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Introducción
La violencia del Estado hacia las comunidades mapuche en Chile -en particular a niños y niñas denominados pichikeche- y su relación con los actuales movimientos sociales es de larga data, ya que se inició en 1880, en la llamada «Pacificación de La Araucanía». Este suceso constituyó un hito en el desarrollo de este pueblo, tanto en aspectos territoriales como en aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales. El resultado fue el empobrecimiento del territorio y de sus habitantes, una alta tasa de orfandad, la desarticulación de la organización social mapuche y la pérdida del uso de su idioma y sus prácticas culturales (Bengoa, 2000).
Según observa Labarca (1939), desde los inicios de la consolidación del Estado chileno se excluyó a niños y niñas mapuche de los internados de enseñanza básica por su sola condición de mapuches. En la redacción de los decretos se incorporó un lenguaje despectivo:
No se admitirán muy niños, sino de doce [años] arriba y personas que sean de gente noble y de buenas costumbres y los que entrasen serán generalmente hijos de legítimo matrimonio, sino es que sea hijo de algún caballero principal, en caso raro, pero que no sea hijo de india ni de hombres que tengan alguna infamia. (p. 16)
Las fuertes raíces de exclusión normalizada por la legislación chilena contribuyeron a que el llamado conflicto mapuche no desapareciera con los años. Los territorios mapuche -base sustancial de su espiritualidad- disminuyeron en cantidad y calidad y, en consecuencia, a este pueblo no se le permitió el desarrollo y calidad de vida sustentado en su cosmovisión.
Actualmente, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado chileno, mandata la protección, promoción y plena implementación de los derechos de pueblos indígenas y tribales en países independientes. Sin embargo, el Estado chileno aún no reconoce constitucionalmente la existencia del pueblo mapuche, ni la de otros pueblos nativos, aplicando la ley antiterrorista a gran parte de sus protestas sociales y demandas.
Los sustentos políticos de tales procesos se relacionan, principalmente, con el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, la recuperación de tierras ancestrales entregadas y ratificadas por el Estado chileno mediante los títulos de Merced luego de la Pacificación de La Araucanía, entre 1884 y 1929 (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, 2008), y la búsqueda por saldar la deuda histórica que sostiene el Estado con este pueblo. Aunque esta última ha sido abordada mediante diversos subsidios estatales, se ha ignorado la condición de autodeterminación propia de un pueblo cuyos miembros comparten territorio, lengua y costumbres socioculturales.
En la actualidad existen numerosos dirigentes mapuche y autoridades tradicionales detenidas en las cárceles chilenas y las comunidades son allanadas en represalia a las movilizaciones sociales. El uso de la violencia por parte del Estado chileno como medio de resolución de conflictos ha afectado a los miembros de las comunidades mapuche sin distinción de género o edad. En este contexto, y dado que la población menor de 14 años alcanza al 30.1% (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018), estos procedimientos afectan a un alto porcentaje de pichikeche.
Desde la perspectiva del conocimiento mapuche, el pichikeche es considerado como un ser sumamente frágil que requiere de cuidados especiales dentro de la comunidad y como una responsabilidad colectiva, que goza de respeto y protección especial. En la cosmovisión mapuche, el período correspondiente a la infancia es de suma importancia. La formación que reciban niños y niñas, tanto en materia de educación como en otras materias que pueden influir en su desarrollo, reflejarán la calidad de la familia a la que pertenece (Antona, 2014). Si el núcleo familiar central se ve amenazado esto puede influir de manera significativa en su proceso de desarrollo.
El objetivo de esta investigación fue analizar el impacto del uso de la violencia del Estado en los niños y niñas mapuche usando una metodología cualitativa con diseño etnográfico. Como técnicas de construcción de datos se utilizaron entrevistas abiertas, observación participante y recursos del modelo Kawa. Dicho modelo, basado en la cosmovisión japonesa y desarrollado por Michael Iwama en 1998, presenta en un dibujo o relato la metáfora de un río que expresa los ejes de la existencia e incorpora elementos simbólicos de relevancia para la persona entrevistada, lo cual permite reconstruir momentos claves con perspectiva histórica (Castro et al., 2010).
Justificación del problema
El uso de violencia excesiva en las operaciones policiales en comunidades mapuche se cuestiona cada vez más en la sociedad. En los procedimientos, los funcionarios estatales han sido responsables de asfixias por bombas lacrimógenas en los hogares e instituciones educativas de pichikeche, golpes con armas, torturas, persecución, allanamientos, discriminación racial, secuestro, tratos inhumanos durante las detenciones y violencia psicológica racista. Los interrogatorios no respetan el debido cuidado a los menores; así mismo, hay detenciones sin aviso a los padres, hostigamiento e incluso amenazas de muerte (Fundación Anide, 2012).
La Unicef (2006) refiere que defender los Derechos Humanos (DD. HH.) de los niños, niñas y adolescentes compromete a los gobiernos a cumplirlos y protegerlos de la violencia, el abuso sexual, la pobreza, el analfabetismo y la exclusión. No obstante, en la actualidad, no existen medidas concretas por parte del Estado chileno respecto a la gravosa vulneración que sufren los pichikeche en comunidades que son políticamente activas por sus derechos territoriales.
Para visibilizar esta realidad, la defensoría de la niñez presentó el caso Catrillanca a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en marzo de 2019. Este refiere el asesinato de un comunero mapuche en noviembre del 2018 por parte de la policía chilena, en presencia de un menor de edad, el cual fue vulnerado severamente por esta. En ese momento se hicieron observaciones sobre brechas críticas que afectan a los pichikeche de pueblos indígenas y que son visibles en territorios mapuche, por lo que se efectuaron recomendaciones con enfoque de DD. HH. y con estándares para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas e intervenciones sociales desde el Estado. Estas aún continúan vigentes, ya que no ha habido cambios significativos en las políticas públicas que mejoren la precaria situación en la que se encuentra este grupo vulnerable (Defensoría de la Niñez, 2020).
El problema de la violencia institucional normalizada en el ambiente social que se describe tiene antecedentes discriminatorios que, según Mardones-Carrasco y Cheuque Porras (2010), afectan esencialmente la vida de los pichikeche. Esto porque las circunstancias y la forma en la que se producen tales interacciones influyen en cómo el niño se relaciona con su mundo, agenciando su propio desarrollo. En una situación de violencia organizada y represión política constante, como las que vivencian las comunidades mapuche, las condiciones cotidianas de vida se resquebrajan y el desarrollo de los pichikeche se afecta gravemente.
A partir de la revuelta de octubre del 2019, donde inicialmente participaron estudiantes secundarios del Instituto Nacional de Chile y luego estudiantes de todo el país, se observó una alarmante falta de respeto por los DD. HH. de la población infantil en la represión ejercida. Los casos que llegaron a la Defensoría de la Niñez se consideraron como vulneración de derechos: «En un 90% de las denuncias recibidas por la Defensoría de la Niñez se imputa la agresión al niño, niña o adolescente ejercida por parte de un funcionario policial de Carabineros de Chile» (Defensoría de la Niñez, 2020, p. 26). La represión concentrada en comunidades se extendió al resto de la población chilena. La Defensoría de la Niñez (2020) indica:
¿Ustedes creen que la violencia policial se produce recién el 18 de octubre? Pues lamento decirles que no. En Chile hay grupos de niños, niñas y adolescentes que llevan sufriendo la represión policial y la lógica estatal desde hace bastante tiempo. Los niños, niñas y adolescentes mapuches; los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y los estudiantes secundarios. (p. 44)
En este contexto, es de alta relevancia investigar, desde la perspectiva de los afectados y sus familias, cuáles son las repercusiones tanto de estas negligencias institucionales como de la violencia estatal sobre los movimientos sociales mapuche. Se aporta así al campo de las ciencias sociales y de la salud en la construcción de teoría desde los imaginarios construidos por los sujetos afectados.
El objetivo de esta investigación se centró en abordar las implicancias de los enfrentamientos entre las fuerzas policiales del Estado y los miembros de las comunidades que defienden su territorio manteniendo el movimiento social mapuche; en cómo esto impacta en la vida de los pichikeche y sus familias y, a su vez, la repercusión recursiva en los movimientos sociales, ello observado desde el relato oral y los dibujos de los y las participantes.
El estudio se realizó en la región de La Araucanía, donde se concentra el mayor porcentaje de población mapuche a nivel nacional, con un 32.82% (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018) y donde existe una historia de relaciones de conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Por ello, resulta relevante analizar los imaginarios construidos respecto a la violencia de Estado sobre los movimientos sociales de las comunidades mapuche de la Región de la Araucanía, desde la perspectiva de los pichikeche y sus familias.
Movimientos sociales y derechos humanos
Silva-Londoño (2018) plantea que los movimientos sociales se pueden definir como retos colectivos propuestos por individuos o grupos que buscan objetivos comunes frente a las autoridades, élites u oponentes. En México, por ejemplo, estos movimientos son abordados con violencia por el Estado a través de sus agentes, con una fuerza desigual y desproporcionada: «Desde las primeras movilizaciones, fueron hostigados, mediante acoso y seguimientos en sus viviendas. Sin embargo, optaron por denunciarlo para mostrar la represión que el ejército estaba ejerciendo sobre los movimientos sociales» (Silva Londoño, 2018).
Diversos autores confluyen en definir al concepto movimiento social como un tipo de acción colectiva (Garretón, 2011; Revilla, 1996; Svampa, 2009) y coinciden en que no toda acción colectiva constituye un movimiento social. Garretón (2011) propone tres condiciones para que una acción social se considere un movimiento social: a) que el movimiento es su propio referente, es decir, que el sentido de la acción de este es la constitución de un sujeto; b) tiene una dimensión instrumental reivindicativa; y c) tiene una dimensión política-histórica y apunta a la transformación de la sociedad o un ámbito de ella.
Por su parte, Revilla (1996) plantea que el sentido de la acción es lo que distingue un movimiento social de una acción colectiva, y es la identidad colectiva la que otorga mayor sentido a la acción. Melucci (1992) lo diferencia al plantear que el movimiento social
no responde a una situación de emergencia ocasional, ni tiene un carácter de marginalidad (respecto a las instituciones) o de residualidad (respecto del orden), sino que se constituye como realidad permanente y estable en el funcionamiento del sistema, con un espacio específico para su acción. (p. 271-300)
Svampa (2009) distingue dos tipos de acepciones del concepto movimiento social: una a la que llama una «línea fuerte», más teórica, en la que el movimiento social cuestiona la lógica de dominación, y una definición débil que lo define como una acción colectiva que tiene la intención de modificar el sistema social establecido o defender algún interés material, desde quien no tiene poder hacia aquellos que sí lo tienen. Sin embargo, se posiciona en la definición fuerte, la cual destaca las lógicas de dominación, la asimetría entre quien recurre a la acción con una identidad y sentido de modificación de las estructuras dominantes.
De acuerdo a lo anterior, y en el caso que aquí se discute, las autoras definen al proceso reivindicatorio del pueblo mapuche como un movimiento social, y se asume que existe un proceso recursivo entre sujeto (pichikeche y comunidades) y estructura (Estado); es decir, ambos se construyen y deconstruyen permanentemente.
En Chile, en un análisis respecto a la institución estatal y la represión a la que se somete a los movimientos sociales, particularmente al movimiento social mapuche y a las nuevas generaciones -representadas en los pichikeche-, se podría observar la ejecución del biopoder. Este es definido por Foucault (2016) como un «conjunto de mecanismos y procedimientos cuyo papel o función y tema aun cuando no lo logren, consisten precisamente en asegurar el poder» (p. 16). Desde su construcción teórica, el autor analiza los mecanismos y procedimientos con los que una estructura social humana pretende asegurar el poder sobre otros seres humanos y otras especies.
En la realidad social chilena, con relación a los movimientos sociales mapuche, el Estado aplica mecanismos legales, disciplinarios, de vigilancia y corrección, así como los dispositivos de seguridad descritos por Foucault (2016). Con la implementación de estos mecanismos del biopoder, el Estado somete a las comunidades mapuche con el fin de asegurar su poder sobre sus miembros, sin distinción de género ni condición etaria, violentando a personas en pleno proceso de construcción de imaginarios de la sociedad que quieren vivir, aun cuando aquello implique la transgresión de sus DD. HH. fundamentales. Esta transgresión a los DD. HH., entonces, se comprendería como resultado de ejercer los mecanismos de poder definidos por Foucault (2016).
Imaginarios sociales
En este contexto, el biopoder del Estado ejerce un peso sobre sujetos y genera imaginarios colectivos respecto a las consecuencias e implicancias de la expresión social de sus expectativas. Según Castoriadis (Sahagún, 2005), la imaginación social alude a la capacidad colectiva de crear; ello explicaría las diferencias que existen entre las distintas sociedades, ya que están incorporadas en instituciones que tienen sus propias normas, valores, lenguaje, procedimientos y métodos.
El autor plantea que la imaginación es una función o potencia del alma que permite «transformar masas y energías»; de ahí la posibilidad de lo nuevo, de lo históricamente transformable y, por tanto, de instituciones que son manifestación de lo novedoso, dado el contenido de su dimensión imaginaria. Castoriadis expone que la historia humana es creación, pero antes que nada es autocreación indeterminada, que se desarrolla en un momento histórico social, y que es en los movimientos sociales donde se observan estas manifestaciones de creatividad, ya que las personas se mueven en torno a los cambios que quieren para el futuro.
Descrito de otro modo, el sustento del cambio desde los movimientos sociales primero implica la imaginación de un futuro y, con ello, el intento de hacer realidad lo que se imagina. El autor enfatiza que los imaginarios sociales dan a conocer una dimensión negativa de la sociedad que da cuenta de lo que no se quiere; esta, a su vez, permite visualizar otra realidad posible a la que se percibe como hostil. Al mismo tiempo, permite la existencia de una dimensión positiva que sustenta los movimientos sociales y los une en torno a la idea de la creación de un mundo nuevo, uno mejor, que da sustento a una identidad colectiva.
Si estos movimientos sociales son reprimidos con una violencia que trasgrede la identidad colectiva del buen vivir por parte de las instituciones estatales, se pierde el principio de humanidad común; el otro se transforma en un enemigo posible y deseable de destruir totalmente. De este modo, los movimientos sociales podrían perder su sentido de creación de un mundo mejor y quedarse en la dimensión negativa de los imaginarios sociales.
En este sentido, las acciones de violencia estatal trasgreden la cultura del respeto a los DD. HH. que se promueve en la humanidad como una identidad colectiva; esta cuestiona los vergonzosos eventos de la Segunda Guerra Mundial que terminaron con el juicio de las jerarquías nazis ante los Tribunales de Núremberg y con la Declaración Universal de DD. HH. en 1948. Rabossi (1990) se apoya en una base teórica conceptual que plantea la naturalización de los DD. HH. mediante «el reconocimiento mutuo de una serie de objetivos y valores universales» (p. 165). Valores que serían negados en los eventos denunciados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y afectaría a niños y niñas chilenos y mapuche.
La declaración del INDH (2019), en su informe sobre la Misión a Chile, menciona que la discriminación en contra de los pueblos indígenas también formó parte de las quejas subyacentes a la ola de protestas, donde se expresaba la desigualdad en la participación de ciertos grupos de la población en aspectos democráticos y políticos. Ello visibiliza la realidad de las distintas comunidades mapuche que viven en estado de sitio y el apartheid ocupacional del que son víctimas. Según Kronenberg et al. (2007) este último concepto es entendido como
el resultado de limitaciones políticas que pueden extenderse afectando a todos los aspectos de la vida cotidiana y a la ocupación humana por medio de restricciones jurídicas, económicas, sociales y religiosas; y se pueden encontrar como consecuencia de la pobreza crónica y la desigualdad en muchos países del globo. (p. 65).
Estar en estado de apartheid ocupacional es encontrarse limitado en la participación de ocupaciones necesarias o significativas. Diversos factores pueden generar este estado de exclusión; lo relevante es que están fuera del control inmediato del individuo (Kronenberg et al., 2007). En este caso la mayor parte de las condiciones restrictivas son generadas por la excesiva violencia empleada en la presencia policial en las comunidades mapuche.
Niño y niña mapuche o pichikeche
Para facilitar la comprensión del vínculo entre la situación de apartheid ocupacional en que viven sus comunidades y el concepto pichikeche (que, desde la cosmovisión mapuche, alude a las primeras etapas de vida del ser humano), se considera el concepto de clases de edad, propuesto por Martín-Criado (2009). Dicho autor plantea que la división de edad no puede imponerse desde fuera del sujeto estudiado a partir de las categorizaciones de los investigadores o investigadoras, sino que es construido por los grupos sociales con base en sus características materiales y sociales; principalmente, de sus contextos y formas de reproducción social.
En este sentido, el conocimiento mapuche concibe el proceso de gestación del ser humano como un periodo de transición desde un plano espiritual a uno material que se concreta con el nacimiento. Desde ahí comienza un nuevo proceso de formación social y espiritual de niños y niñas que condicionará su rol. Esta formación del pichikeche es un proceso continuo que tiene como fin último conformar la identidad social del che, que conlleva la adquisición de los conocimientos necesarios para el ejercicio de roles y responsabilidades futuras en la comunidad.
En lo que refiere a los pichikeche, según los kimche (adultos sabios desde el conocimiento mapuche), el aprendizaje de los pichikeche
se lleva a cabo en una interacción con el medio social y natural; es un proceso que se realiza en el medio familiar semejante a la función que cumple la escuela. Cuando se refieren a la escuela, en sus discursos subyace la socialización y el tipo de escolarización que ellos mismos recibieron. (Quilaqueo & Quintriqueo, 2010, p. 532)
Por lo anterior, aquello que está sucediendo a la comunidad, les sucede con mayor potencia a los sujetos en construcción de vínculos internos-externos, y tendrá una fuerte incidencia en el futuro del colectivo.
En consecuencia, la pregunta que se formulan las investigadoras y que guía el estudio, es la siguiente: ¿cuál es la percepción de los imaginarios construidos respecto a la violencia de Estado sobre los movimientos sociales de las comunidades mapuche, desde la perspectiva de los pichikeche y sus familias, de territorios mapuche, en la Región de la Araucanía, Chile, años 2017-2019?
Método
La investigación utilizó una metodología cualitativa, la cual permite acercarse a las personas y llegar a conocerlas desde el plano subjetivo e, incluso, si se desarrollan adecuados procesos de empatía, experimentar lo que ellas sienten en su diario vivir. Así, se entienden conceptos como frustración, dolor, fe, amor o sufrimiento, lo cual no se logra con otros enfoques investigativos. El investigador ve a las personas y al escenario como un todo (Taylor & Bogdan, 1984).
Diseño
Para este estudio se empleó un diseño etnográfico sustentado en la nueva etnografía (Hammersley & Atkinson, 1994), la que considera particularmente la reflexión por parte de las investigadoras del impacto del estudio en los participantes y su entorno. Esta consideración es muy importante, dada la delicadeza de los temas y la situación de vulneración de derechos que han vivido los sujetos que aceptaron colaborar con la investigación. El diseño permitió la consideración de la cultura y cosmovisión, la generación de un vínculo, evitar la revictimización y ahondar en la información necesaria para la investigación.
Muestra
La muestra fue de tipo intencionada; se seleccionaron casos característicos de una población limitándose solo a estos (Otzen & Manterola, 2017). Se utilizó la selección por conveniencia, de caso tipo, por cuotas (Hernández et al., 2010), con una escala social correspondiente a un grupo social cerrado e intenso. Según Canales (2006), este tipo de escalas son favorables para muestras muy cerradas en las que hay de alta especificidad social. El tamaño de la muestra de definió de acuerdo al criterio de saturación de datos, el que se produce cuando ya se ha respondido la pregunta de investigación, dando cuenta de resultados concordantes con el objetivo de investigación (Bertaux, 1999; Canales, 2006).
Descripción de los participantes
Participaron cinco familias extensas de la comunidad mapuche, acompañadas por siete personas mayores dirigentes y loncos de la comunidad como un gesto de respaldo y protección a los pichikeche. Se entrevistó a cinco padres y siete pichikeche de 5 a 12 años. Los y las dirigentes y loncos también participaron en entrevistas para la entrega de antecedentes que permitieron comprender mejor el contexto comunitario y sociopolítico. Como criterio de inclusión se consideró que los participantes pertenecieran a una comunidad mapuche del sector sur de Temuco que hubiesen vivenciado la violencia estatal y que tuvieran pichikeche de 5 a 12 años de edad. Todos los participantes accedieron a participar de forma voluntaria y anónima, mediante un consentimiento informado.
Proceso de construcción de datos
La construcción de datos se realizó durante visitas de un día completo de duración. Se hicieron 16 visitas en total en un lapso de cuatro meses, desde agosto a diciembre del 2017. Entre agosto y septiembre del 2019 se realizó una segunda etapa con el objeto de triangular los datos.
El trabajo de campo consistió en un acercamiento paulatino de las investigadoras a la comunidad mapuche que aceptó involucrarse en la investigación. Tras las primeras visitas se identificaron los informantes clave -el expresidente y el presidente de la comunidad- quienes, a través de entrevistas, dieron a conocer la historia de la comunidad y su conformación. Los otros participantes adultos también aportaron antecedentes mediante relatos de vida (Bertaux, 1999) y observación participante, mediante la cual las investigadoras compartieron espacios comunitarios y familiares en ceremonias religiosas mapuche y actividades de la vida diaria.
Posteriormente, se inició el acercamiento a las cinco familias que manifestaron su interés en involucrarse en la investigación y se entrevistó a los padres. Paralelamente, se utilizaron recursos del modelo Kawa como estrategia de acercamiento a los pichikeche, instándolos a dibujar un río, con elementos que representaron problemas, características personales, así com valores y personas importantes para ellos. Luego, los pichikeche analizaron sus propios dibujos y comentaron sobre las situaciones de violencia que habían vivenciado.
Análisis de información
El proceso analítico comenzó al aplicar las entrevistas en una escucha activa, la cual tiene dos etapas: en la primera, se comprende lo colectivo desde el habla del sujeto entrevistado y, en la segunda, se trata de interpretar lo comprendido desde la perspectiva del hablante «según su posición en la estructura y los procesos sociales» (Canales, 2014, p. 177).
Posteriormente, se analizaron las entrevistas y los dibujos y se discutió en torno a la información obtenida para contrastar los puntos de vista; es decir, se hizo la triangulación del análisis. Los dibujos de los pichikeche se compararon con las respuestas entregadas por los padres y se analizaron los imaginarios construidos con respecto a la violencia estatal sobre los movimientos sociales de las comunidades mapuche. Para ello, los contenidos de las entrevistas se organizaron en categorías y luego se analizó el contenido de los dibujos por cuadro.
Resultados
A partir del análisis del relato y dibujos de los participantes, se observó que durante años estos han vivenciado la violencia por parte del Estado chileno, la que se ha expresado en violencia psicológica, física y social. En el relato se observa la existencia del abuso de poder, intimidación y anulación parental por parte de los agentes del Estado hacia los pichikeche y sus padres.
En diversas ocasiones y de manera ofensiva, los participantes fueron sometidos a discriminaciones, descalificaciones y atribuciones estereotipadas respecto a su origen mapuche por parte de carabineros. Según los entrevistados, esto se explica por la construcción de una imagen cultural negativa en los medios de comunicación hacia el pueblo mapuche. Esta situación genera en las familias sentimientos de miedo e indefensión, ya que no importa lo que se haga, tanto los pichikeche como sus padres o cualquier miembro de su familia puede sufrir consecuencias disciplinarias de parte del Estado y sus representantes por la sola condición de ser mapuche.
Lo anterior se puede evidenciar en el relato de un entrevistado, en donde plantea:
Ese es el miedo que da. Yo igual de repente me siento un poco asustado, porque uno ve que a veces están encarceladas personas que nada que ver. Yo tuve encarcelado a un hermano y un sobrino por allanamiento. Los tuvieron 12 días encarcelados, pero injustamente, sin ningún motivo. Incluso mi sobrino había terminado la enseñanza media, había empezado a trabajar cerca de Concepción y allá lo fueron a detener. Lo tuvieron 12 días encarcelado y quién paga ese daño y cómo quedó ese cabro con secuela. Llegar a pasar los días tras los fierros. (Padre entrevistado 3, comunidad sector sur de Temuco, Región de La Araucanía)
Se observa, además, que son los padres los que vivencian la violencia más explícitamente. Respecto a esto último, Maciá-Barber (2013) menciona que los niños no desarrollan un papel de actores principales, sino que ante los hechos de violencia generada en los conflictos armados ellos cumplen el papel de víctima, ya que son testigos de la brutalidad y del sufrimiento que afecta a sus iguales y a sus familiares.
Bajo esta misma premisa, Lenta y Zaldúa (2020), expresan:
En el análisis de las narrativas acerca de la vida cotidiana y las trayectorias vitales, las afectaciones de las violencias emergieron como núcleo organizador de los padecimientos, el malestar y los anhelos. La violencia estructural significada en la realidad sociohistórica expresa desdoblamientos sobre los vínculos relacionales-familiares y sobre sí mismos. (pp. 7-8)
Por otra parte, Jorquera-Álvarez y Piper (2018), señalan que en Chile existe una conciencia de impunidad ante los excesos en el uso de la violencia, lo que reafirma que, ante la misma, los ejecutores no son conscientes del daño que desencadenan en las víctimas. Lo anterior se observa en los siguientes relatos de dos madres:
Ahí es cuando los niños pensaron que nunca más íbamos a volver, porque Pancho asustado decía: «No se la lleven, no se la lleven», porque a mí me decían que no iba a volver más, porque me iba a quedar presa. (Madre entrevistada 4, comunidad sector sur de Temuco, Región de La Araucanía)
No le tocó nada a él, pero sí todo el hostigamiento que pasó en ese momento, porque a todos nos llegó. No hallaba qué darle [al pichikeche], porque lloraba todo el rato y decía «Mi ojito, mi ojito» y después empezó con la garganta (…) más que nada; ellos llegaron y empezaron a disparar lacrimógenas. Y llegaron todos de un viaje, entonces pillaron a todos desprevenidos. No hubo mucho tiempo de reaccionar. (Madre entrevistada 5, comunidad sector sur de Temuco, Región de La Araucanía)
Con respecto a los constructos imaginarios de los pichikeche, en estos se observa dolor, impotencia y autodestrucción en función de la negación del poder para la construcción de una sociedad mejor. Las secuelas que la violencia estatal provocó en los pichikeche llegar hasta los intentos de suicidio. Los hechos de transgresión estatal impactan directamente en su desarrollo físico, emocional y social. Esto se puede evidenciar según lo comentado por una madre de la comunidad, quien menciona lo siguiente: «En esos años yo en realidad pensé perder a mi hijo. Cuando su hermana lo encontró arriba y bañando en sangre en el piso, pensé que había muerto» (Madre entrevistada 4, comunidad al sur de Temuco, Región de La Araucanía).
Los pichikeche fueron afectados con una pérdida del interés y motivación por realizar actividades como estudiar o leer. También manifestaron acciones de rebeldía a todo aquello que implica autoridad sobre ellos. Esto se puede apreciar en el siguiente relato:
No quería estudiar, no quería leer, no obedecía en nada, porque él ya no estaba, era un niño ausente. Cosa de que todos en un momento decían qué pasa con él, solamente va a calentar el asiento y no hacía nada. Ese era él después del allanamiento y no tenía ganas de nada. (Madre entrevistada 4, sector Sur de Temuco, Región de La Araucanía).
Se observa en los pichikeche la generación de un sentimiento de rechazo y odio hacia la institucionalidad del Estado chileno. Se hacen presente la construcción de imaginarios en su dimensión negativa, de destrucción de la sociedad que los oprime y de los representantes de esa institucionalidad que destruye y ataca con crueldad a su familia, a sus padres y a ellos mismos, como se describe en la siguiente afirmación:
Quedó si con que no trata bien en este caso a los carabineros. Les tiene odio. O sea, está creciendo con un odio hacia los carabineros. El más chiquito, después que pasó eso, me dijo: «Me voy a comprar una pistola, mami, voy a matar a todos esos». (Padre entrevistado 3, Comunidad sector sur de Temuco, Región de La Araucanía)
A partir de lo vivenciado, los pichikeche evidenciaron en dibujos los constructos imaginarios ante la violencia estatal (figuras 1, 2 y 3). Los dibujos, desde las representaciones simbólicas de los niños y niñas, son herramientas útiles para comunicar y educar, desde sus voces, a las generaciones presentes y futuras sobre los hechos, las experiencias vividas y sus expectativas de un país que viva en forma pacífica (Ospina-Ramírez et al., 2018).
Discusión
Los resultados apuntan a que los imaginarios que se construyen a partir de la aplicación de la violencia del Estado para asegurar el poder de un colectivo humano por sobre otro, como plantea Foucault (2016), tienden a la destrucción del sí mismo, en tanto ente personal y colectivo. Así, se rompe la estructura colectiva del quehacer comunitario y se generan respuestas de defensa del sistema que las vivencia, las que se manifiestan en agresión hacia sí o hacia lo que es identificado como el origen del quiebre.
Al surgir imaginarios de dolor e incomprensión frente a la violencia desmedida e injustificada, sustentada en el racismo y expresada en un trato cruel por parte del Estado, se promueve la generación de movimientos sociales que podrían permitirse una respuesta similar, sosteniéndose en lo que Castoriadis (Sahagún, 2005) ha denominado «la dimensión negativa de los imaginarios». Esto ocurre en personas que todavía no pueden generar estrategias para la contención y la resignificación de tales eventos traumáticos, un fenómeno que las autoras han denominado «rebelión incubada».
La expresión de constructos imaginarios de dolor e impotencia, así como la autodestrucción, se manifiestan en función de la negación del poder para la construcción de una sociedad mejor, lo que resulta coherente con lo planteado por Castoriadis. El autor plantea que la capacidad humana puede transformar el mundo a través de la imaginación y, por ello, se puede transformar a las instituciones a partir de la creación, imaginando un futuro con una mejor realidad posible, lo que permite la unidad a través de sueños y deseos colectivos. La dimensión negativa de los movimientos sociales da cuenta de aquello que no se desea para el futuro.
Al observar la realidad de niños, niñas y jóvenes reprimidos en su creación positiva, se comprende que las instituciones fijan y sostienen, a través del conservadurismo, situaciones dolorosas para grandes grupos de personas y, al mismo tiempo, condenan a que todo cambio esté sujeto a la reacción con fuerza, frente a la negación discriminatoria de la posibilidad humana de crear esperanzas colectivas de un mundo mejor. De este modo, cuando los sujetos representan y evidencian imaginarios de instituciones sociales destructivas, violencia omnipresente y dominio social a partir de la violencia, el sujeto colectivo se ve atravesado por las emociones del temor, la rabia y la inseguridad, situación que se agrava ante la ausencia de la lógica de la cultura del respeto a los DD. HH.
Silva-Londoño (2018) define los movimientos sociales como retos colectivos propuestos por los grupos que buscan objetivos comunes frente a las autoridades. Para poder expresarse en forma segura, estos movimientos deben cerciorarse de estar protegidos de la crueldad institucional. Así, los pichikeche en este contexto de violencia estatal están siendo obligados a comprender -como se muestra en los imaginarios- que deberían ser amparados por acciones de un nivel de violencia tal que logre frenar aquella que es ejercida por la institución estatal.
Considerando la definición de clase de edad de los pichikeche planteada por Martín Criado (2009), sustentada en el ser partícipe de un espacio social común en que construyen sus primeros años de vida, compartiendo un cuadro de vida histórico social, expresado en una situación repetitiva de exclusión y violencia por parte del Estado que posiciona a este grupo social en la restricción de participación en ocupaciones significativas, se podría afirmar que su situación constituye un estado de apartheid ocupacional y de vulneración de sus derechos. Lo que genera impacto en su bienestar físico, psicológico y emocional.
Cabe destacar que esta situación se encuentra normalizada en la sociedad y que regularmente se piensa que afecta solo a las personas adultas; sin embargo, la realidad sociopolítica y cultural del pueblo mapuche demuestra que involucra todo rango etario.
Los pichikeche se relacionan con su mundo agenciando su propio desarrollo en medio de una institucionalidad que ha naturalizado la violencia y el racismo como método de control social y que ha desnaturalizado los principios del respeto por los DD. HH. En esto concuerda con lo planteado por Mardones-Carrasco y Cheuque-Porras (2010): «En una situación de violencia organizada y represión política constante, las condiciones cotidianas de vida se resquebrajan y el desarrollo de los niños y las niñas se afecta gravemente» (p. 42).
En este contexto, el apartheid ocupacional se hace más notorio y se puede inferir que el Estado no está tomando las medidas necesarias para la protección y el resguardo de los derechos y salud de los pichikeche, específicamente en lo que se refiere a la protección en contra de los malos tratos, formas de discriminación o represalias.
Esto último se evidencia en la falta de cuidados en las medidas de represión por partes de agentes del Estado hacia el pueblo mapuche en sus comunidades, en pos de mantener el control del llamado «conflicto mapuche», dejando claro el mensaje de Foucault (2016): «Si quiere luchar, aquí tiene algunos puntos clave, algunas líneas de fuerza, algunos cerrojos y algunos obstáculos» (p. 18). El Estado chileno deja claro que el principal obstáculo para el movimiento social es la transgresión a los DD. HH. de los grupos sociales que lo promuevan.
