Actualización de políticas públicas, cambios y modificaciones

^{Bardach (2001)} señala que, con la formulación de una política pública, nunca se puede estar completamente seguro acerca de cómo será el futuro, ni siquiera si se hace con la mejor de las intenciones y con el diseño de políticas más estructurado. Esta afirmación se respalda en la idea de que las políticas públicas son dinámicas y se encuentran expuestas a factores tanto exógenos como endógenos (^{Cruz, 2011}) que inciden en el conjunto de detalles que las integran «personajes, grupos de interés, demandas retóricas, presupuestos, mandatos legales e interpretaciones, rutinas burocráticas, actitudes ciudadanas, entre otros» (^{Bardach, 2001}, pp. 15-16), así como en el desarrollo de cada una de sus fases o etapas. En este sentido, esta incidencia puede sugerir cambios que resultan, por un lado, motivo de discusión académica y, por el otro, un aspecto que no es ajeno a la naturaleza dinámica de las políticas públicas (^{Cruz, 2011}; ^{Jacobs & Weaver, 2015}).

Ahora bien, el cambio de y en las políticas públicas, también conocido como actualización, se ha posicionado como un tema central en el análisis político contemporáneo (^{Jacobs & Weaver, 2015}). Cada vez se hace más importante comprender por qué, cuándo y cómo cambian (o no) las políticas públicas (^{Stewart, 2006}, p. 184), especialmente, por la posibilidad que esto abre a sus hacedores, al permitirles extraer lecciones que ayudarán a lidiar mejor con los problemas para los cuales fueron creadas (^{Bennett & Howlett, 1992}).² Cabe resaltar que «las políticas cambian de diferentes maneras. Como se ha reconocido por mucho tiempo, algunas políticas son nuevas e innovadoras, mientras que otras son simplemente incrementales refinamientos de políticas anteriores» (^{Bennett & Howlett, 1992}, p. 276).

En esta medida, las teorías, las especificaciones y los marcos de análisis para definir los cambios de las políticas pueden variar (^{Cruz, 2012}). Según ^{Parra (2009)}, hay factores que propician los cambios de las políticas públicas y están mediados por la existencia de dinámicas que se pueden dar «en los "espacios de las políticas" (objetivos, valores, creencias, prioridades) o en el "espacio organizacional" (relación entre el contexto institucional u organizacional de las políticas con los valores, creencias, objetivos)» (p. 153). Siguiendo esto, la autora enfatiza en la perspectiva de ventana de oportunidad propuesta por Kingdon, el enfoque de coaliciones promotoras de Sabatier y Jenkins-Smith y, finalmente, la perspectiva de activismo internacional de Tarrow como modelos de explicación de las causas que conllevan al cambio de una política pública.

De la perspectiva de ventana de oportunidad se menciona que «las políticas pueden cambiar cuando hay una combinación entre la presión, el cambio en el entorno político y la emergencia de una solución viable, aplicable y aceptada» (^{Parra, 2009}, p. 154). Si estos tres factores se presentan, las condiciones estarían dadas para que la agenda política se haga cargo y, de esta manera, puedan materializarse en acciones concretas.³ Del enfoque de coaliciones promotoras, se plantea la «necesidad de mirar ‹factores dinámicos› en períodos de cambio» (^{Parra, 2009}, 155). Con esto, la teoría se refiere a la interactividad entre los actores en los distintos niveles de gobierno y el resto de la comunidad de actores, muy asociado a los procesos de top-down y bottom-up que se dan durante la implementación de políticas públicas. Del activismo internacional, se toman en consideración los cambios en las políticas a causa de coyunturas internacionales que pueden resultar favorables para posibilitar la emergencia de nuevos actores, nuevas relaciones o, dejar al descubierto, nuevas desigualdades que deben ser consideradas en las agendas locales (^{Parra, 2009}).

Para ^{Bennett y Howlett (1992)}, los cambios en las políticas públicas van más allá de simples escenarios de conflicto social, de tensiones entre actores o ventanas de oportunidad; según estos autores es vital comprender el papel del aprendizaje como fuente de cambio de las políticas. De esta forma, «el aprendizaje permite ajustar los objetivos o las técnicas de la política pública a la luz de las consecuencias de la política pasada y la nueva información para alcanzar mejor el objetivo final» (^{Bennett & Howlett, 1992}, p. 276). Siguiendo esto, los autores abordan dos concepciones sobre el aprendizaje: una de carácter instrumental que posiciona a los gobiernos como actores principales.⁴ Desde este punto,

el aprendizaje hace parte del proceso normal de formulación de políticas públicas en que tomadores de decisiones intentan entender por qué ciertas iniciativas pueden haber tenido éxito, mientras que otras fracasaron. Si las políticas cambian como resultado del aprendizaje, el impulso de este cambio se origina dentro del proceso de política formal de gobiernos. (^{Bennett & Howlett, 1992}, p. 277)

La otra concepción se plantea como una actividad menos consciente que «a menudo ocurre como una respuesta gubernamental a algún tipo de estímulo social o contextual». En otras palabras, «el aprendizaje significa una alteración relativamente duradera en el comportamiento [de la política pública] que resulta de una experiencia» (^{Bennett & Howlett, 1992}, p. 277).

Según, ^{Kaye-Essien (2020)}, estas dos concepciones, a pesar de ser muy importantes y significativas en el marco analítico sobre el aprendizaje en las políticas públicas, no capturan completamente la influencia de la ideología política y la política de partidos en los procesos de cambio de y en las políticas públicas. Por ello, desde el ámbito de las políticas de partido, señaló que el aprendizaje es «un proceso mediante el cual los actores políticos dan forma a la política extrayendo lecciones, fallas y éxitos, y usan ese conocimiento para desarrollar políticas alternativas que favorecen a unos más que otros» (^{Kaye Essien, 2020}, p. 167). Sin embargo, el gran reto está en trabajar juntos para enmarcar problemas, analizar alternativas y debatir opciones. Esto implica la reconstrucción de los objetivos de las políticas a la luz de nuevos sistemas de valores para los diferentes beneficiarios (^{Kaye-Essien, 2020}).

La Política Pública de Protección y Atención Integral a la Infancia y Adolescencia de Medellín (Acuerdo 84 de 2006) y la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos

Muchos aspectos se destacan previamente a la expedición del Acuerdo 84 de 2006 que contiene la política pública de infancia y adolescencia del municipio de Medellín. Primero, la entrada en vigor de la Ley 1098 de 2006, que consigna el tránsito del código del menor, al código de infancia y adolescencia, lo que supuso un cambio en la concepción de los niños, niñas y adolescentes de objetos a sujetos titulares de derechos universales (^{Hinestroza, 2016}). Asimismo, esto sentó los cimientos para formular e implementar normativas para su protección integral, acordes a los marcos normativos internacionales, entre protocolos y convenios ratificados por el país. Otro aspecto por destacar fue la movilización de diversos actores de organizaciones sociales de Medellín que pusieron en la agenda política, las problemáticas de la niñez en situación de calle y la necesidad de que crear instrumentos que permitieran visibilizar sus derechos y exigir su cumplimiento (^{Alcaldía de Medellín, 2019}). Lo anterior, significó una apertura de ventana de oportunidad para formular la Política Pública de Protección y Atención Integral a la Infancia y Adolescencia de Medellín.

La política pública centra sus acciones en cuatro canales que se presentan en la tabla 1, bajo los cuales se definen los programas y proyectos a implementar; estos son: promoción, prevención, mitigación y restablecimiento de derechos que, su vez, se constituyen como las herramientas o instrumentos de intervención con los que actúa (^{Hinestroza, 2016}).

Otro aspecto fundamental de la política es que esta se encuentra alineada con directrices nacionales e internacionales que expresamente mencionan y protegen la universalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;⁵ esto «en tanto considera la titularidad inalienable de sus múltiples derechos como una base para garantizar su dignidad» (^{Alcaldía de Medellín, 2019}, p. 24).

Tabla 1 Ejes de la política pública de protección y atención integral a la infancia y adolescencia de Medellín 

Nota. Basado en información tomada de «Evaluación de la Trayectoria de la Política pública de infancia y Adolescencia 2006-2018» (p. 28), de la Alcaldía de Medellín (2019).

Durante el denominado éxodo venezolano, esta universalidad fue desafiada en la medida en que mucha población migrante, entre estos, niñas, niñas y adolescentes, requerían atención, luego de recorrer largas distancias por las carreteras, dormir en las calles y desarrollar actividades económicas informales para sobrevivir. Las necesidades que se desprendían de sus travesías empezaron a ser consideradas por las distintas entidades territoriales y a ser asumidas como prioridades de política pública en infancia y adolescencia y familia en todo el país.

Así, según cifras de Migración Colombia, a diciembre de 2019, Medellín fue receptora de 85 062 migrantes venezolanos, siendo la cuarta ciudad de Colombia con el mayor número de migrantes procedentes de Venezuela (^{Ramírez et al., 2020}); solo antecedida por Bogotá, Cúcuta y Barranquilla. De ellos, cerca de 17 000 son niños, niñas y adolescentes que se ven afectados por la falta de ofertas y de acceso a las oportunidades laborales de las personas adultas.

Esta situación limita, por una parte, el goce efectivo de los derechos básicos a la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, el juego y la recreación y, por el otro, los pone en una condición de vulnerabilidad frente a las violencias, el abandono y la pobreza. (^{Ramírez et al., 2020}, p. 99)

Siguiendo esta línea, la Personería de Medellín identifica tres problemáticas de la población venezolana asentada en Medellín: la primera, afectaciones en el acceso a la salud y que se «representan en acciones, derechos de petición, asesorías e incidentes de desacato; la mayoría relacionadas con la atención a mujeres gestantes, la entrega de medicamentos o la exigencia de tratamientos para pacientes con enfermedades graves» (^{Ramírez et al., 2020}, p. 99). La segunda, los problemas asociados a trámites migratorios, especialmente, en personas que entraron de manera irregular al país, «de lo que se desprenden otras necesidades como la matrícula de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas y a su vez limita el acceso a la educación, la recreación y el deporte» (Ramírez et al., 2020, p. 99). La tercera, la informalidad laboral, que se desprende de la falta de oportunidades de ingresos económicos.

Todas estas problemáticas generan afectaciones en la infancia y la adolescencia migrante venezolana, pues

los pone en alta vulneración frente a los delitos de la ESCNNA [explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes], el trabajo infantil, la mendicidad, la habitancia de/en calle y el consumo de sustancias psicoactivas, y el uso y utilización en el marco del conflicto o por parte de los grupos delincuenciales organizados. (^{Ramírez et al., 2020}, p. 100)

Con respecto a estas consecuencias, y en correspondencia con el enfoque social del riesgo de la política pública de infancia y adolescencia, se generan algunas estrategias para «identificar, caracterizar, activar las rutas de acceso a los derechos, hacer georreferenciación y lectura de contexto» (^{Ramírez et al., 2020}, p. 100). Esto permite identificar, en la tabla 2, las siete problemáticas que más afectan a los niños, niñas y adolescentes migrantes y su posterior atención. Esta atención estuvo a cargo de Crecer con Dignidad, un proceso de la política pública de infancia y adolescencia (Acuerdo 84 de 2006) encargado de dar cumplimiento a la línea o eje de restablecimiento de derechos.

Por su parte, «la falta de oportunidades laborales y la precariedad económica de padres y madres venezolanas redunda en la vulnerabilidad y el riesgo de las niños, niñas y adolescentes ante la explotación sexual comercial y el trabajo infantil» (^{Ramírez et al., 2020}, p. 112). En total, fueron atendidos 35 casos, entre los 10 y 17 años, en diferentes subprocesos (^{Ramírez et al., 2020}).

Tabla 2 Problemáticas asociadas a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en Medellín 

Nota. Basado en información tomada «Diagnóstico situacional de niñas, niños y adolescentes de Medellín: Hacia la potenciación de sus subjetividades políticas, la garantía de su desarrollo y su protección íntegra» (p. 101), por ^{Ramírez et al. (2020)}, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos Unidad de Niñez.

La actualización de la política pública de infancia y adolescencia de Medellín (Acuerdo 143 de 2019)

La actualización de la política pública de infancia y adolescencia de Medellín puede verse como el resultado de una serie de factores y eventos impulsados por la necesidad de cambios tras 13 años de implementación en la ciudad. Esta decisión se dio como parte de un consenso entre diversos actores que comprendieron este proceso como una invitación, a aportar desde su experiencia, y no como una determinación unánime por parte de la administración municipal. Cabe resaltar que parte del proceso de actualización puede revisarse a la luz de la apertura de una ventana de oportunidad, en la que influyeron dos asuntos de ciudad impulsados paralelamente: el primero, la conformación de la red de protección⁶ promovida desde la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, 6 Familia y Derechos Humanos y, el segundo, la implementación del programa tejiendo hogares desde el despacho de la primera dama.⁷ Esto no solo posicionó los asuntos alrededor de la infancia y la adolescencia como un problema público a revisar dentro de la agenda política, sino que, al tiempo, conllevó a la articulación de varios miembros de la comunidad a pensar de forma conjunta, o en una misma dirección, sobre la manera de impulsar cambios o transformaciones en esta política pública (^{Palau, 2013}).

Asimismo, la participación de diversos actores, en clave de coaliciones promotoras, permitió estructurar parte del debate sobre cómo se comprende la política pública en sí misma, pues es su interacción la que tiene la capacidad de ajustarla a las realidades locales o a los cambios registrados con el paso del tiempo (^{Canto, 2000}). De esta manera, 869 personas entre sociedad civil, organizaciones y representantes de algunas dependencias de la alcaldía participaron en la evaluación de la trayectoria. Conjuntamente, determinaron que la política pública de infancia y adolescencia requería hacer algunos cambios alrededor de los enfoques y dar cuenta de los procesos de transformación de la ciudad, así como de las problemáticas que repercuten en el bienestar de niños, niñas y adolescentes (^{Alcaldía de Medellín, 2019}).

Producto del ejercicio participativo y del análisis del problema alrededor de la infancia y la adolescencia de Medellín, se plantearon ocho cambios al Acuerdo 84 de 2006 y a su plan de acción del año 2010, como parte de los aprendizajes que surgieron en los años de su implementación. De forma resumida se destacan tres transiciones: 1) la transición del enfoque social del riesgo, que estaba asociado a las problemáticas en el contexto de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, al reconocimiento de la titularidad de derechos de la infancia y adolescencia en el marco de derechos humanos y la doctrina de protección integral; 2) la transición de una política sectorial a una suprasectorial, determinada por la necesidad de trascender la visión reducida de que la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos es la única responsable de implementar acciones para dar cumplimiento a la política pública de infancia y adolescencia. Lo anterior, «implica reconocer a los niños, niñas y adolescentes en todas las políticas públicas y las estrategias de gestión institucional»; 3) la transición o superación del enfoque de gobernabilidad de la política al enfoque de gobernanza en el diseño, la implementación y la evaluación de esta. Esta última como elemento potenciador de las relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre los diversos sectores y actores públicos y privados (^{Concejo de Medellín, 2019}).⁸

En cuanto a la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, el reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas y adolescentes, así como el trabajo infantil se posicionaron como las mayores problemáticas en la ciudad. Lo que conllevó a procesos de transformación impulsados por la acción colectiva y dieron lugar a cambios en la legislación y procesos de armonización con otras políticas públicas, que requerían ser incorporadas en la actualización. Es el caso de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 y la Política Nacional de Cero a Siempre. Asimismo, la línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes 2018-2028 que, localmente, es recogida en el Plan Intersectorial para la prevención, atención y judicialización de la ESCNNA en el municipio de Medellín 2018-2028, la línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027 y la línea de Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados (^{Concejo de Medellín, 2019}).

La actualización de la política pública de infancia y adolescencia de Medellín en el marco del éxodo venezolano: ¿una oportunidad para incluir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos?

La relación entre las migraciones y las políticas públicas plantea un vínculo sumamente complejo. Mientras, el fenómeno migratorio es de difícil aprehensión, por la diversidad de factores que lo atraviesan y por los desafíos que impone a los derechos esenciales de las personas migrantes, las políticas públicas implican una mirada sobre la sociedad que es el resultado de una construcción histórica de larga data, tanto política como cultural, que suele sintetizar extensos períodos de luchas sociales, de avances y retrocesos (^{Novick, 2012}). En este sentido, tanto las migraciones como las políticas públicas plantean visiones muy particulares sobre lo global y lo local a partir de los escenarios donde se discuten; esto no implica, propiamente, que se hable de realidades distintas. En sociedades cada vez más interdependientes, «los migrantes tienen la virtud de vincular lo local con lo global y las políticas públicas serían caminos, instrumentos que perfilan cómo se da esa unión» (^{Novick, 2012}, p. 13).

Si bien «las políticas migratorias siguen pensándose desde el punto de vista de la regularidad y de la inserción de los migrantes en el mercado de trabajo» (^{Nejamkis, 2012}, p. 101), las políticas públicas son las encargadas de incidir directa o indirectamente en la población migrante sin necesidad de estar focalizadas en la temática o en el fenómeno como tal (^{Canelo, 2016}); solo basta comprender que los migrantes plantean una realidad que existe y que su sola presencia indica que tienen derechos (^{Nejamkis, 2012}). En esta medida, el escenario migratorio se traduce tanto como un reto para la institucionalidad y el orden territorial por su impacto diferenciado en regiones, departamentos y municipios, como en una demanda a los gobiernos locales y sus políticas públicas para atender las problemáticas que se desprenden de la movilidad humana (^{Ramos & Rodríguez, 2019}).

Así, en Colombia, el fenómeno migratorio, que anteriormente no tenía mayor incidencia en las políticas públicas, empezó a ser considerado teniendo en cuenta la percepción de población migrante. Mucha de esta población, tal como lo señala la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030, incluye niños, niñas y adolescentes, lo que ha contemplado no solo atender «a esta población según sus requerimientos en términos de salud, nutrición y su acceso a vacunación», sino contemplar otros escenarios e incorporar lecciones que sean útiles para las políticas públicas a las que sirve como lineamiento⁹ (^{Gobierno de Colombia, 2018}, p. 11)

Así pues, en términos generales, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 reconoce el fenómeno de movilidad humana venezolana en el país y las necesidades que genera en materia de atención. Más allá del marco normativo que la respalda y que, como se ha señalado, destaca la universalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no contempla demandas específicas de esta población. La razón puede atribuirse a la espera de directrices por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social que se aprobaron meses después de la formulación de la Política Nacional con el Conpes 3950.

Por su parte, el Conpes 3950 tiene como objetivo «atender a la población migrante desde Venezuela en el mediano plazo y fortalecer la institucionalidad para su atención» (^{Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018}, p. 82); además, plantea un plan de acción con 68 acciones concertadas con diferentes entidades. La estrategia pretende atender las necesidades de los migrantes en materia de salud, educación, acceso a servicios de atención humanitaria como habitación, agua, saneamiento y mejora en la situación laboral de la población migrante. Se destaca un componente para la atención de la niñez, la adolescencia y la juventud integrado por tres líneas de acción, las cuales están centradas en la protección, atención y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y las familias. Adicionalmente, otra fase es el fortalecimiento institucional que, sobre el principio de corresponsabilidad, busca articular y coordinar acciones entre las instancias para gestionar prioridades de política pública en infancia y adolescencia y familia en todo el país.

Cabe resaltar que los sistemas de información del fenómeno migratorio son una de las debilidades para la implementación de este Conpes. A nivel nacional se encuentran los datos que proporcionan los registros del PEP¹⁰ y del RAMV.¹¹ Así mismo, es importante señalar que ha ingresado a Colombia mucha población venezolana irregularmente, lo que dificulta la atención y el acceso a sus derechos básicos en territorio colombiano. Así las cosas, si el escenario de decisión local se encontraba en medio de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030, como rectora de los lineamientos generales, la cual solo nombra la necesidad de los niños y adolescentes migrantes venezolanos, y del Conpes 3950 y sus requerimientos para fortalecer los sistemas de información sobre población venezolana: ¿qué se logró con la actualización de la política pública de infancia y adolescencia de Medellín en beneficio de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos?

En el caso de Medellín, la actualización de la política pública de infancia y adolescencia finiquitó en el año 2019, dando lugar al Acuerdo 143 de 2019 que deroga al Acuerdo 84 de 2006. En la evaluación que se hizo a la política derogada, se señala, como una limitación, que «existen adolescentes que no son atendidos porque no son considerados en riesgo o vulneración o solo son atendidos cuando están en conflicto con la ley penal, perdiendo la oportunidad de promover capacidades y prevenir vulneraciones tempranamente» (^{Concejo de Medellín, 2019}, p. 104). Lo anterior, marcadamente relacionado con los enfoques vinculados con el manejo social del riesgo, sustituidos en la actualización; en esta se determinó que «terminaban afectando a minorías étnicas, adolescentes LGTBI, y migrantes, entre otros, que no transitan por situaciones de riesgo o vulneración y que quedan sin oferta dirigida a ellos» (^{Concejo de Medellín, 2019}, p. 104).

Asimismo, parte de la exposición de motivos que dio lugar a la actualización de la política pública, indica que a la fecha hay una imposibilidad del proceso de una caracterización demográfica de los niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias en las comunas y corregimientos de Medellín; lo anterior se convierte en otro de los retos a largo plazo para consolidar un sistema de información dentro del municipio. Mientras que, a corto plazo, «la ciudad deberá garantizar el derecho a la salud de manera integral a niños, niñas y adolescentes migrantes, considerando los fallos de la corte constitucional al respecto» (^{Alcaldía de Medellín, 2019}).

Finalmente, en la política pública para el desarrollo integral, el reconocimiento y la potenciación de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y sujetos políticos en la ciudad y ruralidad de Medellín (^{Concejo de Medellín, 2019}) destaca explícitamente, como único avance para la integración de población venezolana, el enfoque diferencial como marco analítico y de acción para la atención diferenciada de la infancia y la adolescencia migrante.¹² Lo anterior se suma, a la abstracta titularidad de derechos universales 12 que tienen los niños, niñas y adolescentes independiente de «la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión pública, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, sus padres o sus representantes legales» (Convención sobre los derechos del niño, artículo 2).

¿Qué implican estos avances? Generalmente, se habla de las grandes dimensiones que alcanzan las migraciones a nivel global, pero se olvidan de la importancia de la población migrante en el desarrollo de los lugares de destino (^{Castillo, 2005}). Si bien los avances en materia jurídica, para proteger los derechos de la población migrante, especialmente, niños, niñas y adolescentes, se han convertido en un marco de referencia de suma importancia, no pueden hacerse efectivos sin disminuir primero las brechas con las prácticas locales. Las autoridades, instituciones y demás deberán ser los responsables de instrumentar tales prescripciones y reducir, así, las vulneraciones de las que son objeto (^{Castillo, 2005}). La experiencia de actualización de la política pública de infancia y adolescencia de Medellín, aunque presente un avance tímido, en la incorporación de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos, ha permitido visibilizar una situación de tintes globales en lo local y ha puesto su incorporación como un reto de ciudad para lograr no solo atención diferenciada a esta población, sino, también, un primer paso para la tan complicada integración social.

Desde la experiencia de otros países, autores como ^{Galaz et al. (2017)} cuestionaron lo que significa, realmente, asumir los desafíos que impone la presencia en Chile, cada vez más frecuente y numerosa, de personas provenientes de distintos países de Latinoamérica: ¿Simple recepción o inclusión social? Al respecto, afirmaron que las políticas públicas son las herramientas capaces de lograr una mejor inclusión de personas migradas en un territorio, puesto que permiten desarrollar y/o reproducir «actuaciones y discursos en cuanto al reconocimiento enunciativo, la incorporación sociocultural y la igualdad de oportunidades de este colectivo» (^{Galaz et al., 2017}, p. 30).

Específicamente, en cuanto a la atención del fenómeno de la niñez migrante, Chile se destaca, regionalmente, por motivar y sensibilizar sobre las condiciones de vida de la niñez migrante, como insumo para la creación y la adaptación de sus políticas públicas. Cabe resaltar que el país austral cuenta con población migrante de Venezuela, Perú, Haití y Colombia y que, si bien no existen políticas públicas enfocadas en la niñez migrante, se han promulgado instrumentos administrativos para facilitar el acceso a ciertas prestaciones y, al mismo tiempo, cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como recomendaciones de política pública (^{Pavez et al., 2020}). ^{Pavez et al. (2021)}, por ejemplo, se centraron en las tensiones y oportunidades que experimentan niños, niñas y adolescentes migrantes en una ciudad como Antofagasta, a fin de que sirvan de insumo a las distintas intervenciones y políticas públicas.

Por último, en el caso concreto del éxodo venezolano, debido al fenómeno sin precedentes en la región, los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú han guiado sus esfuerzos al registro y la caracterización de la población migrante venezolana; esto como base para el diseño de políticas públicas que permitan su atención integral a largo plazo y, en el corto y mediano plazo, el acceso a servicios de salud y educación (^{Batallas, 2020}). Es de resaltar que Colombia es el único país que nombra expresamente a la infancia y adolescencia migrante como actores a considerar en sus políticas públicas.