Revisión de literatura

Las memorias están atravesadas por disputas políticas tanto del pasado como del futuro (^{Juárez, 2014a}). La memoria colectiva requiere siempre un trabajo (^{Jelin, 2021}) entendido como un conjunto de acciones que permiten tomar distancia crítica con el pasado, para resituar justamente las disputas en el presente. En otras palabras, no basta con recordar, sino que es necesario el despliegue de acciones que permitan abrir los sentidos sobre el pasado para que se activen políticamente. Como Mirna lo expresa, el acontecimiento del 30 de julio es posible conmemorarlo porque se rompen los silencios impuestos por el poder militar; una memoria activa que a la vez produce una posición de sujeto en quienes deciden seguir conmemorando pese a todo. Este problema de la posicionalidad, se comprende en la perspectiva que ^{Laclau y Mouffe (2004)} han propuesto pensarlo, «hasta el punto de hacer estallar toda capacidad de control y planificación» (p. 23), para descentrar la condición de un sujeto esencial, dado que el poder «se muestra con numerosas caras, facetas, relaciones con el saber y discursos circulantes; [y] esto permite que muchas teorías lo consideren como su objeto de análisis principal, prescindiendo de posiciones dicotómicas o esencias fijas» (^{Patitucci, 2022}, p. 350). Desde esta perspectiva, se puede decir que las condiciones de reproducción de la conmemoración de una fecha dolorosa, excluida de la comisión para el esclarecimiento de la verdad como dispositivo transicional en El Salvador, produce unas posicionalidades que no se agotan en los testimoniantes de la masacre sino que enlaza una comunidad rememorante que se reconoce en la necesidad de recordar que un 30 de julio de 1975, la guerra se ensañó contra los estudiantes.⁴

En la revisión de literatura sobre los procesos de memoria en el Salvador, cabe señalar al menos tres perspectivas: la primera está orientada por la Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Civil Salvadoreña de la Universidad de El Salvador que busca desde 2010, «incentivar y sistematizar las investigaciones que realizamos sobre la guerra civil salvadoreña de finales del siglo recién pasado» (^{Juárez, 2014b}, p. 11). Esta corriente en la que se inscriben, entre otros, los trabajos de ^{Sprenkels (2014}, ²⁰¹⁷), ^{Lara (2016}, ²⁰¹⁹) y el mismo Juárez, parte del reconocimiento de los olvidos impuestos por la posguerra que privilegiaron «los intereses político-partidarios por encima de los de las víctimas» (^{Rey, 2014}, p. 133). Con ello busca promover perspectivas históricas y de memoria que abran el debate sobre el pasado.

Sin embargo, este enfoque resulta problemático en tanto plantea un horizonte teleológico basado «en la construcción de la ciudadanía presente y futura, en la defensa práctica de la democracia o en el fomento efectivo de una cultura de paz» (^{Rey, 2014}, p. 134), escenario que ha sido cuestionado duramente (en particular desde el programa de Estudios Críticos de las Transiciones, que coordina desde Colombia Alejandro Castillejo), pues parte de una especie de «evangelio global de perdón y reconciliación» (^{Castillejo, 2020}). No obstante, el proceso que se adelanta desde la Unidad de Investigaciones sobre la Guerra Civil Salvadoreña es fundamental para poner en escena el pasado que se pretende cerrado por quienes procuran imponer el olvido.

La segunda perspectiva está más cercana al enfoque desarrollado por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA en los que se inscriben los trabajos de ^{Escalante (2019)}, ^{Juániz et al. (2019)}, además de ^{Goodfriend (2020)}. El debate se centra aquí en la necesidad de construir una institucionalidad soportada en un régimen normativo que permita la lucha contra la impunidad. En esta perspectiva, es mucho más evidente el acento en el presente y en la preocupación por situar la discusión no solo sobre la guerra, sino sobre la posguerra y la crisis de institucionalidad producida tanto por los gobiernos de derecha como por los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

La tercera perspectiva está anclada a las iniciativas de memoria emergentes de las víctimas o de activistas sociales que deciden hacerse cargo de la conmemoración y que disputa a los actores políticos, la hegemonía de los relatos sobre el pasado. Si estos actores buscan «convertir la memoria histórica en un arma política»⁵ (^{Buiza, 2020}, p. 74), las 5 iniciativas de memoria hacen visible y tornan audible un pasado negado u opacado. ^{Ching (2019)} ha propuesto al menos cuatro comunidades de memoria en El Salvador a saber: «élites civiles, oficiales del Ejército, comandantes guerrilleros, y miembros de las bases de las organizaciones o "autores de testimonios"» (^{Ching, 2019}, p. 28).

No se quiere señalar aquí una suerte de posicionalidades fijas en torno a los relatos sobre el pasado, sino resaltar la complejidad subyacente a todo proceso transicional en el que todos los actores reclaman o bien un pasado cerrado o bien una buena porción de la torta del pasado si se permite la expresión. Lo que sí es relevante, es que esta tercera perspectiva tiene la singularidad de tener un desbalance de fuerzas que les arroja a la escena pública de múltiples maneras en la búsqueda de reconocimiento, visibilidad y audibilidad. Una de estas experiencias es la de Co-madres que «llegó a existir informalmente en El Salvador después de la masacre militar de 1975 de estudiantes de la universidad nacional» (^{Taylor, 2019}, p. 123).⁶ Pero al lado de Co-madres, han emergido otras formas de organización⁷ de la sociedad civil lideradas la mayoría de ellas por madres de 7 detenidos desaparecidos en medio de la escalada violenta que devino en guerra civil entre 1982 y 1992.⁸ En esta misma línea se ubica las iniciativas de la Asociación General de 8 Estudiantes de la Universidad de El Salvador, que desde 1976 organiza la conmemoración de la masacre estudiantil del 30 de julio. Se plantea aquí entonces que esta regularidad en el proceso de conmemoración desde 1976, ha producido una posicionalidad como signo de identidad en la relación jóvenes universitarios y activismo estudiantil.

Más reciente es el activismo que se ha posibilitado por las redes sociales y concretamente la iniciativa «#ProhibidoOlvidarSV» que se tradujo en una amplia movilización en torno a la memoria colectiva en el Salvador (^{Chacón et al., 2021}). Esta característica de la acción colectiva ha permitido plantear el debate más allá de la condición etárea de los jóvenes para situarlo en la discusión sobre la condición juvenil (^{Aguilar-Forero & Muñoz, 2015}) como una característica incluso de ciertas relaciones entre estética y política, o como bien lo señala ^{Sánchez (2017)}, una expresión de la jovialidad.

La precaria justicia hacia los responsables y la precarización de la memoria que ello produce, hace que cada año el acontecimiento se refunde para evitar que, como muchos otros casos de masacres, caiga en el olvido definitivo. Las discusiones en los estudios de memoria pueden resultar estériles en ocasiones, si no se relacionan con preguntas sobre la economía política de la memoria. Como lo expresa ^{Castillejo (2007)}, los dispositivos transicionales pueden producir un efecto de despolilitzación y deshistorización que rompen la posibilidad de construir sistemas de justicia en los que las víctimas de hechos de guerra atroces, se sientan reconocidas.

Habría que indagar en este orden de ideas, ¿quiénes y de qué maneras se benefician de los olvidos sociales? Hay que agregar que el olvido tiene también una dimensión política fundamental. ^{Jelin (2021)} argumenta que hay olvidos necesarios para crear las ficciones de la cohesión social y para cerrar heridas del pasado traumáticas como en el caso de la guerra, sobre todo como mecanismo para desfragmentar la subjetividad después de las atrocidades vividas. No obstante, hay olvidos que se imponen a través de estrategias de silenciamiento como las que describe Mirna. Es aquí donde el valor de la conmemoración cobra especial relevancia sin olvidar las transformaciones propias de las maneras como cada generación decide recordar el pasado y activarlo en el presente. Estas estrategias de rememoración buscan resistir a las condiciones históricas de precarización de la memoria colectiva, entendiendo por precarización, una condición políticamente inducida como lo señala ^{Butler (2006)} para diferenciarlo de la condición de precariedad constitutiva de los cuerpos. Se propone entonces el concepto de precarización de la memoria siguiendo estas indicaciones propuestas por Butler (^{Gómez-Agudelo, 2020}). Quizás estas conmemoraciones son una manera de construir una filosofía de la historia en movimiento, que lucha contra esa «filosofía de la historia que se centra (consciente o inconscientemente) en el poder, [porque] a los que no tienen poder (los perseguidos) se les priva constitutivamente de tener voz» (^{Felman, 2017}, p. 43).

Un acontecimiento como el que describe Mirna, no solo nos habla del pasado de esa guerra civil en la que toda una generación de salvadoreños se vio inmersa. También nos habla del presente en tanto la dicotomía amigo/enemigo que heredó el continente de las tensiones de la guerra fría, sigue produciendo unas condiciones específicas de posibilidad para la implementación de dispositivos de seguridad que fetichizan las pandillas o maras (^{García & Rojas, 2020}) para justificar la implementación de duras estrategias de represión contra los jóvenes. Un discurso que además se amplifica a través de los medios de comunicación en los que se muestran las violencias ejercidas por estos jóvenes, pero nunca se muestran las violencias que son ejercidas hacia ellos (^{Nateras, 2015}).

Es en esta perspectiva que se considera relevante la discusión en torno a las activaciones políticas que permiten los trabajos de la memoria como lo expresa ^{Jelin (2021)}. La dicotomía amigo/enemigo, se estableció a partir de la década de 1960 tras el triunfo de la revolución cubana en las tensiones propias de la lucha contrainsurgente. «En esta tensión los estudiantes son concebidos como enemigos internos de un Estado que pretende constituir una noción de orden violenta y profundamente anclada a la defensa de los intereses» (^{Gómez-Agudelo, 2017}) de las élites políticas que se niegan a ampliar el espectro democrático.

Es en este contexto en el que se vuelve problemática esta disputa por el pasado pues implica el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado salvadoreño que se alineó a esta doctrina política de la seguridad nacional sobre la que se cimentaron la mayoría de los regímenes autoritarios desde esta década en todo el continente por el temor al virus comunista (^{Gobat, 2022}). Reconocer en resumen, que a lo jóvenes universitarios de 1975, se les privó de condición política adversarial (^{Mouffe, 2011}) para configurarlos como enemigos a eliminar. Nada distinto de los discursos actuales que festejan el fin de la guerra contra las pandillas.⁹

La investigación tuvo como objetivo indagar las formas de resistencia colectiva en torno a los estudiantes violentados en El Salvador en el contexto de la masacre del 30 de julio de 1975. Por ello buscaba responder a la pregunta: ¿de qué maneras superviven las memorias del acontecimiento violento contra los estudiantes masacrados el 30 de julio de 1975?

Entrevista a Mirna Antonia Perla sobre la masacre del 30 de julio de 1975 en El Salvador: entre memorias, silencios y activaciones políticas

Un breve contexto: la década trágica que anuncia el fuego

La década de 1970 será recordada siempre como el germen de la compleja guerra de El Salvador. Con una larga tradición de militares en el poder y difíciles condiciones de vida para la inmensa mayoría de la población, el país había quedado en manos del coronel Arturo Armando Molina desde 1972, y tan solo 19 días después de asumida la presidencia, ordenaría una ocupación militar a la Universidad de El Salvador como signo del tiempo por venir.

Una acción que llevaría a frenar el proceso de consolidación académica de la Universidad además de establecer las condiciones para la radicalización de los emergentes grupos insurreccionales (^{Valle, 2016}). En 1950 se había aprobado la Constitución Política en la que se creó un marco jurídico que en su artículo 158, expresaba que «queda prohibida la propaganda de doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia» (^{Corte Suprema de Justicia El Salvador, 1962}) y sobre la cual se cimentaba legalmente la actuación del Estado contra quienes se consideraran actores de propaganda de doctrinas anárquicas. En la presidencia del coronel Julio Adalberto Rivera (1962-1967), el país ingreso en el programa de la Alianza para el progreso que sirvió a los Estados Unidos para construir «la otra cara de la política de contrainsurgencia» (^{Tirado, 2014}, p. 65) y poder contrarrestar el auge insurreccional en toda América Latina tras el triunfo de la revolución cubana. Desarrollo incipiente e intervención militar¹⁰ como antecedentes que permiten comprender el contexto en que al autoritarismo pudo desplegar las acciones violentas que encuentran en el 30 de julio una expresión, pero no su única manifestación.

Wilson: Mirna, vengo trabajando una investigación sobre los estudiantes caídos en la historia de los movimientos estudiantiles en Colombia y me interesa mucho conversar contigo sobre la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, porque encuentro elementos comunes en las maneras de represión a los movimientos sociales en toda América Latina, así como los profundos silencios impuestos y las maneras en que se activan políticamente las memorias sobre estos acontecimientos. Cuénteme un poco sobre el contexto de la universidad y El Salvador para esa época.

Mirna: Bueno. El Salvador era un país que venía de la crisis cafetalera de los 30, con un proceso de consolidación del poder en manos de unas pocas familias terratenientes y con un largo proceso de autoritarismo de los militares. De hecho, la llegada de Molina en 1972, es parte de ese proceso y es producto además de un enorme fraude electoral. Se decía que el país estaba en manos de 14 familias y una de ellas ha sido la familia Poma que trataba de impulsar un proyecto turístico en El Salvador y que reforzaron con el concurso de Miss Universo de 1975, por supuesto el gobierno se hizo cargo de todos los gastos del evento con los recursos del Estado.

Para entonces el director del Instituto Salvadoreño de turismo (hoy ministerio de turismo) era miembro de dicha familia y quien muriera en el año 1977 en una acción armada de Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Previo a los acontecimientos del 30 de julio, ocurrieron dos masacres en el campo, la primera ocurrió en La Cayetana el 29 de noviembre de 1974 en la que murieron 6 personas, detuvieron 14 más y se comprende como el inicio de una nueva forma de operación de las fuerzas militares para neutralizar el proceso de insurrección.¹¹ La segunda masacre ocurrió en San Agustín (Usulután) en el 11 cantón Tres Calles el 22 de junio de 1975, cerca de allí estaba Monseñor Romero porque era el obispo de Santiago de María y quien asistió en apoyo a las víctimas. Monseñor Romero era conocido entonces por ser un cura formado en Roma, con un pensamiento muy conservador, pero llegó allí a ver que la masacre había sido perpetrada contra gente campesina que estaba organizada en comunidades eclesiales de base, es decir, eran miembros activos de la iglesia que para entonces ya estaba haciendo retiros, hablando de la teología de la liberación y eso hacía sospechosa a esa gente para la guardia nacional por ser considerada una sublevación contra el régimen. Comunidades que no solo hablaban de la iglesia sino de la justicia social, se organizaban como campesinos para luchar por mejores condiciones salariales y pelear por la tierra para el que la trabaja. Esto le permitió el que ahora es San Oscar Romero,¹² obispo y mártir, comprender las dimensiones de 12 la tragedia que vivía la gente que se dedicaba a trabajar la tierra y, en general, los más humildes en el país, lo que le permitió transformar su lectura política y orientarse hacia los más necesitados. Este es parte del contexto previo a lo acontecido.

Wilson: Comprende uno la radicalización de los estudiantes en la universidad en medio de un contexto tan complejo. Es una constante en toda América Latina esta dimensión de la represión. En todo esto la responsabilidad de la política norteamericana es innegable. En la crónica que leí de Dara Kerrse¹³ menciona por ejemplo la formación que tuvo Juan Orlando Zepeda (acusado de planear la masacre de la UCA de 1989) en la Escuela de las Américas. Este fue el centro de formación de la mayoría de los militares latinoamericanos responsables de las dictaduras y en general de las graves violaciones de los derechos humanos en el marco de la doctrina de la seguridad nacional.

En mi proceso investigativo, he puesto énfasis en este marco discursivo de la seguridad nacional porque a mi modo de ver, fue lo que permitió construir un enemigo interno que debía ser eliminado. No obstante, me parece importante mencionar que en otro artículo que leí preparando la entrevista, encontré que la doctrina de seguridad nacional era insuficiente para comprender el fenómeno salvadoreño.¹⁴ Por ello podríamos decir 14 que había menor presión a los militares y ello les abría el camino para el desconocimiento total de sus propios marcos jurídicos.

En el sur del continente, en cambio, la doctrina de seguridad tuvo que crear el estado de excepción y el estado de sitio como herramientas para suspender los marcos legales¹⁵ que imposibilitaban el accionar de las fuerzas militares en la lucha de contrainsurgencia. Entiendo que esta situación de total libertad para actuar impunemente por parte de los militares es parte de la historia de esta masacre, ¿qué pasó entonces el 30 de julio 1975?

Mirna: Claro. En el Salvador siempre ha habido un divorcio entre lo que dice la ley y lo que se hace. Las constituciones han sido nada más de adorno. La clase dominante en el país, siempre ha tenido la capacidad de decidir quienes viven y quienes mueren. Incluso el marco de acción de los cuerpos de seguridad, se desempeñaba siempre fuera de los marcos legales.

Por otro lado, respecto del 30 de julio, hay que aclarar primero que seis días antes, es decir, entre la noche del 24 de julio y la madrugada del siguiente día, en el Centro Universitario de Occidente (CUO) de la Universidad de El Salvador, el ejército intervino con brutalidad el grupo de estudiantes que preparaban el desfile Bufo¹⁶ en Santa Ana, para las fiestas de esa ciudad. Muchos fueron golpeados y detenidos arbitrariamente.¹⁷ Era un desfile que se hacía con disfraces, máscaras, pancartas y mensajes en hojas volantes criticando al gobierno, era como un carnaval. Al siguiente día, algunos compañeros de allí llevaron las denuncias de lo ocurrido a la sede central de la Universidad y motivaron la manifestación del 30 de julio en la que participamos todas las organizaciones estudiantiles para protestar por ello. La Universidad había sido reabierta después de la intervención de 1972 pero aun con autoridades impuestas, lo que violaba la autonomía universitaria con rango constitucional desde la constitución de 1950. Entonces cuando el gobierno militar del Coronel Arturo Amando Molina, se toma la Universidad, se da esta ruptura y en ello se saquea la institución, se roban los planes de estudios, los libros, incluso los de pasta roja los quemaban porque decían que eran subversivos. Teníamos una planta docente de alta calidad académica porque a la Universidad habían llegado intelectuales expulsados de sus países en la década de 1960 durante las dictaduras de los países del sur, que habían sido acogidos en ella, además de grandes intelectuales salvadoreños. Esto le permitió tener un gran prestigio a nivel nacional e internacional.

Todo esto se corta de tajo en la intervención de 1972 porque los militares decían que allí solo había subversivos. Había mucha fortaleza académica pero también compromiso porque la gente tenía una formación rigurosa y mucha sensibilidad social, desde la Universidad se apoyaba a todos los movimientos sociales y por eso se la toman y prácticamente la destruyen.

Cuando ingreso después de la reapertura de nuestra universidad, me encuentro entonces con un panorama muy complejo. Yo venía egresada de un colegio católico y de ser discípula del padre Romero, quien difundía en sus predicas y acciones un enfoque caritativo. Al llegar a la Universidad empiezo a conocer la estructura económica, jurídica política y social, desde un enfoque científico, lo que me hace profundizar en mi sensibilidad social y me motiva a vincularme con las luchas estudiantiles, reclamando la libertad académica y el respeto por los derechos estudiantiles. Además, la formación académica específica en mi campo del saber que son las ciencias sociales y en específico el ámbito jurídico, me permitieron entender que las realidades sociales pueden y deben ser cambiadas para que exista la justicia social, la igualdad, la equidad, la armonía y la paz entre los seres humanos y la naturaleza.

Nos enfrentamos a las autoridades impuestas y nos radicalizamos bastante en ese momento porque no veíamos alternativas, por eso fue que participe de la organización de becarios y becarias denominada Sebus y del Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende, Fuersa. Primero luchábamos por las libertades académicas con respecto a los derechos de los estudiantes y todo eso, pero a la vez estábamos vinculados a las organizaciones populares, ayudamos a conformar el sindicato de los trabajadores de la energía eléctrica que resultó ser un sindicato estratégico e importante en la posibilidad de impulsar una huelga general, para derrotar la dictadura militar que tenía corte fascista.

En tal sentido, el éxito de una huelga general en el país, para paralizarlo, era posible si lográbamos suspender la energía eléctrica. Días antes la Alianza revolucionaria, constituida por el entonces Fuersa y el UR 19, había ganado las elecciones para tomar la dirección de la Asociación General de Estudiantes de la Universidad de El Salvador que era el máximo organismo de representación estudiantil, pero no habíamos comenzado a dirigirla porque aún estaba presidiendo el Frente de Acción Universitaria que tenía una línea más encaminada a seguir luchando en el marco jurídico vigente. La represión del 25 de julio, era bastante preocupante para nosotros porque abría la posibilidad de una nueva intervención de la Universidad como en 1972, por ello decidimos salir a la calle, con lo cual haríamos un esfuerzo para mandar el mensaje al gobierno, defenderíamos la Autonomía Universitaria y la libertad de expresión y movilización en forma combativa. Discutimos mucho esta decisión de salir a la calle, sabiendo de la escalada fascista del régimen que había realizado dos masacres contra la gente organizada en el campo; teníamos claro la posibilidad de que nos reprimieran en la marcha, pero no nos podíamos detener. Salimos con la esperanza que al régimen le sería contraproducente masacrarnos en pleno centro de la capital, pero, aun así, salimos con mucha decisión y combatividad. Sentíamos la obligación de salir y exigir el respeto de la autonomía universitaria que es el respeto a la constitución, el respeto a la libertad de movilización y salimos a la calle con más de dos mil personas, no sólo estudiantes de la Universidad sino también estudiantes de secundaria, sobre todo de los institutos públicos.

Esa mañana habían sobrevolado avionetas militares sobre el campus universitario y soltaban comunicados diciendo que debíamos atenernos a las últimas consecuencias si salíamos a marchar, que las autoridades sabían de nuestros planes de marcha pero que no nos lo iban a permitir; también lo dijo el ministro de defensa a través de los medios de difusión. Por supuesto que como estudiantes teníamos miedo a la muerte, a la cárcel o la desaparición forzada, pero no podíamos quedar con las manos atadas, debíamos retomar la defensa de nuestros derechos constitucionales, nuestro deber era hacer sentir nuestra voz, porque callarnos era aceptar el dominio del régimen sin hacer nada. Entonces decidimos salir a la calle y afortunadamente mucha gente nos acompañó, no solo estudiantes de secundaria, sino docentes universitarios, los mismos estudiantes de Santa Ana (que eran los primeros agredidos) y mucha más gente.

Salimos a las 2:30 pm aproximadamente, con pancartas, megáfonos, con mucho colorido; al salir del campus universitario, nos sobrevolaron aviones de la fuerza aérea como para ubicar dónde íbamos, nos dirigíamos rumbo al Parque Libertad que ha sido un lugar histórico para la movilización social, tomamos la 25 avenida norte (eran aproximadamente 20 cuadras de distancia) y luego teníamos que cruzar rumbo al Parque, pero dos cuadras antes de cruzar por la esquina nororiente del parque Cuscatlán, se nos presentaron las tanquetas del ejército con el fin de impedirnos el paso. Habíamos advertido de la necesidad de evitar la confrontación y debíamos estar atentos a la posibilidad de cambiar el rumbo. Para evitar el enfrentamiento y la represión de las fuerzas del Estado, quienes iban al frente de la marcha, definían esos cambios. Teníamos además la indicación de que, en caso de disolución de la marcha por parte del ejército, debíamos encontrarnos en el parque Libertad para culminar la manifestación. Cuando nos encontramos con las tanquetas, los líderes de la marcha hicieron cambiar el rumbo hacia un paso a desnivel que quedaba al frente del hospital del seguro social, nosotros aceleramos el paso para llegar hasta ese paso a desnivel en donde la marcha se había cruzado. Cuando se realizó este giro, salieron por el frente policías antimotines que empezaron a disparar con balas de verdad y también tiraron gases lacrimógenos. Yo había logrado llegar a ese paso a desnivel cuando nos cerraron el paso las tanquetas y quedamos atrapadas como unas 500 personas entre antimotines y tanquetas que también venían disparando. Como yo era organizadora de la marcha, teníamos un mínimo nivel de preparación psicológica, teníamos que lograr que la gente no se dispersara en estampida sino ordenadamente y llevábamos pañuelos con agua y bicarbonato para contrarrestar los gases lacrimógenos. Pero igual eso es muy limitado. Yo me quedé socorriendo la gente para que pudieran escalar el muro y refugiarse en el seguro social, lo que permitió que se salvara mucha gente. Muchos se tiraron por el lado del paso a desnivel y también lo hice. En ese lado era muy alto así que cuando caí perdí la conciencia, me fracturé mi rótula izquierda y cuando volví en mí, traté de correr y cuando me apoyé en la pierna izquierda me caí, creí que era nerviosismo, pero intenté de nuevo hacerlo y no pude porque la pierna no me respondía así es que me caí de nuevo. Ahí vi que el pantalón estaba roto, que la rótula estaba totalmente blanda y pensé que quedaría allí. Pero en el momento en que me sentí perdida porque creí que me iban a llevar, vinieron dos compañeros y me ayudaron, me sacaron hacia un taller que había en frente de donde caí y me dejaron debajo de un gran camión.

La marcha fue dispersada porque había policías vestidos de civil infiltrados y pues todo el mundo salió corriendo como pudo. Entiendo que inmediatamente que dejan de disparar, vienen las ambulancias del ejército y se llevan a todos los heridos de la marcha. No sabemos cuánta gente quedó allí porque sabíamos que había estudiantes organizados que estaban en la marcha, a algunos los vieron caer heridos, entre ellos Carlos Fonseca que tenía un megáfono y estaba en la primera fila. A todos se los llevaron en esas ambulancias; algunos ya habían muerto. Recuerdo que hablamos luego de un compañero de apellido Hasbún de la facultad de Química y Farmacia que cayó con la novia y cuando trataron de auxiliarlos, los compañeros vieron que estaban muertos y corrieron a auxiliary a los que podían o a protegerse del cruce de balas [largo silencio]. Creemos que al menos 25 personas cayeron allí.¹⁸

En esa época no había mucha cultura de la denuncia porque la gente tenía miedo de denunciar, muchos no estaban organizados y no tenían idea de cómo enfrentar ese momento por lo que muchas familias no dijeron nada; todavía la gente tiene mucho miedo de contar. Lo que ocurrió fue que posterior a ello, los bomberos pasaron regando agua con jabón para lavar la sangre y evitar las evidencias. Cuando todo pasó, regresaron los compañeros por mí y me llevaron a la cruz roja donde me atendieron compañeros de medicina de los últimos años, me inmovilizaron la pierna y tuve que esperar varios días a que me realizaran una operación porque en ese momento los policías estaban buscando heridos de la marcha en el hospital. Ellos lograron esconderme, me sacaron de ahí y llegué a casa como a las 11 de la noche.

Supe luego que los compañeros que lograron llegar al Parque Libertad, hicieron la denuncia a través de un radio aficionado y, a través de radio centroamericana, se logró difundir la noticia de que habían reprimido la marcha, que había varios muertos y heridos producto de un ataque de las fuerzas militares a civiles desarmados. Los medios de comunicación dijeron que se había dispersado una marcha violenta y que había un par de heridos, pero no contaron que fueron aparatos represivos de Estado.

El viernes 1 de agosto, a tan sólo dos días de la masacre, un grupo de estudiantes realizó la primera toma histórica de la catedral para denunciar lo ocurrido, ganando apoyo de la iglesia y de las clases populares.¹⁹ Nosotros sabíamos que era necesario hacer este 19 tipo de actos porque las fiestas agustinas empezaban y los compañeros tenían claro que, si no se hacía algo, la gente se iba a olvidar. Durante esos días, la gente se solidarizó, les llevaba comida y se les apoyaba. Fue una toma de 6 días en total y sirvió para contar lo que había sucedido porque los medios de comunicación oficiales no dijeron nada. Habiendo muertos y heridos, esa masacre nunca se judicializó. El ataque fue completamente planificado porque ocurrió en un lapso de 15 minutos entre el ataque, la llegada de las ambulancias para llevarse a todo el mundo y la limpieza de la calle por parte de los bomberos. Lo que sabemos es que aún la fiscalía no ha hecho nada. La Universidad también emprendió una acción similar solicitando que se abra el archivo del ministerio de la defensa en el que seguramente está la información de quiénes fueron los que participaron en ese operativo, un reporte de los planes de organización de las fuerzas armadas, así como quienes lo dirigieron y quienes lo ordenaron. El gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional parece que tuvo miedo a los militares y por ello ha aceptado la historia diciendo que no existen archivos, que fueron destruidos durante la guerra. Incluso se ha planteado que esos operativos se hacían sin planes y sin reportes posteriores de las ofensivas.

Wilson: Muy duro ese relato. Me llamó la atención que exista una marcha para conmemorar la masacre. En Colombia tenemos muchísimos episodios similares, se cuenta el 8 y 9 de junio como el día de conmemoración de los estudiantes caídos y aunque la fecha es específica de una masacre similar en 1954, se toma la fecha como símbolo de todas las muertes violentas de estudiantes en diferentes situaciones, pero no tenemos una conmemoración tan solemne y organizada como la que ustedes han logrado. ¿En qué año empiezan a conmemorar en El Salvador esta masacre y quiénes la organizan?

Mirna: La conmemoración inicia en 1976 y se realiza regularmente cada año el mismo día. La celebración ha sido continua solo que, en algún momento hace unos años, los estudiantes utilizaron el evento para hacer cosas que no tienen nada que ver con la conmemoración. Siempre ha habido problemas porque la masacre fue como a las 5 de la tarde e intentamos que la marcha sea a esa hora. Depende mucho de cómo estén las cosas, se ha venido caminando rápido, se termina antes pero siempre se hace vigilia en la noche que es la que ha dado lugar a problemas, porque muchos han ido ingiriendo licor y eso ha generado dificultades.

Hemos tratado de hacer conciencia de la importancia de la marcha y tuvimos que suspender la vigilia por ello. Sin embargo, se ha retomado estableciendo un compromiso con los estudiantes para ser más respetuosos y se ha logrado controlar. La vigilia es un acto político cultural donde se hace la denuncia, se invita a los familiares o a los sobrevivientes, se invitan muchos grupos de música incluso de otros países. Se trata de hacer algo bastante grande con la participación más que todo de los estudiantes y de las organizaciones sociales, pero en algunos momentos también se han hecho actividades en otras facultades, sobre todo en la facultad multidisciplinaria de occidente, porque fue ahí donde empezó la agresión en contra de los estudiantes. Tenemos tres facultades fuera del campus universitario de San Salvador, occidente, oriente y paracentral. La agresión del 25 de julio fue en la de occidente como te decía antes. Quienes organizan la marcha es el conjunto de las organizaciones estudiantiles. El primer evento fue organizado por Asociación General de Estudiantes de la Universidad de El Salvador con todas las organizaciones estudiantiles del momento. Eso se mantiene.

Wilson: Respecto de las víctimas de la masacre, quisiera preguntarte por el estado de los procesos judiciales a los responsables. Parece que es una constante en toda América Latina, el hecho de la impunidad generalizada para el caso de las responsabilidades de las fuerzas militares sobre estas violaciones de los derechos humanos. En el caso de los estudiantes siempre ha sido justificado diciendo que hubo una agresión previa a la fuerza pública y que respondieron como saben hacerlo. El discurso ha creado alteradores del orden público que los medios de comunicación replican sin ninguna mediación mínima. Pero lo más grave es que nunca se conocen los responsables directos y eso crea un terrible manto de impunidad. No me imaginaba las dimensiones del cinismo que tienen los cuerpos de seguridad en tu país. ¿Ha pasado algo distinto con relación a esta masacre?

Mirna: Absolutamente nada. Como te decía antes, nosotros denunciamos el caso de Napoleón Calderón, pero ni en ese ni en ningún otro, ha pasado nada. Ninguna gestión de parte de la fiscalía, de parte del Estado para poder indagar incluso sobre los desaparecidos. Presenté la denuncia a la Fiscalía, en el aniversario del 2015, para que se inicie la investigación. Se realizó con el apoyo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), por medio de su Instituto de Derechos Humanos, ya que, en esta marcha, no solo se nos masacró, sino que también hay víctimas de desaparición forzada, entre ellos Napoleón Calderón Grande.

Es por ello que su hermana Anita Calderón de Buitrago se presentó como ofendida. Él era un estudiante de Economía del Frente de Acción Universitaria, iba en la marcha y nunca más volvió a aparecer. Desde que presentamos la denuncia he preguntado en varias ocasiones y el caso ha estado quieto. El siguiente año fue un grupo de estudiantes al Estado Mayor, actualmente las autoridades universitarias le han puesto un poco más de atención desde la rectoría, aunque antes había estado activa la Asamblea General Universitaria que es el máximo organismo de decisión y de dirección de la Universidad. Incluso se hizo un esfuerzo de recoger todos los nombres, fotos, videos, recortes de periódico, absolutamente todo lo que teníamos de información sobre el 30 de julio, pero uno de quienes estaba recogiendo esta información fue amenazado de muerte. Lamentablemente no se pudo concretar ese esfuerzo, pero la Universidad producto de eso, hizo un monumento, una escultura, aunque allí no aparecen los nombres de los muertos y desaparecidos. Hay además una placa al ingreso de la Facultad de Derecho con los nombres de algunos de estos muertos y desaparecidos. Creo que la Universidad debe prestar más atención a este suceso porque no es solo el suceso del 30 de julio, sino que tenemos regados mártires universitarios por toda la historia. Ahora se está haciendo un esfuerzo por solicitar el ingreso a los archivos del ministerio de la defensa.

Wilson: Como tu bien lo mencionas, hay acontecimientos muy similares en toda América Latina con diferentes periodicidades de tiempo y diferentes condiciones como la masacre de Tlatelolco de 1968 en México, la masacre de la Universidad Nacional de Colombia en 1984, la masacre de la Cantuta en 1992 en Perú, la del Paraninfo en Guatemala en 1982, además de los miles de casos de detenciones y desapariciones forzadas o muertes selectivas en Argentina,²⁰ Chile, Brasil, Uruguay. Todo ello en una estela infinita 20 de mártires como tú los llamas. Sabemos que estos acontecimientos no dan cuenta de esta dimensión tan enorme de la tragedia humana que vivimos en nuestros contextos desde la segunda mitad del siglo XX, por ello quisiera preguntarte ¿qué otras iniciativas o conmemoraciones perviven, si hay organizaciones de víctimas, de madres, si conoces información en ese plano de la búsqueda de la verdad y la justicia?

Mirna: En El Salvador existen muchas organizaciones de personas desaparecidas, torturadas o asesinadas en el marco de la guerra. Son básicamente cuatro comités y hay una organización que es donde se agrupan los expresos políticos que se llama Comité de Presos Políticos de El Salvador, Coppes. Todos estamos haciendo muchos esfuerzos y conformamos un grupo que se llama Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral a las Víctimas. Con el tiempo se ha ido debilitando porque muchos se han ido muriendo y esto hace que la situación sea difícil.

Aquí hay muchas organizaciones que han luchado por esto. Incluso hubo un informe de la comisión de la verdad donde se da un análisis del estado de situación de las violaciones graves de los derechos humanos desde el 1980 hasta 1992 cuando se hizo el acuerdo de paz. Existieron por ejemplo los esfuerzos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Torturados y Asesinados Monseñor Romero que inició actividades entre los años 1978 y 1979 y que entre sus fundadoras está una hermana de uno de los desaparecidos del 30 de julio. Este comité tiene muchos registros fotográficos y testimonios de las atrocidades cometidas por los cuerpos de seguridad en medio de la guerra.

Wilson: Me gustaría saber cómo ha sido el proceso de la justicia transicional porque vi que la comisión de la verdad no abordó este capítulo de la masacre de 1975 pues como dices, abarcó solo el periodo 1980-1992.

Mirna: Bueno en nuestro país ni la justicia transicional ha tenido efecto. Después del informe de la comisión de la verdad se establecieron mecanismos para la superación de la impunidad y para la no repetición de los hechos graves que se reflejaban en el informe de la comisión. El problema es que un mes después se da la amnistía y se perdonó todo, hasta delitos comunes, delitos conexos, sin que hubiera ningún pedido de perdón o un reconocimiento de los victimarios. Fue un perdón absoluto en el estilo de las leyes de punto final que se han dado en el sur para lograr el perdón y el olvido. Es decir, el Estado perdona todo lo que hicieron los genocidas y a las víctimas les da la espalda.²¹

Yo era parte la comisión no gubernamental de derechos humanos de El Salvador. Había una de gobierno creada como mecanismo para mantener la impunidad, porque muchas veces cuando las víctimas denunciaban los casos, esta comisión se encargaba de entorpecer el proceso, incluso capturaban, desaparecían o mataban a los denunciantes cuando los casos empezaban a tener frutos para estas víctimas. A la comisión no gubernamental también perteneció mi esposo a quien mataron el 26 de octubre de 1987, hubo dos presidentes de dicha comisión además de 5 personas que fueron desaparecidas o asesinadas. Toda la dirigencia de la comisión fue capturada en 1986, fueron torturados y obligados a abandonar las denuncias contra el gobierno. Cuando fueron liberados en febrero de 1987, denunciaron con mayor fuerza las violaciones a los derechos humanos cometidos en la cárcel a partir de un estudio que realizaron allí y en el que identificaron 40 formas diferentes de tortura. Esa comisión realizó un trabajo de documentación muy fuerte durante la guerra, pero fue acusada de ser fachada de la insurgencia y por lo tanto el gobierno nunca le daba crédito. Hubo incluso muchos ataques, cercos militares constantes, a la gente que salía de allí la perseguían, la capturaban y muchos fueron también desaparecidos. Todas estas organizaciones de las que te hablé antes, hicieron un trabajo muy importante durante la guerra.

La comisión ha venido trabajando desde 1977 haciendo investigaciones in situ, visitando los cuerpos de seguridad, haciendo gestiones en naciones unidas. Mi esposo por ejemplo fue quien visitó la zona de la masacre del Mozote que es terrible porque allí murieron cerca de 1000 personas y luego hizo las respectivas denuncias en los organismos internacionales de derechos humanos. Casos como el de mi esposo en el que la comisión de la verdad no tuvo el tiempo para establecer lo que pasó porque ubicaron un chivo expiatorio del ERP que torturaron, drogaron y obligaron para que aceptara haber participado en la muerte de mi esposo como una supuesta retaliación de la izquierda, y con ello montaron un show para tratar de desvirtuar que lo habían matado por ser defensor de derechos humanos. Al final la comisión estableció que no tenían suficientes elementos para determinar la responsabilidad del Estado.

En general el problema de estas comisiones de la verdad es que usan metodologías impuestas por Estados Unidos en las que escogen casos ejemplarizantes. Nosotros por ejemplo presentamos como comisión no gubernamental, más de 6000 casos y de 37 000 víctimas que cuentan aproximadamente, la comisión de la verdad se ocupó de 34 casos entre masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. El problema aquí es que, por ser una metodología impuesta, la comisión debe tener un equilibrio entre las víctimas del ejército y las víctimas de la guerrilla; sin embargo, se estima que cerca del 95 % de los casos es atribuido a las fuerzas gubernamentales mientras el 5 % es atribuible a la guerrilla. Esto muestra el vacío estructural que tuvo esa comisión y por supuesto las repercusiones en la impunidad.