Introducción

Finalizando abril de 2015, en un bote del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), partimos por el río Atrato para bajar desde Quibdó a remontar el río Bojayá, hasta llegar al poblado La Loma de Bojayá donde se celebraría la asamblea general, el XXI Encuentro Aciatico, que tuvo por lema El respecto a la vida y al territorio es la paz. Autonomía, gobernabilidad, territorio y etnodesarrollo². La Loma de Bojayá fue la centralidad municipal hasta que las disputas territoriales entre la guerrilla de las Farc-EP y los paramilitares ocasionaron el destierro forzado de comunidades negras e indígenas a inicios de la década del 2000. Tras la masacre de Bojayá ocurrida en 2002, el nuevo Bellavista construido para la reubicación de las víctimas se consolida como el centro urbano del municipio chocoano.

En la parte delantera del bote, banderas blancas de Cocomacia y la organización internacional Swefor ondeaban identificando la embarcación. Durante varias horas de recorrido, representantes de la junta directiva del consejo comunitario, líderes de la zona 8 del título colectivo³, sacerdotes de la Diócesis de Quibdó y las jóvenes observadoras internacionales, seríamos empapados por una fina y persistente lluvia que sólo cesaba por instantes. Como ocurriera en otras giras⁴ en las que he participado por el Atrato, el bote debió acercarse a un «puesto de control» donde jóvenes soldados del ejército revisan los documentos de la embarcación y realizan preguntas rutinarias a los ocupantes, «¿de dónde vienen, para dónde van, qué actividades realizarán, qué instituciones participan?». Dos años antes, en otra gira nuestra embarcación fue detenida, primero, por hombres jóvenes de la guerrilla de las Farc-EP y, luego, por militares de la Armada Nacional. En el Atrato la militarización de los espacios y la vida cotidiana se ha consolidado a través de la alternancia de distintos ciclos de guerra y las temporalidades transicionales que aspiran a la paz y la desmovilización de paramilitares y guerrillas.

Estos retenes no son eficaces para controlar los grandes planchones que circulan transportando retroexcavadoras y maquinaria pesada utilizados en la explotación minera. Los dragones⁵, con los cuales nos cruzamos en aquella ocasión, bajaban desde el río Quito donde durante las últimas semanas las autoridades habían realizado operativos para controlar la minería ilegal. La militarización de la vida cotidiana que inicialmente afectó espacios rurales y ribereños, se trasladó a centros urbanos como Quibdó. En conversaciones que he sostenido con líderes y jóvenes habitantes de barrios conformados por población desterrada, aparecen otras formas de retenes, las llamadas «fronteras invisibles». Cada uno de estos puestos de control armado anuncia una violencia latente (^{Jeganathan, 2004}), representa una forma de «territorialidad bélica» (^{García & Aramburo 2011}) por el control socioespacial de zonas específicas.

Realizar una asamblea general⁶ requiere una ardua gestión de las autoridades étnicas con instituciones aliadas que median en el apoyo financiero, así como en la tramitación política de las acciones que se establecen tras la deliberación comunitaria. La asamblea contó con la participación aproximada de quinientas personas identificadas con gorras y camisetas blancas estampadas con el lema el respeto a la vida y al territorio es la paz, en alusión al momento coyuntural de los diálogos de paz. Participaron además distintas instituciones aliadas que median en la defensa de los derechos étnico-territoriales: iglesia, organizaciones de segundo nivel que congregan expresiones locales, organizaciones regionales de mujeres, organismos de cooperación internacional, organizaciones ambientalistas, funcionarios públicos, autoridades ambientales, docentes y políticos regionales.

De la amplia variedad de temas abordados por la asamblea, interesa destacar los cuestionamientos y el posicionamiento colectivo de Cocomacia respecto a los diálogos de paz, así como las implicaciones sociales, territoriales y para la movilización étnica que se advertía podría significar el denominando «posconflicto». Se desconfiaba profundamente de una paz negociada con uno solo de los actores armados en confrontación, mientras los demás (ELN, AGC, Bacrim, etc.) se reconfiguraban territorial y socialmente en la región, así como de las actuaciones (y sobre todo las omisiones) del Estado para garantizar seguridad integral y tramitar los problemas estructurales que han motivado la desigualdad territorial que experimentan comunidades negras en Chocó y el occidente de Antioquia. Tal desconfianza en la política y en quienes dicen representar los derechos ciudadanos, trasciende los cuestionamientos sobre la omisión de las voces étnicas en las negociaciones de paz, y se inscribe en un registro histórico que percibe a la clase dirigente como corrupta y desinteresada en resolver distintos conflictos y necesidades básicas que profundizan la inequidad que sufren las comunidades étnicas.

La preocupación comunitaria volvía a ser la de años atrás cuando se «desmovilizaron» los paramilitares y su tránsito hacia otras estructuras armadas ilegales, aunque con la particularidad de que las Farc había ejercido una territorialidad y control social en la región, y que el proceso de reincorporación de los excombatientes ocurriría en tierras colectivas, lo cual se interpretó como otra amenaza para el ejercicio real de autonomía política y control territorial que han experimentado los consejos comunitarios. La posible superposición en el título colectivo de los dispositivos espaciales contemplados para la reincorporación de los excombatientes⁷ sin la concertación con las autoridades étnicas, la recolonización de las tierras colectivas por parte de foráneos con el apoyo de la guerrilla y/o los demás grupos armados, y la injerencia de los excombatientes en las estructuras políticas étnicas, fueron las principales situaciones debatidas. Aunque se aludió a que la reparación colectiva para las víctimas étnicas del conflicto armado no ha sido prioridad estatal, ni siquiera para las víctimas de la masacre de Bojayá reconocida como «caso emblemático» de las atrocidades de la guerra en Colombia (^{CNNR, 2010}), se señalaba que en este nuevo tiempo transicional dicha deuda histórica podría dificultarse aún más por la pervivencia de mecanismos de racismo institucional que continúan experimentando los grupos étnicos.

No fueron pocos los momentos de tensión entre ciertos líderes, particularmente por el reclamo que algunos de ellos hacían a otros representantes comunitarios por estar cercanos a las posturas de las Farc, por las afinidades organizativas con la guerrilla y sus intereses en el territorio. Se evidenció que no hay necesariamente una comprensión unívoca sobre lo que puede significar este nuevo momento transicional, que los intereses comunitarios son diversos y las fisuras profundas al interior de las organizaciones étnico-territoriales. Las disputas al interior de la organización refieren a distintos asuntos que no se relacionan exclusivamente con antagonismos vinculados al acuerdo de paz, o con la injerencia de los grupos armados en los liderazgos en algunas zonas del título colectivo (^{Domínguez, 2011}). Aunque no se puedan subestimar los efectos desatados por las formas de represión y violencia en las formas organizativas, las fracturas en las instancias de representación étnica no se circunscriben exclusivamente a ellas.

Luego de días de intenso debate colectivo, la asamblea general culmina emitiendo una declaración final y la posición política de Cocomacia. Dicha declaración es una actualización de los principales análisis organizativos frente a múltiples situaciones de conflicto que ha experimentado durante las últimas décadas, divulgados a través de comunicados emitidos previamente. Destaco algunos que han afectado el ejercicio de la gobernabilidad étnica: presencia de minas antipersona en zonas del título colectivo que limitan la libre movilidad y agudiza la crisis alimentaria en tanto restringe actividades productivas; violación de reglamentos de Cocomacia por parte de distintos frentes de las Farc; consolidación de cultivos de uso ilícito en zonas del título colectivo; y minería como actividad productiva sin control por parte de entidades ambientales o de las comunidades locales. La asamblea reitera su posición política de la siguiente manera:

Aunque esta declaración expresa las reivindicaciones de Cocomacia, da cuenta de una serie de situaciones de conflicto compartidas por otras autoridades étnicas y organizaciones sociales a lo largo de la cuenca del Atrato, al constituirse en horizonte de articulación política en distintas escalas para la defensa de derechos culturales, ratificando la agenda de incidencia pública y lucha social que han emprendido líderes e instituciones aliadas que han mediado para que lo acordado entre el gobierno y las Farc contemple el enfoque diferencial étnico, es decir, las aspiraciones de paz intercultural y etnodesarrollo que han elaborado las comunidades que han sufrido el impacto desproporcionado de la guerra. Las asambleas comunitarias se constituyen además en espacios para la cualificación de los liderazgos, momentos para una pedagogía «casa adentro» sobre asuntos que generan preocupación, como el modelo de desarrollo a consolidarse durante el «posconflicto», sustentado en la extracción de recursos considerados «estratégicos», localizados, entre otras regiones, en las tierras colectivas étnicas (^{Ulloa & Coronado, 2016}).

Aunque inicialmente la noción de «paz territorial» se formuló desde la institucionalidad (^{Jaramillo, 2014}) sin ser apropiada local y regionalmente, con el paso del tiempo, y a través de la crítica labor de líderes que interlocutan con el Estado y la guerrilla, empieza a ser resignificada e incorporada en el lenguaje actual de la reivindicación étnico-territorial, dotada del sentido que dan las experiencias propias del sufrimiento de la guerra, así como de los modos de vida de las comunidades negras,

Para las comunidades su paz territorial ya es volver a las viejas autonomías, a fortalecer esas debilidades, pero ahí nadie le va a ir con el manual «usted tiene que hacer esto», porque es que ya de manera inconsciente lo han venido haciendo ;…; las comunidades han vivido cosas muy fuertes pero han dicho «aquí no se nos acabó la vida, si no podemos producir en todo el territorio, vamos a producir hasta donde podamos; si no podemos conseguir los insumos de la medicina tradicional donde los teníamos, vamos a traerlos aquí donde los podamos tener», entonces mañana que tengamos esos territorios libres de violencia, es que van a poder restablecer sus prácticas. Y lo que no pueden pretender es seguir con los lineamientos de una acomodación en resistencia que ellos hicieron, sino ejercer su autonomía 100%, porque antes ellos cedieron una parte para poder resistir y poder preservar una vida, pero en este momento es retomar todo lo que ellos cedieron. (Entrevista a Adith Bonilla Martínez, directora Unidad de Restitución de Tierras, dirección Chocó, julio de 2016)

Esta reflexión resuena con la de otros liderazgos en el Atrato que plantean que la «paz territorial» debe significar recomponer las autonomías políticas, sociales y territoriales que el conflicto armado, y las intervenciones sin consulta del Estado, han fracturado en las últimas décadas. Una paz situada que reconozca los sistemas interétnicos de autoridad y los mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, acompañada del fortalecimiento de la institucionalidad local y regional en zonas de frontera como la cuenca del Atrato. Los líderes sociales imaginan una paz territorial que permita transformar la topografía vertical del poder estatal que pretende simplemente «bajar» o «llegar» a las regiones y localidades reproduciendo lógicas tecnocráticas centralistas, sin generar mecanismos simétricos de concertación de las decisiones políticas en materia económica, social y ambiental. Ante la posible ausencia de las armas para tramitar los conflictos, el horizonte de la movilización política en el Atrato es retomar el rumbo en la aplicación de principios y normas que reconocieron derechos diferenciales para los grupos étnicos.

En las asambleas comunitarias, como en otros espacios de discusión realizados durante el último lustro sobre las implicaciones del acuerdo de paz, la paz territorial se postula como la posibilidad para que los Planes de Etnodesarrollo y los Planes de Vida se implementen con el apoyo del Estado, para fortalecer los reglamentos internos y se permita la regulación autónoma de la vida social y el aprovechamiento de los recursos en el título colectivo. Construir territorialmente la paz significa que las autoridades étnicas puedan concertar las formas de relacionamiento entre las comunidades locales, los excombatientes y su partido político, así como los proyectos de desarrollo económico y otras intervenciones del Estado que se supone «llegarán» a los municipios priorizados para el «posconflicto», especialmente a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial - PDET. En la nueva retórica transicional de la paz, las categorías con las que es narrando el presente se dotan de contenidos y experiencias sociales particulares, dejan de ser una abstracción centralista del gobierno nacional y son movilizadas estratégicamente para posicionarse colectivamente y encarar los conflictos del posconflicto. Los grupos étnicos anhelan que el «posconflicto» no signifique la continuación de la guerra por otros medios.

En las narraciones de líderes y lideresas acerca del proceso organizativo de comunidades negras en el Atrato, la realización de asambleas como espacios autónomos, constituyen actos de resistencia y parte de los logros que ha mantenido la movilización social durante los últimos años, especialmente luego de que se metió la violencia a la región y que se instituyeran relaciones de dependencia y asistencialismo entre el Estado, las ONG, la cooperación internacional y las comunidades locales. Las asambleas como eventos de producción de memorias colectivas han contribuido precisamente a legitimar la novedosa organización política de los consejos comunitarios, así como las decisiones que allí se definen para la defensa de la vida, el territorio y la naturaleza.

Embarcarse por los ríos para encontrarse en familia, ha sido una estrategia espacial y política que busca la cohesión social de las comunidades campesinas negras que hacen parte del título colectivo. Eventos de territorialización y producción de memorias que han contribuido a configurar sentidos de pertenencia y solidaridad entre los pueblos que el viaje vincula, permitiendo la proyección del movimiento social en el plano político para posicionarse frente a distintos poderes (^{Khittel, 2001}; ^{Losonczy, 2006}; ^{Quiceno, 2015}).

Luego de este apartado introductorio que describe la realización de la asamblea comunitaria, así como la posición colectiva frente a las negociaciones de paz, el artículo continua con una sección dedicada a presentar algunas de las dinámicas del conflicto armado que han afectado durante las últimas cuatro décadas las territorialidades y formas de vida de comunidades negras e indígenas en el contexto rural y ribereño, así como en las nuevas espacialidades urbanas configuradas por los desterrados. La tercera sección se aproxima a un conjunto de coaliciones interétnicas y estrategias cotidianas de resistencia para la defensa de la vida. El texto finaliza con algunas reflexiones sobre las trayectorias de movilización política de las comunidades negras y los significados situados de una posible paz territorial para la transición política en el Atrato.

Geografías de la guerra en el Atrato

En Colombia la violencia armada se ha constituido en un fenómeno de larga duración asociada a un conjunto de desigualdades estructurales vinculadas con el acceso a la propiedad de la tierra, la representación política de distintos sectores sociales, la espacialización diferencial de los poderes económicos, los procesos regionales de formación del Estado y la irrupción del narcotráfico como economía ilegal (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015). El conflicto armado se ha expresado de forma diferente espacial y temporalmente en la geografía nacional, registrando particularidades asociadas con los momentos políticos y económicos que configuran cada localidad, las dinámicas bélicas de confrontación entre los ejércitos en disputa, la incidencia de los actores armados en la cotidianidad de los grupos sociales, las múltiples dimensiones de las afectaciones sociales que ha producido, así como por las respuestas de la sociedad civil y las luchas sociales de las víctimas frente a los distintos ciclos de guerra y sus aspiraciones de paz (^{González, Bolívar & Vázquez, 2003}).

Interesa destacar el desplazamiento forzado contemporáneo, particularmente el acontecido durante las últimas cuatro décadas, porque converge con la transici ón política y la reforma constitucional que reconoció derechos particulares a los grupos étnicos, así como por los intereses económicos globales en el Pacífico. El conflicto armado y, en particular, el destierro como proceso violento de control socioespacial, ha transformado profundamente las geografías rurales y urbanas del país. Los conceptos de « destierro » y « desterrados » en la perspectiva política- epistémica-ontológica de ciertos sectores del movimiento social afrocolombiano (entre otros movimientos de víctimas, ambientalistas y sectores campesinos), buscan relacionar distintas temporalidades que conectan los efectos del pasado esclavista que experimentaron sus antepasados, con la continuidad de las formas contemporáneas de despojo y la desvalorización de las vidas afrodescendientes (^{Arboleda, 2007}).

El destierro como mecanismo violento de reconfiguración socioespacial ha transformado las espacialidades que tradicionalmente habían producido las comunidades negras, al tiempo que ha producido nuevas « espacialidades del destierro » , especialmente en los contextos urbanos, poniendo en riesgo no solo la supervivencia física sino también la cultural y epistémica de los afrodescendientes (^{García, 2012}). ^{Arboleda (2018}) ha interpretado la articulación de múltiples formas de violencia y despojo como « ecogenoetnocidio » , integrando la comprensión de fenómenos históricos de opresión con las dinámicas contemporáneas de destrucción de la naturaleza, sistemas de conocimiento, culturas y vidas afrocolombianas.

Se argumenta que el Chocó, comparado con otras regiones, tardíamente hizo parte de las « geografías del terror » (^{Oslender, 2006}) que desde las últimas seis décadas ha reconfigurado nuestra sociedad⁸. El estudio de ^{Guzmán, Fals Borda y Umaña (1962)}, señalaba que el Chocó fue afectado por formas de violencia que se extendían desde Antioquia entre 1948 y 1953. Cuatro décadas después, un nuevo ciclo de violencias por parte de los paramilitares en su estrategia contrainsurgente, en connivencia con agentes estatales, se extendería desde Antioquia e ingresaría al Chocó por el Atrato. Aunque se identifica presencia guerrillera desde la década de 1970 en la región, y la imposición violenta de órdenes sociales y territoriales contra las poblaciones locales, solo sería hasta la segunda mitad del decenio de 1990 cuando irrumpiría con brutalidad el terror (^{Bello et al., 2005})⁹.

Una extensa literatura ha denunciado el impacto desproporcionado que el conflicto armado ha ocasionado durante las últimas cuatro décadas entre las comunidades negras del Pacífico, así como la relación entre los ciclos de violencia y la importancia geoeconómica que sus tierras y « riquezas estratégicas » han recobrado en los cálculos de los grupos armados, la empresa privada, las multinacionales y los proyectos de desarrollo promovidos por el Estado (^{Rosero, 2002}; Almario, 2004; Arboleda, 2004;; ^{Codhes, 2008}; ^{Rodríguez, Sierra & Cavelier, 2009}). En el Atrato, la incursión paramilitar se fortalece iniciando el año de 1997 a través de la denominada « Operación Génesis » en el río Cacarica, acción conjunta entre la XVII Brigada del Ejército Nacional y las AUC contra las Farc, que ocasionó el destierro forzado de miles de personas, por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado¹⁰.

Según ^{Flórez (2005}), luego de la incursión de los paramilitares por el Atrato finalizando la década de 1990, la guerrilla de las Farc buscó reconfigurar su dominio socioterritorial a través de la toma de las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá. La Fuerza Pública solo regresaría a estos municipios luego de la denominada « masacre de Bojayá » . Para entonces, el control de las Farc se extendía además en los municipios Carmen del Darién, Murindó y Medio Atrato, todos ubicados en jurisdicción del título de Cocomacia. El recrudecimiento de las confrontaciones entre Farc y los paramilitares desencadenó la denominada « masacre de Bojayá » en mayo de 2002 (^{CNRR, 2010})¹¹, y con ello la desestructuración del ordenamiento espacial que las comunidades negras empezaban a consolidar en el título colectivo.

Tras un nuevo ciclo de destierro y otros crímenes, se consolidan en el bajo Atrato proyectos agroindustriales de palma africana (Mignorance et al., 2004; ^{Quintero et al., 2020}), mientras las zonas aledañas del medio Atrato experimentan la presión de distintos grupos armados por hacerse al control de la explotación de bosques, la minería y los cultivos de uso ilícito (^{Lozano & FISCH, 2009}). En medio del avance hacia el reconocimiento de derechos diferenciales para grupos étnicos, las tierras que empezaban a ser tituladas a las comunidades negras, son reconfiguradas por la presión que ejercen las « territorialidades económicas » agenciadas por parte de proyectos legales e ilegales, así como por las « territorialidades bélicas » que cada grupo armado consolida en su disputa, produciendo unas « geografías de la guerra » que desestructuran los modos de vida y las espacialidades étnicas (^{García & Aramburo, 2011}).

Simultáneamente a las geografías de la guerra configuradas en espacios rurales, durante las últimas dos décadas, nuevas espacialidades del destierro se consolidaron por la nucleación de comunidades negras victimizadas en áreas urbanas intermedias como Vigía del Fuerte y Mutatá, así como en las periferias de ciudades como Quibdó, Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá, profundizando la exclusión social y las condiciones de injusticia sobre cuerpos y espacios racializados. Gradualmente, se consolidan los « desplazados » y las « víctimas » afrocolombianas como nuevos sujetos políticos¹², mientras se configuran otras subjetividades y territorialidades urbanas que se articulan con las identidades colectivas étnicas y los sentidos de pertenencia rurales y ribereños (^{García, 2012}).

Como parte de las « estrategias de re-territorialización » (^{Oslender, 2006}), para tratar de rehacer los modos de vida individuales y colectivos en ciudades como Quibdó, activando redes de parentesco, amistad y en articulaciones estratégicas con distintos agentes sociales, se consolidan novedosos procesos de asociación entre la gente negra que devino « víctima » . A las organizaciones étnico-territoriales se han sumado en el escenario político las « asociaciones de desplazados » y de víctimas, que buscan resistir con dignidad mientras se configuran nuevas subjetividades que procuran no solo confrontar a los actores armados, sino también reivindicar políticamente ante el Estado sus derechos ciudadanos a la atención, la reparación y la no repetición de las formas de violencia que han transformado sus vidas y espacialidades. Las nuevas categorías de clasificación estatal y autoidentificación como « desplazados » , « víctimas » y/o « sobrevivientes » , dan cuenta de las transformaciones políticas y sociales que se experimentan en el Atrato, así como de la superposición de múltiples conflictos que configuran campos de poder y lucha social que articula diferentes agentes sociales, espacios, tiempos, lenguajes, materialidades y demandas públicas.

Finalizando la década de 1990 y durante los primeros años del siglo XXI, nuevas espacialidades producidas por el destierro se consolidaban en Quibdó. En principio, los nuevos procesos de territorialidad urbana ofrecieron la posibilidad de conservar la vida de las familias desterradas que llegaron principalmente del bajo y medio Atrato, así como condiciones mínimas para producir paulatinamente nuevas formas de solidaridad y avanzar en la consolidación de organizaciones sociales que han permitido exigir sus derechos, así sea de forma precaria y en medio de nuevas amenazas y estigmatizaciones sociales en la urbe chocoana (^{Howald, 2013}; ^{Covijupa, 2015}).

Si bien en principio las comunidades desterradas huyeron hacia la ciudad en busca de seguridad, esta es hoy el nuevo campo de batalla donde se reproducen múltiples violencias y una « crisis humanitaria » ¹³ que no logra ser contenida a pesar del « aumento de la Fuerza Pública » , que es la manera en que el Estado prioriza su intervención en el Chocó. Entre las nuevas formas de organización política de los desterrados en Quibdó se encuentran la Asociación de Desplazados Afrodescendientes del Chocó, el Comité de Gestión y Veeduría Departamental de Desplazados, la Asociación de Desplazados del Dos de Mayo, ^{la Fundación Mujer y Vida}, la Asociación de Desplazados del Baudó, la Asociación de Familias Desplazadas, la Asociación de Víctimas de los Pueblos Indígenas del Chocó y la Asociación de Jóvenes Desplazados Nueva Imagen en Unión (^{García, 2013}; Notas de campo, 2014-2016). En medio de estas situaciones de conflicto, tanto los desterrados en la ciudad como las comunidades que resistieron desde sus ríos, y por supuesto, los líderes de Cocomacia, fueron incorporando la retórica de los derechos humanos y de la formulación y gestión de distintos tipos de proyectos humanitarios procurando el restablecimiento de las víctimas y su acceso a salud, educación y vivienda, en articulación con distintas entidades y ONG internacionales que se fueron consolidando en el Chocó.

A partir de 2013 cuando inicia la fase pública de los diálogos de paz, y hasta finales de 2016, se presentó una relativa disminución de los hechos violentos por parte de la guerrilla en las zonas rurales del medio Atrato, mientras que los mecanismos de violencia y la confrontación entre distintos grupos armados se exacerbó en Quibdó¹⁴. Según los líderes de Cocomacia, en esta época se configuran y consolidan formas organizativas paralelas a los consejos comunitarios locales en zonas donde las Farc habían tenido mayor influencia, profundizando las tensiones entre liderazgos locales y cuestionando la legitimidad de la organización regional.

Con la firma del acuerdo de paz y el repliegue de las Farc en las « zonas veredales transitorias de normalización » , finalizando el 2016 y durante el primer semestre de 2017, otro ciclo de violencias y disputas territoriales entre neoparamilitares y la guerrilla del ELN afectaron al Chocó¹⁵, principalmente en el bajo Atrato y en las cuencas de los ríos San Juan y Baudó: desplazamientos forzados, asesinatos y el confinamiento de comunidades en sus territorios, acontecen sin que el Estado y sus instituciones actúen eficazmente para controlar la « crisis humanitaria » , un estado de crisis social y ambiental que se perpetúa por décadas (Comunicados públicos emitidos por Cocomacia, FISCH y ^{Diócesis de Quibdó 2013-2020}; Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 009-2020).

En medio de los distintos momentos y circunstancias en que la guerra ha afectado la región, las autoridades étnicas y las comunidades locales han tenido que acomodarse para poder continuar con su lucha por la defensa de la vida y la reivindicación de sus territorialidades, lo cual ha implicado, en ocasiones, ceder ante la presión que los armados terminan por imponer en sus comunidades, ver cómo se instauran nuevos órdenes cotidianos que riñen con lo dispuesto por los reglamentos internos elaborados por Cocomacia, acomodarse políticamente ante formas organizativas promovidas por parte de los grupos armados, así como por la atomización interna del proceso organizativo étnico. Paralelamente, al despliegue de formas de acomodación y resistencia cotidiana, los representantes y líderes locales, junto con las distintas instituciones mediadoras y aliadas, principalmente la Iglesia católica, no han dejado de documentar y denunciar ante las autoridades competentes y la opinión pública nacional e internacional, los atropellos de los que vienen siendo víctimas hace décadas.

Las territorialidades étnicas reconocidas por la ley se han visto cuestionadas por intereses y formas de integración promovidas por el mismo Estado y las políticas de desarrollo que no son concertadas con las autoridades étnicas, así como por la presión del extractivismo ilegal que trata de imponer sus formas de control socioespacial y económico. Ante esta superposición violenta de fuerzas, las organizaciones étnicas, de víctimas, jóvenes y mujeres, entre otras que configuran el movimiento social en el Chocó, en articulación con una amplia red de instituciones aliadas, continúan reivindicando sus estrategias políticas y culturales con base en sus propias comprensiones y aspiraciones acerca de lo que consideran debe ser la vida en los territorios colectivos y las nuevas espacialidades urbanas, la autonomía política, el (etno)desarrollo y la paz territorial. La continua reivindicación de los derechos étnicos, de las víctimas de la guerra y la naturaleza, pone de presente la continuidad histórica de las luchas identitarias, territoriales y económicas por hacerlos efectivos en espacios disputados por múltiples poderes en el río Atrato.

Estrategias de resistencias y política cultural afroatrateña

Mucho antes los diálogos de paz avanzaran hacia su fase pública, las organizaciones sociales en el Chocó, entre ellas las étnico-territoriales, venían adelantado debates interétnicos para la elaboración de una serie de propuestas para la construcción de paz desde los territorios y sus aspiraciones colectivas, particularmente movilizando las demandas de las víctimas del conflicto armado y la protección de la naturaleza. En tanto expresión del movimiento social, en el Foro Interétnico Solidaridad Chocó -FISCH-¹⁶, convergen múltiples organizaciones procedentes de distintas regiones que luchan por la defensa de los derechos étnicos, territoriales, de los campesinos, ambientales, de las mujeres, los jóvenes y de las víctimas de la violencia.

Entre otras elaboraciones propias de comunidades y organizaciones étnicas (planes de etnodesarrollo, planes de vida, ruta de implementación de la consulta previa), las organizaciones que convergen en el FISCH, han construido a través de procesos de formación comunitaria una política cultural para la paz territorial e interétnica, documentada en la Agenda Regional Interétnica de Paz para el Chocó (2015). Estas elaboraciones acompañan el reclamo de las organizaciones sociales por las formas intrusivas y no concertadas con que se ejerce un tipo de producción de conocimiento (entre otras formas de intervención estatal y económica) sostenido en la herencia de formas coloniales de poder, saber y ser (^{Mignolo, 2011}), y expresan el valor político que los agentes sociales otorgan a sus propios sistemas de conocimiento, que vincula ya sea saberes tradicionales o experticias contemporáneas, planteando el horizonte de reflexión epistemológica y ética acerca de alternativas que permitan transitar de una producción de conocimiento « sobre » hacia la coproducción « con » y « desde » los territorios, en diálogo entre diversas epistemologías.

Un tipo de reclamo que expresa bien la « insurrección de saberes sometidos y descalificados » (^{Foucault, 1976),} por parte de formas organizativas étnicas, una forma de posicionarse política y epistémicamente frente a los actos clasificatorios del Estado y otras intervenciones que tratan de definir el rumbo de la vida local y regional, desconociendo sus propuestas, entre ellas las que se han elaborado para vivir interculturalmente en paz y para vivir sabroso (^{Quiceno, 2015}). Producciones como las agendas regionales de paz, los planes de etnodesarrollo, el denominado Acuerdo Humanitario Ya, así como los procesos comunitarios de ordenamiento de las tierras colectivas, son parte de un conjunto de estrategias de resistencia socioespacial que pueden ser interpretadas como luchas ontológicas por la libertad y la igualdad (^{Hardt & Negri, 2019}, p.15), pensamiento propio del movimiento social que contradice ciertas interpretaciones que ven en los discursos, prácticas y formas de movilización de las organizaciones étnico-territoriales « un libreto que imponen terceros » : iglesia, gobierno, academia y ONG. Los conocimientos locales y el posicionamiento político de los grupos étnicos han dejado de circular exclusivamente en el registro de la oralidad para consolidarse de forma escrita durante las últimas décadas, así formas de producción hegemónica de conocimiento tengan dificultad en reconocerlo o busquen deliberadamente silenciarlos.

Luego que la representación de las comunidades negras en el proceso político que llevó a la inclusión del Artículo Transitorio 55 en la Constitución Política de 1991 se hiciera a través de una constituyente indígena, dos décadas después en el marco de la negociación del fin del conflicto armado, organizaciones étnico-territoriales en articulación con otras expresiones del movimiento social afrocolombiano, generaron coaliciones para presionar al gobierno nacional y a las FARC para que sus demandas fueran consideradas en la mesa de negociaciones y en el acuerdo final. El derecho colectivo a la tierra que les asiste a los grupos étnicos, no ha sido suficiente para que el Estado haya realizado los debidos procesos de consulta y concertación de distintas políticas con las autoridades legítimas, como ocurriera, entre otros casos, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011)¹⁷.

En 2015 se conformó el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), en el que convergen las organizaciones con mayor trayectoria y visibilidad política en el país, entre ellas Cocomacia, así como la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, el Proceso de Comunidades Negras, la Autoridad Nacional Afrocolombiana, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambiri, la Pastoral Afrocolombiana, la Coordinación Regional del Pacífico colombiano, el Consejo Laboral Afrocolombiano y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, entre otras organizaciones rurales y urbanas (Territorio de Etnias No. 10, 2015). Inicialmente, las acciones de incidencia política en Colombia y el extranjero que realiza el Conpa, se basan en propuestas elaboradas a través de ejercicios regionales, entre ellas, la Agenda de Paz construida por el FISCH.

Ante la falta de atención a las propuestas elaboradas por organizaciones indígenas y afrodescendientes¹⁸, se conformó la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, con el objetivo de salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de los grupos étnicos, así como para tratar de contener el nuevo ciclo de asesinatos, destierro, racismo y estigmatización de los líderes sociales¹⁹. Paralelamente, la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (Conafro) y la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (Conpi), afiliadas al espacio político Marcha Patriótica, con afinidad organizativa con las Farc, disputaban la representación de las comunidades étnicas en la mesa de negociación de la paz²⁰. Antes de iniciar las audiencias en la Habana, los sectores étnicos confrontados lograron generar un espacio de articulación.

A pesar de los conflictos internos e intereses regionales divergentes que han propiciado la fragmentación del movimiento social afrocolombiano²¹, y de los resultados contingentes que se pudieran derivar de la articulación temporal con distintas organizaciones indígenas, en el marco de la coyuntura y las relaciones de poder que implicaron los diálogos de paz, « unidades de movilización » heterogéneas como el Conpa y la Comisión Étnica para la Paz, expresan novedosas estrategias de convergencia de luchas, resistencias localizadas y vínculos solidarios que consiguen circunstancialmente proyectarse políticamente y mediar en la defensa de los derechos étnicos y territoriales ante el Estado, la guerrilla y la comunidad internacional (^{Almeida, 2013}).

El esfuerzo que por años hicieron los grupos étnicos se vio recompensado con la victoria relativa que significó que sus propuestas fueran incluidas, de último momento, en el Acuerdo Final. Para algunos líderes esta situación es un indicador del lugar que tienen sus demandas en la sociedad colombiana. En el punto seis referido a la « implementación, verificación y refrendación » de lo acordado, se incluyó el denominado « capítulo étnico » . Por supuesto, la agenda política de organizaciones como Cocomacia no se reduce a lo pactado para el fin del conflicto, y como horizonte de actuación colectiva tienen el fortalecimiento de los procesos organizativos para asegurar la gobernabilidad étnica en las tierras colectivas, así como en los contextos urbanos.

Esta serie de articulaciones políticas, la producción colectiva de conocimiento y la elaboración de propuestas de acción desde las perspectivas y experiencias de los grupos étnicos y campesinos en el Atrato y el resto del país, representan estrategias de lucha que reconfiguran las identidades colectivas desde múltiples referentes y escalas, evidenciando el carácter dinámico de la movilización social y las resistencias situadas que elaboran demandas heterogéneas frente a los complejos conflictos de orden bélico, económico y cultural que atraviesan la existencia y espacialidades de las comunidades negras.

Como lo han documentado el Instituto ^{Kroc (2021}), el ^{Cerac/Cinep (2020)} y Pares (2020), aunque se creó la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos y se elaboró la ruta de seguimiento al Plan Marco de Implementación del acuerdo, los avances en la implementación del capítulo étnico han sido insuficientes, mientras que los asesinatos contra líderes afrocolombianos e indígenas no cesen. Se presenta rezago en los procesos de titulación, ampliación y saneamiento de territorios étnicos, así como escasos avances en la ejecución de iniciativas étnicas consignadas en los Pdet. No se han terminado de elaborar y consultar las rutas étnicas para la implementación de los Pnis y la reincorporación social y económica de excombatientes indígenas y de comunidades negras. Respecto de medidas de seguridad y protección colectivas, todavía no se ha cumplido con el fortalecimiento de las guardias cimarrona e indígena. La falta de destinación de recursos para avanzar en la implementación del capítulo étnico, sumado a la continua violación de los derechos humanos y colectivos de las comunidades étnicas, especialmente por la situación de destierro y confinamiento que se presenta en departamentos como el Chocó, postergan la promesa transicional hacia la paz integral y duradera en los territorios étnicos.

Guardianes comunitarios del río Atrato

La movilización política que se ha adelantado durante las últimas cuatro décadas en la cuenca del Atrato, ha sido determinante a nivel nacional pues permite comprender que las luchas identitarias y la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado, son inseparables de las luchas económicas, territoriales y por la justicia socioambiental que, en conjunto, responden a las representaciones hegemónicas y tipos de intervención que las políticas públicas, asociadas con los intereses económicos privados y de las multinacionales, desean consolidar autoritariamente en el Pacífico y sobre los grupos étnicos empobrecidos por las « economías del terror » (^{Taussig, ;1987; 2012}).

Las organizaciones étnico-territoriales del Atrato que convergen en el FISCH, en articulación con Tierra Digna, interpusieron en 2015 una acción de tutela que logró que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente las Áreas Estratégicas Mineras (AEM), proyectadas en más de veinte millones de hectáreas del territorio nacional (^{Tierra Digna, 2016}), principalmente por la violación de la consulta previa, la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano y al patrimonio cultural. En el Chocó, las AEM se localizan en la frontera con el departamento de Antioquia, es decir, que coincidirían con las tierras colectivas de Cocomacia.

Una victoria importante de la movilización étnica, así fuera de carácter temporal. Esta medida cautelar evidencia las contradicciones en las políticas públicas de desarrollo económico, y las mineras específicamente, confrontando a distintos agentes sociales e intereses antagónicos.

La movilización política de comunidades negras en el Chocó, en articulación con distintas entidades solidarias, constituye un valioso ejemplo de luchas ontológicas por la gobernabilidad étnica y la exigibilidad de derechos diferenciales, que en el marco del « posconflicto » , y sin el temor de tener el fusil en el cuello, podrá fortalecerse para garantizar su adecuada participación en la construcción de la paz territorial y el desarrollo regional desde sus aspiraciones y cosmovisiones. Ante las versiones oficiales y de la empresa privada que aseguran que los grupos étnicos « obstaculizan el desarrollo del país » ²², las comunidades negras y los pueblos indígenas plantean su plena participación en la definición y ejecución de las políticas públicas en sus territorios, así como en la construcción del Estado a partir de sus expresiones políticas, articulando la institucionalidad municipal y regional. Es decir, en la construcción de nuevos relatos y prácticas que permitan transitar de ser « objetos del desarrollo » , para ser agentes activos de la construcción de otras posibilidades de futuro en la cuenca del Atrato.

Luego de documentar las afectaciones ecológicas que el extractivismo ha ocasionado al río Atrato y los modos de vida ribereños, el FISCH y Tierra Digna, interpusieron una nueva acción de tutela en contra de instituciones estatales en defensa del río y sus comunidades, principalmente por los desastres ambientales y las afectaciones humanas que han producido la minería ilegal y la explotación de los bosques. Durante el primer semestre de 2017, la Corte Constitucional a través de una sentencia inédita en Colombia (Sentencia T-622 de 2016), reconoció al Atrato como una « entidad autónoma y sujeto de derechos » , ordenándole al Estado su protección, conservación, mantenimiento y restauración.

La Corte Constitucional reconoció las relaciones de interdependencia cultural que los grupos étnicos han establecido con el Atrato, es decir, que las « territorialidades ribereñas » configuradas históricamente ahora son reconocidas jurídicamente a través del enfoque de derechos bioculturales, mientras el río adquiere un carácter ontológico propio, autónomo de las comunidades que habitan en sus orillas. La Sentencia estableció que las comunidades étnicas, deberán participar en la definición e implementación de los planes que se diseñen para la conservación y restauración del río a través de los guardianes comunitarios del Atrato. Se han nombrado como « guardianes del Atrato » al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante del gobierno, y a un grupo de catorce líderes y lideresas atrateños que representaran los intereses de comunidades y autoridades étnicas de la región.

Luego de proferirse fallos judiciales y definirse responsabilidades gubernamentales, la implementación de las ordenes, los programas y proyectos para la conservación del río, se han visto entorpecidos por la burocracia centralista del Estado, así como por la falta de capacidad técnica y recursos financieros de las autoridades regionales y locales. Los guardianes comunitarios, en articulación con un conjunto de entidades nacionales e internacionales, han desplegado múltiples estrategias educativas y de sensibilización para implementar la Sentencia, definiendo acciones programáticas en un proceso inédito y todavía incierto de « imaginación ecopolítica » (^{Cagüeñas, Galindo & Rasmussen, 2020}), que requerirá de procesos complejos de vinculación con la institucionalidad estatal para la protección del río y los modos de existencia de comunidades que se configuran recíprocamente con él.

Durante el último lustro en el Atrato, se han experimentado transformaciones que permiten imaginar provisoriamente la recomposición de proyectos de vida colectivos, afectados por violencias estructurales y la guerra desplegados sobre cuerpos y espacialidades de comunidades negras: la reincorporación y conversión de las Farc-EP en fuerza política, el capítulo étnico incluido en el acuerdo de paz, las negociaciones de paz que se adelantaron con el ELN y que se aspira a retomar con el próximo gobierno, y la formulación de algunos planes de acción que buscan implementar la Sentencia para la protección del río. Las coaliciones de lucha social para defender simultáneamente los derechos étnico-territoriales, de las víctimas de la guerra, la protección de la naturaleza y los ríos, el derecho a la ciudad para las familias desterradas, y la insistencia en consolidar alternativas locales y regionales al desarrollo hegemónico extractivista, implican la redefinición situacional de las estrategias de resistencia para confrontar múltiples poderes que les son antagónicos.

Consideraciones finales

Las trayectorias de movilización social de comunidades negras representadas por Cocomacia, dan cuenta de su capacidad de transformación y resistencia colectiva para confrontar procesos de destierro que no son exclusivamente territoriales, sino que operan simultáneamente en otros registros simbólicos, de la vida política, las formas de pensamiento, entre otras formas de tutela y cooptación que tratan de establecer grupos armados y sectores económicos para suplantar el papel de las autoridades étnicas en el control social y ambiental de las tierras colectivas, lo que permite advertir la naturaleza dinámica y flexible de la etnicidad como recurso político para la producción de diferencias, así como de identidades plurales que se redefinen circunstancial y estratégicamente.

Las luchas sociales que se autodefinen por la defensa de la vida, el territorio y la naturaleza, en tanto estrategias organizativas de un proyecto comunitario en consolidación, operan tanto de modo burocrático como contestatario, buscando asegurar la reproducción física y cultural de las comunidades afroatrateñas. Remiten a memorias sociales que hunden sus raíces en temporalidades que trascienden la irrupción contemporánea del conflicto armado y los eventos traumáticos del destierro forzado, pretendiendo interpelar otras formas de opresión y exclusión social que han sido consustanciales a la guerra y que requieren ser develadas y transformadas como el racismo estructural y la colonialidad del saber que cuestiona las epistemologías propias de comunidades negras e indígenas.

En la cuenca del Atrato, la búsqueda incesante de la construcción de una paz territorial e intercultural, se inscribe en el registro de las labores cotidianas que procuran una reparación colectiva que permita « rehabitar el mundo devastado » (^{Das, 2008}), aquel impactado por los mecanismos atroces del destierro, como por formas históricas de reproducción de desigualdades económicas y territoriales que afectan a los grupos étnicos. Un tipo de reparación que se imagina como la posibilidad de hacer la vida sabrosa y el buen vivir, vinculada con la recuperación de conexiones entre los modos de vida ribereños y las territorialidades urbanas, la posibilidad de embarcarse libremente por los ríos y transitar sin temores por las calles de las ciudades, la revitalización de prácticas culturales y formas festivas, el fortalecimiento de conocimientos tradicionales, la oportunidad de vivir dignamente del producto del trabajo familiar de la tierra, y con la recuperación del majestuoso Atrato como espacio de vida.

Partiendo de la posibilidad de que el uso de las armas quede por fuera de las formas de hacer política, se espera que paulatinamente líderes y lideresas que pacientemente se han ido formando en las escuelas de liderazgo en la región, accedan a cargos públicos logrando otro tipo de relación con el Estado central y los partidos políticos tradicionales. Estas estrategias de política cultural son expresiones de « resistencias cotidianas » (^{Scott, 1987}) y de su « espacilización » (^{Oslender, 2008}), y constituyen en líneas de fuga que procuran alcanzar la autonomía y la libertad en medio de la reproducción incansable de formas de dominación que desean apropiarse del Pacífico.