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Introducción
El 28 de abril de 2021 se inició un paro nacional sin precedentes en los últimos treinta años. Desde el 5 de abril, el Gobierno nacional anunció la implementación de una reforma tributaria que afectaría a las clases baja y media, al tiempo que favorecería al gran capital. Asimismo, durante estas semanas crecieron las denuncias de masacres y asesinatos sistemáticos contra líderes sociales y excombatientes, con presuntos vínculos del Estado, en varios lugares del territorio nacional. Estas denuncias anticipaban el crecimiento de un sentimiento colectivo de rechazo a la institucionalidad, especialmente debido a los antecedentes de violencia policial producidos en las protestas del paro nacional de 2019 y tras el asesinato del abogado Javier Ordoñez en Bogotá en 2020.1 Estas condiciones iniciales, que profundizaron la indignación de los sectores populares, especialmente de los jóvenes precarizados, inició el levantamiento.
Aunque estos detonantes fueron fundamentales para convocar a varios sectores al paro, parte de esta indignación obedeció a la agudización de la pobreza estructural. Desde finales de la década de 1980, la región asiste a la implementación de reformas de tipo neoliberal que buscan enriquecer a determinados sectores con el apoyo incondicional de élites nacionales. Esta forma de concentración de capital se basa en la liberalización del mercado, la privatización y la especulación financiera, entre otras medidas que benefician a corporaciones, banqueros y terratenientes, a costa del empobrecimiento y aniquilamiento de las poblaciones históricamente oprimidas. Este modelo se fortalece en la medida que la clase política se mantenga en el poder y gestione los conflictos armados, sociales y ambientales que se derivan de este esquema de negocio (Escobar, 2015).
Evidentemente, esta situación se intensificó durante la pandemia. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2020), la pandemia conllevó un aumento de 6.8 puntos porcentuales de pobreza monetaria, la cual llegó al 42.5 %. Esto demuestra que, durante 2020 y 2021, más de 21 millones de personas fueron afectadas por esta condición socioeconómica. Por su parte, la pobreza extrema ascendió al 15.1%, lo que indica que esta tuvo un incremento de 5.5 puntos y que cerca de 1 700 000 familias no pudieron comer tres veces al día. Esto hizo que las centrales obreras y otros sectores convocaran al paro nacional ya mencionado, el cual, progresivamente, se convirtió en un levantamiento popular con el protagonismo de los jóvenes.
Vale señalar que la mayor parte de los jóvenes protagonistas de esta sublevación son personas en situación de pobreza monetaria, que no tienen un trabajo estable, ni han tenido oportunidades de continuar estudios de postsecundaria. Por otro lado, están los estudiantes que cursan educación media, técnica o superior, tanto en instituciones públicas como privadas. Algunos de ellos, quienes estudian en universidades públicas, asumen que esta lucha contribuye a la conquista de la gratuidad en las matrículas. Otro grupo importante lo conforman jóvenes organizados en colectivos barriales, quienes generalmente agencian procesos estético-educativo-culturales, alrededor del arte popular, el género, la diferencia sexual, el cuidado del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, el voluntariado, el deporte y el barrismo social.
Aunque el repertorio de prácticas de resistencia durante los tres meses continuos del levantamiento fue amplio, se puede afirmar que sobresalieron dos tipos de iniciativas. Por un lado, acciones de bio-resistencia, orientadas hacia la confrontación de la fuerza pública, así como la puesta en escena de expresiones estético-populares callejeras. En estas acciones, el cuerpo fungió como el texto que hizo posible resistir desde lo físico y lo performativo a la violencia estatal, dado que su despliegue en el espacio público subvirtió los códigos hegemónicos que, desde el establecimiento, legitiman la estigmatización, la criminalización y la muerte del opositor. Y, por otro, la ciber-resistencia, comprendida como un conjunto de acciones conectivas rebeldes que fluyeron rizomáticas, a través de medios disruptivos y redes sociales digitales. Además de denunciar el terrorismo de Estado y las formas de distorsión de la realidad que operan desde la propaganda del establecimiento, los jóvenes tecnoactivistas llevaron a cabo estrategias de contra-poder con el fin de convocar, distribuir información e implementar acciones simbólicas orientadas a agrietar las retóricas del modelo dominante.
A medida que fueron creciendo las movilizaciones, el Gobierno nacional combinó tres estrategias para atenuar el paro. En primer lugar, reprimió las protestas utilizando no solo artefactos permitidos para el manejo del orden público, sino también armas de fuego letales para responder a estas situaciones, tal como se evidenció desde el inicio, una vez se declaró la militarización de las ciudades. Segundo, apelando a los medios de comunicación afines al establecimiento, impuso discursos de miedo relacionados con el desabastecimiento de alimentos, el daño a la propiedad privada, el incremento de los precios de la canasta familiar y el bloqueo de vías como amenaza a la ciudadanía. Y, en tercer lugar, implementó una estrategia de estigmatización y criminalización contra los jóvenes manifestantes al declararlos terroristas.
Luego de mensajes masivos de auxilio por medios sociales y la presión de organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de verificación del 8 al 10 de junio. Producto de esta visita y, luego de cruzar datos con las organizaciones no gubernamentales Temblores, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, se identificaron nueve prácticas originadas por la fuerza pública conducentes a causar daño permanente en los manifestantes, entre ellas: uso indiscriminado y desproporcionado de armas de fuego; uso de armamento en contra de los cuerpos de los manifestantes para dispersar protestas pacíficas; disparos horizontales con arma venom2 de largo alcance en lugares residenciales y en contra de manifestantes; lanzamiento de gases lacrimógenos y aturdidoras al interior de viviendas; imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente a cambio de su libertad; violencia sexual y basada en género contra manifestantes; generación de traumas oculares a manifestantes; y desaparición forzada de manifestantes (Temblores ONG et al., 2021).
En este mismo informe, los autores afirman que la represión ejercida por el Estado para enfrentar los reclamos de la ciudadanía fue desproporcionada y brutal. En el periodo comprendido entre el 28 de abril y el 31 de mayo de 2021 se reportaron al menos 3798 víctimas de violencia por parte de miembros de la fuerza pública, distribuidas así:
1248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, 65 víctimas de agresiones oculares (…), 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género por miembros de la fuerza pública, 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. (Temblores ONG et al., 2021, p. 60)
Tres metáforas que contribuyen a leer esta realidad son el juvenicidio, la resistencia y la re-existencia. De acuerdo con Valenzuela (2015), las raíces del juvenicidio se sustentan en tres categorías cercanas: genocidio, etnocidio y feminicidio. En 1944, Lemki (como es citado por Valenzuela, 2015), basado en el exterminio de los armenios por el Imperio Otomano y el holocausto judío a manos de los nazis, planteó el término genocidio, entendido como la aniquilación de colectivos que comparten rasgos genéticos, lugar de origen y herencias culturales. Posteriormente, en la década de 1970, Jaulin (como es citado por Valenzuela, 2015) propuso la palabra etnocidio para dar cuenta de un acto de destrucción de una civilización de la cultura de un pueblo y de su tejido social. Años después, Russell y Radford (2006) propusieron el concepto de femicidio, comprendido como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres.
A partir de estos antecedentes, y luego de una revisión de los asesinatos sistemáticos de mujeres en Ciudad Juárez, entre 1991 y 2011, la mayoría de ellas de clase baja, estudiantes y trabajadoras, Valenzuela (2012) sostuvo que, análogo a este fenómeno de feminicidio, el juvenicidio comprende la ampliación del registro de la muerte artera de jóvenes en contextos de precariedad económica, violencia y falta de oportunidades educativas y laborales. Además de hechos que evidencian el uso de la violencia indiscriminada hacia jóvenes, especialmente desde las fuerzas del orden, tal como ocurrió en Colombia con las 6402 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Álvaro Uribe (Muñoz-González, 2015) y en México con el caso denominado «Los 43 de Ayotzinapa», existen forma de juvenicidio gota a gota. Esta modalidad se produce sin sangre ni escándalo, mediante la negación de los derechos de estos o la eliminación de su rostro y buen nombre, a partir del uso de los estigmas de «peligrosos», «viciosos» y «vagos», porque sus vidas no merecen ser protegidas, porque son enemigos del Estado y porque son los «nadie».3
En los acontecimientos del levantamiento popular de 2021 se encuentra suficiente evidencia para asumir al juvenicidio como metáfora de la estigmatización, la precarización, la represión y la exclusión, las cuales se concatenan con la cosificación y el exterminio sistemático de estas personas. En esta línea de reflexión, el juvenicidio es el tiempo y el lugar en el que la vida de las personas jóvenes pierde valor y puede ser sacrificada impunemente, en consonancia con el concepto homo sacer (Agamben, 2003), así como un ejercicio de poder por el cual el Estado decide quiénes pueden vivir y quiénes deben morir (Mbembé, 2011), basado en políticas de seguridad y control poblacional. Por último, es una práctica en la que se exhibe la crueldad de las personas jóvenes, como configuración de lenguajes de horror para garantizar la gestión del miedo y la desactivación social y política.
Como respuesta a este escenario de necropolítica, surge la resistencia. Desde los estudios culturales en la década de 1970, Hall y Jefferson (1976) propusieron una lectura neomarxista de los jóvenes, recuperando la variable clase y haciendo énfasis en nuevas categorías: diversidad, resistencia y creatividad. Este planteamiento hizo visible la existencia de las llamadas subculturas juveniles y rescató la capacidad de agencia de estos actores sociales. Estas subculturas contienen una especie de articulación simbiótica entre la cultura de control social y los medios de comunicación, a través de estrategias de producción de pánico moral. Al plantear el estilo juvenil (apariencia, música, lenguaje y gestualidad) como forma de resistencia contra la cultura dominante se presume que este proceso ocurre con base en una posición de clase, creando identidades oposicionales de carácter contracultural que se expanden para incluir asuntos de raza, género y sexualidad, entre otros.
No obstante, en el ámbito de América Latina las experiencias muestran que los jóvenes en resistencia no solo ejercen posiciones contraculturales, sino también acciones de confrontación, sublevación y creación (re-existencias) que buscan responder a la necro-política del Estado opresor, gestionada desde dispositivos de empobrecimiento de la población y eliminación sistemática de los opositores (Mbembe, 2011). En el caso de Colombia, tanto los hechos que originaron el estallido como aquellos actos que gestionaron su despliegue (entre ellos, el combate, la deslegitimación de los lenguajes dominantes y la experiencia estética, los cuales muestran complejas relaciones entre las resistencias y las re-existencias; Albán, 2012), se constituyen en foco de inquietud para la investigación social y los procesos populares.
Por estas razones, el presente artículo busca analizar las modalidades de resistencia juvenil que se produjeron en el contexto del estallido popular en Colombia, así como las características de estos repertorios de acción frente al juvenicidio, desplegado en políticas de precarización y deshumanización procedentes del Estado. También pretende analizar las posiciones y oposiciones de los jóvenes que participaron en este levantamiento, en relación con las matrices culturales que validan cierto orden social, de género, racial y generacional. Por último, busca explorar las prácticas de re-existencia de los jóvenes del estallido, desde una dimensión estético-política, que se intersecta con la resistencia a partir de procesos que incorporan lo colectivo, lo conectivo y lo popular.
Método
De acuerdo con lo expuesto, se optó por dos estrategias metodológicas complementarias. Por un lado, se realizó un análisis de narrativas de las experiencias de cuatro jóvenes varones y cuatro jóvenes mujeres, situados en Bogotá, Cali y Medellín, que participaron en el levantamiento popular. Dentro de los criterios de selección de esta muestra se tuvo en cuenta su participación en una o varias de las siguientes actividades: primera línea del paro, colectivos barriales, colectivos feministas, liderazgo territorial, trabajo asambleario y defensa de los derechos humanos. El instrumento de entrevista a profundidad se basó en tres tipos de preguntas: trayectorias sociocomunitarias del participante, roles desarrollados en el paro (tiempos, espacios, actores, situaciones y giros) y valoración de los hechos vividos. Se asignó un seudónimo a cada participante para realizar el proceso de sistematización. Asimismo, se garantizó la reserva de la identidad a cada joven, tanto en las actividades de investigación como en la publicación de los resultados.
En este ejercicio se asumió la narrativa experiencial como una producción sociocultural, de tipo performativo, que permite a las personas reflexionar sobre hechos relacionados con su realidad, así como construir posicionamientos relacionales frente a sus experiencias, en coordenadas de tiempo y espacio precisas. Luego de realizar las entrevistas y transcribir la información, por medio de una matriz de análisis se identificaron los acontecimientos principales, los actores involucrados, los escenarios, las temporalidades y los puntos de giro que experimentaron los participantes durante el estallido. Posteriormente, se analizó con cada participante las tramas de sentido alrededor de los acontecimientos más destacados (Riessman, 2008). Este proceso permitió realizar una reducción de datos que condujo a la identificación de categorías emergentes.
La otra estrategia metodológica consistió en el análisis visual de algunas fotografías y representaciones gráficas que fungieron como testimonio, ilustración o recreación de algunos acontecimientos del estallido referenciados por los jóvenes participantes. Siguiendo la propuesta metodológica de Panofsky (1972), se optó por tres niveles de análisis de la imagen: pre-iconográfico, iconográfico e iconológico. El nivel pre-iconográfico se centró en la descripción formal de la imagen: los objetos, las personas, los ambientes, los paisajes y los hechos que componen la narrativa visual. El iconográfico abordó los elementos simbólicos de los objetos, los personajes y los hechos que se representan, así como las connotaciones culturales de estos. Y el iconológico interpretó el contexto cultural en el que fue creada la imagen, a partir de ciertos elementos de la composición que pueden guardar relación con el tiempo y el espacio en el que esta circuló por los medios sociales.
Dado que las imágenes suelen estar acompañadas de textos alfabéticos, se incluyó la perspectiva de análisis de Barthes (1964) sobre las relaciones de anclaje y de relevo entre imagen y texto lingüístico. Al respeto, Barthes (1964) afirma que el mensaje lingüístico suele aparecer como título, pie de foto, leyenda, artículo de prensa y diálogo de película. El anclaje refiere al uso de recursos que buscan fijar la cadena flotante de significados de la imagen, a partir de las propiedades literales (descriptiva) y simbólicas del mensaje lingüístico. Por su parte, la función de relevo opera como complemento entre imagen y mensaje alfabético, dado que, tanto palabras escritas como imágenes y elementos icónicos configuran un sintagma que alcanza la unidad del mensaje. En este caso, se realizó una ficha de interpretación por cada imagen y posteriormente se registró la información en una segunda matriz de análisis. Con base en las dos matrices se identificaron las categorías emergentes y se adelantó la triangulación de datos.
Resultados
Resistencias
Existen muchas y diferentes clases de metáforas en las cuales se actualiza nuestro pensamiento acerca del cambio cultural (…). Aquellas que atrapan nuestra imaginación y gobiernan temporalmente nuestro pensamiento acerca de escenarios y posibilidades de la transformación cultural, abren el camino a nuevas metáforas, que nos permiten pensar estos difíciles problemas en términos renovados. (Hall, 1996)
Como se aprecia en esta cita, Hall sugiere que las metáforas del cambio hacen posible dos cosas: permiten imaginar qué sucedería si las jerarquías culturales que existen fueran transformadas y contribuyen a concebir las relaciones posibles entre lo subjetivo, lo social y lo simbólico. De esta manera, la resistencia -en tanto metáfora- es un proceso de utilidad y valor, más que de verdad o falsedad, y se constituye de repertorios cuyos significados son específicos de lugares, temporalidades y relaciones de poder. Si se considera el levantamiento popular colombiano como una forma contemporánea de la resistencia, es importante preguntar: ¿bajo qué circunstancias tiene lugar la resistencia?, ¿en qué forma se manifiesta?, ¿dónde se sitúa?
En esta línea de reflexión, la resistencia comprende retos y negociaciones con el orden dominante que no se asimilan a las categorías tradicionales de la lucha revolucionaria de clases (Hall, 1996). En su lugar, la ambivalencia y la ambigüedad ocupan el lugar de la resistencia como lo ejemplifica el carácter trasgresor de lo carnavalesco. Lo carnavalesco es un reverso temporal del orden del poder mediante rituales, juegos, burlas y profanación que ponen lo vulgar en el lugar de lo decente y el loco en el del rey. Sin embargo, el poder de lo carnavalesco para Hall (1996) no descansa en una simple oposición a las distinciones, sino en la invasión de lo alto por lo bajo, creando formas híbridas de lo grotesco.
Por su parte, De Certeau (1984) plantea la distinción entre las estrategias de poder y las tácticas de resistencia. Una estrategia es el medio que utiliza el poder para marcar su propio espacio diferente al entorno a través del cual opera como sujeto de deseo. De esta manera, el poder involucra la creación de su propio espacio y los medios que usa para actuar separado de sus competidores, adversarios y clientes. En contraste,
una táctica es una acción calculada, determinada por la ausencia de un locus propio (…). En consecuencia, debe jugar al interior del terreno impuesto y organizado por la ley de un poder extraño (…). Opera en acciones aisladas, golpe a golpe. Toma ventaja de las «oportunidades» y depende de ellas, quedando sin bases cuando podría acumular sus ganancias, construir su propia posición y planear ataques. (De Certeau, 1984)
Lo anterior indica que las prácticas de resistencia llevadas a cabo por los jóvenes en el estallido popular comprenden una red de relaciones, tanto de oposición y confrontación como de hibridación e invasión del orden dominante, que exige aproximaciones interpretativas a las experiencias de los agentes y los colectivos rebeldes, desde mediaciones narrativas y performativas que permitan rememorar los acontecimientos y procurar el ejercicio de lecturas críticas. De acuerdo con el análisis de datos, se identificaron dos categorías centrales de la resistencia: salir del cerco y subvertir.
Salir del cerco
Esta primera categoría evidencia dos condiciones que configuran las bases del juvenicidio y que, en este caso, originaron el inicio del estallido popular. Por un lado, el repliegue que personas del común, colectivos y comunidades tuvieron que ejercer debido al riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2, así como una serie de restricciones a los derechos fundamentales basadas en decretos inconstitucionales impuestos por el Gobierno nacional que supuestamente buscaban la prevención y el bienestar. Y, por otro, la acumulación de situaciones de violencia armada de origen legal, ilegal y paraestatal que, en el contexto de los confinamientos, afectaron principalmente a jóvenes populares, que al tiempo eran campesinos, mujeres, indígenas y afrocolombianos.
En relación con la primera condición, se pueden identificar dos situaciones que obligaron a muchas personas a salir del cerco. En primer lugar, a partir del 25 de marzo de 2020 el Gobierno nacional dictó una serie de decretos que, inicialmente, prohibieron la movilidad de los ciudadanos en el espacio público como medida de restricción para evitar la propagación del virus. Sin embargo, a partir del 4 de mayo fueron surgiendo decretos que extendieron las cuarentenas, si bien con excepciones a sectores de la producción y de servicios. En estas excepciones se ignoró la situación de vendedores informales, recicladores y propietarios de pequeños negocios, quienes, en muchas ocasiones, sostienen a sus familias con estos precarios ingresos. Quienes salieron a las calles por necesidad se encontraron con acciones represivas injustificables.
A modo de ejemplo, el 19 de mayo de 2020, a las 10:30 pm, en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), mientras Anderson Arboleda -un joven dedicado al rebusque- esperaba que le abrieran la puerta de su casa, fue abordado por dos policías que le exigieron ingresar inmediatamente, dado que estaba infringiendo el confinamiento. Sin mediar palabras, los policías procedieron a golpearlo en la cabeza hasta dejarlo en el suelo. Al otro día, luego de ser atendido en un centro hospitalario, Anderson, de 19 años, falleció por un trauma cráneo-encefálico (Redacción BBC, 2020). Por su parte, Néstor Alzate, un adulto mayor de 70 años, salió el 20 de mayo de 2020 al centro de Bogotá a vender dulces. Luego de que un policía le llamó la atención por infringir el confinamiento, y luego de que Alzate le explicara la urgencia económica en la que estaba, se acercaron otros integrantes de la fuerza pública y le propinaron una golpiza (Policía agrede adulto mayor…, 2020).
Estos casos se complementan con las siguientes narrativas visuales. La figura 1 es una representación gráfica de Anderson Arboleda, diseñada y divulgada por un colectivo que reivindica los derechos de los afrocolombianos. Una vez se produjeron los hechos, varias organizaciones difundieron esta imagen, acompañada de mensajes de impotencia y rabia frente al abuso policial. La ilustración muestra a Anderson mirando de frente, en una situación de felicidad, levantando la mano derecha y tocando levemente su mentón con el dedo índice. La corona de flores que rodea la figura del joven, representada en tonos aguamarina y sepia, sugiere su partida del mundo terrenal. El mensaje lingüístico «¿Por qué en Colombia no lo ves?» cumple una función de anclaje con el mensaje visual, orientado a cuestionar por qué en Colombia muchas personas se solidarizaron con el caso de George Floyd e ignoraron lo ocurrido con Arboleda.
En relación con la fotografía de Néstor Alzate (figura 2), registrada por un transeúnte a través de un teléfono móvil y publicada por el diario El Tiempo (2020), se observa en primer plano al adulto mayor, al parecer de rodillas, tomado del cuello por un policía. La expresión de dolor se complementa con un hilo de sangre que recorre el pómulo izquierdo de la víctima, situación que funge como punctum y que permite inferir la existencia de un golpe con objeto contundente. La posición del uniformado, quien emplea una técnica de ahorcamiento para reducir al contraventor, representa la jerarquía de las fuerzas del orden frente a los ciudadanos del común, especialmente si son pobres, negros, jóvenes o viejos, situación que paradójicamente está acompañada del escudo de la Policía que reza «Dios y Patria».
La segunda situación se relaciona con las erráticas respuestas del Estado frente al impacto de la pandemia en las familias pobres. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2020), debido a la pandemia, las familias nucleares en pobreza monetaria pasaron del 30.7% al 37.2%, las extensas del 38.1% al 46.1%, las compuestas del 33.5% al 42.1%, los hogares unipersonales del 12.1 % al 15.0 % y los hogares familiares sin núcleo del 12.9% al 16.0%. Ante esta situación, algunos sindicatos propusieron ubicar trapos rojos en las fachadas de los hogares para evidenciar que estas familias estaban pasando hambre.
Otro aspecto que trajo consigo el impacto de la pandemia fue el desempleo de las mujeres. De acuerdo con el DNP (2020), la tasa de desempleo promedio durante los primeros ocho meses de 2020 fue del 21.3 % en mujeres y del 13.9 % en hombres. Aunque la reducción de la actividad económica y de los ingresos tuvo efectos negativos en toda la población trabajadora, las más afectadas fueron las mujeres jefas de hogar, quienes llegaron a 564 000 casos de desempleo. Al respecto, vale recordar, según el censo 2018 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como es citado por DNP, 2020), que los hogares con jefatura femenina constituyen el 41 % del total de hogares en Colombia.
Un ejemplo que ilustra las respuestas del Estado ante estas problemáticas se relaciona con un operativo de desalojo de 70 familias vulnerables en una zona conocida como Altos de la Estancia (Ciudad Bolívar), ordenado por la Alcaldía de Bogotá. Thalía Rodríguez, madre de tres niños, declaró ante un medio de comunicación:
Nos echaron a la calle sin darnos tiempo de nada, sin avisarnos. El operativo fue con Policía, con el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios); tumbaron las casas y no quedó nada (…). Trabajo limpiando escuelas y colegios, pero la empresa dijo que por la pandemia solo puedo trabajar un día sí y otro no. (Castro, 2020, § 3 y 10)
La figura 3 ilustra parte de estos hechos. La fotografía muestra en plano americano a Thalía Rodríguez con sus tres hijos, luego del operativo. Mientras que la madre abraza a sus hijos y mira hacia el horizonte, sosteniendo en cada una de sus manos una hoja de papel, al parecer los documentos oficiales del desalojo, el niño ubicado en la mitad baja su rostro en actitud de tristeza y derrota. En la imagen están presentes cerca de ocho integrantes de la fuerza pública en la parte superior, quienes se encuentran a la espera de que la familia abandone el territorio. En la escena está ausente el personal de salud, integración social, ICBF o educación del Distrito Capital. Además de profundizar la vulnerabilidad de estas familias en medio de la pandemia, el operativo llevado a cabo por la Alcaldía y la Policía se constituye en un agravio moral (Honneth, 2011) irreparable, contra los niños y las mujeres jefes de hogar precarizadas.
La otra condición que explica por qué varias comunidades y colectivos salieron del cerco fue el incremento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes,4 así como la ejecución sistemática de masacres, durante 2020 y 2021. Paradójicamente, en los momentos más estrictos del confinamiento, se presentaron 86 masacres en 2020 (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz], 2021) y 24 en los meses de enero y febrero de 2021 (Saavedra, 2021). De acuerdo con Indepaz (2021), este escenario obedece a una reconfiguración del conflicto armado en los territorios históricamente afectados por la violencia, cuyas víctimas son principalmente jóvenes que se oponen a ser reclutados, que fueron ajusticiados por no cumplir las normas de las cuarentenas o que coordinan actividades a favor de los derechos humanos, la reclamación de tierras o salidas negociadas al cultivo de drogas para uso ilícito.
Este incremento de masacres, además de ir en contravía de los avances evidenciados en 2016 a raíz de la firma del acuerdo de paz, devela la existencia de múltiples y violentas represiones por parte de grupos armados legales, ilegales y paraestatales, pues algunas víctimas, al tiempo que eran jóvenes, también eran mujeres, campesinos, indígenas o afro-colombianos. Un patrón identificado en estos hechos comprende la presencia de «poderes económicos e instituciones cooptadas que siguen interesadas en recomponer los territorios colectivos, las zonas de reserva forestal para imponer lo que consideran el verdadero desarrollo basado en megaproyectos minero-energéticos, agroindustriales y forestales (Indepaz, 2021, p. 13)».5
Estas dos condiciones, que se pueden resumir en la ampliación de la pobreza y la violencia armada en un momento de alta vulnerabilidad social por las cuarentenas, obligaron a muchas personas del común y organizadas a salir de sus cercos con el fin de expresar su rechazo al establecimiento, especialmente representado en el Gobierno nacional, la Policía y el Ejército. Poco importaron las advertencias sobre los riesgos de salir a protestar; la precarización de la vida y las violencias recicladas a partir del recrudecimiento del conflicto y el saboteo al acuerdo de paz por parte del Gobierno nacional, llevaron a los sectores populares a las calles, especialmente a los jóvenes. Los siguientes relatos ilustran por qué muchos jóvenes decidieron salir del cerco:
Salimos de nuestras casas por el anuncio de una reforma tributaria que no beneficia a la clase popular. Los jóvenes no tenemos nada que perder. Esto viene desde el paro de 2019 con el asesinato de Dylan Cruz. Cali ha sido el epicentro. (Alejandra, líder social del Distrito de Aguablanca, Cali)
Uno lo hace por compromiso. Fue aterrador. El 9S la policía nos golpeó y nos robó. Fue muy poco lo que pudimos hacer por otros compañeros que fueron torturados; hubiéramos podido tener la misma suerte de Javier Ordoñez o de los muchachos de Samaniego. (Felipe, gestor alternativo de derechos humanos, Bogotá)
El gobierno inició una guerra interna contra los jóvenes, los pobres y las organizaciones. Quienes salieron a la protesta son jóvenes de barrios que escasamente estudiaron secundaria y que siguen sin oportunidades. (Juan, líder estudiantil, Bogotá)
Los posicionamientos de los jóvenes participantes evidencian cuatro aspectos que los motivaron a participar en el paro nacional y a ser parte del levantamiento popular. Por un lado, se ratifica la preocupación por la posible implementación de una reforma tributaria lesiva para la sobrevivencia de los sectores populares. Por otro lado, tienen presente hechos de protestas anteriores que evidenciaron el daño físico, psicológico, sexual y moral de muchas personas, situación que hace parte de la memoria reciente de estas generaciones. Asimismo, son conscientes de la situación de precariedad en la que se encuentran los jóvenes y sus familias, y resaltan la ausencia de alternativas para estudiar o trabajar con dignidad. Por último, asumen que, al ser objetivos militares del Estado Penal, están siendo estigmatizados y criminalizados. Perciben que están en medio de una guerra interna contra los jóvenes precarizados y contra aquellos que están organizados. Por esta razón, coinciden en afirmar que se incrementaron las masacres en plena pandemia. Estos cuatro aspectos evidencian la presencia del juvenicidio como práctica deliberada y sistemática del Estado.
Subvertir
Luego de salir del cerco, uno de los principales objetivos de los manifestantes fue llevar a cabo acciones orientadas a subvertir el orden social, político y cultural. Se trata de prácticas que buscan trastocar y revertir las hegemonías que legitiman la desigualdad y la exclusión, así como los cruces entre estos dos dispositivos de dominación. Mientras que la desigualdad se centra en las relaciones de poder clasistas, especialmente enmarcadas en diferencias socioeconómicas ligadas a la relación capital-trabajo y los privilegios de las élites, la exclusión comprende opresiones de tipo racista, patriarcal, machista, capacitista y adultocéntrico heredadas del mundo colonial. No obstante, como lo ha explicado el feminismo negro y las perspectivas sobre la interseccionalidad, existen opresiones cruzadas en grupos y personas que, siendo excluidas por el clasismo, también pueden ser víctimas del patriarcado o del racismo.6
Estas hegemonías se evidencian tanto en el poder estatal como en determinadas formas culturales dominantes. En relación con las primeras, los jóvenes implementaron prácticas de confrontación y deslegitimación del poder estatal, especialmente policial, militar y gubernamental. Para este primer objetivo se llevaron a cabo movilizaciones y tropeles en zonas estratégicas de las zonas urbanas, bajo la coordinación de las «primeras líneas», así como prácticas de sublevación callejeras que hicieron énfasis en la diferencia y la disidencia, situación que implicó la presencia no solo de jóvenes precarizados, sino también de mujeres, indígenas, afros y comunidad LGBTIQ+. Veamos:
Los jóvenes y adultos tienen desconfianza y sienten que las fuerzas armadas son ilegítimas por los bombardeos, los falsos positivos y los abusos. El Estado nos ve como enemigos, por eso nos quiere matar. Esto quedó claro en la manera como el Esmad les disparó a los ojos de tantos jóvenes. (Joven, primera línea, Cali)
En la primera línea tenemos escudos, cascos, gafas y caretas. En el momento en el que el Esmad empieza a disparar, lanzar bombas o gasear, los de la primera línea nos unimos y le damos el tiempo a los demás para que ataquen o se resguarden. Aprendimos a hacer esto luego de lo que ocurrió con Dylan Cruz. (Joven, primera línea, Medellín)
Esta indignación nos obligó a enfrentarnos al Estado. La confrontación con el Estado armado impulsa la lucha y desemboca la ira. Por eso en Cali estuvo la minga indígena, que además fue atacada por los paramilitares. También estuvo la comunidad LGBTI y muchas mujeres verracas. (Representante colectivo de mujeres, Cali)
Estos relatos se complementan con las siguientes narrativas visuales. La fotografía de la figura 4 presenta a una de las primeras líneas de Medellín en el parque de las Luces. Se identifican siete jóvenes varones y una joven mujer, registrados en plano entero con luz natural, dotados de máscaras lacrimógenas, gafas, cascos y escudos, dispuestos al combate. Los escudos, que contienen colores de fondo, íconos y emblemas, presentan diversos mensajes. Se destacan: «Polombia con P de Policarpa», «Las maricas resisten», «Cuando la tiranía es la ley, la revolución es el orden» y «Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno». Además de contar con sus cuerpos y algunos artefactos para subvertir el orden, la primera línea contiene un repertorio de lenguajes en los que sobresale la diferencia y la disidencia como lucha política, representadas en las mujeres, los colectivos LGBTIQ+ y los jóvenes precarizados. En este caso, emerge la bio-resistencia, comprendida como un conjunto de prácticas corporales que se sublevan al poder estatal y rechazan la injusticia, la estigmatización y el terrorismo de Estado.
Por su parte, la figura 5 presenta el rostro mutilado de Leidy Cadena, una joven universitaria que fue víctima de un disparo a corta distancia con un artefacto no identificado por parte de un integrante del Esmad en Bogotá (Amnistía Internacional, 2021). La fotografía a blanco y negro, realizada semanas después, muestra a Leidy en primerísimo primer plano sin su ojo derecho, el cual fue reemplazado por la imagen superpuesta de un orificio de proyectil sobre la superficie de un vidrio. El recurso metonímico empleado por el autor asocia la lesión ocular irreparable que sufrió Leidy con un disparo procedente de las fuerzas del orden que, pese a su gravedad, no le impide a esta joven mirar de frente con su ojo izquierdo.
Como función de anclaje, la imagen está acompañada de un mensaje de la protagonista que dice: «Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz». Esta fotografía se constituyó en ícono del terrorismo de Estado ejercido de manera sistemática durante el estallido, pues se evidencia la intención de las fuerzas del orden de generar daño permanente en los manifestantes, especialmente cuando son mujeres. No obstante, también funge como una representación que sirvió para deslegitimar el discurso del Estado sobre la seguridad y el manejo del orden público. Según Amnistía Internacional (2021), debido a su labor política a favor de las víctimas de lesiones oculares por el Esmad, Leidy tuvo que pedir asilo en el exterior tras amenazas constantes contra su vida y la de su familia.
En relación con las formas culturales dominantes, los jóvenes en resistencia llevaron a cabo estrategias de interpelación a las formas culturales afines al establecimiento por medio de la reorganización semiótica de algunos espacios emblemáticos de los barrios o vías principales, así como la implementación de prácticas de ciberresistencia orientadas a producir contrainformación, en oposición a la matriz mediática del establecimiento. Veamos:
Nos tomamos varios puntos de la ciudad, por ejemplo, el puente de los mil días, que luego llamamos «el puente de las mil luchas». En estos puntos la gente cocina, acompaña, cuida; es toda una sinergia social (…). Es una estrategia para que, cuando la gente camine por la calle, recuerde esta lucha. (Alejandra, líder social del Distrito de Aguablanca, Cali)
Los medios alternativos son claves para llegar a la gente que no está en el tropel. Alteran la matriz mediática que manipula el descontento. Mis parceros hicieron videos cortos, notas, podcast, espacios para fomentar flujos de información. (Laura, colectivo de mujeres, Medellín)
Estos relatos se complementan con las siguientes imágenes. La figura 6 presenta una intervención estético-performativa sobre un módulo de identificación del portal Las Américas del sistema público de transporte de Bogotá. En dicha intervención se reemplazó el nombre Las Américas por Resistencia. En la imagen se observa a un joven ubicado en la parte superior de una escalera que reposa sobre el módulo del portal, incorporando detalles gráficos en la superficie del anuncio. En la parte inferior aparece un grupo de jóvenes que observa la actividad expectante. Luego de este acto de «re-nombramiento» del lugar, tal como lo planteó la usuaria de Twitter que publicó la fotografía, el «Portal Resistencia» se convirtió en un escenario de encuentro, por medio de ollas comunitarias, mingas y asambleas, así como de tropeles que evidenciaron la disputa por el territorio con las fuerzas del orden.
La siguiente narrativa visual (figura 7) refiere a una representación gráfica producida por Patata Caricaturas, un colectivo de opinión y periodismo digital crítico. La imagen muestra a Lucas Villa, un joven estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que fue asesinado el 5 de mayo en el viaducto de Pereira, luego de haber participado en un plantón. De acuerdo con el medio alternativo 070 (Saldarriaga, 2021), el asesinato fue premeditado y organizado, dado que los sicarios rondaron durante varias horas a Lucas, antes de ejecutar el acto mortífero.
La ilustración muestra a Lucas en actitud carnavalesca y combativa, tal como lo describieron sus más allegados. En la indumentaria se destacan la camiseta aguamarina, la pañoleta roja y las tirantas de su morral, tal como fue registrado en video, minutos antes de su deceso. Los mensajes «¡Lucas no murió, lo asesinaron!» y «Nos robaron todo, hasta la alegría» fungen como expresión de duelo, a la vez que de curación simbólica en las bases del movimiento (Rubiano, 2014). Además del portal de Patata Caricaturas, la narrativa visual fue divulgada por Instagram, Facebook y Twitter. Como se observa, el contenido fue replicado por Twitter 18 000 veces (entre retwits y me gusta) y sirvió para alcanzar amplia resonancia ética y política en las audiencias.
Re-existencias
La re-existencia es una metáfora que representa diversos procesos estético-políticos y ontológicos que surgen del Sur global. De acuerdo con Albán (2012), se trata de un des-centramiento llevado a cabo por los oprimidos frente a los discursos hegemónicos que históricamente los han representado como entidades deficitarias, especialmente desde el clasismo, la racialización y el patriarcado. Estos discursos obedecen a la existencia de una matriz de poder (Quijano, 2007) que, por medio de dispositivos de control social, han naturalizado la dominación, el despojo y la deshumanización. Por esta razón, este des-centramiento, además de proponer alternativas estético-políticas por medio de la visibilización de otros discursos basados en la autorrepresentación, busca la reterritorialización (Escobar, 2015) como camino posible hacia la descolonización y la despatriarcalización (Santos, 2009).
Las estéticas de la re-existencia adquieren sentido en la medida que contribuyan a la reflexión sobre las condiciones de existencia de los de abajo, de modo que esta forma de pensamiento los impulse a enfrentar sus propios miedos, generar estrategias de autorre-conocimiento y profundizar en los entramados de sus memorias sociales. Esta propuesta se constituye en un modo de legitimación ontológica y política que se distancia de las miradas barrocas que el eurocentrismo ha producido acerca de las prácticas culturales de América Latina (Kush, como es citado por Albán, 2012). En este camino, Albán (2012) propone deconstruir las sumisiones a partir de la exploración del arte ancestral y popular en distintos países del Sur global, como una forma de comprender otras concepciones de lo bello, lo creativo, lo propio y la apropiado. En esta línea de reflexión surgieron dos categorías: estéticas populares y educación popular.
Estéticas populares
Los procesos, prácticas y productos estéticos agenciados desde la segunda mitad del siglo XX, en el marco del llamado arte político, se han distinguido por su carácter expresivo, transgresor y reparador (Amador-Baquiro, 2021). La función expresiva refiere a estrategias de representación, sensibilización y reflexión que estos provocan, a partir de su circulación y apropiación en lo público. De acuerdo con Rancière (2008), el arte, convertido en experiencia estética, es una producción cultural que puede hacer posible el reparto de lo sensible y operar como dispositivo performativo para provocar resonancia ética y política.
La función transgresora de la práctica artística es un proceso por el cual tanto las representaciones como las acciones en el espacio público pueden llegar a subvertir los lenguajes de la dominación. Y la función reparadora consiste en hacer posible que los procesos estético-políticos contribuyan a la dignificación de los grupos históricamente marginados. Más que obras de arte, algunos colectivos propician actos de curación simbólica (Rubiano, 2014) en las poblaciones y los territorios afectados por la injusticia y la violencia.
Por su parte, Albán (2012) sostiene que las estéticas de re-existencia parten de un desprendimiento de los cánones sobre lo bello y la técnica del arte procedentes del euro-centrismo, a partir de la visibilización de otros lenguajes y representaciones desde los pueblos marginados. Además de la producción estética de los pueblos originarios, estas estéticas se profundizan y enriquecen al tener en cuenta las diversas gramáticas que auto o correpresentan las realidades de las minorías excluidas por género, opciones sexuales y generación.
Las prácticas estéticas durante el levantamiento fueron diversas. Algunas prácticas de este tipo se caracterizaron por ser producidas de manera colaborativa y adquirir un significado rebelde desde la autorrepresentación. Otras prácticas sobresalieron por denunciar hechos de terrorismo de Estado por medio de performances en lugares emblemáticos del poder y a través de pintadas en gran formato que se convirtieron en representaciones en disputa con las fuerzas del orden. Varias de estas pintadas fueron registradas desde el aire y puestas en circulación a través de redes sociales. A continuación, se presentan algunos relatos y narrativas visuales que ilustran los sentidos y las experiencias producidos en torno este tipo de estéticas:
El monumento a la resistencia muestra un puño que sostiene la palabra resiste con los colores de la bandera. No nos gastamos miles de millones, no nos demoramos 10 años. Muchos vecinos aportaron cemento, arena, pintura, varillas, comida (…) (Joven, primera línea Cali)
Los grafiteros y artistas urbanos hicieron una gran pintada con la frase Estado asesino en la avenida San Juan y el ejército lo tapó con pintura gris.7 Días después, los muchachos escribieron en varios muros El pueblo no se rinde carajo. Aunque también lo borraron, ambas pintadas fueron fotografiadas desde el aire y se divulgaron por redes sociales. (Joven primera línea, Medellín)
La figura 8 es una fotografía realizada el día de la presentación pública del monumento, ubicado en Puerto Resistencia (antes Puerto Rellena, Cali). Además del relato presentado por uno de sus coautores, la imagen muestra la mano empuñada con un cartel que dice «Resiste» y el antebrazo de la escultura con los rostros de los jóvenes asesinados o desaparecidos en el marco del estallido. Las palabras, colores e ilustraciones configuran una estética en la que los jóvenes en movilización autorrepresentan dos tipos de experiencia que atraviesan sus subjetividades: la deshumanización y la resistencia como alternativa de ruptura a la dominación y la precarización. Esta forma de autorrepresentación contribuye a la curación simbólica de la comunidad ante los daños causados por el terrorismo de Estado.
Por su parte, la figura 9 evidencia una acción performativa en la que una mujer encapuchada habla a través de un megáfono, con el brazo en alto y la mano empuñada, mientras se ubica en una fuente de la fachada del edificio de la revista Semana, cuya agua fue teñida de rojo. El mensaje devela la denuncia y la indignación de la joven activista al situar su cuerpo en la corriente de agua ensangrentada (simbolizada por su color rojo) y frente a la imagen corporativa de este medio de comunicación. El acto se relaciona con las posiciones negacionistas y propagandísticas explícitas de esta revista a favor del establecimiento. Por último, en la figura 10 se observa una estética popular basada en el muralismo, el cual se convirtió en una narrativa de gran visibilidad en las calles y en el espacio digital, dadas las composiciones y escalas con las que fueron diseñados los mensajes, así como la forma innovadora de disputar el espacio público con las fuerzas del orden.
Educación popular
La educación popular, desde la perspectiva de Freire (2005), comprende este proceso humano y social como una práctica de libertad que privilegia la participación, la deliberación y la comunicación entre educadores y educandos. En oposición al enfoque bancario, la educación popular busca contribuir a la transformación del orden social más que a reproducir el statu quo, tal como lo orientó gran parte del pensamiento pedagógico moderno. Luego de incorporar esta perspectiva en el nordeste de Brasil, a partir de prácticas educativas en las que los oprimidos fueron capaces de leer y escribir sobre sus condiciones de opresión, en el contexto de las rebeldías emergentes de las décadas de 1960 y 1970 (Mejía, 2011), la educación popular se convirtió en un movimiento que se extendió por varios países de la región.
Luego de una crisis que afectó no solo a este tipo de educación, sino también al movimiento social tras la implementación de reformas estructurales y nuevas formas de opresión, explotación y aniquilamiento orientadas por el neoliberalismo en el Sur global, la educación popular inició una reconfiguración en la que integró los saberes y prácticas de comunidades ancestrales, campesinas y de poblaciones situadas en las periferias urbanas. Más allá de la lucha de clases de décadas anteriores, este giro orientó lo popular hacia la valoración de las cosmovisiones de los pueblos originarios, la defensa del territorio y la naturaleza, las apuestas por el reconocimiento de la diferencia y la disidencia, así como la construcción del nosotros por medio de la comunalidad, la comunicación del común y los buenos vivires (Amador-Baquiro & Muñoz-González, 2021; Mejía, 2011). Este modo de asumir la educación como un proceso de co-creación desde los márgenes también se convirtió en educaciones en movimiento, comprendidas como formas de interaprendizaje que coexisten en el contexto de pluriversos que contienen múltiples epistemes y trayectorias vitales (Zibechi, 2005).
En el contexto del estallido se dieron varias formas de educación popular. En primer lugar, surgieron iniciativas basadas en los saberes y prácticas de colectivos culturales, ambientales, feministas, LGBTIQ+, barristas, entre otros, conformados en la mayoría de casos por jóvenes de barrios populares. A continuación, se presenta un relato que ilustra estas experiencias:
Nos dedicamos a promover educación popular en la calle. Algunas veces llevamos el liderazgo nosotros, pero otras veces fueron los barristas, los artistas callejeros, las feministas o los de la junta de acción comunal. Nos mantuvimos aprendiendo de todos al calor de la olla en el Portal Resistencia. (Felipe, gestor alternativo de derechos humanos, Bogotá)
Por otro lado, más allá de un grupo ilustrado procedente de la academia o una dirigencia politizada que llevara la vanguardia, se produjeron relaciones pedagógicas horizontales en las que los roles de educadores y educandos variaron permanentemente entre quienes participaron de las asambleas, los campamentos y las clases a la calle. Por último, además de abordar una variedad de temas y problemas relacionados con la vida familiar, laboral y comunitaria, las experiencias educativas promovieron el interaprendizaje y la co-creación con el fin de promover capacidades críticas en las personas para que lean la realidad social de otras maneras. Veamos:
Llevamos a cabo procesos pedagógicos. Primero, con personas de la Universidad, una vez tuvimos 27 compas en formación, aunque una vez llegaron solo tres. Algunos padres querían sacar a sus hijos de las orejas, pero a veces se quedaban en la asamblea y se interesaban por lo que estábamos aprendiendo. También hicimos talleres de diálogo de saberes con indígenas del CRIC y de la guardia en la Universidad y en el puente. (Alejandra, líder social del Distrito de Aguablanca, Cali)
Discusión
Con el fin de exponer el análisis de las modalidades de resistencia, en relación con el orden social, de género, racial y generacional dominante, así como de las re-existencias emergentes en el marco del levantamiento popular, a continuación, se presentan cuatro ejes de discusión con base en las categorías identificadas en los resultados. En relación con la categoría salir del cerco, los datos indican que las poblaciones de las periferias urbanas se resguardaron como consecuencia de las cuarentenas arbitrarias, pero también debido a la violencia estatal, ilegal y paraestatal, especialmente mortífera entre jóvenes que se encontraban en el rebusque, que se negaron a ser reclutados por grupos armados o que realizaban labores comunitarias. Este modo de repliegue, según MacNeill (como es citado por Zibechi et al., 2021), mostró que era necesario empezar a lidiar con los más diversos virus, desde los invisibles microparásitos (como el SARS-CoV-2) hasta los poderosos macroparásitos (policías, militares y paramilitares).
Este escenario de juvenicidio, expresado en la agudización de la precarización de los sectores populares y la ejecución sistemática y deliberada de jóvenes en el territorio nacional, llevaron a diversos grupos, en algunos casos liderados por colectivo barriales, a declarar un paro nacional que progresivamente se volvió levantamiento popular. Los actos iniciales, además de oponerse a la reforma tributaria, buscaron que el Estado respondiera a las desigualdades y exclusiones estructurales, las cuales se han configurado en opresiones cruzadas, al imponer patrones de poder clasistas, patriarcales, sexistas, racistas y generacionales (Albán, 2012; Viveros, 2016). Este panorama hizo que las prácticas de resistencia devinieran subversiones de oposición, pero también de invasión al tiempo-espacio de las hegemonías (De Certeau, 1984; Hall, 1996), dado que es el único poder que tienen a disposición: incomodar y posar como amenaza (Hebdige, 1979).
En relación con la categoría subvertir, los posicionamientos de los jóvenes participantes develan que una práctica común en el estallido fue la confrontación, la cual se explicitó en relaciones de oposición y contradicción entre sectores populares y grupos de poder (Giménez, 2016).8 Sin embargo, al calor del tropel, especialmente en el marco de lo que interpretan como una guerra interna contra su humanidad, traducida en necropolítica (Mbembe, 2011), los jóvenes empezaron a asumir una política de la cultura juvenil basada en el gesto, en lo simbólico y en la metáfora, que juegan en la competencia de signos (Hebdige, 1979). Así, en medio del caos que implica una sublevación en la mayoría de ciudades del país, se empezaron a generar ordenamientos populares en la confrontación, a través del trabajo intenso de las primeras líneas, así como estrategias de deslegitimación a los lenguajes y acciones de las hegemonías por medio de alteraciones e invasiones a los sistemas de signos de estas.
Esta deslegitimación al sistema dominante se produjo a través de tres tipos de prácticas de resistencia: la presencia de la diferencia y la disidencia en las calles, el desordenamiento semiótico de algunos lugares controlados por el sistema dominante y el tecno-activismo. En relación con la primera práctica, como se observó, fue recurrente la presencia de actos carnavalescos que no solo incomodaron al establecimiento (Hall, 1996), como cuando se integraron los grupos LGBTIQ+ a las movilizaciones, o cuando las mujeres realizaron actos performativos alusivos al Estado violador o a los medios adscritos al poder, sino también cuando los jóvenes víctimas de lesiones oculares dieron la cara, miraron de frente, denunciaron el terrorismo de Estado y animaron a las bases sublevadas a continuar la resistencia.
Por su parte, las prácticas de resistencia que alteraron las lógicas de funcionamiento de los lugares del sistema dominante, además de constituirse en actos que subvirtieron el poder económico y político, a partir de la ocupación popular de lugares privatizados con la ayuda del Estado (tal como ocurre con el sistema de transporte público en Bogotá), develó una lucha por el significante que desordenó y reordenó las semióticas y las prácticas sociales, tal como ocurrió en el portal Resistencia. De acuerdo con Hebdige (1979), este tipo de prácticas se ubican en la interfase entre la vigilancia y la evasión de la vigilancia. En otras palabras, los jóvenes en resistencia experimentaron el placer de ser mirados y reelaboraron superficies, cuyo lugar revela un oscuro deseo de opacidad, una tendencia contra la clasificación y el control, así como un deseo de exceso (Hebdige, 1979).
Por último, además de la bio-resistencia (evidenciada en la confrontación con la fuerza pública y el conflicto por los sistemas de signos) se amplió la ciberresistencia, comprendida como una estrategia que trastoca y revierte la propaganda del establecimiento a partir de la producción y apropiación de contenidos digitales; estos últimos no solo denunciaron la violencia de las fuerzas del orden, sino que fungieron como una especie de virus que circuló por los intersticios de la subalternidad y del poder.
En relación con la categoría estéticas populares, el análisis de datos permite concluir que las experiencias performativas jugaron un papel muy importante en el estallido, dados sus alcances expresivos, transgresores y reparadores en torno a las re-existencias. En lo que refiere a la autorrepresentación, se evidencia que las prácticas de re-existencia se desplegaron desde lo estético, lo territorial y colectivo. De acuerdo con Albán (2012), un rasgo de las estéticas de re-existencia es el giro hacia la autorrepresentación de los pueblos del Sur global, como mecanismo de reafirmación y de rechazo a las representaciones euro-céntricas que anclan las diferencias culturales de Abya Yala al espacio del folclor. Por esta razón, experiencias como la cocreación del monumento a la Resistencia en Cali ejemplifican cómo se representó la diferencia y la disidencia de lo popular, desde semióticas que integraron las rebeldías del barrio, el pueblo y la ancestralidad, a partir de una suerte de sincretismo que puso en escena el duelo, la micropolítica y el reparto de lo sensible.
Esta categoría también permitió evidenciar la invasión performativa de los espacios del poder, tal como ocurrió con el acto insurrecto frente a las instalaciones de la revista Semana. Se trata de una estética que se ubica en los espacios ajenos y que implementa formas de uso que alteran los productos y servicios del orden dominante (De Certeau, 1984). En sintonía con lo planteado por Albán (2012), es una práctica que invita a las bases del movimiento a enfrentar sus propios miedos, validar estrategias de autorreconocimiento y construir dispositivos de memoria social. Por último, las pintadas de gran formato, a partir de las disputas con las fuerzas del orden por su perdurabilidad en el espacio urbano, muestran la emergencia de una estética popular que agencia la visibilidad a partir de un sistema de signos incómodo para el establecimiento.
Y, en relación con la última categoría, los testimonios indican que diversos espacios colectivos del estallido fungieron como lugares de educación popular. La sublevación violenta y a veces caótica del estallido adquirió connotaciones pedagógicas profundas, en las que las desigualdades y exclusiones no se agotaron en denuncias o discursos contestatarios, sino en procesos de reflexión y deliberación en las asambleas y mingas de pensamiento que contribuyeron a una mayor comprensión de estas problemáticas estructurales. En este sentido, se evidencia que los saberes populares y ancestrales y el territorio se articularon alrededor de ontologías relacionales que, desde múltiples epistemes, hicieron posible la construcción de lo común (Escobar, 2015; Mejía, 2011). En este caso, lo común implica la reconstrucción de sentidos conducentes a nuevos proyectos para los buenos vivires.
Por último, las experiencias de educación popular en el estallido se constituyen en expresiones de re-existencia desde la dignidad y la alteridad. Aunque el sistema neoliberal tenga precarizados a los niños, jóvenes y adultos a través de distintos dispositivos, estas experiencias permitieron desarrollar sistemas de autorrepresentación, interaprendizaje y co-creación (Albán, 2012; Amador-Baquiro & Muñoz-González, 2021) que permiten a aquellos que han estado oprimidos y colonizados ampliar sus posibilidades de reflexión y decisión. El ejercicio dialógico, horizontal y plurivocal, desde los saberes, las experiencias y las memorias singulares y colectivas, contribuyeron a propiciar actos de re-existencia, entendidos como prácticas políticas y pedagógicas que desestructuran progresivamente las formas de poder, dan densidad a lo popular y lo común y constituyen nuevos caminos para la construcción de otros mundos posibles desde la diferencia y la disidencia.
