La caravana y el complejo industrial fronterizo estadounidense

Uno de los sellos característicos del complejo industrial fronterizo (CIF) en Estados Unidos es la militarización de la frontera y, durante el otoño de 2018, la respuesta de Trump a la caravana de refugiados centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos, hizo visible e intensificó una relación ya estrecha entre la vigilancia policial limítrofe y el personal, las estrategias y las tácticas castrenses. Y así, en el verano de 2019, solo dos años después de su llegada a la presidencia, Trump había enviado a miles de soldados en servicio a la frontera (^{Morgan, 17 de julio, 2019}). Aunque Estados Unidos lleva largo tiempo militarizando la frontera en un intento por controlar la migración, esa militarización ha tendido a ser lenta y sutil, muchas veces caracterizada (por estudiosos como Timothy ^{Dunn) como un conflicto de baja intensidad (1995)}. No cabe duda de que Estados Unidos ha tenido que ser cauteloso y moderado en lo que respecta a la militarización de sus fronteras, para no violar la Ley Posse Comitatus de 1935, la cual prohíbe el uso de efectivos militares como agentes de orden público en las fronteras nacionales. Sin embargo, en un alarde de fuerza militarizada del complejo industrial fronterizo, se instauró la Operación Patriota Fiel [Operation Faithful Patriot ]² para responder a la caravana y se puso a trabajar a los agentes que aún no tenían la facultad legal de imponer la ley en la frontera, «brindando apoyo en helicópteros para las misiones fronterizas, instalando barreras concretas y reparando y dando mantenimiento a vehículos» (^{Galvan, 30 de octubre, 2018}).

La militarización no describe solamente una táctica, también está ligada por teoría al complejo industrial fronterizo. Al acuñar el término, Michael Dear se inspiró en el uso del complejo industrial militar de Dwight Eisenhower. Sostuvo que «puede aplicarse un concepto análogo a la gama de intereses públicos y privados multidimensionales e interrelacionados que ahora manejan la seguridad fronteriza -que comprende flujos de dinero, contratos, influencia y recursos en medio de una extensa red de personas, cabilderos, corporaciones, bancos, entidades públicas y funcionarios elegidos en todos los niveles del gobierno» (2015, p.125,). Así como el lucro ha motivado el aumento de la militarización en Estados Unidos y el exterior, así también ha configurado una industria en torno a la exclusión y la contención de las poblaciones migrantes.

Este aumento de la inversión privada en la vigilancia policial fronteriza, también desempeñó un rol en la respuesta estadounidense a la caravana, mientras Trump seguía exigiendo una política migratoria, que había llegado a depender de la contratación privada para construir una infraestructura relacionada y necesaria de tecnología, detención y adiestramiento de agentes. Por ejemplo, en una entrevista con Laura Ingraham de la cadena Fox News el 29 de octubre de 2018, Trump reveló la política de su administración para tratar con los solicitantes de asilo que viajaban con la caravana. Aseguró que quienes solicitaban asilo serían retenidos «hasta que llegue el momento de su juicio». Cuando se le preguntó por la logística y las instalaciones para mantener al grupo, Trump prometió que esas detenciones indefinidas se harían en «ciudades de carpas» [tent cities]. Y procedió a describir su plan: «vamos a instalar carpas en todo el lugar. No vamos a construir estructuras y gastar todo eso, ya sabe, cientos de millones de dólares... pondremos carpas» [“[w]e’re going to put tents up all over the place. We’re not going to build structures and spend all of this, you know, hundreds of millions of dollars - we’re going to have tents”] (^{Kates, 30 de octubre, 2018}). Aunque esa peculiar ciudad de carpas aún no se erige, el plan se basa en una larga historia de detención de migrantes en Estados Unidos (Cullison, 2020, en este volumen) y en un momento actual en el que han surgido industrias que se ocupan de proveer la mano de obra contratada necesaria para encarcelar a los migrantes. Dicha industria está conformada no solo por contratistas privados que manejan instalaciones de detención (como Corrections Corporation of America, ahora Core Civic y el Grupo GEO), también la componen corporaciones privadas que alimentan, visten, proveen servicios de telefonía, transporte, inspección y atención médica a los migrantes (^{Worth Rises, junio, 2018}). Es más, aunque Trump describió las carpas como una estrategia para ahorrar dinero, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que el costo de retener a niños migrantes en una ciudad de carpas en Tornillo, Texas, es mayor que el gasto en que se hubiera incurrido si se los hubiera retenido en instalaciones construidas (^{Ainsley, 20 de junio, 2018}). A fin de cuentas, entonces, las ciudades de carpas que retienen cientos, si no miles, de solicitantes de asilo generarían millones de dólares en contratos con empresas privadas de detención y prestación de servicios. De esta manera, el complejo industrial fronterizo queda en deuda con otra serie de colaboraciones público-privadas, a saber, las creadas mediante el complejo industrial carcelario (^{Davis, 2003}; ^{Gilmore, 2007}).

Además de demandar un aumento de la capacidad estadounidense para la detención de migrantes, Trump también hizo énfasis en la «amenaza» [“threat”] de la caravana como una oportunidad para repetir, una vez más, su incesante pedido de un muro fronterizo. Dicha estructura demandaría miles de millones de dólares en contratos de construcción, materiales y la tecnología necesaria para crear extensiones de ladrillo y cemento, así como posibles barreras digitales o virtuales. El muro también crea la necesidad de alianzas perpetuas, pues los muros, barreras y refuerzos requieren mantenimiento (Stewart, 23 de agosto, 2019).

La demanda de Trump de refuerzo de la presencia militar, para las ciudades de carpas y centros de detención, y de un muro para «proteger» [“protect”] a Estados Unidos de la caravana y de otros migrantes, tiene su origen en una serie de discursos racializados y de género que por largo tiempo han motivado el crecimiento del complejo industrial fronterizo (Pérez, 2018). Esos discursos presentan a los migrantes latinoamericanos como amenazas extranjeras que buscan hacer daño a estadounidenses inocentes, y están plasmados en el trino de Trump del 26 de noviembre de 2018, en el que se refiere a los integrantes de la caravana como «criminales desalmados» [“stone cold criminals”] que deberían ser «devueltos a sus países» [“back to their countries”]. Las palabras que usa aquí también señalan las innumerables veces en que ha dicho explícitamente e insinuado implícitamente que los migrantes latinoamericanos son por naturaleza violentos criminales.

El discurso de la criminalidad es útil para el CIF, no solo en su capacidad de basarse en la lógica del complejo industrial carcelario y ampliarla. También el crimen se convierte en un término expansivo que podría aplicarse a todo, desde cruzar la frontera sin documentación hasta el robo y el homicidio. En el caso de la caravana, Trump sostuvo que esos «elementos criminales» [“criminal elements”] incluían pandilleros, como los de la MS-13 y, añadió de manera vaga, «gente de Oriente medio» [“Middle Easterners”] (^{Rizzo, 25 de octubre, 2018}) para insinuar que había terroristas viajando con el grupo. En esta imaginación de una «crisis fronteriza», los integrantes de la caravana y solicitantes de asilo eran descritos como criminales violentos, lo que implicaba que los ciudadanos estadounidenses, agentes fronterizos y contribuyentes eran representados como víctimas. A finales de noviembre, a medida que se acercaban las elecciones legislativas de medio mandato de 2018, Trump recurrió a Twitter una vez más para hacer explícitos los discursos antimigrantes del CIF: «¡No hay manera de que Estados Unidos, tras décadas de abuso, siga tolerando esta situación costosa y peligrosa!» [“There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore!”] (^{Trump, 24 de noviembre, 2018}).

En estos discursos, el Estado justifica la exclusión, el confinamiento y la vigilancia de migrantes y solicitantes de asilo, insinuando que los migrantes son personas violentas que deben tratarse con fuerza. Pero estos discursos de Estados Unidos como víctima y del migrante como criminal también desconocen la violencia cometida por el CIF contra los migrantes y solicitantes de asilo. Oculto, tras este lenguaje, está el abuso de los migrantes a manos de un complejo que se lucra y se beneficia de la persecución, el encarcelamiento y la muerte de los migrantes (Pérez, 2018). Esta recopilación busca identificar tanto el trabajo del complejo industrial fronterizo a nivel global y hacer visibles estas violencias contra los migrantes.

Los enredos locales del complejo industrial fronterizo

El seguimiento, precedido de titulares sensacionalistas, del arribo de la caravana de migrantes a la ciudad de Tijuana a mediados de noviembre de 2018, llamó la atención sobre algunos actores que generalmente no se asociaban a discusiones del CIF, pero que parecían listos para lucrarse de la frontera estadounidense con México, tan estridentemente controlada, aunque parecía estar en oposición con o desconectada de los aparatos e intereses económicos manejados y fomentados por la seguridad interna de Estados Unidos. El complejo industrial fronterizo, en esta perspectiva, se imagina no solo como un baluarte altamente fortificado, sino como un agregado de elementos pesados pero móviles, en ocasiones profundamente entrelazados, y que otras veces pasan rozándose uno contra otro en armonía transitoria o chocando ruidosamente unos contra otros en embestidas inconsistentes, solo para desconectarse más adelante al unísono. Esta visión más amplia del complejo industrial fronterizo pretende ver más allá de sus componentes obvios y explorar algunos de sus coactores secundarios y dependientes.

La llegada por partes de la caravana a Playas de Tijuana, desde el 11 de noviembre, en pocos días había llamado la atención del mundo entero, y los medios informativos internacionales informaban sobre los más de 800 migrantes que acampaban a lo largo del icónico muro fronterizo junto a la costa, mientras el presidente estadounidense trinaba su desprecio contra ellos, los vecinos protestaban, los migrantes jóvenes trepaban el muro e insultaban a los soldados estadounidenses enviados para impedir su entrada al país, y el alcalde de Tijuana proclamaba que eran una horda de marihuaneros y vagabundos. Pronto, videos virales de una hondureña rechazando un plato de fríjoles por ser comida para cerdos, y la «facción disidente» LGBTQ de la caravana, representando una «boda masiva», parecieron provocar respuestas de rencor o compasión igualmente extremas en diferentes sectores de la sociedad mexicana. El episodio ultramediatizado de una marcha de protesta que se desvió repentinamente de su ruta, atravesando el canal del río Tijuana hacia Estados Unidos, que algunos interpretaron como un arrebato en la frontera por parte de una horda revoltosa, y la respuesta estadounidense de bombas de gas lacrimógeno arrojadas a la multitud, mientras mujeres y niños aterrados corrían a replegarse, inflamó aún más los sentimientos en contra y a favor de los inmigrantes. Para una ciudad conocida por hacer todos los esfuerzos posibles para superar la frontera, ya fuera mediante visas láser, mafias de coyotes, cruces Sentri (un acrónimo de redes electrónicas seguras para inspección acelerada de viajeros), redes de burreros, bebés ancla [anchor babies]³ o expediciones de compra de fin de semana, el muro, en todo su espectáculo visual, había penetrado clamorosamente en la psique de todos.

La visibilidad de la caravana de migrantes en el otoño de 2018 ofrece un marcado contraste con la invisibilidad que por generaciones mantuvieron los migrantes de sur a norte en Norteamérica, para quienes la invisibilidad fue clave en el éxito de su travesía (Durand & Massey, 2009), pero ese no fue el primer momento en que se intensificó la visibilidad de la migración en esa ciudad. En Tijuana, ciudad construida gracias a la migración, las nuevas olas de visibilidad de migrantes que se remontaban a una década atrás han modelado una nueva era para la ciudad. Después de 2001, Tijuana comenzó a transformarse del punto de cruce más transitado hacia Norteamérica por migrantes indocumentados, a ser el punto de recepción más grande del mundo para migrantes deportados. Para la década de 2010, la deportación se convirtió en un espectáculo noticioso cuando los campamentos informales de miles de mexicanos deportados, desmoralizados y en muchos casos adictos a las drogas o el alcohol, comenzaron a multiplicarse en la canalización del río Tijuana a lo largo de la frontera, cerca de los principales cruces fronterizos legales en Tijuana, los cuales eventualmente llevaron a campañas de expulsión en ocasiones violentas (^{Woldenberg, 2013}). En 2016, miles de inmigrantes haitianos llegaron a Tijuana con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos, lo que otra vez acaparó los titulares de los periódicos de todo el mundo, mientras Tijuana se agitaba para acomodar su primera ola importante de migrantes afrolatinoamericanos no hispanohablantes, muchos de los cuáles se establecerían en la ciudad (^{Alarcón Acosta & Ortiz Esquivel, 2017}). Y en 2018, la migración centroamericana, que por largo tiempo había pasado clandestinamente por Tijuana, se vio ultravisibilizada y mediatizada con el espectáculo de la caravana de migrantes del otoño de 2018 (^{Irwin, 2019}).

Estas nuevas visibilidades de la migración despertaron y dirigieron la atención hacia las infraestructuras que se han configurado en torno a los migrantes, en dirección norte o sur, que se asientan en Tijuana de manera provisional o definitiva. Cuando la caravana llegó a Tijuana, se movilizó todo tipo de agencias para alojarlos. Aunque muchas de las organizaciones que participan en esta ayuda son religiosas y sin ánimo de lucro, hay sin embargo una población importante que se ganan la vida con la atención a los migrantes, y cuya supervivencia depende del complejo industrial fronterizo. Sin un muro fronterizo, la patrulla fronteriza, los agentes de inmigración y aduanas, los centros de detención de inmigrantes y el sistema judicial de inmigración estadounidense, no habría necesidad de que El Desayunador Salesiano Padre Chava o la Casa de los Pobres sirvieran miles de desayunos cada mañana; no habría necesidad de más de sesenta albergues en los barrios limítrofes del centro de Tijuana. No habría una gran cantidad de organizaciones de servicio social, como la Agencia Migrante o Alma Migrante, que ayudan a los migrantes con orientación, documentación, refugio, inserción laboral, higiene personal, salud mental o asesoría legal.

El fenómeno de la deportación puso al descubierto, especialmente, una dependencia comercial en el complejo industrial fronterizo, que parece no estar en connivencia directa con aquel: la industria de servicios tercerizados de centrales telefónicas de servicio al cliente, de los cuales Tijuana es uno de muchos lugares (^{Alarcón Medina, 2018}). La deportación de residentes estadounidenses que llevan muchos años viviendo en el país, muchos llegados en la infancia y básicamente hablantes nativos anglófonos, ha favorecido el establecimiento de una importante operación comercial que se beneficia de la exportación de grandes números de personas con un inglés desprovisto de acentos y conocimiento cultural directo de la vida en Estados Unidos, que les permite ofrecer un servicio al cliente casi equivalente al que podría ofrecerse desde un servicio al cliente radicado en Estados Unidos, pero a una fracción del costo. Otros sectores laborales en los que es requisito la fluidez en el idioma inglés, como el turismo o la formación en inglés como segunda lengua, los servicios de salud (en un sitio importante para el turismo médico), o en ciertos mercados formados de negocios pequeños, como barberías o negocios de tatuajes, o firmas de construcción especializada, donde el conocimiento y las habilidades adquiridas en Estados Unidos pueden llenar vacíos, también pueden beneficiarse del gran número de mexicanos repatriados que se radican en Tijuana para minimizar la distancia con las familias que quedaron en los Estados Unidos (^{Ibarra González, 2016}).

Otro sector que muy claramente prospera en presencia del muro fronterizo y el ya viejo régimen de deportación masiva en Estados Unidos es el de los narcóticos. Michael Dear, en su frecuentemente citado planteamiento del complejo industrial fronterizo, lo opone a los carteles del crimen organizado de México. Y es cierto que no hay evidencia que indique que los carteles de la droga trabajan en secreta colusión con las autoridades migratorias estadounidenses o con las empresas contratadas para construir y mantener sus infraestructuras y tecnologías de control. Sin embargo, también es muy claro que la industria de narcóticos obtiene importantes beneficios de la deportación. Por ejemplo, existe evidencia de que el tráfico de narcóticos en México ha reclutado activamente ciertos perfiles de repatriados mexicanos, en especial quienes tienen experiencia en el uso de armas o que se han involucrado en ciertos tipos de prácticas ilícitas, como veteranos del ejército estadounidense o quienes han hecho parte de pandillas callejeras o carcelarias en Estados Unidos (^{Santamaría, 2013}).

Sin embargo, ha sido mucho más visible la disponibilidad de drogas para quienes son repatriados. La deportación es en casi todos los casos una experiencia traumática, un desplazamiento forzado que por lo general involucra un arresto de los agentes de Protección de Aduanas y Fronteras o de Control de Aduanas e Inmigración, y la detención -realmente un encarcelamiento en centros de detención de migrantes, en ocasiones durante meses o años-; el repentino desarraigo del hogar; la separación de familia y amigos; la pérdida de empleos y muchas veces de posesiones y otros bienes. Quizás más que eso, puede implicar, como se evidencia en el artículo de Guillermo Alonso Meneses en este dossier, sentimientos de fracaso, desesperación y desesperanza. La omnipresencia de drogas en las zonas de la ciudad donde es más probable que lleguen los migrantes deportados hace de estas una tentación para muchos, en especial para quienes son incapaces de superar rápidamente el trauma de su deportación. Los pueblos fronterizos, conocidos desde hace mucho como puntos estratégicos de trasiego para los narcóticos se han convertido en los últimos años en importantes mercados domésticos. De esta manera, el sector del narcotráfico en México -junto con los numerosos centros de rehabilitación del abuso de sustancias que han proliferado en las zonas de frontera mexicanas-, se ha beneficiado de manera bastante notable de la fuerte seguridad de la frontera en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez (que data muy claramente de la Operación Hold the Line y la Operación Gatekeeper a mediados de la década de 1990), y el régimen de la deportación masiva (en pleno vigor desde mediados de la década de 2000), y así está tan fuertemente imbricada en la red de relaciones económicas que constituyen el complejo industrial fronterizo, como la industria de centrales telefónicas de servicio al cliente (véase también ^{Del Monte Madrigal, 2019}).

En el caso de la caravana de migrantes de otoño de 2018, es menos evidente el rol de los carteles del crimen organizado. Los rumores de las maras, no solo como factores que motivaron a los migrantes a escapar de sus hogares, y unirse a la caravana con la esperanza de lograr un paso seguro a Estados Unidos, sino también como viajeros dentro de la caravana -«infiltrados», como los han llamado algunos (véase ^{Irwin, 2019})- no han sido, hasta donde sabemos, confirmados o explicados a cabalidad. Sin embargo, algunos afirmarían que los circuitos de migración centroamericanos, aunque establecidos por largo tiempo como producto de las intervenciones imperialistas estadounidenses, se han alimentado sustancialmente del complejo industrial fronterizo (^{Santamaría, 2013}). Las expulsiones de refugiados criminalizados, de la guerra civil centroamericana, abonó el terreno para la rápida penetración de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de redes criminales similares por todo El Salvador, Guatemala y Honduras, donde una consecuente cultura de temor y violencia ha motivado oleadas masivas de emigración que adoptaron más recientemente la forma de caravanas (^{Ambrosius & Leblang, 2018}). Las organizaciones de maras centroamericanas, han crecido y se han beneficiado de la continua llegada de jóvenes centroamericanos deportados, algunos de los cuales ya pertenecían a esos grupos antes de ser repatriados, y por lo tanto están profundamente metidos en los entramados de lucro y poder del actual complejo industrial fronterizo en Norteamérica.

Más aún, aunque sigue siendo incierto quién organizó algunas de las demostraciones más espectaculares de la caravana a partir de su llegada a Tijuana, la notoriedad de la misma en la escena global - atizada por trinos presidenciales, e imágenes visualmente emotivas de enormes hordas de migrantes que cruzaban México a pie - llamó la atención global a dos líneas de activismo no anticipadas: una que articuló una desestabilizadora oposición mexicana contra los migrantes centroamericanos (a pesar de los millones de mexicanos que han migrado a Estados Unidos por muchas décadas), y otra, la que pareció surgir dentro de la misma caravana, y que representaba el lanzamiento de un movimiento sin precedentes por los derechos de los migrantes en tránsito.

En diferentes momentos, ambas partes parecieron ganar victorias en el escenario global. Las protestas contra los migrantes que acampaban en Playas de Tijuana, mientras elementos pendencieros de la caravana escalaban desafiantes la barrera fronteriza, enarbolando banderas hondureñas y burlándose de la guardia nacional estadounidense, y las historias de migrantes atrapados usando drogas o actuando de manera ingrata, o como si tuvieran derecho a todo, promovieron una imagen de los migrantes centroamericanos como indeseables o peligrosos, aun frente a noticias contradictorias en los medios que insistían en que la gran mayoría de los migrantes de la caravana tenían peticiones de asilo legítimas. Lo que parecía un alboroto en la frontera a finales de noviembre, cerca del cruce fronterizo de PedWest en Tijuana, por parte de un grupo de migrantes de la caravana que habían estado marchando por las calles de la ciudad en protesta por las políticas fronterizas estadounidenses, podría haber contribuido al mismo sentimiento antiinmigrantes si los agentes estadounidenses no los hubieran rociado con gases lacrimógenos, un hecho de exceso que quedó grabado en la historia con imágenes de mujeres y niños huyendo entre humo y caos, como si estuvieran en medio de una guerra. Las historias de grandes números de migrantes que quedan atrapados trepando o abriendo túneles bajo el muro fronterizo existente, avivaron los sentimientos de temor de una invasión de migrantes, mientras imágenes en disputa de hijos arrebatados de los brazos de sus padres y migrantes confundidos abruptamente liberados de centros de detención hacinados y abandonados en frías calles en las ciudades fronterizas de Estados Unidos -o de bebés agonizando en centros de detención de ICE⁴- atizaron los temores de que Estados Unidos estuviera adoptando un grado alarmante de dureza y crueldad a sus protocolos de recepción de refugiados (véase ^{Irwin, 2019}).

Aunque sería cínico afirmar que los grupos de activistas pro o anti inmigrantes se benefician de la militarización de la frontera y de los actuales regímenes de detención y deportación de migrantes, parte del activismo que surgió alrededor de la caravana de otoño de 2018, ha sido sometida a críticas públicas por parecer aprovecharse de la atención de los medios que siguió a los migrantes, más especialmente desde su llegada a México a finales de octubre de 2018 y hasta el final del periodo de máxima atención mediática a finales de diciembre del mismo año. A Pueblo Sin Fronteras, que anteriormente había organizado caravanas de migrantes centroamericanos de menor tamaño, se lo ha acusado de «usar a los migrantes para promover su agenda política, poniendo en peligro a las personas que dice proteger» (Linthucum, 6 de diciembre, 2018). El padre Alejandro Solalinde, quizás el defensor de los derechos humanos de los migrantes más reconocido en México, ha denunciado en público que «Pueblo Sin Fronteras engañó a los migrantes; les mintieron al decirles que cuando llegaran a la frontera, todo sería muy fácil» (^{Linthucum, 6 de diciembre, 2018}). Al llegar a Tijuana, «acompañaron» a los migrantes en marchas, una huelga de hambre y otras manifestaciones públicas que les valieron un importante reconocimiento para sí mismos y para la causa de los derechos de los migrantes, a la par que provocaron una reacción violenta negativa contra la caravana, y terminó con una mancha a su propia imagen. Solalinde llegó hasta afirmar que Pueblo Sin Fronteras pondría a mujeres y niños al frente de las caravanas para esconder a los traficantes de personas («polleros») y sus clientes, y a personas armadas (Sin Embargo, 23 de noviembre, 2018). Ciertas o no las acusaciones de Solalinde, es evidente que Pueblo Sin Fronteras -así como defensores y proveedores de servicios rivales, incluyendo a Solalinde y el sistema de refugio Hermanos en el Campo fundado por él- están inmersos profundamente en el complejo grupo de actores que conforman la definición amplia de complejo industrial fronterizo que se ve en los artículos aquí reunidos.

Nuestro punto aquí no es criticar otras nociones de complejo industrial fronterizo, sino más bien aclarar que una noción amplia de los agregados de relaciones en torno a fronteras militarizadas, ya sea en las actuales Norteamérica o Centroamérica, o en otros momentos históricos, o en los muchos lugares del mundo donde parece que las fronteras, como lo señalan ^{Mezzadra y Neilson (2013)}, han «proliferado» y se han vuelto más controladas y por medios más violentos que nunca antes, es útil para entender las dinámicas local y global de la movilidad y la contención a lo largo de la historia. Estas redes de conflictos muchas veces contradictorios, que surgen y prosperan en el contexto de una frontera altamente vigilada, ofrecen el telón de fondo para que los movimientos de migrantes: refugiados y otros emigrantes, y los de los deportadores o quienes por otras razones se repatrian a sus países de origen, y también de las comunidades de las que son desplazados, sean estudiados, no en términos aislados, sino en conjunto, para entender los efectos de esos desplazamientos en la sociedad.

Complejos industriales fronterizos en el espacio y el tiempo

Para ampliar nuestra noción de complejo industrial fronterizo, esta edición especial comienza forzando los límites temporales del CIF a fin de considerar la historia más extensa de las prácticas actuales. En «Valle de inmigrantes enjaulados: castigo, protesta y la creación del Centro de Detención Port Isabel», Jennifer Cullison devela la historia del confinamiento de inmigrantes en Estados Unidos y usa el Centro de Detención Port Isabel (Los Fresnos, Texas) como un ejemplo mediante el que rastrea la proliferación de este fenómeno durante la segunda mitad del siglo XX. La genealogía que Cullison construye, está respaldada por su extenso trabajo archivístico en instituciones en Estados Unidos y México responsables de la vigilancia de fronteras, así como su análisis de las respuestas de grupos activistas. Su contribución hace un seguimiento a la transformación gradual del confinamiento de inmigrantes, de ser una empresa frugal, dirigida por el gobierno, a convertirse en un elemento clave dentro del complejo industrial fronterizo que ha tomado forma en las últimas décadas. Su análisis enmarca el confinamiento de inmigrantes de la pos Segunda Guerra Mundial, no como un problema de seguridad nacional o de control de la mano de obra, sino más bien como un problema ético de derechos humanos.

El especialista en estudios culturales, radicado en México, Guillermo Alonso Meneses, en «Los muros fronterizos y las deportaciones de inmigrantes como tecnologías biopolíticas en los Estados Unidos», da una mirada a la historia de la biopolítica de la frontera entre México y Estados Unidos durante los últimos cien años, como el contexto histórico para la actual crisis humanitaria originada por la deportación masiva. La primera parte de su artículo traza la construcción de fortificaciones fronterizas, así como las políticas cada vez más restrictivas que han culminado en las deportaciones en masa y en la retórica y políticas antiinmigrantes de Donald Trump. La segunda parte de su escrito analiza los efectos de esas políticas a nivel individual, mediante una lectura cuidadosa de un conjunto de historias digitales (cortos audiovisuales testimoniales) almacenados en el archivo comunitario de acceso abierto «Humanizando la deportación». Alonso Meneses, que colaboró en la producción de este archivo, concluye que la historia de la frontera, así como los relatos del archivo demuestran cómo la deportación y las políticas de exclusión hacen parte de los proyectos de limpieza étnica de facto que cada vez se despliegan más en Estados Unidos.

Mientras estas dos primeras contribuciones consideran el desarrollo histórico de elementos de vigilancia policial fronteriza: la detención y la deportación, asociados con mayor frecuencia al CIF Estados Unidos-México, el resto del presente dossier amplía el concepto, destacando las dinámicas culturales, sociales y espaciales del CIF en el mundo. «Mujer, madre y adicta: brutalidades físicas y psicológicas de las fronteras contemporáneas» da seguimiento a la información realizada en la frontera Estados Unidos-México, en Mexicali, pero su contexto excede los límites propuestos por Dear. Lilian Paola Ovalle, Alfonso Díaz Tovar y Lourdes Angulo abordan la penosa situación de madres que son consumidoras de drogas ilícitas, al ser victimizadas por la prohibición y la criminalización de ciertas drogas a escala global, partiendo de la concentración de carteles criminales de narcóticos, así como los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales que responden a los problemas de salud, sean reales o imaginarios, en las fronteras. Ovalle, Díaz y Angulo, resaltan cómo este concepto ampliado de complejo industrial fronterizo limita las opciones de vida de estas madres y su capacidad de llevar una vida digna como miembros de la comunidad. Los autores desarrollan su estudio sobre la base de entrevistas etnográficas que siguen a las madres en sus interacciones con diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales, como hospitales y prisiones, en su intento por mantener la custodia de sus hijos y acceder a los servicios. El artículo afirma que es la presencia de la frontera y la conceptualización de su rol en la política prohibicionista y la criminalización de ciertas sustancias lo que inmoviliza y limita a las personas más vulnerables de la sociedad.

Arturo Chacón Castañón considera este mismo medio del narcotráfico en las fronteras en su estudio etnográfico «El sicariato: reflexiones desde el complejo industrial fronterizo». Chacón Castañón interpreta el fenómeno de los sicarios, asesinos a sueldo, en el contexto de la guerra antinarcóticos mexicana y sus devastadores efectos en el municipio mexicano de Ciudad Juárez. Él analiza las actividades de los sicarios como mano de obra -los sicarios entrevistados se presentan no como contratistas independientes, sino como empleados asalariados de corporaciones informales, pero bien organizadas- que se encuentra dentro de los alrededores del complejo industrial fronterizo de la frontera Estados Unidos-México. Chacón, experiodista, es una de las pocas personas que ha logrado la confianza suficiente con los sicarios para entrevistar en extenso a algunos de ellos, y sus argumentos surgen principalmente de su atención a sus propias representaciones, muchas veces autocríticas, de su labor.

Los siguientes cuatro artículos del dossier se mueven a contextos geográficos más allá de la frontera EE.UU.-México. «Complejo industrial fronterizo, sexualidad y género», de Camila Esguerra, analiza detenidamente la relación entre género y sexualidad en el contexto de los lazos coloniales entre Latinoamérica y España, y analiza las prácticas de trabajo determinadas por el sexo y el género a través del lente del complejo industrial fronterizo. Estudiando procesos de migración, exilio, movimiento, y destierro de personas con identidades de género no heteronormativas y no normativas. Esguerra detalla cómo ciertos cuerpos racializados y marcados por la clase, son hechos carne de cañón para la industria de trabajo migrante. Su análisis se basa en su trabajo etnográfico realizado en múltiples lugares con personas que han sido desplazadas de varios países latinoamericanos y cuyos testimonios hacen posible realizar una indagación interseccional de las experiencias de migración vividas.

En «Dispositivos de seguridad y sexualidad en la frontera sur de México: biopolíticas en mujeres transgénero centroamericanas», Ernesto Antonio Zarco Ortiz y Karla Jeanette Chacón Reynosa trazan los recorridos de mujeres transgénero migrantes por la frontera Guatemala-México y su asentamiento prolongado o breve en Tapachula, Chiapas. Esto lo hacen analizando sus interacciones con representantes de gobierno y sus relaciones con la documentación que determina la posibilidad de su presencia en México. Los autores revelan las dificultades que enfrentan las mujeres transgénero al confrontar mecanismos de control fronterizo que no tienen en cuenta sus cuerpos, sus motivos para cruzar y sus experiencias migratorias, señalando tanto las representaciones de género que se ven obligadas a desempeñar para abrirse paso en sus cruces de fronteras, así como la flexibilidad estratégica que se requiere para superar los obstáculos de la biopolítica fronteriza contemporánea. Cruzar fronteras geopolíticas y administrativas, implica para estos migrantes, atravesar las fronteras del género y demanda crear comunidad en los intersticios. Sus observaciones se basan en las experiencias vividas de migrantes transgénero reveladas mediante entrevistas etnográficas de cuatro migrantes centroamericanas transgénero en Tapachula.

Los dos últimos artículos exploran la posibilidad de extrapolar las ideas que subyacen a la conceptualización del complejo industrial fronterizo, para apoyar el análisis de contextos históricos de movilidad y contención transfronterizos en diferentes lugares del mundo. En «Fantasías de libertad: una comparación de la servidumbre por contrato y el complejo industrial fronterizo en Exit West, de Mohsin Hamid, y Sea of Poppies, de Amitav Ghosh», Amrita Mishra presenta un nuevo marco de análisis mediante el cual pensar la servidumbre por contrato en India, en comparación no con nuevos métodos de esclavitud, sino con innovaciones coloniales introducidas por instituciones británicas, que se basan en compromisos similares de lucro, y las ficciones de libertad que configuran el actual complejo industrial fronterizo EE.UU.-México. Con este fin, la autora hace lecturas minuciosas de la novela de Mohsin Hamid Exit West, en la que refugiados contemporáneos de una ciudad sin nombre, arrasada por la guerra, buscan rutas de migración hacia Europa y Estados Unidos, y Sea of Poppies, de Amitav Ghosh, una novela histórica, cuyos personajes, racialmente diversos (de India, Estados Unidos, Francia), y de distintas clases sociales, viajan desde Calcuta a Mauricio, cada uno navegando de acuerdo a sus propias posibilidades de movilidad, en el contexto de la dinámica global del imperialismo y el colonialismo en las primeras décadas del siglo XIX.

Finalmente, las «Leciones para el presente de la Ley de enemigos extranjeros y la deportación de latinoamericanos desde Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial» regresa al continente americano en la década de 1940. De manera específica, la autora investiga el impacto de la Ley del enemigo extranjero durante la Segunda Guerra Mundial y detención de migrantes europeos y japoneses en países latinoamericanos (y en Estados Unidos) en virtud de un mandato estadounidense, algo que se ha discutido muy poco. El temor de la influencia nazi en América Latina, sostiene la autora, creó un sistema de detención que se vio facilitado por la Política del Buen Vecino y la promesa de protección hemisférica. Marilyn Miller identifica las maneras como se aplicaron las técnicas de internación al norte y al sur de la frontera Estados Unidos-México, y las compara con el actual estado de las detenciones y deportaciones dentro del contexto del complejo industrial fronterizo. Mediante el análisis de los pocos registros de archivo que existen en relación con este programa de internamiento en la Segunda Guerra Mundial, así como en cartas y documentos personales de personas que sufrieron internamiento arbitrario por su origen nacional, como parte de los cuales se internó en los mismos campamentos a alemanes que se identificaban con el nazismo junto con judíos, Miller cuestiona la idea de Estados Unidos como árbitro de la justicia mundial durante la Segunda Guerra Mundial, y pone la Ley del enemigo extranjero como un precedente de la actual criminalización y persecución de poblaciones enteras de migrantes y refugiados.

Nuestro objetivo al publicar esta colección de artículos no es necesariamente el de insistir en una redefinición del complejo industrial fronterizo, sino en llamar la atención sobre las muchas instituciones -gubernamentales, no gubernamentales, comerciales, criminales-, que se han beneficiado de las prácticas de seguridad fronteriza en diversos contextos globales e históricos. Es importante darnos cuenta de que lo que puede parecer formas nuevas y extremas de xenofobia, criminalización de migrantes y explotación económica de intolerancia nativista en el contexto local de la frontera Estados Unidos-México a comienzos del siglo XXI no son exclusivas de este tiempo y lugar. Esperamos que las perspectivas comparativas más amplias a los estudios fronterizos y migratorios contribuyan a identificar prácticas más humanas de administración de fronteras y tratamiento de migrantes.