Introducción

La familia es una realidad social compleja que, en el caso de Colombia, cuenta con un especial reconocimiento en la Constitución Política de Colombia (capítulo 2, artículo 42; Congreso de la República de Colombia, 1991) y en una serie de normas y políticas que han cobrado protagonismo en la agenda nacional durante los últimos diez años (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2016}). No obstante, dada la centralidad que ha adquirido en la legitimación del orden social, de género y generacional, la familia se ha convertido progresivamente en objeto de vigilancia y control. Esto explica la implementación de viejas y nuevas formas de intervención del Estado y de diversos sectores de la sociedad en sus dinámicas y comportamientos. Esta situación profundiza el direccionamiento de las conductas de sus integrantes por medio de dispositivos políticos y socioculturales como la higiene, la salud, la alimentación, el uso del tiempo y el espacio, el cuidado, las relaciones padres-hijos e hijas y la educación (^{Amador-Baquiro & García, 2021a}).

Como consecuencia del proceso de neoliberalización de las últimas tres décadas, materializado en reformas de tipo tributario, laboral y pensional que han producido un progresivo deterioro del Estado social de derecho, muchas familias en Colombia experimentan la pobreza socioeconómica y la precarización. Al mismo tiempo, el establishment implementa medidas macroeconómicas que fomentan el enriquecimiento de élites económicas, especialmente vinculadas a multinacionales, grandes empresas, agroindustria y sector financiero (^{Escobar, 2015}). Durante 2020 y 2021, debido a la emergencia sanitaria con motivo de la pandemia por covid-19, esta situación de crisis se profundizó debido al incremento de la pobreza monetaria y el ejercicio de medidas de control y represión contra la población con el fin de garantizar, supuestamente, el cumplimiento estricto del confinamiento o aislamiento social declarados por el gobierno nacional (^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020}, 2021).

Respecto a la crisis económica, además de las condiciones estructurales que afectan la vida de las familias (como el desempleo, la informalidad, la tercerización laboral y la inseguridad alimentaria), la ausencia de una renta básica y el vacío de políticas a favor de los sectores más vulnerables en medio de la pandemia, devino en una extrema precarización.¹ Con relación a esta crisis social, la Presidencia de la República determinó una declaratoria de emergencia nacional (en 2020), la cual propició un mayor control de la población por medio de medidas de toque de queda y de restricción a la movilidad, generando un ejercicio de poder que, al principio, no tuvo mayor resistencia ciudadana (^{Rivera-Aguilera et al., 2021}). Ante respuestas de protesta en varias regiones del país, fueron frecuentes los actos de represión policial y de violación a los derechos humanos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (2021), durante 2020 y 2021 hubo 182 masacres y 344 asesinatos de líderes sociales. Algunos de estos hechos se produjeron con la presunta acción u omisión de la fuerza pública. Asimismo, durante el paro nacional de 2021, el cual incluyó dentro de sus causas la situación de desprotección de las familias más pobres, se produjeron actos de violencia (terrorismo) de Estado que fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.²

Esta situación afectó a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza, quienes, tras el cierre de escuelas, lugares de protección y espacios de socialización y recreación, se vieron afectados en sus dimensiones emocional, cognitiva, física e intersubjetiva. Al no acceder a las instituciones escolares y al no contar con conectividad ni tecnologías digitales, muchos vieron afectado su derecho a la educación. Por otro lado, muchos niños y niñas de primera infancia que hacen parte de familias en situación de pobreza no se les garantizó plenamente otros derechos, como la protección, la alimentación y la salud, al quedar desatendidos o parcialmente incluidos en los programas del Estado. Este vacío de atención afectó de manera profunda su desarrollo integral (^{NiñezYA, 2021}). Asimismo, integrantes de la familia implementaron estrategias de sobrevivencia en la vida cotidiana, un aspecto que resultó ampliamente afectado por esta crisis fueron las prácticas de crianza.

Particularmente, la crianza se constituye en un foco de especial atención en este contexto, pues se trata de un entramado complejo de relaciones que contribuye a la construcción subjetiva, la socialización y la educación de los niños y las niñas. Esta acontece en la familia, en interacción con múltiples actores y entornos, estando condicionada por aspectos estructurales de orden político, económico y cultural (^{Ovalle-Parra, 2022}). En esta línea de reflexión, se puede afirmar que la crianza comprende una dimensión práctica, la cual, según ^{Shove et al. (2012)}, refiere a las formas de hacer o decir que surgen de la interacción conjunta de tres aspectos: conocimientos y habilidades (competencias); ideas, creencias, valoraciones y significados (sentidos); y materialidades en un contexto temporal y espacial particular.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los cambios ocurridos -a partir de la implementación de las medidas de corte neoliberal ya mencionadas- privilegiaron la puesta en marcha de modelos focalizados de intervención sobre la pobreza y programas de transferencia de ingresos, así como abordajes comunitarios como métodos eficaces para expandir la acción del Estado. En el desarrollo de estas estrategias fue fundamental la selección de operadores o encargados de ejecutar las orientaciones estatales, dando espacio a nuevos actores en los procesos de articulación entre el Estado y la población vulnerable. En el marco de estas orientaciones, las organizaciones no gubernamentales (en adelante, ONG) empezaron a adquirir un papel protagónico (^{Clemente, 2020}; ^{Durán, 2017}).

De esta manera, si se asume que las ONG son organizaciones sociales que fungen como eslabones entre los individuos, las comunidades y el Estado, se evidencia que durante los últimos años los vínculos que estas han establecido con las familias en situación de pobreza no solo se limitan al apoyo económico o material, sino también al ejercicio de determinadas relaciones de poder que se traducen en orientaciones para el gerenciamiento de la vida familiar por medio de políticas y programas, en este caso, de atención a la primera infancia. Estas formas de poder consisten en «conducir conductas y (…) arreglar probabilidades» (^{Foucault, 1988}, p. 15). En el contexto de las interacciones entre las ONG y las familias, estas relaciones se caracterizan por el predominio de mecanismos de regulación y de conducción de los comportamientos ligados al cuidado y a la crianza (^{Santillán, 2013}).

En consecuencia, comprender la crianza como un espacio de sentidos disputados en el que intervienen varios actores (^{Santillán, 2009}) implica asumir una lectura crítica desde el concepto de gubernamentalidad, a partir de los aportes de ^{Bustelo (2007}), ^{Foucault (2007}) y ^{Rose (2011}, ²⁰¹⁴). Al respecto, ^{Donzelot (1998)} señala que, en el contexto de la emergencia de lo social en la modernidad, se posicionó el gobierno no solo de las familias, sino también a través de estas. Por su parte, Rose (2014) menciona cómo «en los Estados modernos solo se puede gobernar hasta donde puedan conectarse con redes de prácticas; las cuales se unen al poder político central a través de espacios locales» (p. 147). Estas consideraciones preliminares evidencian la necesidad de analizar la gestión de las ONG frente a las familias en situación de pobreza y su posible influencia en las prácticas de crianza en la vida familiar. Los vínculos de las ONG con este tipo de familias contribuyen no solo a la regulación de las futuras generaciones, sino también a la configuración de subjetividades funcionales al modelo político y económico dominante (^{Bedoya & Castrillón, 2017}).

Las investigaciones en América Latina relacionadas con este objeto de estudio son escasas. No obstante, se identificaron, por un lado, estudios que buscan comprender cómo se da la regulación poblacional y las formas de subjetivación de las personas en situación de pobreza que participan en los programas de Estado, ligados a determinadas políticas sociales. Estos estudios evidencian cómo las políticas públicas en el contexto de la neoliberalización actual han aumentado y diversificado los mandatos sociales relativos al cuidado y la educación de los hijos, lo cual se manifiesta en las intervenciones realizadas en los diversos programas sociales que derivan de estas políticas, como Chile Solidario-Puente (^{Rojas 2014}, ²⁰¹⁹); Chile Crece Contigo (^{Murray & Tapia, 2021}; ^{Vergara et al., 2019}) y, en el caso de Colombia, el programa De Cero a Siempre (^{Pinto, 2018}). Según estos investigadores, este escenario pasa por alto las distinciones socioculturales, así como las condiciones estructurales que posibilitan -o no- determinados tipos de prácticas de crianza y cuidado.

Por otro lado, se encontraron investigaciones realizadas en torno a la crianza en familias en situación de pobreza y con diversos tipos de intervención de organizaciones sociales. Estas muestran los complejos procesos y relaciones que atraviesan las iniciativas ligadas al cuidado y la crianza en contextos marcados por la desigualdad social (^{Betancurth & Peñaranda, 2018}; ^{Ierullo, 2015}; ^{Santillán, 2013}, ²⁰¹⁹; ^{Villa-Vélez et al., 2021}). Asimismo, evidencian que las organizaciones sociales o religiosas que hacen presencia en los barrios pobres se constituyen en espacios donde los cuidadores intercambian ideas, saberes y prácticas ligadas al cuidado y la crianza en condiciones de extrema injusticia social. En este sentido, las ONG pasan de una acción focalizada en un aspecto específico a intervenir en procesos más amplios de la vida, como la crianza y el cuidado de los niños y las niñas (^{Ovalle-Parra, 2020}).

El anterior panorama parece mostrar que las familias en situación de pobreza tienden a ser reguladas mediante múltiples intervenciones bajo el dispositivo de lo social (^{González & Cruz, 2019}; ^{Sáenz & Granada, 2013}). También evidencia que estos mecanismos de direccionamiento de las conductas acuden con frecuencia a otros actores sociales fuera de la familia, y que intervienen en el cuidado y la crianza de los niños y las niñas como rasgo distintivo del modelo económico y político de la contemporaneidad (^{Herrera et al., 2019}; ^{Ovalle-Parra, 2020}).

En el caso de Colombia, como ya se mencionó, la pandemia por covid-19 profundizó la situación de pobreza de muchas familias; además, como lo señala el Departamento Nacional de Planeación (2021), provocó complejos reacomodamientos en la vida familiar que tuvieron efectos importantes en las prácticas de crianza, en las relaciones paterno y materno-filiales y en los vínculos de estas con las ONG. Por estas razones, vale la pena problematizar, desde una perspectiva interpretativa y crítica, las prácticas de crianza en familias en situación de pobreza y las múltiples intervenciones de las que son objeto, a través de las ONG, así como las relaciones posibles entre estas acciones y la regulación de las conductas. De acuerdo con lo expuesto, el presente artículo se guía por la pregunta: ¿cómo se configuran las prácticas de crianza en familias en situación de pobreza, en sus relaciones con las ONG comunitarias y operadoras de servicio del Estado, en las comunas 6 y 12 de la ciudad de Ibagué (Colombia), en el contexto de la pandemia covid-19?

Método

La investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, desde el paradigma interpretativo-crítico. Este asume que la realidad social está cargada de significados culturalmente compartidos, a través de los cuales los participantes construyen vínculos y relaciones dialógicas en el mundo de la vida. Este mundo no es neutral y se caracteriza por estar atravesado por relaciones de poder que requieren ser develadas y desnaturalizadas (^{Palestini et al., 2010}). La perspectiva epistemológica propuesta dialoga con la epistemología del sujeto conocido-cognoscente planteada por ^{Vasilachis (2003)}.³

Con relación a los participantes, su proceso de selección se orientó por los siguientes criterios de inclusión: familias en situación de pobreza monetaria o multidimensional, según los indicadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,⁴ que desarrollan prácticas de crianza con niños y niñas entre uno y doce años de edad y familias que tuvieran como mínimo un año en condición de beneficiarias de una ONG. Las principales características sociodemográficas de las familias participantes se describen en la tabla 1.

Tabla 1 Características de las familias participantes por ONG 

Los criterios de selección de las ONG fueron los siguientes: que realicen algún tipo de trabajo con niños y niñas en situación de pobreza; que lleven a cabo procesos especiales o diferenciales de acompañamiento familiar en el contexto de las problemáticas surgidas en la pandemia; que cuenten con una trayectoria de mínimo cinco años de trabajo con familias vulnerables; y estar legalmente constituidas. En la investigación fueron tenidas en cuenta dos ONG con dinámicas y características diferentes. Una organización es operadora del servicio de educación inicial del Estado (ONG 1), a través de la administración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y está ubicada en la comuna 6 de la ciudad de Ibagué. La otra ONG (ONG 2) tiene un carácter comunitario y está ubicada en la comuna 12 de esta ciudad. En el trabajo de campo participaron tres directivos y siete funcionarios de estas organizaciones.

En cuanto a las consideraciones éticas, se trabajó solo con las familias interesadas en participar, respetando el principio de autonomía. Con los niños y niñas se empleó el asentimiento y el consentimiento informado de sus padres o adultos a cargo. Con los demás adultos de las familias y directivos y colaboradores de las ONG se hizo uso del consentimiento informado, garantizando la confidencialidad de sus posicionamientos. Dada la situación de pandemia, el trabajo de campo tuvo un carácter flexible, conforme a los objetivos del estudio, pero sujeto a las condiciones del territorio, las familias y las ONG, en consonancia con el enfoque epistemológico adoptado.

La estrategia metodológica empleada surgió como una construcción emergente en un contexto imprevisto, como fue el de la pandemia covid-19. A modo de bricolage (^{Denzin & Lincoln, 2005}), se implementaron herramientas de la etnografía a través de estrategias horizontales, dialógicas y colaborativas (^{Nateras, 2019}). Para la producción de información, se emplearon diversas técnicas que privilegiaron el diálogo, la intersubjetividad y la participación. Algunas de estas se utilizaron con las ONG y otras con las familias (niños y niñas y adultos) en función de los objetivos de la investigación (tabla 2).

Tabla 2 Técnicas e instrumentos empleados según los participantes 

Como procedimiento, luego de un proceso de inmersión en el campo que implicó la participación y el apoyo en diversas actividades para generar un clima de confianza con los funcionarios de las ONG y las familias, el trabajo de campo se desarrolló entre septiembre de 2020 y agosto de 2021. Se inició con la observación participante en las acciones y escenarios de las ONG, dada la contingencia ya mencionada. La mayoría de estas observaciones se hicieron a través de modalidad remota, participando de los espacios de interacción digital que tenían los funcionarios de la ONG 1, entre ellos, reuniones de equipo y talleres de formación a familias, realizados por medio de la plataforma de Google Meet.

Frente a la ONG 2 comunitaria, que no tenía un trabajo tan estructurado, las observaciones se hicieron de forma presencial en los momentos de encuentro con las familias y en la entrega de donaciones de alimentos.

De estas observaciones surgieron las entrevistas a funcionarios de las ONG, las cuales también se hicieron de forma virtual-sincrónica, usando la plataforma Zoom. Estas partieron de unas preguntas constitutivas en las que se indagó por la trayectoria del funcionario en la fundación, sus responsabilidades, los objetivos de los programas que coordina o apoya, las prácticas de intervención que implementa con las familias beneficiarias, así como otras preguntas desencadenantes que surgieron durante el diálogo. De forma simultánea, se exploraron algunos documentos producidos por estas organizaciones que orientan sus actuaciones.

Posteriormente, se hicieron tres encuentros con cada una de las familias, en los que se desarrollaron dos talleres reflexivos-familiares y una entrevista a profundidad. Dentro de las actividades llevadas a cabo en estos encuentros, sobresale el uso de la técnica de fotoelicitación, a partir de la producción colectiva de un diario fotográfico de prácticas de crianza por familia. Específicamente, se solicitó a cada familia que produjera cinco fotografías a lo largo de la semana, durante dos meses, en las que captara las prácticas de crianza más representativas en la vida cotidiana.⁵ Los encuentros presenciales se adelantaron siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, especialmente los protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020 para la prevención y propagación del covid-19.

Para la sistematización y análisis de la información se optó por un análisis inductivo, en el que se emplearon algunas herramientas de la teoría fundamentada de ^{Strauss y Corbin (2002)}, que privilegiaron la reducción y la interpretación constante de los datos cualitativos, así como la emergencia de preguntas y comparaciones. La interpretación de los datos se apoyó en matrices de análisis que sirvieron para analizar entrevistas, observaciones de campo y los instrumentos empleados, siguiendo el modelo propuesto por ^{Amador-Baquiro y Muñoz (2021b)}. Del análisis de los datos surgieron códigos selectivos, los cuales conformaron un campo semántico emergente. Estos campos constituyeron las categorías inductivas del fenómeno de estudio, las cuales se fueron cotejando en espacio de análisis con los participantes y con otros investigadores.

Por último, con el fin de interpretar los datos, se seleccionó la información textual que produjera algún tipo de relación o cuestionamiento con el campo semántico emergente. Al mismo tiempo, se integró esta relación con una perspectiva interpretativa y crítica propia. Por último, se empleó una matriz de contraste, en la que se cruzó el campo semántico emergente por participantes: niños-adultos, familias-funcionarios y directores de las ONG. Esto con el propósito de hallar regularidades y diferencias entre los posicionamientos de los participantes.

Resultados

Los resultados evidencian la emergencia de dos prácticas de crianza que se objetivan a partir de la configuración de complejas relaciones entre las familias y las ONG durante el periodo de la pandemia: la práctica alimentaria y la práctica de acompañamiento académico. Siguiendo la perspectiva de ^{Shove et al., (2012)}, se tuvieron en cuenta los sentidos, las competencias y las materialidades inmersas en cada práctica.

Discusión

De acuerdo con los resultados expuestos, es posible identificar tres focos de discusión: primero, la familia como un campo de intervención estatal, mediado por las ONG, que facilita progresivamente la legitimación del orden social por parte de las poblaciones; segundo, la incorporación de políticas neoasistencialistas y neohumanitaristas en el contexto de la pandemia, a partir de la alianza Estado-empresa, la cual configuró la alimentación suministrada a los hijos e hijas de las familias pobres como forma de gobierno; y, tercero, la generación de nuevas experiencias en los padres, madres y cuidadores, en las que estos asumieron el rol de agentes educativos y se sometieron a ser evaluados según los estándares normalizadores del Estado.

En lo que refiere al primer aspecto, el fenómeno examinado evidencia cómo en Colombia existe una especie de abstracción discursiva sobre la familia, la cual comprende una serie de intervenciones institucionales (mediadas por las ONG) que traen consigo nuevos mecanismos de gobierno de los pobres. Situaciones relacionadas con la crianza, entre ellas, la alimentación, la socialización y la educación de los niños y las niñas, más que un asunto público que se inscribe en políticas sociales comprometidas con el bienestar social, la redistribución de la riqueza y la transformación del modelo de desarrollo, se constituyen en objetos de gerencia y gestión social. Estos requieren ser tramitados por organizaciones que se disputan este mercado emergente con el fin de contribuir a la administración de la pobreza en el contexto de un ordenamiento social neoliberal que responsabiliza al individuo de su precariedad.

Se trata también de una lógica de gobierno que modifica sustantivamente los significados de la ciudadanía y lo público. De acuerdo con ^{Serrano (2005)}, la ciudadanía ya no se asume como un proyecto de la sociedad en el que las personas son capaces de transformar su realidad y construir otras posibilidades hacia el futuro, sino como una forma de individualizar la prestación de servicios a beneficiarios. Asimismo, lo público termina reducido a la conformación de un mercado de lo social, dinamizado por las lógicas del mercado privado, dado que el énfasis de la política social está en «la modernización de los estilos de vida y de las condiciones de vida, en el marco de la liberalización y de la equiparación de oportunidades» (Salinas & Tetelboin, 2005, como son citados por ^{Otálvaro et al., 2016}).

En esta línea de reflexión, también se infiere que, desde inicios del siglo XXI, la sociedad colombiana asiste a la producción creciente de un campo de la familia configurado de discursos y prácticas que pretenden prescribir qué son, cómo deben ser y cómo deben actuar las familias responsables y normalizadas, así sean pobres. Esta situación que pone en juego disputas por el sentido que involucran políticas de representación sobre los derechos, el desarrollo, el bienestar y el progreso. Al parecer, estas políticas de representación se orientan no solo a la producción de determinadas subjetividades, sino también a la legitimación de órdenes sociales, de género y generacionales acordes con el capitalismo del siglo XXI (^{Runge-Peña, 2021}), el patriarcado y el adultocentrismo.

Este panorama se complejizó con la pandemia y sus procesos sociales emergentes (confinamiento, aislamiento, distanciamiento social). Si bien las ONG no tuvieron la misma capacidad de maniobra en la intervención a las familias pobres con motivo de la pandemia, estas llevaron a cabo nuevos procedimientos de acompañamiento (que en realidad profundizaron los mecanismos de regulación y control), conducentes a minimizar los efectos de la crisis. Además de promover discursos y prácticas para que las familias asumieran esta nueva realidad, las ONG incorporaron estrategias para el desarrollo de habilidades de autogestión de las familias en la crianza de los hijos e hijas. Dichas estrategias fueron diseñadas por entidades del Estado, como el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional, las cuales hicieron énfasis en la necesidad de desarrollar capacidades familiares para garantizar la salud, la alimentación y la educación de los niños y las niñas, en el marco de la garantía de sus derechos. Este panorama coincide con lo hallado por ^{Rovira et al. (2017)}, quienes analizan el enfoque neofamiliarista de las políticas sociales, el cual también asume a la familia como la encargada de autoproducir las condiciones materiales y sociales de reproducción de la vida, invisibilizando los problemas estructurales que niegan la garantía de una vida digna.

En relación con el segundo aspecto, es claro que la gestión social de las ONG se inserta en una lógica de mercado que integra el neoasistencialismo del Estado con políticas de responsabilidad social empresarial de corporaciones y conglomerados económicos de tipo nacional y transnacional. En el caso analizado, tras las restricciones generadas por la pandemia y ante las limitaciones de las familias para consumir los alimentos directamente en las instalaciones de la ONG, estas recibieron una serie de productos perecederos por parte del Banco de Alimentos de Colombia (2021), una iniciativa de la sociedad civil que articula «esfuerzos de la empresa privada, la academia y organizaciones sin ánimo de lucro para aportar a la seguridad alimentaria» (s. f.). Sin embargo, los resultados corroboran que, aunque el ICBF promueve unas prescripciones para la alimentación saludable de los niños y las niñas, conforme a los estándares de talla y peso, los productos del Banco de Alimentos se caracterizan por su concentración de sodio, azúcar y grasa saturada.

Esta situación, la cual se enmarca en lo que ^{Popkin et al. (2012)} denominan la «occidentalización de la dieta», evidencia que esta es un objeto de gobierno que profundiza la alianza Estado-mercado, alrededor de las familias pobres. Por un lado, la dieta ideal definida por la institucionalidad se inscribe en una inversión, específicamente en una relación costo-beneficio, que ha de garantizar el desarrollo integral de un sujeto ideal, el cual, en el futuro, además de ser un buen ciudadano que gozará de buena salud, tendrá menos riesgos de enfermarse y saturar el sistema sanitario (^{Heckman, s. f.}). En otras palabras, la alimentación suministrada a los niños y las niñas más pobres -y de paso el complemento de la dieta de sus familias- no es una política enmarcada en la garantía de sus derechos, sino un mecanismo de prevención y control social que asume al sujeto como capital humano para que en el futuro no se convierta en riesgo social, ni represente gastos económicos no calculados que alteren el orden social (^{Cabrera et al., 2019}).

No obstante, esta aspiración estatal, la cual, además de lo señalado, no deja de ser una estrategia propagandística que se instala en las lógicas neohumanitaristas de la adversidad, contrasta con iniciativas empresariales que, por medio de donaciones a ONG que hacen llegar por goteo los alimentos que les sobra o que están en riesgo de perderse, ahorran recursos económicos significativos tras reducir el pago de impuestos a la renta, en el marco de su compromiso con la sociedad (^{Bustelo, 2007}). Asimismo, esta orientación de la empresa como aliada del Estado para responder a asuntos vitales como alimentación de los más pobres se inscribe en un escenario global de emprendimiento y competitividad que busca sintonizar la imagen corporativa con las emociones de los beneficiarios y, de este modo, garantizar la perdurabilidad de la marca. Esta estrategia de acción a distancia es un mecanismo del neoliberalismo expandido, en el marco del capitalismo mundial integrado, cuyo fin es emplazar la intervención del Estado y tramitar la conducción de las conductas, no solo desde la circulación de los flujos de mercancías, sino también desde los flujos de deseos (^{Peña, 2012}).

En relación con el tercer aspecto, la investigación corrobora que el Estado, a través de las ONG, está configurando progresivamente un dispositivo de intervención a las familias pobres que, en el marco del emplazamiento de la libertad y los derechos al espacio privado del hogar, legitima discursos y prácticas de autorresponsabilización, desde el rol de estas como agentes educativos. Al respecto, llama la atención cómo, en medio de la pandemia, tanto el Estado como las ONG fueron responsabilizando a la familia de procesos formativos que no fueron garantizados por instituciones competentes como el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación. A cambio, asumieron que los padres, madres y cuidadores podían fungir como agentes educativos y que sus hogares podían convertirse en ambientes pedagógicos para el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales en los niños y las niñas. Adicionalmente, estas labores se convierten en objeto de supervisión y evaluación, atendiendo a estándares de calidad del ICBF y el Ministerio de Educación Nacional.

En este marco, es importante tener en cuenta que las tecnologías de gobierno son mecanismos legitimadores del orden social, los cuales están conformados por dos planos modeladores de la realidad social: la racionalidad de gobierno y la conducción de las conductas (^{Rose, 2011}). La racionalidad de gobierno comprende un conjunto de saberes, relatos y técnicas que buscan modelar las formas de pensamiento de las personas en sociedad, así como introducir procedimientos para alcanzar determinados propósitos.⁹ Por su parte, la conducción de las conductas refiere a un entramado de acciones que buscan guiar o afectar las formas de proceder de las personas en función de un comportamiento deseado o estandarizado (^{Foucault, 2006}).

En el caso de las prácticas de crianza en las familias analizadas, se puede afirmar que la racionalidad de gobierno introdujo términos, normas, procedimientos y juicios de valor, cuyo principal propósito fue producir ciertas experiencias en los padres, madres y cuidadores para que se asumieran como agentes responsables de la educación de sus hijos e hijas, invisibilizando la obligación del Estado en la garantía del derecho a la educación. El análisis evidencia, tal como lo explica ^{Rose (2011)}, que el Estado produce determinadas experiencias para que los individuos se relacionen con otros, experimentando distintos modelos de individuación, a partir de estrategias que intentan volverlos parte de proyectos colectivos. En este caso, consignas como «padres de familia como agentes educativos», «hogares como ambientes pedagógicos» y «evaluar las habilidades de los niños y niñas conforme a los estándares», constituyen mecanismos de legitimación de ciertos regímenes de signos que se comparten en lo público por medio de determinados vocabularios y procedimientos. Sin embargo, se trata de una estrategia de individualización, en la que las personas asumen que son culpables de su situación y no cuestionan las condiciones estructurales que han generado dicha problemática (^{Giddens, 1979}).

Por último, ^{Rose (2011)} sostiene que las estrategias de incorporación del individuo en el espacio social no se originan en el ideal de lo normal, sino en el estigma de la anormalidad. Al respecto, en el estudio se observa que una labor fundamental de las ONG para tramitar las prácticas de crianza en las familias pobres es que estas últimas deben regirse por los parámetros institucionales, pues sus acciones serán evaluadas y aprobadas en el marco de la teleología del desarrollo integral; esto es, una tecnología de poder que incluye o excluye a los niños y las niñas en función de la relación maduración psicobiológica-desempeño. Por esta razón, los adultos no solo aceptaron ser «los agentes educativos de sus hijos», sino que se sometieron al sistema de evaluación que el Estado, por medio de las ONG, realizó de su «gestión educativa y pedagógica».

A modo de cierre, se puede afirmar que los resultados de este estudio evidencian la necesidad de continuar analizando la crianza como un asunto complejo, el cual requiere abordajes inter y transdisciplinares para su interpretación crítica. Los resultados también indican que las prácticas de crianza son procesos vitales para los niños y las niñas que no solo ocurren en los espacios de la vida privada, sino que se constituyen en un asunto en disputa, en el que también interviene el Estado y otros agentes, como las ONG. Aunque existen diversas funciones de las ONG en el acompañamiento a las familias pobres, este estudio devela el papel de mediación de estas organizaciones en la operacionalización de las orientaciones del Estado en la crianza de los niños y las niñas, como una estrategia para alcanzar formas prolijas de orientación de las conductas en las poblaciones. En este sentido, las prácticas alimentarias y las prácticas educativas en el tiempo-espacio de la pandemia se constituyeron en un mecanismo eficaz para legitimar el orden social neoliberal. Esta labor también corrobora cómo el sector social es un mercado que compite por administrar estas formas de vida de las familias, más que por constituirse en experiencias alternativas que superen el neoasistencialismo y la instrumentalización de los derechos.

Por estas razones, futuros estudios en esta línea de trabajo podrían ampliar esta perspectiva, proponiendo comparaciones sobre este fenómeno entre distintos tipos de familias en diversos territorios. También sería útil considerar experiencias de distintas ONG, de modo que se pudieran reconocer organizaciones con posiciones críticas o alternativas que presentan otros modos de trabajo frente a la pobreza, las familias y la crianza. En cuanto a las limitaciones del presente estudio, es necesario mencionar que este se realizó en el contexto de la pandemia y que algunos aspectos del trabajo de campo no se pudieron profundizar. Dado que, de manera progresiva, las familias están teniendo mayor interacción con los funcionarios de las ONG y que las dinámicas se están diversificando en lo que algunos denominan «pospandemia», sería muy importante observar otras dimensiones y condiciones de estas interacciones y experiencias.