Reflexiones en torno a la economía del delito¹

Theoretical reflections on the economics of crime

Jesús María Cárdenas²
Néstor Juan Sanabria³

¹ Artículo de reflexión. Este artículo presenta algunos de los rasgos teóricos derivados de la tesis de grado doctoral: "Estimación del impacto de una estrategia para reducir los costos de la mortalidad causada por armas de fuego en Bogotá, D.C.", adelantada en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C.
² Docente e investigador de la Universidad de Lasalle, Bogotá, D.C. Colombia. Phd (c) en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, Especialista en Gerencia de Producción y optimización de procesos, Estadístico.
³ Docente investigador Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia. Phd en Estudios Latinoamericanos, Magister en Economía y Política Internacional, Sociólogo. Coautor de este artículo y director de la tesis doctoral: "Estimación del impacto de una estrategia para reducir los costos de la mortalidad causada por armas de fuego en Bogotá D.C."

Forma de citación
Cárdenas, J. M. y Sanabria, N. J. (2013). Reflexiones en torno a la economia del delito. Revista Dimensión Empresarial, vol. 11. núm. 2, pp. 98-105.

Recibido en octubre 15 de 2013. Aceptado en noviembre 15 de 2013.

Resumen

En este documento se reflexiona acerca de la comisión de delitos. Los actores se determinan en función de la legiti-midad, es decir, con dolo o sin el en resultado de la defensa de vida vienes y honra. Se asume metodológicamente que el hecho delincuencial es racional en tanto que persigue un lucro y está determinado por un cálculo intuitivo del riesgo, así como por la posibilidad de tener una retribución suficiente estimada como ingresos esperados. En esta lógica se puede asumir que existe una igualdad por parte del actor legítimo quien decide enfrentar o no al delincuente justipreciando su riesgo también de manera intuitiva. A esta ecuación de equilibrio entre lo legítimo e ilegítimo el Estado responde con políticas las cuales tienen dos extremos: una ejecutada por la institución especializada o mediante la participación de los ciudadanos. Se pretende reflexionar acerca de una posible alternativa para que el mix de las politicas gane en eficacia y eficiencia.

Palabras clave: economía del crimen, política criminal, inseguridad.

Abstract

This paper reflects on the crime. The actors are determined based on legitimacy, that is, intentionally or not the result of defend of property, life and honor. Methodologically assumes that the criminal act is rational while chasing a profit and is determined by an intuitive risk calculation, as well as the possibility of having a sufficient remuneration estimated as expected revenues. In this logic we can assume that there is an equality by the legitimate actor who decides to confront the offender assessing their risk also intuitively. This equation of balance between the legitimate and illegitimate state responds with policies which have two ends: one carried out by the specialist institution or by involving citizens. Some thoughts about a possible alternative for the mix of political gain in effectiveness and efficiency.

Keywords: economics of crime, criminal policy, uncertainty.

A manera de introducción: reflexion sobre el hecho delictivo violento

Interesa para este documento reflexionar acerca de la violencia y una de las herramientas utilizadas en la comisión de un delito: las armas de fuego. De entrada se asume lo planteado por Lhumann (2007, pp. 5 y ss) en el sentido de que la sociedad es comunicación. En este sentido, la percepción de inseguridad es resultado del intercambio de diálogos e informaciones basadas en iteraciones de las interpretaciones de algunos datos a partir de hechos reales o de imaginaciones de los mismos que a fuerza de repetirse terminan asimilándose como una verdad. Importa resaltar esto por cuanto el problema, pareciera no ser la existencia o tenencia de las armas, sino qué se comunica y, en resultado de esos intercambios que interpretan y hacen las personas. Una opción es declarar que el problema son las armas y dejar a cargo de la institución especializada, policía y en general las fuerzas armadas el control del delito. Otra opción es institucionalizar en el conjunto de la sociedad la necesidad de defenderse de las trasgresiones.

La primera opción se fundamenta en una versión basada en élites de la sociedad en la cual se tiene desconfianza del ciudadano⁴. La segunda implica la organización de la sociedad para contener lo ilegal con el binomio ciudadano-agente del orden, en igualdad de condiciones. Un rápido balance histórico puede mostrar las incapacidades de las fuerzas del Estado para garantizar la contención del delito, lo cual ha hecho transitar hacia esquemas híbridos con diferentes mezclas.

En cualquiera de las opciones el problema es claramente institucional. En el mismo sentido Brea (2007) señala:

En la literatura internacional existen dos enfoques respecto a la relación existente entre la violencia y armas de fuego. La primera sostiene que, contrario a lo que podría esperarse, en algunas regiones de los Estados Unidos el incremento en la tenencia de armas de fuego va acompañado de una reducción de la violencia homicida, lo que se explica por una supuesta inhibición en los delincuentes para cometer crímenes ante la posibilidad de que su víctima potencial pueda enfrentarlos (la teoría de los costos-beneficios y el fenómeno de la disuasión aplicada al crimen). Los partidarios de esas concepciones pregonan por la liberalización de las armas de fuego… Otros, en cambio, demuestran y sugieren lo contrario, que el elevado índice de violencia y de criminalidad está directamente asociado a la presencia de una mayor disponibilidad de armas de fuego.

En términos de una concepción de la sociedad es aceptable la discusión de los párrafos anteriores, sin embargo, es importante tener en cuenta que el hecho delictivo es cometido por una persona o un relativamente pequeño conjunto de ellas y son sujetas del riesgo inmanente a sus acciones, lo cual permite que el delito pueda ser analizado como un hecho económico heterodoxo. Por tanto, en respuesta a esto, la política criminal debe articular una clara concepción del delito como resultado de la transgresión de lo legítimamente establecido y de las circunstancias que rodean al accionante de la acción punible y no sólo el resultado aislado de esta.

En esta perspectiva, todas las medidas de política deben estar acompañadas de acciones que influyan en la sociedad, buscando que se tenga una nueva visión y versión del concepto de seguridad, apartándolo de las armas, para dejar ver una nueva dimensión del mismo: no se debe reducir al policía o al hecho de portar un arma de fuego. En este sentido es importante puntualizar que la violencia armada no se restringe al homicidio (Aguirre y Restrepo, 2010, pág. 268) que sería sólo una de sus posibilidades extremas.

En el estudio de Aguirre y Restrepo, se deja claro que las fluctuaciones en la proporción de homicidios por arma de fuego va unido al crecimiento de las ciudades, sumando a este componente otros como el desplazamiento forzado que registran las grandes ciudades de Colombia, el cual se registra debido a factores de violencia, pero también, por hechos no violentos, como es la presión que se deriva, por ejemplo, de la situación de desempleo y endeudamiento.

La violencia urbana es un problema que toma dimensiones que exceden la reacción de las autoridades, como lo formula Aguirre y Restrepo (2010, pág. 272), la violencia armada en Colombia es principalmente urbana. En efecto, las tres ciudades más grandes del país concentran el 28% de los homicidios en el 2009. En esta razón se deben desarrollar acciones que busquen legitimar al Estado mejorando y consolidando la institucionalidad mediante normas dinámicas capaces de permitir la resolución de la conflictiva social.

En el caso de la ciudad de Bogotá, D. C., se viene implementando políticas públicas en materia del control de las armas de fuego. Su Concepción y administración no se aleja de manera significativa de lo enunciado. En la alcaldía de Mockus (2012, pág. 47) se dio un viraje hacia la convivencia ciudadana. En sus palabras:

La primera conclusión que se puede extraer de las experiencias de Bogotá, en el período 1995 – 2010 es, claramente, que la solución de fuerza no son en modo alguno las apropiadas para un medio urbano complejo.

El panorama de la ciudad de Bogotá en materia de heridos por acción de las armas de fuego o de homicidios, permite pensar en nuevas estrategias para enfrentar el problema. Este es claramente complejo y requiere de una acción conjunta que combine participación ciudadana, fuerza y persuasión, acompañadas de medidas de tipo económico y social, bajo la pretensión de generar un cambio cultural propuesto desde el concepto de la cultura ciudadana. En su momento se lograron grandes alcances, pero la no continuidad de esas políticas se revirtieron hacia escenarios de conflictos aupados por la corrupción.

En el texto referido de Mockus, este señala que el homicidio que se comete a nivel mundial, producto del uso de armas de fuego, se estima en un 60% del total, con mayores porcentajes en el continente americano, y con cifras alarmantes en países como Honduras, México o Colombia influenciado de manera significativa de forma directa o indirecta por el narcotráfico.

A esta realidad en algunos países América se han desarrollado diferentes estudios para determinar hasta qué punto el arma de fuego constituye un beneficio o un riesgo para la sociedad. Se concluye de manera preliminar que n o es frecuente el uso del arma de fuego como autodefensa porque los delincuentes generalmente actúan de forma furtiva y sorpresiva. (Bandeira, 2006, pág. 13). Sin embargo, el presupuesto de arranque de este manejo se asemeja a lo esbozado atrás como una de las opciones en tanto que se asume un delincuente versus un ciudadano armado en defensa de sus legítimos derechos, contrario a la efectividad de una sociedad dispuesta a defenderse como un todo contra la delincuencia.

Es un hecho que la ciudad de Bogotá representa un referente para interpretar de la sociedad colombiana, encontrando que en materia de conflictos sociales y violencia, constituye un espacio donde confluyen estas problemáticas, pero esta situación:

Ha sido poco estudiada desde la perspectiva de sus problemas de crimen y violencia, no obstante ser la sensación de inseguridad, una de las principales preocupaciones de los bogotanos. En general en Colombia hay una marcada deficiencia en el análisis riguroso de los fenómenos de violencia urbana. (Echandia, 2002, pág. 12)

Por su parte, un informe del general Hernando Pinilla Franco, comandante de la Brigada XIII del Ejército, indicó que el registro de armas de fuego con salvoconducto en la capital es de 161.082, de las cuales 34.142 tienen autorización para tenencia y 126.940 para porte. (Citado por Diaz, 2012). Con esta cifra se puede realizar un estimativo de la cantidad de dinero que podría contener el fondo común para atender las urgencias derivadas de heridas producidas con armas de fuego, advirtiendo que la cifra de heridos es inferior a la de lesionados por accidentes de tránsito, aunque sus efectos causan mayor impacto en la complejidad de las comunicaciones.

En reiteradas oportunidades se ha considerado que la acción para controlar el porte de armas de fuego se debe realizarse mediante acciones que trasciendan la prohibición, por ello se otorga gran importancia al aparato judicial, el cual se debe fortalecerse con el fin de llevar a término toda investigación por esta clase de hechos. Cuando una persona es capturada por un ilícito y no encuentra una acción efectiva de la justicia muy seguramente reincide en su conducta punible. Según la Cámara de Comercio (2010, pp 3):

En este contexto es pertinente continuar con una política decidida contra el porte de armas legales e ilegales, basado en la promoción del desarme ciudadano, en la judicialización efectiva de la venta y distribución de armas ilegales en la ciudad y en avanzar en la formulación de alternativas jurídicas que faciliten el decomiso y judicialización por el porte de armas blancas, esto último basado en la implementación de un registro efectivo de contraventores.

La violencia con armas de fuego constituye uno de los delitos de mayor impacto en Bogotá, las armas se utilizan en la comisión de crímenes contra la integridad de la persona, al igual que en el ataque al patrimonio, como en el caso del hurto, donde el fin que persigue el delincuente no es causar daño en la integridad personal de la víctima, pero ésta puede resultar afectada por el hecho ilícito, como lo presenta la Cámara de Comercio (2012, pp. 5):

Bogotá registró 1.638 homicidios en 2011, es decir, una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. En relación con las cuatro principales ciudades colombianas, Bogotá presentó la tasa más baja y su tasa se ubica 10 puntos por debajo de la nacional (32). Este delito presenta una leve tendencia creciente, dado que en diciembre de 2011 se presentó el mayor número de homicidios registrado desde 2002

El argumento tiene una base cierta, tan solo en Bogotá se aprecia, de acuerdo con las cifras que suministra el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses, que en los dos primeros meses de la operación de restricción del porte de armas decretado por el Alcalde Gustavo Petro, se registra una caída del 12% en los homicidios, respecto al mismo período del año 2011.

Es importante observar como en siete de las nueve primeras semanas de la aplicación de la medida restrictiva del porte de armas de fuego, se observa un descenso importante en homicidios respecto a los mismos meses del año 2011, lo anterior se ilustra en la gráfica 1.

Este modelo en la nueva administración se conoce como: Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" 2012‐2016, el cual se encuentra en proceso de desarrollo, pero en materia de prevención a los actos violentos con armas de fuego tan solo se viene impulsando la restricción al porte de armas, constituyendo una medida que impacta directamente a las personas que portan o ejercen la tenencia de un arma en forma legal. Esta acción se combina con otras acciones de desarme, como es la permutando del arma por bienes o servicios.

Como es obvio, el arma ha sido creada con el objetivo de agredir, cerrando la posibilidad de solucionar algunos conflictos mediante acciones que no tengan la violencia como factor de resolución. Este aspecto es importante para ser considerado en sociedades democráticas, en las cuales la comunicación debe jugar un papel fundamental para el ejercicio de la democracia, al igual que la participación ciudadana y la inclusión social. Estas acciones permiten encontrar la solución de los conflictos por las vías institucionales, lo que lleva a otorgarle al arma el papel defensivo.

En la misma medida se aprecia que el arma es considerada como una forma de garantizar la seguridad, aunque en pocas oportunidades se pregunta la persona que la adquiere sobre lo que realmente desea hacer con la misma. En este aspecto es importante la parte psicológica de la persona que basa su seguridad como el principal factor que justifica la tenencia del arma.

En resumen hasta aquí, son dos las posturas sobre el diseño de la política de contención del delito y, ambas presentan resultados plausibles. Pero, bajo las consideraciones de que la sociedad es comunicación, los resultados de corto plazo favorecen la opción de la restricción, como lo expuesto para Bogotá y, en el largo plazo a la contención social como se establece en Estados Unidos en razón a que se basa en la generación de culturas.

Reflexión teórica: el ciudadano y la economia del delito

El supuesto con el cual se inicia este apartado asume que el crimen es una categoría delimitada temporal y geográficamente, tiene como contrapartida la autoprotección de los individuos y la sociedad, y es determinado por el grado de trascendencia e iteración que fundamente la comunicación de los hechos punibles . Así, se puede observar el alcohol y la fallida guerra contra este, o las guerras contra las actuales drogas. Ambos parece terminarán en lo mismo: un producto lícito más en el mercado. Sin embargo, algunos delitos no transitarán al mercado en tanto su afectación implica desbordar los derechos fundamentales alcanzados como máxima expresión civilizatoria (Elías, 1987). Estos últimos tipos de delitos se pueden explicar a partir de una expresión ampliada de la ciencia económica como la propuso Becker en su Nobel Lecture (1992).

Concordante con este último autor, el análisis de la conducta delictiva se puede asumir bajo las siguientes consideraciones:

1. Se puede aceptar que el delincuente al escoger su potencial víctima está haciendo un ejercicio intuitivo que implica la valoración de costos y de expectativas de los resultados del hecho.
2. Los costos no solo están representados por las armas con las cuales se comete el delito, también con las necesidades sociales y de sobrevivencia, es decir con expectativas asociadas a sus maneras y modos de vivir.
3. Las expectativas son generadas por las circunstancias presentes al iniciar el hecho punible, su potencial desenvolvimiento y los "rendimientos" que se espera obtener.

La lógica descrita permite asimilar, desde el lado del delincuente, una valoración económica que implica un mínimo de probabilidades de éxito para ser adelantada, suspendida

o abortada. Ello implica la existencia de incentivos asimilables a una captura de renta⁵ (Machin y Marie, 2006). De la misma manera, Freeman (1999, pp 3530) a través de encuesta presenta como la decisión delictiva se basa en incentivos, mostrando como la hipótesis de la relación delincuencia y desempleo no es tan alta y, de igual manera, que las sanciones pueden ser un escenario de disuasión al crimen (Nagin, 1998).

Machin y Marie (2006), para la demostración de sus hipótesis construyeron ecuaciones que expresan la tasa de criminalidad de una zona específica durante un lapso determinado, los cambios en los incentivos, indicadores demográficos incluyendo sus controles y un error aleatorio. Con técnicas de data panel, estos autores señalan que la introducción de nuevos desincentivos no afectan de manera significativa la tasa de criminalidad, pero su eliminación sí. También que las diferencias temporales de impacto de uno u otro caso, en relación con los incentivos, es de mediano y largo plazo, con lo cual, el caso analizado por estos autores se puede acercar a las soluciones culturales haciendo compleja la relación desincentivo y sanción.

Dos hechos son trascendentales a partir de lo expuesto en los párrafos anteriores: por un lado, la ubicación espacial del delito y su recurrencia en algunas zonas y, por otro, la relación con los ingresos. Según Burnham, Feinberg y Husted (2004) el problema entre concentraciones de personas y delito, esto es, centros sobrepoblados y delincuencia tienen una alta correlación así como el deterioro de los ingresos y en general de las condiciones de vida. El consecuente despoblamiento implica, según estos autores, el cambio en las condiciones de crecimiento de la zona y su deterioro. A estos mismos resultados llegan Cullen y Levitt (1999). Estos autores con un modelo basado en la ecuación tradicional de Mincer (1974) presentan las relaciones geográficas existentes entre delito y crecimiento económico, así como la relación inversa existente entre demografía, crecimiento económico y delito, dejando como hipótesis de trabajo que el crecimiento demográfico-económico pareciera ser una condición rezagada en referencia a la tasa de crecimiento del delito.

Por su parte Becker (1970) considera al delito como contenido en una conducta racional, por considerar que persigue un fin lucrativo. De este planteamiento Roemer (2000, 2001), excluye los crímenes pasionales y los delitos políticos. Becker también considera que el estudio de la criminalidad permite determinar la razón que lleva a los individuos a desarrollar conductas ilícitas. Se propone que al entender la criminalidad se puede incidir en su reducción sin llegar a una utópica tasa de criminalidad de cero. También considera que las causas del crecimiento del crimen son susceptibles de ser determinadas al encontrar la razón por la cual se busca maximizar utilidades en el escenario de lo ilegítimo. En este sentido se desarrolla el análisis a partir de las premisas costo utilidad de la acción criminal.

En este sentido, es comprensible que el delito para establecerse en una sociedad contemporánea debe funcionar con las mismas leyes de mercado, sólo que en el campo de lo ilegítimo. Es por esto que su análisis se facilita si se determina la su conducta desde el costo/utilidad. Se puede encontrar que la utilidad marginal es importante, debido a que el fin del delincuente, en la mayoría de los delitos, se basa en la obtención de un lucro. Entonces, el margen que deja el lucro derivado del delito se puede equilibrar temporalmente con la percepción de inseguridad definida como un aspecto síquico derivado de la interrelación del ciudadano con el entorno social y, principalmente, por las comunicaciones en un orden extenso como lo formula Hayeck (1949).

Se puede concluir que en algunos casos, el "capital" asociado al crimen guarda relación con otros capitales, por ejemplo el social. En algunos casos de forma inversa en razón a su política de contención del crimen involucrando al ciudadano, e igualmente en otros donde se deja su contención básicamente a las fuerzas legítimas. También es destacable que el escenario urbano y las nuevas formas de la aglomeración ciudadana en espacios reducidos, a diferencia de los centros poco poblados o rurales, han generado un nuevo tipo de delito como el ciberdelito. Este tiene impactos muy importantes comparables a los asaltos a los bancos en el siglo XIX, en tanto que el desorden introducido por estas modalidades generan mayores niveles de inseguridad y se pueden constituir en estímulo para las comisiones de otros delitos. Putnam (2000, pp. 306) afirma que: crime and social capital are directly linked: Higher levels of social capital, all else being equal, translate into lower levels of crime.

Para Bourdieu el capital social es la totalidad de los recursos potenciales y actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos (Bourdieu, 2000, pág. 148). Este análisis podría implicar la posibilidad de encontrar las causas que motivan las conductas criminales en las relaciones personas en el marco de lo ilegítimo, es decir la existencia de un "capital social negativo" que expresa a la marginalidad delincuencial.

Lo reseñado permite desarrollar una balanza criminal, la cual tiene unos costos que asocian al precio que acarrea realizar una acción ilícita, siendo el principal factor, perder la vida a consecuencia del enfrentamiento con los actores legítimos o la pena jurisdiccionalmente administrada. También se debe considerar el costo de oportunidad que representa el tiempo perdido, sea por que pasa demasiado tiempo buscado la oportunidad para cometer el delito o por su planeación, entre otras de las variables significativas a tener en cuenta.

En esta misma perspectiva, el banco mundial considera que estos factores se encuentran relacionados con el desarrollo de los países. Esta visión obedece a la preocupación de diseñar políticas públicas que permitan neutralizar el delito con el fin de crear escenarios en los cuales se active de manera significativa el desarrollo. Se comprende entonces, que el llamado desarrollo, se acompaña de crecimiento económico, lo que se tendría que reflejar en una reducción de la pobreza y por tanto del crimen. (World Bank, 1997)

Estos aspectos cobran importancia a tal grado que, como objetivo de política, la contención del crimen y la inseguridad se han convertido en un factor fundamental del ejercicio gubernamental. La creciente exigencia de seguridad se debe enfrentar en forma acertada por constituir un elemento vital para la gobernabilidad. A partir de estos conceptos Fajnzlber, Lederman, Loayza (2002, pp. 8-9), encuentran que la desigualdad social no es un factor exclusivo o determinante para que una persona opte por la vía ilegal con el fin de proveerse de recursos. Estos autores en su estudio consideran el PNB de varios países, también la tasa de desempleo, el nivel de educación de la población adulta y el grado de urbanización de cada País. Los resultados muestran un alto grado de inercia en la incidencia del crimen, al encontrar que la violencia se convierte en un círculo vicioso, debido al hecho de encontrar que la violencia genera más violencia. Es decir, que se pueden asociar más factores culturales que los propios económicos como la causa eficiente del delito.

Grautoff (2011) desarrolla un modelo de comportamiento criminal que permite definir el delito como una competencia entre los delincuentes. La competencia es el factor que incrementa la producción criminal al eliminar el riesgo moral. La hipótesis del estudio se basa en que las causas objetivas de la conducta criminal se deben revaluar para definir el análisis de la seguridad ciudadana desde una visión que englobe lo económico y lo social, sin perder de vista la individualidad, pero todo desde una visión del interés que genera una acción criminal.

Esta postura se aleja de los planteamientos que se sostienen que el índice de criminalidad se reduce cuando se registra crecimiento económico. Así, la relación entre las oportunidades de trabajo frente a la comisión del delito no es tan directa como generalmente se pretende.

Chacón y Sauma (2006) de manera similar encuentran que la situación laboral no constituye un factor definitivo para concluir que los delitos se producen como una consecuencia de la falta de empleo. En algunos países se presentan mejores condiciones para la comisión de los delitos que en otros, un factor que incide en este aspecto es que los delincuentes obtienen mayor ganancia con su actividad ilícita. De una parte se debe a la falta de estrictos controles, de otra a factores culturales, esta situación facilita la actividad ilícita. En este sentido estos autores aprecian que el valor del crimen es el que marca las ganancias. Lo cual opera en los eventos que el individuo no es arrestado.

En consecuencia, se podría realizar un cálculo para determinar el costo que representa la acción del delincuente, comparado con al salario que podría ganar si desarrollara una actividad lícita. Este cómputo permite establecer el grado de daño que sufre la sociedad, al igual que el nivel de castigo que merece el delincuente por el daño que produce.

Finalmente, se pueden plantear las siguientes consideraciones teóricas a partir de lo propuesto por Gary Becker:

1. Se puede suponer la existencia de lo ilícito como un mercado marginal, esto es, como resultado de deseconomías cuya lógica es económica. Para ello se asume la existencia de dos actores, de los cuales se puede predicar que el primero tiene preferencias por capturar, mediante el delito, la propiedad u ofender al otro. Existe un segundo que tiene preferencias por defender su vida, bienes y honra, así como la de los suyos directamente o a partir de ejercer en delegación una función pública.
2. Existe un marco jurídico el cual está temporal y geográficamente delimitado y que se expresa como una política criminal con unas instituciones legítimamente constituidas.
3. En ese marco se toman dos decisiones: por un lado eliminar los derechos de propiedad de manera ilícita del segundo actor por el primero, o afectar su vida o su honra o la de los suyos.
4. La probabilidad cierta de que ocurra el delito es baja en tanto que el encuentro entre las dos preferencias no es claramente repetitivo y ocurre como hecho marginal; sin embargo, es doblemente significativa en términos sociales: a. porque desgasta al Estado al poner en marcha las instituciones de la política criminal y, b. porque la acumulación de hechos genera una creciente inseguridad, la cual se retroalimenta a sí misma de manera exponencial en razón a los diferentes mecanismos comunicativos de las sociedades.
5. La política criminal está constituida como un marco regulatorio cuyo objetivo es disminuir la probabilidad cierta de los eventos delicitvos.
6. La existencia de la política y de los dos actores implica que ese conjunto, en general, es no convexo y su solución se realiza mediante un óptimo (menor probabilidad cierta) a condición de exista un preorden completo.
7. El preorden completo expresa la preferencia por la seguridad de parte del segundo actor que es quien determina el conjunto competitivo al representar la no-marginalidad y establecer el equilibrio social transitorio y necesario para que otras políticas y escenarios como el crecimiento económico mejoren su nivel de plausibilidad.

Los siete numerales anteriores implican que las expectativas de los actores se igualan a partir del reconocimiento del Estado y su expresión a través de la política criminal y sus instituciones de aplicación, constituyéndose esto como la restricción que facilita el escenario de seguridad, pero establece el incentivo representado en el riesgo inmanente del delito.

En estas condiciones, teóricamente la solución se establece en varias posibilidades: a partir de elevar el riesgo del actor ilícito o mejorar las condiciones de seguridad del ciudadano o innovar rediseñando las reglas de juego, es decir las condiciones de la política criminal y sus instituciones, o un mix de las anteriores que represente un avance evolutivo en las condiciones de progreso social.

Reflexión final

La reseña de los problemas descritos en la primera parte de este texto se puede resumir en las dos posturas acerca de la solución al problema de la inseguridad. Por un lado lo correspondiente a la postura que asume como política el crecimiento de las fuerzas militares incluida la policía a fin de controlar el delito. Por otro, la que asume que el problema político del delito se resuelve en la medida en que la sociedad afectada asume su defensa y en ello incorpora a los agentes armados legítimamente constituido. Ambas posturas se pueden explicar a través de los métodos de la economía, bajo el supuesto de que el delito es un mercado que no goza de reconocimiento; es decir, que en su esencia siguen las mismas reglas que los otros mercados, pero no hay una ley preexistente que los valide. Antes bien la propia ley los ubica al margen de la sociedad delimitando taxativamente a través de códigos penales y códigos de procedimiento penal los límites en los cuales se puede mover la sociedad sin incurrir en delito.

Sin embargo, puede ser claro que parte de esta legitimidad es transitoria y está territorialmente definidas. Se acepta la extinción de una persona a condición de que sea efectuada por las armas legítimas y dentro de algunos criterios tales como el agresor también esté armado. Esto puede ser admitido transitoriamente por una legitimidad excepcional cuando se trata de guerras declaradas o procesos internos que conducen a negociaciones en la pretensión de la paz. También hay comisiones de delito cuando en el uso legítimo de los espacios no regulados se asume un riesgo que afecta a la sociedad con la producción de burbujas inflacionarias, pero si no se da este último fenómeno puede ser resuelto con la creación de nuevas regulaciones ampliando el espacio de lo legítimo, como es el caso de algunos mecanismos de financiamiento en los cuales no se ha desbordado la construcción de riqueza, contrario a otros que aun cuando están en la misma lógica han generado crisis de alcances internacionales.

Como puede apreciarse el terreno del delito es tan complejo como el del mercado legítimo y, existen zonas grises en las cuales es indistinguible la legitimidad. Otros delitos son claramente ilegítimos y sobre ellos se ha construido no solamente reglamentación del derecho positivo, sino también del derecho consuetudinario como pueden ser la ofensa a vida, bienes y honra cuando no media un contrato claramente establecido.

Todos estos eventos al buscar capturar beneficios en el sentido de rentas son de la naturaleza de la construcción racional, aun cuando ésta sea intuitivamente construida. Y, como en el mercado, la información se puede asumir como completa si se considera el conjunto del delito, como actividad social, en confrontación con la sociedad respetuosa del ordenamiento. Es en este sentido que se puede hablar con claridad de las políticas criminales, a fin de hacer eficaz y eficiente la labor de construcción de estadios civilizatorios que permitan el progreso social. Definido de esta manera el problema deja de ser si los ciudadanos portan armas, sino la evaluación del desempeño en la confrontación entre la entidad especializada, por ejemplo la policía versus el delito, asociado como actividad.

Los resultados estadísticos permiten mostrar como el delito después de años de represión no cesa, sino mantiene una tasa levemente crecientes del delito tradicional, y una con crecimiento exagerado del nuevo delito, como pueden ser las nuevas formas de corrupción y el ciberdelito. En este contexto es posible evaluar las herramientas de contención, como el porte legal de armas en una perspectiva diferente, como la actualmente formalizada que imputa a las armas la comisión del delito sin discriminar las legales de las ilegales.

Pie de página

⁴ Es diciente el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas.
⁵ En el sentido de los rent-seekers.

Referencias

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