EDITORIAL

Juliana Vengoechea-Barrios

El estallido de los disturbios civiles y políticos que se inició en Túnez y se ha extendido por los países árabes del norte de África y el Medio Oriente, tuvo su primera manifestación en Siria, en marzo del 2011. Desde entonces, los levantamientos civiles y las protestas contra el Gobierno del presidente Bashar Al-Assad se han intensificado. Así, la comunidad internacional ve con asombro cómo la violenta represión gubernamental está en aumento y cómo el número de víctimas civiles alcanzó su punto máximo a finales de febrero del 2012, con un estimativo de las Naciones Unidas de alrededor de 7500 personas afectadas. A pesar de la preocupación global ante los métodos violentos del presidente Al-Assad, y ante una inminente guerra civil, la sociedad internacional aún no toma una acción definitiva para ponerle fin a la violencia. Por tanto, teniendo como telón de fondo las consecuencias de los hechos ocurridos en Libia, la situación en Siria parece representar un mayor reto al derecho internacional.

Las Naciones Unidas, a través de su secretario general, Ban Ki-Moon, su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, el Consejo de Derechos Humanos, y una mayoría de la Asamblea General, han afirmado de forma tajante que el presidente Al-Assad debe dimitir. La ONU y la Liga Árabe han designado al ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan como enviado especial a Siria, en un esfuerzo por frenar la violencia que se presenta en el país. A pesar de dos días de reuniones entre el Annan y el presidente Assad a principios de marzo, poco progreso se ha logrado. Los esfuerzos de las Naciones Unidas y la Liga Árabe se han quedado cortos, y sin una acción más definitiva en manos del Consejo de Seguridad es prácticamente imposible encontrar una solución. El proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria fue vetado por Rusia y China, y sin perspectivas de un cambio en la mentalidad de estos dos miembros permanentes, cualquier acción efectiva del Consejo de Seguridad se verá truncada.

Los principios fundamentales de las Naciones Unidas, como la protección y promoción de los derechos humanos y el derecho al ejercicio de la autodeterminación, están siendo claramente ignorados por el Gobierno sirio, y a medida que se decanta la situación, parece muy poco probable que la ONU encuentre un mecanismo viable para responsabilizar y hacer efectivas las obligaciones que tiene el presidente Al-Assad y su Gobierno.

Los potenciales riesgos de una intervención militar extranjera parecen tener más peso que la preocupación por la protección de los derechos humanos en Siria. Además, existen diferencias de contexto entre la situación de Siria y la de Libia que parecen justificar una reacción distinta por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, la pérdida de vidas y la violencia prolongada son elementos comunes de las dos crisis, lo que debe servir de motor para impulsar a las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, a tomar medidas. Mientras los intereses nacionales y políticos de cada Estado dominen la acción de la comunidad internacional, la eficacia de las Naciones Unidas seguirá siendo cuestionada. Esta es una oportunidad crucial para que la ONU no repita los errores del pasado. Se espera así que Homs no pase a la historia como Ruanda o Srebrenica.