y ^{Misse (2007)} resulta especialmente productiva. Telles (2009) señala la existencia de fronteras inciertas o porosas -y en disputa- entre lo legal e ilegal e ilícito; afirma que los individuos negocian los parámetros de lo aceptable y los límites de lo tolerable; es decir, los criterios de plausibilidad moral. Pita et al. (2017), por su parte, también indican la existencia de fronteras porosas entre lo legal e ilegal. Advierten que ello no necesariamente implica la existencia de espacios sociales sin reglas, de pura arbitrariedad o desregulación, sino más bien se trata de una zona gris, en la cual se genera una regulación propia, resultando la misma legalidad objeto de intercambio, de diversos tipos de acuerdos inestables y precarios, siempre reactualizados. Finalmente, Misse (2007) propone prestar atención al tratamiento social diferencial de los intercambios en mercados formales e informales, legales e ilegales; es decir, analizar cómo y por qué diferentes sectores sociales separan o distinguen -dentro y fuera de los códigos penales- lo que puede ser aceptado o tolerado en una relación de intercambio. Esto es, la tolerancia a ciertos ilícitos y, por otro lado, los que son considerados ilícitos e ilegítimos y, por tanto, no aceptados o rechazados.

Propongo analizar la distinción que realizan jóvenes que participan en actividades ilegales en un barrio popular de la ciudad de Rosario entre «trabajar» y «arreglar» con la policía, ya que estas categorías nativas dan cuenta de variadas formas de relacionarse o vincularse con la policía y, al mismo tiempo, iluminan prácticas policiales y valoraciones sociales que de algún modo las hacen posibles. Prestando atención también a las diversas posiciones de poder que condicionan o configuran las formas y términos de esos intercambios o negociones.

El artículo está organizado de la siguiente manera: primero, se menciona cómo se realizó el trabajo de campo, se señalan algunas cuestiones metodológicas y cómo fue el proceso de análisis de la información. En segundo lugar, se analiza la distinción que realizan los y las jóvenes entre arreglar y trabajar con la policía, prestando atención a la variedad de prácticas y representaciones nominadas con esas categorías y las diversas valoraciones morales involucradas. Seguidamente, se analizan los términos de la negociación, teniendo en cuenta que se da en el marco de una relación asimétrica de poder. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

De la investigación y algunas cuestiones metodológicas

La investigación sobre formas de vinculación entre los y las jóvenes de sectores populares (que participan o no en actividades ilegales) y policías en la que se basa este artículo fue iniciada en el marco de un proyecto⁴ ejecutado por la que fuera Secretaría de Seguridad Interior de la Nación Argentina, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, implementado en barrios de la ciudad de Santa Fe, desde mediados del año 2008 a fines del año 2010.⁵ El objetivo del proyecto era promover el diseño e implementación de políticas de seguridad integrales, con énfasis en la prevención social, que reconozcan la complejidad y multicausalidad del fenómeno (^{Font, Ales, & Schillagi, 2008}).

A mediados del año 2009 comencé a trabajar como funcionaria en la Secretaría de Seguridad Comunitaria, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, función que ocupé hasta principios del año 2011. Desde esa área estatal con el equipo de la Secretaría de Seguridad Interior implementamos una serie de estrategias de inclusión social con jóvenes para la prevención del delito y reducción de la(s) violencia(s), realizadas en los mismos barrios en los que se venía implementando el mencionado proyecto, a los que se sumaron tres barrios de la ciudad de Rosario. Con el tiempo, dichas estrategias constituyeron una de las principales líneas de trabajo y conformaron el «Programa de inclusión sociocultural con jóvenes para la prevención del delito y reducción de la violencia», implementado desde fines del año 2009 a fines del año 2011 (^{Font, Cozzi, & Broglia, 2011}).

Durante esos años, trabajé en barrios populares de Rosario y conocí a algunos jóvenes y algunas jóvenes que participaban en actividades ilegales (robos, tareas ligadas al mercado local de drogas ilegalizadas, enfrentamientos físicos con la utilización de armasde fuego). No fue nada fácil vincularme con ellos y ellas, para lo cual se emplearon diversas estrategias. En líneas generales, el contacto inicial se realizó en los lugares donde estos y estas jóvenes habitualmente estaban, a través de referentes barriales que los y las conocían y funcionaban como una especie de «traductores y traductoras locales» de nuestra propuesta. La presencia sostenida en los barrios resultó un elemento clave en términos de construcción y consolidación de vínculos de confianza.

A principios del año 2011 obtuve una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por lo que renuncié al cargo en la Secretaría de Seguridad Comunitaria; sin embargo, continué realizando actividades de investigación, manteniendo el vínculo con varios grupos de jóvenes y referentes sociales. Así iniciaba una segunda etapa del trabajo de campo, ahora como investigadora de la universidad. Entonces tuve que aclarar mi «nueva» pertenencia institucional y cómo habían cambiado los motivos de mi presencia e incluso mi vínculo de trabajo.

Durante los años 2012 y 2013 visité esporádicamente uno de los barrios y a algunos y algunas referentes y grupos de jóvenes que ya me conocían. Algunas veces se dieron encuentros casuales con los y las jóvenes y nos quedamos charlando varias horas en espacios públicos que suelen habitar de manera cotidiana (esquinas, pasillos, plazas, canchas de fútbol) o en los patios de sus casas. En otras oportunidades, las visitas fueron coordinadas con anterioridad. Durante los años 2014 y 2015 las idas al barrio se hicieron mucho más frecuentes, llegando a veces a más de una por semana.

Si bien el trabajo de campo estuvo en gran parte centrado en conocer, contactar, conversar, entrevistar (individual y grupalmente) y compartir diversas actividades y situaciones con los y las jóvenes que participaban de actividades delictivas, significó también muchas otras tareas. Durante los años 2014 y 2015 conocí y entrevisté a otros jóvenes y otras jóvenes del barrio que no participaban de manera directa en esas actividades. Las conversaciones se dieron en la escuela secundaria del barrio o en otros talleres de capacitación para jóvenes. Realicé, además, una serie de entrevistas a otras personas que viven en el barrio -algunas y algunos de ellos referentes barriales-, a personas que trabajan o trabajaron en distintas instituciones del lugar (escuelas, centro de salud, áreas sociales), al comisario que estuvo varios años a cargo de la subcomisaría y a personas que, sin vivir ni trabajar en el barrio, tenían un conocimiento particular (me refiero a periodistas de policiales y abogados y abogadas penalistas).

Los modos de presentarse configuran la escena donde las historias se cuentan, así quién presenta modifica significativamente la puerta de entrada de la investigación (^{Feltrán de Santis, 2011}). Sin lugar a dudas, las distintas pertenencias institucionales desde las cuales desarrollé el trabajo de campo colaboró y facilitó mi entrada, pero, al mismo tiempo, me ubicó en un lugar particular, no neutral, que requiere ciertos cuidados y reservas (^{Tiscornia, 2008}). Es decir, la forma en que construí los vínculos con estos y estas jóvenes me permitió ver y conocer algunas cuestiones y no otras.

Sin embargo, permanecer durante casi seis años me permitió observar e interactuar en situaciones (en un encuentro casual en la calle, en un taller de emprendimientos productivos, ante un hecho de violencia policial, entre otras) que no son obviamente todas las de la vida social de los y las jóvenes, pero que son significativas en cuanto a su variedad y diversidad. Mantener vínculos con los y las jóvenes durante todo ese tiempo me habilitó un contexto de confianza, me permitió conocer y comprender entre otras cuestiones sus experiencias y a partir de ahí reconstruir prácticas, representaciones y valoraciones ligadas a sus interacciones o formas de vinculación con la policía.

Combiné diversas técnicas de trabajo de campo usuales en la sociología y la antropología; desde un abordaje predominantemente cualitativo, tales como observación participante, entrevistas semiestructuradas y entrevistas en profundidad, algunas de ellas orientadas con técnicas de historia de vida, convirtiendo todo este material en registros escritos. De ese modo, reuní un conjunto significativo de datos, algunos de los cuales son analizados en este texto. Para la realización de este artículo revisé y procesé ese corpus de datos (entrevistas y notas de campo) a partir de algunas dimensiones analíticas que me permitieron reconstruir las formas de interacción entre jóvenes y policías, prestando atención a las categorías nativas utilizadas para nombrar y explicar esas particulares relaciones sociales, colocando en dialogo con teorías preexistentes.

«Trabajar» y «arreglar» con la policía: diversas formas de interacción

Las prácticas policiales constituidas por detenciones, demoras, golpes e insultos tienen una presencia significativa en las rutinas y trayectorias de los y las jóvenes. En este sentido, detallaron en más de una oportunidad cómo fueron detenidos, molestados, registrados, palpados, cacheados por la policía, restringiendo su movilidad; especialmente, cuando intentaban circular por algunas zonas de la ciudad. Es decir, la circulación de estos y estas jóvenes por «fuera» del barrio resultaba a veces restringida, entre otras cuestiones, por prácticas policiales de hostigamiento autorizadas o habilitadas por facultades que les otorga la ley para detener a personas con el objetivo de averiguar su identidad⁶. Experiencias de humillación y maltrato emergen de manera extremadamente marcada en los relatos acerca de sus encuentros con la policía.

A lo largo de la investigación registré una serie de relatos yuxtapuestos de manera extendida con relación a las prácticas de la policía en su interacción con jóvenes del barrio. Se mencionaba de manera reiterada que la policía «está con los narcos»⁷ y que, en cambio, «molestan» [detienen, insultan, humillan, golpean, hostigan] a los y las jóvenes, participen o no en actividades ilegales. Es decir, los «narcos» aparecieron, de algún modo, protegidos por la policía, protección que les permite construir cierto poder y posicionarse mejor para negociar con este actor estatal.

Algunos grupos del barrio ligados a este mercado ilegal fueron caracterizados como quienes comenzaron a vincularse de una manera novedosa con algunos y algunas policías; es decir, ya no se trataba de los tradicionales arreglos para no ser detenidos o permanecer presos, sino que ellos «trabajaban con la policía». Ello hace referencia, como veremos, a arreglar previamente para que les permitan o faciliten el desarrollo de determinaba actividad ilegal, siendo parte de la organización, compartiendo riesgos y ganancias. Esto apareció fuertemente censurado y desaprobado entre algunas personas del barrio, especialmente, entre personas más grandes que habían participado siendo jóvenes de actividades ilegales más ligadas al robo, refiriéndolo como una ruptura de códigos. Así, antiguos ladrones que conocí durante la investigación sostuvieron que ellos, a diferencia de otros grupos, cayeron (fueron detenidos) porque nunca quisieron «trabajar con la policía». Uno de ellos resaltó en varias oportunidades: «nunca quise trabajar con la policía para vender [drogas], porque yo soy delincuente⁸ no tengo que arreglar con la policía, por mi orgullo, yo arreglo con la policía y dejo de ser lo que soy, soy un vigilante, estoy trabajando con la policía, ¿me entendés?»

La censura de este tipo de arreglos, en el relato de algunos ladrones, aparece vinculada a dos órdenes de motivos. Por un lado, más vinculada a una censura moral, el honor del ladrón, del «delincuente» que no trabaja con la policía. Y, en un segundo lugar, los motivos que argumentaron estuvieron vinculados a razones más prácticas: no querer depender de la policía, poder ser independiente y salir y entrar en el mercado ilegal cuando decidan. Aparecía así la mala experiencia de compañeros y compañeras; es decir, pretendían evitar los riesgos que conllevaba este tipo de vínculos con la policía, riesgos que son conocidos y que eran parte de la experiencia social acumulada.

Sin embargo, no todo pareciera ser mero sometimiento con relación a los y las jóvenes; es decir, los relatos de jóvenes de ser molestados por la policía convivían, a su vez, con otros que daban cuenta de cómo también participaban de otro tipo de intercambios; es decir, los y las jóvenes, además de ser hostigados, también arreglaban o trabajaban con la policía. A través de estos diversos tipos de intercambios, negociaciones (en algunos casos, más o menos forzados) y arreglos entre policías y jóvenes se persiguen, prohíben, permiten, toleran o promueven el comportamiento de personas o grupos sociales y el desarrollo de diversas actividades o prácticas. La posibilidad de arreglar da cuenta de las modalidades de vinculación entre policías y jóvenes, y permite advertir que no siempre estas están signadas por puro sometimiento sin agencia, sino que antes bien existe en algunos casos la posibilidad de negociar (aunque no está de más decir, con variados y limitados grados de autonomía y libertad). La siguiente situación etnográfica da cuenta de algunas de estas cuestiones:

A fines del año 2015, una noche Tattú⁹ (un joven de unos treinta años que hacía algunos años había participado de algunos robos y en ese momento coordinaba un taller de herrería para trabajar con jóvenes) me llamó muy asustado. Lo habían detenido a Brian, un joven del barrio, junto a Paola su novia. «Lo detuvieron a Brian y no aparece por ningún lado; no sé qué hacer», me dijo apenas atendí el teléfono. Lo tranquilicé, le pedí detalles de lo ocurrido y le dije que me iba a poner en contacto con la defensa pública.

Según contó Tattú, Brian y Paola habían salido esa tarde en moto a robar cerca del barrio; los habían detenido y llevado a una comisaría de la zona. A Paola la liberaron rápidamente por ser menor de edad. La joven fue inmediatamente a avisarle lo sucedido a Mirta, la mamá de Brian. Mirta fue hasta la comisaría a buscarlo apenas supo de la detención. Al llegar observó cómo un policía se estaba yendo con la motocicleta de Brian, lo increpó y evitó que se la llevara. Le dijo que esa motocicleta era de su hijo, que ella tenía los papeles para demostrarlo y le pidió información sobre la detención.

El policía guardó nuevamente el vehículo dentro de la comisaría y le dijo a Mirta que preguntara en la guardia, que él no sabía nada. En la guardia, otros policías le comunicaron que ya se le había otorgado la libertad al joven; «en el libro está firmado su egreso», le dijeron. Con el correr de las horas Mirta seguía sin poder dar con Brian, entonces, fue hasta la casa de Tattú a pedirle ayuda y él decidió llamarme.

Luego de hablar con Tattú, me comuniqué con el secretario del defensor público provincial, a quien conocía de la facultad. Le conté lo que había pasado, con todos los detalles que me había trasmitido Tattú. El secretario escuchó atentamente todo el relato y mencionó preocupado: «pásame los datos del joven y ya nos ponemos a averiguar qué pasó, voy a hablar con el defensor de turno y con fiscalía, es importante moverse rápido». La noticia con la desaparición de Brian se hizo pública y varios referentes políticos y sociales de la ciudad exigían en las redes sociales su aparición con vida.¹⁰

Volví a llamarlo a Tattú, lo puse al tanto de las gestiones y le pregunté: «Tattú, ¿Brian no estará amanecido¹¹ con algún amigo?» Tattú se rió y me respondió: «no sé, lo único que sabemos es que no aparece por ningún lado, sus amigos no saben nada». Al día siguiente, cerca del mediodía, Brian volvió a su casa; efectivamente había pasado toda la noche en la casa de un amigo con quien se había encontrado apenas lo liberaron. Recién ahí se enteró de toda la movida que se había generado en su búsqueda, porque no llevaba consigo su celular. El día anterior, Brian había arreglado con los policías de la comisaría, les había dejado su moto a cambio de que no le iniciaran una investigación judicial por el intento de robo. Según contó Tattú, Brian se enojó mucho con su mamá porque, a partir de la intervención de la defensa pública y de la fiscalía, finalmente los policías «le tuvieron que abrir una causa por robo, para cubrirse».

Brian había decidido intercambiar su motocicleta para evitar que la policía le iniciara una causa penal por un delito de robo, como hubiera legalmente correspondido al ser detenidos junto a su novia; tal como sucedió, paradójicamente, luego de la intervención de la defensa pública. De este modo, al arreglar con la policía lo que se negocia es la no aplicación de la ley o su suspensión. De similar manera, lo han relevado una serie de estudios sobre formas de interacción entre policías y vendedores ambulantes en ciudades de Argentina y Brasil (^{Pires, 2013}; ^{Pita et al. 2017}).¹²

Los relatos de ese tipo de negociaciones eran frecuentes entre los y las jóvenes del barrio y aparecían, de alguna manera, como avalados o permitidos. ¿Qué significa entonces arreglar con la policía? ¿Qué arreglos están permitidos y cuáles te convierten en un vigilante y están, en consecuencia, censurados o mal vistos? Esta distinción resulta importante porque hace a formas de relacionarse y vincularse prohibidas, permitidas y habilitadas en este sistema de reglas. En este sentido, arreglar (intercambiar dinero, bienes o favores) con policías en el momento de la detención para evitar ser o permanecer detenido, avances en la investigación penal o morigerar la situación procesal, aparece permitida o, al menos, no censurada.¹³ En cambio, trabajar con la policía, esto es, arreglar previamente, a través de un intercambio de bienes, servicios, dinero, favores, información que permitan, faciliten o dificulten el desarrollo de determinaba actividad, integrando de algún modo la organización, compartiendo riesgos y ganancias -como lo harían los narcos- resulta fuertemente censurado.

La categoría analítica mercancía política de Misse (2017) al referirse a las extorsiones y las redes de protección (que se desarrollará en el próximo apartado) resulta útil para analizar estos intercambios entre policías y jóvenes. Especialmente, porque el autor abstrae del análisis la dimensión moral para comprender esos procesos sociales y, en consecuencia, le permite constatar «un continuum de variación sobre el mismo diapasón, aquél que va de la negociación moralmente ambigua hasta la más reprochable» (^{Misse, 2017}, p. 42). Resulta productivo analizar los diversos arreglos con la policía como intercambios, aunque criminalizados, a veces permitidos, legitimados, tolerados, mientras que otras veces fuertemente repudiados; «no es lo mismo arreglar, que trabajar con la policía», diferenciaban los y las jóvenes.

«La policía tendría que dejar de molestar a los guachos [jóvenes] y agarrar a los narcos, no estar con ellos»: los términos de la negociación

Además de esas distinciones morales, otra cuestión resulta relevante para pensar las interacciones entre policías y jóvenes: las diferentes posiciones de poder que configuran los términos de esa negociación. Como señalé, en el barrio se mencionaba de manera reiterada que la policía «está con los narcos» y que, en cambio, «molestan» a los y las jóvenes, participen o no en actividades ilegales. Estos relatos aparecieron especialmente entre los y las jóvenes, quienes se quejaban de que «la policía está con ellos [refiriéndose a grupos ligados al mercado de drogas ilegalizadas] y nos tienen bronca a nosotros»; aunque, cómo vimos, no todo era puro sometimiento, sino que también había de manera frecuente espacios de negociación.

Ahora bien, los relatos de ese tipo de negociaciones entre jóvenes y policías eran contadas como situaciones con menos margen de libertad y autonomía que las de los antiguos ladrones y, especialmente, que la de los narcos. En este sentido, los y las jóvenes caracterizaron estas situaciones como casi obligadas o forzadas por parte de los policías, especialmente los que pertenecen al Comando Radioeléctrico¹⁴. «Si vas a comprar droga y te cruzás con los del comando, tenés que darle la droga, no te queda otra», contó uno de los jóvenes. «Te dicen, “seguime”, te llevan debajo del puente; “bueno, dame esto, esto y andá”; te sacan la droga y te dejan ir, no podés hacer nada», se lamentó otro joven. «Te agarran el revólver, te lo sacan, se lo quedan ellos y así no te llevan preso», agregó otro joven.

Pareciera así que algunos y algunas jóvenes participan de este tipo de intercambios con la policía en un marco de mayor asimetría de poder que otros (los narcos, por ejemplo). Si bien trabajar con la policía te convierte en un «vigilante», un «cagón», un «buchón», al mismo tiempo te permite acceder a un tratamiento diferencial, a cierta pro tección, adquirir cierto estatus de protegido; y, esto otorga mayor poder que el resto de los grupos: «te hace intocable», al menos por un tiempo. Es decir, esa protección policial les permitía a los narcos desarrollar ciertas actividades ilegales sin temor a ser detenidos, casi sin consecuencias, contar con información valiosa y acceder a más y mejores armas de fuego y municiones, entre otras cuestiones. No obstante, no es un poder que los ubica por encima de otros de una vez y para siempre, sino que se puede perder; los acuerdos con la policía se pueden romper y con ello la protección de la que se gozaba. El intercambio con la policía aparece, entonces, en el marco de una relación más o menos asimétrica de poder.

Volviendo a ^{Misse (2007}, 2017), la categoría analítica «mercancía política» resulta útil para analizar estos intercambios entre policías y jóvenes. El autor llama la atención a que este tipo de intercambio se da necesariamente en el marco de una relación asimétrica de poder, en la cual se suelen negociar las condiciones del intercambio desde un lugar de subordinación. Es decir, la categoría de mercancía política abarca un conjunto de prácticas de intercambio que necesariamente involucra una relación asimétrica de poder. La policía se apropia del plus de poder que le confiere su función, en tanto revestido de estatalidad; la vende, la negocia para, por ejemplo, ofrecer protección a determinados grupos permitiendo que desarrollen sus actividades sin mayores consecuencias y perseguir penalmente a otros, «los que no trabajan con la policía». El cálculo económico queda así, subordinado al cálculo de poder (aquí llamado cálculo político) y aun cuando el resultado del intercambio pueda ser, la mayoría de las veces, económico, sus condiciones de posibilidad son extraeconómicas.

^{Misse (2007)} destaca así el importante rol que han desempeñado grupos de policías (entre otros agentes del Estado) en la configuración de determinadas formas de organización de la criminalidad en Río de Janeiro; es decir, señala el lugar del Estado en la formación y estructuración de esos mercados. Advierte, entonces, la yuxtaposición de dos mercados ilegales uno que ofrece bienes económicos ilícitos (drogas, por ejemplo) y otro que lo parasita imponiendo el intercambio de mercancías políticas.

En sentido similar, ^{Telles (2012)} señala los efectos de poder que tienen las leyes y los códigos formales para condicionar el modo en que ciertos mercados, prácticas o actividades se estructuran. La autora señala que las leyes circunscriben campos de fuerza y de disputa que se dislocan, se redefinen y se rehacen conforme a la vigencia de variadas formas de control, administración y, sobre todo, de los criterios y procedimientos de criminalización de esas prácticas y actividades, oscilando entre la tolerancia a la transgresión y la represión, «conforme contextos, micro-coyunturas políticas y relaciones de poder que se configuran en cada caso» (p. 62). La policía es parte de la red de intercambio y trafica un bien muy particular (las mercancías políticas), definiendo en gran medida los modos cómo esos mercados se organizan y se distribuyen en los espacios urbanos (^{Misse, 2007}), ya que participa e integra las redes de relaciones que lo constituyen.

No obstante, no todos están en las mismas condiciones para establecer los márgenes de la negociación; difiere en relación a la posición -siempre inestable y cambiante- que ocupan en esta red de relaciones. Es decir, no todas las personas o grupos sociales están en las mismas condiciones para negociar y arreglar con la policía.¹⁵ Tal como menciona ^{Pita (2017)}, ilegalidad y fragilidad ante la autoridad policial no significa lo mismo para todos. Algunos grupos lograron una posición, poseen dinero y bienes, cuestiones que les permiten construir una relación menos asimétrica que otros; es decir, con una mejor posición en la negociación, al menos por un tiempo.

^{Pires (2010)}, de similar modo, señala que al interior del mundo de los vendedores ambulantes no todos están en las mismas condiciones para negociar con la policía. Menciona la existencia de los denominados capos que se encuentran en una posición más ventajosa, por dos órdenes de motivos. En primer lugar, esta posición es alcanzada en virtud de la antigüedad en la actividad, por aspectos morales asociados a la persona, como, por ejemplo, la generosidad y en función de sus capacidades de negociación con diversos actores, entre ellos la policía; cuestiones que podemos encontrar, en nuestro caso, en los antiguos ladrones. En segundo lugar, en cambio, aparecen aspectos ligados a la mayor rentabilidad de la actividad que desarrollan y a que mantienen íntimas relaciones con la policía; relación de proximidad que generaba que fueran vistos como detentores de otro tipo de poder, tal como sucede, en nuestro caso, con los narcos.

En cambio, pareciera que los y las jóvenes se relacionan con la policía, negocian o arreglan, desde un lugar de mayor subordinación, ligada a la posición desventajosa que ocupan. Esta es una de las interpretaciones posibles del relato extendido ligado a que «la policía está con los narcos y molesta a los pibes». Insistimos, el planteamiento de ^{Misse (2007)} resulta productivo para comprender estos intercambios. Sostiene el autor que este tipo de intercambio se da necesariamente siempre en el marco de una relación -más o menos (podemos agregar)- asimétrica de poder, en la cual se suelen negociar las condiciones del intercambio desde un lugar de mayor o menor subordinación; y esto es así porque los policías participan desde el lugar de privilegio que le confiere su función; se apropian del plus de poder al estar revestido de estatalidad; lo venden, lo negocian.

Conclusiones

En este artículo se indagó acerca de las acciones, prácticas y representaciones de la policía, atendiendo a su desempeño diferencial sobre actividades, grupos y sujetos sociales específicos (^{Fassin, 2016}; ^{Misse, 2007}; ^{Telles, 2009}). En este sentido, se advirtió que los y las jóvenes -especialmente varones- de sectores populares, que participan o no de actividades ilegales, constituyen un grupo social que tradicionalmente ha sido objeto específico de control, administración y gobierno policial, a través de una serie de prácticas constituidas por una multiplicidad de formas de hostilidad, humillación y maltrato. Estas prácticas policiales moldean las rutinas de estos y estas jóvenes (^{Cozzi, 2014}; ^{Kessler, 2004}; ^{Montero, 2010}) e involucran diversas formas de violencia, de mayor o menor intensidad represiva (^{Pita, 2010}; ^{Tiscornia, 2008}).

Al mismo tiempo, se producen diversos tipos de intercambios, negociaciones (en algunos casos, más o menos forzados) y arreglos entre policías y jóvenes; a partir de los cuales, los policías persiguen, prohíben, permiten, toleran o promueven el comportamiento de personas o grupos o el desarrollo de diversas actividades, prácticas o intercambios. La policía, entonces, es parte integrante de esa densa trama de relaciones sociales y trafica un bien muy particular: las mercancías políticas, en términos de ^{Misse (2007)}, teniendo así un rol clave en la forma como se desenvuelven y desarrollan determinadas actividades o prácticas, como también determinados mercados ilegales, en estos espacios sociales.

El planteo de ^{Misse (2007)} resulta productivo para comprender estos arreglos o negociaciones entre jóvenes y policías. Sostiene el autor que este tipo de intercambio se da necesariamente siempre en el marco de una relación asimétrica de poder, en la cual se suelen negociar las condiciones del intercambio desde un lugar de mayor o menor subordinación; y esto es así porque los policías participan desde el lugar de privilegio que le confiere su función; se apropian del plus de poder que le otorga su función al estar revestidos de estatalidad, vendiéndolo o negociándolo. Estos intercambios, arreglos y negociaciones a veces resultan reprochados o censurado incluso por las propias personas que participan. En cambio, en otras oportunidades, son aprobados y, de algún modo, avalados. Es decir, han sido concebidos, definidos e interpretados de manera diversa por los y las jóvenes del barrio. Así, otra de las variaciones significativas en este espacio social, relatadas de manera frecuente por jóvenes del barrio, está vinculada precisamente a novedosas formas de relacionarse y vincularse con la policía y fuerzas de seguridad.

En este sentido, distinguen entre arreglar -el modo tradicional de vincularse con la policía- y trabajar -en tanto forma novedosa de intercambio-. Ese trabajar con la policía difiere de los arreglos permitidos; es decir, no se trata de negociar para evitar ser detenidos o permanecer presos o para intentar mejorar la situación legal, sino más bien que se negocia, se acuerda, para desarrollar ciertas actividades -principalmente ligadas al mercado de drogas ilegalizadas- sin ser molestados y, en algunos casos, participar juntos en el negocio, compartiendo riesgos y ganancias. Esto apareció fuertemente censurado y desaprobado entre los jóvenes.

No obstante, ese modo novedoso de relacionarse les permitió a los grupos que trabajan con la policía posicionarse por encima del resto, ya que la protección policial les permitía desarrollar el negocio sin temor a ser detenidos, casi sin consecuencias, contar con información valiosa y acceder a más y mejores armas de fuego y municiones, entre otras cuestiones. Esa protección policial de algún modo «los hace intocables», al menos por un tiempo; es decir, no es un poder que se acumula de una vez y para siempre, sino que se puede perder; ello dado que los acuerdos con la policía se pueden romper y, con ello, la protección de la que se gozaba. Así, el intercambio con la policía ocurre siempre necesariamente en el marco de una relación -más o menos- asimétrica de poder.

Cuestión que permite poner en discusión, además, algunas imágenes sociales que circulan sobre el delito y algunos de sus protagonistas, producidas y reproducidas por diversos actores sociales. Es decir, en el contexto en el cual se desarrolló la investigación algunos barrios de la ciudad de Rosario eran presentados como territorios «ocupados» y «gobernados» por grupos narcos en los cuales el Estado no podía ingresar y que estos grupos, de algún modo, le disputan poder al propio Estado. Si bien los grupos que trabajan con la policía cuentan con mayor poder, ese poder es frágil ya que depende de mantener determinado acuerdo con la policía, siempre desde un lugar de asimetría. Es decir, la policía es otro actor que está jugando en este espacio social, que tiene un plus de poder dado por la propia estatalidad.