Entre el despojo y el destierro: una aproximación al problema de la tierra en familias desplazadas por la violencia en colombia¹

Between spoil and banishment: social representations of territory among a displaced population settled in the county of soacha, cundinamarca

Entre a desapropriação e a desterritorizalização: representações sociais sobre território em uma população em situação de deslocamento, assentada no município de soacha, cundinamarca

Resumen

El artículo sigue las propuestas teórico-metodológicas orientadas al estudio de las representaciones sociales acerca del territorio. El propósito es mostrar los resultados parciales de una investigación que busca comprender cuáles son las representaciones sociales que orientan las prácticas e interacciones de personas en condición de desplazamiento forzado, asentadas en las comunas cuatro y seis del municipio de Soacha. Cabe destacar que de acuerdo con los resultados obtenidos algunas de estas personas ven como única alternativa de asentamiento y estabilización socioeconómica al lugar de reasentamiento. Si bien el desplazamiento forzado se traduce en marginalidad y pobreza, la gente prefiere conservar su vida en el destierro.

Palabras clave: desplazamiento forzado, representaciones sociales, territorio.

Abstract

This paper follows the theoretical-methodological guidelines for the study of social representations of territory. It aims to report findings from an ongoing research whose goal is understanding which social representations are guiding practices and interactions among forcedly displaced individuals, settled in communes four and six in Soacha county. According to our findings, it can be said that social representations built by the displaced population legitimate banishment and spoil they were submitted to, since they presuppose the impossibility to recover their lands and have no hopes to return to the place they were tore away from. They just pursue settlement and socio-economic stabilization alternatives in the places they have been taken in. Forced displacement results in marginality and poverty, people undergo a break, turns rootlessness into a continual condition, but people persist in maintaining their lives in exile.

Key words: forced displacement, social representations, come back, territory.

Resumo

O artigo segue as propostas teórico-metodológicas orientadas ao estudo das representações sociais de território. O propósito é divulgar os resultados de uma pesquisa ainda em andamento que busca compreender quais são as representações sociais que orientam as práticas e interações de pessoas em condição de deslocamento forçado, assentadas nas comunas quatro e seis do município de Soacha. A partir do que foi identificado, é possível afirmar que as representações sociais construídas por essa população em situação de deslocamento legitimam a desapropriação e a desterritorialização às quais ela foi submetida, assumindo a impossibilidade de recuperação de suas terras pela falta de esperança em voltar a seu lugar de expulsão. Buscam, nesse sentido, somente alternativas de assentamento e estabilização socioeconômica nos locais de chegada. O deslocamento forçado traduz-se em marginalidade e pobreza, tendo essa população experimentado um processo de ruptura que, por um lado, dá continuidade à sua condição de desenraizamento, mas que, por outro, tende a preservar sua vida na desterritorialização experienciada.

Palavras chave: deslocamento forçado, representações sociais, retorno, território.

Introducción

El artículo es producto de la línea de investigación y atención integral a personas en condición de desplazamiento forzado en el municipio de Soacha, por parte de profesores de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca⁴ y de la Universidad Antonio Nariño.

En el trabajo se parte del reconocimiento de la seguridad personal y la imposibilidad de recuperar las tierras como los factores más importantes por los cuales la mayor parte de las personas en situación de desplazamiento, asentadas en el municipio de Soacha, deciden no retornar a sus lugares de origen. Esto implica un cuestionamiento sobre la manera como se apropian socialmente del territorio de reasentamiento, prestando particular atención a la dimensión de poder y a las prácticas de dominio y control territorial. Asimismo, interesa observar cómo se perciben en función de sus vivencias.

En la investigación, en la que participaron estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca⁵, se trabajó con un grupo de familias usuarias de la Unidad de Atención y Orientación a Población en condición de desplazamiento forzado en Soacha.

Dinámicas del desplazamiento en Soacha

El desplazamiento forzado en el país continúa continua siendo una problemática vigente:

En el 2008, según el documento elaborado por el Centro de Control de desplazamientos internos, citado por CODHES (2010), las cifras se calculan en 4.3 millones de desarraigados en el territorio nacional. Por su parte, los cálculos del gobierno dan cuenta de 2,64 millones hacia agosto del mismo año, esta población está integrada por lo general por campesinos y grupos de minorías étnicas, que son presionados de manera violenta por los diferentes actores armados, con el fin de apropiarse de sus tierras.

De acuerdo con COHDES, durante el 2009 cerca de 286.389 personas tuvieron que desplazarse en el marco del conflicto armado que afecta al país, lo que representa un decrecimiento del 24% con relación al año 2008 (380.863 personas). El desplazamiento afectó al 69% del total de los 1.119 municipios de país.

Tomando como referencia el número de personas en los sitios de reasentamiento, las regiones más afectadas fueron Antioquia (45.774 personas desplazadas, Bogotá (42.999), Nariño (25.772), Valle del Cauca (23.500), Cauca (12.741), Santander (11.442), Meta (9.621), Bolívar (9.529) Huila (9.061) y Córdoba (8.636 personas).

Durante el periodo 2002-2009, la cifra de desplazados asciende a 2.412.834 personas. Esto quiere decir que de 4.915.579 personas que han sido desplazadas en los últimos 25 años en Colombia, el 49%, fueron expulsados de sus lugares de origen en los últimos ocho años (CODHES 2010).

En el 2008, Acción Social reportó 71.815 hogares expulsados violentamente de sus lugares habituales de vivienda, mientras que en el 2009 los expulsados fueron 31.102. Sin duda una cifra muy inferior al estimativo real. Esto obedece a que muchas personas no son reconocidas como desplazados por el Estado o desconocen los procedimientos para que los incluyan en el sistema de registro o sienten temor de visibilizarse ante los grupos violentos que los desplazaron.

Entre las causas que generan el desplazamiento forzado están las presiones por la tenencia de la tierra asociadas, por una parte, a los juegos de intereses en torno a megaproyectos relacionados con infraestructura vial y energética, y a la explotación de recursos naturales a gran escala. Esto ocasiona un cambio en el uso tradicional de la tierra, valorización de los predios y exclusión de las comunidades locales. Otro factor es la disputa por el control de cultivos y rutas de tráfico de coca por parte de grupos al margen de la Ley. Un tercer factor es la confrontación entre las fuerzas del Estado y los actores armados del conflicto, igualmente la confrontación entre estos últimos por el control político territorial.

El municipio de Soacha, localizado en el departamento de Cundinamarca, sigue siendo hoy día uno de los que más recibe población en situación de desplazamiento. Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, entre 1995 y 2006 una población aproximada de 42.312 personas arribaron en esta situación al municipio.

Según cifras que se maneja en la Unidad de Atención al Desplazado, actualmente 30.850 personas en esta situación se encuentran asentadas en este municipio. Sin embargo, de 3 a 4 personas presentan a diario solicitud de ingreso al sistema de registro. Esto supone un grupo humano que aumenta la demanda de servicios públicos, empleo y servicios de salud.

El promedio de permanencia de la población en situación de desplazamiento en Soacha es de 10 años, tiempo en el cual las condiciones de vulnerabilidad se acentúan. Por lo general, esta población tiene menos posibilidades de estabilización económica que otros grupos de muy bajos ingresos económicos del municipio. Soacha está conformada por seis comunas, de las cuales Ciudadela Sucre y Altos de Cazuca concentran el mayor número de personas en situación de desplazamiento, zonas particularmente azotadas por la pobreza y la violencia social y política (Chávez, Falla y Romero, 2008). No es fácil para los desplazados recién llegados adaptarse a los ritmos de la ciudad, considerando que la mayoría provienen de zonas rurales de los departamentos de Tolima, Chocó, Santander y Caquetá.

El fondo del problema es un asunto de tierras

Una mirada a la historia reciente del país permite identificar que en los últimos 30 años, el narcotráfico y el paramilitarismo, mediante estrategias violentas impulsaron una contrarreforma agraria, cuyos resultados se reflejan en una mayor concentración de las tierras en pocos hacendados. Como consecuencia, el despojo generó un despoblamiento de los campos con negativa incidencia en la producción agrícola y ganadera en el país, ahondando la problemática del desplazamiento forzado.

Diferentes estudios coinciden en que el desplazamiento forzado se enfoca de manera intencionada contra grupos específicos, sobre todo los que tienen relación con la tierra (Ibáñez, 2004). Se estima que del total de hogares obligados a migrar, el 70% tenían fincas o parcelas con o sin vivienda. No obstante, la Procuraduría General de la Nación (2006) indica que un obstáculo para determinar el impacto del abandono y la pérdida de los bienes inmuebles rurales es la falta de información legalmente registrada, lo que no permite identificar con exactitud el número de hectáreas abandonadas.

Uno de los aspectos más polémicos del proceso de desmovilización y reintegración a las víctimas tiene que ver con la entrega de bienes a Acción Social. No es desconocido que varios desmovilizados esperan salir de prisión para gozar de los bienes que adquirieron ilegalmente, los cuales están en manos de testaferros. De acuerdo con un artículo del 14 de marzo de 2009 de la Revista Semana.com:

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación, dice que en muchas regiones se crearon nuevas elites agrarias, constituidas por quienes pescaron en el río revuelto de la violencia. «Lo que hicieron los paramilitares era ilegal. Lo que hicieron estas elites no...» Desde un enfoque de capitalismo salvaje, estos empresarios y nuevos ricos sólo aprovecharon una oportunidad para comprar a bajos precios. Pero dentro de un enfoque de derechos, que es como se debe abordar la reparación a las víctimas, el gobierno no puede desconocer que miles de negocios de tierras ocurrieron en un ambiente enrarecido por la guerra (Semana, 2009).

En el mismo artículo revelador el hecho de que:

El inminente fracaso de la restitución y reparación de tierras se refleja en las cifras. Los paramilitares apenas han entregado 6.600 hectáreas al fondo de reparación de víctimas. Aunque ellos quieren entregar más no pueden, pues Acción Social recibe activos saneados. Es decir, sin deudas y con los títulos al día. Por eso muchas de sus tierras terminarán en extinción de dominio. Mientras tanto a los desplazados les han entregado apenas 60.000 hectáreas, muchas de las cuales han tenido que abandonar de nuevo por amenazas y reclamos de las mafias (Semana, 2009).

No cabe duda que el problema es muy grave. En consecuencia, un número grande de personas en situación de desplazamiento prefiere seguir poblando los cinturones de miseria de las grandes ciudades antes de retornar a sus lugares de origen o buscar la restitución de sus bienes.

Si bien es cierto, el actual gobierno nacional está promoviendo una Ley que permita devolver las tierras a la población desplazada, no es claro cuál será el mecanismo para que esos bienes lleguen a sus verdaderos dueños. Por ejemplo, con el fin de identificar el testaferrato (estrategia utilizada por los paramilitares, guerrilla y narcotraficantes para garantizar la titulación de las tierras), el gobierno propone crear una base de datos a nivel nacional que dé cuenta de los propietarios de los terrenos hasta 1991, así cuando una persona que fue desplazada se acerque a pedir la devolución de sus predios se identificara la veracidad de su información en el sistema y se le entregara el título. En este sentido, serán los poseedores actuales quienes deberán demostrar la legalidad de la tenencia de la tierra. Sin lugar a dudas, dicho proyecto tendrá que sortear grandes obstáculos para que se logre la reparación real a las víctimas.

Otros aspectos complicados tienen que ver con la extinción de dominio, la formalización de una gran cantidad de predios que no cuentan con documentos de propiedad, la reforma o modernización del impuesto predial rural y la organización del uso que se le debe dar a la tierra en Colombia para hacerla más productiva.

Por su parte, Acción social de la Presidencia de la República busca emprender un programa de promoción al retorno, que sea voluntario, con garantías y digno; dirigido a las familias en situación del desplazamiento en todo el país. El programa promete acompañar los procesos de retorno con asistencia alimentaria, infraestructura de servicios y alternativas de estabilización socioeconómica; e involucra la participación de entidades del orden territorial y local. La pregunta es si la población afectada desea retornar al lugar donde ultimaron a sus seres queridos y vecinos y fueron obligados a abandonarlo todo.

Una realidad en cifras

En el marco de la investigación sobre la que se basa este artículo se analizaron 31 instrumentos de valoración sobre la vulnerabilidad de personas en situación de desplazamiento forzado. Estos instrumentos son aplicados por Acción Social de la presidencia de la República a la población usuaria de la Unidad de Atención al Desplazado en Soacha y sirvieron de base para la investigación sobre la que se basa este artículo. En el marco de esta investigación, con referencia a los análisis sobre vulnerabilidad social se siguieron autores como Kaztman (2000), Busso (2001) y Suárez (2002).

En las Figuras 1 a 14 se sintetizan algunos aspectos importantes que permiten entender que realmente no todas las personas en situación de desplazamiento desean retornar a los lugares de los que fueron expulsadas, incluso si las condiciones actuales en las que viven en el sitio de reasentamiento son más precarias que las que tenían en sus lugares de origen. Si bien el diagnóstico podría estar dando cuenta de las familias a las que se visitó y entrevistó, en investigaciones anteriores (Chávez, Falla y Romero 2008; Romero, Arciniegas y Jiménez 2006) se ha observado que la negativa al retorno es más común de lo que el gobierno quisiera aceptar.

En el diagnóstico se aprecia que la mayoría de las cabezas de familia eran propietarios de sus predios (Figura 1). Si bien los materiales predominantes de las viviendas eran rudimentarios (Figura 2); en los lugares de reasentamiento la calidad es inferior, pues predominan las construcciones con materiales reciclados: madera, lata, etc.

La mayor parte de la población poseía servicios públicos (Figura 3) aunque no todos disfrutaban de agua potable, esta situación se mantiene en el municipio de Soacha debido a la falta de acueducto y alcantarillado en varias comunas. Respecto a los subsidios por parte del Estado antes del desplazamiento (Figura 4), prácticamente todos los entrevistados afirman que no tuvieron subsidios para mejoramiento de vivienda o para desarrollos agrícolas, etc.

En relación con el departamento donde se dejo abandonado el predio, un alto porcentaje de los entrevistados provienen del Tolima, Huila y Chocó (Figura 5). Esto no excluye que en otras ciudades del país lleguen más personas en situación de desplazamiento procedentes de otros departamentos diferentes a los mencionados. La principal vocación económica en los lugares de origen era la agricultura (Figura 6), razon por la cual experimentan mayores dificultades para encontrar trabajo en la ciudad. En cuanto al tipo de relación que establecían con la tierra, se aprecia que la mayoría eran propietarios (Figura 7). Al parecer la tenencia del predio era más de hecho (Figura 8), pues la mayoría afirma no tener un título de propiedad como tal. Esto dificulta aún más la restitución de los bienes que contempla, por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz (Pizarro, 2009:93).

En el diagnóstico también se aprecia que si bien la zona donde estaba ubicado el predio pudo haber sido declarada por un comité como de inminente desplazamiento (Figura 9), después de éste la mayoría de la población desconoce sus beneficios. La mayoría de los predios abandonados por los entrevistados actualmente no figuran de esta manera por el INCODER (Figura 10). Aquí podría estarse confirmando lo de la expoliación de la tierra en beneficio de terceros.

La mayoría de los entrevistados manifestaron su deseo de permutar sus tierras abandonadas por otras tierras lejos de su lugar de origen (Figura 11). De hecho, la mayoría prefiere seguir viviendo en Cundinamarca, cerca de Bogotá, así sea en condiciones más precarias a las que tenían. Al parecer sienten mayores garantías de seguridad, pero también reconocen que cerca de la capital puede haber mayores oportunidades laborales. Un porcentaje menor prefieren volver a sus tierras o al departamento de origen (Figura 12).

Comentarios finales

Las personas con las que se trabajó en la investigación proceden de zonas rurales, para ellas llegar a la ciudad significó enfrentarse a un mundo completamente diferente: «Aquí todo es muy distinto, uno se pierde fácilmente», decía un entrevistado.

En el lugar donde vivían nunca faltaba lo necesario para vivir, mientras que en los sitios de reasentamiento las condiciones son precarias. No es desconocido que varios han tenido que recurrir al hacinamiento y la mendicidad.

La condición de haber sido forzada a dejar su tierra ha generado en la población entrevistada sentimientos de frustración y de ruptura total con sus bienes, la mayoría los consideran perdidos y prácticamente sin posibilidades de recuperarlos.

No es extraño que las personas que participaban en organizaciones de base en sus lugares de origen, sean las que se sientan motivadas, con ciertas reservas, a participar en comités en los lugares de reasentamiento. En contraste, la mayoría prefieren no participar en ninguna organización comunitaria o política. Para ellas es difícil sustraerse al sentimiento de desconfianza hacia el Otro. Además, les ha sido difícil crear sentido de pertenencia con el barrio de reasentamiento y sentirse identificadas con las causas comunes de sus habitantes.

Si bien en Soacha opera la mesa de interlocución y de organizaciones de población desplazada; su representatividad y aceptación en el común de la población es muy baja, esto permite entender el poco impacto que tienen en la solución de los problemas en las comunidades.

La población en situación de desplazamiento se enfrenta con la disyuntiva de volver a su lugar de origen en el marco de los programas de retorno que impulsa el gobierno o permanecer en el sitio de reasentamiento, la balanza se inclina hacia lo segundo.

En diferentes investigaciones se ha evidenciado que asimilar el desplazamiento resulta ser más difícil para los hombres que para las mujeres. Una entrevistada mencionaba que por su condición de madres son más receptivas y acogen con interés las invitaciones de los grupos de asistencia social y de generación de iniciativas productivas, convirtiéndose en proveedoras económicas. Frente a esta situación, no son pocos los hombres que han optado por abandonar sus hogares.

Desde la perspectiva del trabajo social, sigue siendo importante promover el aprendizaje de nuevos oficios, potencializando las vocaciones vitales tanto en los hombres como en las mujeres. No se trata de enseñar por enseñar sino de generar procesos de aprendizajes que permitan asimilar el pasado, asumir el presente y construir el futuro.

La desgracia del desplazado, tal como lo expresaba un entrevistado, es que al problema de su situación se suma cierta envidia y rechazo por parte de los otros habitantes de los barrios de reasentamiento. No es desconocido que el asistencialismo social genera una forma de exclusión hacia esos otros. De hecho, en los últimos diez años infinidad de recursos se han canalizado hacia programas de asistencia social que tienen como condición trabajar sólo con población desplazada. Infortunadamente el problema de la pobreza o de la vulnerabilidad social si se prefiere utilizar sólo este término, no es exclusivo de quienes han padecido el horror del desplazamiento.

Es claro que el accionar violento en las zonas rurales se ha dirigido principalmente hacia quienes poseen tierras y no cuentan con la protección de algún organismo del Estado. Igualmente es claro que la falta de información acerca de las tierras adquiridas y ocupadas ilegítimamente en el conflicto, no permiten establecer un cálculo real de las propiedades que ha perdido la población en situación de desplazamiento forzado.

Terminemos diciendo que el problema del desplazamiento forzado ha ocasionado una gran pérdida en los contenidos culturales de las diferentes regiones del país al romper el tejido social de los individuos y sus vínculos de pertenencia con sus terruños. Esta problemática ha deteriorado el capital cultural colombiano.

Pie de página

Bibliografía

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