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Tabula Rasa

Print version ISSN 1794-2489

Tabula Rasa  no.41 Bogotá Jan./Mar. 2022  Epub Apr 26, 2022

https://doi.org/10.25058/20112742.n41.04 

Artículo de investigación

DE CAMPESINOS COLONOS A COMUNIDAD NEGRA, DE LA REGULACIÓN GUERRILLERA A LA REGULACIÓN ESTATAL1

From Peasant Settlers to Black Communities, from Guerrilla Regulation to State Regulation

De camponeses colonos a comunidade negra, da regulação da guerrilha à regulação estatal

Claudia Quijano Mejía1 
http://orcid.org/ 0000-0002-0224-5621

1 Doctoranda del Programa de Pós-graduação em Sociología de la Universidade Federal de São Carlos (PPGS-UFSCar). Becaria de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -Brasil (CAPES) en el marco del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC-OEA)-. Universidad Industrial de Santander, Colombia cmquijam@uis.edu.co


Resumen:

A partir del estudio del caso de una comunidad negra, este estudio explora cómo la identificación con las categorías étnico-raciales significó una estrategia de resistencia frente al conflicto armado y posibilitó la aproximación de los pobladores rurales a las formas de regulación estatal. Situación que, después del acuerdo de paz con las Farc, ha dificultado que la guerrilla del ELN se posicione como un mediador válido de los conflictos comunitarios. Metodológicamente se recurre a la etnografía y a la historia oral, haciendo uso de técnicas como entrevistas, revisión documental y observación participante. Las categorías que orientaron el análisis fueron identidad -entendida como estratégica y relacional- y Estado -comprendido no como un actor racional que opera por fuera y encima de la sociedad, sino a partir de las prácticas de sus agentes y las representaciones que las poblaciones tienen respecto a este-.

Palabras clave: comunidad negra; campesino; identidad

Abstract:

Drawing from the case study of a Black community, this study explores how identifying themselves with ethno-racial categories became a resistance strategy amid armed conflict and made easier for rural dwellers to get closer to forms of state regulation. After peace accords with the FARC, that stance has made harder for the ELN rebel army to position itself as a valid mediator in community conflicts. Methodologically, we resort to ethnography and oral history, using techniques like interviews, documentary review, and participating observation. The categories guiding the analysis were identity -understood as strategic and relational- and State, -not as a rational actor operating outside and above society but based on its agents’ practices and the representations that populations have towards it-.

Keywords: Black communities; Peasant; identity.

Resumo:

A partir do estudo de caso de uma comunidade negra, esse estudo analisa como a identificação com categorias étnico-raciais significou uma estratégia de resistência diante o conflito armado e possibilitou a aproximação das populações rurais às formas de regulação estatal. Depois do Acordo de Paz com as Farc, essa situação tem impedido que a guerrilha ELN se posicionasse como mediadora legitima dos conflitos comunitários. A etnografia e a história oral são as metodologias escolhidas, assim usam-se técnicas tais como a entrevista, a revisão documental e a observação participante. As categorias que guiaram a analise foram: identidade -considerada como estratégica e relacional- e Estado -visto não como um ator racional, mas conforme as praticas de seus agentes e segundo as representações que as populações têm dele-.

Palavras-chave: comunidade negra; camponês; identidade.

Introducción

En el Magdalena Medio, una región de colonización, ubicada en el centro norte del país, se han desarrollado procesos de constitución de comunidades negras en el marco de las políticas multiculturalistas puestas en marcha desde la década de 1990. El presente texto busca explorar cómo campesinos colonos, habitantes de una vereda de esta región, vivieron el proceso de etnización a partir de la implementación de la Ley 70 de 1993, teniendo como presupuesto los planteamientos de Eduardo Restrepo (2013) respecto a que este proceso no responde a una esencia negra anterior, ni tampoco a una mera invención de individuos calculadores para acceder a los beneficios económicos y simbólicos derivados de la puesta en marcha de la Ley. Debe resaltarse que el Magdalena Medio generalmente ha sido estudiado a partir de los procesos de poblamiento y colonización, el conflicto armado, los movimientos campesinos y las luchas obreros-patronales (Alonso, 1997; Archila, 2006a; Medina, 1990; Murillo, 1994; Vargas, 1992), pero pocas reflexiones se han tejido en torno a los procesos de etnización que algunas poblaciones rurales de la región han vivenciado. Este artículo busca ser un aporte en ese sentido.

Para abordar este caso, los conceptos de raza y etnia son fundamentales. De acuerdo con Hall (2019), raza y etnia funcionan dentro de una cadena discursiva de equivalencias que va de lo biológico a lo cultural. La raza está basada en lo biológico y se desliza hacia lo sociocultural, mientras que la etnia -aunque parece estar fundada exclusivamente en lo sociocultural- se desliza hacia lo biológico. Raza y etnia tienen un funcionamiento discursivo que produce diferencias, clasifica el mundo, crea inteligebilidades, organiza las prácticas y, por tanto, tienen un efecto real. Tanto raza como etnia constituyen «un significante resbaladizo», un sistema de clasificación y jerarquización del mundo.

También los postulados de este autor (Hall, 1996, 2003) sobre el carácter estratégico y situacional de la identidad son claves para la comprensión del caso de estudio. Hall permite entender la identidad como un producto histórico, fragmentado, construido e incluso contradictorio. Las identidades se construyen dentro del discurso, no por fuera de él, y surgen en el juego de relaciones específicas de poder y, por ello, «son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida» (Hall, 2003, p.18).

El planteamiento central que orienta el análisis en este texto es que la violencia del conflicto armado generó dos movimientos de la comunidad negra en búsqueda de su protección. Primero, durante los años de mayor intensidad de la confrontación entre los actores armados en la región (1998-2005), los pobladores de la vereda movilizaron principalmente las categorías/identidades étnico raciales -negro, afro, negritudes, comunidades negras- en detrimento de la categoría campesino, pues esta última era asociada a organizaciones campesinas defensoras de derechos humanos y de izquierda en la zona, esto en una tentativa por presentarse como neutrales y ajenos a posicionamientos que pudieran acarrearles algún tipo de persecución. Segundo, el desarrollo del conflicto armado en la región -el avance del paramilitarismo, movilizaciones en contra del proceso de paz con el ELN, el proceso de paz con las Farc y las consecuencias de la guerra sobre la población civil- sumado a las constantes relaciones que la comunidad negra mantiene con las diversas instituciones estatales del orden local, departamental y nacional, han conllevado a que haya una aproximación a las formas de regulación estatal de los conflictos comunitarios y distanciamiento de la intervención de la guerrilla en estas situaciones.

En este punto, es importante mencionar la noción de Estado que guía este análisis. Aunque este estudio no pretende ser una etnografía del Estado, la manera como desde la etnografía se entiende el fenómeno estatal son fundamentales para el desarrollo del argumento en este texto. El Estado más que una entidad abstracta, separada de la sociedad y con voluntad propia, está presente en la vida cotidiana de las personas y se configura a través de las prácticas, interacciones y representaciones de sus agentes (Abrams et al., 2015). En otras palabras, se trata de entender cómo actúa el Estado en los márgenes, cómo a través de la fuerza o la pedagogía busca moldear a los sujetos y convertirlos en legales (Daas & Poole, 2008).

Metodológicamente, podría decirse que la investigación hizo uso de elementos de la etnografía y la historia oral. De mayo a diciembre de 2019 realicé estadías en la vereda, miembros del consejo comunitario me alojaron en sus casas y entre conversaciones cotidianas me contaron sus historias y su trayectoria dentro de la región y el proyecto organizativo. El diario de campo fue una herramienta fundamental para registrar no solo mis observaciones, sino también ideas, dificultades y extrañezas durante mis periodos de estancia. Entrevisté a algunos habitantes de la vereda, pocas conversaciones pude grabar y asistí a reuniones de la JAC, el consejo comunitario y de estas organizaciones con diferentes instituciones y ONG (Corporación Autónoma Regional, concejales, candidatos a la alcaldía y al concejo, Fondo Colombia). Adicionalmente, tuve acceso a actas de la Junta de Acción Comunal, a relatorías del consejo comunitario y a la prensa local.

Ese material diverso fue organizado a partir de categorías inductivas: colonización y poblamiento, consejo comunitario y título colectivo, proyectos productivos y violencia. El Atlas.ti fue una herramienta que facilitó la organización de información a partir de estos ejes analíticos. Todo este trabajo, sumado a la revisión bibliográfica sobre el desarrollo del conflicto armado en la región, se constituyó en el material usado para entender cómo hoy se reorganiza la relación entre pobladores rurales y los actores armados. La vereda y mis interlocutores en las entrevistas son citados aquí con nombres ficticios, como una manera de garantizarles el anonimato y su seguridad.

La principal limitación de este estudio radica en que la mayor parte de las entrevistas y conversaciones se realizaron con las personas más antiguas del proceso organizativo y con algún nivel de liderazgo. La interlocución con sus hijos, con quienes viven fuera del caserío o con campesinos que recientemente se han vinculado al proceso no fue posible, lo que abre un espacio para nuevas indagaciones que incluyan las resignificaciones que los jóvenes hacen de las identidades negras y campesinas, la ruralidad, los grupos armados y el Estado.

Para la construcción del argumento, el texto se organiza en dos grandes partes. La primera expone el proceso de poblamiento de la región del Magdalena Medio en general y de la vereda estudiada en particular, su historia, su proceso de constitución como comunidad negra y la obtención del título colectivo. La segunda parte aborda el desarrollo del conflicto armado en la región, cómo el dominio que mantuvieron las guerrillas hasta inicios de los años 2000 fue disputado por los grupos paramilitares. También, en este aparte se reconstruye cómo se vivió la violencia en la vereda y los principales episodios afrontados por la comunidad. El texto finaliza con unos comentarios finales que buscan vislumbrar caminos para el refinamiento de la hipótesis que orienta la construcción de este texto.

El Magdalena Medio: proceso de colonización y poblamiento

Durante el periodo colonial, el área andina y parte de la costa atlántica fueron integradas y consolidadas alrededor del comercio con la metrópoli, la producción y la urbanización. Paralelamente, hubo zonas que, debido a la resistencia indígena y negra, las condiciones geográficas y del clima, las dificultades de acceso y la no identificación de recursos naturales para la explotación, fueron marginadas de este patrón de poblamiento e integración. Estas áreas donde el Estado colonial no logró imponerse mantienen su marginalidad en el proyecto de Estado-nación hasta los días de hoy bajo denominaciones como territorios baldíos, zonas de colonización, frontera interna, frontera agrícola y más recientemente zonas de orden público (Serje, 2011).

A partir de la segunda mitad del siglo XX la incorporación de estas regiones al Estado nacional estuvo mediada por los procesos de colonización resultantes de los flujos migratorios que la violencia política y los conflictos agrarios propiciaron en el centro del país. La reforma agraria y la consecuente redistribución de la tierra fueron sustituidas por los programas de colonización; por esta vía se pretendía que el acceso de los campesinos a la tierra fuera resuelto en los territorios marginales (Fajardo, 2012; Machado, 2004). Así, a las regiones de la Amazonia, Magdalena Medio, Catatumbo, Urabá, Orinoquía y Chocó fueron llegando grupos de hombres y mujeres en búsqueda de las tierras y oportunidades económicas que les habían sido negadas en sus regiones de origen.

Al igual que otras regiones de colonización, el Magdalena Medio ha sido entendido como una sociedad periférica, resistente, no integrada, marginal, con poca o nula presencia del Estado3 y en constante tensión con la sociedad mayor. La región no existe administrativamente, pero ha sido delimitada de manera diferente por instituciones y estudios que consideran esta área el centro de sus intervenciones y análisis, dando lugar a la inclusión de un número variable de municipios ubicados a lado y lado del río Magdalena en su valle central.

Como fue señalado por Cadavid (1996), existen denominaciones diferentes de la región según las perspectivas y propósitos puntuales de determinadas instituciones. La definición de la región que hoy presenta mayor consolidación es quizás la propuesta e implementada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio4 en sus 25 años de existencia. Cuando se formuló el programa se consideró la inclusión de 28 municipios que además de encontrarse en la parte media de la cuenca del río Magdalena compartían el desarrollo de la actividad petrolera, la pobreza de sus habitantes en medio de las riquezas naturales de la zona, el aislamiento de sus respectivas capitales departamentales y su historia de violencia y conflictos sociales armados (Cadavid, 1996). La región está constituida por 31 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander; cuenta con una población cercana a las 900.000 personas y sobresalen los centros urbanos de Barrancabermeja (Santander) con aproximadamente 300.000 habitantes y Aguachica (Cesar) con cerca de 90.000 habitantes (PDPMM, 2015).

En el Magdalena Medio se distingue la subregión sur y la subregión norte. La primera va desde los municipios de La Dorada-Puerto Salgar hasta Barrancabermeja- Yondó y se caracteriza por una colonización temprana, el latifundio ganadero como actividad económica central, marcada influencia cultural andina, una mayor conexión vial e integración con el país y por ser el epicentro del surgimiento del paramilitarismo en la región5. La segunda abarca desde el eje Barrancabermeja- Yondó hasta el municipio de Gamarra y se caracteriza por la explotación petrolera, la agroindustria de la palma africana y la agricultura campesina como actividades económicas, una fuerte influencia cultural costeña y sabanera, una baja integración al mercado y una deficiente infraestructura vial (Alonso, 1997).

En el siglo XIX el Magdalena Medio experimentó flujos migratorios de campesinos provenientes de la Costa Atlántica como resultado de la expansión del latifundio, así como de otras regiones debido a las continuas guerras civiles que vivió el país; también llegaron aventureros en busca de productos naturales (pieles, maderas, raicillas y tagua) que podían ser comercializados en los centros urbanos. La navegación a vapor por el Magdalena incentivó el surgimiento de poblados a orillas del río para el aprovisionamiento de los barcos y el descanso de los pasajeros que se dirigían al centro del país, tal es el caso de San Pablo y Morales. Durante inicios del siglo XX la expansión ferroviaria y la explotación petrolera serían el impulso para el poblamiento, colonos campesinos provenientes de las regiones circundantes comenzaron a poblar las inmediaciones del ferrocarril (La Dorada y Puerto Berrio) y de los enclaves petroleros (Barrancabermeja) (Arcila, 1994; Murillo, 1999).

Este proceso de poblamiento experimentado durante el siglo XIX e inicios del XX fue denominado por Amparo Murillo (1999) como «colonización temprana», para diferenciarlo de la «colonización tardía y masiva» (p. 50) que se da en la región después de 1950, vinculada a la violencia política bipartidista que tuvo entre sus consecuencias la expulsión de campesinos de sus tierras. La localización en el centro del país hizo que el Magdalena Medio se constituyera en «receptora de las contradicciones y limitaciones» (Murillo, 1999, p. 42) de las regiones vecinas, principalmente en el tema agrario. Su poblamiento se dio en función de las necesidades de tierras, recursos naturales y de conexión entre la zona andina y el resto del país (Cadavid, 1996).

La historia de poblamiento de la región ha conllevado a que en ella confluyan gentes de distintas partes del país, configurándose una sociedad heterogénea y de diversidad cultural; esa heterogeneidad, como rasgo distintivo, no ha impedido que se consolide un proceso de pertenencia e identidad regional. Como lo señaló Mauricio Archila (2006), en medio de la diversidad emergen elementos que integran: el río, que más que una frontera entre departamentos, ha sido el lugar a través del cual se ha construido la sociedad regional; el sentimiento de abandono estatal y exclusión que experimentan sus pobladores, pese a su riqueza y localización central; y, finalmente, la imagen que se ha creado el resto del país sobre el Magdalena Medio como una región violenta y rebelde, al margen de la sociedad mayor. Los conflictos y las diferentes formas de protesta que estos suscitan son, como lo afirma Archila (2006), el componente trascendental de la configuración regional y de la identidad de sus pobladores.

El surgimiento de la vereda Las Acacias

El proceso de poblamiento y creación de la vereda estudiada se remonta a la década de 1970 y se inscribe en los procesos de colonización que vivió la región del Magdalena Medio como un todo. La población de Las Acacias proviene de diferentes regiones del país, pero predominan la subregión sur del Magdalena Medio (La Dorada y Puerto Berrio) y el departamento del Chocó. Desde las primeras familias asentadas en la vereda hubo un marcador de diferencia: la procedencia regional, acentuada por el color de piel. Antioqueños y chocoanos fueron las procedencias regionales que primaron y marcaron esta zona.

Muchos de los colonos que arribaron a esta zona no tenían este lugar como destino. La mayoría se dirigía a la vecina ciudad de Barrancabermeja en busca de un puesto de trabajo en la industria del petróleo y, tras no lograr «engacharse» como obrero de la Empresa Colombiana de Petróleos, se adentraron «río arriba» en busca de maderas, «el otro boom económico de la región». El abarco, el caracolí, el cedro, el guayacán y el caobo eran las maderas «más apetecidas» por quienes se internaban en la zona. El ingreso se realizó desde Barrancabermeja subiendo los ríos y los caños en busca de madera. En esa época «la carretera era el río» y la conexión se realizaba principalmente con este centro urbano en el departamento de Santander.

Otros habitantes llegaron del sur de la región del Magdalena Medio (Puerto Berrio, Cimitarra, La Dorada), tras la consolidación del paramilitarismo y la expansión del latifundio ganadero. Estas familias, después de haber intentado rehacer su vida en la región del Carare y/o en Barrancabermeja, acompañaron el proceso de colonización en busca de tierras para vivir, siguiendo el camino de los aserradores y vinculándose a los incipientes procesos organizativos que la colonización iba creando.

En la época de la colonización un hecho que «llamó la atención» fue que en la zona se asentó una familia numerosa venida del Chocó. Eran dos hermanos y sus respectivos núcleos familiares, quienes con el tiempo se hicieron conocidos no solo en el área rural, sino también en la cabecera municipal. Con el tiempo fueron llegando amigos o personas que ellos invitaban a establecerse en la zona, «entonces iban llegando y en este foquito se quedó como más cercana la familia de raza negra y se hizo como una colonia de comunidades afro en Las Acacias» (Efrén García, líder Consejo Comunitario, entrevista personal, octubre de 2019).

Hacia 1981 fue construida la escuela veredal por iniciativa de la población habitante, pues «sintió la necesidad de tener una escuela en la cual sus hijos pudieran recibir educación básica primaria» (Ángel Pereira, profesor rural, noviembre de 2019). En ese entonces se construyó un salón con techo de paja y paredes de madera y los docentes fueron pagados con recursos de los mismos padres de familia. En 1985, este pasó a ser un centro educativo rural reconocido oficialmente por el municipio y a tener un docente nombrado por el departamento. Aunque inicialmente estuvo ubicada en inmediaciones del caserío, poco tiempo después la escuela fue trasladada a dos kilómetros de este, pues no todas las familias vivían en el caserío y el nuevo local era equidistante para los niños que recibían clases allí.

Con el tiempo, el caserío empezó a ser conocido como La Gallada. Existen diversas versiones sobre el surgimiento de este apelativo usado para designar el lugar, todas ellas -tanto las narradas por paisas como por chocoanos- remiten a una respuesta colectiva de los habitantes de la vereda ante un altercado o riña, en otras palabras, «peleaban en grupo». Algunas de las versiones incluso refieren las diferencias regionales, la división entre antioqueños y chocoanos existente en la época de la colonización como punto de despliegue de las disputas y de la respuesta colectiva en los conflictos personales, como relatado por don César, un campesino colono venido de Antioquia, cuando es indagado por el término La Gallada para referirse al caserío:

Cuando llegaron los antioqueños, ya estaban los chocoanos acá -y como el antioqueño donde llega es más pinchado llega con dos o tres bestias; nosotros trajimos las bestias por acá-. Entonces al inicio tomaban antioqueños aparte y chocoanos aparte, y cuando había pelea eso ellos ;los chocoanos; le caían todos a uno. Después ya nos amangualamos todos, chocoanos y antioqueños. (César Monsalve, habitante de la vereda, entrevista personal, septiembre de 2019)

Del relato de don César se desprenden elementos importantes para entender la configuración de la vereda: primero, durante el periodo de la colonización las diferencias regionales dieron lugar a conflictos entre colonos, muchas veces antecedidos por el consumo de licor y la falta de mediación; segundo, la idea existente entre algunos habitantes de la zona de que los chocoanos -población mayoritariamente negra o afrodescendiente- respondía como grupo frente a otro que actuaba solo; tercero, las consideraciones de superioridad del antiqueño al definirse como «más pinchado» y atribuirse la traída de las bestias -caballos y mulas- a la zona; y cuarto, la frase con la que finaliza el relato «después nos amangualamos todos, chocoanos y antioqueños», haciendo alusión a que con el tiempo las diferencias regionales se disiparon dando lugar a un solo grupo.

También es importante dilucidar otro aspecto relevante de ese relato. En la relación entre los establecidos -población chocoana- y los recién llegados -los antioqueños- el grupo que se consideraba superior no lo hacía teniendo como base el tiempo de residir en el lugar y su cohesión como grupo (Elias & Scotson, 2016). El diagrama racial y regional que identifica a la población negra y del Chocó como inferior jugó un papel determinante en el establecimiento de las jerarquías y las imágenes de sí y de los otros en el lugar. Como indicó Wade (2020), en Colombia «las intersecciones entre relaciones sociales racializadas y estructuras espaciales siguen moldeando la desigualdad racial y las formas del racismo» (2020, p. 32), es decir, las identidades regionales y las relaciones jerárquicas entre estas son producto -y el medio- de un discurso racializado en el que hay un centro blanco-mestizo y una periferia negra. En específico, la identidad paisa se ha construido sobre el mito de la pureza racial, de la ausencia de herencia negra e indígena en el proceso de mestizaje, de la superioridad y el éxito empresarial.

Hoy el caserío continúa siendo llamado La Gallada, mientras que la vereda como un todo se denomina Las Acacias. El caserío concentra parte de las actividades colectivas de sus habitantes, es el epicentro de las reuniones con funcionarios públicos o integrantes de alguna ONG para el desarrollo de proyectos productivos, de los encuentros de los candidatos a la alcaldía y al concejo municipal con habitantes de la vereda, de los bazares y fiestas, de los partidos de fútbol, de los proyectos colectivos como la piscicultura y el arroz, de la compra de queso por parte del «quesero» que viene todos los fines de semana y es el lugar de llegada del carro de línea procedentede la cabecera municipal. Las diferencias regionales de la época de la colonización se han disipado y ha ganado fuerza el sentimiento de comunidad negra, que más que una distinción racial hace referencia a un proceso organizativo que a partir de la movilización de la identidad negra ha permitido revertir -en parte- los procesos de exclusión que como colonos campesinos vivenciaban.

Consejo comunitario y título colectivo: comunidad, territorio e identidad

En 1999 miembros de la vereda crean el consejo comunitario y en 2002 logran la titulación colectiva de sus tierras, mediante resolución del Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Actualmente la vereda cuenta con una junta de acción comunal (JAC) y un consejo comunitario como instancias organizativas. A la JAC se afilian los habitantes de la vereda y al consejo quienes se identifican como afrodescendientes o negros. Aunque incluye a la mayoría de habitantes de la vereda, el consejo la excede, pues algunos de sus fundadores tienen sus fincas en otras veredas fuera del título colectivo6 y los hijos de integrantes del consejo que viven en la cabecera municipal también se han afiliado.

El proceso de constitución del consejo comunitario y del título colectivo tuvo inicio tras el impulso que le dio un concejal del municipio quien, debido a su cargo, conocía la Ley y los procesos de titulación colectiva que se venían adelantando en otras regiones del país, y tenía contactos con las instituciones encargadas de estos procedimientos. El puente establecido por el concejal entre los habitantes de Las Acacias y las áreas circunvecinas con la institucionalidad encargada de estos procesos fue fundamental para la constitución del consejo y de la titulación colectiva. También el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) jugó un papel fundamental en la circulación de la Ley 70 de 1993 entre los habitantes de las veredas de la zona y el inicio del proceso organizativo mediante la realización de talleres y encuentros entre los campesinos, y, entre estos y las instituciones encargadas de los procesos de titulación colectiva. Tanto el concejal como el PDPMM y la Corporación Autónoma Regional han actuado en relación con la vereda Las Acacias como «agentes de la identidad», en tanto «asignan un lugar destacado a las “identidades” en la realización de sus programas y proyectos de intervención» (Bolívar, 2006a, p. 256 ).

Permitir que «al territorio llegue inversión del Estado» y «servir como protección del territorio en caso de un desplazamiento» fueron presentados como parte de los «beneficios» a los que la comunidad podría acceder mediante la titulación colectiva y la conformación del consejo comunitario. Al ser una comunidad producto de los procesos de colonización campesina, la formalización de la tenencia de la tierra y la necesidad de inversiones en infraestructura y servicios básicos por parte del Estado se constituyen en asuntos centrales para sus habitantes; todo ello en un contexto de conflicto armado en el que el despojo y el desplazamiento forzado se presentan como escenarios posibles7. En ese sentido, vincularse a un proceso que les exigía el reconocerse como comunidad negra o afrodescendiente emergió como una oportunidad que hasta entonces la categoría campesino, movilizada principalmente a través de la JAC y las asociaciones campesinas de la región, no les había ofrecido.

Esto se comprende en el marco de las asimetrías y desbalances en la protección de los derechos de las poblaciones rurales creado por la constitución de 1991 y las políticas multiculturalistas, puesto que dejaron a la población campesina - que no se identifica como negra o indígena- sin herramientas jurídicas para la protección de sus territorios y formas organizativas (Chaves, 2011; Hernández, 2015; Hoffmann, 2016). Conforme a lo señalado por Chaves y Zambrano (2009), las políticas multiculturalistas operan la justicia distributiva hacia las minorías, dejando por fuera a las mayorías rurales y, consecuentemente, grupos de mestizos optaron por transitar hacia lo indígena y negro, en una tentativa por aliviar los efectos de las políticas neoliberales. Sin embargo, a medida que su número creció, se hizo evidente la estrechez y las limitaciones de la financiación de la política social dirigida a la población étnica. El siguiente relato refleja claramente esta situación:

El municipio a nosotros no nos tiene visibilizados, inclusive a la comunidad negra, afro, no nos dejan ;recursos;. Este año no hubo presupuesto prácticamente, porque dejar 20 millones para la comunidad afro no se justifica, donde estamos el consejo comunitario de acá, está el consejo comunitario de la otra vereda, porque ellos tienen un consejo comunitario, pero no tienen titulación colectiva, tienen el consejo comunitario pero no tienen territorio, está la asociación del municipio y hay otra que conformaron que también es afro; ese presupuesto no se justifica. (Mercedes Campo, líder consejo comunitario, septiembre de 2019)

Estos procesos de etnización y reetnización fueron posibles porque el mestizaje no ha sido entendido por los sectores subalternos como una fusión, sino como una «mezcla en la que sus elementos constitutivos mantienen su identidad, lo cual facilita múltiples identificaciones y cruces de frontera en diferentes direcciones, según el contexto» (Chaves & Zambrano, 2009, p. 255 ). Lo negro y lo indio continúan vigentes en el mestizo y, por lo tanto, este puede adscribirse simultáneamente a estas identidades. Expresiones de integrantes del consejo comunitario como «aquí no hay blancos-blancos, ni negros-negros, ya somos una mezcla» y «si miramos la procedencia de las razas en Colombia, todos venimos de una descendencia afro» reflejan la vigencia de esta noción de mestizaje.

Sin embargo, no puede reducirse la identificación como comunidad negra a una cuestión meramente instrumental. Existe un proceso histórico de una población campesina negra asentada en la zona y de exigencias en torno a la tierra y el territorio, no solo en Las Acacias, sino en toda la región del Magdalena Medio. Aunque cuando indagados los habitantes de la vereda se reconocen como «campesinos netos, pues venimos desde la colonización, somos oriundos acá de este territorio», las categorías negro y afrodescendiente son las que han circulado predominantemente en la relación con las instituciones y entidades con las que han entablado relaciones. Poner en juego la identidad negra o afro les ha permitido ser interlocutores válidos, hacerse visibles.

Este entendimiento sobre la identidad negra o afro como «proceso organizativo» responde a las características históricas de la vereda. Como se ha mencionado, allí se concentró inicialmente una población proveniente del Chocó y posteriormente de Antioquia, que no se concebían como un grupo o comunidad debido a las diferencias regionales. Con el tiempo y las experiencias en común frente al conflicto armado, la relación con la alcaldía, la constitución de la JAC, el uso del río como vía de comunicación, la explotación maderera y la construcción de la escuela se fue configurando como grupo, como una comunidad. En palabras de uno de los miembros del Consejo: «ya por tradición y por cultura, pues somos una sola comunidad».

Algo que me llamó la atención de las entrevistas y observaciones de campo que realicé en Las Acacias fue que los miembros del consejo comunitario ordenan su historia como colectivo, como comunidad negra, alrededor de los proyectos productivos desarrollados por las instituciones con los miembros de esta organización. Desde 1999 cuando inician su proceso de constitución como consejo comunitario hasta la actualidad, el relato se organiza según el orden cronológico como han sido ejecutados los proyectos. La narración inicia con el proyecto ganadero desarrollado por el PDPMM con las primeras 33 familias afiliadas al consejo y finaliza con el proyecto de caucho implementado por la alcaldía municipal en el 2015, pasando por la construcción de la placa huella a fin de mejorar la carretera que conecta la vereda con la cabecera municipal, los estanques piscícolas, los galpones de gallinas ponedoras, el cultivo de arroz y la trilladora, los proyectos de vivienda rural y limpieza de caños, entre otros.

En la narrativa construida por los integrantes del consejo comunitario alrededor de su historia como organización sobresalen no solo los proyectos ejecutados en la vereda, sino también el relacionamiento con las instituciones estatales y sus funcionarios a partir de dichos proyectos; desde la alcaldía municipal, hasta la embajada del Japón, pasando por el Instituto de Desarrollo Rural, la Unión Europea, la Corporación Autónoma Regional, el Servicio Nacional de Aprendizaje, entre otras. Estos relacionamientos y el acceso a los recursos del Estado y la cooperación internacional mediante la ejecución de «proyectos productivos», junto al devenir del conflicto armado en la región, han jugado un papel fundamental en la configuración del distanciamiento que empieza a establecerse entre la comunidad y la guerrilla aun presente en la zona: el ELN.

Para los integrantes del consejo comunitario es claro que la interlocución con estas entidades ha sido posible por su carácter de comunidad negra, por su reconocimiento como grupo étnico. Y si bien algunas interacciones se dan con ONG y empresas privadas, estas hacen una especie de mediación entre el Estado y la comunidad, sea porque ejecutan recursos públicos como operadores de contratos o implementan algún proyecto cuyos recursos provienen de alguna convocatoria estatal destinada a grupos étnicos. En ese sentido podría afirmarse que la identidad como comunidad negra les ha posibilitado la interlocución con el Estado en términos de «inversión» y proyectos productivos, en últimas, en términos de derechos. El Estado pasó de ser visto en términos de ausencia a ser entendido como una oportunidad de interlocución y gestión para la comunidad.

Conflicto armado y la movilización campesina en la región

El Magdalena medio se ha constituido en una región estratégica para el desarrollo del conflicto armado; guerrillas, paramilitares y la fuerza pública han hecho de la región uno de sus centros de operaciones. De hecho, aunque el poblamiento del valle medio del río Magdalena y el consecuente surgimiento de poblados -hoy municipios- datan del siglo XVI, el Magdalena Medio como región solo comienza a ser nombrada a partir de mediados de siglo XX, cuando los militares lo definen como escenario de conflicto, como una zona de interés militar (Alonso, 1997; Murillo, 1999).

La presencia guerrillera ha sido una constante desde finales de la década de 1960 cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) irrumpió en Simacota (Vargas, 1992) y desde entonces ha mantenido una presencia diferenciada en el tiempo en varios municipios. Las Farc también hicieron presencia desde finales de los años 70 y llegaron a la región como parte de su proceso de expansión a nivel nacional; hasta antes de la firma del acuerdo de paz mantuvieron presencia en varias localidades de la zona. Asimismo, en los años ochenta el Magdalena Medio fue escenario del surgimiento de grupos paramilitares, el caso de Puerto Boyacá (Medina, 1990) y el corregimiento Juan Bosco La Verde de San Vicente de Chucurí así lo evidencian. Las estructuras paramilitares agrupadas en la Autodefensas Unidas de Colombia irrumpieron a finales de la década de 1990, disputándose el territorio con las guerrillas en las zonas en las que estas aún mantenían el control (Vicepresidencia de la República, 2001). Por su parte la Fuerza Pública ha sido un actor constante en el devenir del conflicto armado en la región mediante la instalación de batallones y el desarrollo de operaciones militares, principalmente.

De acuerdo con Teófilo Vásquez (2006), el conflicto armado en el Magdalena Medio se desplazó del sur hacia el norte, debido a la paulatina creación de condiciones para la inserción de las subregiones al Estado, al mercado y a la sociedad en general mediante el latifundio, la agroindustria y la construcción de infraestructura vial, concomitantemente con la consolidación de una clase hegemónica local; todo ello condición necesaria para el ejercicio del monopolio estatal de la coerción. A medida que en la subregión sur se fueron agotando las zonas de colonización, este proceso se fue trasladando hacia la subregión norte, junto con las ventajas logísticas, militares y sociales que estas zonas ofrecían para las guerrillas. De hecho, varios autores (Alonso, 1997; Murillo, 1999; Murillo et al., 1994; Vásquez, 2006) coinciden en señalar que en la región las guerrillas se asentaron con mayor facilidad en las zonas de colonización, donde se configuró como el principal regulador de los conflictos emergentes entre los campesinos colonos.

Hoy, la presencia guerrillera aún es fuerte en zonas de borde de frontera agrícola, como es el caso de la serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, en donde las economías del oro y la coca son fundamentales y permiten comprender la continuidad de la confrontación entre diversos actores armados y el Estado. La dinámica del conflicto armado en esta subregión8 entre 1998 y 2014 según Garzón (2016) puede ser dividida en tres coyunturas. La primera, se ubica entre 1998 y 2000, periodo en el que las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y después el Bloque Central Bolívar (BCB) entraron a disputarle la hegemonía al ELN en la región; paralelo a ello, hubo un incremento en los cultivos de coca y en el accionar de las Farc. La segunda coyuntura se sitúa entre el 2000 y el 2006, para este periodo, diversos autores (Garzón, 2016; Gutiérrez, 2004; Viloria de la Hoz, 2009) coinciden en afirmar que las autodefensas lograron el control de las zonas planas de la región y de las cabeceras municipales, mientras que las guerrillas se refugiaron en la serranía de San Lucas. También hubo un aumento de la ofensiva de la Fuerza Pública y de la lucha antidrogas en la región, al tiempo que se elevaron las acciones de las Farc que superaron las del ELN, al finalizar el periodo, los grupos paramilitares se desmovilizaron. La tercera coyuntura identificada por Garzón (2016), se da entre 2007 y 2014, estuvo marcada por el aumento de la minería de oro y el interés de los actores armados en las rentas extraídas de esta actividad ilegal, sumado al surgimiento de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, el inicio del proceso de paz con las Farc en 2011 que llevó a una disminución de sus acciones y al aumento de la ofensiva del ELN en busca de condiciones para una negociación con el gobierno nacional.

Uno de los elementos definitorios de la región ha sido la colonización y, con ello, la caracterización del Magdalena Medio como periférica y con un conflicto agrario irresoluto (Alonso, 1997). De hecho, lo campesino ha tenido un fuerte peso en la protesta social en la región y en la constitución de las identidades de sus pobladores (Archila, 2006b). La movilización campesina ha sido una constante y sus principales motivaciones han sido: la lucha por la tierra, la defensa de los derechos humanos, las políticas agrarias y el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno (Prada, 2006).

Como señalado por Madariaga (2006), el sur de Bolívar ha tenido una contribución importante en los procesos sociales de la región, ejemplo de ello fueron el éxodo campesino hacia Barrancabermeja en 1998 y las marchas contra el despeje y las negociaciones de paz con el ELN en el sur Bolívar realizadas entre 1999 y 2001; movilizaciones sociales de destaque por su entrecruzamiento con las dinámicas del conflicto armado en la región.

El éxodo campesino consistió en el arribo de cerca de diez mil personas a Barrancabermeja provenientes de diversos municipios del Magdalena Medio, principalmente del sur de Bolívar, donde permanecieron por cerca de tres meses ocupando las instalaciones de diversas instituciones educativas. En las negociaciones con el gobierno nacional las exigencias de los campesinos giraron en torno al reconocimiento de la responsabilidad estatal en el surgimiento y expansión del paramilitarismo, la eliminación del fuero militar, el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la creación de una política estatal contra el paramilitarismo, entre otros. Debe resaltarse que esta movilización estuvo precedida por una anterior en 1996, cuando campesinos del sur de Bolívar se concentraron en Barrancabermeja, San Pablo y Tiquisio exigiendo titulación de tierras, infraestructura, reforma agraria y respeto a los derechos humanos (Bolívar, 2006b; Prada, 2006).

Las marchas realizadas entre 1999 y 2001 contra la realización de los diálogos de paz con el ELN a través del despeje de una zona en el sur de Bolívar fueron lideradas a nivel local por la Asociación Civil por la Paz de Colombia y a nivel regional y nacional por el Movimiento No al despeje. Ante la posibilidad del despeje9 de los municipios de Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Cantagallo en el sur de Bolívar y Yondó en Antioquia para la instauración de la Convención Nacional con el ELN, hubo una reacción en contra por parte de los pobladores de estos municipios.

De acuerdo con Gutiérrez (2004), la decisión del gobierno nacional de realizar diálogos con la guerrilla que había tenido mayor influencia en la región desde los años 70, justo cuando las AUC se habían instalado y controlaban las cabeceras municipales, desató reacciones adversas por parte de las élites locales -transportadores, comerciantes, ganaderos y grandes cultivadores de coca- que sintieron amenazados sus intereses recientemente fortalecidos con la expansión paramilitar; esto sumado al desgaste de las relaciones entre las guerrillas y la población civil y la subsecuente pérdida de la base social del ELN en la región. Igualmente, los políticos locales y los gobiernos municipales se manifestaron en contra de esta decisión del gobierno nacional.

Tanto el éxodo campesino como las marchas contra el despeje fueron señaladas por diversos sectores de ser promovidas por guerrillas y paramilitares, respectivamente. De acuerdo con Bolívar (2006b) esa visión que menosprecia a las marchas campesinas por estar presionadas por los armados tiende a confundir presión por causa y a tener una visión reducida de lo campesino -en tanto esperan que sus demandas se circunscriban a lo agrario- y de la política en la medida en que la comprenden como mero diálogo y consenso. Dejan de lado que los campesinos tienen sus propios motivos para protestar, concibiéndolos como sujetos política y socialmente inferiores, como interlocutores no válidos. Para la autora, desconocer el carácter político de la protesta por estar influenciada por actores armados contiene una visión dicotómica de la coacción y el consenso, que desconoce la historia y la experiencia, que olvida que la presencia de guerrillas y paramilitares en la región no son producto de la elección de los campesinos.

A nivel comunitario -veredal- la principal forma organizativa de los campesinos de la región fue y continúa siendo la Junta de Acción Comunal (JAC) veredal, cuyos primeros procesos de creación datan de 1970 (Alonso, 1997; Murillo, 1999; Murillo et al., 1994). Las JAC tienen como principal objetivo el desarrollo de actividades que propendan por el bienestar de los habitantes de la vereda. Con diferentes grados de cohesión, organización y articulación, las veredas de la zona de extracción campesina cuentan con una JAC que representa a sus habitantes ante la administración municipal y otros entes gubernamentales. En el caso estudiado, existe la particularidad de que la comunidad se ha organizado no solo en torno a la JAC, sino también en el Consejo Comunitario de Negritudes, pues esta figura organizativa de carácter étnico/racial les ha permitido mayores niveles de interlocución con instituciones locales y nacionales.

La violencia en la vereda: conflicto armado y regulación de los conflictos comunitarios

La violencia ha sido una constante en la vida de los habitantes de Las Acacias. Los más viejos tejen sus historias personales rememorando los años de la violencia bipartidista de los años cincuenta. Quienes provienen de la subregión sur del Magdalena Medio recuerdan la violencia paramilitar de los años ochenta que los obligó a desplazarse y a buscar refugio en otras zonas. Durante el proceso de colonización de tierras, la guerrilla de las Farc reguló los conflictos entre vecinos por definición de linderos, la explotación de madera y el manejo de animales. En esa época «la única autoridad era la guerrilla y al inspector de policía también lo mandaban ellos», comenta uno de los habitantes de la vereda durante una de mis visitas a campo.

Hacia finales de la década de 1990 los paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron a disputarle el control territorial a las guerrillas del ELN y las Farc en la región. La primera repercusión que esta confrontación tuvo para los habitantes de Las Acacias fue el asesinato de uno de sus líderes en marzo de 2000, quien era integrante de una asociación campesina de carácter regional, del Partido Comunista y ex concejal por el movimiento Unión Patriótica. Asimismo, había participado en las movilizaciones campesinas de 1996 y 1998.

Hacia el año 2002 los paramilitares lograron el control de la cabecera municipal -área urbana- e instalaron un retén sobre la carretera que se dirige hacia el área rural del municipio. Los habitantes de la vereda que se dirigían al «pueblo» tenían que enfrentar el puesto de control que había instalado el grupo armado. Así lo recuerdan Doña Mercedes en una de nuestras conversaciones:

Yo una vez venía del pueblo y traía toda la papelería del proyecto de ganado, ahí tenían una oficina cuando eso el Programa ;de Desarrollo y Paz; con lo del núcleo de pobladores y todas esas cosas. Entonces yo traía la papelería, en una carpeta que tenía todo lo de ese proyecto. ¡Ay mija! y ahí en la Y, ahí nos pararon, ahí nos pararon el carro, la línea, que veníamos entrando. Y yo traía la carpeta y nos hicieron bajar y quedó allá la carpeta. Y se subió un señor de esos a revisar allá, entonces preguntó que de quién era esa carpeta y le dije yo: - esa es mía. ; -¿qué lleva ahí? Es que eso es de un proyecto que tenemos allá en la vereda. Entonces me dijo: será como de eso de la Asociación de Campesinos Allá no. Nosotros somos de un consejo comunitario allá en la vereda. Y dijo: porque si es de eso aquí la dejo. No, si quiere revise. ¡Imagínese!

Todo eso le da a uno miedo. Nos cobraban la vacuna10 cuando traía cosas para el consejo. Una vez traía una sal, sí porque esos proyectos como traen sal ;para el ganado; y todas esas cosas.

No, que como era bastante tenía que darle vacuna, tuvimos que pagar 20 mil pesos. (Mercedes Campo, líder consejo comunitario, septiembre de 2019).

Tanto por la interpelación que le hace el paramilitar a doña Mercedes, como por el asesinato del líder campesino, para los integrantes del consejo comunitario era claro que «la persecución estaba sobre otra organización campesina de ahí mismo. Siempre que ;preguntaban;, esto es completamente independiente, esto no tiene nada que ver con eso, nosotros somos una comunidad así y así, somos afro» (Ángel Pereira, Profesor rural, noviembre de 2019). La necesidad de demarcar distancia de una organización campesina iba acompañada de una reivindicación de la identidad afro. En el marco de la guerra, ser de la «comunidad afro» se convirtió en un factor protector frente a los paramilitares, ser afro era garantía de no participar del movimiento campesino del Magdalena Medio. En otras palabras, «la etnicidad, o en su defecto la etnización, se planteaba como una opción para sustraerse de la dinámica que instauraban los grupos armados en determinados contexto» (Chaves, 2011, p. 22 ).

A la violencia paramilitar se sumó la violencia guerrillera. Si hasta entonces la guerrilla de las Farc solo había actuado como un mediador de los conflictos comunitarios, fue en el año 2005 que esta mediación tuvo como resultado el asesinato de habitantes de la vereda. Dos hermanos fueron asesinados en enero de 2005 en el centro del caserío, frente a la comunidad, por parte de integrantes de las Farc. Los hermanos, aserradores e hijos de una de las familias fundadoras de Las Acacias habían sido acusados de ladrones, acusación que les había significado la muerte. Actualmente poco se habla de ello y la muerte de estos dos hombres es recordada como una afectación al colectivo: «nos hicieron un daño grande al consejo, nos mataron dos negros», me decía doña Mercedes cuando recordaba el hecho. En septiembre de 2010 se registra otro caso. Un hombre es asesinado por las Farc tras haber sido acusado de matar a su madre, una campesina de la vereda. El joven era su hijo adoptivo y fue acusado de haber planeado y ejecutado el crimen para quedarse con la finca.

En el libro de actas de la Junta de Acción Comunal también se pueden rastrear las tentativas de las guerrillas por regular los conflictos comunitarios. Un acta de noviembre de 2013 se titula «reunión con toda la comunidad» y presenta como objetivo «reglas que se colocaron a la Junta de Acción Comunal». A seguir se enumeran una serie de reglas que incluyen el manejo de los animales, la caza, el horario de funcionamiento de las cantinas, las multas por inasistencia a los trabajos comunitarios, la necesidad de presentar a la junta los obreros o familiares que vienen a la vereda, entre otras normas comunitarias. Cuando indagué por esas reglas a miembros de la comunidad, la respuesta que obtuve fue: «un grupo armado». Para la época las Farc y el ELN hacían presencia en esa zona.

Por las conversaciones que establecí durante el trabajo de campo supe que los jóvenes de la vereda que se habían vinculado en años anteriores a las Farc no habían vuelto, pues se habían quedado en otro municipio donde había sido instalado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincoporación (ETCR), lugar de concentración y entrega de armas por parte de los integrantes del grupo armado en el marco del proceso de paz. Por su parte, el ELN hacía presencia esporádicamente en la vereda y sus alrededores.

Las Acacias, «una comunidad neutral»

En varias entrevistas con los miembros del consejo comunitario sobresalió la caracterización de Las Acacias como «una comunidad neutral» y que debido a esa característica cuando «empezó lo de los paramilitares y todo eso, que llegaron acá más o menos en el 2000, no hubo una incidencia muy directa sobre el territorio porque pues afortunadamente esa neutralidad que se mantuvo» (Ángel Pereira, profesor rural, noviembre de 2019). Esa neutralidad se ha traducido en un distanciamiento frente a temáticas referentes a los derechos humanos y en un acercamiento a las instituciones locales y nacionales, no solo en el marco de la ejecución de proyectos sociales, sino también para la regulación estatal de los conflictos.

Mi visita a campo en junio de 2019 empezaba a mostrarme como posible la hipótesis del distanciamiento de la comunidad frente a la regulación de las guerrillas y un acercamiento paulatino a las formas de regulación estatal.

Al finalizar una reunión de Junta de Acción Comunal en la que se discutían temas variados como la carretera veredal, el teléfono comunal, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio y la carnicería, integrantes del ELN irrumpen en la caseta comunal y señalan que están allí para «arreglar el problema del robo de una vaca». El encargado de la carnicería -a quien los rumores que venían de días atrás lo señalaban como responsable del robo- los interpela diciendo que él no fue y pregunta si puede seguir vendiendo carne. En coro, desordenadamente, los asistentes dicen sí puede seguir haciéndolo. A lo que el joven del ELN responde: «si la comunidad lo decide quién soy yo para impedirlo». También señala que «todos deben estar afiliados a la junta, no importa del color que sean, no importa si es negro o es blanco o amarillo», «el control va a ser por la carretera, después de las 9 pm no queremos gente por ahí» y «el llamado es a organizar la junta». En respuesta uno de los asistentes dice: «si ustedes exigen un orden, ustedes deben tener un orden con nosotros los campesinos». Y continúan los jóvenes del ELN: «No queremos viciosos, viciosos pa’ fuera». Don Alirio, líder del Consejo Comunitario, le contesta con ironía: «¿y los que fuman y toman, no?, también son vicios». Termina su intervención anunciando que «los paramilitares van a entrar a la región». Al finalizar salen de la caseta y abandonan el caserío. (Quijano Mejía, diario de campo, 2019)

La escena descrita remite a una intervención de la guerrilla del ELN en un conflicto entre vecinos, aprovechando la reunión mensual de la Junta de Acción Comunal para indagar a los campesinos sobre el «problema» y «darle solución». No es claro si alguien solicitó la intervención de la guerrilla, quizás los rumores sobre el robo de reses -que insistentemente habían señalado a un culpable: el carnicero- habían llamado la atención del grupo armado. Sin embargo, cuando la guerrilla estuvo ahí nadie se atrevió a señalar a un culpable, incluso apoyaron al carnicero para que continuara con su actividad económica.

Adicionalmente, podría decirse que algunos asistentes a la reunión desafiaron abiertamente a la guerrilla. En la escena se vislumbran tres actos de resistencia de la población a la regulación que la guerrilla intenta hacer: (i) al ampliar la categoría «viciosos» incluyendo a quienes «fuman y toman», esta pierde sentido como causal de sanción, pues tomar -ingerir alcohol- y fumar son hábitos de la mayor parte de la población adulta de la vereda, incluso de integrantes de la guerrilla; (ii) al decirles a los guerrilleros que ellos «deben tener un orden», se les señala el desorden con el que actúan en su relación «con la comunidad»; (iii) y a pesar de que los rumores, ninguno de los presentes aprobó que la guerrilla prohibiera al carnicero desarrollar su actividad económica. En este punto, en diálogos con James Scott (2000) y Cancimance (2014) sobre resistencia campesina, este último autor en el contexto del conflicto armado colombiano, permite entender que el posicionamiento del Consejo Comunitario como una «comunidad neutral» se configura en un acto de resistencia que posibilita su permanencia en el territorio.

La serie de acontecimientos históricos que anteceden la escena ayudan a entender por qué ninguno de los presentes optó por la «justicia guerrillera» (Espinosa, 2016) como solución. Primero, los hechos de violencia doméstica y conflictos comunitarios ocurridos entre 2005 y 2010, que contaron con la intervención de la guerrilla -específicamente las Farc- terminaron en asesinatos. Segundo, el avance y consolidación del paramilitarismo entre 1997 y 2006 reconfiguró los dominios armados en la región, siendo la guerrilla del ELN la más golpeada militar y políticamente; sumado a las movilizaciones contra el desarrollo del proceso de paz con este grupo armado en la región. Y tercero, la creación de la comunidad negra ha suscitado interacciones regulares entre los habitantes de la vereda y las instituciones del Estado y las ONG -Corporación Autónoma Regional, alcaldía, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-, acercando la población a las prácticas e intervenciones del Estado en temas productivos y sociales, en últimas, a su dominio. Desde el 2016, tras el proceso de paz con las Farc, la guerrilla del ELN intenta reconfigurar su relación con los pobladores rurales de la región, pero el devenir histórico del conflicto armado en el Magdalena Medio -avance del paramilitarismo, movilizaciones en contra del proceso de paz y las consecuencias de la guerra sobre la población civil- ha dejado al ELN con mucha menos influencia de la que tenía en la década de 1990.

Un nuevo hecho de violencia registrado en octubre de 2019 se constituyó en un nueva evidencia del distanciamiento de la comunidad frente a la regulación de las guerrillas y un acercamiento paulatino a las formas de regulación estatal. Don Aristides, un campesino habitante de la vereda había sido asesinado por un joven trabajador de su finca, el joven era un viejo conocido de la familia y había llegado para apoyar a don Aristides en los trabajos agrícolas. Cuando llegué a la vereda sus habitantes estaban consternados por el hecho y los relatos coincidían en señalar que después de que la comunidad escuchó los disparos, el joven llegó al caserío,, hecho que llamó la atención de los lugareños. Ante la sospecha, algunos hombres visitaron la finca y hallaron el cadáver en la finca y, posteriormente, apresaron al joven. En una reunión improvisada la comunidad decidió que el joven debía ser entregado a las autoridades, así, varios hombres viajaron en el carro de línea hasta la cabecera municipal y lo entregaron a la policía.

Estas últimas situaciones vienen al encuentro de los planteamientos de Chaves (2011) respecto a la ampliación del dominio del Estado en el contexto de la implementación de las políticas multiculturalistas. Según la autora, en nombre de la autonomía que los derechos étnicos otorgan a las comunidades indígenas y negras, estas ceden espacios para la intervención del Estado, introyectando sus funciones y facilitando la expansión de su dominio.

Consideraciones finales

En regiones de conflicto armado, los procesos de etnización han estado marcados por las estrategias de las poblaciones rurales para resistir a la violencia, como ha sido el caso de las comunidades negras en la región del Magdalena Medio. Los procesos históricos de poblamiento y colonización de los años 1970 conllevaron a que los habitantes de las zonas rurales se identificaran como campesinos colonos, pero ante la emergencia de las políticas multiculturalistas impulsadas por la Constitución de 1991 y el recrudecimiento del conflicto armado, las categorías étnico-raciales ganaron centralidad frente a la categoría campesino. Identificarse como comunidad negra o afrodescendientes ofreció la posibilidad de presentarse como población neutral en un contexto de confrontación armada y movilización social campesina. También ofreció la posibilidad de la formalización de la propiedad mediante la titulación colectiva y de acceso a recursos del Estado y la cooperación internacional a través de los proyectos productivos dirigidos a estos colectivos. Este proceso evidencia el carácter histórico, contextual y estratégico de las identidades e invita a deshacernos de las identidades fijas y preestablecidas que suelen ser impuestas a los pobladores rurales.

Por otra parte, el devenir del conflicto armado en la región en los últimos veinte años -principalmente el proceso de paz con las Farc y la desmovilización de las estructuras paramilitares agrupadas en las AUC- parecía favorecer una nueva entrada en escena del ELN en la región y, con ello, su participación en la regulación de los conflictos sociales en las comunidades. Sin embargo, como demostró el caso estudiado, esto dependerá de los niveles de interlocución que hayan alcanzado las comunidades rurales con la institucionalidad local y nacional y la evaluación que estas hagan de la respuesta del Estado a sus necesidades. De este modo, aún no se puede afirmar que la regulación estatal predominará en estos territorios. Las limitaciones de la financiación de la política social dirigida a las poblaciones étnicas y rurales en general, en el contexto neoliberal, juega en contra de esta posibilidad.

Referencias

Abrams, P., Gupta, A., & Mitchell, T. (2015). Antropología del Estado. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Alonso, M. (1997). Conflicto armado y configuración regional. Medellín: Universidad de Antioquia. [ Links ]

Archila, M. (2006a). Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990 - 2001. Bogotá: Colciencias, Cinep. [ Links ]

Archila, M. (2006b). Las identidades en el Magdalena Medio. En M. Archila (Ed.), Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001 (pp. 465-508). Bogotá: Colciencias, Cinep. [ Links ]

Arcila, M. T. (1994). Magdalena Medio. En A. Murillo (Ed.), Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio (pp. 13-85). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología / Plan Nacional de Rehabilitación. [ Links ]

Bolívar, I. (Ed.). (2006a). Identidades culturales y formación del Estado en Colombia: colonización, naturaleza y cultura. Bogotá: Universidad de los Andes. [ Links ]

Bolívar, I. (2006b). Transformaciones de la política: movilización social, atribución causal y configuraciones del Estado en el Magdalena Medio. En M. Archila (Ed.), Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001 (pp. 374-466). Bogotá: Colciencias, Cinep. [ Links ]

Cadavid, A. (1996). Magdalena Medio: una región que se construye por el río. Biblioteca Virtual PDPMM. http://186.170.30.3:8080/xmlui/handle/123456789/429Links ]

Cancimance, J. A. (2014). Echar raíces en medio del conflicto armado: resistencias cotidianas de colonos en Putumayo. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52046Links ]

Chaves, M. (2011). Presentanción. En M. Chaves (comp.). La multiculturalidad estatalizada. Indígenas, afrodescendientes y configuraciones de Estado (pp. 9-24). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. [ Links ]

Chaves, M., & Zambrano, M. (2009). Desafíos de la nación multicultural. Una mirada comparativa sobre la reindianización y el mestizaje en Colombia. En C. Martínez (Ed.), Repensando los movimientos indígenas (pp. 215-245). Flacso / Ministerio de Cultura del Ecuador. [ Links ]

Daas, V., & Poole, D. (2008). El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas. Cuadernos de Antropología Social , 27, 19-52 http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/article/view/4328/3844Links ]

Elias, N., & Scotson, J. L. (2016). Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios. México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Espinosa, N. (2016). Del control (los castigos insurgentes) a la autonomía (las sanciones comunitarias). Elementos para la transición de la justicia local en la sierra de La Macarena. El Agora USB, 16(2), 407. https://doi.org/10.21500/16578031.2451Links ]

Fajardo, D. (2012). Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios. Cahiers Des Amériques Latines, 71, 145-168. https://doi.org/10.4000/cal.2690Links ]

Garzón, A. (2016). Informe regional nordeste antioqueño y sur de Bolívar. En A. Dávila, G. Salazar, & A. González (Eds.). El conflicto en contexto. Un análisis en cinco regiones colombianas, 1998-2014, (pp. 295-343). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. [ Links ]

Gutiérrez, O. (2004). La oposición regional a las negociaciones con el ELN. Análisis Político, 52, 34-50. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/80439Links ]

Hall, S. (2019). El triángulo funesto. Raza, étnia y nación. Madrid: Traficante de Sueños. [ Links ]

Hall, S. (2003). Introducción: ¿quién necesita «identidad»? En S. Hall & P. du Gay (Eds.), Cuestiones de identidad cultural (pp. 13-39). Buenos Aires: Amorrortu editores S.A. [ Links ]

Hall, S. (1996). New ethnicities. En K. Chen & D. Morley (Ed.), Critical dialogues in cultural studies (pp. 441-449). London: Routledge [ Links ]

Hernández C., M. J. (2015). Asimetrías en la protección de la forma de vida campesina colombiana. Hacia una protección especial de la forma de vida campesina. Revista Controversia, 205, 303-331. https://doi.org/10.54118/controver.vi205.398Links ]

Hoffmann, O. (2016). Divergencias construidas, convergencias por construir. Identidad, territorio y gobierno en la ruralidad colombiana. Revista Colombiana de Antropología, 52(1), 17-39. https://doi.org/10.22380/2539472X1Links ]

Machado, A. (2004). Colonización y academia. Estudios e incidencia en la formulación de políticas. En A. Machado (Ed.), La academia y el sector rural. (pp. 151-222). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [ Links ]

Madariaga, P. (2006). Región, actores y conflicto: los episodios. En M. Archila (Ed.), Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001 (pp. 37-84). Bogotá: Colciencias, Cinep. [ Links ]

Medina, C. (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación: el caso Puerto Boyacá. Bogotá: Editorial documentos periodísticos. [ Links ]

Murillo, A. (1999). Historia y sociedad en el Magdalena Medio. Controversia, 38(174), 36-54. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100917090910/Con-flictotregionhistoriaysociedadenelmagdalenamedioControversiaNo17.pdfLinks ]

Murillo, A., Arcila, M. T., Alonso, M., Restrepo, G., & Bonilla, G. (1994). Un mundo que se mueve como el río. Historia regional del Magdalena Medio. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología-ICAN; Plan Nacional de Rehabilitación-PNR. [ Links ]

PDPMM, (2015). El Programa. Cobertura territorial. https://www.pdpmm.org.co/index.php/el-programaLinks ]

Prada, E. (2006). Las luchas campesinas en el Magdalena Medio. En Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001 (pp. 165-242). Bogotá: Colciencias, Cinep. [ Links ]

Restrepo, E. (2013). Etnización de la negridad: la invención de las «comunidades negras» como grupo étnico en Colombia. Popayán: Universidad del Cauca. [ Links ]

Ruiz, D. (2011). Etnicidad, Estado y organizaciones de comunidades negras en el Bajo Atrato. En M. Chaves (Compiladora), La multiculturalidad estatalizada. Indígenas, afrodescendientes y configuraciones de Estado (pp. 169-178). Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH. [ Links ]

Ruiz, D. (2006). Nuevas formas de ser negro. Consideraciones sobre las identidades entre la gente chilapa y negra del Bajo Atrato chocoano. En I. Bolívar (Ed.), Identidades culturales y la formación del Estado en Colombia. Colonización, naturaleza y cultura (pp. 209-248). Bogotá: Universidad de los Andes. [ Links ]

Scott, J. C. (2000). Los dominados y el arte de la resistencia. México: Ediciones Era. [ Links ]

Serje, M. (2011). El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá: Universidad de los Andes. [ Links ]

Vargas, A. (1992). Magdalena Medio santandereano. Colonización y conflicto armado. Bogotá: CINEP. [ Links ]

Vásquez, T. (2006). Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990 - 2001. En Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001 (pp. 313-368). Bogotá: Colciencias, Cinep. [ Links ]

Vicepresidencia de la República. (2001). Panorama actual del Magdalena Medio. Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/magdalenamedio/index.htm Links ]

Viloria de la Hoz, J. (2009). Economía y conflicto en el cono sur del departamento de Bolívar. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana, 110. Banco de la República. http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3020Links ]

Wade, P. (2020). Espacio, región y racialización en Colombia. Revista de Geografía Norte Grande, 76, 31-49. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022020000200031 Links ]

1 Este artículo es parte de la investigación desarrollada en el marco del doctorado en Sociología de la Universidade Federal de São Carlos, Brasil, con el apoyo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Brasil (CAPES).

3Serje (2011) nos alerta sobre el mito de la ausencia del Estado y cómo ha sido usado para justificar la intervención de este y sus instituciones en las llamadas zonas de colonización.

4El PDPMM es una iniciativa de la Unión Sindical Obrera, la Empresa Colombiana de Petróleos, la Diócesis de Barrancabermeja y el Centro de Investigación Popular surgida en 1995 orientada a entender y superar las condiciones de pobreza y conflictividad en la región (Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 2015).

5Al respecto, puede consultarse el estudio Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación: el caso Puerto Boyacá (Medina, 1990).

6Esta situación se debe a que, en un inicio, la propuesta de conformación de una comunidad negra bajo los parámetros de la Ley 70/1993 incluía veredas vecinas, pero, en el proceso, solo la comunidad de Las Acacias aceptó la titulación colectiva: en las otras veredas primó la idea de propiedad individual/familiar. A pesar de ello, algunos líderes del proceso, cuya vereda no aceptó la titulación colectiva, decidieron afiliarse al consejo comunitario de Las Acacias.

7Al respecto, es interesante considerar las similitudes con el caso del Bajo Atrato chocoano analizado por Daniel Ruiz (2006, 2011), en donde la relación de las comunidades negras y mestizas con el Estado tienen como elemento central la etnicidad y los derechos a ella asociados. Allí negros y chilapos (mestizos, campesinos colonos provenientes de Córdoba) empezaron a pensarse como comunidad a partir de las experiencias compartidas del conflicto armado y el proceso organizativo, en busca de reivindicar sus derechos. De ese modo, afirmaron su identidad en presupuestos más amplios que los estipulados en la Ley 70 de 1993.

8Aunque el municipio de Yondó pertenece al departamento de Antioquia y se ubica en el eje central del Magdalena Medio, la dinámica de la confrontación armada ha seguido la dinámica de los municipios vecinos del sur de Bolívar.

9Despeje se refiere a una zona desmilitarizada en la cual se pudieran llevar a cabo las negociaciones de paz con la guerrilla. La figura fue usada en el sur del país para el desarrollo de los diálogos entre las Farc-EP y el gobierno de Andrés Pastrana.

10Extorsión

2Profesora.

Recibido: 30 de Marzo de 2021; Aprobado: 24 de Agosto de 2021

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