Introducción

El 28 de abril de 2021, una propuesta gubernamental de reforma tributaria desató un estallido social de grandes magnitudes en Colombia. Pese a la pandemia (utilizada por los gobiernos para desocupar el espacio público, profundizar la vigilancia policial y legitimar la limitación de derechos) las pulsiones rebeldes en distintas ciudades del país, haciendo eco de los estallidos sociales de los últimos años en América Latina y el mundo (^{Amador-Baquiro & Muñoz-González, 2021}; ^{Feixa, 2021}; ^{Rivera-Aguilera et al., 2021}), lograron impugnar las gramáticas de los poderes instituidos (^{Richard, 2021}). El estallido social se prolongó por varios meses y su energía desobediente ejerció tal presión que la reforma tributaria terminó por ser retirada por el Gobierno de Iván Duque; al mismo tiempo, el ministro de Hacienda renunció a su cargo y el ministerio de Educación tuvo que acoger la matrícula cero (gratuidad) para la educación superior de los jóvenes más desfavorecidos, elemento que desde el inicio de la pandemia fue promovido por el movimiento estudiantil colombiano a través de diversas acciones colectivas (^{Aguilar-Forero, 2021}).

Todo comenzó -o continuó más bien- cuando el Comité Nacional de Paro (en adelante CNP), integrado por centrales obreras y organizaciones campesinas, étnicas y estudiantiles, citaron a un paro nacional por la paz, la democracia y en contra de la reforma tributaria. Bajo el lema «La democracia no está en cuarentena», el CNP alentó las expresiones del inconformismo ciudadano que ya habían revolcado el panorama político en el paro nacional de 2019, y citó a esta jornada de protestas en contra de una reforma tributaria. Esta última pretendía quitarle a los sectores populares y a la clase media cerca de 27 billones de pesos, al incrementar el costo de algunos productos de la canasta familiar, subir el IVA al 19% a los insumos agrícolas y los combustibles, gravar las rentas de las personas naturales con ingresos superiores a 2.5 millones de pesos mensuales, entre otros (^{Comité Nacional de Paro, 2021}).

Muy rápidamente, la revuelta de abril dio paso a múltiples flujos de rebeldía social que, pese al intento del CNP de ejercer una coordinación política con un programa de reformas definidas, desataron protestas descentralizadas que ya no eran sectoriales (educación, trabajo, salud, etc.), sino transversales a todo el sistema de reglas neoliberales y a las lógicas de mediación, representación o delegación político-institucional (^{Richard, 2021}). En grandes ciudades, pero también en pequeños municipios y ciudades intermedias, las multitudes dispersas y conectadas por grupos de WhatsApp y por contenidos circulados de manera instantánea en redes sociales digitales se tomaron las calles, las plazas y las estaciones de los sistemas de transporte. Después de días -e incluso meses- de ocupación intensa de espacios y ciberespacios, emergieron las ollas comunitarias y las asambleas populares, las cuales se apropiaron y renombraron lugares y, en medio de todo, se hizo cada vez más visible ese hilo inmenso que urde las resistencias: la memoria.

Fueron varios los sucesos que reposan en la memoria de los jóvenes y que se fueron acumulando hasta estallar en 2021. En primer lugar, desde inicios de la pandemia, cuando centenares de jóvenes se manifestaron en junio de 2020 por una cuarentena más digna, fueron reprimidos violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (en adelante Esmad): más de 100 detenidos y 20 heridos dejaron las protestas en varias ciudades el 15 de junio de 2020 (Más de 100 detenidos…, 2020). Luego, los sucesos de septiembre de 2020 expandieron las grietas y los dolores. El asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez el 8 de septiembre de 2020 en Bogotá, a manos de la policía, desencadenó múltiples protestas que terminaron en lo que algunos denominaron «la masacre de Bogotá» (^{Duzán, 2020}): 13 jóvenes asesinados con armas de fuego disparadas por la policía, cientos de heridos e incontables detenciones arbitrarias.

Meses después, el 24 de febrero de 2021, durante las protestas del día contra la brutalidad policial, las agresiones por parte de la fuerza pública fueron intensas y afectaron a muchos jóvenes, entre ellos a Gareth Sella, realizador audiovisual e integrante del colectivo juvenil Escudos Azules. Sella recibió un impacto en su ojo izquierdo con un proyectil de las denominadas «armas de baja letalidad» que utiliza el Esmad, lo que le causó la pérdida del 90% de la visión en este ojo. Días después de esta agresión, la Policía y algunos medios de comunicación lo estigmatizaron e intentaron despertar sospechas sobre su comportamiento, vinculándolo con actos sospechosos y violentos debido a que algunos videos registraron que se cambió de ropa después de recibir el impacto.¹

Con esta base, resulta relevante abordar un acontecimiento reciente como el paro nacional de 2021 en Colombia, pues no existen aún investigaciones que estudien a profundidad algunos de sus rasgos, actores y situaciones. Asimismo, vale la pena hacer una contribución original en la que se vinculen dos conceptos centrales para las ciencias sociales de hoy, la memoria y el juvenicidio, a luz de esta experiencia colombiana. La presente investigación analiza la relación entre estos dos conceptos en el paro nacional de Colombia, entablando un diálogo con algunos trabajos sobre la memoria y el juvenicidio que han realizado aportes significativos y que, como antecedentes teóricos e investigativos, enmarcan y dan sentido a este estudio.

A manera de conceptualización, con respecto a la memoria es importante señalar que esta tiene una relación consustancial con luchas políticas en torno a las interpretaciones y representaciones sobre el pasado. En estas pugnas, ciertos actores, cargados de poder, han fijado una «verdad oficial» debido al peso que han tenido sus relatos para difundir e imponer una única interpretación de los acontecimientos ocurridos. Sin embargo, el sentido del pasado, como terreno de disputas:

Es un sentido activo, dado por agentes sociales que se ubican en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, otros sentidos, o contra olvidos y silencio. Actores y militantes «usan» el pasado, colocando en la esfera pública de debate interpretaciones y sentidos del mismo. La intención es establecer/convencer/transmitir una narrativa, que pueda llegar a ser aceptada. (^{Jelin, 2002}, p. 39)

Para ^{Tischler (2010)}, sin memoria no hay posibilidad de cambio; no hay transformación de cara al futuro. El presente es la zona de contacto entre el pasado y el futuro, y la memoria, en lugar de «estar atrás» o venir desde el pasado hacia el presente, es un acto político del aquí y el ahora, mediante el cual se está mirando hacia el frente, pues como lo ha señalado el movimiento zapatista: la memoria ve hacia delante. En este orden de ideas, la memoria para los movimientos sociales no es un gesto nostálgico o romántico, sino una mediación estratégica para hacer frente a las diversas formas de explotación, injusticia y opresión (^{Tischler & Navarro, 2011}). Como acto colectivo de interpretación del pasado desde los horizontes de sentido de las luchas del presente, la memoria les confiere densidad histórica a las disputas por el cambio social, en tanto «ya no es solo el enfrentamiento por una reivindicación determinada, sino una lucha en la que se ponen en movimiento las generaciones del pasado, sus logros, esperanzas y fracasos» (^{Tischler & Navarro, 2011}, p. 71).

La memoria ha estado presente en los más recientes estallidos sociales en América Latina. El estallido de octubre de 2019 en Chile, por ejemplo, que inició con la movilización de estudiantes de secundaria por el alza del pasaje del metro, puede entenderse como una explosión de memorias de la exclusión, de la frustración crónica y de la indignación no solo frente al gobierno de derecha de Sebastián Piñera, sino de manera más amplia frente a la política representativa, frente a los discursos y memorias hegemónicas y frente a los legados de la Constitución de 1980 firmada por el exdictador Pinochet (^{Richard, 2021}; ^{Rivera-Aguilera et al., 2021}). En el estallido social de Colombia de 2019 la memoria también fue protagonista en los distintos actos que tuvieron lugar luego de que el joven estudiante de bachillerato, Dilan Cruz, fuera asesinado en el centro de Bogotá por un miembro del Esmad, en medio de las movilizaciones del paro nacional (^{Aguilar Forero, 2020}).

Ahora bien, los estallidos sociales en Colombia, como en Chile, también se pueden comprender como parte de una sinergia de protestas globales (Hong Kong, París, Quito, Barcelona, Mineápolis, entre otros) y como una respuesta de los jóvenes frente a la violencia estructural (pobreza, exclusión, precarización, injusticia), simbólica y directa, conjugadas en la acción represiva de los gobiernos (^{Rivera-Aguilera et al., 2021}). En efecto, uno de los elementos que encadena buena parte las revueltas sociales de los últimos años a nivel global, y que en Colombia une el estallido social de 2019 con el estallido de 2021, fue la violencia policial traducida en múltiples juvenicidios que dejaron una honda herida colectiva en los jóvenes.

Como explica ^{Valenzuela (2015)}, el juvenicidio no solo alude al asesinato selectivo de jóvenes, sino también a procesos sociales más amplios que lo posibilitan. Estos procesos incluyen la precarización creciente de su vida económica y social manifestada en la pobreza, la desigualdad y el desempleo juvenil, en el aumento de su vulnerabilidad ciudadana y en la estigmatización o estereotipamiento de sus conductas (en especial de las de los jóvenes de sectores populares o de minorías éticas y sexuales), lo que propicia la construcción de identidades juveniles desacreditadas. Todo ello se acompaña de «la adulteración del Estado y de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad» (^{Valenzuela, 2015}, p. 12).

Como Cancerbero, el juvenicidio tiene varios rostros y expresiones que se sobreponen para atentar contra la vida de los jóvenes, «porque no solo se mata a los jóvenes con balas, también se los mata borrándolos de la vida social, económica y política, eliminando su rostro y buen nombre de las pantallas, persiguiéndolos o señalándolos como el peligro social» (^{Muñoz, 2015}, p. 132). La estigmatización, elemento constitutivo del juvenicidio simbólico, involucra prácticas de representación y criminalización de las conductas y estilos de vida juveniles, que son agenciadas desde ciertos sectores políticos, económicos y mediáticos con el fin de justificar la muerte de los jóvenes al reducirlos a la imagen del revoltoso, vago, violento, peligroso y criminal: «construida la criminalización y estigmatización de los grupos, resulta relativamente fácil justificar los actos de abuso y vejaciones que padecen» (^{Valenzuela, 2015}, p. 24).

Esta estigmatización se alimenta del estereotipo. Como lo explicó Hall (1997/2010) el estereotipo es una práctica significante mediante la cual se reduce a ciertas personas a unas cuantas características simples y esenciales que son representadas como fijas: «la estereotipación reduce, esencializa, naturaliza y fija la diferencia» (p. 430). Asimismo, por medio de esta práctica se trazan límites entre lo normal y lo anormal, entre lo aceptable y lo inaceptable, motivo por el cual se trata de una práctica representacional basada en la preservación del orden social y simbólico instituido, que suele ocurrir en donde hay grandes desigualdades de poder. Por consiguiente, el juvenicidio simbólico, soportando en la estigmatización mediática/cultural y en la producción de estereotipos, es una forma de violencia simbólica que se entrelaza con el juvenicidio económico (pobreza, desempleo, precarización) (^{Feixa et al., 2015}) y que busca legitimar el asesinato sistemático e impune de jóvenes.

Con base en estos aportes de la producción teórica e investigativa previa, en este artículo se busca, como objetivo central, escudriñar el vínculo entre memoria y juvenicidio en el estallido social de Colombia de 2021. Para ello se propone y responde, en las próximas páginas, la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se relacionaron la memoria y el juvenicidio en el estallido social de 2021 en Colombia?

Método

El presente artículo se apoya en un enfoque epistemológico crítico, cuyo énfasis no es solo explicar o comprender un fenómeno, sino producir, a través del trabajo intelectual, interrupciones y transformaciones en las relaciones de poder y de significación presentes tanto dentro como fuera de la academia. En dicho enfoque, como afirmó Hall (1992/2010) a propósito de la aproximación crítica de los estudios culturales, siempre «hay algo en juego»; esto es, una vocación política que atraviesa la producción de conocimiento y que hace de esta un proyecto intelectual y político de transformación.

El asumir una posición teórica y política situada en un enfoque crítico conlleva ciertas implicaciones epistemológicas y metodológicas. Entre estas se encuentra la preferencia por diseños colaborativos como la etnografía militante, una forma de investigación políticamente comprometida que se desarrolla desde dentro y no desde afuera de los movimientos (^{Juris, 2007}). Este tipo de estudio permite llegar a comprensiones y hallazgos que no son fácilmente accesibles a través de aproximaciones positivistas convencionales, las cuales se refugian en la radical separación entre sujetos y objetos, y entre hechos y valores, como garantía de objetividad y de neutralidad (^{Restrepo, 2016}). Como explican Juris y Khasnabish (2013), la etnografía militante requiere involucrarse directamente con una lucha en particular a través de actividades en las que se puede poner incluso en riesgo el propio cuerpo durante las movilizaciones. Esto «permite una comprensión cognitiva más profunda a la vez que ofrece un sentido del involucramiento emocional gestado en la práctica política» (^{Juris & Khasnabish 2013}, p. 26).

Para efectos de este estudio, lo anterior implicó participar en varias de las jornadas del paro nacional y combinar el activismo en las calles con el análisis de los registros que los jóvenes dejaban en su trasegar por las redes sociales digitales. En particular, se participó en varias de las jornadas del paro nacional en la ciudad de Bogotá y se analizaron las publicaciones que, entre el 28 de abril y el 2 de junio de 2021, realizó Escudos Azules en Twitter. Escudos Azules es un colectivo juvenil que hace parte de la «primera línea», organización compleja y heterogénea que agrupa a jóvenes de distintos sectores socioeconómicos y niveles de formación unidos en torno a un propósito común: proteger a los manifestantes de las agresiones por parte del Esmad. El énfasis en este colectivo proviene de la identificación del papel crucial que ya venía desempeñando en las protestas sociales de los últimos años en Colombia y en el reconocimiento de su liderazgo y creatividad promoviendo un amplio abanico de acciones colectivas.

En las jornadas del paro nacional se realizó observación participante y se registró la información en un formato de observación previamente diseñado. Por su parte, el análisis de los mensajes y contenidos publicados en la cuenta de Twitter de Escudos Azules en el periodo de tiempo señalado se basó en la generación de códigos y categorías emergentes a partir de categorías deductivas. Para ello, se apeló a dos criterios de inclusión y exclusión de los contenidos objeto de análisis: 1) margen temporal, se seleccionaron solo los contenidos publicados por el colectivo en Twitter entre el 28 de abril y el 2 de junio de 2021; 2) pertinencia, se privilegiaron los contenidos que, por los términos utilizados, se acercaban más a las dos categorías teóricas previas del estudio: memoria y juvenicidio.

Bajo estos dos criterios, se seleccionó un corpus de 25 mensajes/contenidos publicados que utilizaban palabras, imágenes o expresiones relacionadas con tales categorías. Luego de ello, los contenidos fueron reagrupados en categorías emergentes que permitieron identificar un conjunto de acciones colectivas y de horizontes de sentido (reivindicaciones) de Escudos Azules. Por último, los resultados de este análisis se triangularon con los registros de los formatos de observación para confirmar y complementar las categorías producidas y poner en diálogo los hallazgos con los aportes teóricos en torno a la construcción de memoria y el juvenicidio. El proceso de investigación integró prácticas éticas relevantes como presentar el objetivo del estudio a las personas más cercanas con las que se interactuó y garantizar la confidencialidad y anonimato en el uso de la información personal de quienes así lo solicitaron. Del mismo modo, se asumió la honestidad como principio fundamental a lo largo del proceso, razón por la cual, en lugar de querer proyectar una imagen de total coherencia y perfección, se asumieron con responsabilidad y transparencia las limitaciones del estudio. Entre estas se encuentra la concentración del poder de la representación en el autor de este texto, quien privilegia su experiencia directa, así como sus análisis e interpretaciones, marginando otras opiniones y perspectivas.

Resultados

Huellas del juvenicidio: un momento etnográfico

La presencia masiva y perseverante de los jóvenes en las calles encuentra su razón de ser en la conciencia histórica y la memoria disidente que les arropó de principio a fin. Los jóvenes se tomaron las calles, conformaron puntos de concentración y resistencia, gestaron redes de solidaridad a través de la autogestión y la obtención de donaciones, propiciaron asambleas populares desde las que intercambiaron saberes y construyeron pliegos de peticiones propios, al margen de las peticiones del CNP, entre otras cosas, gracias a lo que encontraron en los cajones de sus recuerdos: 6402 falsos positivos,² masacre de 13 jóvenes el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y una larga historia de violencia policial que ha afectado principalmente a los jóvenes y que se agudizó durante y después de este paro nacional.

Como lo señaló la organización no gubernamental Temblores (2021), durante 2021 se registraron 5808 casos de violencia policial, que incluyeron 80 casos de violencia homicida, 47 casos de violencia sexual, 105 agresiones oculares, 2053 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 66 montajes judiciales relacionados con la protesta social, 16 casos de hostigamiento a actividades comunitarias como ollas o muestras culturales y artísticas, y 1991 casos de violencia física. De los 80 homicidios, 47 ocurrieron durante el estallido social de 2021 y 17 (el 21%) fueron contra personas racializadas. De igual forma, los jóvenes entre 18 y 33 fueron el grupo etario que registró «mayor número de homicidios, con el 61.25% del total. Esto muestra cómo la población joven, caracterizada por su amplia participación en manifestaciones y otras actividades en el espacio público, es más propensa a ser asesinada por la Policía» (p. 7)

Hastiados de la violencia policial, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del acuerdo de paz, el 28 de abril de 2021 decidimos salir a las calles. Comenzamos el recorrido en las horas de la mañana desde la avenida El Dorado de Bogotá hacia la plaza de Bolívar. Desde el inicio llamó la atención la presencia de personal médico que se movilizaba en contra del proyecto de ley 010 de 2020 que avanzaba en su proceso legislativo en el Congreso de Colombia. Dicho proyecto, que según algunos sectores profundizaba la privatización del sistema de salud, fue retirado el 19 de mayo de 2021, en lo que algunos congresistas de oposición y medios de comunicación catalogaron como «la segunda victoria» del paro nacional, pues su retiro se dio algunos días después de aquel de la reforma tributaria.

Muy cerca de los sindicatos de trabajadores de la salud marchaba la Confederación de Trabajadores de Colombia, una de las centrales obreras que integran el CNP convocante del paro nacional. En medio de estas dos organizaciones marchamos durante casi dos horas entre cánticos, música, megáfonos y tapabocas, acompañados por las personas que desde las ventanas se asomaban a observar o a manifestar su apoyo repicando ollas y cacerolas. El recorrido nos llevó hasta la avenida Jiménez con carrera Séptima, un lugar emblemático para la memoria histórica del país por albergar, entre otros, los vestigios del magnicidio del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán.³

Estando allí, emergió el primer eslabón de la relación memoria-juvenicidio en el paro nacional. En este punto encontramos el camión de la memoria de Raúl Carvajal, forrado con carteles y fotografías alusivas al crimen de su hijo. Después de 14 años recorriendo Colombia en busca de verdad y justicia, el 28 de abril de 2021 don Raúl parqueó su furgón en ese mismo lugar, como lo hacía casi a diario, para contarle a los transeúntes lo sucedido: el cabo Carvajal, su hijo, fue asesinado el 8 de octubre de 2006 presuntamente por el Ejército, por negarse a asesinar a dos jóvenes que sus superiores querían hacer pasar como guerrilleros. El cabo «es uno más de los 6402 casos de los llamados falsos positivos que ocurrieron en el gobierno de Álvaro Uribe, entre el periodo 2002 y 2008. Y su padre al igual que los demás exige justicia» (^{Morales, 2021,} §. 1). Allí estuvimos acompañando a Raúl Carvajal, el valiente y persistente padre, sin sospechar que no lo volveríamos a ver y que, tras fallecer un mes después a causa del covid-19, solo nos quedaría el recuerdo del ímpetu de su lucha contra la impunidad y los mensajes que en su honor permanecen en los muros (figura 1).

Nota. Figura 1 Mural en honor a Raúl Carvajal 

Minutos después, por este mismo lugar de la carrera Séptima con avenida Jiménez vimos pasar a Mafapo, Madres de Falsos Positivos, asociación que surge en 2010 y que está conformada por las madres y familiares de 19 jóvenes asesinados extrajudicialmente, catorce en Soacha y cinco en Bogotá (^{Comisión de la Verdad, 2018}). Una de las mujeres se acercó a nosotros y nos entregó un pequeño flyer con la imagen tantas veces censurada del mural ¿Quién dio la orden? La recibimos, la saludamos y la vimos continuar su camino hacia la plaza de Bolívar, mientras observábamos la pequeña pieza comunicativa poco antes de abandonar esta primera jornada de protestas.

El mural ¿Quién dio la orden?, en el que se señala a altos mandos del Ejército del asesinato de jóvenes que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate, ha sido censurado en repetidas ocasiones: primero por el Ejército, que lo borró con pintura gris en octubre de 2019 (^{Forero, 2021}); luego por el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá que en febrero de 2020 ordenó al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (^{Movice, 2020}) retirar la imagen de los muros e incluso de las redes sociales; y más adelante, el 5 de marzo de 2021, por actores indeterminados que de nuevo lo sabotearon dos días después de haber sido plasmado en la calle 80 con carrera 30 de Bogotá, cerca de la Escuela Militar José María Córdoba. Este mural en sus inicios denunciaba 5763 personas asesinadas, cifra que aparecía escrita en la esquina superior izquierda. Debajo de esta se podía leer el mensaje «falsos positivos = asesinato de civiles 2000-2010 bajo el mando de» y más abajo aparecía la cara de cinco generales,⁴ entre ellos la de Mario Montoya, también implicado en otro de los desafortunados hitos del juvenicidio en Colombia que tuvo lugar varios años atrás: la Operación Orión.⁵

Días después de la primera jornada de protestas en la que participamos, la estética de este mural, que se caracteriza por el fondo amarillo con la combinación de letras negras y rojas con mensajes de denuncia, permitió resignificar un tuit del expresidente Uribe. El 30 de abril de 2021 Uribe trinó: «Apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico». Este tuit que promovía la violencia estatal contra los manifestantes, a quienes estigmatizaba como vándalos y terroristas, se incluyó en piezas comunicativas que circularon en internet y en las que, con la estética y los colores del mural, se acompañó el polémico mensaje con una corta y contundente frase: ¡Uribe ya dio la orden!

Este tipo de piezas comunicativas se convirtieron en vehículos de la memoria que permitieron confrontar los mensajes divulgados para estigmatizar y justificar los crímenes de Estado. Durante al paro nacional de 2021 se pudo apreciar una gran diversidad de contenidos (infografías, memes, imágenes-ícono, videos) y piezas que, como la recién mencionada, resignificaron los mensajes transmitidos por los medios dominantes o por los actores afines al Gobierno. Contenidos digitales que se complementaron con piezas impresas y con una explosión aluvial de prácticas artísticas en las que el arte urbano ocupó un lugar central. En Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y en muchas otras ciudades pudimos apreciar incontables grafitis en muros, puentes, calles y pisos con mensajes que expresaron los sentires y malestares de los jóvenes.

Se trató de otro eslabón de la relación memoria-juvenicidio: acciones colectivas del movimiento grafitero que a través del arte urbano denunciaron los excesos de la fuerza pública particularmente en contra de los jóvenes, con mensajes como: «Nos están matando », «Estado Indolente», «Digna Rabia», «SOS Genocidio Colombia» o «Estado Asesino». Varios de estos mensajes fueron borrados con pintura gris por el Ejército o por otros ciudadanos en una clara disputa por las narrativas, registros y memorias del paro nacional (^{Ramírez, 2021}). Como Señala ^{Catela (2019)} «cuando un mural es tapado, comienza en ese mismo acto a tornarse relevante, ya que su sentido fue apropiado por otros, en la acción de volver a darle sentido» (p. 93). Quizás por esto los murales tachados adquirieron mayor relevancia, legitimidad, y varios de ellos, pese a haber sido borrados, renacieron y fueron nuevamente pintados.

Discusión

En medio de la pandemia causada por el nuevo coronavirus que no solo visibilizó, sino que profundizó la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento (^{Santos, 2020}), estalló en Colombia un paro nacional de enormes proporciones. Las energías de descontento e indignación que se venían condensando desde años atrás explotaron el 28 de abril de 2021 en un paro en el que los jóvenes fueron los protagonistas. Jóvenes cansados de la ausencia de oportunidades, de la precariedad laboral, de la exclusión de la vida pública, de la limitación de sus derechos (a la educación, a la salud, a la locomoción, a la protesta), de la eliminación física y de la estigmatización mediática que les representa como predelincuentes o fuente de peligro para la sociedad (^{Muñoz, 2015}), salieron a las calles y se apropiaron de espacios públicos durante varios meses para manifestar su malestar y su desencanto radical.

El presente estudio permitió concluir que la presencia masiva de los jóvenes en las calles fue el resultado de una explosión de memorias del juvenicidio en Colombia. El recuerdo de los 6402 falsos positivos, de la masacre de Bogotá y de una larga historia de exclusión social expresada en pobreza, desempleo, vulnerabilidad, precarización y criminalización que ha afectado especialmente a los jóvenes de sectores populares (^{Valenzuela, 2015}) fue lo que los hizo salir a las calles y permanecer en ellas. Como señala ^{Muñoz (2015)} con respecto a los falsos positivos, estos se soportaron en diversas prácticas como simular los combates, alterar la escena del crimen o realizar declaraciones públicas que estigmatizaron a los jóvenes y minimizaron la responsabilidad de los militares, con el fin de que la sociedad civil identificara a los jóvenes como enemigos (bandidos, guerrilleros, terroristas) para justificar su eliminación.⁷

En el paro nacional operó la misma lógica vinculada con el juvenicidio simbólico: la estigmatización, la construcción de los jóvenes -en especial de la primera línea- como enemigos, la minimización de la violencia policial y de los responsables de esta, la reinante impunidad, entre otros. Esto fue posible por la construcción de identidades desacreditadas, esto es, descalificadas de manera anticipada (^{Valenzuela, 2015}), independientemente de sus rasgos, prácticas, posturas o conductas. El juvenicidio, como una forma de necropoder, pasa por la definición de «quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no» (^{Mbembe, 2011}, p. 46). El juvenicidio es una de las expresiones de la necropolítica (junto con el feminicidio y el genocidio) e implica, al igual que esta, una gestión política de los riesgos, debido a que se somete al riesgo de la muerte a unas poblaciones más que a otras: es a los jóvenes precarizados, excluidos y estigmatizados a quienes más se somete al riesgo de la muerte o, peor aún, se les asesina sistemáticamente.

Ahora bien, ¿cómo se relacionaron la memoria y el juvenicidio en el paro nacional de Colombia de 2021? Aunque el juvenicidio permite nombrar la desaparición y eliminación sistemática de jóvenes, proyecto necropolítico que aceita la maquinaria del neoliberalismo, este nunca logra reducirlos a simples reproductores de la realidad que los excluye, pues a la máquina de muerte ellos y ellas oponen resistencia creativa (^{Reguillo, 2015}). Como se pudo apreciar en las páginas anteriores, la memoria y el juvenicidio se entrelazaron en un conjunto de acciones colectivas en las que, a través de distintos ejercicios de memoria, se confrontó el asesinato sistemático y la violencia simbólica que afecta a los jóvenes.

Entre los eslabones que vincularon la memoria y el juvenicidio, este estudio permitió identificar tres que emergieron como relevantes: el primero fue la acción colectiva por la memoria promovida por los padres y madres de los jóvenes asesinados, quienes albergan, como don Raúl Carvajal y las madres de falsos positivos, la memoria de sus hijos y reclaman justicia por medio de su presencia física en las calles y de distintos vehículos de la memoria: un camión convertido en galería de la memoria y piezas comunicativas como los flyers alusivos al mural ¿Quién dio la orden? Al respecto, es importante mencionar que, si bien durante el paro nacional de 2021 los sistemas de representación y estigmatización dominantes intentaron encapsular a los jóvenes que se manifestaron en la etiqueta de vándalos, criminales y terroristas, ellos respondieron con acciones colectivas y comunicativas que lograron interrumpir las representaciones dominantes, transcodificando imágenes negativas con significados nuevos (^{Hall, 1997/2010}).

Tal fue el caso de la imagen que circuló en redes sociales en la que, utilizando el tuit del expresidente Uribe en el que se criminalizaba la protesta social y se justificaba la violencia estatal, se creó una pieza comunicativa contrainformativa que apeló a la estética del mural ¿Quién dio la orden? y que afloró como otra plataforma de construcción de memoria y de denuncia de los juvenicidios. Como explicó Hall (1997/2010), el significado nunca puede ser totalmente fijado. Si el significado que estereotipa y criminaliza pudiera ser fijado, no habría posibilidad de cambio: «las palabras y las imágenes cargan connotaciones sobre las que nadie tiene control completo y estos significados marginales o sumergidos vienen a la superficie permitiendo que se construyan diferentes significados, que diferentes cosas se muestren y se digan» (^{Hall, 1997/2010}, p. 439).

El segundo eslabón fueron las acciones colectivas de los jóvenes del movimiento grafitero. De manera similar a lo señalado en otros estudios que se refieren al arte urbano (^{Aguilar-Forero, 2017}; ^{Catela, 2019}; ^{Molina, 2020}), en el paro nacional los jóvenes convirtieron los muros y los pisos en lienzos que dotaron de materialidad a las memorias. Lo anterior en medio de luchas políticas en los que los murales o pintadas (grandes mensajes en el piso que solo se pueden leer desde las alturas) fueron borrados por contradictores de las consignas plasmadas por los jóvenes, para luego ser nuevamente pintados por estos. Los muros gritaron, entraron en pugna, expresaron la digna rabia de los jóvenes durante el paro nacional y perduraron en el tiempo como testimonio de lo acontecido: como memoria viva.

Como señaló ^{Catela (2019)}, los murales constituyen marcas de memoria que producen y resignifican lugares, desnaturalizan la idea de las memorias como algo que se cristaliza exclusivamente en sitios institucionales y expresan disputas en un campo político: «Tapar murales, tachar pintadas, borrar grafitis, son prácticas que expresan las luchas simbólicas por imponer miradas políticas en el espacio público sobre el pasado reciente» (p. 93). Los murales de denuncia de la violencia policial que fueron borrados evidencian las disputas en torno a «quiénes pueden decir y quiénes pueden responder en los sitios de memoria, en los muros de la ciudad, en los territorios de memoria que expanden o achican sus fronteras» (^{Catela, 2019}, p. 93).

Por último, el tercer eslabón de la relación memoria-juvenicidio se halló en las acciones colectivas por la memoria de Escudos Azules: performances, ollas comunitarias, velatones y ejercicios de lo que denominaron prensa libre demostraron que la memoria no es monopolio de los jueces o de los procesos de justicia transicional, sino que puede estar en las calles (^{Osorio, 2021}), en los espacios de encuentro y en las redes sociales en las que albergaron y circularon los videos que produjeron. La acción colectiva juvenil de Escudos Azules confrontó el juvenicidio por medio de prácticas y políticas de la memoria contra-hegemónicas que desplegaron un «pasado-presente movilizado como horizonte de esperanza» (^{Tischler & Navarro, 2011}, p. 73).

Para terminar, es importante señalar que el futuro de Escudos Azules, de la primera línea y de las luchas por la memoria que confrontan el juvenicidio en cada oleada de protesta social son inciertos. No obstante, los ecos que en Colombia ha tenido la historia reciente de revuelta social en Chile permiten vislumbrar surcos de esperanza que no están exentos de grandes desafíos. El estallido social de 2019 en Chile dio lugar a un plebiscito para derogar la Constitución de 1980 y a un proceso de elección de 155 miembros de la Convención Constitucional encargados de redactar la nueva Constitución (^{Richard, 2021}). Más adelante, el inconformismo presente en las calles se canalizó en la elección en marzo de 2021 de Gabriel Boric, exlíder estudiantil quien, además de ser el presidente más joven en la historia de este país, nombró a un gabinete con mayoría de mujeres e impulsa la irrupción de una nueva izquierda con alcance regional que espera enterrar el legado neoliberal y promover la equidad, la defensa del medio ambiente y la agenda feminista (^{Molina & Montes, 2022}).

En Colombia, en las elecciones legislativas de marzo de 2022 el Congreso dio un viraje a la izquierda y el candidato presidencial de este espectro político, Gustavo Petro, junto con su vicepresidenta Francia Márquez, triunfaron en las elecciones presidenciales de mayo de este mismo año y gobernarán el país en el periodo 2022-2026. Pese a ello, esta izquierda progresista se enfrenta, por lo menos, a dos desafíos en relación con los jóvenes: 1) entablar mediaciones táctico-estratégicas entre el afuera de la vida social y política de los jóvenes (precarización, exclusión, desencanto radical frente a las instituciones, autonomía social desde las calles) y el adentro de la política institucional en donde el desborde utópico que busca cambiarlo todo se estrecha en función de las reglas prefijadas institucionalmente (^{Richard, 2021}); 2) construir puentes entre las grandes preocupaciones de las agendas de gobierno que también inquietan a los jóvenes (que haya más educación, más empleo, más equidad, entre otras) y los anhelos cotidianos y existenciales que, como a Escudos Azules, los llevaron a las calles: que no los estigmaticen, que no los desaparezcan, que no los asesinen y que los juvenicidios no permanezcan en la impunidad.