A manera de introducción: los contextos enunciativos

Las interpretaciones sociales acerca del fenómeno de la violencia en la costa Pacífica del departamento del Cauca surgen de la necesidad por comprender, de forma colectiva, las fuerzas que han venido transformando el territorio, dificultando cada vez más, que las comunidades sean las protagonistas en la construcción de su realidad. Los tres municipios que componen el Pacifico caucano (Guapi, Timbiquí y López de Micay) han sido el escenario de procesos que no necesariamente surgen de su propia historia. Las violencias que aquí se relatan y analizan se materializan desde agenciamientos externos sobre los cuales las poblaciones locales tienen una bajísima capacidad de control. La explotación intensiva de recursos naturales (la extracción maderera, la pesca de mar y la captura de recursos hidrobiológicos), la minería de oro y, más recientemente, la siembra, el procesamiento y transformación de la hoja de coca, han creado complejos escenarios de tensión social ajenos a las comunidades dejando a su paso miseria, sufrimiento y desolación por cuenta de fuerzas y actores foráneos (legales e ilegales), públicos y de naturaleza privada.

Es igualmente llamativo que los análisis, las metodologías empleadas, los resultados de las interpretaciones sobre los fenómenos de violencia que ocurren en su interior, son mayoritariamente elaborados por agentes externos, con parámetros investigativos correspondientes a las ciencias sociales, ignorando en buena parte las representaciones y vivencias del conflicto visto desde sus propios protagonistas. Las variables y estadísticas sobre los diferentes conflictos han sido elaboradas por las instituciones del Estado y validadas no en pocas ocasiones por la academia, por lo tanto, los resultados y análisis poseen un fuerte matiz foráneo. Así se autoreferencien con la apariencia de ser participativos, su estructura analítica corresponde a mecanismos ideológicos, políticos y epistémicos desde los cuales se reproducen formas de dominación de un modelo colonial contemporáneo.

Lo narrado en el párrafo anterior, es definido por Michel ^{Foucault (1987}) cuando afirma que

en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. (^{Foucault, 1987, p.11} )

Desde esta perspectiva, se excluyen las verdades incomodas y las interpretaciones sociales diferentes a las dadas por las estructuras del poder institucionalizado. La violencia se explica como necesidad de imposición de un orden en el marco del modelo y no como se afirma en el enfoque de este artículo, como producto de su aplicación y de la necesidad de subvertirlo. En este sentido, la solución no se encuentra en la aplicación de políticas públicas ni en lecturas que precisen un forzamiento de los acontecimientos en un sistema tanto epistemológico como socio-económico, que no encuentra asidero en la historia, la cultura y la realidad de la región del Pacífico.

La conversación social es un acercamiento multivocal, una forma alterna de producir conocimiento. La metodología seguida en la construcción del texto implicó la reflexión acerca de la realidad de región; el grupo de trabajo fue integrado por hombres y mujeres habitantes de los tres municipios mencionados del Pacífico caucano, líderes sociales, profesionales de la zona y activistas de los movimientos de comunidades negras². Desde su perspectiva, no es posible entender al Pacífico desde un antes y un después de la firma del proceso de paz con las Farc, la problemática regional reviste un carácter mucho más complejo con una gran profundidad histórica que la explica, constituye y da significación. A las prácticas culturales creadas en la zona por siglos de habitación en este territorio, conformadas por una gran variedad de rasgos provenientes de diferentes comunidades africanas traídas como mano de obra esclava, la influencia de las comunidades indígenas que habitan la zona desde antes de la conquista y el mundo español, que trajo consigo el régimen esclavista y el proceso del colonialismo; se unen las características de biodiversidad de la selva húmeda tropical y el aislamiento geográfico, que permitió la configuración de un sistema cultural propio que se desenvolvió por siglos en este sector del Cauca. Estos elementos son igualmente significativos para entender la violencia, la marginalidad y las enormes diferencias de acceso de estas comunidades a los procesos de desarrollo colombiano y las relaciones asimétricas de poder con otros actores de la realidad nacional.

Las violencias que ocurren en estos municipios se configuran y articulan como parte constitutiva de fenómenos (institucionales y no institucionales; legales e ilegales), a los cuales fue sometido el territorio por fuerzas externas que leen en su posición geográfica de aislamiento, un espacio más que propicio para el incremento de cultivos de coca (y de sus mecanismos de trasformación) o el tráfico de armas, además la existencia de recursos mineros, forestales y de pesca, han sumado elementos para constituir espacios y geografías del terror en la región (^{Oslender, 2004}), en los cuales la violencia en múltiples variantes, opera como la fuerza de dirección para concretar la implementación de proyectos geo- económicos y de control territorial, no pocos de ellos, por fuera de los órdenes jurídicos nacionales y de la voluntad de sus habitantes.³

Estos hechos y vivencias violentas operan además como (re)configuradores territoriales, trazando rutas, lugares prohibidos, espacios de muerte, territorios confinados o restringidos, que quizá no aparezcan visibilizados en la mayoría de mapas oficiales, pero que sin duda sí se incorporan como cartografías corporales en la vida de sus habitantes. (^{Clavijo, 2014, pp.43-44} )

En este sentido, es necesario precisar que la porción de la costa Pacífica correspondiente al Cauca, se encuentra entre dos de los sectores más conflictivos de la región, Buenaventura con el agudo recrudecimiento de violencias, al norte, y las costas de Nariño, al sur. Sobre las costas nariñenses (en donde se encuentra el puerto de Tumaco y los municipios de Barbacoas, Pizarro, Olaya Herrera, El Charco y Mosquera), se libra en la actualidad una guerra civil entre los diversos grupos armados, según la expresión del analista de la fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, el «arranque del año 2021 ha sido el más violento desde la firma del Acuerdo de Paz» (Caracol Radio, 27-01-21); situación que ha encarnado en el Pacífico nariñense un escenario de guerra, solo en la primera quincena de enero tuvo lugar una matanza de 11 personas, a la que se suman amenazas permanentes a la población civil, desplazamientos forzados y confinamiento de poblaciones en sus propios territorios. En este contexto, la región Pacífica caucana no solo es afectada por las situaciones antes descritas, sino que además es depositaria de otras líneas de violencias que se desplazan desde la cordillera Occidental; municipios como el Tambo, Argelia y Balboa, desde donde se establecen corredores estratégicos que terminan desembocando en el Pacífico. Un ejemplo particular al respecto lo consolida la zona denominada como el «Cañón del Micay», a través del cual se articula paso de tropas de grupos ilegales, armas, suministros y narcóticos producidos en muchas de las inmediaciones la Cordillera Occidental en su paso por el departamento del Cauca.

Lo expuesto en el anterior párrafo nos permite entender las limitaciones de establecer generalizaciones al hablar del Pacífico, más aún en una circunscripción territorial como la departamental. Cuando se realizan análisis multi-escalares, por ejemplo, las diferentes zonas o subregiones que lo componen presentan características similares desde lo ecosistémicos y socio-cultural, pero, aun así, en la medida en que aumentamos el zoom del nivel de observación, lo que era constante y común, varía y se complejiza, razón por la cual no es posible que pueda considerarse como un territorio isomórfico. Los procesos de historia social, las formas de organización y resistencia, los actores y protagonistas de la violencia y el conflicto, revisten también diferentes formas de operación, intensidad y regularidad en sus actos, por lo tanto, la articulación de las zonas es diferente. El Pacífico caucano, por ejemplo, encuentra un particular patrón de aislamiento geográfico por la no existencia de vías terrestres entre la costa y el interior, como sí ocurre en los departamentos del Choco, Valle del Cauca y Nariño, este elemento, entre otros, permite establecer la necesidad de analizar las particularidades que reviste el conflicto en los tres municipios que hacen parte del Litoral en el departamento del Cauca. El aislamiento geográfico, es paralelo al social y económico, constituyéndose en un área periférica, que contrasta con la abundancia de sus recursos, factores que son aprovechados por buscadores de fortuna que actúan de igual forma dentro o fuera del sistema legal, creando una disputa por el control del territorio y desplazando, en muchos casos, a las comunidades nativas.

Como insinuábamos antes, la reflexión colectiva de miembros de la comunidad implicó la necesidad de ampliar la interpretación de las violencias en otros aspectos, sin los cuales no es posible entender el fenómeno. Los procesos de conformación de la historia social de la zona son primordiales en la compresión de la marginalidad y la no entrada a la modernidad de esta parte del Cauca; la brecha social, económica y la muy escasa presencia activa de instituciones del Estado, contribuyen a explicar la facilidad de consolidación de economías extractivas y agrícolas ilícitas a la vista del Estado y la sociedad colombiana. Los ecosistemas de selva húmeda tropical, de esteros, y la comunicación fluvial y marítima facilitan el componente de producción y tráfico de narcóticos y la introducción de armas en la lucha por el control territorial. Otro elemento sustancial sin el cual no se comprende el conflicto en el Pacífico caucano, ha sido la capacidad de movilización y resistencia social de sus organizaciones que, con la fuerza de sus acciones, de su identidad y de su cultura, han creado mecanismos de contrapeso interno a los fenómenos externos que los agobian. Estos aspectos definen una desigualdad y tipifican unas relaciones de poder que se expresan en la cotidianidad de la vida de los tres municipios. Los aspectos señalados e identificados en las conversaciones sociales contribuyen a la elaboración de los argumentos explicativos de la realidad del conflicto en la zona.

Desde la experiencia y la vivencia directa, unida a la razón académica, expresada en la búsqueda de fuentes secundarias cualitativas y cuantitativas, complementadas con argumentos teóricos, se resalta la emocionalidad expuesta por miembros de las comunidades negras sobre las vivencias de la realidad actual del territorio y la lucha de resistencia por las reivindicaciones sociales y culturales de la región. Esto permitió desde la construcción teórica, un intento de exorcizar los peligros de la historia única, es decir, de la versión que proviene de la razón y el enfoque institucional tanto del gobierno como de aquellas que construyen desde afuera las representaciones de una realidad ajena, distante en el espacio y la memoria, donde «la presencia empírica del otro se convierte en su ausencia teórica, un truco de magia que tiene la intención y las funciones comunes de mantener al otro fuera del tiempo de la antropología» (^{Fabian, 2019, p.11} ).

La profundidad histórica del fenómeno, los aspectos políticos involucrados, las cuestiones medio ambientales, sociales y narrativas que incluyen emociones, como el miedo, la rabia, la impotencia, pero también la determinación de proseguir los procesos de resistencia y la búsqueda de su autonomía política y territorial, conforman el espíritu de este análisis, y expresan una nueva relación de compromiso y proximidad con las comunidades y sus territorios. Un producto de conocimiento basado en la creación de espacios donde se concreta una epistemología de la colaboración⁴; estos elementos permiten superar las limitaciones propias de las ciencias sociales e introducirnos en procesos enmarcados en las tendencias de la decolonalidad, de la reivindicación de los saberes y prácticas locales como soporte reflexivo de su propia realidad, teniendo como horizonte contribuir a la negación de la objetividad y universalidad de los productos del conocimiento.

La trayectoria histórica de las violencias

Las expresiones de la violencia y el conflicto en la costa Pacífica caucana pueden resultar incomprensibles si no se tiene en cuenta la profundidad histórica que ha conformado escenarios de discriminación socio-cultural, y que a su vez ha generado hechos y eventos que configuran la existencia de larga duración de lo que es posible definir como ‘violencia estructural’ y ‘sistémica’, que ha establecido una forma de relacionamiento con otros sectores de la sociedad colombiana. Según Fernand Braudel, citado por ^{Uribe (2007}), los acontecimientos históricos pueden ser «testimonio de movimientos muy profundos y anexar un tiempo muy superior a su propia duración» (^{Uribe, 2007, p.16}). Desde esta perspectiva, las actuales modalidades de violencia relatadas en este texto, las respuestas de resistencia cultural y los actuales movimientos sociales de la región, se constituyen en una suerte de continuidad de las ocurridas desde el periodo colonial. De acuerdo con la posición de los participantes en las conversaciones, históricamente la zona se ha estudiado desde los fenómenos asociados al periodo de la esclavitud, y en consecuencia se subvaloran o desconocen los aportes de las comunidades a la construcción de la nacionalidad en periodos posteriores al fin del régimen esclavista.

Investigaciones arqueológicas y sociales sobre la zona, establecen que el Pacífico colombiano presenta tres momentos históricos definidos: el poblamiento «nativo indígena, que deja su profundidad histórica con fechas que pueden abarcar desde el siglo II antes de Cristo hasta fechas coincidentes con el periodo colonial español a partir del siglo XVI» (^{Patiño, 2014, p. 31} ); el periodo denominado como Pacífico negro se consolida en el siglo XVII cuando se ordenan repetidamente y en forma imperativa la conquista de los territorios auríferos del Pacífico. Se logran precozmente hacia 1610, implantar de forma estable los primeros tres enclaves mineros; aquél del sur centrado sobre el poblado de Barbacoas, aquel Raposo (muy cercano a la Buenaventura del río Anchicayá), y al norte el real de minas de San Juan de Novita. (^{Aprile-Gniset, 1993, pp.22-23} )

El tercer periodo es el republicano, donde solo se cambia el orden de poder desde Europa por el procedente de los criollos de la Nueva Granada. A la luz de la clasificación expuesta, es evidente que los procesos de poblamiento territorial del Pacífico se establecieron a partir de intereses foráneos, dando estructura a la sociedad y la economía local, como producto de la dominación y la imposición del modelo esclavista.

Para el enfoque de este artículo, las condiciones actuales de violencia en la zona, pueden ser explicadas por procesos sucedidos desde el siglo XVI, donde se configuran las características que contienen la argumentación de separación y marginalidad espacial, segregación social y cultural, basado en la noción de pureza de sangre (^{Castro-Gómez, 2010}), lo anterior unido a las estructuras ideológicas sobre la supremacía cultural europea, tuvieron un significado particular en la costa Pacífica. Ahí nació un proyecto de negación del valor cultural de la gente negra que, por su diferencia cultural, su color, su fenotipo y en general, todo lo relacionado con su existencia, eran ubicados en una escala de progreso inferior al mundo europeo. El proyecto de la modernidad y la ilustración soportado en estructuras filosóficas, científicas, raciales y políticas, establecían que el hombre europeo se constituía en el pináculo de la evolución humana y sus formas de vida, economía y pensamiento como los referentes del mundo moderno civilizado.

Es tan fuerte el peso del señalamiento de la inferioridad cultural de las poblaciones negras del Pacífico, que, en una de las conversaciones con actores locales de López de Micay, Marcial Ardila expresó que muchos de los habitantes de este río tienen todavía «sangre de esclavo » , al referirse a la falta de emprendimiento, autonomía personal y capacidad para definir su propia vida. Ecos sociales de los sistemas de esclavitud iniciados en el siglo XVI.

Los viajes de descubrimiento y conquista definieron el inicio del periodo colonial, durante el cual los países europeos conformaron su dominación de los espacios y geografías de otros continentes y culturas diferentes, las cuales fueron catalogadas como inferiores, y muchos de los espacios ocupados por ellas como no aptos para la civilización moderna y la vida de los europeos (^{Wade, 2020}). Este elemento se constituyó en un argumento de representación de la costa Pacífica y justificación de su negación y marginación de la vida colonial, principio que trascendería a la vida república. Sofonías Yacup, representante político de la zona, lo definió como el «Litoral recóndito», en alusión a su invisibilidad de esta parte del mundo para la vida del país (^{Osorio, 2018}).

Esta doble negación contribuye a definir una violencia epistémica y ontológica al ser despojadas las comunidades negras que lo habitan de su valor cultural, y las características ecológicas y geográficas como confines, donde no es posible la vida civilizada y moderna de los españoles.

Las relaciones históricas y económicas de la sociedad colonial y republicana de Popayán son capturadas por Alfredo ^{Molano (2017}) cuando escribe sobre Timbiquí, afirmando que es un:

Puerto en un río nombrado desde el siglo XVII por sus minas de oro, que llegaron a manos de las familias Mosquera y Arboleda antes de la independencia. Tomas Cipriano de Mosquera -el «Gran General»- era también un gran negociante, y una de sus más lucrativas empresas fue la del oro de Timbiquí, tanto que su hija se casó con un minero norteamericano. En el pueblo de San Vicente de Sese, afluente del río Timbiquí, nació en 1817 su pariente Julio Arboleda, pésimo poeta y pésimo militar. El padre don Julio era un recalcitrante esclavista que vendió a esclavistas peruanos 99 vientres de esclavas negras y 133 niños antes de que otro caucano, José Hilario López, decretara la abolición de la esclavitud. (^{Molano, 2017, p.67} )

Las representaciones sobre la región del Pacífico elaboradas desde su exterioridad espacial y cultural, establecen una imagen de esta región del Cauca y de sus pobladores esclavos, como un territorio no habitable para la civilización y la vida moderna europea: infieles, practicantes de brujería y sumidos en la barbarie. Se enmarca aquí lo que ^{Margarita Serje (;2005; 2011)} ha denominado «el revés de la nación», lugares en los cuales los procesos del mundo moderno no han establecido su hegemonía y no han sido incorporados a la vida del país. En términos geográficos, la autora define que los territorios al oriente y occidente del sector andino colombiano, que incluyen la costa Pacífica, son territorios marginales y marginados, reconocidos por su riqueza, (hoy representada en su riqueza minera), su biodiversidad, pero temidos por la rudeza de su clima y del ecosistema de selva, y las prácticas culturales de sus habitantes. La entrada de estos territorios al relato fundacional de la nación pasa según su argumento por dos imágenes focales:

La primera, la de la enorme riqueza que encierran. Desde la Conquista las regiones «por explorar» en América se han visto como la tierra de promisión. ;…; Esta quimera ha marcado permanentemente la relación con estos territorios, que han sido desde entonces el escenario de desaforadas empresas que pretenden realizar la promesa de su riqueza. ;…; La segunda imagen focal es la de su violencia constitutiva. La amenaza que representan. Nunca han dejado de ser «tierras de nadie», «zonas rojas». ;…;. El mapa de lo que fueron una vez los territorios salvajes que se entregaron para ser civilizados a las prefecturas y los vicariatos se asemeja enormemente al mapa de las actualmente llamadas «fronteras internas», expresión con la que se resalta el sentido de frentes de expansión del proyecto nacional, por lo que uno de los aspectos centrales con las que éstas se caracterizan es precisamente la de la ausencia del Estado⁵. (^{Serje, ;2005; 2011, pp. 18-19}; énfasis agregado)

La articulación socio-espacial asimétrica con otras regiones como el Valle del Cauca y Popayán se basan en economías extractivas y de producción de aceite de palma, factores que los inversionistas del Valle del Cauca (y otros sectores del país) han querido implementar en estos territorios de forma similar a las experiencias de agro industrialización de la región en Tumaco con la palma de aceite y la producción de camarones en piscinas cerca al mar (^{Escobar, 2010}). Estas incursiones del modelo capitalista ejemplifican la violencia epistémica y ontológica, donde las comunidades de la zona sufrieron un proceso de desplazamiento y pérdida de sus territorios, la fragmentación ambiental de la región y la pauperización de muchas comunidades locales. Uno de los líderes locales, expresa, de forma divertida, que para la sociedad payanesa la carretera al Pacífico caucano debe hacerse de una sola vía, porque si es doble se pueden venir «todos los negros para Popayán»⁶.

Otras representaciones y narraciones efectuadas en las conversaciones sociales acerca de las concepciones externas sobre la zona, se constituyen en la versión del siglo XX, en estas, el Pacífico caucano entra a ser denotado desde una noción de «distancia» y de «confín», «muestran en su tras escena este conjunto de imágenes que reproduce la retórica colonial que estas tierras de nadie sumidas en las tinieblas primitivas del salvajismo y la barbarie» (^{Serje ;2005; 2011, p.19}). Hoy, ir al encuentro del Pacífico y de sus comunidades, todavía es una aventura, un desplazamiento en el espacio y en el tiempo a un territorio poblado por nuevas formas de esclavitud, afectado por la minería ilegal, el narcotráfico y los grupos armados, un espacio de ocurrencia de implantación de modelos externos, interpretados con argumentos y teorías externas.

Los aspectos históricos y las circunstancias descritas soportan la necesidad de buscar enfoques diferentes en la interpretación de las violencias que se presentan en la zona, entre ellos, la posibilidad de involucrar las ontologías locales que sufren y experimentan las diferentes formas históricas y actuales de la violencia. Lo anterior en aras de contraponer las versiones estatales y científicas que sobre la zona se han generado a través del tiempo, situación que concuerda con la acepción del término «heteronomía» dado por ^{Foucault (1987}), entendida en el sentido kantiano por ser un discurso generado por un sujeto diferente al que debe acatarlo, desconociendo así sus propias prácticas y estructuras epistémicas. En otras palabras, se creó una suplantación de las voces locales sobre la interpretación de su propia realidad. En la actualidad, muchas de las luchas de resistencia de los movimientos de la zona se esfuerzan por recobrar en sentido del ser cultural, su propia voz y su autonomía como estrategias para exorcizar el flagelo de las violencias, la orientación de sus comunidades y el manejo de sus territorios.

La narración del antropólogo Rogerio Velázquez, efectuada hacia la mitad del siglo XX sobre el Pacífico, continúa siendo una representación que ha perdurado por más de cuatro siglos sobre la región, cuando cuenta «que un anónimo maestro de escuela, en un lugar remoto de la selva del Chocó, les enseñe a sus alumnos que el país queda detrás de las montañas, es decir lejos de la selva pacífica» (^{Burgos, 2010, p.236} ).

Exclusión, marginalidad y desarrollo

Desde finales del siglo anterior, el antropólogo Arturo ^{Escobar (Escobar & Pedrosa, 1996}), (²⁰¹⁰, ²⁰¹⁴), advertía sobre las consecuencias sociales y ambientales negativas de las acciones sobre la implementación de proyectos de desarrollo en el Pacífico, con la siembra de grandes extensiones de palma africana en la región de Tumaco, acaecida como una iniciativa de empresarios del Valle del Cauca para la transformación productiva de esta región. Este emprendimiento económico, desde la visión de los inversionistas, tenía, entre otras, la intencionalidad de romper con los archipiélagos, que se constituyen en fracturas espaciales, donde se aprecian modernizaciones incompletas, donde la globalización es débil y las articulaciones a la economía regional, nacional y mundial son muy precarias. Desde la Constitución de 1863 se definió que estas regiones no eran capaces de gobernarse por sí mismas. El historiador Guido Barona (1998), afirma que el siglo XIX definió para la gobernación de Popayán una incapacidad institucional de gobernar extensas zonas de su jurisdicción, dando como resultado en la actualidad un desequilibrio de acceso al desarrollo, que se evidencia en los indicadores sociales y económicos de los diferentes municipios que actualmente conforman el departamento del Cauca. Muchas de las condiciones coloniales, caracterizadas entre otras por la ausencia de control territorial, la fragmentación del espacio político y la no presencia de autoridades de gobierno en muchas de las regiones que componen el Cauca, siguen constituyéndose en problemas estructurales, creando periferias y fronteras internas donde no opera la racionalidad del gobierno.

En el Cauca, se cumplen los principios del geógrafo Vincent ^{Gousët (2006}), cuando afirma que en buena parte del país existe un déficit de territorialidad, ocasionado por el excesivo centralismo de la acción del gobierno y de las instituciones que lo componen. Estas características definen que extensos territorios que componen su jurisdicción presentan escasa o nula relación con el centro político de Popayán. Es un territorio entonces marginado desde el sentido espacial, con baja densidad poblacional, baja presencia institucional y precarias relaciones con la economía formal.

En los municipios que componen la costa Pacífica caucana se evidencian las condiciones señaladas, las relaciones comerciales legales las efectúan por medio de Buenaventura, siendo otros referentes, poblaciones del norte del Cauca como Santander de Quilichao y Puerto Tejada, y Palmira y Cali en el Valle del Cauca, con quienes se tiene fuertes vínculos comerciales, sociales, culturales y políticos. Tres variables contribuyen a explicar las asimetrías del acceso al desarrollo, corroboradas por indicadores y mediciones con las que se clasifica este indicador, todas ellas surgidas de los modelos de medición del crecimiento, creadas por países desarrollados, que no tienen en cuenta las particularidades de las circunstancias locales y los contextos cultuales donde se efectúa la medición. Aun así, se aprecia la gran diferencia de las condiciones de vida entre las poblaciones que componen el departamento.

La primera variable a la que es necesario hacer referencia, es que Popayán, la capital del departamento, concentra las mayores condiciones de desarrollo del Cauca, siendo sus indicadores más altos que los promedios del país; conformando un centralismo regional, donde se incluyen aspectos de crecimiento económico y desarrollo social, entendidos como oferta de salud, educación primaria, media y superior, saneamiento básico y facilidades de trabajo y mejoramiento de las condiciones de vida establecidas por el sistema, como expectativa de vida al nacer, necesidades básicas insatisfechas y calidad de vida, entre otros indicadores de desarrollo. A medida que una población o grupo humano se distancia espacialmente de la capital, es notorio el deterioro de estos indicadores.

La segunda variable es de orden infraestructural, las zonas de mejores indicadores de calidad de vida y de otros indicadores de desarrollo, se encuentran alrededor del eje longitudinal de la carretera Panamericana, y en forma exponencial, cerca de la capital departamental. A medida que se alejan de estos puntos, igualmente se deterioran los indicadores de desarrollo. La tercera variable para entender los desequilibrios a los beneficios de acceso al desarrollo de las comunidades que conforman la sociedad departamental, es la diferencia cultural, la otredad, representada en los grupos étnicos indígenas y la población afrocolombiana, especialmente la del Pacífico. Estos grupos representan las poblaciones con menores índices de desarrollo en el departamento y habitan territorios marginales o ausentes de la presencia del Estado.

Como estrategia de documentar estas diferencias en el desarrollo, se toman dos sistemas de referencia que engloban más de tres variables, que muestran a su vez los niveles de pobreza, su distribución espacial y la brecha entre las diferentes regiones que conforman el departamento. El Índice de Calidad de Vida (ICV) y el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que, si bien expresan el desarrollo con referentes generados para sociedades en el marco del desarrollo capitalista y la teoría de la modernidad, creando un ocultamiento de la diversidad cultural donde se inscriben diferentes conceptos de bienestar y calidad de vida, permiten referenciar la acción del estado y de las estrategias de la modernidad para satisfacer las necesidades de sus pobladores (ver Tabla 1). En la actualidad no es posible entender ninguna sociedad en el departamento, por diferente que sea, sin servicios públicos, saneamiento básico, educación y salud propia, fortalecidas por las políticas públicas diferenciales que propendan por la autonomía de estos grupos.

Tabla 1 Índice de Condiciones de Vida e Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

Fuente: elaboración propia con base en: www.dane.gov.co (24-01-2021).

De acuerdo a lo establecido por el Departamento Nacional de Planeación, el ICV cuantifica y caracteriza las condiciones de vida. Incluye variables relacionadas con la vivienda, servicios públicos, número de miembros del hogar, tenencia de bienes y percepción de jefe o cónyuge sobre condiciones de vida en el hogar. La métrica establece que mientras esté más cercano a 100, las condiciones de vida son mejores. Las estadísticas del cuadro anterior, establecen las grandes brechas entre la población afrocolombiana del Pacífico y otros sectores de población residente en regiones diferentes del departamento. Entre las cifras de los municipios del Pacífico y Popayán existen alrededor de 30 puntos, que representan el 30% de menor calidad de vida.

El NBI permite medir el porcentaje de personas que tienen una o más necesidades para subsistir en la sociedad a la cual pertenecen. Se constituye en un indicador inverso, entre más alta es la calificación, peores son las condiciones de vida, en aspectos como infraestructura, dependencia económica y asistencia escolar. De acuerdo al cuadro donde se condensa la información, se aprecian las magnas diferencias entre la costa Pacífica, Popayán y el promedio del Cauca. Estas estadísticas, corroboran la pobreza, exclusión y marginalidad en términos de desarrollo, el promedio de los tres municipios del Pacífico es de 68.46%, frente al 9.1%, que representa 59.36% de más de necesidades básicas insatisfechas.

Otros estudios como los generados desde el ^{Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)} sobre la población afrocolombiana frente a los objetivos del milenio, concluyen que, en las regiones de alta concentración de esta población, persisten inequidades y las estadísticas de medición del desarrollo son muy distantes a los promedios nacionales. A pesar de los avances constituciones y normativos que se desprenden de la Constitución de 1991, no existe para esta población un crecimiento económico, ni desarrollo social, entendido como la presencia estatal en salud y educación. Abundan en el papel derechos legales muy diferentes a las condiciones reales, lo que reitera la marginalidad, exclusión e invisibilidad, estructural e histórica de estas regiones y poblaciones.

Otro aspecto de los procesos de desarrollo es el incumplimiento de la ejecución de lo establecido en el capítulo étnico del acuerdo con las Farc y la floja ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se concibieron como parte de una estrategia para reducir las brechas de desigualdad y la baja presencia del estado en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. En la actualidad se pretenden incluir estas propuestas en los planes municipales de desarrollo con los recursos de las entidades territoriales, lo que constituye la continuación del proceso de exclusión de la inversión pública. Pero, por el contrario, sí avanza trepidante el otorgamiento de títulos mineros en el territorio, hecho que divide internamente a las comunidades en su aceptación.

De acuerdo al líder social Orlando Pantoja, director de Organización de Consejos Comunitarios del Pacífico del Cauca (Cococauca), en la región existen condiciones sociales y políticas para que crezca y se cultive el conflicto: los acuerdos no reflejan la filosofía de verdad, justicia, reparación y no repetición, y las verdades que se difunden son las creadas por las élites del país y no las verdades acordes con las realidades de la región.

En materia de desarrollo, para los líderes sociales, existe una negación de derechos sobre la igualdad de acceso a los beneficios del progreso, se constituye de esta forma en una violencia intangible: el acceso a la educación superior para los estudiantes de la región es muy precario, los sistemas y la calidad de los niveles de primaria y secundaria arrojan resultados negativos en las pruebas de Estado. La infraestructura de saneamiento básico es inexistente y el déficit de agua potable alcanza el 90% de la población, y en todo el sur del pacifico solo existe un hospital de segundo nivel de complejidad en Buenaventura a quince horas de tiempo de viaje por mar.

Las cifras aportadas por Silvio Bazán, director zonal del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, señalan que el 60% de la población no sabe leer ni escribir, lo que se constituye en una desproporción enorme con otras regiones del departamento y del país. En las actuales condiciones sociales es muy difícil efectuar procesos de desarrollo en una población con muy bajos niveles educativos, escasa infrastructura, deficientes y desequilibradas relaciones entre la costa y otros sectores del departamento y del país.

En la actualidad se unen a estos espacios, considerados desde el exterior de la zona como teratológicos, las potencialidades económicas como la capacidad de producción de energía por sus características hidrográficas; la posibilidad de expansión de la palma de aceite; la explotación de las riquezas mineras; la explotación marina y costera; la madera y muchos otros patrimonios reales y potenciales; la mayoría, asociados hoy al miedo a los actores armados ilegales que establecen la continuidad de la orientación y el control de la zona, a fuerza de las armas y la intimidación. Es una nueva oleada de control y terror, con similares características: ser los protagonistas externos a la región, continuando la negación de la voluntad de las comunidades locales.

Para las comunidades negras del Pacífico caucano, los PDET crearon una ilusión de desarrollo y autonomía local. Su formulación fue participativa y refleja en muchos casos los intereses de los participantes, pero la no concreción de recursos, el tiempo transcurrido y la poca acción del gobierno en cumplirlos, solo hace que se generen retrasos significativos en obras tan importantes como el mejoramiento del acueducto de la cabecera municipal de Guapi, en consecuencia, los PDET pasaron de ilusión, a una nueva frustración para la región.

El conflicto armado

Los actores y las características del conflicto armado en el Pacífico caucano se encuentran plenamente identificados por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales. Las formas de actuación de los grupos implicados, las áreas de operación y las estadísticas que arrojan los enfrentamientos, son igualmente conocidas por la sociedad local y nacional. Las instituciones del Estado, como la ^{Defensoría del Pueblo (2020, 2021)}, han emitido boletines de alertas tempranas sobre los riesgos de las incursiones y enfrentamientos de estos grupos armados en el territorio del Pacífico. Pero tal vez, lo más preocupante de la realidad del conflicto armado, es que, a pesar de este conocimiento, no han sido las autoridades legales de Colombia capaces de intervenir exitosamente con el objetivo de detener las guerras por el control territorial, que se libran en los municipios caucanos de la costa Pacífica. La pregunta de la sociedad es: ¿por qué, a pesar de este conocimiento, continúan las acciones de conflicto y las fuerzas armadas no controlan la zona?

Uno de los líderes de la zona, participante en las conversaciones sociales, afirmó que en el país en general, y en Pacífico caucano en particular, crear una organización al margen de la ley, es más sencillo que fundar una empresa o de agenciar un proyecto productivo, haciendo referencia a que la ilegalidad rinde frutos de enriquecimiento, con bajas posibilidades de accionar por parte de la justicia. Las afirmaciones anteriores sugieren que esta región presenta bajísimos niveles de gobernanza, unida a una alta vulnerabilidad social y la presencia de riesgos de afectación a la vida social y productiva en la zona.

La Defensoría del Pueblo, institución estatal creada por la Constitución Política de 1991, encargada de la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos en el país, en el marco de sus funciones diseñó el Sistema de Alertas Tempranas, éste tiene como propósito advertir y prevenir a las autoridades y a la gente acerca de los riesgos y amenazas en contra de la población, por el accionar de los grupos armados en las diferentes zonas del país. En este sentido, los informes correspondientes al mes de enero de 2021, establecen para el departamento del Cauca un riesgo, definido por ellos como estructural, generado a partir de «la reconfiguración y reacomodamiento de los actores armados ilegales, con posterioridad a la firma del acuerdo final» (^{Defensoría del pueblo alerta 001 del 2021}).

El informe está acompañado de advertencias previas, especialmente la 033 del 2020, formulada específicamente para el Pacífico del departamento del Cauca, donde se aprecia la generalización espacial en los tres municipios, del accionar y los enfrentamientos de estos grupos armados por el control del territorio, necesarios para adelantar procesos ilegales asociados con el narcotráfico, la minería, el corredor de tráfico de narcóticos y armas. Los tres municipios, incluyendo dos cabeceras municipales, 34 corregimientos, 24 veredas y 13 consejos comunitarios de comunidades negras, más 5 resguardos indígenas, se encuentran incluidos en la alerta (^{Defensoría del Pueblo, alerta 033 del 2020}). Probablemente, lo más preocupante del contenido de las alertas es que el conflicto armado se encuentra presente en dos de las tres cabeceras municipales, en diez barrios de los cascos urbanos de Timbiquí y Guapi existen riesgos latentes del accionar de los grupos armados, es decir, a cortas calles de distancia de la infraestructura de la policía y la armada de estos centros urbanos. Este fenómeno expresa la ineficiencia y debilidad de la fuerza pública para hacer frente a estos grupos ilegales.

El control del territorio por grupos armados que emplean la violencia, el asesinato, la intimidación, la extorsión, el desplazamiento forzado y toda la más amplia gama posible de violaciones de los derechos humanos de los habitantes del Pacífico caucano, es ejercido mayoritariamente por gente proveniente de otras regiones del país. De esta forma, se reitera la dolorosa verdad histórica: que en este sector del departamento se libra una guerra ajena, con intereses foráneos a los de los habitantes nativos, situación que establece una reconfiguración territorial y una relación desproporcionadamente desigual entre las organizaciones comunitarias, las fuerzas del Estado y los grupos armados ilegales que controlan la región a su voluntad.

Sobre el aspecto específico del conflicto y la violencia, los participantes de las conversaciones sociales solicitaron, como lo anotamos antes, la no inclusión de sus nombres en el texto, por su seguridad frente al accionar de los actores armados que se disputan el control territorial y las fuentes de riqueza de la zona. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) nunca ha dejado el territorio, y se expandió a muchas regiones dejadas por las Farc, a raíz de la firma del acuerdo de paz con el gobierno, que, presentó una negligencia para llenar los vacíos de poder creados por la deserción de las armas de este grupo. Gran parte de estos desmovilizados resurgieron como disidencias de los frentes 29 y 30, más la columna Jaime Martínez, que actúan como una nueva organización, con nuevas armas y nuevos recursos para la recuperación de su influencia y control de la zona.

A estos grupos insurgentes se enfrentan organizaciones delictivas financiadas por el cartel de Sinaloa, Jalisco y Nueva Generación, que internacionalizan el conflicto y la producción ilegal de la zona. Quedan así las comunidades en el fuego cruzado convirtiéndose en víctimas de sus enfrentamientos. El análisis de las estadísticas del informe de la Defensoría del Pueblo, determina que el 100% de la población del Pacífico caucano, se encuentra en riesgo, teniendo un acumulado de víctimas a junio del 2020 de 68.196 personas, que representan el 90.3% de la población en esa condición (^{Defensoría del Pueblo alerta 033 del 2020}).

El mismo informe da cuenta del aumento progresivo del área de los cultivos de coca. En esta región pasaron, según la UNOC, citado en el informe de la Defensoría, de 12.596 ha en 2016, a 17.117 ha en 2018, es decir, posterior a la firma del acuerdo de paz, el incremento de la extensión de los cultivos de coca es directamente proporcional al aumento de la presencia de grupos armados, la escalada de los enfrentamientos y las acciones bélicas, e inversamente proporcional al control territorial por parte del Estado, las organizaciones y movimientos sociales de comunidades negras y, minoritariamente, indígenas. Esta realidad establece la permanencia de las características señaladas por ^{Serje (;2005; 2001}), de la lógica del sistema colonial extractivista instaurado desde el siglo XVI y la negación histórica de los derechos culturales establecidos en la Constitución de 1991, al establecer que somos un país pluriétnico y multicultural.

Más allá de los datos estadísticos que corroboran la continuidad y la intensidad del conflicto, se encuentran las expresiones de la comunidad, cuando afirman que, para el cumplimiento de los acuerdos y la búsqueda de la verdad, la justicia la reparación y la garantía de la no repetición, «es necesario presentar nuestras verdades, acordes a nuestra realidad y no las de las elites», ya que el incumplimiento de lo pactado agudizó el conflicto.

Lamentamos enormemente que el Estado no nos vea como parte del país, que solamente nos tenga en cuenta para incrementar el pie de fuerza y saquear el territorio… aquí volvió a retumbar el ruido de los fusiles y se percibe el silencio del Estado. (participante de las conversaciones sociales, enero de 2021)

Violencia y medio ambiente

Los contextos socio-culturales y ecológicos de la región del Pacífico son determinantes fundamentales en la construcción de su realidad. La zona se constituye en uno de los espacios de mayor biodiversidad del planeta que, comparativamente con otros ecosistemas del mundo, ha variado poco desde la colonia. El Plan Ambiental de Comunidades Negras del Pacífico (^{Asopomy, 2007}), formulado con participación comunitaria y diálogo de saberes, estableció que la región concentra la mayor extensión de bosques naturales de todo el departamento del Cauca: puede abarcar 859.327 ha, que representan el 68.4% de los bosques departamentales, estando el 40% en buen estado (^{Jojoa, 2009}).

La diversidad vegetal está representada por una infinidad de formas de vida, las estadísticas establecen la existencia de 830 especies de aves (44.5% del total nacional), 195 especies de anfibios (27.27%), 167 mamíferos (35.46%), 210 especies de reptiles (40.08%), 168 especies de agua dulce (12.10%), y unas 4.525 especies de plantas, (11.04%) de las existentes en Colombia (^{Peralta 2012}).

Con referencia a la variedad de especies de árboles, se han encontrado más de 300 especies leñosas, con densidades de más de 200 especies y 400 individuos por hectárea, que representa una diversidad biológica solo comparada con la Amazonia. Otros factores como el clima con más 4.500 mm por año de lluvia y ríos que arrojan más de 1.600 metros cúbicos por segundo (^{Figueroa & Zambrano, 2001}), conforman un panorama de vida único en el mundo.

A estos ecosistemas se han adaptado durante más de 400 años las comunidades negras de la zona, aprovechado también algunas experiencias de los pueblos indígenas que tienen una historia de más de 2.000 años de ocupación en la zona. Medio ambiente e identidad se constituyen en aspectos inseparables de las sociedades del Pacífico: sin estos ecosistemas de selva humada tropical no es posible entender la cultura de las comunidades negras de la zona. El conocimiento local de la naturaleza presenta estrategias alternativas para la sustentabilidad ambiental, diferentes a las propuestas por la ciencia en su logocentrismo hegemónico que niega o subsume la validez de las epistemes de las comunidades.

Las afectaciones sobre la naturaleza y los impactos ambientales ocasionados por las actividades ilícitas de la minería, la siembra y procesamiento de la hoja coca y otras actividades extractivas, no solo impactan el medio ambiente, sino que generan transformaciones en los conocimientos locales sobre la naturaleza, tanto en su filosofía cultural, su estructura cosmogónica como en las formas de poblamiento y uso de los recursos naturales.

Las dimensiones de la conflictividad en el sector minero ;…; incluyen tensiones entre formalización e ilegalidad, impactos ambientales como la contaminación con mercurio y cianuro en las fuentes hídricas, la desarticulación, la fragmentación y el desarraigo social provocados por las nuevas tendencias de explotación. Las contradicciones cuando se compara la minería a gran escala, ejecutada por empresas transnacionales y también por capitales antioqueños, y la minería a pequeña escala como practica económica ancestral de las comunidades afro-descendientes. La presencia de nuevas tecnologías mecanizadas impide que las comunidades practiquen la minería tradicional por lo que se ven obligadas al llamado barequeo cuando los propietarios de las retroexcavadoras los permiten. (^{Estrada et al., 2013, p.41} )

El Esquema 1 intenta explicar el carácter sistémico de las relaciones entre dos formas de ver el mundo que chocan y crean alteraciones significativas en los contextos ecosistémicos y socioculturales de la zona. Igualmente, ratifica el enfoque de este articulo cuando se afirma que lo que se vive en el territorio del Pacífico caucano son conflictos ajenos, donde actores externos aprovechan las potencialidades de producción y extracción de recursos de la zona, creando las condiciones de financiamiento para los grupos armados ilegales y actividades ilícitas del narcotráfico que alteran sustancialmente el control territorial de la zona.

Esquema 1 Problemática de las comunidades negras en el Pacífico caucano 

Fuente: elaboración propia

Las estadísticas de la minería ilegal muestran que la mayor concentración de esta actividad en el Pacífico caucano se presenta en el municipio de Timbiquí. Según Cococauca⁷ Se han identificado la presencia de más de 160 retroexcavadoras en los tres municipios, cifras que expresan la magnitud de la intervención de este tipo de minería en la zona, y los impactos socio-ambientales de su operación. Esta presencia se vuelve más nociva si se tiene en cuenta que cada máquina tiene una unidad de operación y un sistema armado de seguridad, que hacen parte de organizaciones armadas, guerrilleras o asociadas al narcotráfico. Así, narcotráfico, explotación forestal, minería ilegal, tráfico de drogas, armas e insumos, se constituyen en los detonantes del conflicto. Estas actividades generan impactos no solo en contra de la legalidad y el medio ambiente, sino que alteran la totalidad de las ontologías políticas de los pobladores ancestrales de estos territorios.

La memoria ambiental de los pobladores da cuenta de las transformaciones que ha sufrido la zona cuando entra en contacto con la modernidad occidental, las interpretaciones culturales sobre la selva, el agua y el clima, establecen los altísimos conocimientos que las comunidades tienen sobre el medio que habitan. Existen innumerables ejemplos del valor de estos saberes sobre la naturaleza, tantos como las historias de las transformaciones, imposibles de enunciar aquí, y aceleradas por los impactos negativos de los procesos actuales de extracción y la reacción de los gobiernos, con políticas y acciones nocivas para la comunidad y el entorno ambiental: la militarización, la fumigación con glifosato, la suplantación de la voluntad de las comunidades, los intentos de llevar al Pacífico paquetes de desarrollo y de educación administrada por la prefectura apostólica, que no concuerdan con las condiciones naturales, sociales y culturales de sus habitantes.

A manera de conclusión: resistencia, movimientos sociales y futuro

La aparición y consolidación de los movimientos sociales de comunidades negras han sido registradas hace más de 30 años, cuando se conformó la Asociación Campesina del Río Atrato (ACIA), «apoyadas por la pastoral afroamericana de la iglesia católica, ;donde; se establecieron organizaciones de campesinos negros que se movilizaban alrededor de la defensa de sus tierras y su entorno» (^{Oslender, 2008, p.27} ). Desde estos momentos de finales del siglo XX, las temáticas relacionadas con la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, están más unidas a los movimientos étnicos indígenas y afrodescendientes. La convergencia y resistencia cultural-medioambiental definen que no es una lucha únicamente por el acceso y control de los recursos naturales involucrados, sino que son luchas sobre el ejercicio de formas de vida, entre ontologías diferentes, que construyen, interpretan, usan y significan de forma diferente la naturaleza (Blaser, 2019).

El proceso de comunidades negras PCN, se estructura alrededor de cuatro ejes de reivindicación de sus ontologías. El derecho al ser, al territorio, la autonomía y a la construcción de su propia noción de desarrollo (^{Escobar & Pedroza, 1996, p.245} ). Desde esta perspectiva de lucha, el concepto de territorio adquiere una relevancia sustancial para la comprensión de las prácticas organizativas, las estrategias de resistencia y el concepto de naturaleza: no existe para las comunidades afrodescendientes una separación entre naturaleza y cultura, negando las concepciones dualistas de occidente, donde el hombre se sitúa por fuera de su entorno biológico.

Medio ambiente e identidad conforman aspectos inseparables en las sociedades del Pacífico, y contribuyen a desestructurar lo que Arturo Escobar (2011) ha denominado como la «colonialidad de la naturaleza», haciendo referencia a la concepción de ella, por medio del método científico y las categorías culturales propias de la modernidad y del mundo occidental. Desde esta perspectiva, cualquier forma de violencia que altere las condiciones naturales de los territorios de las comunidades del Pacífico, ya sea minería industrial, legal o ilegal, la acción de la extracción de madera, de recursos marinos y costeros en forma masiva e industrial, establece una perturbación de las bases de la comunidad y un atentado contra la naturaleza y sus formas de vida.

La desaparición de las circunstancias que crearon la realidad para las comunidades del Pacífico, de exclusión, de opresión y subalternización de las asimétricas relaciones de poder con otros sectores sociales y regionales, de la imposición de prácticas foráneas características del capitalismo extractivista, solo es posible que se haga realidad en la toma de control y el aumento de la autonomía territorial y recuperación y aumento social de la conciencia histórica y cultural por parte de sus pobladores. En este sentido Orlando Pantoja al ser interrogado sobre la sostenibilidad de las formas culturales de las comunidades del Pacífico y sus relaciones con la naturaleza, en el marco del modelo actual de economía y sociedad, afirmo « no sé, pero ese es el camino que vamos a caminar» (conversación con Orlando Pantoja, enero de 2021).

Después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la región del Pacífico ha presentado luces y sombras. Las luces se concretaron con la disminución significativa de los actos de violencia, crímenes, amenazas, intimidaciones y desplazamientos forzados, permitiendo durante alrededor de dos años una relativa tranquilidad social que concedió a las comunidades, organizaciones y líderes, proyectar un futuro más adecuado para la vida regional. Las sombras no tardaron en aparecer, en buena medida asociadas a un descontento general por las demoras en la financiación y ejecución de lo propuesto por las comunidades en los PDET; la reactivación de grupos armados con el reinicio de sus actividades criminales, y la parsimonia institucional, que no ocupó los espacios territoriales y no se constituyó en un actor de gobierno en la región. Cinco años después, las condiciones preexistentes antes de la firma de los acuerdos se presentan con similares condiciones estructurales, las mismas que por mucho han caracteriza la historia social del Pacífico colombiano.

A pesar de las actuales circunstancias, las organizaciones de comunidades negras han generado importantes procesos de resistencia cultural, ante las constantes agresiones sufridas por parte del Estado, de sus instituciones y fuerzas armadas, así como de los grupos guerrilleros y las organizaciones de narcotráfico. A pesar de la desigualdad de fuerzas, los logros alcanzados por las comunidades organizadas, los consejos comunitarios, las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de todas las fuerzas vivas de los tres municipios, permiten visualizar que el Pacífico seguirá siendo un lugar de esperanza construido por la historia negra.