Carácter psicosocial del trauma por la vía de desaparición forzada en la violencia política

Se reconoce la violencia política vivida a través de la desaparición forzada como una estructura planeada y pensada para neutralizar a posibles enemigos del orden establecido, lo cual ha tenido serias implicaciones en la salud mental individual y colectiva, que supera la noción individual de trauma. Así lo manifiestan ^{Posada y Parales (2012)}cuando afirman que no se trata de los síntomas o trastornos psicológicos, sino de las particularidades del conocimiento social de los individuos y sus las relaciones sociales.

Esta noción colectiva del trauma no solo se ha rastreado desde la violencia política latinoamericana, sino también desde los análisis realizados después de la segunda guerra mundial. Así lo explica ^{Ortega (2011)} cuando plantea cómo se alteran a partir de una vivencia sostenida y traumática de hechos que generan una dislocación masiva de relaciones, instituciones y funciones sociales de un grupo determinado, como fue el caso de lo vivido por los judíos en los campos de concentración.

Es así como, por la vía de los hechos sociales, este concepto de trauma (que en sus orígenes estaba asociado a condiciones individuales, a respuestas fisiológicas, comportamentales o emocionales como producto de un evento vivido) empezó a adquirir otras dimensiones que desbordaron lo individual y se englobaron en lo que hoy en día se reconoce como condiciones psicosociales. Conformando así un corpus de conocimiento que se ha venido consolidando en sus estudios y alcances con aportes de teóricos que se ubican con mucha fuerza en Latinoamérica, especialmente por los múltiples hechos de violencia política que en diferentes momentos y condiciones han experimentado los habitantes de los países en esta región.

En este sentido, podría afirmarse que los hechos vividos en la guerra civil de El Salvador (1979-1992), en el conflicto interno en Guatemala (1960-1996), en las dictaduras de Argentina (1976-1981) y Chile (1973-1990), así como en el conflicto interno colombiano (1960 a la fecha), por solo mencionar algunos, calificarían dentro de una vivencia de hechos que están en los límites de la experiencia humana. Estos han llevado a los individuos, a sus familias y a las comunidades a experimentar situaciones de dolor físico, psicológico y simbólico por fuera de cualquier rango que se pueda clasificar como normal (^{Ortega, 2011}).

El autor que dio forma a esta idea del carácter psicosocial del trauma fue el jesuita y psicólogo ^{Martín-Baró (1990)}, a partir de su cercanía y análisis de la experiencia vivida por la guerra civil salvadoreña. Según este autor, las características de este trauma psicosocial se expresan en tres elementos: su carácter dialéctico; sus condiciones de producción instaladas en el contexto social; y la conformación de un ethos, es decir, comunidades traumatizadas, a partir de acontecimientos extraordinarios. De acuerdo con esto, los autores ^{Hernández y Blanco (2005)} llaman la atención sobre la necesidad de evaluar el contexto del sujeto que sufre:

Parece necesario, entonces, mirar no solo al sujeto, sino a aquello que le rodea por si algunos de los componentes de su medio pudieran ayudarnos a comprender mejor lo que hace, lo que siente (en este caso, lo que sufre) y lo que piensa. La necesidad de recuperar el contexto: ese es nuestro argumento primordial a la hora de hablar de trauma psicosocial. (p. 4)

Lo anterior implica reconocer esas diferentes perspectivas sociohistóricas, su condición cultural y las afectaciones o daños causados más allá de la perspectiva individual del sujeto que sufre, directamente, un hecho violento.

Esta noción más colectiva se refleja en los informes de las comisiones de verdad que algunos países han tenido como parte de la firma de acuerdos de paz. Por ejemplo, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) en Guatemala lo afirmó así:

Lo que ha sido destruido es más amplio que las nociones de trauma interno individual. Extendido en el tiempo, el trauma psicosocial involucra la destrucción de arquetipos y metáforas culturales, aniquilando o limitando profundamente las posibilidades de la próxima generación de afirmar aspectos de su vida cultural. (Comas-Díaz et al., 1998, p. 782, como son citados por ^{Dobles, 2009}, p. 81)

En el caso de la Argentina, la Conadep (1984) describió los efectos generados por la desaparición de los jóvenes detenidos ilegalmente en los centros organizados para ello durante la dictadura militar, los cuales claramente se instalaron en sus familias y en los mensajes que se dirigían a la comunidad en general:

Fue otra de las formas de paralizar el reclamo público, de asegurarse por un tiempo el silencio de los familiares. Precisamente, alentando en ellos la esperanza de que su ser querido estaba con vida, manteniéndolo en la imprecisa calidad de persona desaparecida, se creó una ambigüedad que obligó al aislamiento del familiar, a no hacer nada que pudiera irritar al Gobierno. (p. 179)

Por otra parte, autores como ^{Lira y Castillo (1991)} han documentado la noción social del trauma, haciendo referencia al daño causado en las estructuras e instituciones sociales. De esto da cuenta la represión en Chile y Argentina:

El daño producido no es simplemente el de la vida personal que se destruye, el daño se ha causado a las estructuras sociales mismas, a las normas que rigen la convivencia, a las instituciones que regulan la vida de los ciudadanos, a los valores y principios con los que se ha educado y en función de los cuales se ha intentado justificar la represión. (Lira & Castillo, como son citados por ^{Dobles, 2009}, p. 76)

En este sentido, los autores han propuesto la ampliación de los análisis acerca de las afectaciones psicosociales, llamando la atención sobre contextos de violencia política que gestan condiciones traumáticas muy difíciles de atender, pues las condiciones de contexto no son susceptibles de cambio al no ser percibidas como las generadoras del trauma.

^{Lira (2010)}, a propósito del trabajo psicosocial y terapéutico efectuado en Chile después del régimen militar, afirma que las torturas, desapariciones y asesinatos fueron asumidos como condiciones potencialmente traumáticas que afectaron esa condición de sujetos sociales activos y participativos.

En el caso peruano, también se describió cómo el miedo y la desconfianza silenciaron a la gente y debilitaron los lazos comunitarios:

Fuertes conflictos de relación, debilitamiento y desarticulación de las organizaciones sociales, pérdida de las redes de protección social, estigmatización de las personas y comunidades; todo lo cual afectó las identidades personales y colectivas y causó la pérdida de costumbres, celebraciones y ritos comunitarios. (CVR, 2003, como es citada por ^{Moyano, 2009}, p. 15)

En El Salvador, territorio que sirvió para acuñar este concepto psicosocial, ^{Martín Baró (1988)} afirmaba: «El trauma psicosocial experimentado por las personas denota entonces unas relaciones sociales enajenantes, que niegan el carácter humano del "enemigo", al que se rechaza como interlocutor en cuanto tal y al que incluso se busca destruir» (p. 138).

En suma, las dinámicas de violencia política que han caracterizado el devenir histórico y social de Latinoamérica, indudablemente han contribuido a la gestación de un trauma psicosocial que ha permeado las interacciones sociales, la comunicación y los lazos más profundos de lo que se reconoce como el tejido social, deteriorando la convivencia, la confianza y, en general, las interacciones sociales. Es decir, el trauma socava las relaciones sociales, deteriora la convivencia e introduce polarización entre las personas (Díaz et al., como son citados por ^{Yubero et al., 2007}, p. 18).

Finalmente, se puede afirmar que este carácter psicosocial del trauma establece una relación dialéctica entre individuo y sociedad:

Porque todo hecho de violencia política dirigido a un individuo en particular pretende causar un daño a nivel colectivo y de igual manera, todo hecho violento dirigido a un colectivo, genera además un daño específico en la constitución de cada individuo que se ve implicado directa o indirectamente en este. (^{Betancur & Castro, 2015}, p. 106)

Ahora bien, ¿cómo se conecta este concepto del trauma psicosocial por la vía de la violencia política con el hecho especifico de la desaparición forzada? En este segundo aspecto, es central plantear la idea alrededor de la cual este fenómeno de desaparecer jóvenes es un ingrediente decisivo en la estructuración de un trauma psicosocial porque es un hecho compartido con algunas de las experiencias latinoamericanas. No obstante, se hará referencia específica a las particularidades de este fenómeno en Colombia.

Afectaciones psicosociales desde la desaparición forzada de jóvenes en Colombia

La desaparición forzada se define desde el punto de vista jurídico como «la violación de múltiples derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad. En el marco de la violencia sociopolítica, la desaparición forzada es una práctica premeditada y elegida en sus significados y mensajes» (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, [CNMH], 2014}, p. 53).

También se trata de un hecho victimizante atroz. Tal como lo afirma el CNMH (2016), «la desaparición forzada refleja el drama y el sufrimiento de los familiares, la desprotección del Estado y la barbarie de los desaparecedores quienes niegan los valores que sustentan la convivencia humana y el respeto por la dignidad y la vida» (p. 33).

En el ámbito psicológico y social, la desaparición «es una experiencia de carácter traumático que lesiona gravemente y de manera integral no solo el psiquismo individual de los familiares y las personas cercanas al entorno social de la persona desaparecida, sino a la sociedad en general» (^{CNMH, 2014}, p. 53). De acuerdo con el equipo investigador del CNMH (2016), en Colombia tres son los propósitos en la desaparición forzada:

(1) Castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales; (2) generar terror y así ganar y ejercer control, debido al potencial simbólico de este delito, y (3) ocultar crímenes, eliminando los cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, para así dificultar que los delitos cometidos sean juzgados o para manipular y tergiversar las cifras. (p. 162)

También se ha estudiado la desaparición forzada como una forma de tortura que supera la noción de imprimir dolor en un cuerpo como medio para extraer información al torturado. En este caso, se trata de torturar con la incertidumbre, al condenar a la familia a una ausencia total de información respecto del paradero, la vida o la muerte del desaparecido. Además de afectar las interacciones de la familia como miembro de la comunidad:

Esto puede deberse a los nuevos sentimientos de falta de confianza en otras personas, a la sensación de vergüenza y suciedad causadas por el abuso sexual, el asesinato o desaparición de miembros de la familia y amigos. Las obligaciones sociales normales, incluida la buena vecindad, las actividades de la comunidad y la confianza en las instituciones gubernamentales locales y en la política nacional, pueden verse seriamente comprometidas, haciendo los esfuerzos de reconstrucción extremadamente difíciles. (^{Mollica, 1999}, p. 55)

Desde la misma definición de esas características, propias de la desaparición forzada como medio y como fin, se ha hecho explícito ese carácter dialéctico, en tanto afectación directa al individuo desparecido y afectación indirecta a la familia y comunidad:

Mediante la práctica de la desaparición forzada, también se pretendió obtener información de las víctimas sobre los planes y actividades de los grupos insurgentes, de la oposición y de cualquier forma de organización contraria a los intereses del régimen establecido; castigar a las víctimas -y por intermedio de estas a la familia, a la comunidad y a la organización- mediante la aplicación de torturas y la propagación del terror recurriendo al ocultamiento del detenido y las amenazas contra sus familiares a n de reprimir o paliar cualquier intento por conocer su paradero. (^{ONU, 1999}, p. 414)

Ahora bien, a partir de la literatura disponible respecto de los análisis de la desaparición forzada como fenómeno violento, se podrían plantear varias dimensiones de la misma. Para efectos de la reflexión que ocupa este artículo, solo se mencionarán tres: 1) la duda frente al desaparecido y su familia; 2) la desaparición legitimada institucional-mente; y 3) la deshumanización y sistematicidad de la desaparición forzada.

Duda y desconfianza frente al desaparecido y su familia

Tiene que ver con un halo de duda, no solo frente a quien es desaparecido (sus posturas, actividades e ideales políticos), sino también frente a su familia. Es susceptible de sospecha aquel que puede asumir convicciones políticas contrarias a las del sistema establecido y este solo hecho le puede hacer acreedor a vigilancia, investigación o seguimiento: «el círculo de impunidad inicia con la estigmatización y señalamiento de las víctimas que aparecen reseñadas en los informes de inteligencia militar como guerrilleros o auxiliadores de la insurgencia» (^{Mignorance & Arellana, 2019}, p. 69).

Ante la desaparición forzada, la familia queda en suspenso, no solo por ser sometida a la misma sospecha, sino por no contar con las respuestas necesarias para dar fin a la incertidumbre en la que queda sumida:

En tales condiciones la desaparición de una persona coloca a la familia en una situación de extremo dolor y sufrimiento, debido a que es sometida a un intenso nivel de tensiones que se prolonga indefinidamente en el tiempo y cuya resolución es experimentada con gran incertidumbre. (Díaz & Madariaga, 1997, como son citados por CNMH, 2014, p. 53)

La desaparición legitimada institucionalmente

En la mayoría de los casos, la desaparición ocurría de manos de autoridades oficiales; tal es el caso de Argentina o de Chile. En el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) de Chile, se plantea:

Con detenidos/desaparecidos, se alude a la situación de quienes fueron detenidos por agentes de la autoridad o por personas a su servicio, siendo la última noticia que se tuvo de ellos que fueron aprehendidos o que se les vio posteriormente en algún recinto secreto de detención. La autoridad niega haberlos detenido, o bien declara haberlos liberado luego de un cierto periodo de tiempo, entrega otras explicaciones insatisfactorias o simplemente guarda silencio. (p. 18)

De igual forma, en el caso colombiano, la investigación y documentación de la desaparición forzada llevó a los investigadores a plantear que, de forma similar a lo ocurrido en otros países de América Latina, esta se asoció a prácticas de los militares que incluían la represión, en donde las víctimas eran detenidas y luego desaparecidas, convirtiéndose en un crimen de Estado (^{CNMH, 2018}).

Los informes también han documentado diferentes momentos y características de las prácticas de desaparición forzada en el país, las cuales conectan con las dinámicas coyunturales del conflicto armado interno que se ha mantenido en el escenario nacional por décadas. Al respecto, en el primer período destacan las fuerzas de seguridad estatales como perpetradoras, mientras que en el segundo y tercer período los grupos paramilitares, los cuales en muchas ocasiones articulan sus actividades con fuerzas estatales (^{CNMH, 2014}):

En el periodo 1970-1981, se señala a los agentes de seguridad del Estado y a las organizaciones paramilitares de la época como responsables de este crimen de manera dominante, cuando esta comenzó a practicarse como una respuesta contrainsurgente del Estado ante el surgimiento de las guerrillas, y al amparo de la declaración sucesiva y prolongada de Estados de excepción, que menoscabaron la condición democrática del país. En el periodo entre 1982-2005, todavía articulados o apoyados por algunos agentes del Estado, quienes se convierten en sus máximos responsables. (^{CNMH, 2016}, p. 19)

Más recientemente, entre 2006-2015, los grupos armados paramilitares, que persisten después de su desmovilización, tienen la prevalencia como responsables de este delito (^{CNMH, 2018}, p. 52). Ello implicaba -y continúa implicando- un fuerte golpe a las nociones de confianza y seguridad que una sociedad puede tener frente a aquellos que se supone están para proteger y garantizar derechos:

En este sentido, el papel de las fuerzas militares como protector es desvirtuado dado su protagonismo como perpetrador. Esto lesiona gravemente el orden social en el que se espera una actuación ajustada propia de su mandato en el marco de la convivencia basada en los derechos humanos en un país democrático. (^{CNMH, 2014}, p. 45)

También lo menciona ^{Calveiro (2014)}, a propósito del poder ejercido por los militares en la dictadura Argentina sobre esos cuerpos que desaparecían a su antojo:

Un poder disciplinario-asesino, un poder burocrático-asesino, un poder que se pretende total, que articula la individualización y la masificación, la disciplina y la regulación, la normalización, el control y el castigo, recuperando el derecho soberano de matar. Un poder de burócratas ensoberbecidos con su capacidad de matar, que se confunden a sí mismos con Dios. Un poder que se dirige al cuerpo individual y social para someterlo, uniformarlo, amputarlo, desaparecerlo. (p. 59)

La deshumanización y sistematicidad de la desaparición forzada

Un tercer aspecto es el de la deshumanización: la cosificación del ser humano (^{Uribe, 2009}) al ser tratado como un objeto del cual se puede disponer en cualquier momento o lugar, sin tener que dar explicaciones de su paradero o de los tratos infrahumanos a los que muchas veces eran sometidas las personas una vez eran desaparecidas; hace alusión a ese poder casi divino que anula selectivamente (a su antojo prácticamente) todos los vestigios de humanidad de un individuo (^{Calveiro, 2014}).

El otro aspecto es la sistematicidad de la desaparición. No se trataba de hechos aislados, sino de mecanismos intencionados que implicaban todo un proyecto social para quitar, desaparecer y eliminar a todo aquel que no estuviera en consonancia con los valores o las formas sociales concebidas como correctas.

Por esta razón, la desaparición en el caso argentino, chileno y colombiano, se trató de miles de personas, en su mayoría jóvenes, que podían representar los riesgos de un orden establecido: «la figura de la desaparición, como tecnología del poder instituido, con su correlato institucional, el campo de concentración-exterminio hicieron su aparición estando en vigencia las llamadas instituciones democráticas» (^{Calveiro, 2014}, p. 27).

Adicionalmente, esta característica democrática bajo la cual se escudaban los victimarios facilitaba el empleo de métodos de ocultamiento de su identidad, el uso de capuchas y el empleo de vestimenta civil sin portar identificación, de manera que no era fácil asociarles con las entidades e instituciones a las cuales pertenecían. También las acciones violentas llevadas a cabo en horarios nocturnos, en fines de semana o días festivos, utilizar parajes solitarios o trasladar a los detenidos a guarniciones militares e incomunicarlos, entre otras (^{Guatavita, 2014}).

Otro elemento de reflexión que surge en este entramado violento y que representa este hecho de la desaparición forzada es su uso como forma de exclusión y eliminación de aquellos que eran catalogados como indeseables, sospechosos o desadaptados:

Junto con la ejecución de la desaparición en zona rural y de población marginal o estigmatizada en la sociedad colombiana: trabajadoras sexuales, jóvenes que trabajan en la calle, miembros de la comunidad LGTB, consumidores de drogas, habitantes de calle, personas con discapacidad, entre otros, continuó la desaparición contra militantes de izquierda. (^{Guatavita, 2014}, p. 46)

De la misma manera, la mencionada sistematicidad de la desaparición de jóvenes se conectó con un sinnúmero de delitos a los que daba lugar:

Desapariciones masivas, masacres, desapariciones progresivas y sistemáticas, amenazas, exilio, secuestro, detención ilegal, violencia sexual, maltrato físico, allanamiento ilegal, ejecuciones extrajudiciales, respuesta del Estado por fuera del orden jurídico, genocidio, exterminio, tortura física y psicológica, asesinato, intimidación, captura de familiares que intentan defender a sus familiares desaparecidos, desplazamiento forzado masivo, individual, familiar. (^{CNMH, 2014}, p. 46)

Finalmente, la desaparición de los jóvenes también permitía instalar un mensaje dirigido a otros, las familias y las comunidades, que eran testigos directos o indirectos de los hechos. Este mensaje implicaba dominio y poder por parte de los actores ilegales, quienes utilizaban este hecho para comunicar su presencia, su dominio y sometimiento que ejercían en la población (^{CNMH, 2014}).

Ahora bien, ¿cuáles son los impactos psicosociales de la desaparición forzada, cuyo foco han sido principalmente jóvenes? Es importante anotar que los diferentes informes mencionados anteriormente, las comisiones de la verdad de Argentina (^{Conadep, 1984}), la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (^{ONU, 1999}) de Guatemala, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) de Chile y los análisis sobre la desaparición forzada en Colombia (^{CNMH, 2014}) han mencionado solo en forma tangencial el asunto de los jóvenes como receptores de la desaparición forzada y sus implicaciones psicosociales para el tejido social. En este sentido, el análisis aquí presentado, enfatiza sobre este hecho particular: la desaparición de los jóvenes como un recurso sistemático de la violencia, partiendo del caso colombiano.

El primer tema es que las implicaciones psicosociales de la desaparición suponen un profundo daño ocasionado a los y las jóvenes víctimas directas y al tejido social como víctima indirecta:

Cuando un ser humano es desaparecido se inflige un sufrimiento indescriptible y se causan daños incalculables, persistentes y duraderos, en primer lugar, a los familiares de la víctima, pero también a las comunidades, a las organizaciones, al entorno de las víctimas y a la sociedad en su conjunto. (^{CNMH, 2016}, p. 265)

Con la desaparición de una persona se propicia una especie de grieta, de ruptura, que marca el devenir sociohistórico en un antes y un después:

La desaparición forzada se inscribe como un hecho traumático, en tanto marca un antes y un después en la vida de quienes sufren esta experiencia, con la particularidad de que la ausencia queda suspendida en el tiempo y no están dadas las condiciones materiales -como la comprobación de la muerte ante la existencia de un cadáver- para la transformación de la relación entre quien se encuentra desaparecido y sus seres queridos. (^{CNMH, 2016}, p. 272)

De acuerdo con lo planteado por los análisis del CNMH (2016), se pueden clasificar estos impactos en tres ejes: la interrupción inesperada de un proyecto de vida personal, la incertidumbre permanente de la familia y las rupturas de la vida comunitaria. En tal sentido, la desaparición forzada supone la interrupción violenta y absoluta del desarrollo y curso vital de ese joven. De manera abrupta se interrumpen sus proyectos, sus realizaciones personales, sus metas, impidiendo de manera categórica el devenir personal y social presente y futuro (^{CNMH, 2014}).

En cuanto a la incertidumbre constante de la familia, esta proviene de ese permanente no saber nada acerca de la persona desaparecida:

La ocultación del paradero de la víctima, de las condiciones físicas en que se encuentra, de si está aún con vida, si está siendo sometida a crueles torturas, si está entregando información sobre la organización o comunidad a las que pertenece, crea un entorno de incertidumbre que incide con carácter permanente sobre aquellos que no están capturados y que formaban parte del diario quehacer de la víctima: su familia, su partido político, su organización sindical, social, cultural o sobre los demás habitantes de la comunidad. (^{ONU, 1999}, p. 414)

También se establece una especie de círculo de sufrimiento y angustia que no logra romperse con facilidad. Esto implica esa continua búsqueda del ser querido y varios procesos de denuncia y de procedimientos ante la justicia (^{CNMH, 2014}).

En suma, el sufrimiento de las familias se convierte en un escenario emocional de la vida cotidiana que, aunque se transforma, no termina y toma diferentes expresiones en cuanto a impactos en los diferentes ámbitos de la vida. Estos incluyen el quiebre de proyectos de vida o enfocarse únicamente en la búsqueda del familiar, con cuestionamientos profundos sobre la existencia y la desesperanza de un futuro incierto (^{CNMH, 2014}). Así pues, a nivel de las rupturas en la vida comunitaria se puede dar:

Transmisión generacional del daño: la rabia y el dolor se transmite a los niños y niñas, aun siendo bebés en el momento de la desaparición del familiar. El proyecto de vida de los adolescentes y los jóvenes se altera, dado su momento vital en el que se da un proceso de consolidación de sus proyectos de vida. Todos los esfuerzos se concentran en la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los cuerpos y la superación de la impunidad. (^{CNMH, 2014}, p. 58)

También ocurren muchos procesos a nivel comunitario, entre los que se encuentran la estigmatización e indiferencia por parte de la sociedad:

La indiferencia de la sociedad y el manejo de los medios de comunicación que invisibilizan la desaparición, genera un quiebre con el sentido de pertenencia a la sociedad y se cuestionan los valores y premisas de convivencia en el orden social. La comunidad ve afectada las condiciones económicas que le permitan mantener calidad de vida. (^{CNMH, 2014}, p. 58)

^{Madariaga (2000)} lo expresa como:

La emergencia de patrones de dominación cuyo sustrato psicosocial fue la internalización masiva del miedo, la apatía e indiferencia social, la generalización de la violencia como fórmula de resolución de conflictos en todos los campos de las relaciones interpersonales, el funcionamiento anómico en la vida comunitaria, el ensimismamiento individualista. (p. 3)

En este sentido, las familias y las comunidades quedan en un estado de total indefensión y aislados en una sociedad que no alcanza a dimensionar su dolor o la intensidad de su búsqueda (Grupo de psicología social crítica otras voces, 2010, p. 117).

Los jóvenes y la desaparición forzada: una tarea pendiente

Un aspecto es claro: la desaparición forzada ha contribuido a la configuración de procesos traumáticos psicosociales en los diferentes países latinoamericanos, en donde se vivió -y aún se vive- la violencia política; tal es el caso de Colombia. En especial, cuando los datos muestran a los jóvenes como principales objetivos de este hecho victimizante, caracterizado por su sistematicidad, inhumanidad y crueldad.

Al respecto, hay algunos elementos que se plantean como cierre -o apertura- de esta discusión y que, al mismo tiempo, pueden representar áreas de investigación a seguir. El primero es que los jóvenes siguen siendo una figura central, socialmente representativos y simbólicos; los portadores perfectos de mensajes contundentes de dominación, miedo o sometimiento, con los que se hace eco en los demás grupos, colectivos y organizaciones. Atentar contra ellos, dominarlos, someterlos, desaparecerlos es una forma de hacerlo también con el resto de la sociedad; hecho que, además, connota unas raíces sociohistóricas que no son recientes y que más bien implican unas formas de exclusión, discriminación y selectividad social. Así lo comenta ^{Mora (2017)}, a propósito del análisis de los efectos psicosociales de la desaparición de 43 estudiantes en México (2014):

Para la mayoría de los familiares de los jóvenes normalistas los hechos del 26 de septiembre no se figuran como un acto violento aislado del conjunto de las experiencias de vida, sino se insertan en una acumulación de violencias a lo largo de sus vidas. (p. 30)

También es una estrategia de contención del pensamiento crítico, de la posibilidad de dudar o plantear de manera analítica esa sociedad en la que se vive y en la que se le exige al joven cumplir una serie de estándares, normas y condiciones. Por esto, «la desaparición se enfoca en jóvenes, porque es una forma de socavar la posibilidad del pensamiento, del cambio y de la transformación» (^{CNMH, 2016}, p. 17).

Finalmente, la desaparición de jóvenes puede representar un fuerte golpe a la esperanza de las sociedades, pues se convierte en un recordatorio, no solo de lo frágil que puede ser la existencia, sino de la poca fuerza o capacidad de un pueblo para seguir enfrentando las vicisitudes, las injusticias o las causas de sus problemas, a manera de recordatorios mentales permanentes que resuenan en el imaginario colectivo presente (^{Castillejo, 2009}).

En este sentido, los investigadores tenemos una tarea pendiente: evaluar esa conexión entre desaparecer jóvenes y la afectación en el desarrollo social de un país como Colombia y las implicaciones que ello puede tener, no solo para la condición juvenil en sus expresiones identitarias y subjetivas (campesino, trabajador, líder o estudiante), sino en cuanto a las limitaciones que una comunidad puede tener en los niveles productivos, económicos y sociales en la perspectiva de desarrollo.

Adicionalmente, otra tarea pendiente es la que refiere a los procesos de resignificación, reparación y reconstrucción del tejido social para sanar el sufrimiento y los impactos psicosociales anteriormente descritos. En tal sentido, la voz de los jóvenes puede y debe tener espacios en la sociedad para exponer sus puntos de vista, para discutir sus ideas y para definir sus propias estructuras de pensamiento y acción. Esa voz puede darse de forma directa, en el caso de sobrevivientes de la desaparición forzada, pero también puede ser indirecta, desde la memoria de las familias, quienes pueden expresar en el ámbito de lo público las ideas, sentimientos, sueños y posibilidades de esos jóvenes a los cuales se les arrebató la vida (^{Guatavita, 2014}, p. 51).

Entonces, no solo se tratará de medidas de reparación establecidas en cuanto a los daños, en términos de la responsabilidad estatal frente a las violaciones que se presentaron (como lo indica ^{Arévalo, 2010}), sino también la obligación de la sociedad latinoamericana en repensar, reubicar y resignificar ese lugar que se le ha dado históricamente a los jóvenes, así como los propios procesos de cambio, transformación y crítica a los sistemas sociales, económicos y políticos que se han ido instalando en Latinoamérica. En palabras de ^{Beristain y Dona (1999)}, la tarea es ardua y requiere, entre muchos otros elementos, hablar de verdades que duelen, poner a la altura la experiencia de la gente (en este caso de las familias de los jóvenes desaparecidos), salir del silencio, verse en el espejo de otros.

En este sentido, los investigadores han recogido cientos de experiencias de reivindicación de lo humano y de la vida a partir de los rostros, particularmente de mujeres sobrevivientes, que se han encontrado para ser la voz y la imagen no solo de sí mismas, sino de sus hijos, sus familias y sus comunidades. Es una construcción subjetiva que nace del dolor, pero también del encuentro, del diálogo y del reconocimiento del otro. Así lo reconoce el Colectivo Nacional de Mujeres (2016) cuando afirma que las mujeres han mostrado procesos autónomos de recuperación de las personas y colectivos de paz desde el cuidado, los afectos y la acción política.

También lo reconoce ^{Ospina (2017)} cuando afirma que lo silenciado puede ser escuchado y que esta puesta en voz viva de lo vivido nos puede ayudar a escudriñar esas profundas raíces sociales, históricas y políticas como una forma de desprivatización del daño. Muchas comunidades cuasianiquiladas por la violencia recomponen sus lazos sociales en el proceso mismo de reconstrucción de las dinámicas del conflicto y las preguntas por el futuro. Las víctimas se organizan en comunidades de duelo, comunidades de restitución de derechos y comunidades para reclamar el acceso a derechos sociales y políticos más amplios (^{Sánchez, 2018}, p. 107).

De la misma forma, la participación de los jóvenes en espacios de memoria, resignificación y construcción de alternativas de convivencia ha contribuido en estos procesos de comprensión de lo vivido que, al mismo tiempo, son sanadores y reveladores de alternativas sociales de transformación. Así lo planteó ^{Amador-Baquiro (2016)} en su investigación con jóvenes víctimas del conflicto armado:

La narrativa visual no solo opera como testimonio, sino como un nuevo estadio biográfico que desordena la secuencia ideal del sujeto joven integrado a la educación o al trabajo, y en el que se radicaliza su construcción tánato-biográfica en el espacio público. (p. 1325)

Finalmente, es necesario reconocer esas mismas condiciones contextuales en relación a los jóvenes y sus procesos de subjetivación, que indiscutiblemente se han desarrollado en niveles macro y microsociales (^{Blanco et al., 2018}); estas, al mismo tiempo les han marcado un devenir violento, negado, invisibilizado, en el que también se les hace exigencias en su rol protagónico y dinámico ante la misma sociedad, que les estigmatiza, les niega y les cierra las posibilidades (Muñoz, como es citado por ^{Jiménez-Flórez, 2015}).

En otras palabras, se trata de abrir los espacios y ofrecer diversidad de lugares físicos y simbólicos a los jóvenes, pues, más allá de una condición cronológica, esta implica una condición sociohistórica que es central en el tejido social, en la reconstrucción del mismo y en los procesos de construcción de paz y convivencia que el país enfrenta, aún en medio del conflicto que persiste.