El extranjero como enemigo en los albores de la nación

La reputación, por largo tiempo sostenida, de Estados Unidos como país que acoge a los inmigrantes y al que estos construyeron, ha sido cuestionada al parecer en nuevas formas en el siglo XX. En febrero de 2018, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos [United States Citizenship and Immigration Services] (anteriormente llamado, Servicio de Inmigración y Naturalización [Immigration and Naturalization Service]) eliminó calladamente un pasaje de la declaración de su misión donde describía la «promesa de Estados Unidos como país de inmigrantes», y la reemplazó con unas palabras que se enfocaban más bien en administrar el sistema nacional de inmigración por ley del país, proteger a los ciudadanos estadounidenses y proteger el territorio nacional (^{Gonzales, 2018}). Sin embargo, esta visión más sombría de los inmigrantes y el ocultamiento de cualquier «promesa» en relación con ellos en realidad no son algo tan nuevo. El enajenamiento y la criminalización del inmigrante en la legislación, existe en Estados Unidos por lo menos desde principios de 1798, cuando el V Congreso aprobó las Leyes de Extranjeros y Sedición. Firmadas por el presidente John Adams, estas leyes dificultaron a los inmigrantes obtener la ciudadanía, y quizás lo más importante, establecieron una perniciosa asociación entre los términos «extranjero»" y «enemigo» en el discurso político y cultural estadounidense.

Entre otras provisiones, las leyes de Extranjería y Sedición confirieron al presidente la facultad de llevar a prisión y deportar a no ciudadanos que el gobierno considerara peligrosos o que hubieran llegado a Estados Unidos procedentes de un país hostil. El Congreso, de mayoría federalista, sostuvo en esa época que esos proyectos de ley reforzarían la seguridad nacional durante una guerra no declarada con Francia, que se extendió desde 1798 hasta 1800. «Al implementar las leyes de Extranjería y Sedición, los federalistas declararon que actuaban bajo la siguiente premisa: que había una peligrosa facción francesa actuando en Estados Unidos y que la supervivencia de la república requería que se la acabara», anota el historiador John ^{Miller (1951}, p.41). Reconociendo el desafío que esas leyes de extranjería planteaban para los ideales democráticos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, Miller tituló su estudio de 1951 sobre esas leyes Crisis in Freedom [Crisis en la libertad]. De igual modo, Charles Slack adoptó el título Liberty's First Crisis [Primera crisis de la libertad] para su estudio más reciente en el que se consideran las Leyes de Extranjería y Sedición (2015). Aun en los últimos años del siglo XVIII, señala Miller, «abusar de los extranjeros fue el camino hacia el favor político» en algunas regiones de Estados Unidos, aunque eran los irlandeses y los ingleses quienes eran los principales blancos del oprobio en ese momento (1951, p.44). El proyecto de ley aprobado en el Senado el 8 de junio de 1798 concedió al presidente «poder casi ilimitado sobre los extranjeros en Estados Unidos» (^{Miller, 1951}, pp.52-53). Pero se ampliaría aún más en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Tras el bombardeo de Pearl Harbor a finales de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó una nueva versión de la ley del Extranjero Enemigo, al declarar que Estados Unidos ahora tenía autoridad para detener a presuntos enemigos dentro y fuera de las fronteras nacionales. De hecho, políticos y funcionarios estadounidenses habían comenzado a construir el aparato para internar a extranjeros aun antes de la guerra; en mayo de 1939, se presentó un acalorado debate en el Congreso por el llamado proyecto de ley Hobbs, según el cual extranjeros criminales o «subversivos» podían ser «detenidos» en Estados Unidos, lo que motivó a la congresista neoyorquina Caroline O'Day a comentar: «puedo imaginar con qué satisfacción Hitler se enterará de que sus emisarios en este país han influenciado de tal forma al Congreso que está siguiendo su ejemplo en el levantamiento de campos de concentración en tiempo de paz», (Grabación del Congreso, Cámara, 5 de mayo, 1939, citada en ^{Christgau, 1985}, p.53).

La detención y «reubicación» de unas 127.000 personas de origen japonés (de los cuales más de la mitad era ciudadanos estadounidenses) residentes en Estados Unidos en instalaciones de confinamiento interno, es el acto más célebre del despliegue ampliado de la legislación del extranjero enemigo por parte de Roosevelt¹. Miles de germano-estadounidenses e italo-estadounidenses fueron también vigilados y desplazados dentro de las fronteras nacionales. En este artículo, sin embargo, me concentraré en la aprehensión de hombres, mujeres y niños de origen europeo y japonés en Latinoamérica, quienes fueron internados en instalaciones de detención operadas en Estados Unidos dentro de sus fronteras y en otros quince países del continente americano durante la Segunda Guerra Mundial². Muchas esposas e hijos de esos detenidos (los principales objetivos de estos programas eran casi todos hombres), aunque hubieran nacido en otros lugares o en estos países latinoamericanos, acompañaron a sus esposos y padres a la detención. Aunque algunas familias fueron alojadas juntas en estos campos, de manera rutinaria se separaba a los detenidos de sus familiares por periodos que variaban entre semanas y años en la mayoría de los casos de detención que tuvieron origen en Latinoamérica. Como el programa era oficialmente secreto, las cifras de los internados a instancias de esa iniciativa varían, pero según la narrativa oficial del gobierno, «al terminar la guerra, más de 31.000 extranjeros sospechosos de ser enemigos y sus familias, incluidos unos cuantos refugiados judíos de la Alemania nazi, habían sido recluidos en campos de internamiento de los Servicios de Inmigración y Naturalización (INS) y en instalaciones militares por todo el territorio estadounidense»³.

Como es el caso hoy en la relación de Estados Unidos con sus vecinos al sur de la frontera, el objetivo declarado de la aprehensión y «detención» o «internamiento» de estos civiles no combatientes y sus familias fue la protección de la seguridad hemisférica. Estados Unidos obtuvo la cooperación de las repúblicas vecinas con el interés de descubrir y debilitar las fuerzas pronazis y profascistas en todo el hemisferio, bien fuera en esos espacios interamericanos, como la Zona del Canal de Panamá y Puerto Rico, o en países independientes⁴. Aunque son bien conocidos la vigilancia, aprehensión, detención y desplazamiento forzado a los que se sometió a los japoneses en Estados Unidos, menos personas en Estados Unidos saben que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otros organismos estadounidenses también registraron, vigilaron, detuvieron y deportaron a «enemigos extranjeros» fuera de sus fronteras.

Estas acciones de Estados Unidos incitadas por los temores del avance nazi en Europa asumieron formas radicalmente distintas al norte y el sur del Río Grande, lo que indica que la frontera Estados Unidos-México tuvo un rol simbólico, pero importante en la determinación del estatus y el tratamiento de esas personas, aun cuando procedieran de lugares tan distantes como Colombia o Uruguay. Mientras a los alemanes puestos en custodia en Estados Unidos se les concedían audiencias, y menos de uno por ciento de esa población entró en internamiento, pues hasta la mitad de los alemanes residentes de algunos países latinoamericanos, como Honduras fueron detenidos e internados, sin importar el hecho de que «la evidencia no indica que los alemanes en Latinoamérica superaran a sus compatriotas ciudadanos de Estados Unidos en su respaldo a Hitler» (^{Friedman, 2003}, p.3).

Lo irónico es que este episodio de relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica siguió justo después de la redacción de la Política del buen vecino, una serie de principios que prometían la no intervención de Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos. Pero pocos historiadores han llamado la atención sobre la manera como la implementación del Programa de Control del Extranjero Enemigo en América Latina contradecía los estatutos centrales dispuestos en la Política del buen vecino. Hasta la fecha, el historiador Max Paul Friedman es el único que ofrece un análisis detallado de varios países de la parte latinoamericana del programa del extranjero enemigo en su abarcador estudio Nazis and Good Neighbors. The United States Campaign Against the Germans of Latin America in World War II [Nazis y buenos vecinos. La campaña de Estados Unidos contra los alemanes de América Latina en la Segunda Guerra Mundial] (2003, 2010, en la traducción al español). En ese libro y un ensayo de 2008 centrado en el problema específico de la separación de familias, Friedman asevera que el programa del Extranjero Enemigo en su fase latinoamericana revela el mito de la armonía interamericana asociada a la Política del buen vecino, pues «los funcionarios en Washington lograron prevalecer sobre sus homólogos latinoamericanos para colaborar en el programa solo violando tanto la letra como el espíritu de la Política del buen vecino» (2003, p.3). A fin de cuentas, el programa de Estados Unidos de detención y deportación en Latinoamérica «no contribuyó a la seguridad nacional estadounidense y en realidad representó una pérdida neta de las metas nacionales, incluso dejando de lado cuestiones de justicia y derechos individuales» (Friedman, 2008, p.58). Aunque el entusiasmo por Hitler y el nazismo del que hacían gala unos cuantos de esos detenidos «hace que la simpatía se quede atrancada en la garganta», como lo reconoce Friedman, no debe cegarnos frente a las características problemáticas del programa, con las que aún luchamos hoy en día: prejuicios basados en el país de origen, creencias en la inferioridad latinoamericana, y conveniencia política motivada por el oportunismo económico (^{Friedman, 2003}, p.5)⁵.

Precedentes del complejo industrial fronterizo en la Segunda Guerra Mundial

Varios elementos claves del programa del Extranjero Enemigo en Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial sirven como precedentes para las relaciones EE.UU.-Latinoamérica en la zona fronteriza en nuestros días. La movilización de ese programa involucró a una serie de organismos federales, como el Servicio de Inmigración y Naturalización, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Guerra, el FBI, la Oficina de Inteligencia Naval, varias ramas del ejército estadounidense, e incluso el Servicio Postal de Estados Unidos. De esta manera, desvelar e interrogar sus funciones nos ayuda a ver que la cooperación continuada de organismos múltiples (aunque diferentes) en la militarización de la frontera, y la amalgama del inmigrante con el criminal no son solo controvertidos problemas actuales, sino también el legado de políticas y prácticas anteriores.

Muchos de los «procedimientos estándares» en las iniciativas modernas de «proteger la frontera» y la nación en su conjunto también se implementaron o movilizaron durante este programa en la Segunda Guerra Mundial. El uso de documentos legales (o la falta de ellos) para equiparar inmigrantes con criminales; la expansión de Estados Unidos y de la vigilancia patrocinada por EE.UU. en territorios latinoamericanos; la militarización de la zona fronteriza mediante el despliegue de fuerzas armadas estadounidenses y otros recursos militares a la región; los esfuerzos en común de las fuerzas locales de orden público y la administración de inmigración; la adopción de términos neutrales como «internamiento» o «detención» para condiciones cercanas al encarcelamiento sin el debido proceso, incluso de niños; el uso de desplazamiento forzado (deportación) sin acceso oportuno a audiencias; la separación a corto y largo plazo de parientes; las condiciones precarias en las instalaciones de detención; la inercia burocrática y los conflictos entre organismos; y, en resumen, el desdén por los derechos individuales y estatales, todas estas características de las políticas y procedimientos estadounidenses en la frontera hoy en día fueron características del programa de control del Extranjero Enemigo durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin duda, existen diferencias claves entre la deportación de latinoamericanos y el programa de detención de los años 40, y la compleja red de relaciones, recursos, políticas y comercio denominada más recientemente como el «complejo industrial fronterizo». Las poblaciones latinoamericanas que experimentan la deportación y la detención antes y ahora son obviamente diferentes, pues el programa de la Segunda Guerra Mundial apuntaba a inmigrantes y ciudadanos de origen alemán, austriaco, italiano y japonés que residían en países como Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, personas que para el gobierno estadounidense o los gobiernos de esos países eran sospechosas de simpatizar con sus enemigos en tiempo de guerra⁶. Debe señalarse, sin embargo, que la condición de estas personas como «refugiados» o «solicitantes de asilo» estuvo con frecuencia en discusión en los años 40, de manera muy similar a como ocurre hoy. Esto fue evidente especialmente en el caso del pequeño grupo de detenidos judíos, muchos de los cuales eran refugiados del nazismo, que temían ser «repatriados» a los mismos territorios de los que habían escapado cuando Hitler subió al poder⁷. La dirección de deportación es diferente en los dos casos, pues Estados Unidos decidió que la mejor manera de monitorear a sospechosos en Latinoamérica era deportarlos hacia Estados Unidos, no lejos de ese país. Las condiciones de confrontación eran disímiles, pues la ampliación de la Ley del Extranjero Enemigo en 1941 era una respuesta directa al ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, mientras que los conflictos internacionales que influencian las relaciones fronterizas con Latinoamérica hoy en día son la «guerra contra la inmigración ilegal» y en algunos casos la «guerra contra las drogas» -ambas ofensivas en tiempos de paz-.

Quizás más importante todavía es que la escala de las operaciones en los dos casos es radicalmente diferente, donde la primera iniciativa se limitó a unos pocos años durante la guerra e inmediatamente después de ella, y se administró mediante la movilización de un rango mucho menor de armas, tecnología e infraestructura diseñadas para proteger la seguridad interna. Es crucial que el programa de internamiento y deportación del extranjero enemigo en la Segunda Guerra Mundial estuviera limitado también en términos del comercio y la industria que generó. Todas las instalaciones de detención o internamiento que hubo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial eran administradas por entidades federales, generalmente el Departamento de Justicia o el INS, en lugar de contratistas privados con ánimo de lucro, como es común hoy en día. Es la naturaleza privada, movida por la industria de las actuales políticas fronterizas y de inmigración de hoy en día, y su mantenimiento, lo que llevó a James Cooper, profesor de la Escuela de Derecho de California Occidental a afirmar: «este es el complejo industrial fronterizo», en la Feria de Seguridad Fronteriza de 2015. «Así es como Dwight D. Eisenhower encuentra la fortaleza medieval. Están viendo esta privatización de lo que es una función inherente al Estado», observó Cooper (^{Dart 2015}).

No es coincidencia la referencia que hace Cooper de Eisenhower. El historiador económico Robert Higgs señala que justo antes de dejar su cargo, el presidente Eisenhower dio un discurso de despedida que llamó la atención sobre la «conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria armamentista», y advirtió que «en los consejos de gobierno debemos evitar la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, por parte del complejo militar-industrial. Las posibilidades de un auge desastroso de poder inapropiado existen y persistirán» (Higgs, 1995). Aunque la advertencia de Eisenhower se refería al complejo militar-industrial, se formuló dos años antes del ataque a Pearl Harbor, y celebraba su vigésimo cumpleaños al momento de su discurso, características claves de ese «vasto aparato económico y administrativo» sobrevivieron y florecieron durante todo el periodo de la Guerra Fría, según ^{Higgs (1995)}. Como lo indica Cooper en los comentarios que hizo relacionando a Eisenhower con el complejo industrial fronterizo, luego de su visita a la Feria de Seguridad Fronteriza [Border Security Expo] de 2013, yo diría que algunas de las características de la época de la Segunda Guerra Mundial han reaparecido ahora en las operaciones del complejo industrial fronterizo⁸.

Para ^{Higgs (1995)}, la insinuación de miembros del Congreso sobre cargos de poder en las interacciones entre el ejército y la industria luego de la Segunda Guerra Mundial es una justificación para definir esta dantesca alianza público-privada como el complejo militar-industrial-congresional (MICC). Él señala:

El fuerte rol desempeñado por el MICC en la segunda mitad del siglo XX demuestra un hecho que rara vez se ha considerado honestamente: la Segunda Guerra Mundial no terminó en una victoria para las fuerzas de la libertad; en igual o mayor medida, la derrota de la Alemania nazi y sus aliados representó una victoria para las fuerzas de la opresión totalitarista en la Unión Soviética y, posteriormente, sus sustitutos en todo el mundo. En consecuencia, en 1945, simplemente cambiamos una serie de agresivos enemigos por otros. En realidad, la guerra no terminó hasta la desintegración de la Unión Soviética y la degeneración de sus fuerzas armadas, a comienzos de los años 90. En Estados Unidos, la larga guerra -de 1940 a 1990-consolidó el MICC como parte integral de la economía política. (^{Higgs, 1995})

Aunque el ensayo de ^{Higgs, escrito en 1995}, no podía prever las conexiones entre el MICC y el complejo industrial fronterizo que aquí argumento, muestra cómo los acomodos de la época de la Segunda Guerra Mundial «transformaron por completo las relaciones entre el gobierno y sus contratistas militares» e institucionalizaron los incentivos económicos para nuevas guerras. Si, en la lógica del MICC, «el mejor de todos los mundos, entonces, era la preparación masiva y continuada para la guerra que nunca ocurriría», es fácil ver cómo esos principios y políticas podían aplicarse a la «crisis fronteriza» de hoy en día. Como lo denunció la Red Nacional para los Derechos de Refugiados e Inmigrantes (National Network for Immigrant and Refugee Rights), «esta acumulación ha creado una “zona de conflicto de baja intensidad” en la frontera, donde se emplean vigilancia, patrullaje policial y tácticas militares. Dentro de esta estructura, contratistas de defensa, firmas constructoras y gigantes tecnológicos compiten por acciones políticas (en especial, mayores recursos del presupuesto federal) que lleven a lucrativos contratos» ("Border Militarization and Corporate Outsourcing"). Sin duda, el presidente estadounidense y sus delegados han optado por paralizar el funcionamiento mismo del gobierno al atar sus operaciones permanentes a la aprobación de financiación del gobierno para un muro fronterizo, como ocurrió en diciembre de 2018⁹.

Higgs sostiene que «la riqueza, la posición, el poder y las bonificaciones dependían todas del MICC», y que sus «costos sobre la libertad también eran grandes, pues las autoridades de defensa nacional, usando al FBI, la CIA y otros organismos, violaron derechos constitucionales de los ciudadanos a gran escala» (1995). Al mirar el programa para Latinoamérica del Extranjero Enemigo como un elemento, aunque menor, del desarrollo de los MICC durante la Segunda Guerra Mundial y luego de ella, podemos entonces leerlo como un precursor de la expansión actual del complejo industrial fronterizo. De manera crucial, la política de detención y desplazamiento forzado (deportación), en los casos de los migrantes que no tienen cargos por ningún delito, aparte de su propia migración, y a quienes no se les permite recurrir a un proceso legal para recusar su detención, parece ser una práctica mejor establecida y de mayor uso en el hemisferio de lo que muchos han pensado. Friedman llama el programa de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica un «fragmento perdido de la historia», un fragmento que nos enseña en primer lugar, cómo políticas adoptadas sobre la base de la identidad colectiva en lugar de actos individuales tienen un impacto negativo en el común de la gente, y en segundo lugar, cómo las violaciones de leyes y principios no brindan la seguridad usada para racionalizar su implementación (Friedman, 2008, p.58). En un artículo que traza paralelos entre la detención de sospechosos de terrorismo en la Bahía de Guantánamo en Cuba y el programa latinoamericano de deportación durante la Segunda Guerra Mundial, advirtió, «pocos observadores se dan cuenta de que en cierta medida estamos asistiendo a una repetición» (^{Friedman, 2008}, p.58).

Entonces, ¿cómo funcionó este programa secreto? En primer lugar, el presidente Roosevelt avivó los temores internos y externos ante conspiraciones nazis y fascistas en el Nuevo Mundo, advirtiendo a los vecinos de Estados Unidos en el sur que «la guardia de avanzada de Hitler» se preparaba para una nueva ofensiva en el hemisferio occidental, y podría ser inminente una toma nazi del continente. Armados con una Ley del Extranjero Enemigo renovada para el siglo XX, los organismos estadounidenses se pusieron a trabajar con representantes de gobierno de los países del sur de la frontera para crear listas de posibles enemigos de Estados Unidos. En muchos casos, se consideró amenaza a inmigrantes europeos y japoneses en América Latina exclusivamente por su país de origen, independientemente de cualquier actividad política o criminal, o la falta de ella. Paradójicamente, una Política del buen vecino, de menos de una década de promulgada, que prometía la no interferencia en los países del continente americano, allanó el terreno para la extralimitación y el exceso estadounidenses. En forma sumaria, se sometió a miles de personas a la vigilancia y la detención estadounidense por fuera de sus fronteras, y los mismos países vecinos, anunciados como «buenos vecinos» fueron presionados para que respaldaran un programa de detención y deportación orquestado por Estados Unidos que era la personificación del intervencionismo estadounidense.

La proclamación 2525 (japonesa), firmada el 7 de diciembre de 1941, y las proclamaciones 2526 (alemana) y 2527 (italiana) firmadas al día siguiente, dieron al presidente Roosevelt amplias facultades para controlar a grupos específicos de «extranjeros enemigos» y autorizó la aprehensión y el internamiento sumarios por la duración de la guerra de un enemigo extranjero «considerado potencialmente peligroso para la paz y la seguridad de Estados Unidos». ¿Cómo decidió Estados Unidos quién era peligroso? Inicialmente, presionó a los gobiernos al sur de la frontera para que identificaran y controlaran a esas poblaciones. Pero Estados Unidos pronto expresó desconfianza por tales medidas cuando vio que líderes y miembros de la fuerza pública extranjeros usaron el mandato de manera selectiva para neutralizar a adversarios políticos o para apropiarse de propiedades y empresas valiosas. Los alemanes y otros ciudadanos europeos de países del Eje se convirtieron en una especie de divisa de las relaciones interamericanas, pues Estados Unidos usó estas ineficiencias como excusa para promover el traslado de ciudadanos del Eje a su custodia (^{Friedman, 2003}, p.104). Aun antes de Pearl Harbor y de la firma de las proclamaciones 2425, 2526 y 2527, los planificadores de la defensa en Estados Unidos ya estaban buscando cambiar la Política del buen vecino por un plan de deportación, y para el 20 de diciembre de 1941, se había implementado una política que instaba a los gobiernos latinoamericanos a enviar al norte a sus ciudadanos del Eje.

Como lo indicamos anteriormente, la lista de estudios exhaustivos del programa latinoamericano de control del Extranjero Enemigo es muy breve. Sin embargo, algunas reflexiones teóricas sobre la detención y la deportación durante y después de la Segunda Guerra Mundial nos pueden ayudar a considerar mejor la resonancia de estos fenómenos en el presente. La obra de Judith ^{Butler sobre la detención indefinida en Precarious Life (2004)}, State of exception (2005) y Homer sacer (1998) de Giorgio Agamben, y el libro editado por Clark Butler (2007) Guantanamo Bay and the Judicial-Moral Treatment of the Other, nos invitan a percatarnos de los paralelos entre las actuales políticas de inmigración y las de detenidos extranjeros de la Segunda Guerra Mundial. Al ocuparse de la condición de los detenidos en Guantánamo en el siglo XXI, por ejemplo, Butler dice, «Es crucial preguntar en qué condiciones algunas vidas humanas dejan de ser dignas de los derechos humanos básicos, si no universales. Y, ¿cómo define el gobierno estadounidense esas condiciones? Y, ¿hasta qué punto hay un marco racial y étnico mediante el cual se ven y se juzgan esas vidas recluidas para que se las considere menos que humanas...?» (2004, p.57) Esas preguntas -si ciertamente se plantearon en la década del 40- no interrumpieron ni impidieron el flujo burocrático que dio lugar a la detención de miles de civiles sin antecedentes penales ni políticos.

De hecho, tres cuartos de siglo más tarde, la condena a todos los inmigrantes como "bad hombres" [malos hombres] y los clamores congregados para que se reimplementaran y expandieran los programas de detención e internamiento, se han hecho más vociferantes durante la campaña y la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Pero quizás esos sentimientos han caracterizado la política estadounidense en su afán de alienar y criminalizar a sus «otros» migrantes e inmigrantes a lo largo de su historia¹⁰. Por ende, es imperativo que nosotros leamos la actual situación en la frontera como parte de una línea que corre desde la Ley del Extranjero Enemigo del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando su expansión dejaría una impronta duradera en una diversidad de archivos y otras fuentes, pese a los intentos del gobierno de mantener en secreto sus acciones que implicaban a sujetos latinoamericanos.

Historias de migración interamericanas

El internamiento de detenidos ordenado por los norteamericanos en tiempo de guerra, en sitios como Camp Empire en la zona del Canal de Panamá, «El Hormiguero» en Nicaragua, y el Presidio Modelo en la isla de Pinos en Cuba fue una aplicación nefasta de la Ley estadounidense del Extranjero Enemigo por fuera de sus fronteras, que constituye claramente un precursor de la adecuación a la que se sometió la Base Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba en 2002, como campo de detención para presuntos «combatientes ilegales» que se presumían terroristas¹¹. Pero aún más sorprendente, sin duda, es el desplazamiento forzado de ciudadanos y residentes latinoamericanos a Estados Unidos para ser detenidos en estaciones de patrulla fronteriza, antiguas prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, algunas de ellas construidas expresamente con ese fin. Dado que ya han pasado cerca de 75 años desde que la mayoría de esos extranjeros enemigos latinoamericanos fueron liberados del internamiento en Estados Unidos, es poco probable que podamos acceder a sus historias en forma directa¹². Sin embargo, una variedad de materiales archivísticos relacionados con los capturados en Latinoamérica brindan amplia evidencia de historias de vida y luchas diversas, no muy distintas de las que viven los migrantes interamericanos hoy en día. El recorrido de este artículo indica que las actuales políticas de Estado han incorporado las medidas punitivas «excepcionales» asociadas a la protección de fronteras e intereses nacionales que anteriormente se justificaron únicamente en tiempo de guerra. Por ejemplo, Estados Unidos supuso el estatus de los extranjeros latinoamericanos como «enemigos» y expresó profundas sospechas sobre su estatus de «refugiados». Los funcionarios de gobierno fueron en su gran mayoría insensibles a las experiencias previas de inestabilidad, violencia y persecución de esos detenidos. Al mismo tiempo, muchos de los «migrantes» europeos y japoneses arrestados en América Latina desde 1941, estaban bien instalados en sus nuevos países, tal como lo están hoy en día muchos residentes de Estados Unidos nacidos en Latinoamérica. Algunos habían residido en sus países de adopción por una década o más y habían adquirido propiedades y empresas valiosas, activos que en la mayoría de los casos hubieron de venderse a gran pérdida o fueron confiscados por funcionarios locales al momento de su detención. Algunos habían contraído matrimonio con cónyuges nativos y tenían hijos nacidos en sus países de adopción, lo que creó las configuraciones de familias con estatus mixto que son comunes para muchos inmigrantes en la actualidad. Pero otros eran recién llegados que solo llevaban unos cuantos días, meses o años en sus nuevos hogares. Como sucede en todas las poblaciones inmigrantes, las circunstancias personales de los detenidos latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial variaban bastante. Pero esas diferencias y matices fueron las más de las veces desestimados e ignorados por los funcionarios fronterizos y los administradores de los campos de detención, quienes estaban entrenados para ver sus custodios no solo como «extranjeros», sino también como «enemigos» de facto.

El proteccionismo y una criminalización a priori prevalente en las discusiones actuales sobre la «amenaza» inmigrante, es un claro legado de anteriores épocas. Esto se ilustra de forma gráfica en el hecho de que solo cerca de uno de diez de los alemanes aprehendidos en Latinoamérica, durante la Segunda Guerra Mundial, eran miembros del partido Nazi, e incluso entre ese pequeño porcentaje, «muchos miembros experimentaron sus encuentros como una extensión del espíritu nacionalista y la solidaridad grupal que habían fomentado por largo tiempo en sus enclaves emigrantes» en lugar de ser expresiones del antisemitismo y el racismo enconados que asociamos con el partido hoy en día (^{Friedman, 2003}, p.8). Así, a pesar de la naturaleza limitada de la verdadera amenaza del grupo alemán latinoamericano para la seguridad nacional o internacional, los gobiernos extranjeros ayudaron a Estados Unidos en la aprehensión, detención y desplazamiento de esas personas, con base exclusivamente en sus países de origen. Esas prácticas parecen prefigurar, en particular, la actual difamación de los refugiados centroamericanos. Los prejuicios basados en el origen nacional se han exacerbado con el paso de caravanas de migrantes, conformadas principalmente por hondureños y salvadoreños, por México en un intento por llegar a la frontera de Estados Unidos.

Al contrario de los migrantes actuales desde México y otros lugares al sur, la mayoría de los supuestos «extranjeros enemigos» reunidos en el programa latinoamericano de la Segunda Guerra Mundial, viajaron en barcos de transporte del Ejército estadounidense desde lugares como Panamá y Perú hasta los puertos de New Orleans o San Francisco. Con frecuencia esos barcos tenían exceso de pasajeros y el alimento, el agua y las instalaciones sanitarias eran insuficientes. Al llegar, se les pidió, de manera retórica, a los deportados que presentaran sus visas de ingreso a Estados Unidos. Eso no podían hacerlo, pues habían sido despojados de pasaportes y otros documentos legales por parte del personal estadounidense al momento de su detención. En una argucia para encubrir las irregularidades éticas y legales en la detención de ciudadanos y residentes de otros países (y a pesar de la ampliación de la Ley del Extranjero Enemigo en tiempo de guerra), Estados Unidos dio órdenes al personal que trabajaba en sus consulados de Latinoamérica que no entregaran visas a los detenidos. Al desembarcar, entonces acusaban a esos mismos detenidos de estar ilegalmente en suelo estadounidense, y por ello estaban sometidos a la detención o la expulsión (^{Friedman, 2003}, p.117).

Separados de su familia y despojados de los documentos que confirmaran su estatus legal, los deportados latinoamericanos se vieron languideciendo en campos de detención con compatriotas y extranjeros de todo el espectro político, como pronto descubriremos mediante un cuidadoso análisis de un par de reveladores documentos fuente. Aunque los registros oficiales tienen una lista de campos en la Estación de Detención de Sharp Park (California), el Campo de Internamiento Kooskia (Idaho), el Campo de Internamiento de Fort Missoula (Montana), los Campos de Internamiento de Fort Stanton y Santa Fe (Nuevo México), Estación de Detención de Ellis Island (New York), Campo de internamiento de Fort Lincoln (Dakota del Norte), Fort Forrest (Tennessee), y el Campo de internamiento de Crystal City, Estación de Detención Kenedy, y la Estación de Detención Seagoville en Texas, en realidad hubo cientos de esas instalaciones, y para muchas de ellas, no existen registros administrativos¹³. En ese entonces, como sucede aún hoy, es difícil acceder a muchos de esos lugares o de descubrir el papeleo que revele su funcionamiento interno.

Uno de esos lugares de detención más pequeños, «menores», fue el Campo Algiers, una estación de cuarentena para inmigrantes en la ribera oeste del río Mississippi, unas tres millas río abajo del famoso Barrio Francés de New Orleans. Después de ser usado como campo de detención, el lugar se mantuvo activo como estación de patrulla fronteriza hasta octubre de 2017, aunque el personal de la estación aducía no saber nada de su uso anterior como campo de detención de enemigos extranjeros¹⁴. Dado que el lugar de New Orleans atendió a un gran grupo de judíos latinoamericanos y otros que recibían ayuda de organizaciones asistenciales no gubernamentales, la documentación disponible sobre las personas ayudadas nos brinda información sobre la aprehensión, detención y liberación que complementa los datos mantenidos en archivos onomásticos ahora desclasificados que se guardan en los Archivos Nacionales.

Documentos de entes gubernamentales y ONG, como el Yivo Institute y otros archivos especializados, combinados con cobertura periodística limitada del periodo de la Segunda Guerra Mundial, nos dan un acceso valioso a las historias de unos cuantos detenidos, historias que nos llevan a ver relaciones con el presente. El 18 de agosto de 1942, por ejemplo, la Agencia Telegráfica Judía (Jewish Telegraphic Agency) con sede en New York, publicó un boletín con el titular «Jews, Nazis Fight in U.S. Internment Camps; Separation Asked by Jewish Internees» (Judíos y nazis se enfrentan en campos de internamiento de Estados Unidos; internados judíos solicitan ser separados)¹⁵. La historia revela la peculiar situación de unos ochenta ciudadanos alemanes judíos residentes en Latinoamérica, que fueron enviados a campos de internamiento de Estados Unidos, donde fueron retenidos junto a nazis declarados y otros conciudadanos alemanes antinazis. La nota de la JTA no relata que algunos de esos internos ya habían sufrido por el nazismo en Europa, incluyendo a varios que habían sobrevivido a los campos de concentración¹⁶. El boletín de la JTA describe los ataques físicos y verbales y la «fricción» general en los campos estadounidenses, y menciona los esfuerzos de las organizaciones judías por obtener la liberación de los internos. Caracteriza al Departamento de Justicia como «no afecto a la idea de mantener a judíos y nazis en los mismos campos», pero reconoce que no hay había «razón formal» para diferenciar entre grupos en los campos. El boletín también explica que el tratamiento de los internos judíos es supervisado por la Delegación neutral suiza, «de conformidad con las regulaciones internacionales». Este último detalle señala las dimensiones internacionales del programa latinoamericano de detención y deportación, y demuestra que los internos encontraron ayuda legal principalmente por fuera de los entes de gobierno¹⁷.

En el artículo de la JTA, la identidad judía que une de manera implícita al(os) redactor(es), los internos que se describen, y los lectores del boletín, indican una identidad compartida que traspasa diferencias nacionales. Dado que los refugiados perfilados y los lectores asumen una identidad común, se cuestiona implícitamente el estatus de los detenidos como «extranjeros» y como «enemigos». Es posible que los lectores de la JTA hayan reconocido a los detenidos judíos como actores involuntarios embrollados en dos narrativas de migración bajo coacción, la primera de la Europa controlada por nazis y la segunda de un país de Latinoamérica, por insistencia de Estados Unidos. Pese a esas durezas e injusticias, el titular proclama que estos detenidos han hablado: han pedido que se los separe de sus enemigos nazis, para quienes y ante quienes son verdaderos extranjeros, pues para 1939, Alemania había declarado apátridas a los no arios que habitaban en toda la región controlada por esa nación.

El hecho de que los refugiados judíos de la Europa controlada por nazis, que milagrosamente se habían abierto camino a lugares seguros en Latinoamérica, fueran enviados al norte en un programa de gobierno que buscaba proteger a Estados Unidos de incursiones nazis revela los presupuestos erróneos y la corrupción inherente a la relación de Estados Unidos con sus vecinos del sur. Pero el boletín de la JTA también expresaba fe en los esfuerzos de los defensores de las organizaciones de ayuda, y reconocía la intervención crucial de partes neutrales, como la Delegación suiza como representación de los detenidos. La lección aquí, entonces, es que las organizaciones de defensa y auxilio prestaron ayuda y apoyos cruciales para los detenidos y deportados. Otra lección notable es la importancia de comunicar los relatos y experiencias individuales de los involucrados en esos programas, aun cuando la audiencia fuera limitada. Es cierto que la JTA es una publicación de nicho, de circulación limitada; pero es gracias a fuentes «periféricas» o minoritarias, como esta, que el público puede acceder a historias personales como estas. Las fuentes de noticias dominantes rara vez informaban sobre el programa «secreto», y el personal de los campos de detención tenía claramente órdenes estrictas de investigar cualquier boletín de noticias con los superiores de su organismo y eliminar toda información personal al tratar con la prensa local¹⁸.

Campo de los inocentes

Esos detenidos judíos, que en 1942 solicitaron la separación de sus antagonistas nazis en los campos de detención estadounidenses, verían su deseo concedido en cierta medida. A comienzos de 1943, los judíos de varios centros de detención en todo el sur fueron enviados al campo Algiers de New Orleans, que le valió una reputación como lugar «antinazi» y llevó a que se lo llamara el Campo de los inocentes¹⁹. Eventualmente, luego de reconocer finalmente que era improbable que los latinoamericanos que identificaban como judíos fueran colaboradores en una conspiración pro-Hitler conocida como «quinta columna», el INS y el Departamento de Justicia finalmente accedieron a liberar la mayoría de esos detenidos en el verano de 1943 (^{Strum, 1990}, p.28). Y el 21 de agosto de 1943, casi un año después de la publicación del boletín de la JTA antes citado, la historia de un refugiado judío-alemán específico, deportado a Estados Unidos desde Panamá ocupó la primera página de The New Orleans Item. La redactora, Marjorie W. Roehl, comenzó con una nota alegre: «el señor Siegfried conoció Estados Unidos esta mañana con música en su corazón y en las puntas de sus dedos. Con él, los ojos alegres, sus pendientes balanceándose, iba su madre». Pero, sigue el artículo, «el apellido del señor Siegfried debe mantenerse en secreto», pues él y su madre son dos de los extranjeros enemigos liberados de un «internamiento en libertad limitada» [internment at large] de la Estación de Detención de Inmigrantes de Algiers, en New Orleans. Roehl entra en detalle: la experiencia del «señor Siegfried» como violinista y director sinfónico de renombre en su natal Alemania, su fuga de la Gestapo en 1935, y la ruta nómada que lo llevaría a Panamá en 1939. De allí fue enviado a una serie de centros de detención en Estados Unidos en donde, contra todo pronóstico y estereotipos de la vida en un campo, practicó fielmente su violín. Con ayuda de organizaciones asistenciales, iba en camino a ocupar un cargo en una orquesta de una ciudad estadounidense no especificada. La investigación adicional indica que «el señor Siegfried» era Siegfried Wolff, y su madre, Jeanette Wolff. Una carta en su expediente del Departamento de Justicia en los Archivos Nacionales indica que finalmente fue liberado del internamiento en libertad limitada el 15 de marzo de 1946²⁰.

En su artículo, Roehl cita a Siegfried directamente pronunciando estas palabras: «Su país es un lugar maravilloso... Aquí podemos vivir en paz donde todo el mundo es libre». Cubierto con el titular triunfalista, «Violinista refugiado que huyó de los nazis; encuentra un buen lugar en Estados Unidos para él y su madre», la nota presenta la detención de enemigos extranjeros en Camp Algiers como un refugio agradable, en lugar de un encarcelamiento injusto. Pero, aunque no cabe duda de que «Siegfried» y su madre fueron socorridos para salir finalmente del centro, él y otros «extranjeros enemigos» liberados de la detención en Estados Unidos, no tuvieron realmente la capacidad de integrarse por completo a la sociedad norteamericana, como lo sugiere el artículo. Algunos fueron repatriados a Alemania, otros fueron enviados «a casa» a sus países de residencia en América Latina (y rara vez hallaron sus hogares y negocios intactos), y a algunos se les permitió permanecer de manera condicionada en Estados Unidos, la meta frustrada de muchos europeos latinoamericanos que anteriormente habían buscado ingresar legalmente. Incluso a los liberados de la detención en un «internamiento en libertad limitada» en Estados Unidos no se les permitió asumir la residencia en ninguna costa. Cada persona tuvo que asegurarse un padrino que asumiera la responsabilidad legal y económica por él o ella, y cada quien tenía que presentarse con regularidad ante un funcionario del INS de manera muy similar a como las personas en libertad condicional se presentan ante el oficial correspondiente. Al igual que quienes experimentan la detención o la deportación hoy en día, las vidas y familias de cada persona se vieron profundamente afectadas, aún más allá de la eventual liberación de cada quien.

Un segundo ejemplo de un texto instructivo del programa del enemigo latinoamericano es una carta de un interno llamado Fred Kappel. Esta brinda detalles de la vida en los campos de detención que el boletín de la JTA solo insinúa. Aunque Kappel también terminaría en Camp Algiers en New Orleans, escribió su carta con fecha del 14 de abril de 1942 en un campo de detención de Florida, y la dirigió a un abogado en New York llamado Alfonse Spiegel. Como fue censurada, la carta aún hace parte del expediente de Kappel en los Archivos Nacionales en las afueras de Washington, D. C.; no cabe duda de que las autoridades la interceptaron por el retrato poco favorable de la operación de aprehensión de latinoamericanos, así como la vida en detención en Estados Unidos. La carta comienza así:

El remitente, uno de los diecinueve judíos internados en Camp Blanding escribe: he sido nombrado cabeza de este grupo y ya he logrado conseguir tiendas separadas del otro. Vivimos en medio de 350 nazis declarados, nos rechazan y boicotean igual a como nos trataban en Alemania; es un tanto gracioso estar en una «pequeña Alemania» dentro de las fronteras de Estados Unidos. Cantan sus himnos de batalla, hacen discursos por la victoria desde las armas alemanas en sus reuniones, las que por supuesto no visitamos, pero podemos oír desde nuestras barracas. Ellos tienen el principio del «Fuehrer» y hacen todas las demás tonterías, que tan bien conocemos desde la Alemania nazi.

Kappel sigue detallando su arresto en Panamá a manos de cierto capitán Baldwin, que «parece haber creído aún la denuncia más absurda de cualquier idiota. Tengo que agregar que se violaron todos los artículos de la constitución, no tuvimos audiencia de imputación...» [el énfasis es mío]. Todo el proceso, escribe, fue una «farsa». Pese a su roce con los censores, Kappel y su hijo Werner, quien tenía 19 años cuando fue capturado con su padre en Panamá y enviado a internamiento, fueron liberados eventualmente de la detención en Estados Unidos. De hecho, Werner fue uno de los dieciséis latinoamericanos en libertad condicional que sirvieron en el Ejército estadounidense antes de que terminara la guerra. Herido de gravedad al combatir en las Filipinas, recibió una condecoración de Corazón Púrpura y de Soldado de Infantería en Combate (^{Friedman, 2003}, p.166).

Hablando del presente

La indignada carta de protesta escrita por Fred Kappel, donde detalla las condiciones de su arresto, deportación y detención fue silenciada por los censores en su propio tiempo. Pero desde nuestro punto privilegiado 75 años después, ella aún tiene algo que decirnos. Muestra cómo la Ley del Extranjero Enemigo de 1798 fue retomada para las políticas proteccionistas de la Segunda Guerra Mundial, y sugiere que su reimplementación en tiempo de guerra sentó un precedente para las políticas actuales que afectan a los migrantes y a los inmigrantes. Kappel y su hijo fueron sometidos a un desplazamiento forzoso, en un proceso en el que, en sus palabras, «se violaron todos los artículos de la constitución», aun cuando él, al igual que muchos otros antes y ahora, habían buscado ingresar legalmente a Estados Unidos, solo para toparse con límites de cupo y negativas²¹.

Las historias de Siegfried y Jeannette Wolff, de Fred y Werner Kappel, y de muchos otros indican que la Ley del Extranjero Enemigo en Estados Unidos, especialmente en sus formas ampliadas durante la Segunda Guerra Mundial, categorizó a ciertos migrantes e inmigrantes como peligrosos en esencia, sin prueba de su criminalidad u hostilidad hacia Estados Unidos; afirmó que los refugiados que huían de la violencia y las amenazas a su bienestar personal eran ellos mismos una amenaza para la seguridad nacional y hemisférica; miraba con sospecha a poblaciones nacionales enteras, y violó las leyes que protegían los derechos personales de los individuos y la soberanía de otros países. Mi objetivo aquí ha sido destacar las maneras como el programa de Control del Extranjero Enemigo Latinoamericano en la Segunda Guerra Mundial constituye un precedente importante y problemático para la operación y la expansión de políticas y procedimientos fronterizos en la actualidad. Las historias personales de los afectados por ese programa ponen al descubierto las fisuras en la imagen de Estados Unidos como puerto seguro para todos, y demuestran que entonces, al igual que ahora, una vía sencilla y sin obstáculos a la seguridad y la ciudadanía suele ser una quimera. Reconociendo la importancia histórica de esta legislación, en especial su identificación de extranjeros como enemigos al comienzo de la historia de la nación y en momentos subsiguientes de «crisis» nacional, nos ayuda a ver por qué el migrante latinoamericano es tan precario, y el complejo industrial fronterizo tan poderoso en nuestra época.