Para finalizar este apartado de referencias a bibliografía especializada, llamamos a Marco Gerardo Monroy Cabra, quien sobre el particular ha dicho:

Como consecuencia de todo lo anterior, tenemos que resaltar que en esencia son tres los requisitos que se deben reunir en la situación de orden público padecida por un Estado y que se presentan de manera recurrente en las definiciones que la doctrina nos ha brindado, a saber: primero, existencia de un grupo armado ilegal organizado jerárquicamente, que ostente autoridades que respondan por los actos que él desarrolla. Segundo, que el grupo alzado en armas contra el Estado ostente el dominio efectivo de parte del territorio de aquel Estado, lo cual significa que en esta porción territorial no es el Estado quien gobierna, sino que la autoridad civil, política y militar la ejerce el grupo armado. Y, tercero, que el grupo armado sublevado respete las normas del derecho internacional humanitario. Siendo estos pues los elementos que configuran la figura de la cual se viene hablando.

Para terminar, bien vale la pena mencionar que el reconocimiento de beligerancia es un acto discrecional de los Estados, esto es, nadie puede obligar al Estado que sufre el conflicto interno a que declare el estatus de beligerantes a los integrantes del grupo armado que se ha levantado violentamente en su contra, así como un tercer Estado tampoco estará obligado a ello, de manera que esta clase de reconocimiento surge de razones estrictas de conveniencia política, económica y demás por parte de los Estados.

B. CONSECUENCIAS

Las consecuencias que se derivan del reconocimiento de beligerancia a un grupo alzado en armas son en esencia tres, veamos:

Primera, a los miembros del grupo armado alzado en armas se les debe tratar de acuerdo a las normas de la guerra entre Estados, de tal manera que deben reconocérsele los derechos que ostentan los prisioneros de guerra y no podrán ser tenidos en cuenta como delincuentes con base en las normas penales del Estado en cuestión⁷.

Segunda, denominada como neutralidad, supone que en las relaciones entre las partes que combaten no deben interferir de ninguna manera terceros Estados, en palabras de Charles Rousseau, los terceros Estados "...deberán ajustar su conducta a los derechos y obligaciones de la neutralidad, absteniéndose de ayudar a ninguna de las partes combatientes. Como puede verse, este sistema entraña una neutralidad más estricta que el deber clásico de no intervención, el cual sólo impone a los terceros Estados la obligación negativa de no ayudar a los rebeldes"⁸.

La fórmula de la neutralidad implica que si el conflicto se da al interior de un Estado, es al interior del mismo que debe resolverse, sin interferencia alguna por parte de potencias extranjeras, tal como Alfred Vedross lo recuerda remembrando las palabras de Lord Halifax durante la guerra civil española en 1939:

Y, tercera, el Estado que ha reconocido la beligerancia a un grupo armado al interior de sus fronteras, a partir de dicho reconocimiento, queda exonerado de cualquier clase de responsabilidad por los actos ilícitos que se cometan en el territorio dominado por los alzados en armas. Las llamadas a responder serán las autoridades del grupo al cual se le ha reconocido beligerancia.

Una vez vista la definición y las consecuencias del reconocimiento de beligerancia, pasamos a revisar el concepto de conflicto armado de carácter no internacional, o también conocido como conflicto armado interno.

III. CONFLICTO ARMADO INTERNO

Es el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, convertido en legislación interna mediante la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, el encargado de definir o brindar los elementos del concepto o situación de conflicto armado interno.

En este sentido, el artículo primero de este texto normativo indica lo siguiente respecto al ámbito de aplicación material del Protocolo:

"1°. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1º del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2°. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados"(resaltado no original).

Este artículo ha sido varias veces explicado por la doctrina especializada en la materia, y sus autores han desglosado el artículo arriba citado para determinar cuáles deben ser los elementos que lo configuran, llegando de manera más o menos uniforme a la siguiente conclusión, en el sentido que los elementos constitutivos son cuatro:

Para arrojar un poco de claridad sobre el asunto, es nuestra intención hacer una breve explicación de cada uno de estos elementos, así:

A. ELEMENTO TERRITORIAL:

Tal vez este elemento surja obvio, sin embargo vale la pena mencionar que su importancia radica precisamente en hacer sentir que el derecho que regula las hostilidades no sólo se aplica a conflictos de carácter internacional, sin que, gracias al Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra, y al Protocolo II adicional a estos Convenios, también irradia sus garantías sobre aquellos conflictos que se desarrollan al interior de las fronteras de un solo Estado.

Aun cuando el derecho internacional humanitario toma inusitada fuerza con posterioridad a al última guerra internacional (II Guerra Mundial), con posterioridad a ella, la humanidad ha asistido a la proliferación de guerras internas, de tal suerte que se percibió como indispensable ampliar sus efectos de manera más detallada a este ámbito, motivo por el cual se pretendió ser más específicos que el Artículo 3 Común, todo en aras de garantizar el menor sufrimiento de la humanidad. Tal vez sea Latino América una de las regiones más autorizadas para hablar sobre la ocurrencia de guerras civiles, de manera que no resulta complicado entender su importancia.

B. OPOSICIÓN DE FUERZAS:

Tradicionalmente las guerras internas se han presentado cuando existen grupos que son capaces de organizarse para luchar contra la institucionalidad. Es así como debe presentarse enfrentamiento entre las fuerzas regulares, que defienden al Estado y otras que pretenden modificar el orden constitucional y legal establecido.

las fuerzas estatales, pero decidieron sublevarse y por lo mismo enfrentar a sus antiguos compañeros de armas, deseando modificar el orden constitucional y legal. Ejemplo cercano de esta clase de grupos está representado en el intento de toma del poder por el hoy presidente de la hermana República de Venezuela.

El grupo será insurrecto cuando la organización del grupo parte de iniciativa civil o particular, en el sentido de conformar un grupo lo suficientemente organizado como para que tenga la viabilidad de tomarse el poder y cambiar la institucionalidad representada por el Estado contra el cual lucha. Este será el caso más frecuente y que en Colombia se ha venido padeciendo décadas atrás.

Para el caso colombiano, surge la inquietud en el sentido de determinar si este requisito, es decir, el enfrentamiento entre fuerzas del Estado y otras (disidentes o insurrectas) se daría en el evento en el cual únicamente existieran los grupos que se conocen como paramilitares, puesto que aun cuando la situación material de violencia generalizada pudiera ser exactamente la misma, ocurre que la finalidad de modificar el régimen constitucional y legal no existiría, de manera que no habría lugar al reconocimiento de la existencia de la situación de conflicto armado en este evento.

C. MANDO O AUTORIDAD RESPONSABLE:

Se requiere que el cuerpo armado disidente o insurrecto tenga una cierta organización lo suficientemente estructurada como para que le permita con seriedad enfrentar a las fuerzas regulares. Al señalarse que debe existir una estructura jerárquica, no se debe llegar al extremo de exigir que sea idéntica a la que tiene la Fuerza Pública, es decir, no se requiere tanto como que se trate de un ejército como el que detenta el Estado, pero si se requiere que logre tal nivel de organización, que le permita organizar sus actos de oposición armada.

Para que ello sea posible, se requiere entonces que se logre predicar la existencia de ciertas personas que mandan o dictaminan la forma de proceder, y otras muchas que serán las encargadas de cumplir las disposiciones de sus superiores.

D. DOMINIO TERRITORIAL TAL QUE PERMITA REALIZAR OPERACIONES MILITARES SOSTENIDAS Y CONCERTADAS:

Este aspecto ha sido el que más problemática ha causado, en razón a que se ha asumido por algunos que el grupo disidente o insurrecto debe detentar un dominio absoluto del territorio, tal como si se tratara del cumplimiento del requisito territorial para el reconocimiento del status de beligerancia.

Vale la pena recordar que el reconocimiento de beligerancia hacia un grupo armado tenía serias consecuencias en lo que tiene que ver con el estatuto jurídico de la parte a la cual se le reconociera tal situación, puesto que a partir de ese momento se asemejaban a un Estado, y como tal, sujeto de derecho internacional. Por el contrario, el reconocimiento de la existencia de conflicto armado interno, por virtud del mismo Protocolo II de Ginebra no modifica el estatuto jurídico de las partes en conflicto, de manera que no debe existir preocupación alguna por ello, en la medida que no se está favoreciendo de manera alguna a los grupos al margen de la ley, de manera que en caso de ser capturados pueden perfectamente ser juzgados por violaciones a la legislación interna y no adquieren el grado de prisioneros de guerra.

Para que operara el reconocimiento de beligerancia debían reunirse ciertos requisitos determinados por el Instituto de Derecho Internacional a comienzos del siglo pasado, contrayéndose a los siguientes:

Tal como se puede observar, para el reconocimiento de beligerancia se requería del dominio absoluto de determinada parte del territorio, en tanto que para reconocer que existe conflicto armado interno, únicamente se requiere que el dominio le permita organizar sus ataques de manera sostenida y concertada.

Se trata pues del espacio físico necesario para lograr planear sus operaciones y para así mismo procurar que no se trate de acciones esporádicas, sino que alcancen el grado de sostenidas.

De manera que el dominio puede ser relativo, no absoluto, para el caso de la declaración de conflicto armado interno, puesto que en la mayoría de los conflictos armados internos se ha presentado de manera frecuente la necesidad de movilidad de los insurrectos con el fin de no ser capturados y así dar continuidad a sus movimientos.

Para el caso colombiano, tal vez este elemento del conflicto armado se esté presentando, puesto que los grupos armados al margen de la ley existen, de manera que en alguna parte del territorio han de estar, así sea de manera móvil. Consideramos que es muy diciente respecto a la posesión de territorio, no absoluta, por parte de los grupos armados ilegales, el hecho que cuando se presenta un ataque, tal como la toma de una población, la voladura de una torre eléctrica, la siembra de minas antipersona, etc, los representantes de las autoridades militares y de policía atribuyen ante los medios de comunicación la comisión de estas conductas a una columna guerrillera en particular, aduciendo para ello que ella es la que opera en ese sector del territorio, de tal suerte que se admite tácitamente que en alguna parte del territorio se encuentran concertando u organizando sus ataques.

E. POSIBILIDAD DE APLICAR LAS NORMAS DEL PROTOCOLO II ADICIONAL A LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949:

Consideramos que el análisis de este requisito debe ir de la mano de la organización o estructura jerárquica con la que debe contar el grupo insurgente, puesto que es precisamente la organización la que permite que un grupo pueda cumplir con algún cuerpo normativo, cualquiera que este sea, para el caso el derecho internacional humanitario.

Un grupo caótico, en el cual no exista un principio de mando, en el cual sus integrantes se comporten como les plazca, no puede tener la posibilidad de aplicar ni hacer respetar ningún tipo de normas. Por el contrario, un grupo de personas que estén organizados de manera que exista cierta autoridad a la cual se le deba obedecer, bien puede estar en plena capacidad para aplicar un orden normativo, para nuestro caso, el derecho que regula los conflictos armados y sus nocivas consecuencias para la humanidad.

Estos serán los criterios que debe analizar e interpretar con absoluta libertad el operador de la justicia, acudiendo únicamente a la hermenéutica y a la argumentación jurídica, de manera que deberá realizar un raciocinio en el cual valide o falsee cada uno de estos elementos, es decir, si el conflicto tiene lugar en el territorio del Estado; si las hostilidades se presentan entre las fuerzas regulares del Estado y otras fuerzas irregulares; si esas fuerzas armadas disidentes tienen cierta organización jerárquica que les permita ostentar una cadena de mando; y, por último, el más complicado de todos, si la fuerza disidente ejerce sobre parte del territorio una especie de domino tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar las disposiciones del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra.

Decimos que el elemento de dominio territorial es el que más polémica ha causado porque precisamente el Estado se muestra reacio a aceptar que existen partes del territorio en las cuales los grupos armados ilegales se encuentran ubicados de tal manera que logran dominar la situación para lograr concertar y sostener sus operaciones militares.

En nuestro criterio, este último elemento en realidad se encuentra presente, puesto que no es requisito para la aplicación del Protocolo II que el dominio territorial del grupo armado ilegal sea absoluto, sino que simplemente debe ser el necesario para poder concertar sus operaciones y lograr darles cierta continuidad.

Así pues, parece lógico afirmar que necesariamente los grupos armados irregulares han contado con ese dominio territorial (no absoluto), pues es desde allí desde donde planean o concertan sus operaciones, es allí donde se organizan, se entrenan y planean sus golpes, sin que sea necesario nada más que ello.

No es necesario pues que el dominio sea absoluto, sino por el contrario, simplemente el necesario para continuar con sus actividades subversivas y planear sus operaciones militares.

Dicho lo anterior, y tratándose de un tema específicamente jurídico, debe el operador acudir a fuentes de conocimiento jurídico para lograr determinar si en Colombia se presenta la situación de conflicto armado, no siendo conveniente definir esta problemática de cara a los pronunciamientos que realice otra rama del Poder Público a la cual no le compete tal tarea.

Para terminar este apartado, queremos señalar que una vez presentes los elementos de la citación de conflicto armado interno, no es necesario que sea al gobierno o el ejecutivo el que deba declarar su existencia, puesto que se trata de normas internacionales de la mayor trascendencia que no necesitan ninguna formalidad para ser aplicadas sin la intermediación o autorización gubernamental alguna, como quiera que se trata de normas pertenecientes al ius cogens e integrados al bloque de constitucionalidad, respecto de las cuales se predica su aplicación automática.

Ahora bien, si tratamos de establecer un paralelo entre las consecuencias que se presentan en el reconocimiento de beligerancia, tendremos lo siguiente:

Encontramos que se trata pues de dos figuras bien diferentes, que ni en su definición o consecuencias encuentran similitud alguna. De manera que confundirlas es craso error.

IV. TERRORISMO

Para el caso del terrorismo, nos encontramos ante un problema de dimensiones mayúsculas si pretendemos encontrar una definición en el contexto internacional, pues hasta la fecha no existe convenio o tratado alguno que se haya encargado de definirlo como conducta punible internacional, si bien es cierto se han adelantado esfuerzos Universales e Iteramericanos para propender por la prevención de ciertos fenómenos considerados como terrorismo, así como su financiación.

Por tal motivo, para el caso colombiano, al momento de achacarles la calidad de terroristas a la guerrilla de las FARC EP o al ELN, no podemos acudir a ninguna norma internacional, pues ella no existe, ni tampoco a las listas estadounidenses o europeas donde aparecen los llamados terroristas, pues se trata de decisiones de contenido administrativo que no logran producir efectos jurídicos sobre estos grupos, sus efectos se miden a nivel político y de popularidad no jurídico.

Así las cosas, nuestro único referente será la normatividad interna, esto es, el código penal, en el cual encontramos dos conductas que se refieren a las actividades que en Colombia pueden ser calificadas como terroristas, veamos:

En el artículo 343 del código penal se describe el delito de terrorismo en los siguientes términos:

"El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta.

Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Tenemos pues que en esencia para que se pueda hablar del delito de terrorismo se requiere la presencia de al menos dos elementos, primero, un estado de zozobra o temor intensos, ocasionados por medio de instrumentos que causen grandes destrozos o estragos.

Esta clase de terrorismo es la que se da en tiempos de normalidad o en tiempos de paz, puesto que nuestro código penal contiene una especial clase de terrorismo que ocurre cuando los actos que tienden a atemorizar a la población se dan en medio de un conflicto armado, veamos cómo el artículo 144 del código mencionado contiene la descripción del delito de"Actos de Terrorismo"como atentado contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario:

"El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2.000) a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años"(resaltado no original)

Así las cosas, a la guerrilla de las FARC EP o a la del ELN, se le debe enmarcar su actuar terrorista dentro de una de estas dos conductas típicas, la primera (terrorismo) si estamos en paz o normalidad, y la segunda (actos de terrorismo) si estamos en conflicto armado interno.

Por ahora solamente quisiéramos llamar la atención en el sentido que la pena del delito de actos de terrorismo en conflicto armado es mucho más grave que la del delito de simple terrorismo, como quiera que la primera además de violentar el bien jurídico de la seguridad pública, se dirige sobre todo contra los altos valores constituidos por el derecho internacional humanitario, en tanto que el de simple terrorismo solamente vulnera la seguridad pública, lo cual explica por qué cuantitativamente es tan superior la pena del primero respecto del segundo.

V. SITUACIÓN COLOMBIANA

1. En lo que tiene que ver con la diferencia entre beligerancia y conflicto armado, tal como ha quedado expuesto en acápites anteriores, consideramos que si bien no se dan los requisitos para predicar la figura del reconocimiento de beligerancia, no ocurre lo mismo con la situación de conflicto armado, puesto que los elementos que constituyen esta figura sí se encuentran presentes en el escenario colombiano. Por lo anterior, bien vale la pena llamar la atención para que ejemplos como los que a continuación se citan no aticen la confusión.

   Hace unos meses el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, prologó un libro en el cual manifiesta que admitir la existencia de conflicto armado interno era tanto como reconocer el estatus de beligerancia a los grupos armados ilegales en los siguientes términos:

   "Las FARC, es evidente, no controlan un territorio en el que tengan constituido un embrión de Estado, un principio de organización con los atributos de un gobierno, ejercido, aunque sea de una manera rústica y primitiva por un mando unificado. Si tuvieran control territorial, si una porción de la población colombiana, aunque fuera ínfima, estuviese viviendo bajo un régimen político establecido por las FARC, no habría más remedio que reconocerles su carácter de Estado en gestación. En ese caso, tendríamos un conflicto interno armado y al gobierno no le quedaría alternativa distinta a aceptarlo"¹¹ (resaltado no original).

   Llamamos nuevamente a reconsiderar y a señalar que las dos figuras no pueden ser confundidas, reconocer que existe conflicto armado interno no implica reconocer ningún beneficio ni estatus especial a los miembros de las guerrillas colombianas. Siguen siendo los mismos delincuentes de siempre.

   Ahora bien, considerando que una de las maneras de reconocer beligerancia a un grupo armado es el que un Estado se declare neutral, tal cosa ocurrió en el caso de Ecuador, ya que su Presidente así lo manifestó, tal como consta en la edición del 10 de diciembre de 2007 del diario El Espectador, en la que se puede leer lo siguiente:

   "Ecuador se mantendrá «neutral» frente al conflicto colombiano.
   El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo en Buenos Aires que su país se mantendrá «neutral» en el conflicto que se registra en Colombia con las Farc, aunque aseguró que está dispuesto a colaborar para solucionar el problema de los secuestrados, que permanecen en poder del grupo subversivo.

   "Nos mantenemos neutrales en el conflicto de Colombia, que nos duele mucho, pero estamos siempre dispuestos a prestar nuestros buenos oficios y colaborar para solucionar este problema», señaló el mandatario durante una rueda de prensa en la capital argentina, donde asistirá a la posesión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner"(resaltado original).

   Con posterioridad, el mismo presidente ecuatoriano manifestó que estaba dispuesto a reconocer a la guerrilla colombiana el estatus de beligerancia, tal como lo reseña el mismo diario arriba mencionado en su edición del 28 de abril de 2008, así:

   "Ecuador reconocería beligerancia de las Farc bajo ciertas condiciones. Así lo aseguró el presidente de Ecuador Rafael Correa en una entrevista a Venezolana de Televisión. «Tendrían que renunciar a prácticas como secuestros, atentados, etc», aseveró. De acuerdo con el presidente de Ecuador, «para alcanzar ese estatus tendrían que renunciar a esas prácticas que van contra los códigos de guerra como secuestros, atentados, etc".

   En el mismo sentido se pronunció el presidente venezolano en un discurso pronunciado, ante la asamblea de su país días después de la liberación de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo, así:

   "Las FARC y el ELN, no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio, hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado, es respetado, yo solicito a los gobiernos del continente que retiren a las FARC y al ELN, aquellos que así lo hayan, hayan, colocado a estos cuerpos insurgentes de guerrilla en la lista de grupos terroristas, que se retiren, pido a Europa que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo porque eso tiene una sola causa, la presión de los Estados Unidos…"

   Ante esta clase de reconocimientos, no ha sucedido nada a nivel de derecho internacional con la guerrilla de las FARC EP o de ELN, siguen siendo los mismos delincuentes, no son tratados como prisioneros de guerra, de tal suerte que nos atreveríamos a decir que en Colombia no existe riesgo alguno de reconocimiento de ninguna clase de estatus especial para las guerrillas, puesto que no se dan los elementos para que nazca a la vida jurídica, y aún cuando vecinos estados se la reconocen, ello no genera ningún efecto en la práctica, de suerte pues que bien podría estarse a lo afirmado por internacionalistas tales como Alejandro Ramelli Arteaga, cuando en su obra Derecho Internacional Humanitario y estado de Beligerancia refiere que esta figura ha entrado en desuso.

2. En lo que tiene que ver con la supuesta exclusión entre conflicto armado y el delito de terrorismo, tenemos que hace pocos días, con ocasión del pronunciamiento por parte del señor Presidente de la República respecto al atentado con carro bomba al palacio de justicia en la ciudad de Cali (Valle), presuntamente por parte de las FARC EP, manifestó que no es cierto que este grupo esté trasladando la guerra de la selva a la ciudad, puesto que sencillamente no existe tal guerra o conflicto armado, sino una amenaza terrorista.

   Hacemos un llamado para que no se genere confusión y para que no se diga que una figura excluye la otra, ya que, como ha quedado dicho en el acápite de terrorismo, este perfectamente puede presentarse en situaciones de conflicto armado, recibiendo el nombre de actos de terrorismo, los cuales solamente ocurren con ocasión o en desarrollo de una situación de guerra, siendo sus penas incluso mucho mayores que la del delito de terrorismo que no se comete al seno de un conflicto de carácter bélico.

   En otras palabras, merecerían un trato más duro y reprochable los grupos de guerrilla que cometan actos de terrorismo en medio de una confrontación armada, puesto que vulneran no solo la seguridad pública, sino además los caros valores que protegen las normas que dan cuerpo al derecho internacional humanitario.

   Lo que más queremos destacar es que sí puede hablarse de terrorismo en medio del conflicto armado, de tal suerte que no se trata de figuras que se excluyan.

   Aún más, el asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, manifiesta que gracias a que no se habla de conflicto interno, la inversión extranjera ha permanecido en Colombia y ha llegado más capital foráneo. Habría que llamar la atención sobre el hecho que tal vez no sea del todo cierto que un inversionista decida permanecer en el país o invertir en él por que no existe conflicto armado interno, pero sí agresión terrorista, siendo que los atentados terroristas han demostrado ser imprevisibles y no distinguen entre civiles y fuerza pública. No creemos que entre una u otra opción una persona tenga facilidad por elegir, esto es, elijo Colombia porque tiene terrorismo y no conflicto armado.

   Ahora bien, las consecuencias pueden ser terribles para la fuerza pública, puesto que al calificar a la guerrilla como Organización Narco Terrorista (ONT) y señalar que no existe conflicto armado interno, las fuerzas militares se encuentran en incapacidad de enfrentarlas, puesto que esa es tarea de las fuerzas de policía. En tiempos de paz las fuerzas militares se encuentran destinadas a proteger la soberanía y las fronteras, nunca a combatir la delincuencia común, tal como es el narcotráfico y el terrorismo. En tiempos de guerra, si la guerrilla atenta contra la soberanía y además es narcotraficante y terrorista, perfectamente puede ser atacada por parte de las fuerzas militares, de lo contrario debe permanecer al margen, pues de lo contrario podría ser acusada de estar produciendo ejecuciones extrajudiciales. Hace un par de semanas el Ejército Nacional dio de baja en combate a once miembros de la banda criminal de los Rastrojos, a quienes se sindica de haberse unido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así mismo los bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana a las ONT deberían ser considerados como ejecuciones extrajudiciales de no aceptarse que se actuó en medio de un conflicto armado interno, pues de lo contrario, lo correcto no es bombardear, sino procurar su captura y posterior juicio.