Introducción

En las sociedades democráticas (aquellas en que se promueven los valores y prácticas de la justicia social), dos columnas sostienen su unidad y fortaleza: lo político (vinculado al aparato administrativo, militar, diplomático y económico), y lo civil. Sin embargo, se presenta un tercera fuerza de soporte, a saber, los medios, la cual instrumenta el poder simbólico y a su vez es instrumentada por la esfera política y en algunos casos también por la civil (sobre todo en entornos digitales). Entre estos tres estratos se produce una interacción que busca el desarrollo de cada uno, pero también un equilibrio correlativo. Dicho equilibrio abre el camino hacia la posibilidad de un Estado plural, un ciclo difícil de alcanzar principalmente porque suele haber, en términos reales, un desbalance entre tales esferas.

En el caso de México, por ejemplo, tal desequilibrio no llega al extremo de las sociedades en las que se encuentra restringido el acceso a la información y la esfera política absorbe a las otras dos. Precisamente, el derecho a la información en las sociedades democráticas se convierte en el elemento que equilibra las esferas de lo político, lo civil y los medios, a su vez que allana el terreno hacia un Estado plural. Según ^{Carpizo y Villanueva (2001)}, el derecho a la información, como garantía fundamental, incluye: a. el derecho a informarse (recibir información pertinente y oportuna); b. el derecho a informar (libertad de expresión y de imprenta), y c. el derecho a atraerse información (acceso a archivos y documentos públicos).¹

En el caso de las instituciones del Estado, es necesario acotar que el derecho a informar encuentra su contraparte en la obligación a informar. Por ejemplo, el artículo ter- cero de la Constitución mexicana -en el cual se asienta que todo individuo tiene derecho a recibir educación- se establece que la instrucción que imparta el Estado tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano. En este caso y en primer lugar, el Estado debe proveer información respecto de sus estrategias educativas para la toma de decisiones. La fracción IX, inciso c de dicho artículo, expresa que una de las obligaciones del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa será “Generar y difundir información y, con base en esta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tít. I., Cap. I, art. 3°, fracc. IX, inc. c).

A partir de la definición que ofrecen los constitucionalistas Carpizo y Villanueva, la obligación a informar que- daría conceptuada, por un lado, como la contraparte del derecho a informar; pero también podría ser una extensión del derecho a informase, es decir, a recibir información oportuna y pertinente por parte de las instituciones del Estado. Ahora bien, esta conceptuación de la obligación a informar no es arbitraria, ya que esta ordenada por la misma Constitución, que en su artículo 6° (con su última reforma al 11 de junio de 2013) señala que (…) el derecho a la información será garantizado por el Estado”, además de que (…) toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tít. I., Cap. I, art. 6°).

Es importante tener presente que la sociedad está formada por individuos que poseen la misma simiente cultural (costumbres, educación, formas de conocimiento). No obstante, el Estado puede reconocer otras comunidades con rasgos diversos (la propia Carta Magna señala en su artículo segundo que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas). La diferencia entre comunidades hegemónicas y otros grupos minoritarios suele generar tensiones derivadas de inconformidades y desigualdades, pues unas comunidades se consideran con potestad sobre otras. El problema de la pluralidad de culturas tiene que ver con el conflicto entre la identificación del Estado-nación (un Estado homogenizador) propio de la modernidad, con su proyecto de construcción nacional y la resistencia de las diferentes culturas originarias en defensa de su identidad colectiva y su sobrevivencia ante el empeño por hacerlas invisibles o matizarlas por medio de un proceso de asimilación, o en el peor de los casos, obligarlas a replegarse hasta desaparecer. En un Estado plural, por su parte, la diversidad cultural e ideológica y el intercambio de conocimiento permitirían la consecución y conformación de la identidad de cada grupo social.

Las culturas diversas que conviven en un espacio territorial definido, tienen ante sí la difícil tarea de compartir una soberanía para lograr afirmarse como un Estado diverso y plural. Las sociedades modernas han tomado como fundamento central del concepto de ciudadanía la pertenencia a un lugar y a un territorio determinados, como los espacios donde se gesta la identidad de una sociedad determinada. De este modo, la ciudadanía forma parte de la identificación con un pasado común asociado con sucesos históricos y políticos que solo agrupa a un grupo determinado de la sociedad; no así aquellas culturas o comunidades cuya figura del mundo divergía de la denominada identidad oficial.

Por qué un Estado plural

El Estado, por tradición, representa una concentración de poder que impone un orden en una sociedad en la que cohabitan diversidad de intereses, pero todo converge en un interés común por lo que se elimina la multiplicidad. El Estado moderno se ha marcado como objetivo principal uniformar la diversidad para lograr un orden en los planos jurídico y administrativo, en los que cada uno integrante es igual a los demás. En este tipo de Estado todos tienen derechos y obligaciones, concretados en acuerdos escritos (leyes) y no escritos (reglas de prioridad) que garantizan el funcionamiento de la sociedad. O al menos es lo que se pretende, ya que la sociedad actual muestra la no realización de las leyes, lo que se traduce en injusticias (^{Villoro, 1998}).

Las necesidades sociales pueden ser muchas, pero surge otra: la de construir un Estado a partir de la diversidad cultural presente, en el cual el respeto a cada comunidad es necesario y a la vez se conserva la identidad de cada una. La intención al propugnar un Estado plural es generar un sistema político en el que se den la convivencia, el respeto, la diversidad de voces, y el intercambio cultural entre las comunidades. Si se presentan problemas estos se resuelven por medio del diálogo entre sujetos -es decir, entre iguales- y se tomen decisiones con la participación de todos. La intención no es que el Estado uniforme los rasgos culturales, sino que defienda los intereses comunes y respete los aspectos diversos de cada cual. Por tanto, la igualdad consiste en el reconocimiento de que todos somos diferentes y que bajo estas circunstancias se den acuerdos mínimos para el diálogo.

La democracia en un Estado plural conlleva retomar los términos de libertad, responsabilidad y compromiso. Sin embargo, debe señalarse que la democracia no deja satisfechos a todos, amén de que no deja de ser una forma de gobierno que se sustenta en el apoyo de la mayoría (no en la totalidad), lo que no se traduce en beneficios para todos o en vivir adecuadamente en el entorno social, pues también la mayoría puede equivocarse. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es en ella que se cultiva el respeto a la diversidad. No obstante, aunque la democracia representativa defienda el interés de la mayoría, por definición quedarían sectores sin representación. Se crea un efecto en el que las comunidades minoritarias pasan a segundo plano y al no ser consideradas en las decisiones políticas, dejan de buscar mecanismos para participar. Como contraparte, nos podemos referir a una democracia deliberativa que reconoce la falibilidad de la representación mayoritaria y por ello complementa la noción de democracia representativa mediante la adopción de procedimientos colectivos para la toma de decisiones de índole política, que incluyan la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones. Estos procedimientos pueden calibrarse según el principio rector de justicia como equidad y el criterio de ajuste justicia como diferencia.

Al hablar de justicia, ^{Rawls (2014)} se refiere en un principio a las libertades básicas en un sentido general, pero luego se centra en las desigualdades de tipo económico y social. El principio de justicia como diferencia se aplica siempre y cuando el resultado en un sentido económico, beneficie a los menos favorecidos. La justicia como equidad se aplicará cuando en un sentido social, las oportunidades estén al servicio de todos miembros de la sociedad. En este juego de ajustes, el concepto tolerancia desempeñaría un papel crucial (como un catalizador), pues no permitiría los sacrificios impuestos a unos pocos ni tampoco que sean compensados por la suma de las ventajas que disfruta la mayoría. Se puede mencionar el concepto tolerancia informada de ^{Floridi (2015)}: “El Estado, a pesar de detentar el poder político, tiene como principio rector para el diseño de normas la circulación de información para la participación ciudadana” (p. 1108).

El sistema político que se conformaría sería una democracia social compuesta por una red de democracias primarias no solo con un sentido democrático hegemónico (el orden civĭtātis se construiría paulatinamente por medio de comunidades pequeñas, células y organizaciones voluntarias y legítimas). Como ya se dijo, la democracia representativa procura el interés común de la mayoría; empero, la democracia deliberativa crearía mecanismos que complementarían la representación mayoritaria y otorgarían representatividad proporcional y reconocimiento cultural a comunidades y grupos minoritarios, por lo que se espera que algunas leyes y estatutos cobren un cariz más incluyente. Algunos métodos desarrollados para generar participación deliberativa son, por ejemplo, los paneles ciudadanos y las células de planeación propuestos por ^{Dienel (1989)}, gracias a las pesquisas del Centro de Investigación para la Participación Ciudadana, fundado por él en la Universidad de Wuppertal, Alemania. Estos modelos-aplicados en un principio en comarcas circunvecinas a la universidad- sirvieron para el diseño de políticas públicas en materias tan diversas como planificación urbana, servicios de salud pública y el uso incluyente de tecnologías de la información (^{Dienel, 1989}).

En este sentido, en virtud de la democracia deliberativa la sociedad sería multigrupal. ^{Arendt (2015)}, adujo que

(…) no se cambia al mundo cambiando a los hombres -prescindiendo de la imposibilidad de tal empresa-, tampoco se cambia una organización o asociación empezando a influir en sus miembros. Si se quiere cambiar una institución, una organización, cualquier corporación pública mundana, solo puede renovar su constitución, sus leyes, sus estatutos y esperar que todo lo demás se dé por sí mismo (p. 57).

Por su parte, para ^{Habermas (2008)}, la ordenación de la polis se consuma con la participación de los ciudadanos en la administración, la legislación, la administración de la justicia y la deliberación.

El Estado plural debe garantizar, entonces, el respeto a las comunidades diferentes y diversas. Cuando se les impone un modelo enfocado solo en el progreso económico, se tiene como consecuencia la discriminación, la marginación y la exclusión de culturas (^{Touraine, 2000}). Para fortalecer y fomentar la participación social y cultural a favor del bien común en materia de información, resulta crucial concebir y articular las bibliotecas, archivos, museos y otras entidades informativas, como bienes comunes de información e instituciones sociales y culturales que no solo protejan la información, las ideas y los conocimientos, sino que también faciliten su creación, intercambio y sustentabilidad.

Es la hora de aprovechar la diversidad cultural, ya que a partir de ahí debe surgir una nueva representación del Estado que abarque toda la sociedad mediante sus instituciones, ya no solo en el sentido de igualdad ante la ley -de forma teórica- sino con las mismas oportunidades para que sus miembros logren sus metas individuales y planes de vida, sin olvidar el bien común, que en este caso es dejar de ser objeto de injusticias. El elemento que permitiría establecer condiciones de igualdad y de respeto a la multiculturalidad, es el derecho a la información cimentado en el sistema de educación formal (la escolaridad y sus niveles: preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior); pero también es reforzado por las iniciativas no formales (alfabetización, capacitación, educación comunitaria y formación de docentes) e informales (prensa, radio, televisión y cine, centros de investigación, interacción multimedia).

^{Villoro (1998)} critica el sistema de un Estado-nación o Estado homogéneo (en el que una cultura hegemónica dentro de una sociedad se impone a otros grupos e intenta uniformarlos) y propugna un Estado plural. Considera que la educación uniforme (el sistema educativo formal) es un mecanismo que busca la homogenización social en lugar de la pluralidad. No se fomenta la construcción del sujeto sino su alienación; de ahí que la educación no formal y la informal (en la que entra la circulación de información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación) adquieran una importancia primordial en la conformación de la identidad personal y colectiva y en el ejercicio de la autonomía:

Tendría que ser un Estado respetuoso de todas las diferencias. Sería un Estado en que ningún pueblo, ni siquiera el mayoritario, impondría a otros su idea de nación. El Estado plural no renunciaría a la modernización del país, si por ella se entiende progreso hacia una sociedad más próspera y más democrática. Pero la modernidad deseada no consistiría en la destrucción de las estructuras locales y su supeditación a las fuerzas ciegas de un mercado mundial, sino en la participación activa de todas las entidades sociales en un proyecto común de cambio. El Estado se reduciría a coordinar, en este proceso, los proyectos diferentes de las comunidades reales y a proponerles una orientación común. La sede del poder real se acercaría cada vez más a las comunidades autónomas que constituyen la sociedad real. El adelanto hacia un Estado plural es, así, una vía hacia una democracia radical (^{Villoro, 1998}, p. 48).

La postura de Villoro es radical, ya que considera que el voto de la mayoría es una imposición. En este trabajo, se considera que el interés de la mayoría (en un sistema de Estado-nación) anula los intereses de los grupos minoritarios; pero en un Estado plural, si bien existen mayorías, también se aplican mecanismos para incluir a las minorías. Un Estado plural busca contrarrestar los efectos de la democracia representativa por medio de iniciativas como la democracia deliberativa. Los ajustes entre las democracias representativa y deliberativa puede ser visto como el ejercicio de la dialoguicidad democrática. Por ende, la invocación por una democracia radical es tal vez excesiva y ponerla sobre la mesa implica, en cierta forma, un desconocimiento de las reglas del juego del sistema político mexicano y un mal diagnóstico de la situación nacional. Para un Estado como el nuestro, no se requiere contrarrestar la democracia representativa por medio de una democracia radical. Eso sería idóneo, quizá, para regímenes autoritarios como el de Corea del Norte, en el que es nulo el intercambio de información a través de internet y solo es válido el que se lleva a cabo a través de un intranet regulado por el Estado; o para grupos que tienen cero posibilidades de aparecer en el panorama político de su país, pues las instituciones no los consideran.² Nuestro país no vive esa situación, por lo cual sería excesiva una democracia radical como la conceptúa Villoro. Quizá en la práctica algunos grupos sean excluidos de derechos básicos pero en las leyes sí son contemplados; más bien se suscita una mala ejecución de la función pública. En estos casos, la vía de solución sería la participación ciudadana, incluida la desobediencia civil.

El Estado plural incluye todas las comunidades (grupos étnicos y grupos sociales) que conformen el territorio nacional. La cultura, los usos y costumbres, el idioma, la organización política, la moral de las comunidades y la diversidad cultural, son los ingredientes principales del Estado y el diálogo intercultural permitirá un proceso epistemológico cuya consecuencia es el conocimiento y reconocimiento del otro en nosotros y de nosotros en ellos. También por medio de este diálogo se establecerán acuerdos mínimos para fortalecer el Estado plural.

A partir de lo anterior, se establece que la biblioteca, como institución social, con sus servicios y sus colecciones (coadyuvante del sistema educativo formal y de la educación no formal e informal), contribuye con sus prácticas a la institucionalización del Estado. Es decir, reproduce los ideales del Estado (intereses comunes), pero también reafirma sus garantías respecto de los intereses particulares de cada grupo. El derecho a la información en las sociedades democráticas se convierte en el elemento que equilibra las esferas de lo político, lo civil y los medios y allana el camino hacia un Estado plural. El bibliotecario tiene una injerencia preponderante en los tres aspectos que conforman el derecho a la información, según lo suscrito por Carpizo y Villanueva:

Figura 1 Representación un sistema nacional de bibliotecas y de un sistema nacional de información 

La información no solo fortalece la ciudadanía, sino también la identidad personal y colectiva, puesto que ayuda a los individuos en la toma de decisiones, por lo que se da un mejor ejercicio de la autonomía y de la autodeterminación. Esto contribuye a la conformación de la autocomprensión, toda vez que la información una vez es evaluada por el individuo, se incorpora a su acervo de conocimiento y afecta tanto su visión del mundo como su capacidad para actuar sobre él (para interpretarlo o transformarlo).

La conformación de un Estado plural y el elemento informativo

Para establecer un criterio que sirva como parámetro común para todos los individuos de una sociedad, se hace prudente retomar lo que León Olivé denominó necesidades básicas legítimas, que son aquellas carencias que, al ser satisfechas, contribuyen a la realización de los planes de vida de los miembros de una sociedad, y esto incluye los planes presentes y futuros. En ese sentido, la información documental sería una «necesidad básica legítima», constitutivamente, y se requiere de elementos satisfactores que puedan mitigar las necesidades de información de los ciudadanos. Esos elementos satisfactores adquieren la forma de la inmensa gama de objetos de información que circulan en las sociedades democráticas: libros, periódicos, videos, pinturas, documentos digitales, etc. Y si estas colecciones y los servicios documentales estuvieran administrados por el Estado (por ejemplo, por organismos descentralizados de carácter federal), hablaríamos de bienes públicos (según el régimen de dominio público de la Federación en México) (Ley General del Bienes Nacionales, Tít. I. Cap. I, art. 1°, fracc. II y art. 6°, fracc. XVIII). Por ejemplo, los acervos del Archivo General de la Nación o del Sistema Bibliotecario de la UNAM (o lo que esta universidad produce y publica a partir de la investigación y docencia) son bienes públicos porque dependen de organismos descentralizados (que no desconcentrados).

Para ^{Habermas (2008)}, el Estado no se determina a partir de las funciones de una estructura social abstracta (una mera formulación conceptual que se debe adaptar a la realidad), sino que implica una construcción constante mediada por el sistema de necesidades. Este sistema (que hace de mediador), está compuesto por las instituciones encargadas de la administración de los bienes públicos. En este caso, las bibliotecas (como instituciones del Estado) desempeñarían un papel relevante como encargadas de satisfacer cierto tipo de necesidades de información y administrar determinados recursos informativos concebidos como bienes públicos y se atendrían a las normas de las instituciones objetivas (^{Habermas, 2008}; Vid. ^{Ríos Ortega, 2011}).

Precisamente, ^{Olivé (2007)} establece la exigencia de formar nuevos expertos y profesionales en mediación, los cuáles no solo deben suministrar el conocimiento de la ciencia a la sociedad, sino que deben ser capaces de comprender y articular las demandas de los diferentes sectores sociales (incluidas las empresas) para llevarlas desde los diferentes grupos sociales al medio científico, a fin de facilitar la comunicación entre unos y otros (^{Olivé, 2007}). ^{Dienel & Renn (1995)}, consideran que la democracia deliberativa permite una mediación fractal; es decir, no centralizada sino segmentada en estructuras básicas que conforman las células de planeación y coadyuvan en la articulación y enriquecimiento del diálogo público.

En este sentido, ^{Rendón (2013)}, considera que el bibliotecólogo es un mediador nato o mediante (una especie de demiurgo del cosmos documental), quien se desenvuelve en un mundo informativo documental en el cual

(…) se produce una mediación, no como proceso mecánico, instrumental que puede ser realizado por objetos: un puente, una computadora servidor, un programa, sino como un proceso intencional entre sujetos, un proceso comunicacional, una interacción mediada por símbolos, pero no solo a nivel sintáctico o semántico, sino involucrando el nivel pragmático (p. 46).

Según ^{Olivé (2007)}, “(…) una condición necesaria para que una sociedad sea justa es que establezca los mecanismos que garanticen la satisfacción de las legítimas necesidades básicas de todos sus miembros” (p. 128). Las tareas del bibliotecario coadyuvan a crear esas condiciones que garantizan la justicia social. Cuando ^{Egan y Shera (1952)} acuñaron el concepto de epistemología social, establecieron que la bibliografía (una de las tareas preponderantes del bibliotecólogo) era el vehículo que hace circular los documentos al medio social. Estatuyeron también que la bibliotecología debía fundamentarse en esa epistemología social, puesto que se trata del “(…) estudio de los procesos por los que la sociedad en su conjunto busca lograr una relación perceptiva o de entendimiento con la totalidad del entorno físico, psicológico e intelectual” (p. 132). También aluden a la mediación:

La bibliografía es, o debería ser, un sistema que sirva como portador de ideas e información análoga, un sistema ferroviario bien articulado que sirva para el transporte de materias primas físicas [documentos] (…) La bibliografía debe ser vista, de hecho, como lo que es: una capa de balasto sobre las cuales las unidades de comunicación gráfica pueden mediar entre los diversos sectores de la sociedad, ya que hacen su contribución a la formación de la estructura, la política y la acción sociales (p. 125).

Si bien entidades como la Biblioteca Nacional de México tienen la obligación de construir la bibliografía nacional del país (tanto bibliografía retrospectiva como bibliografía corriente), esta labor está reflejada en la actualidad en los grandes sistemas de información y en las bases de datos temáticas. Esto devela la misión primordial del bibliotecólogo: organizar y articular ese vehículo para coadyuvar a la reconstitución de la estructura social, en su dimensión temporal y espacial. Quizá el bibliotecólogo no ha entendido esa misión porque no ha comprendido, cabalmente cuál es la trama social y qué papel desempeña en ella.

^{Weil (1970)} menciona que los libros (como medios) han desempeñado un papel preponderante en la fijación de ciertas ideas en cada época, y en ello el papel del bibliotecólogo es fundamental porque es él quien determina qué información es pertinente para los ciudadanos, tarea nada sencilla. ^{Ess y Thorseth (2008)} consideran que la acción de proporcionar información incide en el desenvolvimiento natural de los individuos, ya que puede mermar su autonomía; por ejemplo, cuando la información que se tiene es falsa. Proporcionar información falsa (información no pertinente o no válida en términos lógicos), hace imposible para el destinatario ejercer su racionalidad, lo cual constituye una violación al imperativo categórico. Olivé, por su parte, considera que además de que una necesidad básica legítima (como lo es la información) es una condición necesaria para el ejercicio de la autonomía, es también una parte constitutiva de la identidad personal. Es decir, los usuarios (…) son agentes intencionales que valoran la información y la incorporan a su acervo de conocimiento, con lo cual se afectan tanto su visión del mundo como sus capacidades para la acción y en especial para la transformación de su entorno” (^{Olivé, 2007}, p. 49). ^{Rendón (2005)} lo aterriza en el proceso de comunicación social documental y señala que puede ser un grupo de personas en particular que tiene una necesidad de información específica, lo cual lo lleva a acercarse al mundo de la información, y que para satisfacer sus necesidades tiene que analizar posibilidades.

^{Barthes (2010)} ofrece una idea del usuario más general -aunque efervescente- y de índole poética (quizá la única cercanía con los otros dos autores es que sitúa ese agente en medio de la vorágine de la modernidad). A este usuario lo denomina, simplemente, como “hombre de la calle” o “población”. Dice que

(…) el usuario es un personaje imaginario, algebraico se podría decir, gracias al cual se hace posible romper la dispersión contagiosa de los efectos y mantener firme una causalidad reducida, acerca de la cual se podrá razonar tranquila y virtuosamente. El usuario, el hombre de la calle, el contribuyente, son literalmente personajes, es decir actores, promovidos según las necesidades de la causa a papeles de superficie y cuya misión consiste en preservar la separación esencialista de las células sociales (p. 139).

La convergencia entre Olivé, Rendón y Barthes consiste en que, para ellos el usuario no es sólo el que usa o hace uso de algo. Para los autores (independientemente de que su definición sea específica o general), el usuario es un agente racional y complejo que requiere deliberar y tomar decisiones, para lo cual explora su entorno. Este usuario (un estudiante, un investigador, un ciudadano) requiere información para decidir, planear y hacer uso de su autonomía.

Esto es importante señalarlo, toda vez que los miembros de la sociedad toman decisiones de acuerdo con la información de la que disponen. Dentro del concepto de justicia social de ^{Rawls (2014)}, se establece que se da un régimen de porciones distributivas. O sea,

(…) no hay restricciones a la información (excepto las que son necesarias para que el esquema sea más eficaz) ya que de los ciudadanos depende conocer las tasaciones de los bienes públicos y privados (…) las restricciones de la información no garantizarán un acuerdo, ya que a menudo, las tendencias de los hechos sociales serán ambiguas y difíciles de evaluar (p. 326).

Lo que Rawls propone es la no presencia de criterios para restringir la información (salvo aquella que no permita que el sistema funcione) y que la los mecanismos sociales de distribución y circulación de la información deben ser equitativos (sin contar con el hipotético “velo de la ignorancia”).

Al referirse a los de los problemas de justicia social, Rawls alude a las instituciones sociales (en las que se encuentra la biblioteca, como parte de su concepto fuentes de información) y enfatiza que cuando estas “(…) están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es, por tanto, justa” (p. 34). Específicamente, apunta a la estructura básica de la sociedad, conformada por el conjunto de instituciones sociales, políticas y económicas que distribuyen derechos y deberes en torno a un proceso de cooperación identificado. La labor del bibliotecario es considerable en este esquema de pactos sociales, cuya amalgama es el suministro de información pertinente, informar la existencia de hombres y mujeres (^{Ortega y Gasset, 1962}).

El bibliotecólogo, como agente predominante en el ciclo de los recursos informativos, se encarga de darles cause y conducción a muchos de los flujos de información y si estos no circulan adecuadamente, los pactos sociales no se cumplen. Rawls afirma que una persona no está obligada a cumplir su promesa (o sea, el contrato social),

(…) si le fue negada con dolo una información pertinente [ya que] la racionalidad de la elección de una persona no depende de cuánto sabe, sino sólo de lo bien que razone a partir de la información de que disponga, por incompleta que sea (p. 316).

La argamasa que cohesiona los contratos y pactos en la sociedad es, precisamente, la información, especialmente la registrada y asentada documentalmente, la cual debe ser pertinente de acuerdo con una dinámica, un flujo y una circulación determinados por el propio sistema en beneficio de la mayoría.

En una sociedad como la que describe Rawls, las personas recibirían la mayor dotación de recursos transferibles, entre los cuales están los objetos de información. Cabe resaltar que la tecnología desempeña un papel de suma relevancia, ya que se encargaría de maximizar las condiciones de distribución en las sociedades para así acceder a los recursos necesarios (personales e impersonales) con el fin de proseguir y cambiar sus concepciones de la buena vida, las mismas que necesitan la información para ejercer su racionalidad y autonomía; por ejemplo, para tomar decisiones sujetas a incertidumbres considerables en la vida cotidiana. ^{Habermas (1991)} está de acuerdo con propuestas formalistas como la de Rawls o la suya propia, las cuales “(…) se apoyan en el concepto de una racionalidad procedimental que ya no está sujeta a la hipoteca teológica que representa la doctrina de los dos reinos [el de la razón y el de los fenómenos]” (p. 62).

Como lo mencionó ^{Popper (1996)}, los libros han servido también para expandir el efecto democratizador en sociedades letradas en las que ha existido algún mecanismo de culturización. Así, desde la época de Homero este efecto democratizador se esparció en un espacio público como lo eran los mercados de libros (biblonia, βιβλονία) y con agentes -los libreros- que dotaban de información (bibliopôla, βιβλιοπὦλα), quienes fueron el elemento de eclosión para la revolución democrática en Atenas y para coadyuvar en la instauración de la civilización moderna en el siglo XVI:

Es más importante no olvidar que una civilización se compone de hombres y mujeres civilizados, de individuos que quieren vivir una vida plena y civilizada. Este es el objetivo al cual los libros y nuestra civilización han de contribuir, y creo que ya lo hacen (p. 98).

El librero cumplió dos funciones de manera sucesiva. Primero, mientras se intentaba consolidar la democracia en Atenas, el bibliopôla traía los libros de diversas ciudades-Estado (y más allá) y los exponía en el espacio público: el mercado. Posteriormente, una vez consolidada la democracia, la dirigencia ateniense buscó expandir el efecto democratizador hacia otros territorios, por lo que Atenas comenzó a exportar libros y en consecuencia sus ideas. Es decir, el librero conseguía en un principio libros de otros lares y los hacía circular en de la sociedad ateniense. Posteriormente, al convertirse Atenas en fuente de conocimiento, exportó esa información en convenio con la estructura del poder del Estado hacia otros territorios. En la comedia Anábasis del explorador e historiador Jenofonte, en la época socrática, se narra que en algunos navíos mercantes de Atenas que naufragaron se encontraron muchos libros (rollos de papiro en armarios de madera) para comerciarlos (^{Jenofonte, 1999}, Lib. VII, Cap. V, Secc. 12-14, pp. 268-269).

El papel de la administración de los bienes públicos es crucial en una sociedad, toda vez que suscita dos estadios sucedáneos: la superación e integración de la sociedad civil por el Estado y la determinación de las relaciones entre ambos, además de las ventajas e inconvenientes de limitar la independencia, la libertad y el pluralismo competitivo de la sociedad civil en favor del Estado. Desde la perspectiva hegeliana, estas instituciones (instrumentos para acceder a lo absoluto) como la biblioteca, tienen la misión de defender y educar a los miembros de su comunidad para que adquieran un sentimiento de cooperación y compromiso con los intereses comunes. Pero de frente, tiene a una sociedad civil que no es sino un enorme encadenamiento de conflictos con un intenso desequilibrio social. Para que el Estado pueda administrar efectivamente los intereses, es necesario, por una parte, que la sociedad lo perciba como el defensor de sus intereses y que la administración responda a esos intereses mediante información que ayude a las personas a culturizarse. Es decir, tiene el derecho a recibir una prestación del Estado que le permita satisfacer sus fines subjetivos (^{Weil, 1970}; ^{Hernández-Pacheco, 2008}). Una de las instituciones que coadyuva a esto es la biblioteca con sus servicios y sus colecciones. Pero, a la inversa, también coadyuva con sus prácticas a la institucionalización del Estado; o sea, reproduce los ideales del Estado, pero también reafirma sus garantías.

Las reglas de convivencia social, entonces, apelarían a la racionalidad y al pluralismo (un pluralismo informativo) en los que ciertamente haya reglas de prioridad necesarias, pero también se priorice el derecho a la información de diferentes grupos o comunidades, a las prácticas informativas diversas, a la cooperación interinstitucional y a la realización de proyectos comunes de acceso abierto, respecto de las condiciones de derecho de autor. El acervo básico de reglas de prioridad necesarias no debe entenderse como una postura absolutista, sino como un conjunto mínimo de normas y valores para celebrar una convivencia armoniosa entre diversos grupos sociales y personas, asumidos de común acuerdo pese a que sus morales sean muy distintas. En este punto nos distanciaríamos del Estado que conceptúa Hegel y nos acercamos al Estado de Habermas o al Estado que Olivé denomina Estado plural,

(…) capaz de articular un mínimo de intereses y valores comunes a los que legítimamente se adhieran todos los pueblos y sectores que participan en el desarrollo de proyecto nacional, aunque cada uno de ellos tenga sus propias razones para hacerlo. Lo importante es que todos reconozcan la legitimidad de las instituciones estatales y colaboren en la construcción y realización de ese proyecto. Un proyecto nacional no tiene por qué ser incompatible con la realización de proyectos regionales o de pueblos o culturas específicas. El desafío es encontrar la normatividad, los valores y los fines que pueden ser legítimamente aceptados por todos, así como las formas institucionales, legislativas, económicas, políticas, educativas y culturales y permitirían la realización de cada proyecto (^{Olivé, 2007}, p. 55).

Lo relevante consiste en que cada sector acepte la norma y la valide recurriendo a la racionalidad (^{Villoro, 2009}). La información representa un caso ejemplar de las condiciones de vida en comunidad no tanto porque subyazca bajo la forma de un saber acumulado o por las verdades latentes que consigue revelar, sino porque a partir de su propia naturaleza conceptual se produce la confluencia de ideas y un puente de diálogo intercultural.

Conclusiones

La información documental es vital y primordial en la resolución de contradicciones internas de los individuos, así como dentro de los grupos sociales y para entablar un diálogo cultural recíproco con el resto de la sociedad, en torno a las necesidades apremiantes de cada cual, así como de las generales. La biblioteca reproduce los ideales del Estado (intereses comunes), pero también reafirma las garantías de este respecto de los intereses particulares de cada grupo. El derecho a la información en las sociedades democráticas se convierte en el elemento que equilibra las esferas de lo político, lo civil y los medios y allana el camino hacia un Estado plural.

Puesto que las sociedades democráticas se sostienen en estas tres dimensiones y dado que entre ellas se teje un vínculo correlativo que difícilmente alcanza un equilibrio efectivo, se sostiene que el derecho a la información se convierte en el elemento que puede permitir el equilibrio entre las esferas de lo político, lo civil y los medios y coadyuva en la construcción de un Estado plural. Para fortalecerse, este requiere un acervo básico de reglas de prioridad necesarias, compuesto por un conjunto mínimo de normas y valores que permiten una convivencia armoniosa entre diversos grupos sociales y personas, asumidos de común acuerdo a partir de un pluralismo informativo. Este se nutre de un ambiente democrático deliberativo y participativo y se nota sojuzgado en una democracia representativa.

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece esencialmente la definición de su sistema democrático. En éste se reconoce al pueblo como el origen de la soberanía nacional, al admitir que el poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Determina, además, la posibilidad de que el pueblo pueda alterar o modificar en todo tiempo la forma de su gobierno. En este sistema jurídico hay una clara separación entre las instancias formales de toma de decisiones y la sociedad y por tanto la ciudadanía no participa activamente en el diseño de políticas públicas. La Constitución considera la representación política como uno de los pilares básicos sobre los cuales se asienta el Estado democrático; sin embargo, un sistema democrático representativo es desigual, pues se basa en el principio único de las mayorías sin criterio de ajuste alguno. Además, propicia que las personas que ostentan cargos públicos obtengan ventajas significativas a partir de la desigualdad. La idea de erigir una sociedad democrática basada en la justicia implica implementar los criterios deliberativos de ajuste de la justicia como equidad y la justicia como diferencia.