Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Cited by Google 
Similars in
SciELO 
Similars in Google 
Permalink
Introducción
En la ceremonia de apertura del segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas Áreas protegidas: territorios de paz y vida, realizado en Bogotá en el 2014, un líder indígena kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta demandó el reconocimiento de las autoridades tradicionales locales como centrales en la discusión del uso y el manejo de los territorios ancestrales localizados en el Parque Natural Nacional de la Sierra Nevada. Su mensaje reflejó una larga historia de conflictos entre las comunidades y las áreas protegidas en Colombia (Andrade, 2009; Bocarejo & Ojeda, 2016; De Pourcq et al., 2017; Ojeda, 2012). Fue seguido por un líder afrodescendiente del Golfo de Tribugá, quien solicitó apoyo para la declaración de un Área Marina Protegida (AMP) para defender su territorio colectivo del impacto destructivo de la pesca industrial (esta AMP fue establecida a finales del 2014). En su parecer, las AMP son aliadas en la protección territorial local. Como él, diversas comunidades costeras alrededor del mundo han apoyado y promovido la creación de AMP, como instrumentos para legitimar el control y la autoridad local sobre el mar (ver Benjaminsen & Bryceson, 2012; Berlanga & Faust, 2007; Nietschmann, 1995; Rodríguez-Martínez, 2008).
Las AMP se empezaron a promover globalmente como herramientas de conservación de la biodiversidad en los años 90, cuando enfoques neoliberales de gobernanza ambiental y pesquera se centraron en la creación de enclaves y esquemas de privatización marina para controlar el acceso sobre, y el uso de los recursos marinos (Mansfield, 2004a)1. Sin embargo, ha sido demostrado que una vez se establece un AMP, los habitantes costeros son marginalizados usualmente debido a su limitado poder en relación al de los agentes del gobierno, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de conservación y otros actores claves (Berlanga & Faust, 2007; Chuenpagdee et al., 2013; Nietschmann, 1995).
Existe una extensa literatura sobre los procesos de territorialización para la conservación de especies terrestres (por ejemplo, Brad et al., 2015; Igoe & Brockington, 2007; Peluso & Lund, 2011). Cordón (2011) y Roth (2008) argumentan que estos procesos se producen a través de la negociación activa entre actores de adentro y fuera del Estado acerca del acceso a/y el control de paisajes ocupados. Sin embargo, como resultado del establecimiento de enclaves de conservación, los grupos marginalizados son con frecuencia desplazados y despojados de sus tierras (Benjaminsen & Bryceson, 2012; Bennett et al., 2015; Brondo & Bown, 2011; West et al, 2006).
Los procesos de territorialización en el mar son en particular complejos ya que los océanos han sido enmarcados política y jurídicamente como no ocupados y vacíos de instituciones sociales, siendo reducidos a espacios de acceso abierto (Chmara-Huff, 2014; Mansfield, 2001; Mulrennan & Scott, 2000; Russ & Zeller, 2003; Steinberg, 1999). Los análisis de procesos de territorialización marinos se enfocan principalmente en el rol que juegan el Estado, los mercados, las iniciativas de conservación y las comunidades en el control, el acceso y el uso de los recursos marinos (Cardwell & Thornton, 2015; Mansfield, 2004a; St Martin, 2001). Sin embargo, la medida en la que estos procesos se encuentran determinados por dinámicas socioculturales que tienen lugar entre la interfaz de la tierra y el mar permanece desconocida.
Los geógrafos del mar empujan por un análisis más crítico de los océanos, que busca ir más allá de los binarios tierra/social y mar/recursos para reconocer los paisajes marinos como espacios sociales (St Martin, 2005; Steinberg, 2001; Steinberg & Peters, 2015). Nuestra contribución es mostrar cómo los habitantes costeros navegan el aparato institucional del Estado, informados por sus «epistemologías acuáticas locales» (EAL), y utilizan instrumentos de territorialización, para defender sus derechos territoriales marino costeros. El término EAL fue acuñado por Oslender (2016) para unir el espacio acuático, definido como «el ensamblaje de relaciones espaciales que resulta del enmarañamiento humano con los ambientes acuáticos» (2016, p. 47), las formas culturales y de conocimiento basadas en el lugar. Local, entendido como una escala relacional, constituida por entornos materiales y simbólicos dinámicos, en donde las relaciones e interacciones socioculturales diarias son creadas, mantenidas y transformadas (Brown & Purcell, 2005; Oslender, 2016, pp. 34-35). También recurrimos al trabajo de Elden sobre territorio, quien utiliza la teoría del poder de Foucault para definir el territorio como una tecnología política con una colección de técnicas «para medir la tierra y controlar el terreno» (2010, p. 799). Bajo esta definición, la tierra se concibe como un recurso escaso distribuido y propio, mientras que el terreno es una tierra que tiene importantes relaciones estratégicas políticas de poder para mantener el orden (Elden, 2010). Unimos estas teorías para explorar las interacciones entre las EAL y los procesos de territorialización marina. Argumentamos que las comunidades afrodescendientes promovieron la creación de un AMP en la costa Pacífica de Colombia, como resultado de la ausencia de instituciones legales que les permitieran expandir sus derechos territoriales al mar. Al hacer esto, aportamos al debate teórico sobre el territorio, y mostramos que las EAL informan la construcción del terreno en esta AMP.
Para desarrollar este argumento, demostramos que las comunidades afrodescendientes en el Golfo de Tribugá manejan EAL, en las que las experiencias individuales y colectivas permiten la producción de saberes inmersos en dinámicas espacio-temporales marinas y fluviales. El arraigo social y físico al lugar se sostiene a través de la memoria de estas experiencias, que envuelve la emergencia de significados simbólicos compartidos y sentidos de lugar (Scannell & Gifford, 2010). El Estado ha invisibilizado estas EAL, al imaginar el espacio como estático, delimitado y vacío-pero-lleno; vacío de personas, o en algunos casos escasamente ocupado, y a su vez lleno de recursos y biodiversidad (Bridge, 2001). Estos imaginarios originan fronteras de acceso y control de recursos y áreas silvestres, en donde enclaves de extracción de recursos y conservación de la biodiversidad niegan la existencia de sistemas tradicionales de tenencia de la tierra (Peluso & Lund, 2011).
Los derechos territoriales de los afrodescendientes fueron tan solo reconocidos por el Estado colombiano en 1993 (Agnew & Oslender, 2010). En nuestra investigación mostramos cómo las comunidades del Golfo de Tribugá, con el apoyo de unas ONG de conservación, adoptaron discursos y prácticas legales estatales para reclamar el paisaje marino como parte de sus territorios. Este proceso permitió el escalamiento de sus EAL para influir los procesos de territorialización estatales en un contexto complejo de jurisdicciones superpuestas y contradictorias, que incluyen autoridades estatales de medio ambiente y conservación, así como espacialidades marinas y terrestres2. A pesar de estos esfuerzos, la negociación del AMP permaneció centrada en los recursos pesqueros y la conservación de los ecosistemas marinos, y relegó a un segundo plano las dimensiones socio-culturales. El AMP surge como un espacio de resistencia que subvierte el marco legal del océano como un espacio público, que a su vez somete a los individuos costeros a tecnologías disciplinarias de conservación y poder asimétricas, que en este caso son dominadas por los intereses de acumulación de capital de la industria pesquera.
Nuestros argumentos se basan en el trabajo de campo llevado a cabo en Bogotá y nueve corregimientos costeros en el municipio de Nuquí en Colombia: Jurubirá, Tribugá, Nuquí, Panguí, Coquí, Joví, Termales, Partadó y Arusí, desde julio de 2014 hasta marzo de 2015 (Figura 1).
Figura 1 El Golfo de Tribugá y sus nueve corregimientos costeros. Hacia el norte, la Ensenada de Utría, al sur el Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá - Cabo Corrientes. Copyright: Chandra Jayasuriya.
Se consultaron artículos científicos, documentos oficiales e informes de diversas ONG. Se colectaron datos cualitativos de 94 entrevistas semi-estructuradas realizadas por la primera autora a líderes comunitarios, funcionarios de ONG, académicos, pescadores y miembros de la comunidad y otros actores que participaron en la declaración del AMP, así como a funcionarios gubernamentales que trabajan en sectores pesqueros y ambientales nacionales, regionales y locales. Se incluye en el análisis información de las observaciones de participantes, reuniones y conversaciones informales. Se transcribieron, codificaron y analizaron las entrevistas y las notas de campo a partir de los temas emergentes. Este proceso fue facilitado por el programa de análisis de datos cualitativos NVivo (Versión 10.2.2). La identidad de los participantes ha sido omitida.
Geografías fluidas
En el mundo, muchas comunidades habitan en paisajes ribereños y costeros pulsantes y dinámicos (Grundy-Warr et al., 2015; Helmreich, 2011; Steinberg, 2013). Oslender ha contribuido a la comprensión de estas geografías fluidas con su trabajo etnográfico en las tierras bajas del Pacífico colombiano. En su trabajo, exploró la forma en que las actividades de subsistencia afrodescendientes y las relaciones sociales se han espacializado a lo largo de cuencas fluviales, siguiendo lo que las personas locales llaman «la lógica del río» (2002, p. 94). Basado en estas dinámicas complejas, desarrolló el concepto del «espacio acuático», en el que elementos humanos y no humanos se constituyen mutuamente, y amarran a los individuos a ambientes acuáticos (Oslender, 2004, 2016). Las EAL se construyen a partir de la producción de conocimientos pasados y presentes y las relaciones sociales en el espacio acuático. Oslender sostiene que estos sistemas de conocimiento localizados son el principal «sitio de disputa» de los movimientos sociales a lo largo de la costa Pacífica, e informan sus discursos locales y prácticas políticas (2016, p. 4). Su análisis se basa en Lefebvre (1991), quien dividió el espacio social en tres momentos interconectados: prácticas espaciales, refiriéndose a las experiencias y rutinas cotidianas que dan forma a las percepciones y el uso del espacio; espacio de representación, un espacio vivido, vinculado a la construcción de imaginarios y símbolos espaciales; y representaciones del espacio, la conceptualización abstracta del espacio (Oslender, 2012). Como señala Lefebvre, la abstracción del espacio dentro del capitalismo moderno encarna contradicciones históricas de intereses sociales y políticos en conflicto, que han sometido a los paisajes acuáticos y terrestres a configuraciones y reconfiguraciones espaciales constantes (1991, p. 365). Oslender utiliza esta tríada espacial como una herramienta analítica para explorar el espacio diferencial, que surge en oposición a las fuerzas homogeneizadoras de los espacios capitalistas (Lefebvre, 1991, p. 52; Oslender, 2012). Sin embargo, se aparta de Lefebvre al argüir que el espacio diferencial surge no solo como un proceso que se opone al espacio abstracto del Estado, sino que, de hecho, existe, se sostiene y se transforma a través del tiempo en las EAL del Pacífico (Oslender, 2016, p. 32). A continuación, con el fin de demostrar la existencia de estas EAL en el Golfo de Tribugá, exploramos las geografías fluidas de los afrodescendientes en el Pacífico.
De los ríos al mar
Desde la primera década del siglo XVI, la corona española trajo forzosamente y esclavizó personas del África Occidental y Central a Colombia. Ellos proporcionaron mano de obra para la minería de oro colonial, la agricultura, el pastoreo, la construcción de barcos y el trabajo doméstico (Friedemann, 1993). A partir de aquel siglo, la extracción de oro aluvial colonial complementada con la pesca de subsistencia, la caza y la agricultura llegó a las tierras bajas del Pacífico, en donde la fluidez espacial y temporal de las cuencas hidrográficas se convirtió en el centro de las interacciones sociales (Offen, 2003; Oslender, 2004). La esclavitud fue abolida en 1851, después de la declaración de independencia de España en 1810 y los afrodescendientes liberados emigraron a lo largo de los ríos, dedicándose a la minería independientemente (Oslender, 2002), mientras sus interacciones con pueblos indígenas, en muchos casos, dio origen a relaciones de compadrazgo que facilitaron su supervivencia en nuevos entornos (Wade, 1995). Las identidades y epistemologías de estos pueblos quedaron moldeadas por interacciones socio-ecológicas a lo largo de los sistemas fluviales en donde residían.
A finales del siglo XIX y durante el XX, los enfrentamientos entre los partidos liberales y conservadores estallaron en dos conflictos: la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y la guerra civil conocida como el periodo de La Violencia (1946-1966). Durante estos períodos, los derechos territoriales de los afrodescendientes no fueron reconocidos por el Estado. Muchas comunidades que vivían a lo largo de las cuencas de los ríos del Pacífico norte fueron desplazadas y despojadas; emigraron hacia la costa, incluido el Golfo de Tribugá, y se establecieron alrededor de los deltas de los ríos para comercializar y participar en los ciclos de auge y caída de las diferentes economías extractivas (Offen, 2003). Este proceso les implicó reajustarse a nuevos entornos, donde las dinámicas del mar, río, luna y bosque dieron forma al tiempo y el espacio (García, Tavera-Escobar, Vieira, Rincón y Rentería, 2014). Sin embargo, la memoria social de los asentamientos fluviales y las nuevas experiencias en el mar continúan configurando las identidades locales y se mantienen vivas a través de narraciones, poesías y canciones (Oslender, 2016, pp. 90-91).
Por ejemplo, una mujer entrevistada, proveniente del Alto Baudó, explicó que ella pertenecía al río, recordó cómo su abuela la trajo a canalete (remando en una canoa de madera) a Nuquí, hace más de 50 años, al inicio para cultivar arroz, y fue allí, donde ella eventualmente aprendió a vivir en el mar. En la actualidad, es una piangüera; sigue las mareas para cosechar piangüa (Andara tuberculosa) y otros mariscos. Su historia refleja la de aquellos afrodescendientes que hicieron la transición de los ríos al mar, y forjaron nuevas relaciones sociales y culturales con las dinámicas espacio-temporales marinas que exploramos a continuación.
Epistemologías acuáticas locales
El Golfo de Tribugá se localiza en el municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó (Figura 1)3. Tiene nueve corregimientos costeros ubicados a lo largo de las desembocaduras y esteros de los ríos, que se conectan a un sistema fluvial complejo que drena desde la Cordillera Occidental y la Serranía del Baudó y pasa por la selva tropical hacia el Océano Pacífico. Estos corregimientos están habitados principalmente por afrodescendientes y se incluyen en el Territorio Colectivo Los Riscales, titulado de manera formal en el año 2002. La parte interior del Golfo está dividida en tres resguardos indígenas Emberá, y la sección norte está delimitada por el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría (en adelante referido como Ensenada de Utría). La costa tiene acantilados que bordean las cordilleras costeras, playas de bolsillo y bosques de manglar dispersos cerca de Jurubirá, Tribugá, Nuquí, Panguí y Coquí. Las dinámicas fluviales y costeras están influenciadas por las mareas semi-diurnas altas y dos estaciones: un verano seco de diciembre a abril, y un invierno lluvioso de agosto a noviembre. Las dinámicas fluidas y móviles de las mareas y la lluvia dan forma a la vida de los habitantes humanos y no humanos, no solo como el entorno de prácticas espaciales, sino también anclándolos a mundos socio-naturales materiales y simbólicos (Escobar, 2008, pp. 42-43).
En el Golfo, al igual que en otros lugares a lo largo del Pacífico, el mar juega un papel tan importante que muchas actividades diarias se programan mirándolo, en vez de por medio del reloj (Oslender, 2016, p. 9; Vargas Sarmiento & Ferro, 1999, p. 19). Los participantes en la investigación a menudo sugirieron reunirse cuando la marea subía o bajaba, en lugar de a una hora del día específica. Las mareas tienen fluctuaciones diarias y mensuales que dan forma a patrones de navegación, interacciones sociales y prácticas de subsistencia. Las mareas semi-diurnas se mueven de bajas a altas dos veces cada día lunar. Las canoas de madera son empujadas por el flujo del agua hacia arriba durante las mareas altas y hacia abajo durante las bajas. La dinámica de las mareas también responde al ciclo de la luna, se mueven en cada fase lunar de rangos de marea alta a baja, tradicionalmente conocidos como puja y quiebra, cada uno de los cuales ocurre dos veces por mes. Puja tiene lugar durante la luna llena y la nueva, cuando las fuertes corrientes y las mareas altas inundan las playas, los deltas de los ríos, los manglares y las zonas costeras, y transforman los corregimientos costeros en islas. Muchos habitantes costeros viven en casas sobre pilotes, elevadas por estructuras de madera conocidas localmente como palafitos.
Estas casas están ubicadas a lo largo de áreas que pueden potencialmente inundarse durante las pujas altas. Por el contrario, las mareas bajas destapan amplias planicies costeras, lo que les permite caminar de un corregimiento al otro y a las piangüeras recolectar mariscos en manglares y fondos fangosos intermareales. La pesca se vuelve extremadamente difícil durante las fuertes corrientes de la puja; la mayoría de los pescadores se dedican a la agricultura e incluso al turismo, y tan solo se aventuran en el mar para el pancoger (capturas de subsistencia) o el placer de pescar. Sucesivamente, los rangos de las mareas y las corrientes se reducen durante las fases lunares del primer y el último trimestre, conocidas como quiebra. La dinámica espaciotemporal también está determinada por la estacionalidad de la lluvia y los cambios en la temperatura de la superficie del mar y el viento. Por ejemplo, durante la lluvia alta las descargas fluviales surgen a lo largo de la costa, aumentan las corrientes de agua y la turbidez, e inundan algunas partes. Los participantes locales argumentaron que la gente evita navegar río arriba y pescar alrededor de las bocas de los ríos. En días secos y soleados, la salinidad de los ríos se incrementa y la temperatura del agua costera disminuye, lo que permite a los pescadores capturar grandes especies de peces pelágicos en aguas costeras poco profundas.
Las comunidades costeras han desarrollado una cultura anfibia, en las que las prácticas, comportamientos y creencias siguen los ritmos marinos, y ellas expresan una versatilidad en la transición entre estrategias de medios de vida acuáticas y terrestres (Fals Borda, 2002). Tradiciones, rituales y ceremonias están arraigadas en esta cultura anfibia. Una mañana, recolectando conchas durante una marea baja, un pescador de Tribugá dijo que él estaba destinado a pescar. Explicó que durante su nacimiento su madre raspó el pico de una garza y lo colocó sobre su ombligo en el ritual de la ombligada, con lo que le transmitió la capacidad de la garza de encontrar un montón de peces. Además, ella usó su cordón umbilical y la placenta para plantar un árbol, y de esta forma lo ató a la tierra. Este pescador nos muestra la forma en que la producción de conocimientos pasados y presentes crea espacios de representación relacional y fluida, en los que los humanos y la naturaleza son interdependientes (Escobar, 2015). En sus palabras: «Aquí en el golfo está la historia de lo que somos. Nosotros somos todo lo que usted ve, somos mar, lluvia y selva».
La mayoría de los pescadores usan canoas de madera talladas a mano en la selva durante la luna menguante por afrodescendientes e indígenas emberá. Los niños aprenden a pescar en los ríos, manglares y estuarios, en donde también pescan mujeres y adultos mayores. Para un pescador en Nuquí, solo aquellos que realizan esta actividad en alta mar (pescar afuera) son reconocidos socialmente como pescadores, y tienen acceso a interacciones sociales y redes de trabajo que solo suceden en el mar. La pesca a pequeña escala es espacial y temporalmente heterogénea, dirigida a múltiples especies, y usa diversas artes de pesca. La captura de peces es principalmente para la subsistencia, y proporciona la proteína esencial en las dietas locales. Sin embargo, intermediarios locales también comercializan el pescado de Jurubirá, Nuquí, Panguí y Arusí en mercados nacionales. Independientemente de estas relaciones comerciales, los entrevistados a lo largo de la costa ven al mar como mucho más que un contenedor de recursos. Así lo expresa un pescador de Tribugá: «Desde allí, desde mi niñez nace ese amor por la pesca. Porque pescar significa y simboliza para nosotros alegría, harmonía, la pesca es de suerte, de vivencia [...]. Cuando uno está mar abierto está conectado con la naturaleza; el pensamiento, el cuerpo y el alma están sincronizados con el movimiento del mar».
Para estas personas, el mar es un espacio vivido, en donde diferentes lugares son construidos socialmente por medio de recuerdos, emociones y experiencias. Los pescadores usan puntos de referencia terrestres, localmente conocidos como riscales (rocas basálticas marinas) para ubicar los caladeros de pesca artesanal. Ellos aprenden a leer la costa para encontrar su camino en el mar. Cada caladero es producto de interacciones humanas y no humanas, sostenidas a través de historias compartidas que generan sentidos de lugar. Dos pescadores en Arusí explicaron que los nuevos riscales son encontrados por aquellos que se atreven a exploran o se pierden, y usualmente son nombrados por o en honor a sus descubridores, como una manera de anclar las personas a lugares en el mar. Sobre esta base, la pesca implica procesos socioculturales que mantienen vivos recuerdos ancestrales. Además, los miembros de la comunidad en Nuquí, Panguí, Coquí y Termales transformaron las áreas marinas de forma colectiva, utilizaron madera de mangle para crear riscales artificiales, localmente conocidos como payaos, para atraer los peces cerca de la costa. Las relaciones sociales y simbólicas en cada corregimiento generan un sentido de lugar que fluye a través del tiempo y del espacio. Es importante destacar que las EAL se producen, se mantienen y se transforman a través de interacciones activas de conocimientos de los locales, los indígenas y los expertos, que actúan como fuerzas disciplinarias que dan forma y generan control sobre la conducta de los individuos (Foucault, 1995, pp. 27-28; Oslender, 2012). En seguida nos basamos en el concepto de territorio, para explorar las representaciones abstractas del espacio que están en juego en la región del Pacífico y las luchas territoriales de estas comunidades costeras.
La producción del territorio
El concepto de territorio ha sido parte de la discusión de los derechos de los afrodescendientes desde finales de los años ochenta (Escobar, 2008, pp. 52-53). «Territorio» emana del pensamiento europeo occidental, a partir del siglo XVII en adelante, y abarca una amplia variedad de significados y debates teóricos (ej. Agnew, 1994; Cox, 1991; Elden, 2013a; Moore, 2015). Es importante señalar que la epistemología euro céntrica moderna presupone la existencia de una verdad universal objetiva y construye la realidad a través de la estructura de oposiciones binarias (por ejemplo, marina/terrestre, naturaleza/cultura, moderna/tradicional) (Quijano, 2000). Dentro de esta forma de pensar dualista, el espacio es delimitado, homogéneo y separado del lugar y el tiempo (Agnew, 2011). El territorio se definió principalmente en términos de propiedad, delimitado y controlado por el Estado u otros actores poderosos, en donde el poder se ejerce de manera uniforme a través de límites geográficos fijos; siendo terrestre, estático y ahistórico (Elden, 2010; Steinberg & Peters, 2015). Un ejemplo es la delimitación de territorios marinos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CNUDM), en la que las aguas territoriales se fijaron desde la línea de base costera hasta 12 mn (millas náuticas) para la mayoría de los Estados costeros. Esta definición arbitraria pasa por alto la relación entre el territorio, el Estado y la sociedad (Moore, 2015). El territorio también se ha definido en términos de jurisdicción, designando al Estado moderno como árbitro de justicia. De esta forma, las unidades administrativas son controladas por una autoridad jurisdiccional, a través de reglas moralmente vinculantes que encierran la tierra y las personas, y hacen caso omiso al arraigo de los pueblos (Moore, 2014).
Stuart Elden desafío la percepción del territorio como un espacio plano, al analizar las luchas territoriales que ocurren más allá de la superficie, incluidos el espacio aéreo y el subsuelo. Argumentó que las luchas territoriales también ocurren sobre el control de volúmenes, vertical y volumétricamente (Elden, 2013b). Agregar consideraciones volumétricas es importante, pero aún surgen de una noción terrestre de territorio que descuida la fluidez de la materia y de los humanos, en particular en los espacios acuáticos, en donde fuerzas dinámicas producen movimientos que no pueden ser contenidos o definidos por volumen (Grundy-Warr et al., 2015; Steinberg & Peters, 2015). El binario tierra/agua ha sido impuesto por el Estado moderno, en el cual la tierra sólida es un espacio social, mientras que el mar líquido es un lugar para competir por los recursos y la soberanía territorial, dejando por fuera los procesos sociales marinos (Steinberg, 2001, 2013; Steinberg & Peters, 2015). Elden también recurre a las tecnologías de poder de Foucault, para definir el territorio como una tecnología política en la que se usan sistemas legales, estadísticas, mitos, guerras y otras herramientas de poder para crear representaciones espaciales abstractas y hegemónicas (2013a, pp. 10-17; 2010). Estas representaciones chocan con las EAL, ya que en ellas el territorio adquiere significado a través de prácticas cotidianas en donde la división agua/tierra se hace difusa (Brenner & Elden, 2009). Para vincular conceptualmente las EAL con la producción de territorio del Estado, revisamos a continuación la producción de territorio en la costa Pacífica colombiana.
Fronteras salvajes y de recursos
El Estado colombiano reprodujo históricamente representaciones modernas del territorio que excluyen a entornos acuáticos de los derechos territoriales de sus pueblos. En la época colonial (1550-1810), la Corona española controlaba áreas comerciales y productivas claves, pero tenía un control territorial limitado sobre localidades remotas en el Pacífico. Estas áreas emergieron como fronteras de recursos, clasificadas como baldías (tierras no utilizadas), de propiedad de la Corona (Serje, 2006). Los baldíos se convirtieron en una poderosa tecnología política, y volvieron invisibles los sistemas tradicionales de propiedad de tierras de afrodescendientes e indígenas para legitimar la acumulación de capital (Mollett, 2015). El territorio se produjo en términos de propiedad, se transfirió a empresas e individuos a través de concesiones, licencias y títulos privados, despojando los derechos de los pueblos ancestrales (Oslender, 2016, p. 64; Serje, 2006). La Constitución Política de 1886 reemplazó al Estado federal por uno unitario, y dividió el territorio nacional en unidades administrativas jurisdiccionales (es decir, departamentos, que se dividen en municipios) (Offen, 2003). Así mismo los baldíos y todos sus bienes públicos, incluidos ríos, mar, playas y bosques de manglares, pertenecen al Estado, y se convierten en inalienables e imprescriptibles, lo que significa que sus derechos de propiedad no pueden ser modificados y siguen vigentes aun cuando no hayan sido ejercidos (Artículo 4). Esto persistió en la Constitución Política de 1991 (Artículo 102), y creó un falso imaginario de la región del Pacífico como estática, plana y delimitada en el espacio.
Las economías de frontera aumentaron las disputas por tierras entre las comunidades, el Estado y las elites nacionales representadas por los partidos Liberal y Conservador. Los conflictos entre estos partidos políticos llevaron a la Guerra de los Mil Días y la guerra civil conocida como La Violencia, y produjeron nuevas olas de desplazamiento y luchas territoriales (Serje, 2006). Por otra parte, la acumulación de capital se ha extendido a lo largo de la costa del Pacífico, e incluye la pesca industrial, la tala, la extracción de madera y de corteza de manglar, la exploración petrolera, la minería y el cultivo de banano, cacao, arroz, caña de azúcar y palma africana (Escobar, 2008, p. 75; Restrepo, 2013). Desde la década de los años 70, estas actividades se intensificaron bajo los planes de desarrollo del Departamento Nacional de Planeación y la adopción en Colombia de un modelo económico neoliberal a fines de la década de los años 80, lo que conllevó que la resistencia local se haya enfrentado con nuevas olas de violencia (Escobar, 2003; Restrepo, 2013).
A finales del siglo XX, las regiones de fronteras de recursos se empezaron a percibir como fronteras salvajes que necesitan protección de intervenciones humanas. El Instituto de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente, la autoridad ambiental nacional desde 1968 hasta 1993, comenzó a declarar los parques nacionales. Los ecosistemas tropicales a lo largo del Pacífico quedaron enmarcados como intocables, e imaginados como un museo natural (Restrepo, 2013). En 1994, Colombia aprobó el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992. La biodiversidad se convirtió en uno de los activos económicos más valiosos de la región, e intensificó los procesos de conservación por despojo (Asher & Ojeda, 2009). Surgieron fricciones entre las comunidades locales, las agendas ambientales y las industrias extractivas, en particular a medida que los parques nacionales continuaban siendo declarados sin consulta local, lo que generó resistencia y conflictos (Andrade, 2009). Por ejemplo, un pescador en Jurubirá, al sur de la Ensenada de Utría, afirmó que cuando se creó el parque en 1987, los afrodescendientes que vivían dentro de sus límites fueron desalojados. Algunas familias emigraron hacia el norte al corregimiento de El Valle, o a Jurubirá, pero otras se negaron a irse y se convirtieron en ocupantes ilegales, lo que conlleva a que existan conflictos prolongados, por ejemplo, entre pescadores y funcionarios del parque debido a los accesos a los caladeros tradicionales de pesca artesanal.
La Constitución Política de Colombia reconoció los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en 1991, y definió al país como multicultural y pluriétnico, y en este sentido, la Constitución estableció que los territorios afrodescendientes necesitan protección adicional (Artículo Transitorio, AT-55). En consecuencia, se formó un movimiento social, el Proceso de Comunidades Negras, compuesto por más de 120 organizaciones, líderes locales y activistas para presionar por los derechos territoriales de los afrodescendientes (Grueso et al., 2003). Entre 1992 y 1998 el movimiento se unió a las redes de conservación de la biodiversidad involucradas en el Proyecto Biopacífico, e hizo parte de la agenda nacional para el desarrollo sostenible (Restrepo, 2013). Su participación permitió la inclusión de la cultura como parte de la biodiversidad (Escobar, 2001), y la red de trabajo abogó por los derechos territoriales, utilizando una perspectiva pasado-presente-futuro que se basa en las identidades locales, las tradiciones y la historia de la resistencia, visualizando al territorio como un espacio para ser (PCN, 2008). Esto fue muy estratégico; al atribuirle al territorio la supervivencia de la cultura, los reclamos territoriales se vincularon a la protección de la diversidad cultural, avalada por el Artículo 8 de la Constitución. En adición, al concebir la cultura como un componente de la conservación de la biodiversidad, los reclamos territoriales empezaron a estar protegidos por la CDB. Finalmente, la Ley 70 otorgó derechos territoriales colectivos a las comunidades afrodescendientes en 1993.
A partir de estos procesos legales (AT-55, Ley 70), las comunidades afrodescendientes fueron obligadas a organizarse en consejos comunitarios y sus reclamos territoriales se convirtieron en regímenes de propiedad colectiva terrestre, delimitados y estáticos, conocidos como territorios colectivos, sobre esto, un líder local recordó la tarde en la que un hombre afrodescendiente vino a Tribugá y les contó acerca de la Ley 70. Él explicó que necesitaban formar un consejo comunitario para que sus derechos territoriales fueran reconocidos por el Estado. A diferencia de los resguardos indígenas, los territorios colectivos afrodescendientes no fueron reconocidos como entidades territoriales, lo que significa que no pueden recaudar impuestos o administrar recursos naturales y no están financiados directamente por el presupuesto nacional (Ng'weno, 2000, pp. 33-34). La ausencia de independencia administrativa se consideró como una amenaza para la autonomía local por los líderes en el Golfo de Tribugá, al hacer los procesos locales dependientes del apoyo financiero del municipio y otras fuentes de financiación externas. Además, los parques nacionales y los bienes públicos, incluidos los bosques de manglar, las cuencas hidrográficas y los mares costeros fueron excluidos del proceso de titulación, dejando sus territorios incompletos. En palabras de un líder en Nuquí: «Parece que el gobierno es como si ellos estuvieran pensando, "esos negros no los vamos a dejar que se fortalezcan y nunca les vamos a dar autonomía"».
A diferencia de las configuraciones terrestres de los territorios colectivos, el Consejo Comunitario General Los Riscales definió el territorio en el 2007 en su Plan de Etnodesarrollo como: «Lugar en donde se forja y fortalece la cultura, se preservan las practicas ancestrales, es mediado y construido por una cosmovisión para que dicho espacio tenga significados y sentidos» (2007, p. 119).
Esta definición supera la delimitación y los binarios tierra/agua, y se enfoca en la cultura, las prácticas y la producción de significados. Sin embargo, el Estado ha excluido estas construcciones locales, lo que ha dado lugar a luchas por la autoridad sobre los paisajes acuáticos del Pacífico, como lo explica un funcionario del gobierno: «Muchos [afrodescendientes] alegan que ellos tienen una incidencia sobre el territorio marino, y que la ley 70 que es la de las comunidades afrodescendientes, dice que ellos ingieren sobre su territorio. Pero, las otras leyes del país dicen que el territorio marino es del Estado, punto».
Las comunidades manifestaron que la exclusión de los bosques de manglar viola su derecho constitucional a la diversidad étnica y cultural (Ng'weno, 2000; Offen, 2003). Después de múltiples negociaciones, algunas comunidades obtuvieron un estatus de concesionario especial sobre los bosques de manglar, mientras que otras (incluidas aquellas en el Golfo de Tribugá) los incorporaron con éxito dentro de sus territorios colectivos (García et al., 2014; Oslender, 2012). A pesar de que los territorios colectivos han contribuido al reconocimiento de los derechos territoriales locales, este ha sido parcial, actuando como una tecnología política impuesta.
Los procesos de territorialización en el Pacífico también han sido moldeados por la llegada del conflicto armado entre las fuerzas militares y guerrillas de izquierda desde la década de los años 90. Esto involucró incursiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, a mediados de la década, los grupos paramilitares y las bandas criminales también se expandieron a lo largo de la región, debido a que el tráfico de drogas y las economías extractivas han prosperado, en muchos casos interrumpiendo e impidiendo los procesos de titulación colectiva, exponiendo a las comunidades en áreas remotas a la violencia, masacres, reclutamiento forzado, corrupción y desplazamiento (Escobar, 2003). El Golfo de Tribugá se vio dramáticamente afectado, en particular en Tribugá, donde el ELN y grupos paramilitares produjeron varias incursiones armadas y desplazamientos forzosos, la última en el 2014. En una de las entrevistas, un académico vinculó esta violencia a los intereses económicos detrás de la construcción y el control de dos proyectos de infraestructura aún no realizados: la carretera Ánimas-Nuquí, propuesta por el Estado en 1959 para conectar la costa norte del Pacífico con el sistema nacional de carreteras y un puerto con múltiples propósitos, discutido por las agencias de desarrollo desde 1989 y que en la actualidad cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura. Además, con el aumento del precio del oro en la primera década del 2000, la minería ilegal de este mineral en pequeña y gran escala se intensificó en el Chocó (Tubb, 2015)4. Al menos el 46% de la explotación de oro aluvial en Chocó ocurre al interior de territorios colectivos afrodescendientes (UNODC & Minjusticia, 2016, p. 11). Algunas extracciones están integradas en una red criminal muy compleja, vinculada al tráfico de armas y drogas, así como al lavado de dinero. Esto ha financiado y agudizado una guerra no convencional, que transforma las economías locales y provoca grandes disturbios socio-ambientales (Tubb, 2015). Aunque no encontramos evidencia de la existencia de minería ilegal en la costa del Golfo de Tribugá, los líderes locales afirmaron que este tipo de prácticas tienen lugar en el interior. Debido a las dinámicas fluidas espaciotemporales interconectadas de los paisajes acuáticos del Pacífico norte, los impactos ambientales de la minería ilegal representan una gran amenaza para las comunidades ribereñas y costeras. La protección de los derechos territoriales afrodescendientes en el escenario político de posconflicto es crucial desde que se firmó un acuerdo de paz entre el Estado y las Farc el 24 de noviembre de 2016, al tener en cuenta la expansión de la minería y de las actividades de diferentes grupos armados a lo largo del Chocó. Las fronteras salvajes y de recursos son centrales en la producción del territorio en el Pacífico, donde históricamente se ha despojado a las comunidades de sus territorios y se les han negado sus derechos sobre ambientes acuáticos a través de intervenciones violentas. Pero, ¿dónde está el mar en esta historia de disputas territoriales?
Luchas territoriales en el mar
La producción estatal de territorio marino replica imaginarios terrestres, donde el espacio se concibe como vacío-pero-lleno, plano, estático y delimitado, y se valora por la acumulación de capital, soberanía nacional, servicios de transporte y conservación de la biodiversidad. Las tradiciones afrodescendientes, las prácticas pesqueras, las interacciones sociales y las memorias colectivas en el mar son aún invisibles para el Estado. La industria pesquera marina se centra en atún, peces pelágicos pequeños, camarones de aguas profundas, somera y demersales para lo cual operan embarcaciones de gran envergadura con aparejos de pesca especializados, pescando a lo largo de la costa y desembarcando sus capturas en cuatro puertos principales: Bahía Solano, Buenaventura, Guapí y Tumaco (Figura 2) (Wielgus et al., 2010).
Figura 2 Mapa de la costa Pacífica de Colombia con los departamentos costeros, principales puertos marítimos y la isobata de 200 m. Un punto costero ilustra la extensión de las cuatro principales zonas de explotación pesquera. Copyright: Chandra Jayasuriya.
Las pesquerías fueron dramáticamente afectadas por la sobrepesca, las fases extremas de la Oscilación del Sur de El Niño, el alto costo del combustible, la destrucción del hábitat y la reducción de la demanda, lo que conllevó al colapso de la pesquería de camarón de aguas someras durante la década de los años 80 y de la carduma (Cetengraulis mysticetus) en el 2013 (Díaz-Ochoa & Quiñones, 2008; Zapata et al, 2013).
Las pesquerías industriales y a menor escala son aún controladas por una política pesquera nacional obsoleta, creada antes de que los derechos de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas fueran reconocidos por la Constitución Política de 1991 (Estatuto General de Pesca, Ley 13 de 1990). La pesca a menor escala tiene una articulación limitada con mercados externos, lo que históricamente ha excluido a los EAL y los sistemas tradicionales de gobernanza pesquera de la toma de decisiones a nivel nacional y regional (Saavedra-Díaz et al. 2015). De esta forma, la gobernanza pesquera se basa mayormente en mecanismos de control de arriba hacia abajo (ej. licencias de pesca anuales, cuotas de captura y vedas). La inestabilidad institucional causada por seis cambios administrativos en la «autoridad pesquera»5 desde 1990 y el conflicto armado interno limitan la implementación de mecanismos de control (Saavedra-Díaz et al., 2015; Wielgus et al., 2010). El mar también es un lugar de disputa entre el Estado y grupos ilegales por el control de redes y corredores de tráfico marítimo. Todo esto impide el monitoreo a largo plazo de las poblaciones de peces y ecosistemas marinos, e ignora la importancia de la pesca a pequeña escala para la seguridad alimentaria costera.
Desde 1990, aumentaron los conflictos entre las comunidades costeras en el Pacífico norte y la industria pesquera atunera y de camarón en aguas profundas. La industria del atún captura principalmente bonito (Katsuwonus pelamis) y atún aleta amarilla (Thunnus albacares), y utiliza redes de cerco y palangres, con helicópteros, ecosondas y soporte de radar (Melo Saldarriaga, Maldonado y Zapata Padilla, 2011). Es importante resaltar que los pescadores a pequeña escala también capturan atún y usan líneas de mano y espineles. Las comunidades de Juradó y de Bahía Solano culpan a esta industria de amenazar la seguridad alimentaria costera como consecuencia de la sobrepesca y captura incidental excesiva (ver la próxima sección). Además, la industria del camarón de aguas profundas, que captura principalmente el camarón coliflor (Solenocera agassizii) y el rosado (Farfantepenaeus brevirostris), utiliza redes de arrastre de doble fondo que operan en zonas de pesca de 70 m de profundidad o más (Rodríguez et al., 2012). La industria maximiza sus ganancias con la comercialización de capturas incidentales y de peces pelágicos y deja las redes de arrastre suspendidas a media agua. Los barcos camaroneros son de propiedad privada y son operados por una tripulación de alrededor de seis miembros, la mayoría de ellos afrodescendientes provenientes de Buenaventura. Durante una conversación informal en Nuquí, un participante mencionó que varios miembros de la tripulación fueron tratados en el puesto de salud local por desnutrición y otros problemas de salud asociados con pobres condiciones de trabajo. Los pescadores de los nueve corregimientos costeros del Golfo de Tribugá acusaron a los barcos camaroneros de arrastrar sus espineles e invadir los caladeros de pesca artesanal. En palabras de un pescador de Jurubirá: «La industria no nos respetan los sitios, nuestros caladeros. El año pasado había dos barcos metidos aquí arrastrando y se llevaron nuestros espineles. Nosotros pusimos queja, pero nos hemos dado cuenta de que muchos de esos dueños de barcos son gente que están bien cogidas con el gobierno, por eso no nos pararon muchas bolas».
Los pescadores a lo largo del Golfo inculparon a la industria por la disminución de poblaciones de peces como resultado del impacto de la alta captura incidental, la contaminación auditiva y el arrastre de fondos marinos. Se refirieron a sus derechos territoriales, y cuestionaron el por qué la autoridad pesquera otorga licencias de pesca sin hacer una consulta previa local. Así lo recordó un pescador en Arusí: «¡Ay eso es una pelea! le dicen a uno que el mar no tiene dueño, que el mar es de todo el mundo, el mar no es algo privado, así que los barcos le dicen a uno que ellos pagan un impuesto, que las grandes industrias ellas pagan un impuesto en Bogotá y que ellos tienen su licencia, que allá les dan el permiso. Pero ahora nosotros tenemos un reglamento que el Estado le ha dado a uno para defender su territorio. Para que el blanco defienda el de él, el negro defienda el de él, y el indio defienda el de él, pero entonces ¿si eso nos lo dieron por qué tienen que venir de allá del Valle a destruir el Chocó?».
Los participantes locales y funcionarios de ONG de conservación argumentaron que la industria tan solo utiliza el Golfo para la pesca sin otorgar ningún tipo de retorno a las economías locales. Así lo explica un participante en Panguí: «Acá no nos beneficiamos de nada de eso, ellos... toda su producción es para sacarla, para llevarla a sus compañías y sí afecta mucho a los pescadores acá».
En 2004, la autoridad pesquera dividió el territorio marino en cuatro zonas de pesca (Figura 2): Zona 1 (línea costera hasta 1 mn), exclusiva para pesquerías de pequeña escala; Zona 2 (1-12 mn), para pesca de camarón de aguas someras y profundas, especies demersales y pesca pelágica pequeña/mediana; Zona 3 (12-30 mn), para pesca de camarón de aguas profundas, especies demersales y pesquerías pelágicas pequeñas/medianas; y Zona 4 (30-200 mn), para pesquerías oceánicas y pelágicas medianas. El establecimiento de estas zonas refleja la delimitación territorial marina de la CNUDM: es arbitraria, inconsulta e ignora tanto la heterogeneidad local como la espacial (Saavedra-Díaz et al., 2015). Los líderes comunitarios en el Golfo de Tribugá argumentaron que la población local que conoce de pesca a menor escala fue excluida, y que 1 mn no es suficiente para proteger sus caladeros de la pesca industrial. Así lo explica un académico quien afirmó que la autoridad pesquera solo consultó los representantes de la industria pesquera: «Aquí para darle un espacio a los pescadores artesanales se les consulta a los industriales. Eso a mí, es una evidencia del desequilibrio y además de la alta influencia del sector industrial en el diseño de políticas. Aquí incluso podríamos cuestionar que lo que el gobierno llama "participativo del sector industrial" como un obstáculo a la independencia de la toma de decisiones del gobierno».
Vale la pena resaltar que la autoridad pesquera más cercana se encuentra en Bahía Solano, aproximadamente a dos horas en barco, lo que limita el control y la vigilancia. Según lo declara un pescador en Nuquí: «En enero [2015], yo estaba en la playa Olímpica y un camaronero a menos de una milla, arrastrando. Llame al teniente de la armada y me dice "yo estoy pendiente es del orden público con el tema del narcotráfico" [...]. La gente solo puede sentarse a llorar, de ver como esos barcos acaban con nuestro mar».
La falta de involucramiento y participación de las comunidades afrodescendientes costeras en la producción de estos territorios marinos significa que el mar se trata formalmente como una frontera de recursos. Estas zonas actúan como una tecnología política que impone límites definidos por la autoridad pesquera, y despoja a las comunidades de la fluidez de su espacio social marino. Varios pescadores entrevistados en el Golfo de Tribugá afirmaron que la disminución de peces ocasionalmente los obliga a navegar más lejos. En general, la autoridad pesquera supervisa el despojo de las pesquerías locales a pequeña escala, lo que afecta la seguridad alimentaria local, la salud ambiental y el patrimonio cultural. Al hacer esto, la acumulación de capital extra-local es priorizada y sostenida (Sneddon, 2007). Este proceso privilegia la participación de la pesca industrial en las decisiones de gobernanza y marginaliza a las EAL a lo largo de la costa. Los conflictos con la industria no son impulsados simplemente por la apropiación física de los recursos, sino por los esfuerzos para defender el mar como un espacio social y cultural.
Fronteras salvajes en el mar
Los pescadores artesanales a pequeña escala en Juradó y Bahía Solano (Figura 3) han exigido la prohibición de la pesca industrial de atunes y camarones de aguas profundas desde 1990, cuando el mar comenzó a ser un lugar de enfrentamiento entre fronteras de control de recursos naturales y salvajes. Fue en 1992, cuando la CDB solicitó la identificación de áreas de conservación marina prioritarias, que esto se convirtió en un objetivo dominante en las políticas de gobierno (Wood et al., 2008). Es de destacar que, en el 2004, los gobiernos que habían ratificado la CDB se comprometieron a proteger al menos el 10% de sus áreas marino-costeras nacionales para el 2012 (diferido hasta el 2020 por la Meta Aichi 11). En Colombia, el Instituto de Investigación Marina y Costera (Invemar) identificó áreas prioritarias de conservación para promover la creación de AMP. Las AMP pueden ahora ser declaradas por tres agencias estatales: la Aunap (Zonas de pesca artesanal exclusiva y Zonas especiales de manejo de pesca -Ley 13, 1990), el Sistema Nacional de Parques Naturales y las autoridades ambientales conocidas como Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). A estas últimas se les otorgó jurisdicción marina a 12 mn de la costa (Ley 1450) en 2011.
Figura 3 Mapa de los municipios costeros y áreas protegidas a lo largo de la costa del Pacífico del departamento de Chocó. Copyright: Chandra Jayasuriya.
Las AMP en Colombia tienen una interacción limitada entre las agencias estatales a nivel regional y nacional. La ausencia de agencias estatales municipales restringe las interacciones a nivel local, por lo que las ONG de conservación juegan un papel clave en la creación de mecanismos de enlace entre las agencias estatales y la población local. Pero preguntas de cantidad predominan sobre la calidad, en donde la gobernanza pesquera deficiente y el control limitado llevan a la creación de AMP que solo existen en el papel (De Santo, 2013). Es de destacar que las tensiones entre las agendas de explotación y conservación y sus territorialidades superpuestas han hecho que la producción de un AMP sea un proceso bastante complicado. Ahora mostráremos cómo gracias a lo planteado, se abrió un espacio para que las comunidades locales participaran en la producción estatal de territorio en el mar.
Creación de áreas marinas protegidas
Después de muchos años de conflicto entre las comunidades locales y las pesquerías industriales en Juradó y Bahía Solano, los pescadores a menor escala, los comerciantes locales y el Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Chocó (GIC-PA) - que reúne los esfuerzos de los actores públicos y privados en apoyo de la pesca a menor escala en el Pacífico norte - comenzaron a impulsar la creación de una zona de pesca artesanal a pequeña escala. Finalmente, en 2008, la autoridad pesquera creó una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal provisional de un año (Zepa) (Figura 3), que va desde la línea de base costera hasta 2,5 mn; otorgó derechos de pesca a los pescadores a menor escala y excluyó la pesca industrial. La Fundación Squalus, una ONG de conservación nacional, firmó un acuerdo de cooperación con la autoridad pesquera y supervisó la Zepa durante dos años a partir de 2008. En un reporte de monitoreo recomendó extender el área a 5-7 mn desde la costa para proteger de manera efectiva las poblaciones de peces locales. La autoridad pesquera lo ignoró y tan solo extendió el estado provisional de la Zepa. Se firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la Fundación MarViva, una ONG de conservación internacional, para llevar a cabo un monitoreo participativo de las poblaciones de peces de pesca artesanal del 2010 al 2012.
En el 2012, cansados de ser ignorados, los pescadores artesanales presentaron una Acción Popular, con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia Social Nacional, Tierra Digna. En ella reclamaron la falta de control del Estado sobre los barcos industriales que continúan pescando dentro de la Zepa, y por consiguiente violan sus derechos colectivos a un medio ambiente sano y al patrimonio cultural. Presentaron una solicitud para expandir el área a 7 mn de la costa y un control más efectivo sobre las embarcaciones industriales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya decisión aún está pendiente. Como lo mencionan dos académicos involucrados en el proceso, las comunidades defienden el mar como parte de su territorio. Después de cinco años de estatus provisional, en el 2013 la Zepa fue declarada permanente. Aunque no se amplió su extensión, la autoridad pesquera creó una Zona Especial de Manejo de Pesca adyacente (Figura 3), que prohíbe la entrada de pesquerías de atún de 2,5 a 12 mn desde la costa y permite la entrada de los barcos de camarón de aguas profundas. Sin embargo, ninguna de estas AMP está debidamente monitoreada o vigilada. Miembros de la comunidad han denunciado la ocurrencia de pesca ilegal varias veces, sin respuesta de la autoridad pesquera. Parece que Colombia ha recompensado la cantidad sobre la calidad para cumplir con los objetivos de conservación marina de la CDB, en los cuales AMP como la Zona de Manejo de Pesca Especial tan solo existen en el papel.
A pesar de estas dificultades y motivados por la experiencia de Zepa, las comunidades costeras en el Golfo de Tribugá se comprometieron en la creación de una nueva AMP, con el fin de legitimar el acceso y control local sobre el mar y prohibir la pesca industrial. Han experimentado conflictos con los barcos camaroneros de aguas profundas que ingresan al Golfo para acceder a El Filo, uno de los caladeros más importantes de camarón rosado. Según un líder de la comunidad en Nuquí: « Viendo la Zepa en Bahía Solano, en donde se les prohibió a los industriales arrastrar, pensamos por qué no nos organizamos y nos unimos para proteger el recurso, no para mí, sino para el que viene. Esta es la lucha por el AMP».
Estos conflictos fueron reportados por primera vez por la Fundación Natura (una ONG de conservación) en la década de los años 90. Más tarde, en el Plan de Etnodesarrollo formulado por el Consejo Comunitario General Los Riscales en 2007, los pescadores locales solicitaron la creación de una zona de pesca artesanal para proteger las pesquerías a pequeña escala de los impactos de la industria (Consejo Comunitario General Los Riscales, 2007, p. 266). Así lo explica un líder en Jurubirá: «La industria camaronera, no solo capturan el camarón, va con todo [...] Nuestros sitios de pesca que nosotros les llamamos riscales, esos sitios para nosotros son sagrados y en el momento en que la flota industrial entra y arrastra nos desbaratan los sitios. Todo esto ha permitido que el pescador artesanal nos pellizquemos y digamos nosotros tenemos que buscar una figura donde nos proteja al menos lo sitios de la industria».
Acusaciones similares fueron manifestadas por diferentes personas a lo largo del Golfo, quienes afirmaron que los barcos industriales no solo pescan en El Filo, sino cerca de los riscales, diezmando la abundancia de peces y destruyendo los caladeros tradicionales. La idea de crear un AMP tomo fuerza cuando el Invemar en el 2008, identificó 12 áreas de prioridad nacional para la conservación marina en el Pacífico, de las cuales dos estaban ubicadas dentro del Golfo de Tribugá (Alonso et al., 2008). Apoyadas por la Fundación MarViva, las comunidades monitorearon la captura de peces con el fin de respaldar sus reclamos locales sobre la disminución de las poblaciones y el tamaño de los peces, y diseñaron un plan de manejo para los manglares del Golfo en el 2009. Un año después, Invemar evaluó la viabilidad socioeconómica del AMP, determinó que el área solo sería factible si se mantiene la autonomía local, se reconoce el conocimiento tradicional, el esquema de manejo involucra participación local y se mejoran los estándares de vida de la población costera (Maldonado et al., 2010). Basados en estas consideraciones, los talleres comunitarios realizados en el 2013 empezaron a evaluar diferentes tipos de áreas protegidas. Los líderes locales que asistieron a los talleres recordaron que allí se rechazó la posibilidad de crear un parque nacional o una Zepa, por la relación conflictiva entre los pescadores y los funcionarios de Parques en la Ensenada de Utría, así como por la falta de fondos para la gestión de una Zepa o una Zona de Gestión de Pesca Especial. El Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) fue elegido como la mejor opción, ya que permite restringir las actividades pesqueras a prácticas sostenibles y recibe fondos del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Según un líder en Tribugá: «Nosotros hemos estudiado las diferentes clases de figuras que hay en el Estado colombiano para poder pensar qué podría ser esta área. Nosotros decidimos que fuera el DRMI, porque permite una forma de uso sostenible, queremos que sea en beneficio para la gente, donde las decisiones se tomen con las comunidades».
Este modelo permite la integración de áreas marinas y costeras y la implementación de un esquema de co-manejo. Como lo señaló un líder en Nuquí: «El fin último del área es el desarrollo de la comunidad, el ejercicio de la política del gobierno de la comunidad que se haga, no tanto el componente ambiental que le interesa al Estado o a las ONG, es todo eso sumado, a las acciones van es encaminadas a que la comunidad tenga una mejor calidad de vida».
Los líderes de la comunidad sabían que los objetivos de conservación de las AMP podrían potencialmente opacar los intereses locales, pero apoyaron su creación como una oportunidad para proteger a las comunidades costeras de la pesca industrial. La Mesa Redonda de Ordenación Ambiental del Golfo de Tribugá se formó para unir esfuerzos en la declaración de la AMP, con la participación del Consejo Comunitario General Los Riscales, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Chocó (Codechocó), la Aunap, la Alcaldía de Nuquí y el Ejército Nacional, con el apoyo del GIC-PA las mesas redondas de turismo, pesca y manglares, Parques Nacionales Naturales, ONG e Invemar. En el 2014, las comunidades de los nueve corregimientos del Golfo firmaron acuerdos de consulta previa en los que se acordó la creación del DRMI para prohibir la entrada de la industria pesquera al Golfo. Los participantes recordaron haber asistido a reuniones comunitarias y firmar dicho acuerdo, aunque algunos se mostraron escépticos. El DRMI fue declarado por Codechocó el 18 de diciembre del 2014 (Figura 3). Este proceso surgió del espacio diferencial que ha existido en paralelo a las representaciones territoriales estatales del Territorio Colectivo General Los Riscales, en el que el mar se considera como parte del territorio de los pueblos locales. Sin embargo, la industria, con el apoyo de Invemar, mantiene que su actividad pesquera es sostenible. Según un funcionario de una ONG de conservación: «Invemar, que paradójicamente es también quien promovió la creación del área protegida, en una investigación arrojó que hay un recurso de camarón profundo que esta subexplotado y desarrolla una propuesta de manejo para la industria avalada por la Aunap [...]. El acuerdo formal del DRMI tiene una lista de prácticas incluyendo pesca sostenible, en donde no está discriminando la pesca de arrastre de la pesca artesanal. El problema es que el acuerdo que se firmó cuando se hizo la consulta previa si tiene explícito que se prohíbe la pesca industrial».
En consecuencia, la industria del camarón de aguas profundas continúa pescando dentro del DRMI, y amenaza la legitimidad local de la AMP. Los acuerdos de pesca entre la mesa redonda de ordenanzas y la industria se han negociado y están en construcción (comunicación personal, abril del 2017). Sin embargo, las comunidades no solo están lidiando con asimetrías de poder dentro de la mesa redonda de ordenamiento territorial, sino que también enfrentan los desafíos de evaluar la sostenibilidad de la industria del camarón de aguas profundas y de crear un esquema de co-manejo con el apoyo financiero y técnico limitado e intermitente de Codechocó. Los esfuerzos locales son vulnerables y dependen de actores individuales y ONG, que han desempeñado un papel importante haciendo lobby para el desarrollo de vínculos entre diferentes niveles y escalas en un contexto institucional inestable.
Discusión y conclusión
La división tierra/mar impuesta por el Estado moderno da una falsa impresión de que los espacios marinos son vacíos de personas y están disponibles para la acumulación de capital (Steinberg & Peters, 2015). Los imaginarios de la costa del Pacífico de Colombia como vacío-pero-lleno continúan reproduciendo lógicas raciales coloniales que niegan la existencia de procesos sociales acuáticos, y mantienen invisibles frente a los ojos del Estado las luchas territoriales marinas afrodescendientes (Bridge, 2001; Mollett, 2015). De esta forma, la producción estatal de territorio garantiza el acceso y el control externo sobre fronteras de recursos marinos y salvajes, en procesos que perpetúan las desigualdades sociales (Restrepo, 2013; Serje, 2013). Estas fronteras también se vinculan a la producción de lugares de violencia, donde las territorialidades locales se enfrentan constantemente a la acumulación de capital legal e ilegal (Grajales, 2011; Ojeda, 2012; Vélez-Torres, 2012). Los derechos territoriales afrodescendientes son claves para el reconocimiento de las luchas territoriales locales. Sin embargo, los territorios colectivos inscritos en la legislación nacional también actúan como una tecnología política para controlar en lugar de empoderar a las comunidades remotas, y crean límites de tierra/agua sobre geografías fluidas y dinámicas.
Las comunidades costeras en el Golfo de Tribugá no son observadores pasivos en la producción de territorio del Estado. Sus EAL informan y mantienen un espacio diferencial en el que el territorio se percibe como un lugar donde la cultura y las prácticas ancestrales se crean y transforman, y hacen parte de complejas dinámicas espaciales fluidas y volumétricas. Estas EAL escalaron para dar forma a la territorialización marina estatal, intentando garantizar el acceso y el control local más allá de los límites definidos por los territorios colectivos terrestres. En referencia a la definición de Elden del territorio como una tecnología política, a diferencia de la tierra, el mar en un AMP no es un recurso escaso y de propiedad, sino un «espacio central de existencia» para las comunidades pesqueras costeras (Peters, 2015, p. 271). Además, el terreno se construyó por las relaciones políticas entre el conocimiento y el poder en la confluencia de las EAL y la conservación ambiental moderna. Esto permite que las luchas espaciales y territoriales diferenciales locales alcancen arenas políticas nacionales, y produzcan nuevos campos de negociación para transformar las relaciones de autoridad en el mar. La pluralidad epistémica existe no solo en la tierra (Escobar, 2008) sino también en el mar como parte de los complejos procesos de territorialización de la región.
Tal como lo argumenta Corson (2011), la producción neoliberal de territorialización del Estado la utilizan actores no estatales para reclamar su autoridad y control. Aportamos al entendimiento de estos procesos de territorialización al demostrar que estas negociaciones en el mar están limitadas por la configuración de los paisajes marinos como espacios públicos que deben ser delimitados para proteger o regular el uso de recursos. Esta configuración relegó históricamente los esfuerzos de los habitantes costeros en la defensa de sus prácticas socioculturales a la interfaz entre el agua y la tierra.
La autodeterminación de las comunidades afrodescendientes para hacer valer sus derechos territoriales, mediante el uso de mecanismos formales de control territorial en lugar de descartarlos como imposiciones del Estado, es un esfuerzo para resistir el desplazamiento en curso de ambos, la tierra y el mar. En este sentido, estas comunidades navegan estratégicamente la lógica del Estado, toman ventaja de las contradicciones entre las fronteras de recursos y salvajes para participar en el proceso de formación del Estado. Por otra parte, las ONG de conservación juegan un papel importante al crear mecanismos puente entre las comunidades y las autoridades ambientales, y apoyan procesos locales para la creación del AMP. En cuanto a esta, el hecho es que un AMP también somete a las comunidades locales a discursos e imaginarios del mar como un espacio que necesita ser regulado y protegido, así como a la introducción de procesos de valor agregado de comodificación de la naturaleza. Estos procesos de comodificación incluyen la comercialización de productos de pesca sostenible y el ecoturismo por medio de las funciones intermediarias de ONG y agencias de ayuda al desarrollo (Igoe & Brockington, 2007). La extensión de la autoridad político-legal local en el mar aún involucra asimetrías de poder entre las comunidades y la industria pesquera. La lucha política por los territorios continúa. Más aún, durante el trabajo de campo, los líderes locales de Pizarro y el Litoral de San Juan, dos municipios vecinos, expresaron su interés en desarrollar procesos participativos similares. Debido a la presión por cumplir con las metas internacionales de un AMP, es probable que otras comunidades desarrollen regímenes de protección análogos y estén dispuestas a pasar por procesos engorrosos para garantizar su acceso y control sobre el mar. A pesar de esto, las AMP no integran los derechos territoriales y marinos, sino que separan las dinámicas socioculturales del agua centrándose principalmente en el manejo pesquero. Hacemos un llamado al estudio y reconocimiento de alternativas de territorialización terrestres/marinas a través de instrumentos legales y políticos para defender los derechos territoriales de los pueblos anfibios del mundo.
Las AMP podrían considerarse como un mal menor, en comparación con previas rondas de territorialización que visualizaron al Pacífico como una frontera de recursos marinos disponibles para explotación. Sin embargo, en una economía neoliberal el Estado aún gobierna la pesca industrial a través de incentivos de mercado, y hace cuestionable la sostenibilidad de las operaciones en la región (Mansfield, 2004a). La lucha por el control de fronteras de recursos en este escenario de conflicto no convencional es única, sitúa a las comunidades y los procesos de conservación de la biodiversidad en una encrucijada entre procesos legales e ilegales de territorialización. Es necesaria más investigación enfocada en ir más allá de las AMP como una solución para la falta de reconocimiento de los derechos territoriales marinos y costeros de los pueblos.
