Introducción

La búsqueda de la integralidad en las políticas sociales es una tendencia que ha ido cobrando crucial relevancia a escala mundial a través de las últimas tres décadas (^{Cunill-Grau, 2014}; ^{Sweifach, 2015}; ^{Cameron, 2016}). La creciente complejidad de los fenómenos sociales producto de los procesos de modernización y transnacionalización de la economía y de la cultura, han permitido el surgimiento de nuevas identidades y al mismo tiempo, la creación de nuevos mecanismos de exclusión y opresión que operan sobre amplios sectores de la población. Esto, sumado a la excesiva especialización y fragmentación de la intervención del Estado, han dado lugar a un intenso debate en el campo de las políticas sociales, el cual las ha hecho girar progresivamente desde una lógica «monofocal» hacia una mirada integral -es decir, una mirada que reconoce las múltiples dimensiones que configuran los problemas sociales- (^{Bronzo, 2007}; ^{Repetto, 2010}; Cunill-Grau, Fernández & Thezá, 2013). En el contexto latinoamericano este giro se puede identificar claramente en lo que Cunill-Grau (2014) ha denominado «las nuevas políticas sociales» y los programas sociales «pro-integralidad» que han proliferado en la región desde el año 2000 gracias a la adopción de los Sistemas de Protección Social y del enfoque de derechos como marco orientador de las intervenciones sociales del Estado.

La orientación pro-integralidad supone un cambio de lógica, que implica transitar desde la fragmentación (de los problemas sociales, de las responsabilidades sectoriales, de los lenguajes disciplinares), hacia miradas más holísticas y complejas de las múltiples dimensiones que convergen en la producción de los problemas sociales y de los soportes institucionales requeridos para hacerles frente. Implica, por tanto, no sólo que cada actor involucrado en los procesos de intervención social haga lo que le corresponde o que los distintos actores se organicen para evitar la redundancia de las acciones, sino que requiere, fundamentalmente, que los actores, desde su particularidad, se pongan de acuerdo para pensar y actuar como un todo y así abordar las múltiples dimensiones de la exclusión (^{Cunill-Grau, 2014}).

¿Pueden, los equipos profesionales que implementan estos programas sociales, atender las múltiples dimensiones de la exclusión desde una perspectiva integral, pero al mismo tiempo, reivindicar el carácter diferenciado de las identidades de los grupos sociales a los que va dirigida la intervención? ¿Pueden, los equipos profesionales que implementan los programas de protección social, transitar desde una lógica que reconoce las múltiples dimensiones de la opresión hacia una mirada centrada en la intersección y reforzamiento mutuo de dichas dimensiones? Estos interrogantes han guiado la producción de este escrito, donde sostenemos que el enfoque interseccional ofrece posibilidades analíticas -epistémicas y éticas- de gran relevancia para avanzar en el cumplimiento de la promesa de la integralidad desde una perspectiva crítica, la cual considera, en este sentido, la opresión no solo como una configuración múltiple, si no como una expresión de la interdependencia y superposición de categorías de discriminación y subalternidad. En la misma línea, asumimos la idea de integralidad desde una perspectiva no totalizante, que la comprende como una noción que nace de la tensión entre igualdad y diferencia. Igualdad en el acceso y ejercicio de derechos de ciudadanía como umbral de justicia social, y diferencia como un supuesto básico de la igualdad (^{Serret, 2016}). En otras palabras, entendemos la diferencia como un hecho y la igualdad como un derecho (^{Torres Falcón, 2012}).

El enfoque de derechos constituye uno de los principios orientadores fundamentales de los sistemas de protección social que se han implementado en América Latina desde finales de los noventa (^{Cecchini y Martínez, 2011}). Asumir la perspectiva de derechos en los programas sociales significa asumir también el carácter interdependiente de dichos derechos, tal como estipula la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Si los derechos son interdependientes, la apuesta por la integralidad en la intervención social cobra todo sentido. Sin embargo, adoptar la perspectiva de derechos y el discurso de la protección social trae consigo el riesgo del autoritarismo moral, manifestado en la reproducción de una visión hegemónica de dichos derechos (^{Rosillo, 2016}), en donde éstos operan como un instrumento insensible a las identidades de los grupos sociales a los que van dirigidos, basándose en mecanismos que condicionan el acceso al bienestar de acuerdo al ajuste de estos grupos a los parámetros de normalidad que demanda la inclusión (^{Álvarez Leguizamón, 2012}). Este asunto no es menor, considerando la impronta conservadora, tutelar y asistencialista que ha tenido la intervención social dirigida a los grupos subalternos en América Latina a través de los siglos (^{Martínez Franzoni, 2014}).

Considerando este contexto, en este trabajo ofrecemos un análisis del enfoque interseccional y sus aportes a los procesos de intervención que buscan abordar integralmente fenómenos sociales complejos, como la violencia contra la mujer, la explotación de poblaciones migrantes o la discriminación de personas pertenecientes a pueblos originarios, entre otros. Relevamos los principales elementos conceptuales de la teoría de la interseccionalidad en la primera parte del escrito, para analizar, desde esta perspectiva, iniciativas latinoamericanas de intervención social que adoptan la mirada interseccional. Para finalizar, ofrecemos algunas propuestas dirigidas a las instituciones y equipos profesionales que implementan programas sociales pro-integralidad, que ilustran los desafíos que la adopción de una lógica interseccional trae consigo.

Situando conceptualmente la idea de interseccionalidad

La superposición y reforzamiento mutuo de las múltiples dimensiones que configuran la opresión, exclusión, discriminación y subalternización de ciertos grupos sociales, ha sido discutida mucho antes de la adopción del concepto de interseccionalidad que hoy transita en los discursos académicos, activistas y de política social. Ya en la declaración de los derechos de la mujer por Olympia de Gouges en Francia en 1791 o en el discurso pronunciado por Sojourner Truth en 1851 en Ohio, en el marco de la convención por los derechos de las mujeres, aparecen ideas de lo que hoy llamamos teoría interseccional, en tanto son develadas las múltiples e intrincadas dimensiones que configuran la exclusión cuando la hablante es mujer al mismo tiempo que pobre, de color o esclava (^{Viveros Vigoya, 2016}).

La teoría interseccional, así denominada, irrumpe en la discusión pública en el marco de la llamada «tercera ola del feminismo» iniciada en la segunda mitad del siglo XX, la cual se caracterizó por cuestionar la idea de un sujeto femenino único (la mujer blanca y burguesa), y por denunciar que esta noción determinaba formas de discriminación e invisibilización de las mujeres pertenecientes a otras etnias, clases sociales y religiones (^{Cubillos, 2015}). Tomando como referente al feminismo negro que criticaba la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase que existía hacia las mujeres negras, la afroestadounidense Kimberlé ^{Crenshaw (1991)} acuñó la noción de interseccionalidad, un concepto que ha sentado las bases para la construcción de una teoría que ha seguido siendo desarrollada por diversas activistas y académicas a través de las décadas, dando lugar a un fructífero debate interno y a la emergencia de diversos enfoques de intereseccionalidad (^{Lugones, 2008}; ^{Salem, 2014}; ^{Viveros Vigoya, 2016}).

En términos generales, la idea de interseccionalidad expresa un complejo sistema de estructuras opresivas, múltiples y simultáneas. Se plantea la existencia de categorías biológicas, de género, orientación sexual, etnia, raza, clase, religión, edad, capacidad funcional, entre otras, que interactúan y se refuerzan entre ellas configurando diversas formas de discriminación y subalternización de ciertos grupos de la población (^{Cubillos, 2015}). Esta noción de interseccionalidad cuestiona las habituales formas de pensar al sujeto femenino, que lo conceptualizan desde una aproximación monofocal y unitaria, desconociendo las diferencias intragrupales y reproduciendo con ello situaciones de dominación. Desde esta perspectiva, se evidencia el sesgo de las estrategias de política social que se centran en una sola dimensión de discriminación (género o raza), excluyendo a los sujetos que son afectados por otras dimensiones o ejes de opresión o por ambos al mismo tiempo (^{Platero, 2013}). Esto último tendría como consecuencia el reforzamiento de las dinámicas de discriminación, incluso cuando el propósito de las estrategias políticas es integrar a los más vulnerables (^{Bowleg, 2012}). En otras palabras: pensar en clave interseccional no es pensar la opresión como una doble o triple exclusión o como una sumatoria de múltiples dimensiones de exclusión, donde lo que sucede es que se ontologiza cada dimensión, al mismo tiempo que se les comprende como dimensiones por separado. Pensar en clave interseccional supone comprender estas dimensiones como elementos que se encuentran interrelacionados y superpuestos, que son irreductibles unos de otros y que no pueden ser categorizados de manera rígida o estática (^{Yuval-Davis, 2006}).

En una línea similar, Patricia Hill ^{Collins (2000)} refiere a las «matrices de dominación» en tanto dispositivos que organizan el poder en las escalas macro y micro social, y que expresan marcas históricas, sociales y políticas de la opresión. Una «matriz de dominación» contiene diversos sistemas de opresión, no organizados jerárquicamente, que interactúan dinámica e incluso contradictoriamente, siendo posible que la posición de oprimido y opresor esté representada por un mismo grupo. Por ejemplo, grupos afrodescendientes pueden estar expuestos a discriminación en ciertos contextos, a la vez que ellos mismos pueden generar acciones que promuevan la discriminación hacia las mujeres del grupo en el mismo contexto.

En este sentido, las dimensiones de opresión se desenvuelven a través de diferentes dominios que pueden expresarse dentro del mismo grupo humano, dominios que ^{Collins (2000)} ha identificado como estructurales, disciplinarios, hegemónicos e interpersonales. El dominio estructural está representado por aquellos factores macro que regulan el acceso al poder y, por ende, las relaciones en una sociedad -como por ejemplo la política, la religión y la economía-, mientras que el dominio disciplinario refiere a los factores que gestionan en el plano institucional la opresión surgida del dominio estructural -intervenciones desde las instituciones estatales, civiles o religiosas-. El dominio hegemónico se articula con las creencias, prejuicios y discursos culturales que inciden en lo anterior, lo cual se materializa en un dominio interpersonal que marca las relaciones intersubjetivas. Estos dominios constituyen la base sobre la cual interactuarán las categorías de exclusión y opresión, siendo determinantes de las formas de vida de los individuos y de las relaciones entre ellos (dominio interpersonal).

La configuración de la matriz de dominación con base en los dominios descritos da cuenta de la complejidad de los procesos exclusionarios que afectan a vastos sectores de la población en América Latina. En este sentido, no es propósito de la teoría de la interseccionalidad simplemente evidenciar la heterogeneidad o diversidad de la ciudadanía, sino más bien arrojar luz sobre aquellas vivencias radicadas en los márgenes, que no son vistas ni escuchadas por los grupos dominantes. La teoría de la interseccionalidad, señala ^{Platero (2014}, p. 56), «sirve para teorizar el privilegio y cómo los grupos dominantes organizan estrategias de poder (conscientes o no) para preservar su posición de supremacía». Es decir, el foco es puesto en el poder que sostiene las dinámicas opresivas y exclusionarias, el cual es el sustrato fundante de la discriminación. De ahí que la interseccionalidad sea propuesta como un método que permite explicitar la manera en que diferentes actores, instituciones y mecanismos construyen desigualdad. Esta lectura, sin duda, permite cuestionar la idea de naturaleza que está a la base de la desigualdad y que construye identidades prefijadas que imposibilitan el cambio y la observación de relaciones de poder que las determinan (^{Torres Falcón, 2012}; Platero, 2014; ^{Serret, 2016}).

En este marco, los debates en torno a identidad y diferencia, que son clave en la búsqueda de integralidad en la implementación de políticas sociales, cobran gran relevancia para el análisis de las múltiples formas de opresión que afectan a ciertos grupos de la población. La noción de identidad, denuncia la teoría interseccional, se ha utilizado no pocas veces como una estrategia que permite sostener la dinámica del poder opresivo. Se trata de una idea de identidad totalizada, inamovible y ahistórica, como si la identidad de un/a individuo/a estuviera exenta de las influencias estructurales. Tal comprensión reafirma y justifica la discriminación.

La teoría interseccional llama entonces a poner la idea de identidad en cuestión para construirla desde la alteridad. De este modo, será la enunciación de otro que la distingue y la concibe como un afuera constitutivo la cual permita dilucidar cuánto afecta el espacio social que interroga al sujeto, subsumiéndolo en un interjuego constante de reafirmación de su identidad y, por ende, de resistencia a tal lógica de poder. Se entenderá, por tanto, que su articulación deviene de la diferencia instaurada, siendo su interrogante principal «¿Quién tiene el poder de definir la diferencia?» (^{Brah, 2012}, p.16). Asimismo, ^{Mc Call (2005)} identifica otras estrategias para desafiar la matriz de dominación: anti-categóricas, intra-categóricas e inter-categóricas. Las estrategias anti-categóricas buscan deconstruir las categorías que son determinantes en la exclusión y que aparecen en los discursos como elementos naturalizados, sin ser sometidos a cuestionamiento alguno. Las estrategias intra-categoriales proponen problematizar el significado y los usos de cada categoría, mientras que las estrategias inter-categóricas analizan la intersección de diversas categorías y cómo estas tienen efectos en la sociedad y las relaciones sociales. Todas ellas permitirán pensar las distintas dimensiones de exclusión obteniendo respuestas diferenciadas de acuerdo con las condiciones e impactos que presentan los distintos grupos de la población.

En suma, la mirada interseccional permite relevar la multiplicidad de formas de opresión posibles de experimentar desde la posición de subalternidad, y al mismo tiempo, la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud (^{Viveros Vigoya, 2016}). Al develar estos dos aspectos, este tipo de análisis ofrece nuevas perspectivas para pensar los procesos de intervención social que, abandonando la lógica monofocal de comprensión de los problemas sociales, se proponen un abordaje integral de éstos. A pesar de reconocer los aportes de este cambio de lógica, la perspectiva interseccional exige develar contradicciones y fracturas de la promesa de la integralidad.

Interseccionalidad y los programas sociales pro-integralidad en América Latina

Los intentos realizados por diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, por incorporar elementos de la teoría interseccional en los marcos de intervención de las políticas sociales pro-integralidad en América Latina, no han estado exentos de dificultades. Un ejemplo de ello lo encontramos en la normativa internacional de Naciones Unidas sobre discriminación, que hasta el año 2000 no reconocía el reforzamiento mutuo que se producía entre las diversas formas de discriminación hacia las mujeres (^{Barrère, 2010}). Sin embargo, cabe reconocer que diversos programas creados en América Latina, muchos de ellos diseñados en el marco de los Sistemas de Protección Social y basados en el enfoque de derechos propuesto por la Convención Internacional de los Derechos Humanos, han hecho considerables esfuerzos por abordar fenómenos altamente complejos desde perspectivas capaces de reconocer la intersección de categorías que configuran una matriz de opresión particular. Esto es fundamental considerando que los Sistemas de Protección Social se definen y se diferencian de otras propuestas de intervención social precisamente por el abordaje integral que proponen (que implica atender las múltiples dimensiones que convergen en la vulnerabilidad de los grupos más excluidos de la sociedad, sin necesariamente atender a la intersección entre ellas). Algunos programas que, aunque no se enmarcan en los Sistemas de Protección Social, adoptan el enfoque de derechos, también han incorporado una mirada que reconoce la múltiple interacción de categorías de opresión (bajo la consideración de que los derechos se definen como un sistema interdependiente, donde la vulneración o ejercicio de un derecho redunda en la vulneración o ejercicio de los otros) (^{Cunill-Grau, Fernández & Thezá, 2013}).

Dentro de estos esfuerzos por integrar elementos de la teoría interseccional para lograr intervenciones sociales más «integrales», encontramos una amplia gama de programas sociales dirigidos a abordar la violencia contra las mujeres que han sido capaces de complejizar la comprensión de dicho fenómeno, poniendo en tensión las categorías de género, clase social, nacionalidad y situación económica, entre otras. Un buen ejemplo de ello es el «Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio / feminicidio)» implementado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (^{OACNUDH, 2013}). Este modelo, que se sostiene explícitamente en el abordaje interseccional, tiene como objetivo principal desarrollar directrices internacionales para la investigación penal y estrategias de acción para profesionales ligados al ámbito jurídico y forense en relación a las muertes violentas de mujeres efectuadas por razones de género. Este protocolo cumple con criterios sustanciales contemplados en la teoría interseccional. Entiende las dimensiones de exclusión desde distintos ejes que se entrecruzan como son la etnicidad, la clase social, el género, las condiciones migratorias y la ubicación geográfica. Instala dentro de sus marcos la complejidad de la violencia, no esencializando, a la vez, la categoría de género en el binomio hombre-mujer, a pesar de que esto no se refleja en el nombre del programa. Sus orientaciones son sensibles a la consideración de sujetos con diferente orientación sexual, identidad de género o expresión de él. Además, aborda las distintas formas de ejercer la violencia más allá de aquella que se ejerce en el ámbito doméstico, reconociendo como dimensiones gravitantes de la opresión otras expresiones de ésta tales como la trata de personas, la explotación sexual comercial y la desaparición forzada. Establece asimismo que su diseño programático es flexible, es decir, cada país requiere adaptar las orientaciones de acuerdo con sus especificidades territoriales.

Las casas de acogida para mujeres en situaciones de crisis son otro ejemplo que ilustra los intentos de los programas sociales para girar hacia un enfoque interseccional. El programa «Casa de acogida para mujeres vulneradas por trata de personas y migrantes en situación de explotación», diseño por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) chileno, por ejemplo, ofrece una residencia temporal para mujeres que han sido víctimas del delito de trata de personas y para aquellas mujeres que, por su condición de migrantes, se encuentran en condición de explotación sexual comercial. El programa declara que su propuesta de intervención se basa en «los enfoques de derechos, de género, intercultural e interseccional, aludiendo a un plan de acción basado en el principio de integralidad, descentralización, participación y estrategias de intersectorialidad» (^{Sernameg, 2017}, p. 15). Como señala en sus orientaciones técnicas, se comprende la violencia como un problema público que exige pasar de un paradigma «familiarista», el cual reconoce las agresiones que ocurren sólo en el espacio privado de la familia, a uno «integral» que aborda manifestaciones de la violencia en otros dominios de la vida pública. Es desde allí que entiende el abordaje de una manera interseccional, abarcando a todas las mujeres en su diversidad y en los distintos contextos a los cuales ellas pertenecen.

A partir de ello, explicita el programa, es necesario ver a las mujeres desde un cruce con distintos factores de vulneración: pobreza, migración, ruralidad, raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, discapacidad. Esto, en palabras de ^{Collins (2000)}, podría dar cuenta del reconocimiento de la matriz de dominación, puesto que se identifican las dinámicas que surgen de la articulación de diversas categorías. No obstante, la definición de la población objetivo del programa se basa en una construcción del género que continúa la distinción binaria hombre-mujer, sin problematizar, al menos en los documentos examinados, esta concepción. Quedan fuera aquellos sujetos/as que no se identifican con la categoría «mujer» y que se encuentran expuestos a altos niveles de violencia sexual, por ejemplo. Esta limitación o restricción en el uso del enfoque interseccional en los programas sociales también puede ser observado en otras iniciativas desarrolladas en los diversos países de la región (^{De Martino, 2012}; ^{Klebba y Lolatto, 2013}). Otro ejemplo lo encontramos en las «Casas de acogida» del Ecuador, también basadas en modelos interdisciplinares e integrales de intervención, «que intentan abordar las problemáticas en mujeres blancas, mestizas, indígenas, migrantes y afrodescendientes que necesitan refugio» (^{Cepar, 2012}, p. 12). El programa observa el entrecruzamiento de diferentes categorías de opresión, aunque está igualmente basado en la dicotomía hombre-mujer. Sin embargo, y a diferencia del programa de Casas de acogida chileno, el programa ecuatoriano ha logrado conformar una «Red Nacional de Casas de Acogida» que tiene como propósito problematizar la violencia en tanto problema estructural, creando estrategias para impactar en la estructura política, económica y cultural que la produce (a través de la realización de actividades de posicionamiento público, campañas, performances, entre otros). Es decir, se trata de una intervención social que ha logrado encontrar, en términos concretos, una alternativa para denunciar los mecanismos opresivos legitimados socialmente, que tal como nos advierte ^{Platero (2014)}, hablan del privilegio y de la organización del poder que preserva la supremacía de ciertos grupos por sobre otros. Con ello, también contribuye a descentrar el foco en el/la individuo/a que vive la opresión, asunto que constituye una de las críticas más prominentes realizadas desde perspectivas interseccionales posmarxistas a la propuesta posmoderna de interseccionalidad (^{Dorlin, 2009}; ^{Salem, 2016}; ^{Nash, 2017}).

Intervención social desde una mirada interseccional: algunas propuestas

La dificultad de integrar en el análisis de los problemas sociales diversas dimensiones de opresión, reconociéndolos como elementos que cruzan y definen una forma «otra» de vivir la exclusión, tiene estrecha relación con las lógicas de intervención social de los Estados latinoamericanos (^{Martínez Franzoni, 2014}). Por una parte, las miradas homogeneizantes, enraizadas en la matriz colonial, héteronormadas y asimilacionistas han caracterizado históricamente la manera en que la intervención social tradicional se ha posicionado frente a los grupos subalternos. Los esfuerzos realizados por comunidades y organizaciones de la sociedad civil por disputar el poder, interfiriendo en las formas de nombrar y hacer intervención social desde el Estado, ha dado como resultado que dimensiones nunca antes concebidas se instalen como parte del discurso de la política estatal -como ocurre con la noción de interseccionalidad-. Esto sin duda es un logro porque permite que la lógica tradicional sea interceptada por discursos críticos y reivindicativos, contra-hegemónicos.

Otra razón por la cual el enfoque interseccional puede estar siendo trabajado de manera parcial y con ciertas dificultades en su operacionalización, tiene relación con la estructura institucional de las políticas sociales en América Latina. La sectorialización de las políticas sociales, su mirada focalizada y al desencuentro entre las distintas instituciones involucradas en su implementación constituyen relevantes obstáculos para cumplir con la promesa de la integralidad desde una perspectiva que reivindique la diferencia al mismo tiempo que lucha por la igualdad de derechos. Aunque problemas sociales como la violencia de género o la explotación sexual comercial sean definidos como fenómenos complejos y multidimensionales, que requieren un abordaje integral basado en la participación coordinada de distintos sectores de la política social (justicia, salud, trabajo), de distintas miradas disciplinares (psicología, trabajo social, derecho) y de distintas entidades (públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil), lo cierto es que existen barreras estructurales que impiden transitar hacia esa lógica integral (^{Bronzo, 2007}; ^{Repetto, 2010}; ^{Cunill-Grau, 2014}). Los arreglos intersectoriales que promueven la coordinación entre distintos ministerios y servicios públicos datan de los noventa, es decir, son relativamente jóvenes en la historia de las políticas sociales latinoamericanas.

Con todo, sostenemos que los intentos de incorporar una mirada interseccional en los programas de intervención social constituyen un esfuerzo que tiene valor en sí mismo.

Se ha apostado por complejizar la mirada, por reconocer la explotación estructural que oprime a diversos grupos de la sociedad, por pasar de miradas excluyentes a lecturas más sensibles a las diferencias y a la adscripción identitaria de sujetos/as diversos/as y por comprender los cruces y superposiciones de dominios de opresión en los planos micro y macrosociales. Para avanzar en la consolidación de intervenciones sociales emancipatorias de esta naturaleza, hemos identificado algunos nudos críticos que dan lugar a las propuestas que presentamos a continuación. Estas propuestas tienen relación con la necesidad de examinar las lógicas de intervención social y de profundizar su impronta crítica. Esto significa que no basta con declarar la relevancia de la integralidad para la intervención, sino que se requiere que este propósito vaya acompañado de las condiciones de operación necesarias para que los equipos puedan llevar a cabo intervenciones integrales y al mismo tiempo, interseccionales (^{Cameron, 2016}). Esto requiere disponer los recursos y dispositivos de apoyo, pero, sobre todo -y este es el punto que nos interesa recalcar- demanda un proceso reflexivo intencionado por parte de las instituciones y profesionales que realizan intervención social: un proceso reflexivo que promueva la apertura cognitiva para comprender sobre qué, con quién, por qué y para qué se interviene.

Adoptar una lógica crítica de intervención implica fomentar en los equipos profesionales que implementan los programas sociales la desnaturalización de las categorías con las cuales comprenden a los grupos sociales que participan de la intervención, o, en el decir de ^{Mc Call (2005)}, desafiar la matriz de dominación a través del despliegue de estrategias anti-categóricas, intra-categóricas e inter-categóricas, que pongan en cuestión los discursos dominantes que de manera explícita o implícita colonizan los marcos y orientaciones de los programas sociales. Como señala ^{Platero (2014)}, la desnaturalización de categorías permite cuestionar la idea de naturaleza que está a la base de la desigualdad y la configuración / distribución del poder.

Esto implica, ciertamente, abordar la dimensión estructural de la opresión, su historicidad y entramados ideológicos que la sostienen. Se trata de un ejercicio cognitivo tanto en términos analíticos (comprender la complejidad de un fenómeno y la intersección de categorías que lo configuran) como operativos (identificar maneras de abordar estas intersecciones que sean consistentes con la comprensión que hacemos de ellas). Esto requiere, siguiendo a ^{Collins (2000)}, poner en cuestión los mecanismos opresivos que operan en los dominios estructurales, disciplinarios, hegemónicos e interpersonales que subyacen al quehacer profesional en los procesos de implementación de programas sociales. Para que esto pueda ser llevado a cabo, se requiere disponer de un tiempo y un espacio específico para discutir sobre modos de ver y lugares de enunciación desde los cuales se posicionan discursivamente tanto los diseños programáticos como la propia retórica de los profesionales que implementan las intervenciones sociales.

En segundo término, pero muy relacionado a lo anterior, identificamos la necesidad de avanzar en la construcción de horizontes epistémicos y éticos compartidos por parte de los equipos que implementan la intervención social. Esto sin duda, requiere asumir el desafío de trabajar con otros/as profesionales bajo el entendido de que es posible y deseable avanzar en una perspectiva de complementariedad de saberes. Este es un desafío de alta complejidad. Existen barreras de todo tipo que inhiben el trabajo interdisciplinar, intersectorial e inter-institucional: estereotipos y prejuicios frente a otros profesionales, legitimidad y poder de ciertas profesiones o dominios del conocimiento frente a otros, racismo, sexismo y clasismo al interior de los equipos profesionales, entre otros (^{Cameron, 2016}). Más aún, la impronta monofocal de la formación profesional en la educación superior es un obstaculizador fundamental a la hora de pensar en formar comunidades de sentido entre los profesionales que realizan intervención social. La construcción de horizontes epistémicos y éticos que permitan comprender y abordar interseccionalmente las situaciones de múltiple opresión requiere generar la discusión sobre la distribución del poder en la configuración de los distintos saberes que se ponen en juego en la intervención social, desde la formación inicial hasta en las instancias de ejercicio profesional cotidiano. Implica, asimismo, promover la propia auto-observación de los profesionales como sujetos/as también cruzados por variados ejes de opresión en intersección.

En la misma línea visualizamos un tercer aspecto crítico, el más importante desde la perspectiva de interseccionalidad aquí trabajada, pero que hemos dejado para el final asumiendo que la desnaturalización de categorías y la construcción de comunidades de sentido desde los equipos de intervención social constituyen un requisito fundamental para desafiar las coordenadas saber / poder. Nos referimos a la necesidad de abandonar la posición autocentrada desde la cual la intervención -los equipos que diseñan e implementan la intervención- ejerce el poder de conceptualizar el fenómeno social abordado. Es preciso abandonar la pretensión de hablar por el sujeto, o, parafraseando a ^{Spivak (1998)}, dejar de impedir que los grupos subalternos puedan hablar por sí mismo/as, para que puedan definir sus propias identidades y proyectos vitales. El mantenimiento de la dicotomía hombre-mujer en los programas sociales que declaran actuar desde un enfoque interseccional da cuenta de la falta de apropiación crítica de la categoría y de escucha sensible a la diferencia. Esta constatación, como plantea ^{Collins (2000)}, demanda nuevos movimientos en la distribución del poder, de manera de abrir marcos interpretativos que permitan abarcar la matriz de dominación en su totalidad para comprender la otredad, un asunto fundamental en los procesos de intervención social situados (^{Klebba y Lolatto, 2013}).

Reflexiones finales

El enfoque interseccional ofrece posibilidades analíticas -epistémicas y éticas- de gran relevancia para avanzar en el cumplimiento de la promesa de la integralidad en las políticas sociales desde una perspectiva crítica. Implica, en términos epistémicos, repensar las relaciones entre igualdad y diferencia, y entre totalidad y particularidad, en clave de contradicción. En el plano ético, exige desacoplar la dicotomía interventor-intervenido y reflexionar respecto del rol de los profesionales que implementan procesos de intervención social, su lugar de enunciación y posiciones de poder que los cruzan, respaldan y (des)estabilizan.

En este artículo hemos revisado elementos centrales de la teoría interseccional, los intentos por incorporar sus planteamientos en programas sociales que buscan abordar integralmente problemas sociales complejos de alto interés público relacionados a la violencia de género. Hemos identificado también tres desafíos para avanzar en una lectura interseccional de la opresión en el campo de la intervención social: la desnaturalización de categorías, la construcción de comunidades de sentido y la necesidad de abandonar la pretensión de hablar «por» o «a título de» los/as participantes de la intervención. Asumir el enfoque interseccional permite a los programas sociales complejizar las nociones de sujeto y de intervención social a la vez que resignificar los procesos de subjetivación producidos -incluso involuntariamente- a consecuencia de la propia intervención social. La mirada interseccional que atiende no solo a la producción de subjetividades sino también a las estructuras y mecanismos que producen y refuerzan dichas formas de subjetividad, permite poner en cuestión y desafiar la configuración del poder en la sociedad, un asunto crucial en el contexto latinoamericano.

Con todo, vale reconocer que intentar impregnar las políticas sociales de las propuestas y reivindicaciones de la teoría interseccional siempre lleva riesgos. Las políticas sociales y sus estrategias de intervención, diseñadas desde la lógica estatal, pueden, en cierta medida, abrirse a estos discursos «otros» -así lo han demostrado las iniciativas comentadas en este artículo-. Los discursos contra-hegemónicos bien pueden ser adoptados por el discurso tradicional despojándolos de su suelo epistémico e ideológico y utilizando únicamente sus métodos y técnicas, nombrando sus conceptos en tanto palabras vacías del sentido original, e incluso dotándolas de un contra-sentido o cooptándolas discursivamente. Por esta razón, es indispensable mantener vivo el lazo entre las intervenciones del Estado y las intervenciones de las diversas organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones no-gubernamentales, organizaciones comunitarias y grupos activistas en general, pueden, a través de sus prácticas discursivas interpelar -criticar, aportar, hacer ver- categorías no vistas, estrategias impensadas, horizontes nunca antes propuestos. Ese lazo entre estos mundos -el académico y el de la sociedad civil- puede permitir un abordaje mucho más móvil y sensible de los modos de opresión históricos y emergentes.

Para finalizar, queremos resaltar la necesidad de comprender la propuesta interseccional desde una perspectiva anti-esencialista, que no estabilice las relaciones en posiciones fijas, naturalice identidades de alteridad ni segmente las movilizaciones sociales -asunto ya advertido por ^{Lugones (2005)} en su crítica a las versiones eurocentradas de la teoría interseccional-. Además, si bien hasta ahora la interseccionalidad ha permitido avanzar en el desarrollo de intervenciones sociales emancipadoras, que permiten ver lo disimulado y escuchar los silencios, no puede volverse un discurso fijo y prescriptivo. Proponemos, por ello, comprender y seguir trabajando la mirada interseccional como un espacio discursivo amplio y en construcción, un lugar de enunciación en cual se produce diálogo crítico y conflicto fructífero.