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Introducción
Las altas tasas de mortalidad juvenil en condiciones violentas e impunes registradas desde la primera década del presente siglo autorizan a hablar de epidemia en México (Reguillo et al., 2018); esta situación se replica en Colombia con las miles de víctimas jóvenes de la guerrilla, el paramilitarismo y del propio Estado (Muñoz & Valenzuela, 2020), así como en Brasil adquiere ribetes alarmantes el genocidio de las juventudes negras (Feffermann, 2015).
En síntesis, ser joven latinoamericano aumenta el riesgo de morir baleado, ya que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el promedio de muertes violentas por armas de fuego en esta región es medio punto mayor en este grupo etario que en la población en general (Otamendi, 2019).
Actualmente, atender a los emergentes de las condiciones de existencia juvenil en nuestros países supone reconocer como problemática urgente las pérdidas de vidas producidas por «las violencias que se presentan en forma de precarización, limpieza social, ejecuciones sumarias, falsos positivos, exterminio, "levantones", desapariciones, racismo» (Valenzuela, 2019a, p. 223). De este modo, el denominado juvenicidio impacta de manera sustantiva en las nuevas agendas del campo de estudios de juventudes (Alvarado et al., 2021), involucrando su agudización en procesos de máxima actualidad como las medidas sanitarias de ajuste y restricción en la circulación frente a la pandemia covid-19 (Aguilar- Forero, 2020).
Con esta categoría no se alude a muertes aisladas o naturales, sino a asesinatos o actos de violencia física o simbólica impuestos fundamentalmente por el Estado de manera sistemática e impune a determinados grupos etarios y sociales. Es por ello que conceptualizar a esta problemática social ominosa como objeto de estudio supone asumir un posicionamiento de «compromiso ético, académico y humanista para proponer nuevos marcos de convivencia, proyectos de nación más justos, incluyentes y equitativos y mejores horizontes civilizatorios» (Valenzuela, 2012a, p. 102).
Como podrá constatarse en este trabajo, la categoría juvenicidio ha concitado ya la atención de investigadores/as sensibles a los horrores y las injusticias. Aún así, se encuentra en los albores de su desarrollo y, consecuentemente, se constituye en una apuesta abierta a su construcción.
En este marco, este artículo se orientará por los siguientes interrogantes: ¿cuál es la relevancia epistemológica de este concepto en orden a las áreas de visibilidad/invisibilidad que habilita?, ¿cuál es su fertilidad para dar cuenta de la problemática que intenta categorizar?, ¿qué aportes específicos realiza y cuáles son los temas pendientes en su propio devenir? Para intentar dar respuestas, se desarrollará un proceso de indagación documental a través de la revisión de literatura disponible en habla española con los siguientes objetivos:
Realizar una breve historización del concepto juvenicidio.
Identificar y analizar los principales núcleos de discusión teórica que lo atraviesan, así como los marcos conceptuales que se ponen en juego en el debate.
Describir el estado de avance de la investigación sobre juvenicidio en referencia a:
Los problemas particulares de las realidades juveniles situadas que permite abordar.
Los vacíos o posibles áreas de vacancia propios de un campo de estudio en construcción.
El enfoque asumido en esta investigación es interpretativo, en la medida en que el análisis de las referencias recopiladas busca trascender la mera enumeración o descripción, para reflexionar críticamente sobre el conocimiento producido respecto del concepto. Esto implica un trabajo de elaboración de los sentidos que se plasma en categorías de codificación emergentes, orientadas por las preguntas de investigación y los objetivos antes definidos.
Método
Se trata de una revisión cualitativa sistemática de literatura científica publicada entre 2010 (año en que se registra la primera mención) y 2021. La búsqueda se realizó principalmente en las bases de datos Scopus, Scielo, Redalyc, Latindex y Google académico, utilizando como palabra clave juvenicidio.
En primera instancia se procedió a una lectura inicial de los resúmenes de los artículos o de los capítulos resultantes de la búsqueda antes mencionada, a partir de lo cual se seleccionaron los más pertinentes teniendo en cuenta un criterio temático, a saber: que se tratara de estudios teóricos que reflexionaran sobre el concepto o reportes de investigación empírica que aplicaran la categoría en procesos de producción de conocimiento. En consecuencia, se excluyeron seis editoriales, siete reseñas de libros, tres entrevistas y un listado de bibliografía, al ponderar su menor densidad conceptual. De acuerdo al conocimiento previo de la autora, confirmado ya en las primeras exploraciones de la literatura, puede afirmarse que el nacimiento del concepto en análisis se registra en producciones de habla española. Teniendo en cuenta esta marca de origen y el hecho de que esta sería la primera revisión sistemática sobre juvenicidio (no se encontraron antecedentes al respecto), se consideró pertinente restringir las publicaciones seleccionadas al idioma español, ponderando que esta decisión permitiría recuperar el contexto de producción lingüístico del concepto. En consecuencia, se desecharon seis artículos en portugués1 y uno en inglés.
En segundo término, se realizó una lectura minuciosa del artículo o capítulo completo, lo que permitió descartar aquellos en los que se menciona la palabra juvenicidio en las referencias bibliográficas, pero sin que sea operativa como categoría analítica.
Luego de la búsqueda, recopilación y selección antes descripta, se organizó un inventario de fuentes de información, que permitió delimitar el corpus a analizar. El mismo quedó conformado por un total de 58 publicaciones.
Siguiendo la ruta metodológica de una revisión cualitativa, una vez constituido el corpus se procedió a realizar una lectura interpretativa de los textos que se volcó en una matriz integrada por ejes de análisis definidos a priori de acuerdo a los objetivos del estudio, a saber: historización del concepto, principales núcleos de discusión teórica, problemas particulares de las realidades juveniles que permite abordar y posibles áreas de vacancia. Las categorías de codificación al interior de cada uno de estos ejes fueron emergentes del análisis y son las que se presentan/discuten en los apartados siguientes.
El trabajo de análisis interpretativo supuso una lectura transversal y comparativa entre textos para delimitar convergencias y divergencias, lo que permitió poner en diá logo a los/as investigadores/as que animan este campo a través de sus textos publicados, para presentar tanto el estado de avance del conocimiento como los aspectos vacantes.
Un antecedente inmediato que nutre este artículo es la participación de su autora desde 2016 en el denominado Colectivo Juvenicidio,2 integrado por investigadores/as de 2 países latinoamericanos y de España con el propósito de sistematizar y visibilizar información, así como denunciar la desaparición y asesinato de jóvenes bajo responsabilidad estatal. Esta experiencia permitió detectar la necesidad de un estudio que sistematizara y analizara las discusiones teóricas adelantadas y pendientes desde una perspectiva crítica-reflexiva, aportando una suerte de ordenamiento a un campo conceptual e investigativo que, aún contando con una masa crítica de producciones, se encuentra en plena construcción. Si bien esta comprensión previa del fenómeno estudiado guió los primeros momentos del estudio, los recaudos metodológicos antes explicitados evitaron que el mismo se limitara a la consideración del núcleo cercano de investigadores/as sobre juvenicidio que forman el grupo de pertenencia de la autora, generando una revisión documental significativamente sistemática y exhaustiva.
Resultados
Génesis de un concepto hijo del dolor y la indignación
La revisión realizada permitió identificar una primera mención que considera al juvenicidio como un flagelo de la realidad mexicana durante la primera década del presente siglo, junto con el feminicidio (Ravelo & Domínguez, 2010).
En esta misma tónica consistente en un uso más bien coloquial y apegado a la etimología de la palabra, pueden observarse trabajos tempranos de quienes, como veremos luego, se constituirán en referentes de este campo. Reguillo reconocerá que comenzó a utilizar juvenicidio como noción sin mucha elaboración luego de la «ejecución y del asesinato brutal del hijo de Javier Sicilia, del poeta, y seis de sus amigos en Cuernavaca en 2011» (Reguillo et al., 2018, p. 15), mientras que en un texto temprano Valenzuela (2012a) alude descriptivamente al término, para reflexionar sobre la relación entre violencia y punitivismo en México.
En síntesis, en estos antecedentes iniciales se evidencia la presencia central de autores/ as mexicanos/as que documentan las primeras reacciones suscitadas por los asesinatos masivos y macabros de jóvenes, intentando ponerle un nombre al dolor producido, sin avanzar aún en precisiones conceptuales.
Si bien en la comunidad académica existe coincidencia en atribuirle la creación de esta categoría analítica al sociólogo mexicano José Manuel Valenzuela, al recorrer la literatura se comprende que se trata de un proceso colaborativo de producción a partir del diálogo entre investigadores/as que decanta en «interpretar el asesinato persistente y sistemático de jóvenes en nuestros países» en términos de juvenicidio (Valenzuela, 2021, p. 26).
Un hito en este devenir lo constituye la publicación en 2015 de la obra colectiva coordinada por el mencionado (Valenzuela, 2015). La misma articula producciones de investigadores/ as provenientes de México, Colombia, Brasil, Argentina y España, quienes analizan bajo el prisma del juvenicidio las problemáticas específicas de violencia que tienen como víctimas preferentes a los/as jóvenes en sus países. Nuevamente, un hecho brutal e injusto empuja el derrotero del concepto: «Los asesinatos y desapariciones forzadas de estudiantes normalistas de Ayotzinapa (le) otorgaron triste centralidad» (Valenzuela, 2019a, p. 62).
Una somera mirada cuantitativa sobre la bibliografía relevada muestra un campo en expansión, que concentra la mayoría de las publicaciones en los últimos cuatro años. Además, en los textos de este periodo se perciben avances hacia un uso más analítico del concepto y no meramente descriptivo o incluso coloquial como en los primeros antecedentes. Por su parte, el análisis cualitativo del corpus hace posible constatar la existencia de un núcleo de publicaciones en las cuales juvenicidio es tratado como un objeto teórico pasible de reflexiones epistemológicas acerca de su génesis y pertinencia, al tiempo que es puesto en tensión en su capacidad heurística frente a problemáticas locales que afectan a la población joven. Las firmas de estos trabajos son coincidentes con los/as principales referentes de lo que podría denominarse un campo de estudios del juvenicidio, en tanto agencian las principales líneas de discusión teórica.
Dicho núcleo se acompaña de otro conjunto de producciones en las cuales el foco no está puesto en los análisis teóricos, sino en una implementación más bien instrumental del juvenicidio para aplicarlo en estudios empíricos. Deteniéndonos en este segundo grupo, es posible delinear un panorama de las formas particulares que asume el juvenicidio de acuerdo a realidades situadas en distintos países, así como a las estrategias de resistencia y lucha que se despliegan.
En primer término, se observa una fuerte presencia de reportes de México, mostrando cómo la violencia brutal y el horror social que han tenido a los jóvenes de ese país como víctimas prevalecientes hacen parte de su historia reciente (Valenzuela, 2019b). El juvenicidio es un operador epistémico en diversos temas de agenda local, desde procesos de estigmatización en distintos escenarios de sociabilidad juvenil, con énfasis en el espacio público (Meneses-Reyes & López-Guerrero, 2018; Urteaga & Moreno, 2020), hasta las situaciones de vulnerabilidad, precarización y muerte potencial en tanto una de las causas del ingreso de estos grupos a mercados laborales ilícitos en general (Peña & García-Mendoza, 2019) y al narcotráfico en particular (Becerra & Hernández, 2019). Se dibuja, incluso, una sublínea dentro de los estudios fronterizos, que recoge los asesinatos de jóvenes producto del crimen organizado y de la respuesta estatal en Ciudad Juárez (Castañeda et al., 2013; Cruz, 2014; Monárrez, 2013; Salazar, 2014a). De esta manera, estos textos no pueden ser comprendidos por fuera de un contexto de producción marcado por «una histórica cultura de la impunidad y la ilegalidad, agudizado por el problema del narcotráfico, las condiciones del neoliberalismo y la política federal de intervención policíaco-militar» (Sierra, 2011, p. 240)
En segundo término, atendiendo al volumen de publicaciones, se ubican los trabajos que exploran prácticas juvenicidas en Colombia, las cuales deben ser enmarcadas en un conflicto armado que lleva varias décadas e involucra luchas guerrilleras, narcotráfico, paramilitarismo e impunidad -cuando no complicidad del Estado- y que ha dejado «cientos de miles de víctimas de masacres y asesinatos selectivos, a las que hay que sumar muchos otros de desaparición forzada, desplazamiento forzoso, secuestros, ejecuciones ex-trajudiciales, reclutamiento ilícito, tortura, minas y violencia sexual» (Muñoz & Valenzuela, 2020, p. 29).
Algunas de las formas que asume el juvenicidio colombiano son las ejecuciones ex-trajudiciales del Estado, denominadas «falsos positivos» (Amador-Baquiro, 2016), los desplazamientos forzados (Rosales, 2021), la estigmatización que impide el desarrollo de una vida digna (Agudelo et al., 2019) y las estrategias simbólicas para justificar y normalizar el exterminio (Gómez-Agudelo, 2018). Trabajos actuales registran el recrudecimiento de estas prácticas aún en la búsqueda de la convivencia pacífica que transita Colombia (Rovira-Rubio & Montoya-Castaño, 2021).
En Brasil generalmente se utiliza la expresión «genocidio de jóvenes negros» porque la violencia sistemática y letal padecida por este grupo etario se conceptualiza como un exterminio racial en masa (de Paula, 2021). Los prejuicios, la brutalidad policial y el aniquilamiento organizado de estos/as jóvenes son comprendidos como dinámicas propias de un país fuertemente atravesado por la racialización, en procesos de tradición colonial que se remontan a la esclavitud, se aumentan durante la dictadura militar y se actualizan en las distintas formas de institucionalización del racismo, acrecentado por las acciones gubernamentales de combate al tráfico de drogas (Feffermann, 2015). Este cuadro se completa con el alarmante índice de asesinatos y suicidios de la población indígena, consecuencia del despojo y las humillaciones propias del avance del desarrollo neocolonial (Rangel & Alves, 2015).
A pesar del doloroso panorama de violencias letales y precarización sistemática que viven las juventudes centroamericanas, reseñadas notablemente por Nateras (2018), la revisión desarrollada ha permitido identificar una escasa cantidad de trabajos referidos a estos contextos. La dinámica de las llamadas «maras», forma local de agrupamiento juvenil que puede constituirse en pandilla, es estudiada de manera intensiva por el mencionado Nateras (2015) como una forma simbólica de juvenicidio por la carga de prejuicios estigmatizantes de que son objeto. Otro fenómeno emergente interpretado bajo este marco conceptual es el éxodo obligado de niños/as y jóvenes migrantes que escapan de la muerte desde Mesoamérica hacia el norte del continente, en las denominadas «caravanas» (Glockner, 2019; Varela, 2019, 2015). Finalmente, un estudio recoge la experiencia de criminalización de la protesta estudiantil contra políticas gubernamentales en Honduras (Vommaro & Briceño, 2018).
En Argentina, si bien hay una importante tradición académica sobre violencia institucional (Pita, 2017), esta no se tematiza necesariamente en clave etaria o al hacerlo no se utiliza juvenicidio, como ocurre con los aportes de Llobet (2015) en torno a la memoria de las desapariciones forzadas, los secuestros y las torturas padecidas por jóvenes militantes durante la última dictadura militar en ese país.
Constituyen excepciones los trabajos conducidos por Bonvillani y su equipo, en los cuales el juvenicidio es el marco conceptual para analizar procesos de violencia policial que incluyen detenciones y hostigamientos cotidianos que sufren jóvenes de sectores populares de Córdoba (Argentina) (Bonvillani, 2020a, 2020b; Lerchundi, 2020; Roldán, 2020) y que terminan ocasionalmente en los llamados casos de «gatillo fácil», es decir, asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad que son disfrazados como enfrentamientos o resistencias a la autoridad (Bonvillani, en prensa).
El caso español presenta algunas particularidades que impactan en el escaso número de publicaciones encontradas, todas vinculadas a la red nucleada en torno a la figura del investigador catalán Carles Feixa, quien reconocerá que hablar de juvenicidio en Europa puede resultar desproporcionado en comparación con el contexto latinoamericano, si se pondera la escala del daño producido medido exclusivamente por la cantidad de muertes juveniles (Feixa et al., 2015).3 Esta línea de sentido inspira uno de los puntos del debate 3 acerca de las diversas modalidades juvenicidas, que exceden la mera muerte física para proyectarse en procesos de precarización de las vidas de algunos grupos de jóvenes, aspecto recogido en uno de los aportes centrales de la línea española del campo de estudios del juvenicidio, como es el concepto de juvenicidio moral(Feixa et al., 2015; Strecker et al., 2018) que se retomará más adelante.
La investigación sobre juvenicidio conecta con el campo de estudios de acciones colectivas y movimientos sociales a partir de la atención que concitan las prácticas de resistencia y luchas frente a este flagelo, siendo este uno de los focos actuales de las protestas juveniles en América Latina (Feixa, 2020); estas reconocen un punto de clivaje en las prácticas activistas en reclamo de justicia frente a los ya mencionados hechos de Ayotzi-napa (Ávalos, 2017; di Napoli, 2021).
Los repertorios de resistencias son diversos, a saber: movilizaciones y estallidos sociales (Amador-Baquiro & Muñoz-González, 2021), producciones socioculturales y estéticas disidentes (Salazar, 2014b) o uso de recursos audiovisuales que posibilitan la denuncia contra la amnesia social (Amador-Baquiro, 2016). Los agenciamientos reconocen también múltiples actorías: víctimas directas de la represión policial estatal (Aguilar-Forero, 2020; Roldán, 2020) o familiares, como los casos del colectivo Madres de Mayo en Brasil; Rangel & Alves, 2015) y la Coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil en Argentina (Bonvillani, en prensa).
En Brasil los estandartes de lucha de los movimientos juveniles exigen el fin del genocidio de jóvenes negros, marco en el cual la raza se transmuta desde causa de aniquilamiento hacia símbolo de orgullo y emancipación (Brandão & Arruda, 2020).
En varios trabajos estas formas de resistencia al juvenicidio son interpretadas como prácticas prototípicas de los nuevos agenciamientos de la política, en las cuales los protagonismos juveniles cursan con centralidad en sus cuerpos como defensa de sus propias vidas o bioresistencias (Valenzuela, 2019a).
Un ejemplo paradigmático en este sentido lo constituye la denominada Marcha de la Gorra que desde hace quince años camina por las calles de Córdoba (Argentina); esta busca repudiar el estigma de peligrosidad que viven jóvenes de los barrios populares, que se traduce en persecución policial sistemática que les restringe el acceso al espacio público y cercena sus vidas en los casos de gatillo fácil. Por ello, hacer presente el cuerpo colectivo de la Marcha en estas calles es una forma de biorresistencia (Bonvillani, 2018).
Núcleos de discusión teórica al interior del campo
Etimológicamente, el sufijo -cidio refiere a la acción de matar (Real Academia Española, s. f.). Ahora bien, de acuerdo a los objetivos que animan el desarrollo del concepto juvenicidio, no se trata de cualquier muerte juvenil, sino de aquella de carácter masivo, sistemático y violento encuadrada como exterminio (Valenzuela, 2019a). La revisión de literatura realizada permite identificar algunos criterios que se han establecido para su definición, los cuales serán ocasión para presentar las discusiones centrales identificadas.
Condiciones de producción
El juvenicidio permite conceptualizar la muerte violenta y a gran escala de jóvenes como producto de condiciones estructurales (Sierra, 2011), es decir, que exceden las decisiones o atributos de las víctimas en tanto individuos. Lo que concierne al campo del juvenicidio es, entonces, la «muerte pública»: no se trata de defunciones naturales, sino de aquellas que dependen de la voluntad de otros en relaciones sociales atravesadas por el poder (Monárrez, 2013).
Este primer movimiento conceptual permite tomar distancia de concepciones individualistas y descontextualizadas de la violencia (Bourgois, 2009): las víctimas no son responsables de su condición de tales, no poseen características personales de ningún orden (moral, biológico, etc.) que expliquen o justifiquen que las hayan asesinado.
Un problema conceptual que se abre aquí es el referido al estatuto de estas condiciones estructurales, siendo evidente la cuestión de la edad como marcador diferencial anidado en la etimología del término, lo que motivaría la siguiente pregunta: ¿cualquier persona joven puede ser objeto de prácticas juvenicidas?
Varias voces han expresado que las personas jóvenes no son matables por el simple hecho de serlo (Reguillo, 2015; Urteaga & Moreno, 2020), sino porque pertenecen a grupos sociales y culturales específicos. Es decir, la categoría etaria solo opera como eje para explicar el juvenicidio cuando se la cruza con la pertenencia social, producto de un orden socioeconómico-cultural desigual, para «colocar estas muertes en escenarios sociales más amplios que incluyen procesos de precarización económica y social» (Valenzuela, 2015, p. 15).
A su vez, el peso de la categoría de edad como causa del asesinato masivo de personas jóvenes se modula con otras adscripciones identitarias que mutan históricamente, para configurar actores sociales objetos de exterminio, tales como los militantes políticos en la dictadura militar argentina en la década de 1970 (Llobet, 2015).
Siguiendo esta línea de comprensión estructural, el tratamiento en paralelo entre feminicidio y juvenicidio se ha manifestado desde los primeros antecedentes encontrados4 a partir de la siguiente línea argumental: «El orden patriarcal produce y reproduce condiciones de género desiguales y subordinadas, mientras que el orden adultocrático genera relaciones generacionales desiguales y subordinadas» (Valenzuela, 2012b, p. 28).
Varias críticas se han alzado en contra de este argumento, señalando que el feminicidio explica el asesinato de mujeres «por el solo hecho de ser mujeres, independientemente de otras condiciones sociales» (Meneses-Reyes & López-Guerrero, 2018, p. 69), mientras que la conceptualización implicada en el juvenicidio supone la intersección con otros ordenadores sociales, no exclusivamente la edad. Estas observaciones han sido respondidas por el propio Valenzuela (2021) al sostener que el orden patriarcal tanto como el adultocrático no operan de modo homogéneo, sino que deben ser analizados en su diversidad «en función de condicionantes históricos, de clase, étnicos y nacionales» (p. 21).
El autor ha avanzado al respecto al formular el concepto de necrozonas (Valenzuela, 2019a) para sintetizar esta agregación diferencial de vulnerabilidades que operan inter-seccionalmente produciendo condiciones precursoras del juvenicidio.
Actores y responsabilidades
Podría afirmarse que el espíritu que anima la formulación de este concepto es señalar el estatus de práctica de aniquilamiento sistemático orquestada por el Estado, a partir de lo cual imputarle responsabilidad «como garante de la seguridad de la ciudadanía» (Valenzuela, 2019a, p. 64).
Gran parte de las explicaciones por las que se fundamenta al juvenicidio como crimen de Estado se nutren de los aportes de Mbembe (2011), a través de su propuesta de necropolítica: una forma de gubernamentalidad centrada en el dominio discrecional de la vida de grupos determinados, sobre los que el Estado decide su muerte a partir de considerarlos desechables. Desde esta vertiente se focaliza en los dispositivos estatales específicos para ejercitar poder y control sobre los cuerpos juveniles (Reguillo, 2015), en tanto política pública de destrucción masiva que opera de modo directo a través de sus fuerzas de seguridad legales/paralegales o mediado por redes jurídicas que garantizan la impunidad de estos crímenes. Otro pilar del gobierno necropolítico es el económico, por eso se enuncia una «neoliberalización de la violencia» (Varela, 2015), la cual articula dimensiones políticas con las formas de explotación y precarización, las cuales someten a las/os jóvenes a las reglas del mercado.
En este marco, Urteaga y Moreno (2020) proponen que la desciudanización es un concepto más adecuado que el de juvenicidio, puesto que enfatiza la cancelación de derechos de sujetos sindicados como enemigos del Estado por la imputación acrítica de peligrosidad que los vuelve asesinables.
Otro núcleo problematizado se refiere a las víctimas alcanzadas por el concepto. Las críticas señalan cierta reducción respecto de las muertes ejecutadas principalmente por el Estado y por otros actores sociales que, de acuerdo a coyunturas locales, ejercitan su poder brutal sobre la vida de las/os jóvenes. Esta operación conceptual invisibilizaría la participación de jóvenes como victimarios en distintas situaciones de violencia (Urteaga & Moreno, 2020), tales como las de carácter interpersonal e intrafamiliar (Cruz, 2014) o las resultantes de su accionar delictivo en pandillas (Varela, 2017).
En estos debates los/as investigadores/as recuperan una concepción relacional de la violencia (Bourgois, 2009) para afirmar que la misma está presente y circula en diversos ámbitos de sociabilidad juvenil y, por ende, se manifiesta en distintas gramáticas que deben ser incorporadas en la categorización del juvenicidio de manera más explícita. En ese marco, las juventudes precarizadas aparecen alcanzadas por una doble realidad: son víctimas tanto cuando reciben/ejercen violencia de/sobre un par como cuando los oprime el Estado (Varela, 2015). A su vez, frente a este argumento se advierte que «la operación simbólica de convertir a todos los muertos en víctimas entraña peligros. Si todos son víctimas, entonces desaparecen los victimarios» (Monárrez, 2013, p. 221).
A partir de las lecturas analíticas realizadas puede inferirse que proponer que el juvenicidio alcance tanto a las/os jóvenes que reciben la violencia del Estado como a quienes la infligen sobre otros/as jóvenes en su carácter de víctimas se sostiene en el supuesto de que todos estos procesos están subsumidos a las condiciones juveniles de precariedad y vulnerabilidad (Urteaga & Moreno, 2020), producidas en última instancia por la acción intencionada o el abandono del Estado. Complementariamente, concebir las distintas modalidades de violencia física o simbólica que las/os jóvenes padecen y ejercen contra sus pares como una respuesta a la acción estructural y sistemática del Estado (Cruz, 2014) es devolverle a este último su condición de actor responsable en el juvenicidio, como se planteó al principio.
Categorizar al juvenicidio como crimen de Estado (Muñoz, 2015) es una plataforma epistemológica desde la cual encuadrar jurídicamente demandas concretas al Estado, en tanto garante en el cumplimiento de derechos humanos básicos que él mismo ha violado. Estos propósitos están inscriptos en el horizonte de este proyecto conceptual que no se agota en el típico circuito de investigación académica (Muñoz & Valenzuela, 2020), sino que pretende avanzar hacia la transformación de la realidad al impactar en órdenes políticos de decisión (Valenzuela, 2021) como el jurídico.5 Sin embargo, no se han registrado antecedentes que se orienten a reportar esta incidencia pública de los estudios en la materia.
Modalidades/momentos en el proceso juvenicida
Más allá de su acepción etimológica lineal, el juvenicidio no alude solo al asesinato de jóvenes (Muñoz & Valenzuela, 2020), sino que incluye los procesos materiales y simbólicos que precarizan sus vidas y las/os colocan en condiciones de vulnerabilidad (Valenzuela, 2015, 2019a). La dimensión simbólica de esta precarización está dada por los prejuicios que lesionan gravemente la imagen pública de determinados grupos de jóvenes al estigmatizarlos y negarles su condición de sujetos de derecho, cimentando la configuración de «adscripciones identitarias infanto-juveniles desacreditadas o deterioradas» (Nateras, 2015, p. 100).
En el corazón de estos procesos de discriminación social se ubican las atribuciones de criminalidad, desviación y violencia como características inherentes de personas jóvenes pertenecientes a grupos discrecionalmente señalados (Bonvillani, 2019; Salazar, 2014a). Las narrativas de empeligrosamiento juvenil pueden ofrecer matices en sus contenidos, según situaciones locales o históricas: desde ser sindicados/as como responsables de la inseguridad (Bonvillani, 2020a), de la desestabilización democrática (Amador-Baquiro & Muñoz-González, 2021), objetos del odio racial (Feffermann, 2015) o de relaciones sociales racializadas (Bonvillani, 2019); pero todas ellas confluyen en su carácter de argumento justificatorio o celebratorio de la represión estatal sistemática.
La criminalización de las juventudes subalternas que legitima prácticas juvenicidas se forja cotidianamente a través de la construcción y difusión de representaciones hegemónicas que hacen en parte los medios de comunicación, en un ejercicio evidente de violencia simbólica (Poliszuk, 2019).
En particular para el caso mexicano, la justificación mediática del juvenicidio se nutre de procesos de normalización de la violencia como horror, a través de la exhibición de los cuerpos mutilados, violados, destrozados, así como su repetición constante y morbosa en canales masivos de comunicación (Silva, 2019). Naturalizar lo macabro como escena cotidiana permite morigerar los efectos de un fenómeno que debería conmover y movilizar la búsqueda de soluciones, ya que despoja a las víctimas de su condición humana al cosificarlas, volviendo insensibles y paralizando a los/as espectadores/as (Berlanga, 2015).
Varios autores (Feixa et al., 2015, Muñoz, 2015; Strecker et al., 2018) utilizan la categoría juvenicidio simbólico o social para designar estas formas de atentar contra las vidas jóvenes, sin que se trate de una muerte física: su deslegitimación como seres dignos de reconocimiento social, el borramiento de sus rostros e historias, en fin, la negación de su condición humana son modalidades de un exterminio sin balas (Muñoz & Valenzuela, 2020).
La precarización vital de la que nos habla Reguillo (2015), con sus privaciones económicas, con sus lesiones perdurables en la autoestima, con las limitaciones para lograr un lugar productivo en la sociedad, configura un escenario de colosales dificultades para que estos/as jóvenes agencien su proyecto de vida. El compromiso del flujo vital también es analizado a partir de vivir bajo la amenaza permanente del hostigamiento de las fuerzas de seguridad que media una «violencia capilar e invisibilizada que les retacea vida y que los va matando simbólicamente de a poco, porque obtura sus vínculos y sus proyectos» (Bonvillani, 2020b, p. 101).
La recepción española del concepto se ha afianzado en esta dimensión no letal del juvenicidio, al proponer la categoría juvenicidio moral para dar cuenta de «una tendencia hacia la supresión o reducción de las personas jóvenes como sujetos morales (es decir, como sujetos con capacidades de influir en las decisiones que intervienen en sus proyectos de vida)» (Strecker et al., 2018, p. 445). Dicho juvenicidio moral va de la mano del económico, ya que el abandono del Estado a partir de la consolidación de modelos neoliberales promotores de flexibilización laboral es el responsable primario de la desocupación juvenil, que decanta en trayectorias fallidas y con escaso protagonismo de las/os propio/as jóvenes (Feixa et al., 2015). Entre los efectos del juvenicidio moral, los/as autores españoles/ as indican un plano de afectación de orden psicológico al que denominan «dolor invisible », asociado a desesperanza e, incluso, depresión y suicidio (Strecker et al., 2018).
En los textos analizados, esta dimensión emocional del juvenicidio es apenas mencionada como efecto previsible del padecimiento psicológico, pero no encuentra suficiente desarrollo en investigaciones de corte empírico que describan detalladamente procesos y contenidos. Una excepción al respecto es el trabajo de Amador-Baquiro (2016) donde analiza el miedo, el dolor y la indignación frente a las muertes impunes de jóvenes colombianos. La línea de estudios de juvenicidio desarrollada por Bonvillani (2020a, 2020b) focaliza en las significaciones subjetivas y el registro emocional que estas experiencias tienen para las víctimas, a través de la categoría local verdugueo, la cual cristaliza el máximo grado de sometimiento, conjugando humillación y vergüenza, como quebranto emocional que prolonga la mortificación más allá de la detención policial: «Acostumbramiento, resignación, naturalización constituyen hilos que se entraman en una intrincada configuración de sentidos subjetivos, a través de los cuales los jóvenes afrontan una vivencia masiva, ingobernable y rutinaria» (Bonvillani, 2020b, p. 101).
Valenzuela (2019a) plantea lo que podría denominarse una concepción procesual del juvenicidio, al afirmar que el asesinato sistemático y brutal de jóvenes «es producto y conclusión de diversas formas de precarización económica, social, cultural e identitaria de jóvenes que devienen prescindibles a partir de su situación social y sus repertorios de identidad» (p. 65). Se trata de una perspectiva levemente distinta a la que sugieren los distintos tipos o modalidades de juvenicidio, los cuales no tendrían entonces una entidad per se, sino que operarían como predisponentes al desenlace final en tanto variantes de la precarización de las vidas juveniles.
La relativamente numerosa cantidad de adjetivaciones con las que se nombra al juvenicidio (simbólico, moral, económico, social) ha motivado imputaciones de dispersión polisémica (Pérez, 2020) que le restarían fertilidad epistemológica. Admitir múltiples sentidos en una definición no necesariamente implica un déficit, sino el reconocimiento de la complejidad de las realidades que la misma intenta designar. Sin embargo, esta crítica habilita otras reflexiones que serán retomadas en la sección siguiente.
Discusión
De acuerdo a uno de los objetivos que guiaron este estudio, en la breve historización realizada ha sido posible encontrar una marca que surca la historia del concepto juvenicidio: es parido e impulsado en su proceso de complejización como categoría analítica por las muertes masivas y atroces de jóvenes que configuran acontecimientos traumáticos debido a su carga de brutalidad e impunidad.
Los trabajos pioneros están impregnados por la conmoción e indignación producidas por las masacres, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos que sufren los/as jóvenes mexicanos/as. Es por ello que en sus inicios el juvenicidio es una noción prácticamente restringida a la literatura de ese país, con un énfasis en visibilizar y denunciar estos hechos, por sobre un afán de tratamiento científico o académico en sentido estricto.
En estas primeras publicaciones se observa un uso más bien apegado a la etimología del término (es decir, muerte de jóvenes) y que abreva en la tradición del concepto feminicidio, de aparición anterior y que cuenta con mayor desarrollo conceptual acumulado en México. Bajo estas condiciones, este país se constituirá en su cuna, cuando haga su pasaje de noción con escasa elaboración hacia su conformación como categoría analítica, para explicar la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Entonces, otro hecho profundamente conmocionante alumbrará la aparición de la obra coordinada por Valenzuela en 2015, la cual se volverá una bisagra en la genealogía del concepto al convertirse en una referencia prácticamente obligada y al estar posiblemente asociada al aumento en cantidad y calidad teórica de lo publicado, que se detecta en este campo desde su año de publicación.
Lo que la revisión bibliográfica ha identificado como grupo de publicaciones de aplicación es un indicador para dimensionar el estado de avance que han tenido las investigaciones sobre esta problemática, en particular en los últimos cuatro años, a partir de la recepción del concepto en distintos países, trazando un mapa de los procesos de violencia contra jóvenes que se producen en sus regiones, en enclaves geopolíticos e históricos definidos.
En consecuencia, puede afirmarse que este concepto ha hecho posible que en el campo académico -al menos el de habla española concernido en este artículo- se visibilicen o denuncien casos de juvenicidio, así como las estrategias de lucha y resistencias en defensa de la vida. Aún así, llama la atención la escasa producción referida a países centroamericanos en los que es pública la ocurrencia de hechos de este tipo. Como hipótesis puede tentarse que tal vez no se trate de literatura captada en publicaciones indexadas o que las personas que investigan no categoricen estos casos como juvenicidio.
Otro de los objetivos que se propuso este trabajo fue identificar los núcleos de discusión que atraviesan este campo de estudios, en orden a lo cual emergieron los siguientes ejes analíticos: las condiciones de producción, los actores responsables y las modalidades o momentos del juvenicidio.
En este sentido, la relevancia epistemológica de este concepto es que produce visibilidad respecto de la responsabilización estatal, al colocar la cuestión de la muerte y las violencias dirigidas sistemáticamente a jóvenes en términos supraindividuales, al inscribirla en condiciones estructurales y correrla de atributos personales de las víctimas.
La fertilidad del debate radica en que de acuerdo a la naturaleza público/privada de estos procesos se decantarán distintos modos de intervenir sobre el juvenicidio, particularizando en actores, ámbitos y acciones. El Estado participa de manera directa cuando instituye implícita o explícitamente una suerte de política pública de muerte joven, pero también lo hace cuando por inoperancia o complicidad no impone justicia entre ciudadanos. Hablar de juvenicidio significa, en síntesis, tematizar la muerte violenta de los/as jóvenes en clave de relaciones estructurales de opresión, con responsabilidad central del Estado.
De acuerdo al análisis realizado, el proceso juvenicida se define por el entrecruzamiento de marcadores de identidad: edad, clase social y género, las cuales incluso varían en contingencias históricas. Entonces, no se trata de cualquier joven, sino de la compleja articulación de características que configuran un plus de peligrosidad potencial en coordenadas sociales e históricas particulares. Si la edad opera solo en diálogo con otras condiciones, cabe preguntarse: ¿es válido epistemológicamente designar juvenicidio a estas problemáticas?
Aunque Valenzuela (2021) justifica el sostenimiento de juvenicidio como categoría pertinente, al proponer que el orden de dominación determinado por la condición de edad es transversal a las relaciones sociales, se considera que la cuestión es un tema pendiente que debería potenciar el debate y la construcción colectiva futura.
Otra potencia de la categoría juvenicidio que se evidencia a partir del análisis desarrollado es que hace posible tender puentes y maximizar la capacidad explicativa de dimensiones que aparecen consideradas de manera dispersa en distintos campos problemáticos; tales como las que configuran los estudios sobre estigmatización, prejuicio, etiquetamiento social, en tanto precursoras de la muerte física o modos simbólicos de muerte en lo social, pero explicándolas como producto de procesos de aniquilamiento estratégicamente orquestados por Estados u otros actores particularizados según realidades locales.
El propósito fundacional del concepto no solo ha sido dimensionar el volumen estadístico y la significación social de la muerte de jóvenes en condiciones brutales e impunes, sino visibilizar que las privaciones materiales y simbólicas que atentan contra sus proyectos de vida digna son también formas juvenicidas de padecimiento y mortificación cotidiana que justifican hablar de juvenicidios sociales y simbólicos. Un tema pendiente que la revisión crítica ha permitido identificar es si estas modalidades de presentación del juvenicidio constituyen tipos en un esquema de clasificación, corriendo el riesgo de tender hacia cierta sustancialización.
Por el contrario, considerar la precarización de las trayectorias vitales y la criminalización por empeligrosamiento selectivo de algunos grupos de jóvenes estigmatizados dentro de una secuencia predisponente a su asesinato (Valenzuela, 2019a), habilita otro tipo de usos del concepto juvenicidio. Concretamente, esta concepción procesual del juvenicidio -como aquí se ha designado a dicha propuesta- podría fundamentar la implementación de acciones de prevención de la violencia anticipatoria al acto letal, un aspecto que no se detecta en las publicaciones encontradas.
Por otra parte, la vía dimensional parece más afín con ciertas realidades locales como las de España y Argentina, en las cuales el juvenicidio entendido en un sentido estricto -es decir, como muerte biológica de jóvenes- no tiene el peso estadístico que lamentablemente encuentra en países como México, Colombia y Brasil.
El tópico de la muerte está anidado en la misma etimología del término, es por ello que en la construcción del propio campo emerge este interrogante una y otra vez: ¿qué entendemos por morir y por vivir en las condiciones de la contemporaneidad? Podría afirmarse que este proceso de debate que el concepto de juvenicidio concita empuja las fronteras de lo que se entiende por vida y por muerte: la modalidad simbólica del juvenicidio supone asumir que existe una muerte en lo público, dadas las condiciones de vida indigna que padecen alguno/as jóvenes y que puede ser la antesala de la pérdida de la existencia física.
Considerando los supuestos epistemológicos y políticos subyacentes a su definición, el juvenicidio es un dispositivo conceptual que no se reduce a contar muertos/as jóvenes, sino que aspira a visibilizar y denunciar una estructura de opresión encarnada en el poder del Estado y que, consecuentemente, debe ser abordada como un asunto público a través de intervenciones específicas. De este modo, es posible advertir un nuevo fundamento para explicar las vecindades entre este concepto y el de feminicidio: la fertilidad jurídica de ambos -efectiva en este último y potencial en el juvenicidio- para exigir justicia frente al derecho a la vida que ha sido lesionado.
En síntesis, este estudio tiene como fortaleza el haber descrito el estado de avance de la investigación sobre juvenicidio dentro del encuadre definido por la estrategia analítica de revisión cualitativa sistemática de literatura científica. En ese marco, se revela el aporte del mencionado concepto como operador epistemológico desde el cual abordar la problemática de la violencia, ya sea letal o bajo la forma de la precarización de la existencia de las/os jóvenes, situadas/os en realidades locales y considerando coyunturas específicas. Pero también, y en coherencia con las propias aspiraciones enunciadas por los máximos referentes del concepto, corresponde señalar la necesidad aún pendiente de avanzar desde la explicación científica de una problemática social lacerante hacia la configuración del concepto como una herramienta para el litigio estratégico en distintas arenas: jurídicas, políticas, comunicacionales, etc. Desde la propia experiencia de la autora en el campo de estudio/intervención de las militancias juveniles antirrepresivas argentinas, este tránsito entre la fertilidad epistemológica de un concepto y su incidencia en las transformaciones de las problemáticas sociales que pretende explicar, implica necesariamente agenciamientos colectivos de sus protagonistas, como son en este caso las/os jóvenes que padecen la muerte y persecución sistemática a manos del Estado. Se trata, entonces, de asumir el desafío de potenciar la apropiación de este concepto en actores sociales sensibilizados y movilizados en diálogo con el mundo académico, cuestión que se inscribe en la necesaria reflexión acerca de la espinosa relación entre los movimientos sociales y aquellas/os que nos hemos comprometido con la producción de conocimiento situado desde esos ámbitos (Bonvillani, 2014).
Finalmente, otros desafíos pendientes en el devenir de una categoría en construcción lo constituyen estudios empíricamente informados respecto de las dimensiones subjetivas y emocionales del padecimiento de las víctimas, así como aquellos que reporten su incidencia en políticas públicas o marcos jurídicos, en orden a los propósitos de transformación que la han fundado, ya señalados anteriormente.
El recorte operado en referencia al idioma español de las publicaciones, así como al contexto de producción científica, puede identificarse como limitación del estudio que podrá inspirar futuras indagaciones en las que se incluyan otros universos de aplicación del concepto juvenicidio.
