Introducción

El impacto que tienen las estructuras y fuerzas capitalistas en la vida de las personas constituye un fenómeno más de la globalización desbocada tras 1989, cuando cayó el muro de Berlín y se desplomó el bloque socialista. Desde entonces, cualquier aspecto del mundo contemporáneo no se puede entender desligado de los efectos devastadores del capitalismo neo-liberal, amplificados por la revolución tecnológica y tecnocrática de las últimas décadas. Estas estructuras ideológicas y de acción neo-liberales y capitalistas forman parte de la matriz hegemónica en la que enraízan fenómenos contemporáneos como la migración internacional o proyectos políticos antiinmigrantes. Ambas esferas migratorias, además, se redimensionaron tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, con la desmedida reacción del gobierno de los Estados Unidos de América (EE. UU.), incapaz e impotente de responder racionalmente a la agresión, e imponiendo una política paranoica de seguridad nacional, resultado de la cual, los muros fronterizos y las deportaciones masivas fueron apoyados por políticos reaccionarios -paradójicamente demócratas y republicanos-. En la actualidad, se incrementan las deportaciones y se refuerzan los muros bajo el gobierno de Donald Trump, que también aglutina indistintamente agentes neo-liberales y neo-nacionalistas, globalizadores y proteccionistas.

Al concebir las fronteras como zonas estratégicas vulnerables, la frontera de EE. UU. y México de 3.164 kilómetros de largo y una historia migratoria de más de un siglo, ha conocido cambios radicales para un control más exhaustivo de la migración o distintos tipos de contrabando. Desde un punto de vista ideológico esto no es nuevo, pues las deportaciones de mexicanos y ciudadanos estadounidenses de origen mexicano entre 1930-1932, las deportaciones masivas de la operación Wetback [Espalda Mojada] en torno a 1954 y, finalmente, el periodo enmarcado en las primeras décadas del siglo XXI durante los mandatos presidenciales de George Bush Jr., Barack Obama o el actual de Donald Trump, están vertebradas sobre parecidas ideologías y sobre las inercias de un parecido proyecto biopolítico.

^{Foucault (2008)} plantea que el derecho de hacer vivir y dejar morir asumido por el Estado moderno, supone el giro ideológico que prepara la aparición del entramado biopolítico, el cual culmina el proceso del «disciplinamiento de los cuerpos» y la «regularización del crecimiento de la población» (2008, p.223). La tecnología del biopoder orientada al ejercicio del poder sobre la población, y ya no solo sobre el individuo, «regularizándola» en sus coordenadas demográficas, también se centró en los fenómenos migratorios por medio de esos dispositivos que son las leyes. Foucault no explicitó la dimensión migratoria, pero se infiere del peso que le dio a los fenómenos de población [natalidad, mortalidad]. Esta nueva sociedad de la regularización y la normalización [de la imposición de la norma], impactó sobre la manera de vivir y sobre el cómo de la vida. En este proceso, el racismo pronto jugó un papel importante. «La raza, el racismo, son la condición que hace aceptable a la muerte en una sociedad de normalización» (2008, p.231).

A partir de estos planteamientos es que entendemos la deportación como un dispositivo de la biopolítica estadounidense. Una tecnología de poder que ejerce el derecho a dejarte vivir socialmente o hacerte morir socialmente como individuo por medio de tu expulsión del país; lo que también hace de la deportación un instrumento de venganza y escarmiento.

En este sentido, este artículo busca revisar algunas claves que están detrás de los muros fronterizos y las deportaciones de migrantes, para evaluar el impacto que estas políticas tienen en la vida de las personas deportadas. Al final se describen y analizan los testimonios de quienes sufrieron la deportación, pertenecientes a la base de datos digital «humanizando la deportación» [http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/], recabados en Tijuana entre mayo de 2017 y abril de 2018, para argumentar que los muros y las deportaciones tienen una dimensión de biopolítica, que en este caso está orientada a realizar de facto una limpieza étnica y una extirpación socioeconómica al interior de los Estados Unidos de inmigrantes irregulares y residentes permanentes legales que perdieron por delitos este derecho.

The United States, nación de inmigrantes y crisol de pueblos

Los EE. UU. solía declarar con orgullo ser una nación de inmigrantes, aunque su bicentenaria historia, como la de cualquier otra nación de inmigrantes, no está libre de conflictos y contradicciones. Durante la colonia, la Corona inglesa protegió el tráfico de esclavos y la piratería como pilares importantes de su estrategia económica en América del Norte y el Caribe, al tiempo que restringía o intentaba controlar la llegada de inmigrantes extranjeros, básicamente de la Europa occidental. Tras la Guerra de Independencia de las Colonias frente a Inglaterra, la fundacional Revolutionary War, los estadounidenses [Americans] legislaron a partir de 1776 pensando en quiénes ostentarían la condición de miembros ciudadanos y de quiénes podrían habitar y colonizar el nuevo territorio. El nacimiento de cada nueva nación, además, conlleva el trazado de nuevas fronteras y en la Constitución concebida para diseñarla, las fronteras, las aduanas y los inmigrantes fueron elementos que pesaron en su redacción (^{Zolberg, 2006}).

En este proceso de creación, no sólo se tuvo que aceptar la esclavitud y la trata de esclavos en los estados del sur, un ejemplo histórico de migraciones forzadas, también hubo que regular la movilidad interna de la población o la llegada de inmigrantes. Es decir, desde el nacimiento mismo de los EE. UU., se promulgaron leyes y se implementaron medidas políticas con una clara visión de definir el componente «racial» y étnico que se quería para la nueva nación, así como otras orientadas a modelar socioeconómicamente al nuevo Estado. Paradójicamente, por un lado, estimularon la llegada de nuevos inmigrantes para colonizar y trabajar las tierras de la naciente nación, y por otro lado, marginaron a los moradores originarios, los pueblos [etnias] nativo americanos, que cuando no fueron exterminados fueron deportados [removed] lejos de sus tierras y territorios originales (^{Geronimo, 1996}; ^{Jacobs, 1973}) o confinados en reservaciones (^{Platt, 1895}).

Refiriéndose a las deportaciones al interior de los EE. UU., ^{McKee (1939)} lo denomina “The Trail of Death” [el camino de la muerte]. Algo ya denunciado en un texto clásico de finales de los años 60 de Vine ^{Deloria Jr. (1975)}, un líder indígena estadounidense que en un manifiesto perturbador [el libro se titula, El general Custer murió por vuestros pecados], acusó a los Estados Unidos de América de haber procedido de manera ilegal, injusta y violenta contra los más antiguos pobladores de esa nación. Mientras tanto, los afrodescendientes fueron reducidos a la esfera de la esclavitud y el racismo, y una minoría re-emigró a África en el proyecto de creación del Estado de Liberia tras quedar en libertad en torno a 1800, pues su consideración como connacionales o afro-estadounidenses resultaba problemática (^{Zolberg, 2006}, pp.120-124).

Así mismo, las tres migraciones transoceánicas más notables que modelaron a los EE. UU. fueron la de los “Pilgrim Fathers”, la de los esclavos africanos y las masas de europeos del siglo XIX (^{Thomas, 1979}). Las dos últimas no se pueden entender sin el imperialismo insaciable de los EE. UU. desde su misma independencia, que tuvo en el siglo XIX dos caras con sus respectivas dos «fauces». A medida que se expandía hacia el oeste a costa de los pueblos nativo-americanos, hispanos y mexicanos, por los puertos de la fachada atlántica de la nación ejercía una insaciable capacidad de atracción de inmigrantes procedentes de Europa. Esa afluencia de europeos estuvo estimulada a partir de 1830 por una serie de factores que se complementaron a ambas orillas del Atlántico, a la manera de una compleja relación “pull/push”. El crecimiento de la población en el viejo continente o las hambrunas forman parte de los factores tópicos de expulsión, pero por sí solos no bastan para explicar las masivas migraciones trasatlánticas.

De aquella época procede un flujo importante de inmigrantes católicos procedentes de Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, de la Alemania vertebrada por el río Rin, partes de Holanda, que en conjunto remodelaron las fronteras étnicas internas hasta entonces marcadas por el protestantismo y la lengua inglesa (^{Zolberg, 2006}). De hecho, la lengua alemana tuvo una importante implantación hasta la I Guerra Mundial en los EE. UU. Robert DeC. ^{Ward (2004)} recuerda que la llegada de alemanes e irlandeses a mediados del XIX fue recibida con recelo por ser gente de distinta raza y distinta religión, en tiempos en que el anti-catolicismo propugnaba la restricción a inmigrar por parte de sectores nativistas de la sociedad. Paralelamente, a modo de cirugía sociocultural modeladora de la nueva nación, la política de «puertas abiertas» vigilaba que no desembarcaran indeseables procedentes de Europa.

Por tanto, fue principalmente de aquel continente de donde se «importaron» millones de inmigrantes en su calidad de mano de obra, colonos o repobladores de los extensos territorios. Con el tiempo esto será lo que explica uno de los mitos fundadores de los EE. UU. y una de las realidades más características de la actualidad: la nación de inmigrantes [nation of immigrants].

Pero este mito fundador de la nación de inmigrantes, con el consiguiente plus de generosidad altruista que lleva aparejado, ya fue impugnado. En una publicación de 1924, Robert DeC. ^{Ward (2004)} desmitificó esta idílica visión al señalar: «Durante unos cien años fue un ideal nacional que Estados Unidos debería ser asilo de los pobres y oprimidos de todos los países. [...] El número de inmigrantes era aún muy pequeño, y casi todos ellos eran pioneros robustos, homogéneos en lo esencial y de fácil asimilación. Por tanto, casi no era necesario preocuparse por “problemas” de inmigración, y era alentador para las conciencias de nuestros antepasados mantener las puertas abiertas» (2004, p.225). Aquella política de libre inmigración, de “open doors”, de puertas abiertas hacia parte de Europa, no evitó que hubiera conflictos e imperara una extendida ideología racista y xenófoba. Pues dentro de la decimonónica estrategia biopolítica estadounidense, las puertas abiertas a cierta migración conllevaron las puertas cerradas a otros, y este mecanismo operó alimentado con prejuicios y criterios racistas.

Las primeras exclusiones y deportaciones masivas de inmigrantes: chinos y mexicanos

Dentro de aquel periodo histórico, los inmigrantes chinos o asiáticos orientales en general experimentaron una situación coherente con la historia de discriminación, racismo y persecución. Si las posesiones españolas y mexicanas fueron «arrebatadas» o los nativoamericanos fueron reducidos por medio del etnocidio o deportados [removed] de sus tierras ancestrales, los inmigrantes asiáticos no corrieron mejor suerte. ^{Zolberg (2006)} nos recuerda que el impulsor de la importación de trabajadores chinos para la costa oeste fue William H. Seward, el que fuera Secretario de Estado de Abraham Lincoln. En un primer momento, las autoridades de la China Imperial se opusieron al proyecto, pero al final la migración desde Asia oriental llegó a América en el segundo tercio del siglo XIX hasta 1882, cuando se prohibió con la “Chinese Exclusion Act”. Anteriormente se había prohibido la inmigración de mujeres chinas para limitar su crecimiento demográfico, un claro ejemplo de biopolítica. En 1894 se abrió la entrada a japoneses, y cuando los EE. UU. se adueñan de las Islas Hawái, también emigraron allí.

A partir de 1898, tras la guerra Hispano-estadounidense de 1898 y la anexión de facto de las Filipinas, los filipinos sustituyen a los japoneses y chinos como mano de obra en la economía de los EE. UU. Los chinos no sólo fueron el primer colectivo de inmigrantes en ser excluidos con la percepción ideológica del “yellow peril” [el peligro amarillo], sino que fueron prácticamente recluidos en los Chinatowns de las ciudades estadounidenses, aun teniendo la ciudadanía por haber nacido en los Estados Unidos. La Japanese and Korean Exclusion League data de 1905 y a raíz del terremoto de San Francisco en octubre de 1906, la Junta de Educación [Board of Education] impuso la “Oriental segregation”. Ante las protestas diplomáticas, el presidente Theodore Roosevelt cerró el acuerdo conocido como el Gentleman's Agreement de 1907 con Japón; un «acuerdo entre caballeros» que, como señala DeC. ^{Ward (2004)}, ni fue un tratado ni fue una legislación. Y puso fin a un contencioso insostenible.

El resultado fue que la inmigración china hacia EE. UU. había desaparecido prácticamente tras la I Guerra Mundial, y sólo llegaron durante la II Guerra Mundial y años posteriores pequeños contingentes de chinos de Formosa [Taiwan] o del rebelde y aliado Chan Kai Chek. Pues a partir de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, China se convirtió en aliado y en 1943 se derogaron las leyes de exclusión de chinos (^{Reimers, 1982}). Las medidas de control migratorio y deportación aplicadas a la población asiática, básicamente chinos y japoneses, demuestran que hubo un enfoque biopolítico de los EE. UU. en materia migratoria, con un componente racista. Y que lo mismo afectó a irlandeses e italianos católicos, que a chinos y japoneses o a mexicanos morenos y católicos.

El otro caso de deportación masiva de migrantes la sufrió la comunidad mexicana. Desde 1845 hubo una afluencia continuada de mexicanos a los EE. UU. La frontera en el periodo entre 1910-1920 conoció el acantonamiento de tropas estadounidenses, motivado en primer lugar, por la Revolución Mexicana y posteriormente por la I Guerra Mundial. Esta medida supuso cierto grado de control al flujo indocumentado. Los extranjeros encontrados por el ejército eran entregados en las estaciones de inspección de Inmigración. Pero al entrar los EE. UU. en la I Guerra Mundial, para mante ner el ritmo de la economía de guerra se contrató inmigrantes mexicanos para que fueran a trabajar a los ferrocarriles, minas y explotaciones agrícolas.

No obstante, a pesar de la guerra, el congreso estadounidense no dejó de legislar sobre migración. La Immigration Act de 1917 estableció un impuesto de ocho dólares a cada inmigrante y la obligación de pasar un examen que acreditara un cierto nivel de instrucción [literacy test]. Hasta entonces, canadienses y mexicanos cruzaban sin trabas. Además, la legislación de los EE. UU. se hizo abiertamente restrictiva para la inmigración con la legislación de 1921 y especialmente la National Origins Act [la Johnson Act o Johnson-Reed Act] de 1924, que impuso un sistema de cuotas por origen nacional a los inmigrantes. Ambas impulsadas por los nativistas WASP contra flujos del este y sur de Europa (^{Hernández, 2016}, p.128 y ss.).

Aquellas leyes de inmigración de 1921 y 1924, tras un siglo de puertas abiertas, acabaron con la migración sin restricciones desde Europa, y el Gobierno pasó a preocuparse de todo lo concerniente con las fronteras terrestres, especialmente la mexicana. Las posibilidades de migrar por medios legales eran mínimas, lo que redujo el flujo de migrantes regulares y espoleó las entradas ilegales o clandestinas; en palabras de la Border Patrol: they “fueled illegal entry”¹. Otro ejemplo de las paradojas contenidas en la National Origins Act de 1924, está ilustrado precisamente por el caso de los mexicanos. Como el sistema de cuotas por origen nacional no se aplicó a ningún país del hemisferio occidental, esa puerta abierta estimuló la migración mexicana durante la segunda mitad de la década de 1920. Paralelamente, la Labor Appropriation Act de 1924 impulsó la creación de la Patrulla Fronteriza [Border Patrol], integrada en la Oficina de Inmigración, dependiente del Departamento del Trabajo.

Pero el crack bursátil de 1929 y la posterior Gran Depresión económica desataron los «miedos nacionales» que desembocaron en la deportación masiva de mexicanos y ciudadanos estadounidenses hijos de mexicanos. Aquellas circunstancias influyeron en la caída de la inmigración y sirvió de cobertura para realizar la primera gran deportación masiva de inmigrantes en la historia de los Estados Unidos de América, saltándose las leyes y los derechos civiles. Algunos autores hablan de 400.000 deportados de origen mexicano, incluidos hijos nacidos en EE. UU. (^{Reimers, 1982}, p.15). La patrulla fronteriza enfrentó por aquel entonces a un viejo conocido actor social, los mexicanos, que ni eran blancos ni negros, pero que conformaban un objetivo racial definido con fines de deportación (^{Hernández, 2004}).

Durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt en 1933 la oficina de inmigración y la de naturalización se unieron para crear el Servicio de Inmigración y Naturalización: el INS, por sus siglas en inglés. En 1940, el INS pasó del Departamento de Trabajo a depender del Departamento de Justicia. Al entrar en la II Guerra Mundial los EE. UU., en 1942 se creó el Programa Bracero que duró hasta 1964 (^{Massey, Alarcón, Durand & González, 1991}, p.121). El periodo que va de 1942 a 1964 se caracteriza por la compatibilidad paradójica entre el flujo de migrantes regular de braceros y uno paralelo pero irregular de espaldasmojadas. Hasta que en 1954 se produjo otra deportación masiva al calor de la operación Wetback o Espaldamojada. «A raíz del informe del procurador general [Attorney General, Brownwell] comenzaron las deportaciones el 17 de junio de 1954, con todo éxito. Ese año se deportó a más de un millón de mexicanos, llegándose a arrestar por día hasta dos mil conciudadanos sin documentos» (^{Morales, 1989}, p.194). Aquel operativo supuso la segunda gran expulsión de «inmigrantes mexicanos» tras la acaecida hacia 1929, a la que superó ampliamente en número e intensidad.

Las deportaciones masivas de 1954 no tuvieron el impacto humano de las de 1929, aunque Julián Samora señala que la táctica del «temor de Dios» [fear of God] utilizada por la Border Patrol recordó la de los años 1930 (1971, p.51 y ss.). También Kelly L. ^{Hernández (2010)}, hace una lectura crítica cuestionando la necesidad de tal medida y la forma de llevarla a cabo, aportando una visión de las arbitrariedades basada en testimonios. Los resultados a corto plazo fueron prácticamente irrelevantes ya que muchos de los deportados volvieron a entrar sin problemas. Antes bien, se levantaron voces críticas ante una acción operada por el INS y que, si acaso, tuvo resonancias mediáticas (^{Garcia, 1980}).

En las siguientes décadas, entre 1954 y 1994, las migraciones hacia los EE. UU. conocieron reacomodos en los flujos y cambios legislativos y políticos. En 1964, el año de la promulgación de la Civil Rights Act que puso fin a la segregación racial, terminó el programa Bracero, y al año siguiente, en 1965, entró en vigor la Immigration and Nationality Act [INA], que puso fin al sistema de cuotas que regía la política desde 1924 y reformaba la anterior versión INA de 1952. Pero la inercia migratoria continuó en forma de migración indocumentada, y, en lo económico en 1968, los presidentes de ambos países, Díaz Ordaz y Lyndon B. Johnson, firmaron un acuerdo que permitió que México exportase manufacturas sin impuestos en el marco del programa «maquiladora» (fábricas de ensamblaje).

La década de 1970 inició con la crisis del petróleo [1973-1975] que desestabilizó la economía y la percepción de los inmigrantes. Según Cornelius, «Ya para el año 1976, aproximadamente un 80 por ciento o más del pueblo estadounidense creía que los migrantes indocumentados acaparan los trabajos de los habitantes legales, que se meten en actividades criminales, que rebajan el nivel de los salarios que se pagan a los habitantes legales, y que muchos recogen pagos por desempleo o “welfare”. El 80 % apoyaban el tipo de ley recientemente propuesta por el presidente Carter, que multaría a los patronos que contrataran migrantes indocumentados» (1979, p.30). Aquella animadversión se tradujo en un reajuste agresivo en las detenciones, así, si en 1971 hubo 263.991 detenciones de migrantes en la frontera, en 1973 fueron 441.066 y en 1977 se alcanzó las 733.193.

Aquellas tensiones tuvieron un final inesperado, cuando la administración republicana promulgó en 1986 una ley, la Immigration Reform and Control Act (IRCA), que promovió la regularización de migrantes para más de 3 millones de personas en situación irregular, de ellos 2.3 millones de origen mexicano, junto con un programa para trabajadores agrícolas. Y cuando en 1992 la economía con Bill Clinton mejoró notablemente y los flujos migratorios desde México crecieron como nunca antes, se produjo con los demócratas un punto de quiebre cuyas consecuencias llegan al presente. La promulgación de la IIRIRA o IIRAIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996), supuso un endurecimiento inédito al avalar la detención y deportación de indocumentados. Reguló el levantamiento de muros (physical barriers and fences), la contratación de más agentes para la Border Patrol, autorizó la transferencia y el uso de cualquier tecnología o equipamiento en poder del Estado (recursos Federales) a cualquier agencia gubernamental. Tras el 11 de septiembre del 2001 y a partir del año 2006, la IIRIRA dio soporte legal a programas amparados por la Section 287(g), como el de comunidades seguras que buscan maximizar la deportación (^{Meyers, 2006}, pp.10-13).

La frontera-muro, los operativos de la Border Patrol y las deportaciones 1993-2018

A los pocos meses de llegar a la presidencia Bill Clinton en 1993, el INS puso en marcha la “Operation Blockade” [Bloqueo] en el tramo del sector de El Paso, Texas, entre Sunland Park, Nuevo México -conurbado con El Paso-, y Fabens, en Texas. Pocas semanas después México protestó y el INS lo renombró con el políticamente correcto “Hold The Line” (^{Eschbach et al., 1999}, p.448), y reformularon su estrategia. Aquella medida antiinmigrante en la frontera avalada por la administración demócrata se tomó en un contexto de crisis económica tras las deficitarias administraciones republicanas de R. Reagan y G.H. Bush (padre). El operativo Blockade fue un ensayo de semanas, pero su mutación en Hold The Line -aún vigente 25 años después- marcó un antes y un después en la lucha [enforcement] contra la migración irregular. Los demócratas heredaban y asumían la ideología antiinmigrante y la «gubernamentalidad» republicana de corte conservador, e iniciaron su propia era de lucha antiinmigrante. Acaso porque en enero de 1994 se produjo el levantamiento neo-zapatista del EZLN en Chiapas (^{Alonso, 2012} y ²⁰¹³).

La administración Clinton presionada por amplios sectores antiinmigrantes de la sociedad, así como las prioridades de la «agenda oculta» de agencias como el INS, la DEA o el mismo ejército (^{Dunn, 1996}), inició una nueva época de control fronterizo. Las inercias históricas del flujo migratorio procedente del sur pronto se fracturaron. Tras Blockade/Hold The Line se implementaron la operación Gatekeeper [traducida como Guardián] en octubre de 1994 en San Diego, California, colindante con la ciudad de Tijuana, y Safeguard [Salvaguarda] en Nogales, Arizona, a principio de 1995. Estos operativos se caracterizaron por levantar muros, bardas y obstáculos en las fronteras terrestres urbanas. La Operation Rio Grande en Texas inició en agosto de 1997, por el bajo Río Grande entre Brownsville y Laredo. Paralelamente ha habido operativos locales, como el ABC o Arizona Border Control, en 2004, donde se utilizaron por primera vez de forma oficial los drones para vigilancia o UAV [Unmanned Aerial Vehicles], así como un programa de repatriación voluntaria que incluía el pago del viaje al centro de México.

Estos operativos pronto reflejaron una caída notable en el recuento de eventos de detenciones, que no de personas, ya que en la década de 1990 o a principio del siglo XXI, un mismo migrante pudo ser recapturado y contabilizado varias veces. Los operativos impactaron en las rutas y flujos históricos de cruce irregular. Así, si los sectores de la patrulla fronteriza de El Paso o San Diego habían sido durante décadas el lugar por donde más migrantes cruzaban y eran detenidos, hacia 1996 el Rio Grande Valley y Tucson emergieron como los lugares de cruce más transitados, ya que ahí es donde más se ha detenido en los últimos 20 años. En el periodo 1992-2018 ha habido más de 22 millones de detenciones en la frontera EE. UU.-México, mientras que Passel y Cohn estimaron que la población de origen mexicano indocumentada alcanzó un pico máximo de 7.000.000 en el 2007, que en el 2010 había descendido a 6.500.000 (2011, pp.9-10), y ahí se mantiene.

La grave crisis económica detonada en el otoño del 2008 y la consiguiente Gran Recesión con pérdidas billonarias, alto desempleo y ruina de Estados marcó el inicio de un ciclo que no se ha cerrado aún. En los años 2007 y 2008, con George W. Bush, crecieron las deportaciones [removals según el tecnicismo jurídico] como un factor-y-recurso cuyo uso se incrementó. El ICE, primero bajo el mandato de Bush -que fue quien lo creó y orientó ideológicamente- y después con Obama comenzó a operar intensamente la política de impulsar las investigaciones amparadas como immigrations enforcement, las redadas al interior del Homeland (desde calles a centros de trabajo e incluso hogares), y las deportaciones en sus distintas modalidades.

Las redadas del ICE, pero sobre todo la capacidad de ejecutar órdenes de deportación, previa identificación y «juicio» de migrantes reincidentes, impactaron en la vida de los migrantes indocumentados y los residentes permanentes legales, y en las estadísticas de forma inédita y brutal. Una de sus manifestaciones más sorprendentes que coincidió con el mandato de Barack Obama 2009-2016, fue el descenso de la migración indocumentada y de las detenciones en la frontera con México. Se produjo un equilibrio entre las salidas y los retornos de migrantes, denominado con la metáfora de migración cero. Las «deportaciones» o «remociones» [removals] en el periodo 2007-2012 promediaron los 375.000 eventos anuales. En el 2012, con Obama de presidente, hubo 409.000 eventos de deportación, el récord histórico [ya que el impacto real de las habidas en 1954 con la operación Wetback hay que ponderarlas]. A partir del año fiscal 2013 se confirma una caída de las deportaciones, que se acentúa en el 2015 y en el 2016, coincidiendo con los últimos 4 años del mandato de Obama (DHS, 2011; ICE, 2017). Debido a diversas medidas como cambio de objetivos y prioridades operativas.

La biopolítica de las deportaciones: limpieza étnica y cirugía socioeconómica

Desde un punto de vista jurídico, un inmigrante es un residente extranjero que tiene permiso [visa] para residir en el país y también está el inmigrante en situación irregular, sin papeles o documentos, el illegal alien. Desde un punto de vista socioantropológico o histórico-cultural, el término «inmigrante» tiene un carácter «artificial», arbitrario, flexible, vulnerable y fuertemente ideologizado, porque, tal como apunta Manuel Delgado, «lo que hace de alguno un “inmigrante” no es una cualidad, sino un atributo, y un atributo que le es aplicado desde fuera, a la manera de un estigma y un principio denegatorio. El inmigrante sería, sin duda, un exponente perfecto de aquello que Gilles Deleuze llama un “personaje conceptual”» (1998, p.33) [traducción propia].

Los actuales muros fronterizos y la política de deportaciones son inseparables de la vigente ideología antiinmigrante de amplias capas sociales y de políticos. Nevins, al referirse a los “illegal aliens” en los EE. UU., habló de “the ideological roots of illegal” (2002, p.95 y ss.) y ^{De Genova (2002)} de la construcción de la ilegalidad y la deportabilidad dirigida a inmigrantes. Ambas apreciaciones ya apuntan al monopolio del Estado cuyo aparato legislativo y de justicia producen tanto la legalidad como la ilegalidad, al tiempo que establecen quién es ciudadano de pleno derecho e inmigrante «legal». De esta manera se fue bosquejando la ecuación conceptual que explica la política de lucha contra la inmigración irregular en EE. UU.: el concepto de «ilegal» aplicable al inmigrante indeseado y su condición de deportable o expulsable del país.

En ese sentido, las raíces jurídicas e históricas de la deportabilidad tienen su base en un fallo de 1893 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró que la deportación no constituye un castigo, sino un mero dispositivo administrativo para devolver a los extranjeros inoportunos e indeseables a sus propios países. El caso jurídico que sentó jurisprudencia sobre la deportación fue el de Fong Yue Ting vs. United States en 1893 (^{Zolberg, 2006}, pp.225-226). Efectivamente, una sentencia emitida en pleno apogeo de la fobia a los inmigrantes chinos.

Estas categorías, sin embargo, para cobrar su potencialidad operativa necesitan de una estructura que identifique al inmigrante ilegal [siempre la terminología jurídica estadounidense], y proceda a capturarlo, procesarlo y expulsarlo a su país. Los encargados de esa tarea suelen ser los miembros de la Patrulla Fronteriza y desde el 2003 los del ICE [Immigration and Customs Enforcement; donde enforcement proyecta una polisemia que oscila entre control-y-combate]. La nueva «migra», un agente que tuvo y tiene una fuerte carga histórica negativa en el imaginario del inmigrante mexicano, transferida y subsumida ahora en el ICE.

El tercer elemento que se engrana a la esfera de la ilegalidad-deportabilidad y al de los patrulleros y agentes que llevan a cabo las detenciones es la infraestructura. La construcción de bardas y muros fronterizos juegan un papel importante, ya que han logrado dificultar el cruce o reingreso por estratégicos tramos de la frontera. En realidad, por muro fronterizo en su expresión más sofisticada, por ejemplo el tramo entre San Diego y Tijuana al suroeste de California, debemos entender un entramado de obstáculos verticales de acero o concreto, un auténtico laberinto-almadraba o ratonera-trampa anti-inmigrante, que conllevan la transformación del paisaje y del terreno, incluido el desmonte en vertical de cerros y colinas, complementado con una infraestructura tecnológica que permite la vigilancia remota y detección sobre el terreno; así como otra de tipo vial que permite el desplazamiento inmediato sobre el terreno de vehículos y de agentes de la patrulla fronteriza para detener a los migrantes. Es decir, los muros por sí solos no detienen a nadie, porque se pueden saltar o rodear. Eso sí, pueden operar como objetos de propaganda para impresionar a los votantes reaccionarios. De ahí la insistencia de Donald Trump en construir un muro, por su dimensión propagandística y de política-show.

Tenemos entonces que ni el control policiaco-militar de una frontera, materializado en la construcción de muros, ni la ideología anti-inmigrante o xenófoba ampliamente extendida bastan por sí solos para detener un flujo migratorio consolidado como el que pasaba de México hacia EE. UU. La experiencia estadounidense en el southwest limítrofe con México apunta a que estas medidas son insuficientes y deben combinarse escalonadamente con otras al interior. Para ello es necesario implementar al interior de los países controles internos (^{Doomernik 2010}, p.28), como los checkpoints, retenes o redadas, y la propagación e inculcación de una ideología que opera como biopolítica en el sentido foucaultiano de «racismo moderno» y tecnología de gobierno (^{Lemke, 2017}, p.49), impregnada de una mezcla de ideología neo-liberal-conservadora y populista-neonacionalista.

Pero también la estimulación de una atmósfera de postulados ideológicos antiinmigrantes compartidos por los distintos gobernantes y amplios sectores de la sociedad. ^{Kessler (2009)} cuando retoma el enfoque de Foucault sobre la «gubernamentalidad», que relaciona factores como la seguridad, el territorio y la población por parte de un gobierno para controlar e incidir en la visión del mundo y las acciones, lo traduce como «conducta de las conductas» (2009, p.34). Para Foucault, la gubernamentalidad es una forma de ejercer el poder «a través de los dispositivos y tecnologías de la razón de Estado y la policía» (2008, p.245). Lo que añade la dimensión de manipulación política de la sociedad, por medio de mecanismos, técnicas y tecnologías de poder (2008, p.219), orientadas a «controlar» amplias masas de la población, incluidos los inmigrantes.

Esto explicaría la existencia de fronteras difíciles de franquear, de tipo ideológico y mental,5t detrás de los estilos morales de gobierno encarnados en una «gubernamentalidad» dada, orientada a controlar una frontera física y los flujos de migración irregular. Lo que ^{Gil (2011)} analizó para el caso europeo como un entramado de prácticas de control fronterizo, en su dimensión de tecnologías de gobierno y la proliferación de instrumentos ideológicos orientados a obstaculizar la movilidad de «los otros». Estos instrumentos son pensados por la autora como «dispositivos» foucaultianos, donde la raíz del problema lo encontramos en las mentalidades y modalidades de gobierno (2011, pp.22-24).

Esto revela ya una imagen de las fronteras fortificadas como un producto/solución sostenido por unos estilos o modalidades de gobierno dependiente de partidos políticos con ideologías xenófobas, compartidas con sus votantes, sin necesidad de que exista un peligro real u objetivo. Que de hecho es lo que explica la obsesión de Trump y de su electorado fiel con la construcción del muro y las deportaciones. Estaríamos ante la proyección de una ideología antiinmigrante que contamina la esfera de la gubernamentalidad; la cual ha existido a lo largo de décadas, a veces sustituyendo o actualizando los argumentos justificativos para la agenda biopolítica. Lo cual concuerda con algo señalado por Waldin ger para los EE. UU., un país donde el miedo a «la inmigración» ha sido una aflic ción crónica y si al principio se esgrimían razones racistas, de pureza racial, posteriormente se acudió a razones de tipo económico (1989, p.371) o del tipo de diferencias culturales (^{Stolcke, 1995}), que en uno y otro caso disfrazan un neorracismo.

La actual frontera México-Estados Unidos refleja esta mentalidad y estas fuerzas ideológicas operando tras el proyecto de Donald Trump, aunque el muro no sea un proyecto inédito. La construcción y existencia de un muro en importantes tramos de hecho no es algo nuevo, pues está siendo construido y reconstruido de una manera sistemática desde 1993. Además, el control de la frontera vulnerada por los flujos migratorios es una reivindicación social y política que ha evolucionado con el correr de los años (^{Dunn, 1996}; ^{Andreas, 2000}; ^{Cornelius, Martin & Hollifield, 2004}; ^{Alonso, 2013}). Pero desde un principio estuvo concebida para construir una infraestructura disuasoria e intimidante para el migrante y los coyotes o polleros. Las fronteras de un mundo-Gulag tal como la definió Salman ^{Rushdie (2003)}, la respuesta violenta y sin clemencia a la actitud de los migrantes de insistir en entrar en los EE. UU. Una persistencia denominada «resistencia hormiga» en un contexto de «Apartheid global» por David ^{Spener (2009)}. Y que en los últimos 25 años se ha cobrado la vida de más de 10.000 migrantes en su intento por cruzar la frontera.

A la luz de estos antecedentes, el empeño de la administración de Trump retoma una vieja idea, y como proyecto parecería titánico y faraónico, si no fuera porque mucho tiene de construcción de un Telón de Acero estalinista -la Iron Curtain como la bautizó W. Churchill-. Lo paradójico o cínico de la postura estadounidense es que el presidente J.F. Kennedy en tiempos de la Guerra Fría y de la lucha contra el comunismo, se jactó en un discurso que los EE. UU. no habían levantado un muro que separase familias, refiriéndose al muro de Berlín [tal como lo recuerda ^{Emma Sánchez video # 4}]. Otra contradicción está en que esta concepción de fronteras impermeables a la migración clandestina surgiese tras la caída del Muro de Berlín y del Telón de Acero a partir de 1989. Y que al final resultan centrales para que la deportación sea efectiva, al evitar el reingreso clandestino como sucedió hasta fechas recientes.

«El muro separa a familias pero jamás sentimientos» [lo que cuentan las y los deportados]

El argumento central de este artículo apunta a que los muros y las deportaciones han tenido y tienen una importante conexión con los intereses de la biopolítica gubernamental estadounidense, una tecnología orientada a realizar cirugías de extirpación sociocultural al interior de los Estados Unidos y que en la última década especialmente produjo de facto una limpieza étnica. Para validar este argumento, expondré y analizaré un conjunto de testimonios de deportados pertenecientes a la base de datos digital «humanizando la deportación» [de acceso libre en Internet]. Trabajaré concretamente con los primeros 20, que se publicaron entre mayo y junio del 2017, y esta selección es formal y por razones de espacio. Estos video-testimonios, digital story-telling [DST] o narrativas-digitales fueron obtenidos en Tijuana por un equipo multidisciplinar de la University of California, Davis, y de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

Parto del principio que en estos testimonios-digitales se han captado algunos rasgos recurrentes de prácticas y significados pertenecientes a la experiencia de la deportación, que condensan en su discursividad la ideología subyacente que debieron enfrentar durante la detención. Los contenidos de los relatos [narrativas-digitales] vehiculan la memoria de los acontecimientos narrados por sus protagonistas: personas que sufrieron la deportación. Las digital story-telling suponen una técnica que capta y condensa en sus relatos o narrative -en su factualidad discursiva- patrones culturales e inercias sociales, aun con todos los defectos que se le quieran poner.

En este sentido, los video-testimonios [que tienen una dimensión visual cuyos referentes no siempre fueron elegidos por el informante] inevitablemente incorporan cierto sesgo y ciertas limitaciones en la información manejada que impide hacer una generalización sobre el fenómeno de la deportación de mexicanos. Sin embargo, existe una historia coherente y sintética sobre la deportación en todos los testimonios que confirma lo encontrado en otras investigaciones.

Los testimonios de las personas vehiculan discursos ajenos a ellos, -sin negar su capacidad de agencia- y cuando hablan de su experiencia de deportación y por tanto de «la» deportación, encarnan un concepto generado, estructurado y «afilado» en la historia de las leyes de inmigración estadounidense y de su aplicación. Por eso sus testimonios nos permiten describir, analizar e interpretar, «lo que se decía en aquello que era dicho» cuando se hablaba de la deportación de mexicanos a comienzos del siglo XXI, y también la experiencia de la post- deportación.

Comenzaré con el caso de ^{Gerardo Sánchez (video #1)} [véase la videografía final] porque sintetiza las contradicciones y brutalidad de las deportaciones de inmigrantes desde EE. UU. a México en lo que va del siglo XXI. Como tantos mexicanos, cruzó irregularmente hacia el 2002 y residió allí 12 años. Por manejar ebrio fue detenido, esto lo marcó en los registros judiciales y a la larga estos antecedentes le imposibilitaron regularizar el permiso de residencia e incluso la ciudadanía, pues contrajo matrimonio con la madre de sus dos hijas, todas ellas ciudadanas estadounidenses. Cuando fue arrestado en una redada en su trabajo, apareció el antiguo incidente de transito [manejar un auto habiendo ingerido bebidas alcohólicas, DUI por sus siglas en inglés] y fue deportado. Tras varios intentos por reunirse con su familia en California, quedó varado del lado mexicano en Tijuana. Condenado a no poder compartir su vida con sus hijas. Lamentablemente en el año 2017 murió acribillado por las balas de sicarios del narcotráfico. Fue el trágico caso de alguien que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

Existen millares de casos donde la deportación la detonó una falta o delito vinculado a un incidente de tránsito, agravado por manejar ebrio. Hay testimonios que declaran que la primera vez que fueron detenidos por manejar borrachos la cosa no pasó a mayores, pero eso debió ser a comienzos de la década de 1990. En otros casos, aunque los individuos fueron deportados, esto ocurrió cuando reingresar a los EE. UU. era factible. «Pero en aquellos tiempos era fácil, brincar, volver a entrar al país» (^{René López, video #2}). Y aquellos que comprobaron que la deportación comenzaba a tener un costo cada vez mayor, por los operativos en la frontera que dificultaban el regreso, al reingresar experimentaron la sensación de vivir en los EE. UU. con miedo a ser descubiertos.

Esto explica que algunos deportados hayan tenido varias experiencias de deportación previa a lo largo de décadas o de los últimos años, por ej. 4 o 5 intentos de cruce, con los consiguientes arrestos y deportaciones. El cruce de la frontera se dificultó especialmente a partir del 2005, que coincide con la amenaza de penas de cárcel en caso de reincidir. Hay testimonios que declaran que, tras varios fracasos y detenciones, llegaron ante un juez que los condenó a ser deportados [removed] y que los amenazó con penas más severas de cárcel si reincidían.

^{Sánchez (video #1)}, en sus diversas capturas tras intentar cruzar la frontera para llegar con los suyos de nuevo, también conoció el trato cruel -por discriminatorio y violento- en las cárceles o centros de detención de las agencias de migración; algunas de carácter privado, lo que ya habla del negocio de las deportaciones. Otros testimonios constatan prácticas abusivas y atentatorias contra sus más elementales derechos; constatan que no los tienen y que de nada sirve quejarse (video # 1, 4). Debieron firmar documentos sin estar informados o no se les dio el derecho a ser asesorados por abogados o por sus consulados.

Hay un grupo de personas deportadas caracterizadas por contar con antecedentes penales en los EE. UU. e incluso con penas de cárcel cumplidas (video # 13, 15). Pero hay un caso que ilustra la ignorancia que suele haber con las leyes de migración. Tras cumplir condena le comunicaron a Jason Madrid que vendría el ICE por él porque hay una orden de deportación. «¿Quién diablos es el ICE?», pregunta. «La deportación, yo ni sabía qué era, hasta que me detuvieron». «Te mandan para tu lugar de origen», le comunicaron (video # 13).

Hay personas que han sido deportadas y que tienen negado el regreso de por vida, no hay manera legal de regresar, aunque tienen hijos ciudadanos. Existe «el delito de reingreso ilegal al país tras haber sido deportado [after removed]». Uno de los narradores afirma que Bill Clinton fue quien firmó la ley que permite expulsar a quienes tienen récord [antecedentes] criminal y no son ciudadanos (video # 6). Esto explica por qué hay casos donde el inmigrante estaba documentadamente, en posesión de la green card, hasta que un «delito» los priva de los derechos que lleva aparejado ese documento migratorio (video # 6, 14). Daniel Jáuregui siempre tuvo green card, y como tantos paisanos, pensó que con ella bastaba para estar siempre en EE.UU. Llegó a ser deportado 4 o 5 veces a lo largo de los años, y siempre regresó a EE. UU. mostrando en la garita de la aduana su green card que mantenía en su poder, pues habla un correcto y fluido inglés, pues llegó a EE. UU. con tres años de edad.

Son usuales los casos donde la persona deportada fue llevada por su familia a los EE. UU. siendo menor de edad, hay quienes llegaron en brazos de sus padres, otros como adolescentes. Esto ya nos habla de un perfil habitual, el de personas deportadas de origen mexicano, nacidas, pero no necesariamente criadas y educadas en México, que a veces no hablan español. Esto explica la presencia de testimonios en un inglés más propio de un ciudadano-cultural estadounidense que de un mexicano, aunque hayan nacido en México (videos # 6, 13, 14). También hay gente deportada con hijos y nietos estadounidenses, que vivieron legalmente más de 50 años y a quienes le cancelaron la green card (video # 14).

Una constante tras la deportación en la mayoría de testimonios es el shock del regreso forzado a una ciudad y un país donde no hay contactos, ni conocidos, que es fuente de estrés. La deportación a México, aunque es su país natal, los hace estallar en gritos y quejas de impotencia y rabia (video # 13). Aunque es el testimonio de una madre, quien cuenta su historia bajo el seudónimo de Sofía, el que transmite el pánico antes de entrar en México, pues supone el alejamiento de sus hijos, «y sentir que el mundo se vino abajo» (video # 18a y 18b). Una vez en suelo mexicano, se encuentran sin documentos de identidad y sin ayudas oficiales efectivas. Se sienten en un país extraño. La sensación de desamparo, de soledad y la obligación de algunos de vivir en la calle o en albergues informales si no se tiene el apoyo económico de familiares, son habituales. Este desamparo es una poderosa razón para reingresar a los EE. UU. tras una deportación, sobre todo cuando allá quedó la familia, muchas veces legalmente, y no se tiene a nadie en Tijuana o en México (video # 1, 6).

Al menos en un primer momento, es usual la incomunicación con la familia en los Estados Unidos y, cuando es el caso, en México. Está el caso del migrante, Juan Manuel Villegas Galindo, que fue detenido en un retén y deportado, sin poder avisar a su esposa e hijas que quedaron en situación irregular en los EE. UU. y durante unos meses estuvieron incomunicados. Él subsiste en las calles de Tijuana limpiando parabrisas de los autos (video # 5).

Hay un proceso de duelo, de pérdida, que dura meses o años, ante la angustia y desesperación que provoca constatar la imposibilidad de reunirse y volver a vivir con la familia. Para expresar esta situación hay quien habla de «sufrir la deportación» (video # 2), otros declaran «he vivido en Tijuana como un refugiado» (video # 3) e incluso «estoy harto de estar aquí, no me adapto» (video # 13). La situación de desarraigo la ilustran expresiones como «es mi gente, pero no mis parientes» [cuando los hijos y esposas son estadounidenses y él mexicano de nacimiento] (video # 14). «Donde yo encajo es en EE. UU., respeto la bandera mexicana, pero no es la mía, mi bandera es la de EE. UU., por esa bandera luché...» [declarado por el veterano de guerra Jason Madrid] (video # 13). Y otro expresa que como ama a Estados Unidos, dice sentirse «agraviado» por su situación de deportado (video # 6).

Después viene la resignación a permanecer en un lugar inhóspito como Tijuana para facilitar las visitas de la familia desde la vecina California. De lo contrario, «El que es deportado y no puede adaptarse a la sociedad, acaba en la calle drogadicto, alcohólico o muerto» (video # 13). Porque la experiencia traumática puede no superarse e ir a mayores. Hay personas deportadas que reconocen haber tenido amigos también deportados, «la mayoría muertos o se han suicidado» (video # 6).

Por lo general, Tijuana ofrece la ventaja de ser una ciudad fronteriza, comunicada con California, y eso facilita en diversos casos las visitas de los familiares que quedaron «legalmente» en los EE. UU. y que cruzan la frontera para visitarlos y apoyarlos. Los hijos estadounidenses de Emma Sánchez de Paulsen comentan sobre «cuando tu madre está deportada», y algunos recuerdan las visitas a Tijuana y las horas y horas de espera exasperante en los cruces de la frontera (video # 4). Otras veces el hombre deportado es visitado por la esposa e hijos adolescentes que residen en la cercana ciudad de Los Ángeles, como sucede en el caso de Daniel Jáuregui. Y tras las visitas les embarga el lamento de no poder estar junto a los hijos que crecen, para apoyarlos y compartir la vida (video # 6).

Pero cuando no se dispone de medios ni de apoyos, hay migrantes que han acabado residiendo en el Bordo, una parte del río Tijuana cerca de donde está trazada la frontera en su cauce de cemento y concreto (video # 1, 3, 7, 20). Un lugar que históricamente fue lugar de cruce de migrantes, trasiego de drogas, picadero para consumo de estupefacientes; un lugar no exento de peligro y donde aparecen personas muertas periódicamente. Varios individuos deportados narraron su vida en el Bordo entre ratas y aguas negras [aguas cochinas, las llama uno]. Ramiro Manzo Torres habla de «vivir en el canal» [El Bordo], donde lo asaltaron y le pegaron un tiro en la pierna y otro en la cabeza. Lo rescató la patrulla fronteriza, lo trataron en un hospital y lo deportaron a México. Finalmente, encontró un nuevo hogar en un centro de rehabilitación, pudo contactar con sus hijos y con su ex-mujer. Pero mientras tanto ya habían pasado 18 años en los que sus hijos crecieron (video # 7).

Hay personas deportadas que vivieron como inmigrantes indocumentados treinta años en los EE. UU., y su vida cambió tras un problema con el alcohol. Acabaron en Tijuana, en una ciudad y un país que apenas conocen. La edad avanzada dificulta la adaptación, pero también cosas elementales como conseguir un trabajo. Otras veces es el estigma de la deportación lo que puede marcarlos socialmente como sospechosos. René López declara, «los deportados no somos criminales como dicen» y recomiendan como una enseñanza, «aprovecha la oportunidad de vivir en los EE. UU. [haciendo las cosas correctas]» (video # 2).

La categoría de veteranos deportados es especial, porque se organizaron y han impugnado su situación, en algún caso exitosamente tras años de deportación. Héctor Barajas de “Deported Veterans Support House” es un ejemplo de líder activo y reivindicativo, aunque existen otras asociaciones de veteranos. El veterano del ejército Andy de León (#14) fue deportado con más de 60 años de edad, tras más de 50 años en EE. UU. Su experiencia también ilustra la vida de alguien mayor que se halla de pronto en Tijuana. Una experiencia difícil, aunque pudo hacer gestiones y obtener sus beneficios de veterano para vivir en México. Barajas le habló de conseguirle sus beneficios de veterano, y consiguió una pensión de 1.000 dólares al mes.

Existe el caso de una madre de hijos ciudadanos estadounidenses, casada con un ciudadano estadounidense veterano de la marina, que fue deportada dos meses después de dar a luz al tercer hijo de la pareja, y condenada a no entrar por 10 años a los EE. UU. Ella sintetiza uno de los dramas y efectos colaterales de las deportaciones indiscriminadas con una pregunta, «¿Cómo es posible que crean que son correctas unas leyes que separan familias, que separan a una madre de sus hijos?» [Emma Sánchez de Paulsen, video # 4]. Ella experimentó, tras decidir que sus hijos mientras fueran pequeños estuvieran con ella en México, toda la burocracia que debe enfrentar en México una madre «deportada» con sus hijos estadounidenses a los que no podía tramitarles los papeles mexicanos tan fácilmente. Posteriormente regresaron a los EE. UU. por cuestión de estudios y seguridad, donde está el padre-marido. Sánchez de Paulsen tuvo trascendencia mediática porque en junio de 2015 con su marido escenificaron la boda en la puerta que se abre en Playas de Tijuana frente al faro. Ella vestida de novia y él con uniforme de gala de la marina y condecoraciones. Su caso ilustra las circunstancias adversas que ponen a prueba la unidad familiar a un alto costo emocional y el agravante del impacto vital en menores ciudadanos estadounidenses.

Su caso es el de una madre que regresó voluntariamente -seguramente mal informada- para intentar arreglar su situación en los consulados estadounidenses en México. Pero el proceso se complicó y fue condenada. Al final, su gesto de buena voluntad tuvo el efecto de una deportación de facto (video # 4). Algunas mujeres y madres se han organizado para darse apoyo en las Dreamers Moms Internacional en Tijuana, e incluso hay casos de abuelas que luchan por los derechos de sus nietos ciudadanos, que acompañaron al padre deportado.

La madre deportada en un lugar extraño y separada de sus hijos y familia, ejemplifica el doble dolor y sufrimiento de la experiencia; simbolizan la brutalidad del daño que quieren infringir las deportaciones dictadas por una justicia ciega y brutal. Resultando con el daño colateral infringido a las hijas e hijos, que son ciudadanos estadounidenses condenados a ser huérfanos de facto, ante la ausencia de uno de sus progenitores por deportación.

Inconclusiones

Los muros fronterizos son la metáfora de las fronteras que discriminan y hacen posible la deportación permanente al dificultar el regreso. También reflejan el triunfo de las leyes como reflejo de un sentimiento xenófobo, de odio al extranjero, disfrazadas de funcionamiento normal del Estado de derecho. Unos discursos y leyes cómplices de la xenofobia, que sancionan el status de «ilegalidad» del (in)migrante. La paradoja de la legalidad que produce ilegalidad fake. En la frontera México-Estados Unidos, tal como ^{Friese (2011)} lo hace notar para la isla de Lampedusa en el Mediterráneo frente a África, se tensa la relación frontera, ciudadanía y estatus legal que son condiciones para la «producción de ilegalidad».

En la actualidad, con Donald Trump empeñado en gobernar con criterios propios de un fanático, las deportaciones son un dispositivo biopolítico que refleja un estilo de gobierno y de gubernamentalidad antiinmigrante. La violación de las leyes de inmigración es una coartada para expulsar a inmigrantes mexicanos de la sociedad estadounidense y realizar una limpieza étnica. Un proceso de cirugía de extirpación socioeconómica, que expulsa a trabajadores y miembros de la sociedad concebidos como miembros fallidos y por tanto eliminables socialmente según los intereses estadounidenses. Aunque ya vimos que a veces no hablan español, que en realidad son ciudadanos-culturales estadounidenses, que son padres y madres de ciudadanos estadounidenses a quienes se les deja «huérfanos» de facto.

Al respecto, las deportaciones suponen un daño colateral grave y brutal en los menores de edad hijos e hijas de las madres y los padres deportados. Víctimas de unas deportaciones indiscriminadas por medio de redadas y denuncias anónimas, que impactan sus vidas al condenarlos a crecer sin uno de sus padres y trastornar su desarrollo y crecimiento. En el caso que nos ocupa, los muros o la deportación con todos sus efectos colaterales [muertes, escarmiento, sufrimiento, menores víctimas indefensas, etc.] se muestran como una tecnología biopolítica aplicada a la inmigración irregular. Las deportaciones desde los EE. UU. también tienen una dimensión que se pueden definir tal como lo hizo Sami Naïr para el caso francés, cuando habló de sadismo jurídico-policial contra los inmigrantes sin papeles (1997).

Finalmente, Tijuana se ha convertido en los últimos años en el lugar donde llegan deportados mexicanos, pero paradójicamente también solicitantes de asilo en masa para los Estados Unidos, como los haitianos en los años 2016 y 2017 o los integrantes de la caravana de hondureños y otros centroamericanos en el 2018. La mayoría de haitianos fueron deportados desde San Diego.