Introducción

La central hidroeléctrica Belo Monte (PA), uno de los mayores emprendimientos del PAC (Plan de Aceleración del Crecimiento), será, al concluirse, la tercera mayor central hidroeléctrica del mundo. En noviembre de 2015, el IBAMA expidió la Licencia de Operación, que permitía empezar el llenado del reservorio. En diciembre, según los datos informados por el «2( Balance del PAC (2015-2018)», publicado por el Ministerio de Planeación, las obras de la UHE Belo Monte se habían completado en un 83%. El valor invertido en contrapartidas socioambientales fue de R$2 mil 500 millones por medio de la ejecución de 158 programas y proyectos. El mismo documento afirma que las 5.421 familias que vivían en los igarapés, en zonas anegables del río Xingu, «sin ningún tipo de infraestructura sanitaria, ya están reasentadas en cinco barrios nuevos, con tratamiento de agua y aguas negras, pavimentados, e instalaciones sociales y de esparcimiento» (Brasil, 2015, p. 36).

En el «Plan de atención a la población afectada», publicado en el PBA (Plan Básico Ambiental), documento que contiene programas y proyectos de Norte Energia para la implementación, construcción y operación de la central hidroeléctrica (UHE Belo Monte), la empresa hace referencia a los manuales de políticas operativas de los organismos multilaterales¹ que refuerzan el objetivo de la política de reasentamiento involuntario: «Es asegurar que las personas que sufran un desalojo físico o económico, como resultado de un proyecto, no queden en peor situación, sino mejor de lo que estaban antes de la realización del proyecto» (Norte Energia, 2011, p. 271).

En la perspectiva de diferentes actores sociales, confrontando datos e informaciones oficiales, existen controversias en cuanto al cumplimiento de las metas del «Plan de atención de la población afectada» del PBA (2011). En lo que toca al reasentamiento de las poblaciones en zonas urbanas, por ejemplo, el ISA (Instituto Socioambiental) afirma en el Dossier Belo Monte (2015) sobre el reasentamiento en Altamira (PA). La población fue «obligada a dejar sus casas de manera rápida y forzada, ya fuera por causa del inicio de la construcción de las estructuras de la central o debido al futuro llenado del reservorio, eso fue un proceso traumático y desordenado para las más de ocho mil familias que se consideraron ‘interferidas’ por el proyecto (^{Palmquist, 2015}, p. 13). El ISA también informó que 3.000 familias que residen en los reasentamientos urbanos colectivos (RUC) de Norte Energia necesitan servicios públicos adecuados: transporte, energía, salud y educación.

Sobre los impasses que involucran a empresarios y afectados, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos (2010)² afirmó que los actores sociales implicados reconocen que uno de los principales cambios sociales introducidos por la represa es el desalojo forzado y los procesos sociales, económicos, políticos y culturales asociados». Por otro lado, dice el CDDPH que «la reparación -reposición, indemnización o compensación- de los efectos negativos de estos cambios constituye, y hasta el día de hoy, el principal desafío» (^{CDDPH, 2010}, p. 21).

El MAB (Movimiento de afectados por las represas), desde su constitución en 1991, viene desempeñando un papel histórico en la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por las represas. Dentro del MAB, se creó en 2011, el Colectivo Nacional de Mujeres, cuya trayectoria se cruzó con las bordadoras de los suburbios de Santiago (Chile), mujeres que resistieron a la dictadura cosiendo la resistencia.

Es en ese marco de impasses entre empresarios y afectados que analizamos la actuación del Colectivo de Mujeres. Con apoyo de la Unión Europea, el movimiento desarrolló un proyecto de formación política y capacitación para mujeres. «Afectadas por represas, cosiendo derechos» es el nombre del proyecto de los talleres de arpilleras que recorrió nueve estados brasileños: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Pará, Rondônia, Ceará, Bahia. Según el movimiento, en dos años, se capacitó a cerca de 800 mujeres en la técnica del bordado y la costura en arpilleras.

La finalidad de los talleres es promover encuentros para discutir el modelo energético brasileño, además de denunciar violaciones de los derechos de los pueblos afectados por represas, además de eso las mujeres aprenden a bordar arpilleras. En este artículo analizamos desde la dinámica de los talleres hasta la producción final de las arpilleras. Con énfasis en la metodología empleada, se hace la pregunta ¿cómo contribuye esa actividad a empoderar las mujeres afectadas?

Para comprender los efectos de la pérdida de los lazos de solidaridad en la comunidad estudiada, abordamos el tema en la perspectiva de diferentes actores sociales involucrados en el proceso. En la secuencia, mostramos cómo los talleres de arpilleras (técnica textil chilena de bordado y costura sobre soporte de fique) constituyeron un instrumento de empoderamiento de las afectadas. Finalmente, analizamos la pérdida de redes de sociabilidad, a través de las arpilleras, con el fin de mostrar cómo el reasentamiento involuntario cambió la vida de las comunidades que vivían en los «bajíos», en Altamira (PA).

Para comprender los impactos del desplazamiento en la comunidad estudiada, además de la «lectura» de las arpilleras producidas por mujeres que viven en los RUC, también se realizaron entrevistas usando el método «grupo focal». Entrevistas grupales (^{Gondim, 2003}, p. 151), son aquellas donde el entrevistador, en ese enfoque, adopta una postura de facilitador del tema de discusión. Una parte de las entrevistas se realizó en el contexto del taller de la Exposición Amazónica, realizada por el MAB, en Belém (PA), donde hubo el intercambio con arpilleristas y líderes del MAB.

En esa perspectiva, se partió de la etnografía también como método, dado que la etnografía es una ciencia que busca el significado intrínseco de las palabras y las acciones. Es dentro de ese marco conceptual que se dota la cultura de significados, no es un poder, sino un sistema de signos entrelazados e interpretables, «ella es un contexto, algo dentro de lo cual pueden describirse de manera inteligible, es decir, descritos con densidad» (^{Geertz, 2008}, p. 10). A propósito, el título «El agua es de los pueblos y no de Belo Monte» fue el tema de la arpillera producida en el taller, el 29 de septiembre de 2016, en Belém (PA). Durante el taller, la entrevistadora y coautora de este artículo participó con las mujeres afectadas en la experiencia de bordar y coser una arpillera colectiva.

Desplazamientos y pérdida de redes de sociabilidad

Comenzando por los órganos gubernamentales. En 2005 se publicó: «Directrices ambientales para proyectos y construcciones de represas y operación de reservorios», del Ministerio de Integración Nacional, Secretaría de Infraestructura Hídrica. El documento reconoce que el desalojo forzado puede acarrear costos sociales que van más allá de los costos financieros y otros gastos que anteriormente no hacían parte de los gastos de las poblaciones afectadas. El documento afirma: «Son los costos asociados a la desestructuración de lazos de vecindad» (2005, p. 28).

El retiro de una comunidad, o parte de ella, de su «hábitat físico y social», de acuerdo con las «Directrices ambientales» (2005, p. 28), puede conllevar aspectos negativos que no tienen «solución óptima»³, y recomienda, en la medida de lo posible, ofrecer condiciones para la reconstrucción «de ese hábitat». El documento gubernamental orienta, en el caso de la reorganización, que el mismo conlleve una mejoría de la calidad de vida de la población, considerando que «la población que queda se vería, probablemente, beneficiada por las obras que se ejecutarán» (2005, p. 28). Dado que la dirección del proceso le corresponde al responsable del proyecto, el documento recomienda también considerar que, en general, se trata de poblaciones de bajos ingresos, con poca movilidad social y con poder de negociación casi nulo.

Las «Directrices ambientales» (2005, p. 28) definen que en el caso de proyectos que impliquen el reasentamiento, los programas ambientales deben garantizar, como mínimo, el restablecimiento de las condiciones de vida preexistentes, buscando, siempre que se mejore el nivel de vida de las familias afectadas. Las condiciones de reubicación de los afectados, propuestas en las directrices para la construcción de represas, no se llevan a la práctica, por lo menos es lo que se observa en procesos de litigios entre emprendedores y afectados.

Otros actores sociales entran en escena: la Comisión Especial «Afectados por las Represas» del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, constituida (2005) para el estudio de las denuncias de violaciones de derechos humanos define como pérdidas sociales: las alteraciones impuestas en circuitos y redes de sociabilidad «siempre que impliquen la ruptura de relaciones importantes para la reproducción social, consideradas las dimensiones culturales y la identidad de los grupos, comunidades y familias afectadas» (2010, p. 31).

Cuando se trate de pérdidas de naturaleza afectiva, simbólica y cultural, consideradas «inmateriales e intangibles» y, por tal razón no «susceptibles de cuantificación y monetarización», la recomendación del Consejo es que se proceda a una discusión y negociación amplias (2010, p. 31). Para corroborar esta afirmación, el CDDPH cita al IOCPGSIA (Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment, 2003).

Por impactos sociales se entienden las consecuencias sobre las poblaciones humanas de cualquier acción pública o privada que altere los modos como una población vive, trabaja, se divierte y se relaciona tiene relación con otras poblaciones, se organiza para atender sus necesidades y, de modo general, se comporta como integrante de la sociedad. El término incluye impactos culturales que implican cambios de normas, valores y creencias que guían y racionalizan su reconocimiento de sí mismos y de su sociedad. (^{CDDPH, 2010}, p. 30)⁴

Taller de arpilleras para mujeres afectadas por represas

Según el informe de la Comisión Mundial de Represas, la violencia contra el sexo femenino aumentó en regiones de proyectos hidroeléctricos, principalmente en el período de construcción, cuando se presenta una gran migración de trabajadores para las canteras de la obra. Debido al incremento poblacional aumenta también considerablemente los casos de explotación, trata y estupro de mujeres, lo que las pone en una posición de vulnerabilidad (^{Januzzi, 2015}, p. 2).

Para denunciar las violaciones de derechos humanos y la condición de vulnerabilidad de las mujeres afectadas se creó, en 2011, durante el Encuentro Nacional de las mujeres afectadas por Represas, el movimiento Colectivo de Mujeres. Según la organización del evento se hicieron presentes 500 personas en representación de 16⁵ estados brasileños, además de líderes de Argentina, Paraguay y México. En la clausura del evento se divulgó la «Carta del Encuentro Nacional de Mujeres del MAB», donde se denuncian los impactos de las obras en represas en la vida de las mujeres afectadas:⁶

Fue en 2012, durante la exposición «Arpilleras de la resistencia política chilena»,⁷ que el MAB entró en contacto con Roberta Bacic, curadora de la exposición, para conocer el movimiento de las arpilleras en Chile. En la misma oportunidad, el MAB también conoció los talleres de arpilleras facilitadas por Esther Vital García, psicóloga y educadora.

Al año siguiente, Esther Vital coordinó el proyecto «Afectadas por represas, cosiendo derechos». El primer taller se realizó en Buenos Aires, bajo la supervisión de Roberta Bacic. El objetivo era capacitar a las coordinadoras del MAB para que se convirtieran en multiplicadoras de la técnica de producción de arpilleras.

Según Esther Vital, la finalidad del proyecto es enrolar a miles de mujeres afectadas «con el fin de construir una formación con afectados y afectadas para que puedan convertirse en defensores y formadores en derechos humanos»⁸.

Durante el taller, en Buenos Aires, se demostró la metodología para capacitar a las afectadas. Las actividades comenzaban con una conferencia sobre la resistencia de las mujeres chilenas a la dictadura de Pinochet (1973-1990) y el empleo de las arpilleras como instrumento de denuncia de violaciones de los derechos humanos.

Después de la conferencia, una visita guiada a la exposición «Retazos testimoniales: arpilleras de Chile y otras latitudes»⁹, en el Parque de la Memoria, dirigida por la curadora Roberta Bacic, donde las mujeres del Colectivo aprendían sobre la historia de las arpilleras latinoamericanas. En la sesión práctica se enseñaba el bordado y la costura sobre tela. Al término del taller, el grupo confeccionó la arpillera «¿Dónde están nuestros derechos?». En el encuentro, Roberta Bacic destacó que la técnica de la arpillera es un instrumento de empoderamiento.

Las mujeres tuvieron que empoderarse frente a los problemas que las afligían y actuaran con las herramientas que tenían a su alcance, en este caso la costura. Los talleres de arpilleras, apoyados por el Vicariato de la Solidaridad y otras instituciones de Chile, generaron en ellas un espacio de socialización, fraternidad, diálogo, acción y reflexión. Estos talleres también fueron fuente de empleo. (Bacic en Weissman, 2013)¹⁰

Entre 2013 y 2015, las mujeres produjeron 70 arpilleras, según la coordinación del movimiento. En octubre de 2015, participaron en la exposición internacional:¹¹ «Arpilleras, bordando la resistencia», en el Memorial de América Latina (São Paulo). La muestra reunió 25 piezas elaboradas en los talleres del MAB. «Para nosotras, mujeres afectadas, las arpilleras han sido un camino para denunciar nuestras historias negadas», destacó una de las organizadoras del evento, integrante del Colectivo de las Mujeres. Ella resaltó que la represa «llega sin información alguna, sin consulta, destruye nuestro tejido social y comunitario, nuestras redes de apoyo, trayendo consigo marginación, prostitución y violencia sobre nuestros cuerpos»¹². Además de la técnica y los intercambios de experiencias, las arpilleristas aprenden sobre empoderamiento y formación política. El Colectivo de Mujeres se expresa en las palabras de una de las coordinadoras:

Nosotras las afectadas, tenemos nuestras vidas rasgadas. En las arpilleras, hemos encontrado el hilo, el fique, la línea para coser un sentido, empoderarnos como sujetos en el proceso de emancipación humana, afirmando nuestra identidad de luchadoras frente a la realidad desigual del modelo energético brasileño¹³.

Coser, ¿un acto transgresor?

Durante la dictadura militar chilena, las mujeres de Santiago hicieron de la costura un acto transgresor. Eduardo Galeano escribió: «Chile es este mundo de trapos coloridos sobre un fondo de sacos de harina. Con sobras de allá y trapos viejos bordan las bordadoras, mujeres de los suburbios miserables de Santiago» (1997, p. 156). En Bordadeiras de Santiago, Eduardo Galeano muestra que las primeras arpilleras fueron producidas por mujeres de los presos políticos y después muchas otras se pusieron a bordar.

Una actividad considerada parte del universo doméstico femenino, el bordado se transformó en un acto de empoderamiento. «Bordando arpilleras las mujeres se reúnen, interrumpen la soledad y la tristeza y por unas horas rompen la rutina de obediencia al marido, al padre, al hijo varón y al General Pinochet» (^{Galeano, 1997}, p. 156).

La crisis económica impulsó la búsqueda de talleres de arpilleras en el Vicariato de la Solidaridad, entidad ligada a la iglesia católica, con actuación en la defensa de los derechos humanos. «El desempleo golpeó a las familias chilenas con una fuerza devastadora, las sumergió en la miseria, lo cual favoreció el surgimiento de las productoras de arpilleras» (^{Moya-Raggio, 1984}, p. 278). Los talleres se realizaban en la sede de la iglesia y el material para la confección de arpilleras provenía de donaciones. Un tesorero estaba encargado de llevar la producción a un puesto de venta y pagar a las artesanas. Del 10% al 15% del valor recaudado se destinaba a un fondo colectivo.

La técnica textil, de origen en la tradición popular de las bordadoras de Isla Negra (Chile), resurgió, hacia la década de 1950, con Violeta Parra, cantora, folclorista y arpillerista. Las mujeres pobres usaban sacos de harina para coser sus historias, punto por punto, todo se hacía a mano y en forma colectiva. La arpillera dependía del tamaño del saco de fique que, después de lavado, se dividía en seis partes «para que el mismo número de mujeres bordaran sus historias, la de su familia o de la comunidad. La tela de fondo se llama arpillera, lo que le da su nombre a esta expresión artística popular» (^{Bacic, 2012}, p. 6).

Para contar una historia, según James ^{Young (2005}), el artista hace uso de cualquier estilo, técnica o género, siempre que sea algo familiar para su conocimiento y que represente su identidad; sin embargo, situaciones de desplazamientos forzados, catástrofes y guerras, donde se exige nuevas formas de expresión, transforman «no solo al narrador de historias, sino también la manera como toda una cultura cuenta historias» (Young, 2005, p. 31). Eso fue lo que sucedió en Chile con las arpilleras, manifestación artística singular del arte popular latinoamericano, se reveló como «un arte nacido de la adversidad y de la vida cotidiana, un arte que desafió la dictadura. Arpillera, en lengua española pasó a significar la tela de la resistencia» (^{Agosin, 2008}, p. 24).

Roberta Bacic afirma que, a través de la técnica, las mujeres denunciaron la represión durante la dictadura; además, los bordados rompieron «el silencio impuesto por la situación que en ese entonces se vivía en el país. Hoy ellas son un testimonio vivo y presente, y una contribución a la memoria histórica de Chile» (Bacic, 2012, p. 7). Para Marjorie ^{Agosin (2008}), el lenguaje visual de la arpillera es el lenguaje de la emoción. El tejido empleado en el bordado es algo íntimo y delicado, además, la experiencia de trabajar con esa artesanía evoca una función personal de memoria. La costura que junta retazos en la arpillera implica una relación íntima entre las manos de la arpillerista, su historia y el tejido.

Muchas veces hasta el tejido usado en la costura era portador de historias de personas que sufrieron violaciones. Madres chilenas cosieron arpilleras con telas de las ropas de sus hijos muertos en la dictadura. «He visto muchas veces cómo el tejido está lleno de lágrimas, donde la memoria no es algo evasivo, sino personal, y tiene formas concretas que están en oposición radical a las acciones de la dictadura» (^{Agosin, 2008}, p. 17).

Al inicio de los talleres (1975), las piezas eran anónimas por temor a la represión política. Algunas arpilleras traen al reverso, en un bolsillo oculto, cartas con una descripción del bordado. «Así, surgía una doble narrativa: una que aparecía visualmente en la tela bordada y la otra que estaba oculta en la parte de atrás, por escrito» (^{Agosin, 2008}, p. 57).

La producción de arpilleras como instrumento de resistencia política trascendió las fronteras de Chile, la técnica se difundió en Zimbabue, Senegal, Colombia, Perú, Cataluña, Irlanda del Norte e India. Para Alba ^{Hernández y María Viñolo Berenguel (2010}), la confección de arpilleras se constituye en alternativa de participación y resistencia social de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Al tiempo se organizan y movilizan como ciudadanas, a quienes se les ha vulnerado sus derechos humanos más básicos. Denuncian la represión, la tortura, la desinformación, la escasez o aumento de los precios de los alimentos básicos, la falta de infraestructuras en los barrios, como el agua o la luz. Alzan sus voces de hilo y aguja en denuncia a la situación política del país que las dejaba sin acceso a bienes públicos como la educación, la sanidad, la justicia o el trabajo. (^{Hernández e Berenguel, 2010}, p. 45)

Alba Hernández y María Viñolo Berenguel destacan el papel de las arpilleristas como agentes de transformación social. Las mujeres cuando tejen sus historias también representan la historia de la comunidad donde viven. Muchas de ellas son mensajes con pedidos de paz, justicia y respeto a los derechos humanos. Las narrativas muestran, a través de la mirada femenina, la costura que se opone a la memoria oficial. Esto puede observarse en el diseño de las arpilleras que, detrás de la aparente inocencia de las telas coloridas y figuras tridimensionales, encuentra historias de resistencias. «De esta forma, con sus tejidos clandestinos, dejan testimonio de la memoria colectiva de un país cuyo relato de la Historia era solamente uno» (Hernández y Berenguel, p. 2010, 46).

En Brasil, el movimiento de las mujeres afectadas se cruzó con la trayectoria de las arpilleristas chilenas. Adoptaron el modelo de los talleres del Vicariato de la Solidaridad, exceptuando sus especificidades: una de ellas, por ejemplo, es que las piezas hechas en los talleres del MAB no son fuente de ingresos, son instrumentos de movilización y denuncia de violación de derechos de los pueblos afectados. «Construimos arpilleras no para tener un sustento económico, sino para tener una herramienta, una forma de liberarse de un sistema que es muy opresor para las mujeres» (Edizângela Barros, MAB/Amazonas en ^{Penzani, 2015}, p. 43).

La primera arpillera producida por el Colectivo de las Mujeres (2014), que representaba la pérdida de redes de sociabilidad recibió el título «Tractores hambrientos» (Figura 1). «La ruptura del tejido social, la pérdida de la convivencia y de los lazos de comunidad es la temática abordada en esta arpillera» (MAB, Catálogo, 2015, p. 44).

Fuente: Catálogo Arpilleras, bordando la resistencia. 2015, p. 45

Figura 1 Arpillera Tractores hambrientos. 

«Tractores hambrientos» muestra la comunidad antes y después de la represa. En la parte inferior, un grupo de personas alegres y unidas; árboles en pie y casas coloridas y variadas. En la parte central está representada la construcción de la represa, donde están los «tractores con hambre, con la boca abierta». En la parte superior, representando los lazos comunitarios rotos: en el reasentamiento, las casas son iguales, sola, la mujer embarazada de un operario de la represa que se fue cuando la obra terminó (MAB, Catálogo, 2015, p. 44).

Fuente: Catálogo Arpilleras, bordando la resistencia. 2015, p. 29.

Figura 2 Arpillera Mujeres, agua y energía no son mercancías. 

En la secuencia presentamos la ruptura de los lazos comunitarios en arpilleras amazónicas y la metodología de los talleres. El testimonio de Gisely de Itaituba (PA), facilitadora,¹⁴ sobre los encuentros con mujeres afectadas en Altamira.

Venimos organizando las comunidades para hablar del modelo energético para fortalecer la base, para fortalecer y organizar, formar grupos de base dentro de la comunidad y para eso la gente usa la técnica de las arpilleras, lo que nos ayuda a llamar a las mujeres, ya sea para discutir sobre violaciones de los derechos humanos, sea para discutir cuáles son sus derechos¹⁵.

Sobre el método de reunión con las afectadas, «Primero trabajamos el debate político: qué es el MAB; qué es ese modelo energético y después trabaja la técnica de las Arpilleras y se debate lo que se hizo¹⁶. Se necesita todo un día para enseñar la artesanía. Comenzando en la mañana y terminando al final de la tarde. El primer día, la gente logra tener un material casi listo, no se termina en un día, la gente pone los alfileres y todo lo demás, lo lleva a su casa, donde otra mujer del grupo logra otro día terminar de hacer esa pieza» (acabado)¹⁷.

La facilitadora del taller aclara que antes de comenzar la costura, «se hace este debate político explicando por qué estamos haciendo, decir lo que son las arpilleras es la razón por la que estamos trabajando con esta técnica»¹⁸. La cantidad de piezas producidas depende del número de mujeres en el taller; por lo general, ellas se dividen en cuatro grupos. Lo ideal en cada grupo, según Gisely, para abrir el debate y el bordado, serían seis mujeres.

Cleidiane, coordinadora del MAB/Amazonía, destaca que el movimiento ya hacía un trabajo organizativo con las mujeres, pero con las arpilleras ha sido posible registrar denuncias de violación de los derechos de los afectados. Además, la técnica hace posible «transcribir a través del bordado, transbordar ese debate del que muchas veces ellas no lograban hablar, pero que ahora con el retazo, ellas lo han logrado, y percibimos eso cuando nos reunimos con las mujeres en ese debate»¹⁹.

Representaciones de la ruptura de los vínculos comunitarios en arpilleras amazónicas

La construcción de grandes centrales hidroeléctricas, además de los cambios socioeconómicas y ambientales, acarrea la pérdida de redes de sociabilidad en las comunidades afectadas. «El rompimiento de los vínculos familiares y comunitarios de las familias reasentadas» es el título de la arpillera paraense, bordada por mujeres afectadas de la UHE Belo Monte, en Altamira. Siguiendo el modelo de las arpilleras chilenas, localizada en el reverso de la pieza, hay una carta escrita por ellas.

Fuente: Colección MAB. Altamira, PA

Figura 3 Arpillera Ruptura de los lazos familiares y comunitarios de las familias reasentadas (2015).  

La carta habla de la expectativa de las mujeres que residían en palafitos, en Altamira, antes de ser retirados. Norte Energia presentó un proyecto do Reasentamiento Urbano Colectivo (RUC) en casas hechas de ladrillo en tres tamaños. La empresa comunicó a la comunidad que propietarios, agregados e inquilinos tendrían derecho de residencia y «nos dijeron que permaneceríamos cerca de nuestros familiares y vecinos y que nuestra vida no cambiaría». (MAB. «Ruptura de los lazos familiares y comunitarios». Carta, de Altamira, 2015).

En la arpillera podemos ver un lazo como línea que une dos casas, un símbolo de los lazos de vecindad. La expectativa no se concretó, «pues los lazos familiares y comunitarios se rompieron y nos pusieron lejos unos de otros». En los bajíos de Altamira, donde la comunidad vivía, no era un lugar perfecto, «pues tenía varios problemas como la falta de políticas públicas, pero éramos felices con nuestra familia y nuestros vecinos, donde nos ayudábamos unos a otros». Para las mujeres afectadas, «Norte Energia nunca va a reponer el bien más preciado que teníamos: el vínculo familiar y comunitario» (MAB. «Ruptura de los vínculos familiares y comunitarios». Carta de Altamira, 2015).

Para Ana Soares Barbosa, la demolición de las casas, en los bajíos de Altamira se llevó «historias construidas y consolidadas hacía cerca de 30 años, entre amigos, vecinos y jóvenes, quienes hicieron de los bajíos su espacio de residencia, trabajo, esparcimiento y cultura». Acabó con el modo de vida de la comunidad, que aprendió «con los fenómenos naturales de las subidas del río Xingu a definir su propio tiempo de trabajo y ocio, a ser solidarios los unos con los otros en los momentos de las crecidas» (Barbosa, 2015, p. 119).

Sobre pérdidas simbólicas, Helena Palmquist dice que el 13 de junio no se hará la tradicional celebración de San Antonio en la comunidad del mismo nombre «que existía desde la década de 1970, entre la autopista Transamazónica y el río Xingu». La comunidad sacada, pues se encontraba en el camino de la represa. No habrá festejos, pues la urbanización recibirá un nuevo nombre. «Las 252 casas fueron demolidas y los residentes, agricultores y pescadores que llevaban el modo de vida tradicional de las comunidades rurales de la Amazonía, fueron trasladados a ciudades de la región, lejos del río Xingu» (Palmquist, 2015, p. 122).

Fuente: Exposición Cosiendo la lucha por los derechos - Centro Cultural Sesc Boulevard - Belém (2016). Colección del MAB.

Figura 4 Arpillera La destrucción de la comunidad, Altamira. 

«La destrucción de la comunidad» muestra el retiro de las familias que habitaban en palafitos, en los bajíos. A la izquierda, el río, la iglesia, la escuela, y casas de madera derrumbadas por el tractor. En el mensaje de la arpillera, un registro de la preocupación de los moradores sin títulos de propiedad ni recibos de alquiler. A la derecha, resaltadas, las líneas de transmisión que muestran que la energía generada por Belo Monte no se quedará en la comunidad, como dice la carta: «Energía que se lleva fuera de la región», y no trae beneficios para los afectados. En el plano superior, las casas uniformes, y se observa que Norte Energia ofrecía tres opciones de colores y tamaños. Recibirían casas en el reasentamiento las familias registradas, con derecho a indemnización y según criterios definidos por la empresa.

En el caso, afectados con derechos asegurados, podrían optar por carta de crédito o residencia en la urbanización de Norte Energia. En esa arpillera, las afectadas denuncian la especulación inmobiliaria en Altamira, pues el valor de las indemnizaciones se avaluó por debajo del valor de mercado.

El PBA de Norte Energia (2011, p. 40) identifica el área del Igarapé Altamira como ubicado, entre los tres igarapés de la zona urbana de Altamira, «el que se encuentra en mayor estado de degradación ambiental». En los trechos entre la boca y la Calle Pe. Antônio Goldim «es posible observar las estructuras en palafitos donde viven miles de personas en condiciones de alta vulnerabilidad, con el riesgo de contaminación, inundación, caída de personas (en la temporada seca los palafitos pueden llegar a más de tres metros de altura) y colapso de las pendientes» (Norte Energia, 2011, p. 40).

Soeren Weissermel hace críticas al Proyecto Básico Ambiental de Norte Energia por ignorar la historia de los barrios y de las familias en su entorno. Historias que son «fundamentales para la memoria y los lazos de los moradores afectados. Al ser barrios muy centrales, uno de sus aspectos más relevantes es la proximidad de todos los servicios, bien sea la escuela, el hospital, el supermercado o el mismo centro comercial de la ciudad» (2015, p. 136).

Según el autor, la interacción cotidiana de vecindad era lo que daba sentido a los lugares de pertenencia, el desplazamiento significaba el rompimiento con la comunidad donde vivieron. «Salir de allí y perder a los vecinos es perder la identidad, perder la propia historia» (^{Weissermel, 2015}, p. 136).

Y llegó el día del traslado...

En Altamira, había cerca de 5.000 casas programadas para desocupación hasta la fecha de terminación de la represa en el río Xingu, y ya se habían demolido 3.000 casas, entre ellas, la casa de Edizângela Barros, consejera tutelar y activista del MAB. Edizângela vivía con su familia en el barrio Boa Esperança, en la calle 8, en Altamira. «Donde yo vivía -mi casa era de palafitos, como la llama el emprendedor-, mi casa era de madera, pero podía albergar a toda mi familia» (Edizângela Barros, 2015, p. 156)²⁰.

La casa de Edizângela era como una casa de apoyo, dice ella, madre de cinco hijos. «Mi madre también vivía conmigo, mi padre pasaba un tiempo conmigo, mi hermana que vive en San Félix de Xingu, cuando necesitaba venir a Altamira, se quedaba en mi casa» (Edizângela Barros, en ^{Leite, 2015}, p. 156).

En el Proyecto Básico Ambiental (2011), Norte Energia hizo una caracterización de la zona que sufriría el impacto: el barrio Boa Esperança donde Edizângela tenía su casa de madera. Según el PBA de la empresa esa era una zona de inundación natural del río Xingu y de los respectivos igarapés, sujeta a inundaciones periódicas por el régimen hídrico de esos cauces de agua.

Sobre la ocupación urbana, el PBA (2011, v. 2, t. 1) dice: «Son áreas que presentan una ocupación urbana diversificada, sin embargo, en su mayoría están ocupados por poblaciones de escasos ingresos con gran carencia de infraestructura y saneamiento básico» -lo que configura un cuadro de ocupación desordenada-, «y es diciente la presencia de palafitos, principalmente en las cuencas de los igarapés Altamira y Ambé, lo que les imprime una degradación ambiental significativa» (Norte Energia, 2011, p. 237).

Cuando los habitantes de Boa Esperança oyeron hablar por primera vez de la central hidroeléctrica Belo Monte, no creían que dejarían su barrio y «que nos iríamos a separar de la manera como nos separaron», recuerda Edizângela, afectada por la UHE Belo Monte. Ella y 1.100 familias más fueron trasladadas al Reasentamiento Urbano Coletivo Jatobá. «Los trabajadores sociales decían que nos iba a mejorar la vida, que tendríamos derecho a mantenernos juntos. Mucha gente lo creyó» (Edizângela Barros, en ^{Leite, 2015}, p. 156).

Edizângela y sus compañeras bordaron arpilleras para denunciar las condiciones precarias del Reasentamiento Urbano Colectivo Jatobá y la violencia contra la mujer: estupros, secuestro y prostitución aparecen retratadas en la arpillera «Boate Xingu».

Sobre el Jatobá, la arpillera «Divisora de águas» trae un relato dividido en 3 partes, donde muestra las familias en el reasentamiento. La tela está atravesada por la represa, y allí se lee: «Belo Monstro», y representa la comunidad antes y después del traslado por parte de Norte Energia.

Fuente: Exposición Costurando a Luta por Direitos (Cosiendo la lucha por los derechos). Centro Cultural Sesc Boulevard. Belém (2016). Colección MAB.

Figura 5 Arpillera Divisora de águas - Altamira. 

El primer cuadro, en la parte superior, a la izquierda, representa la organización del Movimiento de los Afectados por la Represa. La comunidad que lucha por sus derechos lleva escrito en una cinta: «Agua y energía no son mercancías».

Fuente: BBC Brasil. 2014. Disponible en: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141218_belo_monte_reassentamento_ms. Acceso: 10 de junio, 2016.

Figura 6 Vista aérea del barrio Jatobá, reasentamiento construido por Norte Energia: 

El segundo cuadro, parte superior a la derecha, donde está escrito «RUC» (Reasentamiento Urbano Colectivo) muestra las casas estandarizadas del Jatobá, pintadas en colores naranja, amarillo y azul, en tamaños diferentes, ocupadas según el tamaño de la familia. La urbanización se construyó para albergar a 1.100 familias afectadas por la UHE de Belo Monte.

«En ese lugar, se rompen los lazos familiares y comunitarios, pues las familias vecinas fueron separadas, y en algunos casos, las familias que tenían desavenencias fueron puestas juntas» (MAB, «Divisora de águas», Altamira, 2016). La carta de las afectadas se refuerza con un diseño que representa la comunidad, sobre el que se puso una X, lo que significa algo que ya no existe.

El 3^er cuadro, parte inferior, a la izquierda, muestra casas de palafitos, en zonas inundables, donde vivían las familias que fueron reubicadas en el Jatobá. En ese lugar, ellas «tenían sus vínculos comunitarios establecidos. La represa es el divisor de agua en la vida de esas personas y recibió el apellido de Belo Monstro»²¹ (MAB, «Divisora de águas», Altamira, 2016).

Corrobora la descripción de la arpillera «Divisora de agua», el relato de Edizângela sobre la vida en el reasentamiento Jatobá. Ella lamenta la pérdida de los vínculos familiares. Sin condiciones para albergar a la madre y a todos los hijos, dos de ellos fueron a vivir con la abuela materna. Edizângela señala la causa de esa separación, la falta de transporte regular y de escuelas para los hijos y la imposibilidad de hacer un «cuartico» para que la madre viva en él.

Cuando llegamos al reasentamiento, nos encontramos con la ruptura del vínculo comunitario y familiar. Cada uno fue a un lugar, no sé adónde fueron mis vecinos, aún nos estamos buscando. Me prometieron una mejora en la calidad de vida, pero los medios públicos para atender a la comunidad aún no se han construido. Están en el papel, son proyectos, pero las personas ya están ahí. Allá no hay escuela, el puesto de salud es provisional, no hay guarderías, tenemos problemas de falta de agua, de energía eléctrica. Y están las personas que quedaron en la comunidad. Cuando nos mudamos, muchos se quedaron. Dijeron que la calle 8 se trasladaría toda, solo no quedarían juntos quienes no optaran por el reasentamiento. Pero eso no fue lo que pasó. (Edizângela Barros, en ^{Leite, 2015}, p. 156)

Para concluir, sobre el derecho de protección de la familia y los lazos de solidaridad social o comunitaria, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, considerando las circunstancias: (I) «que los procesos de desplazamiento muchas veces traen consigo la separación de grupos familiares extensos, pues rompe redes de solidaridad comunitaria, religiosa y de vecindad» - (II) que las redes de solidaridad «fundadas en el parentesco y la vecindad desempeñan, en algunas comunidades, un recurso fundamental para la cohesión social e, incluso, para la subsistencia del grupo (ayuda mutua, colectas, etc.)» (^{CDDPH, 2010}, p. 54).

Frente a lo expuesto, el Consejo recomienda a los ministerios de Minas y Energía, de Medio Ambiente, de las Ciudades, de Desarrollo Agrario, de Integración Nacional, IBAMA y órganos ambientales en el ámbito estatal que establezcan que los programas y proyectos de desplazamiento y reasentamiento, «contemplen, siempre que sea posible y lo deseen los interesados, la recomposición de las vecinadades y proximidades espaciales preexistentes» (2010, pp. 54-55).

En una situación concreta, después de la lectura de los testimonios de las mujeres reasentadas en los RUC y la representación de la pérdida de redes de sociabilidad en las arpilleras, donde se repite en el diseño: tema 01: Las comunidades en casas de palafitos antes de la UHE de Belo Monte; tema 2: La residencia en los RUC con casas estandarizadas y la disolución de los lazos comunitarios. Al contrario de lo que indicaba el «Plan de atención de la población afectada» (PBA, 2011) de Norte Energía y de los conceptos del CDDPH y las «Directrices ambientales para proyectos y construcciones de represas y operación de reservorios» (2005) efectivamente no se dio la recomposición de la vecindad en la comunidad estudiada.

El PBA de Norte Energia (2011, p. 237) fue criticado por descalificar el modo de vida de las comunidades, y limitarse a caracterizar el área impactada como lugar de «presencia importante de palafitos, lo que les imprime una degradación ambiental significativa» y también pasó por encima del modo de vida tradicional de comunidades que aprendieron con las las crecidas del río Xingu (^{Barbosa, 2015}, p. 119), «a definir su propio tiempo de trabajo y esparcimiento, y a ser solidarios unos con otros en los momentos de las inundaciones». Las comunidades fueron trasladadas lejos del río Xingu.

Finalmente, la reubicación de comunidades de escasos ingresos, en reasentamientos con alto costo de las tarifas públicas nos remite a otra realidad, diferente de lo que está idealizado en los estudios del PBA de la empresa. En el Jatobá, barrio levantado desde cero para recibir a familias desplazadas por la UHE Belo Monte, basta una caminada rápida para encontrar varios avisos de -«se vende»- (^{Pereira, 2016}, 12 de abril).

El 12 de abril de 2016, el diario Estadão publicó un artículo con testimonios de habitantes del Jatobá que se quejaban de que no podían costear los gastos de las tarifas públicas, y las casas se estaban poniendo en venta. El periódico narra varias historias -una de ellas es la historia de Izael, exresidente de la Invasión de los Padres.

Izael se mundó con su familia de una casa de palafitos a una casa nueva y amplia en Jatobá. En menos de un año, después de acumular tres cuentas de luz, por valor de 700 reales, decidió vender la casa. «Las personas no están acostumbradas a esa estructura. Una residente vendió su casa por R$20 mil porque era demasiado grande para limpiarla y regresó a una chabola, además nunca pagó energía» (^{Pereira, 2016}, 12 de abril). Otra, desistió de la casa y se mudó a Vitória del Xingu porque además de la cuenta de luz, recibió un carné del IPTU. «Ni siquiera sé qué hacer con eso. Además no pagué» (Pereira, 2016, 12 de abril), relata la antigua habitante de la Invasión de los Padres.

Otro reclamo, la calidad del agua en el barrio. En los primeros meses, el agua era limpia: servía para cocinar y consumir -contó una habitante del Jatobá-, «pero, de un tiempo para acá, se volvió solo barro». Ella, que debe comprar cuatro galones de agua al mes para su familia, se desahoga: «En los palafitos, no pagaba luz, no pagaba IPTU y tenía agua limpia» (^{Pereira, 2016}, 12 de abril).