El archivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes como campo etnográfico

Entre los años 2011 y 2016 realicé tres terrenos de investigación en la sede del Instituto en Montevideo. En un esfuerzo por conocer el organismo a través del modo en que los actores vigentes lo conciben, la primera experiencia incluyó observación participante y entrevistas no directivas (^{Guber, 2011}), además del trabajo de revisión, relevamiento y sistematización de material de archivo al cual se consagró por completo la segunda y tercera visita.

El objetivo de mi investigación no es conocer la gestión actual del Instituto o evaluar si los programas que hoy impulsa son eficaces, sino hacer de su trayectoria una superficie de análisis que permita conocer y comprender los procesos de construcción del campo especializado de saberes e intervención que constituyó la protección de la infancia en América a lo largo del siglo XX. Por eso la decisión metodológica fue hacer del archivo del Instituto campo etnográfico. Esto significa, tal como ha señalado Eva Muzzopappa y Carla Villalta (2011), ubicar a los documentos en su contexto de producción para así tomar distancia de la ilusión positivista que los supone como un reflejo de la realidad y focalizar, en cambio, en las redes de relaciones que construyen y las estrategias de legitimación que sostienen. En otras palabras, la propuesta es hacer de los documentos una puerta de entrada para comprender la preocupación social por la infancia como una arena de disputas fruto de la cual la creación, estabilización y expansión del Instituto fue resultado. Por ello, entiendo los documentos como producciones sociales y como campos en tensión, alejándome de la búsqueda de una supuesta verdad que los trascienda, como ocurriría en orden a una metodología extractiva (^{Bosa, 2010}), para intentar, en cambio, reponer las redes de sentido construidas al momento de la creación de esos textos y de su concepción como herramientas dentro de un proyecto.

De la totalidad de documentos revisados en la investigación (mayor de la cual se desprende este artículo)¹ aquí me baso específicamente en el análisis del Boletín del Instituto. Se trata de su medio de difusión regular, con tiraje trimestral casi ininterrumpido desde 1927 hasta la fecha.² Al principio se trató de una plataforma de estudios descriptivos, informativos o estadísticos, cuya intención era configurar un panorama general de la realidad de las infancias locales en la región, así como compartir experiencias e incipientes medidas de intervención. Más tarde el Boletín sirvió como una arena de debates entre profesionales, tanto a nivel disciplinario como político, así como también se observa una posición más activa de parte de la dirección del Instituto, la cual, a partir de la década de los cincuenta incorporó una editorial para plasmar un posicionamiento institucional sobre lo publicado.

En los 63 boletines abarcados en la investigación mayor (1927-1989) se publicó un total de 1387 artículos. Entre ellos, el presente análisis se basa en los ensayos o sistematizaciones de resultados de investigaciones redactados por funcionarios del Instituto o agentes externos que tienen como objetivo canalizar los saberes que el Instituto produce y centraliza entre los Estados americanos.³ En la medida que el Boletín se dirige principalmente a los pares de quienes escriben (científicos, políticos y profesionales), entiendo que este tipo de publicaciones -las cuales he llamado «colaboraciones»- materializan una función central del organismo pues, para sus objetivos, de nada serviría producir y expandir una versión deseable de las infancias, si ella no lograra permear en el diseño e implementación de políticas especializadas en los contextos locales. La clave de lectura es abordar estos documentos como discursos prescriptivos; es decir, no constituyen un reflejo de las prácticas familiares ni de las prácticas de gobierno en los distintos momentos históricos, sino que son modelos que permiten vislumbrar lo que se entretejió como un deber ser respecto de las infancias, así como de sus modos de clasificación e intervención.

Así, lo que me interesa de las colaboraciones son los proyectos de construcción de las infancias regionales que ellas articulan y es ahí donde se enfoca el trabajo de categorización del contenido de los boletines. En la investigación mayor de la cual se desprende este artículo, dicha categorización se dividió en tres dimensiones: una dimensión institucional que apunta al proceso de mutua configuración entre el problema social y su dimensión material, es decir, los marcos jurídicos y administrativos que institucionalizan al problema social en la agenda pública; una dimensión disciplinaria que apunta a la emergencia y estabilización del campo específico de saberes que delimita a ese problema social; una dimensión productiva apunta al área de la realidad social que en un momento dado se vuelve problemática y dinamiza el afán transformador de las intervenciones.

Este artículo se concentra en la segunda de estas dimensiones y propone identificar y analizar el conjunto de científicos, políticos o profesionales que, en distintos momentos históricos, conformaron la trama de debates en el seno del Instituto. Han sido categorizados como expertos en tanto actores centrales de la sociedad de conocimiento, a quienes se supone la posesión del saber y del saber-hacer, y se ven confrontados a la experiencia de construir y resolver problemas sociales (^{Dubois et al., 2005}). Los distintos dispositivos que ellos constituyen configuran, en esa lógica, las formas legitimadas de intervención en el campo de lo infantil, al mismo tiempo que abastece de las herramientas para su implementación a partir del diseño de diversos ideales, valores y saberes (^{Ihl et al., 2003}). De esos dispositivos se trata este artículo.

Protección de la infancia y saberes expertos: un panorama regional durante el siglo XX

Este apartado busca responder al objetivo de conocer y comprender los procesos de emergencia y estabilización de un campo de saberes que hicieron de la protección de la infancia un problema social en América a lo largo del siglo XX. Para ello (y a partir del análisis de los boletines del Instituto en base a la dimensión disciplinaria recién descrita), se sistematizan los tres dispositivos que, de forma preponderante, sostienen la lógica del modelo preventivo que caracterizó la prédica del Instituto durante ese periodo: dispositivo médico-social, dispositivo psicosocial y dispositivo estadístico-social.

El dispositivo médico-social

Las primeras décadas del siglo XX fueron decisivas para la configuración del movimiento americano de protección de la infancia. Éste emergió en el espacio habilitado por una serie de procesos de secularización y profesionalización, concomitantes a las demandas de mayor presencia estatal en los esfuerzos por alcanzar el progreso en la región. En esos años, preocuparse por la infancia era un distintivo de las sociedades civilizadas, difícil panorama en una región poblada de niños y niñas campesinos, indígenas y pobres como era Latinoamérica. En este sentido, debemos considerar que la construcción de la infancia como preocupación social en el continente formó parte de una red de sentidos informada por criterios modernizadores, hacia los cuales se orientaron masivamente los proyectos de transformación de las realidades sociales.

Como bien sintetiza el comentario del médico chileno Arturo Baeza, durante el VII Congreso Panamericano del Niño (CPN) (México, 1935):

Casi todos los pueblos de América Latina presentan características semejantes, sobre todo en lo que se refiere a la cultura y manera de vivir de sus clases pobres, y es en este sentido donde la labor se hace más difícil, pues se necesita transformar la mentalidad ancestral de los pueblos y luchar contra la indiferencia manifiesta que ellos oponen con dura resistencia a todo cuanto significa modificar sus costumbres malsanas y hábitos perniciosos a la salud. (^{Baeza, 1936}, p. 556)

Transformar las mentalidades y modificar las costumbres de las infancias pobres y sus familias se volvieron estrategias prioritarias dentro del imaginario de progreso latinoamericano. En ese marco, y en coincidencia con la propuesta de ^{Nunes (2011)}, entiendo que la infancia fue concebida como algo germinal y moldeable, es decir, como un blanco idóneo para avanzar hacia la transformación regional. Estos esfuerzos supusieron la intervención de una serie de expertos sobre el presente infantil, quienes buscaron delimitar el futuro social, convirtiendo a la infancia en una «bisagra» que articulaba pasado, presente y futuro (^{Carli, 2002}).

Esta perspectiva permeó ampliamente los debates que justificaron la fundación del Instituto en 1927, así como su gestión al menos hasta fines de la década de 1940. En ese periodo, el organismo hizo circular un modelo preventivo de intervención, esto es, un modelo que, en base a los postulados de la eugenesia positiva, se orientó a la mejora científica de las condiciones de vida de niños y niñas, y justificó una serie de esfuerzos dirigidos a reformar el ambiente social y moral de sus familias (antes que a bloquear su reproducción, como ocurría en el caso de la eugenesia negativa, según el clásico trabajo de ^{Stepan, 1992}).

Este lamarckismo social del eugenismo puericultor francés fue introducido en Latinoamérica por el fundador del Instituto, el médico uruguayo Luis Morquio. Luego de una estadía en Francia a fines de la década de 1880, volvió a Uruguay con la convicción de que era necesario hacer de la pediatría un campo de estudio de lo social, así definido en sus palabras:

Del conocimiento individual, del hecho aislado, bien constatado, sacamos no solo los elementos que dirigen nuestra acción médica, en una forma más consciente, sino que surgen también indicaciones colectivas de profilaxis y de defensa. Es así como el médico, particularmente el médico de niños, salta de la clínica al medio social, porque ha aprendido a conocer las causas de las enfermedades y la manera de evitarlas. (Morquio, como es citado en ^{Gorlero, 1967}, pp. 50-51)

En estos términos, más allá de ocuparse del estudio y tratamiento de la enfermedad, Morquio promovía el seguimiento clínico del llamado «niño sano», con el fin de prevenir posibles desviaciones. Este modelo fue difundido en la Clínica de Niños de la Facultad de Medicina de Montevideo de la cual Morquio fue jefe y materializado en el Servicio Externo del Asilo de Huérfanos y Expósitos, del cual fue director. Ambos puestos asignados poco después de su retorno a Uruguay, en los cuales se consolidó como el más prominente traductor de la experiencia local para la escena internacional en el campo de la infancia de la época (^{Birn, 2006}, ²⁰⁰⁸). Si bien entonces los preceptos de esta disciplina comenzaban a aflorar en la región (y con especial fuerza en América del Sur con los trabajos, por ejemplo, de Luis Calvo Mackenna en Chile, Gregorio Aráoz Alfaro en Argentina o Arthur Moncorvo Filho en Brasil), Uruguay irrumpe como el epicentro de estos procesos, atribuibles en gran medida al doctor Morquio (^{Gorlero, 1967}, pp. 37-38).

Desde esta posición de centralidad, Morquio participó activamente en los procesos de expansión e instalación del modelo preventivo como herramienta determinante para el movimiento americano de protección de la infancia. La característica principal de este modelo fue hacer de la higiene un valor vinculado al orden y la salud pública, promovido a través de diversas estrategias de aconsejamiento, en un proceso denominado, de manera amplia, de medicalización (^{Colangelo, 2018}).

Para difundir estos preceptos fuera de la consulta médica, buena parte de la tarea fue confiada a las asistentes sociales. Pensemos que, así como la pediatría social y el higienismo, el trabajo social también tuvo un auge durante el primer cuarto de siglo XX, cuando empezó a institucionalizarse como una formación profesional en sí misma, herramienta de modernización de las prácticas filantrópicas y de ampliación de la presencia estatal en la coordinación del sistema de políticas de protección. En palabras de ^{Morquio (1929)} en el discurso pronunciado en la apertura del Primer Congreso Internacional de Protección a la Infancia (París, 1928):

Un elemento nuevo se ha incorporado a los servicios de asistencia y defensa social, que tiene hoy un papel preponderante (…): el Servicio Social, es decir, una institución independiente, autónoma, que tiene por objeto analizar cada caso individualmente, aportando o indicando los medios preventivos o efectivos, convenientes o necesarios, para prevenir el mal o para curarlo. Esta gran institución, que ha tenido su iniciativa en la América del Norte, satisface hoy la tendencia moderna, que busca, cada vez más, sustituir la Previsión a la asistencia; se ha generalizado en todas partes, como un progreso indiscutible. (p. 260)

De la mano de esta disciplina, las innovaciones en higiene y protección social se canalizaron en el caso social individual como método principal, una intervención de carácter presencial, de visita en los hogares o entrevistas en espacios educativos y sanitarios, aunque también a veces se organizara en medios indirectos como la propaganda escrita, cursos por correspondencia o películas. El rasgo común de estas acciones era la calidad del mensaje, concebido como simple y directo para llegar con facilidad a las familias de clases populares.

Este tipo de intervención cobró utilidad en diversos campos: la desocupación y orientación profesional del padre de familia, el desorden familiar, el estado civil irregular, la legitimación de los hijos, la insuficiencia de las necesidades básicas, el seguimiento en procesos de embarazo-parto-lactancia, el acompañamiento en los procesos de vinculación con centros de ayuda social, entre otros (^{Rojas, 2018}). En la base de esta intervención estaban los esfuerzos por disminuir la tensión entre la situación de aislamiento social y económico, muchas veces extremo, en la que se encontraban los niños y niñas y sus familias, así como la situación de vulnerabilidad y fragilidad que generalmente antecedían y alimentaban a las primeras.

Así lo planteó Julio Bauzá, entonces director del Servicio de Protección a la primera infancia en Uruguay, en un trabajo presentado en el V CPN (La Habana, 1927):

Se trata de un servicio otorgado por la sociedad a una parte de los miembros que la componen: por esto es «social», por cuanto que es la sociedad o el Estado que la comprende la que organiza los socorros a favor de aquellos que se encuentran en la situación del bañista que, sin saber nadar, pierde el pie y está a punto de ahogarse. (…) Tratar de reintegrar a la circulación social a aquellos elementos que se han separado, que no se han adaptado a su ambiente, que constituyen piezas más o menos corroídas en la máquina social, es también hacer «servicio social». Se trata de repararlas, ajustarlas, de colocarlas en condiciones de poder prestar nuevamente buenos servicios de hacer de ellas en lugar de escoria, un material utilizable. (^{Bauzá, 1928}, pp. 147-148).

Teniendo esto en cuenta, la emergencia y estabilización del modelo preventivo promovido en el Instituto por médicos y asistentes sociales durante la primera mitad del siglo XX debe ser leído a la luz del contexto histórico, considerando específicamente los modelos de administración de las relaciones de desigualdad producidas por los regímenes capitalistas en gestación. Entonces entendemos que dicho modelo no orientaba su carácter preventivo únicamente al ámbito de la salud, en cuanto se orienta también a la construcción de nuevas bases para la estabilidad social. Esto es así pues las ideas de civilización o progreso fueron configurando un paradigma de normalidad que cristalizó la insuficiencia y la marginalidad en la base de una matriz jerarquizante y clasificadora, que bastante colaboró a la naturalización de las desigualdades sociales en la región. En esa lógica, no solo la modernidad aparecía como inconclusa, sino también los propios sujetos, tendiéndose a moralizar el comportamiento social y económico de las familias, antes que a cuestionar los efectos del sistema.

El dispositivo psicosocial

Roberto Berro, el segundo director del Instituto, firmó el acuerdo que transformó al Instituto en un organismo especializado de la OEA en 1949, el mismo año en que el presidente electo de los Estados Unidos, Harry Truman, daba su discurso inaugural y formalizaba un compromiso con las que denominó «naciones subdesarrolladas» de Latinoamérica. La insuficiencia e incompletitud que las definían quedaron en buena medida ligadas a esa clasificación, renovando los sentidos de la idea de progreso. Como contraparte, el desarrollo se consolidó como un valor universal y homogéneo, y se transformó en objeto de deseo para los Estados de la región. Entonces consideraron que su atraso era un momento transitorio dentro de un proceso histórico natural, del cual podrían salir si lograban corregir sus economías según el modelo de las más avanzadas.

Pero es necesario recordar que el desarrollo no es solo una estrategia socioeconómica, sino también, tal como plantea Andrea ^{Giunta (2008)}, una estrategia cultural y discursiva, en un momento histórico en que el poder simbólico era un terreno en disputa permanente. Desde la perspectiva de esta historiadora, la Guerra Fría fue una guerra de metáforas que buscó diseñar un sistema de identificación; con lo cual, aunque libertad, democracia o desarrollo fueran dimensiones que se asociaban por oposición al comunismo, también fueron nociones que constituyeron un mapa de poder aparentemente neutro, incluso apolítico.

El circuito nucleado por el Instituto hizo un uso prolífico de este mapa de poder. Más aún, desde mi perspectiva, él mismo constituyó uno de los circuitos oficiales del sistema interamericano, donde esta guerra de metáforas se canalizó (^{Rojas, 2019}). Su fuerza cata-lítica, es decir, su rol como centralizador y difusor de prácticas y representaciones, era directamente coherente con este modelo. En ella se habían sustentado históricamente sus diferentes objetivos: perfeccionar los estándares morales, aumentar el bienestar, mejorar las instituciones o reformar los mecanismos de intervención. Así, entrada la segunda mitad del siglo XX, encontró nuevos argumentos para estrechar los lazos entre conocimiento y política, participando así de la consolidación de nuevas prácticas y categorías que tuvieran como objetivo el bienestar de las infancias de clases populares y sus familias.

En ese marco, en los boletines del Instituto se observa una redefinición de la tensión infancia-familia-Estado así como de las formas de su abordaje, con una consecuente ampliación de los procesos de especialización y profesionalización de los especialistas del circuito. Concretamente, se promovió una reestructuración de las prácticas del servicio social respecto del periodo precedente, ellas aún vectorizadas por las ideas de ajustar o evitar la desviación, pero no desde una perspectiva represiva sino conciliadora, que buscó fomentar una adaptación mutua entre las familias y la sociedad. De tal manera lo plantea de manera explícita Léa de Oliveira Gonçalves (1973) -estudiante de Servicio Social, ganadora del Concurso Elisabeth S. Enochs- en el XIV CPN (Santiago, 1973).

Lo regular, lo normal, es que el individuo se adapte a su medio y que provea sus necesidades y las de su familia. Tener necesidad de una ayuda cualquiera para cumplir tales deberes significa lo «anormal», lo irregular. Explicada de esta forma la oposición entre los dos polos es la expresión manifiesta de la simplicidad de las estructuras sociales existentes, en la cual la necesidad actual de cada uno de arreglarse por sí mismo, es transformada en virtud de la «responsabilidad de cada uno para consigo mismo». (p. 506)

Estas palabras nos sirven para acercarnos con bastante claridad al espíritu generalizado respecto de lo que se entendió como nuevos contenidos a introducir en la comunidad: la necesidad de adaptarse económica y socialmente para soportar lo mejor posible el peso de las circunstancias, así como la necesidad de ser responsable e integrarse adecuadamente en la comunidad. Por ende, el objetivo fue estimular el esfuerzo cooperativo y el deseo de superación de las familias. Como bien lo ilustra también el trabajo de José ^{Renán, Salud integral y medicina comunitaria en áreas subdesarrolladas (1978)}:

El mejoramiento de los estándares de vida y de instrucción de la población, hace a los individuos y a los grupos sociales capaces de asumir la responsabilidad de su existencia (…). Dentro de los nuevos contextos sociales, el sentido de comunidad tiene una nueva dimensión en los últimos decenios. La salud se transforma en una acción de los individuos y de las comunidades cada día más conscientes de su responsabilidad y autonomía. Los profesionales y los organismos del sistema de salud deben progresivamente asumir el rol de consejeros de soporte. (p. 182)

Estos objetivos interpelaron al campo de lo social desde las disciplinas consolidadas en el ámbito de la salud mental, como la psicología o la psiquiatría. Si bien esto no se reflejó en un aumento de los psicólogos o los psiquiatras en el circuito del Instituto, sus teorías permearon con fuerza los debates. Tomando la perspectiva de ^{Llobet (2011)}, es posible pensar que ellas se tornaron necesarias dada su capacidad de organizar, simplificar y racionalizar los comportamientos de las infancias y sus familias.

El desarrollo de este dispositivo psicosocial se vio particularmente influenciado por las teorías del apego y la importancia que otorgan a los lazos afectivos tempranos en los procesos de construcción de la personalidad de niños y niñas.⁴ Como consecuencia, en los boletines se observa una clara tendencia a la psicologización (^{Rose, 2016}) de la crianza, es decir, a asumir relaciones de causalidad entre las relaciones familiares tempranas y la formación de niños y niñas. Esta lectura lineal dio lugar a un nuevo rol de la familia: la socialización de niños y niñas. Como bien sintetiza una Editorial del Boletín hacia finales de 1970:

La experiencia recogida enseña que la familia es en nuestra América el agente social más poderoso que plasma y condiciona al niño. Es a través de la familia que el niño se incorpora con entusiasmo en las comunidades y entra en relación con un medio geográfico, cultural, económico y social, árido para la gran mayoría en promesas y posibilidades. Como resultado de esa experiencia, el cuidado de la salud de la unidad familiar, considerada en el contexto de sus interrelaciones con la comunidad y el medio ambiente, se ha convertido en la estrategia básica para asegurar una personalidad sana en el niño y como su producto inevitable, una socialización satisfactoria. (Redacción del Boletín, 1975, p. 416)

Según este enfoque, la familia ya no es solo un grupo de procreación y sobrevivencia, tampoco una mera unidad moral, depositaria y detentora del honor de sus miembros. La familia es, sobre todo, un núcleo pedagógico, pues en ella se aprenden los patrones para producir y reproducir exitosamente la comunidad. Según observamos página tras página del Boletín, el objetivo era que las familias pudieran informarse, tomar parte activa, llenarse de entusiasmo, comprometerse, participar, colaborar. En definitiva, en este período, la capacidad de disfrutar de los beneficios del desarrollo se concibe, sin rodeos, como una herramienta contra el subdesarrollo.

El dispositivo estadístico-social

Entrada la década de los ochenta asistimos a una transformación mayor en la definición del bienestar de niños y niñas, determinada por la profunda crisis económica que azotó a la región y dejó a casi la mitad de la población sumida en la pobreza.⁵ Esta crisis deterioró transversal y significativamente la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población, al tiempo que contribuyó a una masiva disminución de los recursos disponibles para brindar respuestas institucionales a sus problemas.

Los sentidos se disputaban entre las persistentes lecturas desarrollistas de la década de 1950 y aquellas que pusieron en cuestión las posibilidades de alcanzar los beneficios del desarrollo económico: mientras las primeras insistían en entender la pobreza como un fenómeno coyuntural y transitorio, las segundas sostuvieron que ella no podría revertirse desde los modelos de crecimiento económico, ya que dichos modelos necesariamente excluyen a ciertos grupos de las fuerzas que impulsan el desarrollo. En el marco de la crisis, esta clásica disputa cobró vida en las campañas de lucha contra la pobreza impulsadas por varios organismos internacionales (entre ellos la OEA), y formó parte de los nuevos intentos de construcción transnacional de las políticas en torno a la infancia y la familia. En este contexto existen dos transformaciones significativas en el organigrama del Instituto que nos dan pistas para conocer a los saberes expertos protagonistas de estas disputas.

Por una parte, la actualización del acuerdo firmado en 1979 entre el Instituto y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de población, el cual había habilitado la creación de la unidad regional para el mejoramiento del registro civil y las estadísticas vitales de Latinoamérica dentro del Instituto.

Una lectura transversal de las colaboraciones publicadas en el Boletín nos permite observar un reclamo persistente frente al hecho de que, en contra de todas las recomendaciones de la ONU, los sistemas de producción estadística en Latinoamérica siguieran siendo, al menos hasta 1990, asistemáticos y propensos a la adopción de soluciones adhoc para problemas específicos. Por lo demás, si bien las instancias internacionales venían insistiendo en este punto, la capacitación de personal seguía sin ser prioritaria y la remuneración de los funcionarios resultaba inadecuada, por lo que existía un déficit de expertos en el área.

Siguiendo el enfoque de ^{Daniel (2013)}, podemos pensar que esta creciente demanda de estadísticas responde al modelo de planificación desde el Estado para la conducción del desarrollo, en particular a la necesidad de acumular descripciones cuantitativas del mundo social. En consecuencia, se promovió la producción de índices que reflejaran los estados de la infancia y la familia en distintos contextos, y se construyeron perfiles específicos para las familias afectadas por la crisis, clasificadas desde entonces en situación irregular.

La segunda transformación en el organigrama del Instituto, acorde a la campaña de lucha contra la pobreza, es la incorporación de un cientista social al equipo técnico de la Dirección General, creando con ello la Unidad de Asuntos Sociales del Instituto. El cargo fue asumido por Francisco Pilotti, sociólogo chileno formado en Estados Unidos, profesor universitario y consultor del Centro Latinoamericano de Demografía de la ONU. Esta unidad buscaba hacer visible la dimensión social de la crisis, así como avanzar en tareas diagnósticas y de evaluación relativas a las necesidades de niños y niñas y sus familias: dónde y cómo vivían, cuáles eran sus creencias, cuál era su origen social y cultural, cuál había sido su transición ocupacional y de qué manera se integraban a las instituciones y movimientos sociales para resistir y mejorar su situación. Estos datos se consideraron indispensables para la formulación de una adecuada planificación social y mejorar las respuestas institucionales en la política especializada en infancia y familia.

Tal como habían señalado ^{Pilotti (1987)} y el economista ^{Amado (1987)} -jefe de la Unidad de Estadísticas, Informática y Planificación del Instituto- en sus trabajos sobre la crisis y la respuesta institucional respectivamente, la creación de este dispositivo socio-estadístico responde a los esfuerzos por elaborar criterios internacionalmente aceptados y comparables, definidos como indicadores capaces de expresar las nociones abstractas que movilizaba la campaña de lucha contra la pobreza.⁶ Siguiendo el planteamiento de ^{Merry 6 (2016)}, entiendo esos indicadores como medidas estadísticas usadas para transformar datos complejos en números y clasificaciones, tendiendo con ello a ignorar las especificidades y los contextos, para privilegiar un conocimiento estandarizado pero superficial.

Esto es relevante, pues la construcción de indicadores fue uno de los vectores centrales en este período, entendidos como un medio insoslayable para que el Instituto pudiese cumplir con su objetivo de promover el estudio de problemas relativos a la infancia y adoptar medidas conducentes a su solución. Ese carácter incuestionable adjudicado a los indicadores puede entenderse fundamentado en la creencia de que estos son herramientas meramente técnicas que abastecen de una validación empírica tanto a las investigaciones económicas como a sus usos políticos. Esta definición resulta coherente con los esfuerzos del Instituto por instalar una retórica de la modernización ligada a la creencia en la posibilidad de administrar lo social por fuera de las tensiones y contradicciones constituyentes de las sociedades; propósito para el cual las herramientas estadísticas parecían ideales en tanto aportaban la ilusión de que ese encauzamiento tuviera lugar sobre bases puramente racionales. Por lo mismo, tener en cuenta que las estadísticas no son una herramienta ahistórica o subordinada es central a la hora de revisar estos procesos; tampoco hay que perder de vista que, tal como ha propuesto ^{Desrosières (2014)}, la triada constituida por la manera de pensar la sociedad, las modalidades de acción y las posibilidades de descripción estadística están estrechamente ligadas y simultáneamente coconstruidas.

Tres dispositivos, un mismo modelo

Como hemos visto hasta aquí, los procesos de construcción del campo especializado de saberes e intervención que constituyó la protección de la infancia en América a lo largo del siglo XX se articulan en un delgado límite entre: el interés por el bienestar de niños y niñas, los cálculos políticos y económicos que determinan las intervenciones, la función pedagógica de estas acciones y las prácticas de control y administración cotidianas que buscan desplegar los distintos actores que sostienen el circuito nucleado por el Instituto.

Este impulso por generar redes y circuitos no fue un hecho aislado en el plano internacional. Algunas iniciativas ya habían emergido en Europa incluso antes de la I Guerra Mundial, cuyas devastadoras consecuencias fueron el motor decisivo para estabilizar y dar continuidad a la preocupación internacional por la infancia. Se tejió entonces una serie de alianzas reformadoras que -con distintos grados de intención y con posibilidades de influenciar las orientaciones nacionales e internacionales también diversas- se comprometieron a proteger a los miembros más jóvenes de la sociedad.⁷

Con todo, lo cierto es que, ya sea como una preocupación suscitada por el entendido atraso y la miseria en el caso americano o motivado por las urgencias de la devastación producida por la guerra en el caso de los países europeos, estos movimientos se articularon para compensar los diversos modos de violencia ejercida sobre niños y niñas. A partir de entonces y a lo largo del siglo XX, la protección de la infancia se vio investida de grandes expectativas para la construcción de la democracia o la paz y sobre ese marco se fue construyendo y consolidando una suerte de opinión pública internacional que buscó ofrecer un paraguas para las representaciones y prácticas que hasta ese entonces estaban dispersas.

Como hemos visto hasta aquí, para el caso americano, ese paraguas abarcó a un conjunto de tecnócratas y reformadores del bienestar y la salud, ligados a un incipiente campo científico de lo social. El análisis de estos procesos a partir de un trabajo etnográfico en los boletines del Instituto permite identificar la emergencia e instalación de un modelo preventivo, el cual, conjugando una mirada científica y social, condensó una serie de mecanismos diseñados para generar distancia de las lógicas paliativas o represivas y actuar, en cambio, mediante estrategias que controlaran el ambiente en que se desarrollan niños y niñas con tal de poder predecir, mediante técnicas estandarizadas, su futuro. La Ciencia -así, con mayúscula- fue el pilar de la intervención; una herramienta que invistió al Instituto de una aparente neutralidad, a partir de la cual sería posible conocer de manera minuciosa el contexto de desarrollo y crecimiento de niños y niñas para luego calar en las prácticas familiares, produciendo ideales y forjando imaginarios particulares respecto de los modos cotidianos de vivir.

Un análisis transversal de las colaboraciones publicadas en el Boletín nos permite observar que esta perspectiva sirvió de base para una serie de discursos restringidos a los efectos de la crisis (es decir, que lamentan o rechazan las condiciones de desigualdad en la que han vivido muchas familias en la región), pero que no avanzan en la problematización de los mecanismos que provocan tales condiciones, y con ello aportan a su a naturalización. En este sentido, es posible concluir que los expertos que han sostenido históricamente al Instituto actúan como reformistas, en tanto defienden el sistema del cual forman parte, proponiendo para este una forma que entienden como más moderna o perfeccionada, pero siempre resguardada en el carácter supuestamente puro, neutral y apolítico de la ciencia, del cual ya hemos hablado. En otras palabras, estos agentes tienen una sensibilidad política que los lleva a cuestionar el sistema social de su época, pero proponiendo reformas que no podían curar los males identificados, sino solo disimular sus síntomas más visibles.

Finalmente, las continuidades y rupturas del modelo preventivo -materializado aquí en tres dispositivos- abonaron a la creación de un perfil para las familias que no lograron triunfar en el sistema, al tiempo que desplegaron un imaginario según el cual ellas debían conformarse con lo mínimo para reproducir sus vidas. En definitiva, las intervenciones focalizadas en las infancias y sus familias dejaron entre paréntesis la pregunta por los dinamismos sociales que configuran la causa de su empobrecimiento en primera instancia. En ese mismo gesto (como ha propuesto ^{Merklen, 2010}), la irrupción de los dispositivos aquí descritos responde a una operación de clasificación que asignó una identidad social a los individuos inscritos dentro de una categoría definida por las capacidades de autogestión, participación o empoderamiento.

En línea con lo que ha planteado ^{Carli (2002)}, este análisis demuestra que las prácticas y categorías imaginadas para proteger a las infancias en la región tienen un registro metafórico que desborda las experiencias infantiles concretas y se proyecta sobre las transformaciones de la sociedad en su conjunto: la infancia es el futuro de América, la infancia es una herramienta contra el subdesarrollo. En esos términos, y en la medida que la infancia se posicionó como un objeto central de preocupación para las diversas corrientes político-ideológicas que disputaron un lugar en la construcción de lo público a nivel regional a lo largo del periodo que revisamos, los discursos que habitan los boletines permiten un acercamiento a los procesos de fundación, estructuración y especialización de un campo de intervención social. Cabe señalar que su análisis deja abierta la pregunta por las ramificaciones que encuentran las ideas que circulan en el circuito regional y cómo ellas se vieron transformadas y actualizadas en diversos contextos locales. Este es un límite metodológico de mi trabajo y dejo extendida la invitación a otras investigaciones que nos ayuden a conocer los modos en que las iniciativas del movimiento americano de protección de la infancia se vieron -o no- materializadas.

Palabras finales

Como hemos visto, el Instituto resulta un mirador fructífero para indagar en la multiplicidad de ejercicios de codificación que hicieron de la protección de la infancia un problema social en América a lo largo del siglo XX; ello en la medida que su trayectoria puede ser leída como una arena de debate político-disciplinar sobre la cual se construyeron categorías específicas para definir a ciertos niños y niñas como necesitados de protección. A partir de un análisis socioantropológico en clave histórica de esta trayectoria podemos comprender que la intervención en el campo de lo infantil formó parte de los esfuerzos coordinados por los Estados americanos para avanzar en el anhelado desarrollo regional, y que para ello se otorgó a las infancias un papel prospectivo en los proyectos nacionales. Como consecuencia, se diseñó una serie de dispositivos basados en la lógica de un modelo preventivo que caracterizó la prédica del Instituto a lo largo de casi todo el siglo XX.

Estos hallazgos cobran particular valor a la luz del actual aumento de las políticas neoliberales y sus efectos en los recortes de gasto público de servicios básicos y las diversas dimensiones que hacen a la reproducción de la vida. Este contexto nos interpela a repensar sus configuraciones contemporáneas, así como los procesos que abonaron a las condiciones de posibilidad de su emergencia. El presente análisis se sirve de la materia histórica para intentar explicar que la experiencia de niños y niñas tal como la conocemos hoy día tiene raíces profundas, enlazadas en tramas complejas.

En este sentido, este trabajo busca visibilizar la multiplicidad de sentidos asociados a la protección de la infancia, así como problematizar las singularidades del proceso, histórica y geográficamente situado, que ha tenido como efecto cristalizar ciertas formas de la infancia mientras desnaturaliza otras, en ritmos que no son lineales, a través de categorías que se superponen: la familia modélica, los roles asignados a hombres y mujeres dentro de ella, el mercado de trabajo, los sistemas de cuidado, los valores asociados a la crianza, las expectativas puestas en el buen desarrollo. Así, sirviéndose del conocimiento de las huellas del pasado, este trabajo busca también ofrecer algunas claves de lectura para analizar las intervenciones institucionales actuales, así como los múltiples debates que nos permiten comprender que en Latinoamérica resulta difícil deshacerse del sesgo progresista que confía en cambios unidireccionales, regidos por horizontes ajenos y difíciles de asir.