Niñez y adolescencia migrantes no acompañadas

En este apartado presentamos una breve panorámica de la diversa participación de la niñez y la adolescencia en procesos de movilidad. El tema de la infancia y la adolescencia migrantes no acompañadas reviste algunas particularidades en cada territorio, pero también se han observado patrones similares. Algunos tienen como meta la reunificación familiar con sus progenitores, o la huida de situaciones de violencia (^{Francia et al., 2021}). En la travesía deben enfrentar múltiples riesgos, tales como la presencia de grupos armados o de bandas criminales que ocupan territorios de fronteras y se ubican cerca de los pasos no habilitados, conocidos como trochas (^{Gaxiola et al., 2018}). Sin duda, se trata de un colectivo expuesto a la vulneración de sus derechos humanos (^{León-Rojas, 2022}).

En Europa se repara en su presencia desde hace varias décadas (^{Francia et al., 2021}); la mayoría de los flujos provienen de África y de Asia, y se trataría de solicitantes de refugio (^{Allsopp & Chase, 2019}; ^{Iusmen, 2020}). En el caso de América Latina, los principales países de origen de este tipo de flujos serían Guatemala, Honduras y El Salvador, y en el último tiempo se destaca el éxodo venezolano, con Estados Unidos como destino predilecto (^{Álvarez-Velasco, & Glockner, 2018}; ^{Schmidt, 2022}). Por otro lado, también se ha identificado el fenómeno denominado como «niños, niñas y adolescentes en circuito» (designados con la sigla NNAC) en la frontera entre México y Estados Unidos. A diferencia de los no acompañados, este grupo cruzaría las fronteras no para buscar la reunificación familiar ni para solicitar refugio, sino como parte de los circuitos transfronterizos de economía sumergida que dependen de los flujos migratorios (^{Peña & García, 2019}).

El ^{Observatorio Venezolano de Migración (2021)} reportó que los principales países de destino de los actuales flujos de jóvenes de origen venezolano serían Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y Estados Unidos. Las características sociodemográficas apuntan a adolescentes que se desplazan a pie, solitarios y en grupos. A veces, con la presencia de personas adultas conocidas. Se trataría de un conjunto masculinizado, pero, por su parte, las niñas y adolescentes también serían un grupo afectado debido a la violencia que experimentan en el trayecto migratorio, porque podrían ser víctimas de la trata y la explotación sexual (^{Schimdt, 2022}). Estas diferencias basadas en el sexo-género dan pie a una triple invisibilización por ser niñas, mujeres y migrantes (^{García, 2013}). Todo esto en un escenario de escaso apoyo y políticas públicas de protección (^{Franco & Barojas, 2019}; ^{León-Rojas, 2022}).

En el caso de la frontera norte de Chile, desde 2020 -en plena pandemia- se registró un aumento del ingreso por pasos no habilitados de niñas, niños y adolescentes sin acompañantes que tenían el fin de reagruparse con sus progenitores o desarrollar un proyecto migratorio propio (^{Aguilar et al., 2023}; ^{OVM, 2021}). De acuerdo con cifras entregadas por Carabineros de la comuna de Colchane (Región de Tarapacá), durante octubre de 2020 ingresaron 505 menores de edad por pasos no habilitados, de los cuales 130 tendrían causas vigentes en el Tribunal de Familia de Iquique, y 15 serían sumarios de no acompañados (^{Poder Judicial, 2021}). Estos guarismos refieren a casos que se encuentran con causa judicial en curso, pero se desconocen aquellas situaciones que no han sido del conocimiento de los servicios de protección. La prensa alude a una treintena de casos que habrían sido ingresados a residencias públicas (Mejor Niñez), pero posteriormente habrían abandonado la institución (^{Chilevisión, 2021}; ^{Lara, 2021}). Como respuesta oficial a lo anterior, la Corte Suprema chilena (^{Poder Judicial, 2021}) implementó un protocolo interinstitucional para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración o de la necesidad de protección internacional (^{Aguilar et al., 2023}). El protocolo en mención declara como objetivo «la dotación de mejores herramientas a todos los actores que tomen contacto con niños, niñas y adolescentes no acompañados y así, promover de manera efectiva sus derechos» (^{Poder Judicial, 2021}, p. 3).

Marco teórico: ética aplicada a la investigación con infancia y adolescencia vulnerables

Desde los estudios de infancia se recomienda la participación directa de las niñas y los niños en la producción del conocimiento científico, como una respuesta a su histórica invisibilización. Se trata de un giro participativo que clama por dar voz a los propios individuos involucrados, tomando los resguardos éticos pertinentes (^{Abad, 2016}). En la actualidad existen una serie de recomendaciones éticas que se han estandarizado e internacionalizado. Sin embargo, adoptar estrategias participativas

trae problemas y dilemas éticos muy sensibles en múltiples vertientes de los protocolos de investigación: anonimato y privacidad; obtención de consentimiento informado y la libertad de optar por no participar; la adecuación de las actividades propuestas a las capacidades del niño o niñas [sic]; la relación con los gatekeepers o mediadores; la selección de lugares (públicos y privados) para interactuar con los niños y niñas; la elección y difusión de los materiales para publicar y difundir, entre otros. (^{Nunes & Delicado, 2019}, p. 86)

Lo anterior se ha propuesto para que dentro del trabajo investigativo se permita, en cierta medida, revertir el adultocentrismo y las relaciones de poder que se originan entre el equipo adulto investigador y los niños, las niñas y las personas adolescentes participantes (^{Moscoso & Díaz, 2018}). Desde esta perspectiva, la coconstrucción del conocimiento requiere establecer relaciones no jerárquicas (sustituyendo la tarea de investigar por la de facilitar la producción de los conocimientos) y estar dispuesto a compartir las autorías (^{Mateos et al., 2020}).

La ética constituye el análisis reflexivo de los modos y las normas de la conducta humana (^{Camps, 2006}). Para contrarrestar el riesgo de caer en prácticas de extractivismo cognitivo, resulta necesario fomentar la colaboración y la participación activa de las comunidades en todas las etapas de la investigación. Leanne Simpson define el extractivismo cognitivo como el usufructo de los conocimientos de los grupos subalternos mediante la obtención de datos, conocimientos o recursos para uso y beneficio exclusivo de la academia, sin ofrecer ninguna compensación equitativa o contribución significativa a las comunidades estudiadas. Para evitarlo se debe garantizar una comunicación transparente, una compensación justa y un beneficio mutuo (^{Simpson, 2017}).

Los dilemas éticos reflejan la tensión de elementos jurídicos, éticos y sociales durante el proceso mismo de la investigación. La mayoría de las veces no podemos prever estos dilemas, pero requerimos afrontarlos de forma íntegra y oportuna. Esta encrucijada puede ocurrir en distintos momentos del trabajo investigativo, ya sea en el diseño, el trabajo de campo, la escritura o la divulgación de los resultados. Por lo tanto, una mirada ética implica una reflexión constante por parte de quienes están investigando, en relación con los sujetos investigados. Los procesos de reflexividad colectiva permiten analizar los dilemas éticos surgidos en estudios que pretenden innovar en sus métodos (^{Markowska Manista, 2018}).

La responsabilidad social implica, entonces, prestar atención a las diversas estructuras de vulnerabilidad (^{Francia et al., 2021}) de los sujetos estudiados partiendo de la base de que la participación de la niñez y la adolescencia migrantes compromete una postura de ética situada. Según ^{Abad (2016)},

la investigación cualitativa, centrada en procesos, solamente puede resolver sus dilemas éticos desde una ética situada que obliga a la persona investigadora a la reflexión constante sobre la responsabilidad ética de su trabajo, así como a la toma de decisiones ajustadas a cada caso de investigación específica. (p. 104)

Toda metodología parte de una epistemología. En nuestro caso, el proyecto se nutre de las premisas de los estudios de infancia (childhood studies) que denuncian la invisibilización de este colectivo y apelan por su reconocimiento como interlocutor válido en los procesos de producción de saber. De acuerdo con ^{Esteban et al. (2021}, p. 23), el giro participativo pone en valor la representación de la infancia y la adolescencia como sujetos activos en la construcción cooperativa del conocimiento, con una voz propia y un espacio integralmente respetado para generarla y difundirla. Lo que debe guiar el proceso es una mirada de sujetos de derechos y actores sociales que están situados en posiciones de vulnerabilidad; de allí que se deba crear un entorno epistemológico que genere conocimiento situado (^{Markowska-Manista, 2018}). Esto implica que el enfoque participativo considera a las niñas, a los niños, y a los sujetos adolescentes, como agentes interlocutores válidos para la construcción del conocimiento científico que les atañe en sus vidas.

En nuestro estudio, optamos por mantener una reflexividad constante para atender los desafíos y las limitantes que conlleva toda investigación social. Mantuvimos así mismo una apertura a la flexibilidad metodológica del diseño inicial, el cual fuimos modificando a la luz de los dilemas éticos que identificamos durante el proceso (^{Nunes & Delicado, 2019}). En sintonía con lo que plantean las teorías críticas (^{Gallagher et al., 2010}; ^{Powell et al., 2012}), en el proyecto asumimos que niñas, niños y adolescentes tienen la capacidad de decidir su participación en la investigación y entregar su asentimiento, siempre y cuando se cumplan los requisitos de protección especial estipulados en la normativa nacional e internacional (^{Bernuz, 2019}; ^{Mateos et al., 2020}).

Etapas originales del proyecto (lo que era)

Primera etapa

Corresponde al primer año de ejecución del proyecto (2022). En esta fase afinamos el diseño metodológico y aplicamos instrumentos de recolección de datos a la muestra adulta.¹ Además, para esta primera fase esperábamos poner en marcha las siguientes técnicas 1 participativas y complementarias con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, las cuales irían in crescendo en cuanto a protagonismo:

Historias de vida. Esta técnica explora el recorrido biográfico desde la percepción personal (^{Velasco & Gianturco, 2012}). A diferencia de la entrevista, la historia de vida supone varios encuentros (de dos a seis), en los que se formulan preguntas abiertas que sugieren temas, y se procura, en lo posible, no condicionar las respuestas. Los múltiples encuentros ofrecen la posibilidad de revisar y reflexionar sobre la vivencia biográfica (^{Rivera-Sánchez, 2012}).

Microrrelatos tipo (cien palabras). Constituye una estrategia investigativa por su alta capacidad «para comprender las estructuras sociales, el pensamiento de diversas poblaciones, su relación con el individuo, la correspondencia entre el modo de vida colectivo e individual, los movimientos institucionales y cambios sociales» (^{Morales & Taborda, 2021}, p. 173). Diseñamos la escritura en cuadernos tipo bitácora.

Cápsulas de video. El registro audiovisual puede servir como una base tipo fermento que permite comprender etnográficamente las usanzas de los sujetos y sus comunidades, con el objetivo de representarlas para una audiencia más amplia (^{Pink, 2023}).

Segunda etapa

Corresponde al segundo año de ejecución del proyecto (2023). Para esta fase contemplábamos la transcripción, tabulación y el análisis de la información recopilada, la difusión de los resultados a través de la publicación de artículos, la presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales, la organización de seminarios con público general y la formación de capital humano avanzado (tesistas de magíster y doctorado y asistentes de investigación).

Tercera etapa

Corresponde al tercer año del proyecto (2024). En esta fase prevemos transferir los resultados en distintos formatos, tales como infografías, material educativo y recursos amigables, todo lo cual se compartirá en la plataforma web del proyecto de investigación (www.infanciamigrante.cl).

Instancias evaluativas éticas (lo que se hizo conforme a lo que era)

Dado el escenario de un traspié, tuvimos una sensación de frustración y desconcierto en el equipo. Sin embargo, más allá de la emoción negativa, nos propusimos llevar a cabo un proceso de reflexividad a la luz de los dilemas éticos identificados, mediante una metodología de estudio denominada Panel de Expertos o Método Delphi (^{Andrés et al., 2020}).

La técnica del Panel de Expertos consiste en la puesta en marcha de diferentes fases de consulta a un mismo grupo de individuos expertos (^{Andrés et al., 2020}). En nuestro caso, aplicamos el método de Panel de Experto atendiendo los requerimientos de nuestro proceso investigativo. En lo concreto, mostramos el paquete de técnicas de recolección de datos infanto-juveniles a diferentes grupos de personas expertas para que dieran su visión sobre si la metodología se adecuaba al sujeto de estudio.

A continuación explicamos las sucesivas evaluaciones éticas por las cuales pasó el proyecto:

Panel del grupo de estudio del programa del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid)²: integrado por destacadas académicas y académicos que evaluaron ad-honoren el proyecto de forma transparente como parte del proceso competitivo de la Convocatoria anual. El proyecto fue adjudicado en la convocatoria 2022, pero su aprobación contenía reparos éticos.

Comité de ética institucional: conformado por académicas y académicos de la universidad patrocinante (Universidad Bernardo O’Higgins en el momento de la adjudicación) quienes revisaron y evaluaron el proyecto ya adjudicado. Este comité de ética institucional emitió un informe favorable del proyecto, pero solicitó profundizar en los elementos jurídicos de los protocolos, primordialmente debido a la novedad del fenómeno, antes de realizar trabajo de campo con «menores de edad».

Primer Informe de entrada del comité de ética autoconvocado: implementamos un comité de ética propio para formarnos en la materia y reflexionar durante todo el proceso de investigación. El comité de ética autoconvocado estuvo conformado por Nicolás Ibáñez, abogado y Dr. en Derecho; Mileska Romero, abogada y Dra. en Estudios Internacionales, y Luciana Hedrera, psicóloga y Dra. en Psicología. Cada profesional leyó una batería de documentos (Proyecto Fondecyt, Lineamientos para la evaluación ética de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (^{Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo [Anid], 2021}) y normativa nacional e internacional) y luego elaboró un Informe de entrada. Los abogados rechazaron la realización de los microrrelatos y las cápsulas de video, mientras que la psicóloga los autorizó, pero con reparos éticos y recomendaciones.

Ciclo de talleres de autoformación ética: este ciclo lo realizamos de forma remota a través de la plataforma Zoom durante 2022 (primer año de ejecución del proyecto, del 10 al 22 de agosto con los abogados, y la semana del 20 de octubre con la psicóloga). Participó todo el equipo del proyecto (investigadora principal, coinvestigador, personal técnico y de apoyo, asistentes de investigación, psicólogas especialistas en infancia, tesistas de magíster y doctorado, organizaciones colaboradoras, etc.). Los talleres fueron dictados por el comité de ética autoconvocado y trataron sobre aspectos legales de la investigación científica y etapas del desarrollo moral del ser humano. A la luz de sus recomendaciones, reelaboramos los protocolos éticos (formularios de consentimiento y asentimiento informado) y rediseñamos las técnicas de recolección de datos.

Segundo Informe de salida del comité de ética autoconvocado: aprobamos la metodología con infancia, pero propusimos refuerzos para dotar de mayores garantías de participación voluntaria y desinteresada, echando mano del apoyo in situ que podrían prestar las organizaciones colaboradoras del proyecto, entre otros.

En el marco de este proceso, los miembros del equipo de investigación adherimos a los estándares éticos nacionales e internacionales y nos comprometimos a llevar a cabo prácticas investigativas sostenibles que permitieran la producción de un conocimiento relevante y beneficioso para los individuos involucrados, en este caso, la niñez y la adolescencia migrantes no acompañadas (^{García & Birman, 2020}). Durante este proceso, hemos seguido una ética aplicada realizando una evaluación crítica constante sobre nuestras propias prácticas y en la interacción con el colectivo (^{Bernuz, 2019}).

Cambios evaluativos y talleres (como quedó el proyecto)

Dados los reparos éticos, en el primer año sólo realizamos entrevistas semiestructuradas en profundidad a autoridades, personal técnico y voluntarios de edad adulta con vinculación al tema. Esta estrategia de recolección de datos fue aprobada por las distintas instancias evaluativas y ha sido ejecutada cabalmente. Cabe señalar que no hubo reparos éticos para la realización de estas entrevistas.

El paquete de técnicas de recolección de datos para la muestra infanto-juvenil fue cuestionado en todas las instancias evaluativas, debido a la ausencia de figuras adultas responsables que autorizaran la participación infantil y juvenil (por tratarse de menores de edad). En concreto, la grabación de cápsulas de video fue desaconsejada en todas las revisiones, mientras que las otras técnicas debían replantearse.

En este segundo año (2023) estamos reelaborando el diseño de las técnicas de recolección de datos. De acuerdo con las recomendaciones del comité de ética autoconvocado, esperamos acceder a la muestra infanto-juvenil a través de la inserción en residencias públicas donde se internarían algunos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Consentimiento informado

Como lo hemos repetido, anhelábamos incluir en este proyecto las voces directas de la niñez y la adolescencia migrantes no acompañadas en la investigación social. No obstante, dadas las reglas legales, para lograrlo debíamos contar con la autorización de una persona adulta responsable. Según algunas teorías críticas (^{Gallagher et al., 2010}; ^{Powell et al., 2012}), las niñas, niños y adolescentes serían capaces de decidir sobre su propia participación en la investigación científica y dar su consentimiento informado de forma escrita o verbal.

Este proceso debería garantizar una comunicación oral y escrita adecuada a la etapa de desarrollo y al contexto social: «La comunicación con los niños debe adaptarse a su nivel de desarrollo cognitivo y lingüístico; utilizar materiales, técnicas y entornos que tengan sentido desde la perspectiva del niño» (^{Hill et al., 1996}, p. 133). En consecuencia, asoma un primer dilema ético identificado en las distintas instancias evaluativas y que guarda relación con la figura adulta responsable que puede o no autorizar la participación infanto-juvenil:

Se avizora como potencial riesgo para los investigadores el no contar con adultos responsables que entreguen el debido consentimiento informado para la aplicación de la metodología. Sin embargo, en los hechos y en atención a la realidad de la infancia migrante, en general no debiese ocurrir este impedimento. (Abogada Romero, 2022, Informe n.º 1, p. 7 [inédito])

En la práctica, los grupos humanos se organizan de formas diversas y a veces caóticas, sin responder a la nomenclatura oficial. Por ejemplo, podemos encontrar casos de niñas y niños que se encuentren separados de sus padres pero al cuidado de otro miembro adulto de su familia; o que hayan cruzado a Chile no acompañados pero, debido a la reunificación familiar, ya no se encuentren en esa categoría. Tal como lo señala el informe de la abogada Romero (2022), la mayoría de la niñez y la adolescencia no acompañadas debería encontrarse bajo el cuidado personal de algún sujeto adulto o, en su defecto, bajo el cuidado de una residencia pública (Mejor Niñez), tal como lo estipula el Protocolo de la Corte Suprema (^{Poder Judicial, 2021}); cuestión que limita la forma de acceder a la persona adulta responsable para que consienta la participación infantil.

De acuerdo con el punto de vista legal y tal como aparece explícito en los Informes de entrada de los dos abogados, dicha autorización debe ser entregada por una persona adulta responsable (familiar) o por la autoridad competente de una institución, pero en ningún caso por un integrante de la red migratoria ni mucho menos por una persona desconocida y encontrada en el trayecto:

Dejamos establecido que, tanto desde el punto de vista ético como del legal, la regla del adulto responsable otorgando consentimiento debe ser siempre respetada y dada por quien efectivamente tenga bajo su responsabilidad al niño. No se trata de una persona que le acompañe como amigo, sino de alguien que ostente su cuidado y responsabilidad, aunque no sea pariente ni progenitor. (Abogado Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, pp. 5-6 [inédito])

Respecto a si el tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente migrante funciona como un criterio de inclusión en el estudio, el Informe n.° 2 del abogado Ibáñez (2022) refiere de forma clara que el perfil del sujeto participante debe ajustarse a los objetivos del proyecto, el cual alude al ejercicio de derechos de las infancias y adolescencias ya instaladas en el país, no de quienes recién han ingresado, ya que la experiencia de asentamiento sin duda impacta en el ejercicio de derechos:

Se ha consultado sobre la pertinencia de inclusión o exclusión de niños participantes en relación con su tiempo de permanencia en el país. En este sentido, como se ha planteado antes, indistinto [sic] de la cantidad de tiempo que lleven en Chile, estimo que ni los planteamientos metodológicos ni éticos [sic] se ven alterados por dicha razón. Es decir, que sea de niños ya asentados o de niños recientemente llegados a Chile, y en la medida que cuenten con el adulto que consideramos como «facilitador», no habría inconveniente en uno y otro [sic] puedan participar en el desarrollo de la investigación. De ahí, considero que la decisión corresponde al grupo de investigación y a la investigadora responsable en razón metodológica desde la perspectiva de la hipótesis y objetivos, pero no por razones de ética de la investigación, ya que indistinto [sic] de la cantidad de tiempo que tengan en el país, los resguardos que se han recomendado recogen las condiciones que su vulnerabilidad exige por ser niños no acompañados (o separados) migrantes. (Abogado Ibáñez, 2022, Informe n.º 2, p. 18 [inédito])

Conforme a lo expuesto y a partir de las sugerencias realizadas por el comité de ética autoconvocado, los miembros del equipo de investigación acordamos que la metodología será aplicada a la población infanto-juvenil que ingresa a Chile sin sus padres y madres, o sin la compañía de algún sujeto adulto responsable, pero que al llegar se encuentren en la categoría de separados. Cabe señalar que, en la literatura científica, a este grupo se le denomina como «no acompañado»:

En consecuencia, desde un punto de vista práctico, la metodología siempre se aplicará a NNA que ingresaron al territorio nacional no acompañados, o separados de sus padres. Pero esta situación declina cuando ya se asientan en Chile. Y el proyecto se enfoca en NNA migrantes que ya residen en el país, no quienes acaban de ingresar y aún se encuentran en frontera. (Abogada Romero, 2022, Informe n.º 1, p. 8 [inédito])

Los miembros del comité de ética autoconvocado sugirieron que cuando no exista una persona adulta responsable que pueda firmar el consentimiento informado, se sigan los lineamientos éticos establecidos por ^{Anid (2021, n.º 7, p. 37)} que recomiendan incorporar una figura adulta como facilitadora para que apoye el proceso de consentimiento informado. Esta figura adulta facilitadora puede fortalecer las garantías de voluntariedad y, eventualmente, otorgar la autorización para participar en el estudio:

Permitiría designar un representante de los sujetos participantes (niños) que acompañe el proceso de CI [consentimiento informado], lo que se considera como un instrumento especializado, justificada la vulnerabilidad del grupo sobre el cual se pretende trabajar. Tal facilitador puede ser el adulto acompañante del niño (si no estuviera en residencia) y debe ser autorizado por el Comité de Ética. (Abogado Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 6 [inédito])

Para efectos de nuestra investigación, hemos definido la figura adulta del individuo facilitador como una persona que mantenga una relación de confianza y entregue seguridad a niños, niñas y adolescentes migrantes, sin que necesariamente tenga a cargo su cuidado personal, pero sí algún grado de participación en este. Por ejemplo, en casos extremos y bajo autorización de un comité de ética, se podría considerar como facilitadores a profesionales de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen ayuda a estas personas. De todos modos, asumimos que habrá sesgos en el proceso de consentimiento informado, pero, esto trasciende a la mera firma o autorización verbal, tal como se recomienda, pues se trata de un proceso cuya utilidad radica en otorgar mayor sentido a la participación, a la seguridad y a la comodidad, dentro de los márgenes legales y éticos.

Finalmente, para asegurar las garantías de voluntariedad durante todo el proceso, en el proyecto asumimos el compromiso de brindar información constante a los sujetos infantiles y juveniles, reiterando que son libres de participar y retirarse en cualquier momento, así como de no responder preguntas que les puedan parecer incómodas:

Tomando de base lo propuesto por el Comité de Derechos del Niño (CRC/GC/2009/12, 2009, p. 16), para el niño expresar [sic] sus opiniones siempre es una opción y nunca una obligación, lo que implica que debe advertirse de la alternativa que el niño tiene para que, en caso de sentirse incómodo con alguna pregunta que prefiere no responder, pueda hacerlo sin que necesariamente ello implique abandonar su participación en el proyecto. (Abogado Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 9 [inédito])

En los casos en que la población infanto-juvenil migrante se encuentre en situación de calle, el equipo de investigación debería informar y denunciar a la autoridad competente. En este sentido, los Informes de entrada y salida sugieren considerar el bien superior infantil y establecer un protocolo de acción, siguiendo las recomendaciones de ^{Anid (2021)}. Esto es, realizar la denuncia respectiva al Tribunal de Familia para que ese niño o niña acceda a una persona cuidadora lo antes posible, tal como establece el protocolo de la Corte Suprema (^{Poder Judicial, 2021}).

Consentimiento verbal

De acuerdo con el Lineamiento n.º 5 de Anid (2021, p. 25), el proceso de firma del consentimiento informado debe considerar aquellos contextos de alta precariedad o vulnerabilidad en los que se encuentre la población estudiada:

Existen otras dos situaciones en las cuales la firma de un documento no resulta pertinente. La primera ocurre en investigaciones sobre comportamientos o prácticas situadas fuera del marco legal. Por ejemplo, consumo de drogas ilícitas, migración indocumentada, aborto por razones distintas a las tres causales permitidas actualmente por ley, y similares [sic] se recomienda firmar un documento extra que incluya la identidad individual sin poner en riesgo a los participantes, pues implica autoinculparse. (^{Anid, 2021}, p. 25)

Considerando el lineamiento n.º 5, el comité de ética autoconvocado baraja la posibilidad de implementar formas alternativas a la clásica firma escrita del formulario de consentimiento y asentimiento informado, y una de ellas sería la verbal:

Por este motivo, si son los adultos responsables quienes deben firmar el consentimiento, y si ellos se encuentran en situación migratoria irregular, es posible encontrarse con un óbice, al momento de la suscripción, tal vez en este punto se debiera plantear la posibilidad de un consentimiento informado verbal. (Romero, 2022, Informe n.º 1, p. 8 [inédito])

Por lo tanto, el nuevo diseño metodológico incluye la posibilidad de utilizar el recurso del consentimiento informado verbal en aquellos casos en los que la persona adulta responsable, o, en casos extremos, la facilitadora o facilitador, no puedan firmar el documento por diversas razones (por ejemplo, por encontrarse en situación irregular, etc.), y requieran resguardar el anonimato y la confidencialidad. Asimismo, este procedimiento se utilizará en el caso de niñez o adolescencia cuando la persona presente dificultades de lecto-escritura, de manera tal de facilitar el proceso de asentimiento informado.

Autoría de contenidos

Como ya lo hemos dicho, el proyecto contemplaba la aplicación de varias técnicas de recolección de datos a la muestra infanto-juvenil: historias de vida, microrrelatos y cápsulas de video. Como también ya lo mencionamos, estas técnicas iban in crescendo. La idea final era que, si existía motivación, este contenido se publicara en el marco de un artículo científico o en otro formato, reconociendo la autoría de niñas, niños y adolescentes.

Reconocer los derechos de autoría conlleva una postura epistemológica que aspira al involucramiento e incidencia de los propios sujetos investigados, en tanto actores sociales válidos como investigadores de sus propias experiencias. Sería un proceso recursivo de aprendizaje conjunto. No obstante, a la hora de divulgar el contenido surgía un dilema ético entre la protección de los datos personales o sensibles y el derecho a la expresión. Recordemos que las niñas, los niños y las personas adolescentes tienen garantizado su derecho de libertad de expresión (Convención de los Derechos del Niño, Art. 13º) y a participar «plenamente en la vida (…) científica (Ley de Garantías, Art. 18º):

El problema que surge es que, si bien se hace necesario explicar a los adolescentes los beneficios proyectados que su participación en el proyecto puede tener, ello no debería considerar su propia exposición como co-autores [sic] (…). Está el hecho de que el reconocimiento explícito de la co-autoría del niño o adolescente necesariamente afectará la privacidad que antes se le hubiera ofrecido. (Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 10 [inédito])

A pesar de que en el diseño original de la investigación se tomaban los resguardos correspondientes en cuanto al anonimato, privacidad y confidencialidad, en las diferentes rondas evaluativas encontramos contradictorio este asunto. Como una posible salida, propusimos el uso de las iniciales del sujeto participante, pero esto igualmente presentaba reparos:

Así, por más que en el desarrollo del trabajo de investigación se usen pseudónimos, del solo reconocimiento y aparición de su nombre como co-autor ya se hace evidente que uno de sus relatos es el que ahí estará, lo que puede implicar una situación que desvíe la veracidad de su participación por el temor o riesgo que [sic] dicha información genere. (…) Considero que el uso de iniciales para referirse a los niños participantes del estudio no garantiza el respeto a la confidencialidad requerido, en cuanto tal información puede permitir, incluso muy fácilmente, saber qué niño o adolescente co-autor es el emisor de una determinada opinión, especialmente si dentro de los niños o adolescentes hubiera solo uno cuyo nombre comience con tal inicial» (Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 10 [inédito]).

En consideración a lo anterior, a la hora de aplicar técnicas de recolección de datos que presentaban menores reparos, como las historias de vida, consideramos la posibilidad de utilizar combinaciones que no aludan directamente a la identidad del sujeto, a fin de no poner en riesgo la identidad, mantener la confidencialidad y respetar el estatus de co-autoría. Ahora bien, comprendiendo que el resguardo debe estar en que no aparezca el nombre, se nos presenta la inquietud en aquellos casos en los que efectivamente alguna niña, niño o adolescente sí quiera que aparezca su nombre y, con ello, se reconozca su autoría. En tales situaciones, se consultará al propio niño o niña qué prefiere: nombre, pseudónimo, iniciales, o si opta por mantenerse en el anonimato con alguna de las siguientes nomenclaturas: niño 1 (12 años), niña 2 (15 años), adolescente 1 (17 años, mujer).

Balance entre riesgos y beneficios

De acuerdo con lo aquí planteado, reconocer derechos de autoría constituiría un tipo de beneficio simbólico, mientras que la participación en el estudio debería generar beneficios directos para el colectivo estudiado. Este dilema se relaciona con el debido balance entre los riesgos y beneficios derivados de la participación en el estudio. Considerando la vulnerabilidad de la población infanto-juvenil, su participación debería implicar siempre beneficios directos, al tiempo que se conocen y disminuyen los riesgos asociados. En el diseño original (previo a la ronda de evaluaciones), el proyecto contemplaba beneficios directos al colectivo, pero generaba inquietud, como lo explicamos a continuación:

Existe consenso en que toda investigación científica debe equilibrar sus riesgos y potenciales beneficios, lo que implica que se cumplan tres condiciones: el valor de la investigación supera cualquier riesgo o daño, se han maximizado todos los beneficios posibles, y todo riesgo o daño ha sido disminuido o mitigado con medidas robustas que aseguran dicha mitigación. (Romero, 2022, Informe n.º 1, p. 8 [inédito])

Los beneficios por participar en el proyecto deben diseñarse contemplando los lineamientos éticos de ^{Anid (2021)}. Tras las rondas evaluativas, entendimos que se debía explicitar aún más y aumentar los beneficios directos para los participantes (Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 11 [inédito]). Al respecto, los miembros del comité de ética autoconvocado señalaron que durante el proceso de consentimiento y asentimiento informado se de ben promover momentos de descanso para establecer diálogos y negociaciones entre ambas partes:

Tomando de base lo propuesto por Tisdall y Cuevas (2021, p. 6), los niños, cuando deciden participar en un proyecto de investigación, lo hacen porque quieren hacer un cambio en sus comunidades y sus vidas, y de ahí que lo que les impulsa (a lo que ellos definen como «activismo infantil») es cambiar las prácticas y actitudes que les han afectado. Desde esta perspectiva, el Reino Unido de la mano del modelo de la profesora Laura Lundy (2007), han [sic] instado a la necesidad de investigar no sólo sobre los niños, sino con los niños, en términos de generar una efectiva participación en las cuestiones que les interesan desarrollar y cambiar. (Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 9 [inédito])

En los talleres de autoformación ética nos replanteamos los beneficios plausibles que este proyecto podía ofrecer a la población estudiada, a las organizaciones y a sus comunidades. Al respecto, establecimos lo que implicaba el reconocimiento de la voz, la valoración de sus experiencias, el uso de metodologías participativas y la elaboración de recomendaciones para políticas públicas.

A ojos del comité de ética autoconvocado, las técnicas propuestas conllevaban un riesgo de revictimización, ante la posibilidad de recordar, evocar o enunciar situaciones dolorosas o traumáticas vividas durante el trayecto migratorio y que requieren de un protocolo de atención psicológica antes, durante y con posterioridad a la producción de la información, dadas las condiciones de vulneración (^{Chase, 2015}).

Para resguardar la comodidad de los sujetos y disminuir los efectos negativos, confirmamos que el trabajo de campo en terreno será realizado por psicólogas expertas en infancia; su labor consistirá en el acompañamiento emocional durante la aplicación de la técnica, la supervisión de la debida adecuación de los temas y la formulación de las preguntas acordes a la edad y al nivel de desarrollo. En caso de ser requerida una atención especializada, los miembros del equipo nos comprometemos a activar las redes de derivación correspondientes para que los sujetos reciban atención profesional de forma oportuna y eficaz. En concreto, serán derivados al centro de salud más cercano y se hará seguimiento para comprobar que se ha recibido la atención adecuada:

Estimo que con el resguardo del balance costo beneficio y la reorientación de las preguntas, el niño o adolescente no ve en riesgo su integridad psicológica, y si se requiere asistencia especializada en salud mental, no será la regla general, sino excepcional [sic]. (Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 11 [inédito])

Es preciso distinguir beneficios de compensaciones. Estas últimas comprenderían cualquier bien material que se entregue a las personas participantes como una retribución por su tiempo y aporte al estudio. Los miembros del comité de ética autoconvocado recomendaron que el proyecto entregue una compensación a los sujetos participantes como forma de agradecimiento, el cual siempre deberá estar ajustado a los lineamientos de Anid (2021, n.º 3, p. 15):

Considero que ya para el término de la investigación, la realización del taller es un incentivo noble que no altera la predisposición al estudio de parte de los sujetos participantes, pero sí permite, entre otros puntos, reforzar los aspectos benéficos de la participación, balanceando los criterios del risk of harm de la Common Rule. (Ibáñez, 2022, Informe n.º 1, p. 7 [inédito])

Por tanto, al interior del proyecto gestionamos la realización de actividades de carácter lúdico y recreativo como una forma de compensación a través de talleres de circo, teatro, entre otros, dirigidos a la comunidad y al colectivo estudiado.