EDITORIAL

Julián Daniel López-Murcia

Según las teorías generales de Jon Elster sobre los compromisos previos y el constitucionalismo:

... Dentro de ciertos límites, es más importante tener alguna constitución que no esté a merced de las mayorías fluctuantes que no tener ninguna constitución en particular. La planeación y la inversión tendrá [sic] un horizonte temporal más largo y dará [sic] más frutos si pueden estar razonablemente seguros de que se mantendrán ciertos derechos básicos.¹

Con esa idea, como la mayoría de los colombianos, estuve expectante en relación con la forma como la Corte Constitucional resolvería el análisis de la constitucionalidad de la ley por medio de la cual se convocaba a un referendo para dar viabilidad a una segunda reelección presidencial.

Y aunque la Corte decidió que esa ley era inexequible y, por tanto, no hubo tal referendo, quedé con el temor sobre la suerte de nuestra Constitución, frente a una situación de "captura" -en términos de análisis económico de las instituciones- del Congreso e, incluso, de la Corte Constitucional, por parte de un Ejecutivo con amplia popularidad, que tenga un proyecto político distinto del que subyace en la Carta de 1991.

Mi temor no sólo se refería a la posibilidad de un tercer mandato, por el desajuste institucional que implicaría, si se tiene en cuenta que las autoridades colombianas todavía están organizadas partiendo de que un Presidente sólo ejercerá durante cuatro años, sino, ante todo, por su posible efecto sobre el contenido de los derechos consagrados en nuestra Constitución.

Por estas preocupaciones "muy pragmáticas" y, si se quiere "políticas", en este editorial he decidido retomar un "reclamo" dirigido a la Corte Constitucional -urgente, en defensa de nuestra democracia-, referido a que este tribunal no ha querido desarrollar de manera completa y, por tanto, correcta, lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 93 de la Constitución,² pues no ha reconocido de forma inequívoca que dentro del "bloque de constitucionalidad" no sólo están los tratados sino también sus "interpretaciones autorizadas", a las que ha tratado hasta ahora, simplemente, como "pauta relevante" y no como estándar mínimo "obligatorio".

Reconozco, que se trata de un mecanismo que muchos teóricos, en especial los que critican el discurso de derechos humanos, catalogarían -con un tono poco favorable- como un instrumento para el desarrollo "colonialista" de los derechos en Colombia o para la construcción del Derecho "desde arriba".³ Pero, debo "confesar", no considero que ello, necesariamente, sea inconveniente e, incluso, considero que dados los vicios del sistema político y de las tradicionales prácticas jurídicas colombianas, no sólo es favorable, sino imprescindible.

En primer lugar, porque, por regla general, en mi búsqueda de lo "justo", he sentido una mayor afinidad con la idea que de ello subyace en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que con la idea de "justicia" de buena parte de la normatividad interna colombiana.

Por supuesto, cuando la noción de "justicia" de la normatividad interna sea superior, ésta deberá aplicarse. Este encauzamiento hacia lo "justo", con el cual estoy de acuerdo, está consagrado en el Derecho Internacional y en nuestra Constitución por medio de la aplicación de la "cláusula de favorabilidad", de acuerdo con la cual, si hay dos o más normas de origen internacional o una norma de este tipo y otra de origen interno aplicables a un caso, deberá preferirse aquella que sea más garantista.

Y en segundo lugar, porque considero que se trata de un importantísimo mecanismo para la protección de la estabilidad del contenido de los derechos consagrados en la Constitución, por cuanto enmarca su desarrollo dentro de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia -entendidos como unos "mínimos" concretos-, más allá de las vicisitudes de cualquier poder interno, incluso, de las que la Corte Constitucional afronte.

Ahora bien, de fondo, las "interpretaciones autorizadas" están dentro del bloque de constitucionalidad, en síntesis, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque para "interpretar" los derechos y deberes constitucionales "de conformidad" con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como dispone el inciso 2 del artículo 93, es preciso "interpretar" estos tratados.

Los tratados internacionales de derechos humanos son una "especie" dentro del género "tratados internacionales", por tanto, deben interpretarse y aplicarse de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 32 de 1985.

El artículo 26 de la Convención de Viena dispone: "Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe" (negrilla fuera de texto). Por su parte, el artículo 31.1 de ésta consagra: "Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin" (negrillas fuera de texto).

Además, el artículo 27 de la Convención dispone: "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46".⁴

Por ejemplo, no corresponde con la "buena fe", ni con el "contexto", ni con el "objeto y fin" de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que el Estado colombiano interprete la Convención Americana sobre Derechos Humanos por debajo del contenido señalado, en relación con cada derecho, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -su intérprete autorizado-, tanto en sus sentencias como en sus opiniones consultivas.

Si cada Estado Parte pudiera apartarse "hacia abajo" de la interpretación de los derechos señalada por la Corte Interamericana, la protección derivada de la Convención Americana sería mínima o, incluso, inexistente, pues cada Estado podría señalar a cada derecho el contenido que se le "antoje" con el fin de que no se declare el incumplimiento de la Convención y la correspondiente responsabilidad internacional.

Por tanto, dicho entendimiento (i) no corresponde con una interpretación de "buena fe"⁵ de la Convención (ii) ni con el "contexto" de ésta, que está inmersa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (iii) ni con su "objeto y fin", que no es otro sino la garantía y respeto, a cargo de los Estados Parte, de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción.

Por supuesto, el incumplimiento del Derecho Internacional, por apartarse de las interpretaciones de la Corte Interamericana, es aún más evidente, si se ha aceptado su competencia, como en el caso del Estado colombiano.⁶

En esta misma línea hermenéutica, de acuerdo con la cual las normas de origen interno deben interpretarse a partir de las normas de origen internacional según los términos de su "intérprete autorizado", se encuentra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se evidencia, entre otros, en el caso Boyce y otros vs. Barbados:

78. El análisis del CJCP [Comité Judicial del Consejo Privado] no debería haberse limitado a evaluar si la LDCP [Ley de Delitos contra la Persona] era inconstitucional. Más bien, la cuestión debería haber girado en torno a si la ley también era "convencional". Es decir, los tribunales de Barbados, incluso el CJCP y ahora la Corte de Justicia del Caribe, deben también decidir si la ley de Barbados restringe o viola los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, la Corte ha afirmado, en otras ocasiones, que: el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas [...] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (negrillas fuera de texto).

Y en segundo lugar, porque el inciso 2 del artículo 93 de la Constitución debe interpretarse de acuerdo con el criterio hermenéutico del "efecto útil", criterio aplicado por la Corte Constitucional -intérprete autorizado de la Constitución-, por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia⁷ de nuestro país, de acuerdo con el cual una norma debe interpretarse de manera que todo cuanto ella prescribe produzca consecuencias jurídicas.

Sin reconocer el carácter vinculante de las "interpretaciones autorizadas", lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 93 tendría una utilidad muy baja y, en muchos casos, inexistente, porque estaría consagrando la remisión de un texto general a otro igual de amplio.

Por ejemplo, en el caso de la interpretación del artículo 51 de la Constitución que consagra el "derecho a una vivienda digna", la remisión al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), sin las "interpretaciones autorizadas", llevaría al intérprete a concluir que el "derecho a una vivienda digna" de la Constitución debe interpretarse en el sentido de que todos tenemos derecho a una "vivienda adecuada", como está consagrado de manera general en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, seguiríamos en el mismo nivel de "indeterminación", interpretación inaceptable si se parte de que el Constituyente era racional y no estaba interesado en consagrar disposiciones inútiles.

Pero si se atiende lo que he señalado, en el sentido de reconocer que las "interpretaciones autorizadas" están dentro del "bloque de constitucionalidad", automáticamente, en este caso, en virtud de la aplicación de la Observación General No. 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCR, de la ONU, el "derecho a una vivienda digna" adquiere un contenido "mínimo" muy específico⁸ y, a la vez, "dinámico" en la medida en que, sin importar la inactividad del Legislador, iría a la par con la evolución de las "interpretaciones autorizadas" del Derecho Internacional.

Es decir, la remisión al DIDH consagrada en el inciso 2 del artículo 93 de la Constitución sería útil; de modo que, ésta es la interpretación jurídicamente correcta.

Así las cosas, espero que se profundice en el debate sobre el alcance del "bloque de constitucionalidad" y que, como consecuencia de ello, éste sea reconocido por la Corte Constitucional en su correcta dimensión, es decir, incluyendo las "interpretaciones autorizadas" de los tratados.

Lo anterior, no sólo en aras de la estricta atención del Derecho sino de garantizar la existencia de unos estándares "mínimos" y "dinámicos" para el contenido de nuestros derechos constitucionales y, de manera determinante, para la mejor protección de nuestra democracia.

De otro lado, no quiero dejar pasar el reconocimiento oficial que a finales del año pasado hizo la Organización de Estados Americanos, OEA, al Concurso Iberoamericano de Derechos Humanos "Francisco Suárez, S.J.", que organiza la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá y que tengo el honor de presidir desde hace tres años, por su importante labor en pro de la vigencia de los derechos humanos en el continente americano. Se trata de una exaltación no sólo para la universidad organizadora, sino para las más de veinte universidades latinoamericanas que han venido apoyando el concurso como asiduas participantes, entre las cuales están la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; la Universidad de Buenos Aires, UBA; la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, UCAB; la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala, UFM; la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE; la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador, UCA; y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de República Dominicana, PUCMM.