Introducción

En el Pacífico colombiano, las dinámicas de poblamiento de las comunidades afrodescendientes expresan la apropiación del territorio en sentido material, cultural y simbólico; pero también la emergencia de una espacialidad en constantes resistencias y luchas por la identidad y la cultura (^{Oslender, 2008}), que a través de dar sentido a una identidad territorial en movimiento, con sus propios saberes situados, desafían la implementación de proyectos de extracción masiva de recursos y de despojos múltiples del mal llamado «desarrollo» en sus territorios. Es importante resaltar que las formas de creación y organización de territorios en esta región se han desarrollado en geografías que han experimentado un aislamiento relativo y se caracterizan por una gran marginalidad respecto a la sociedad nacional (^{Hoffmann, 2007}). Desde inicios tempranos de la colonia se construyó una imagen del Pacífico como una región en los márgenes, o lo que Sofonías Yacup llamó en 1994 como el «litoral recóndito». Lo «recóndito» remite a desigualdades y exclusiones históricas de los territorios y sus pobladores que surgen en complejas interacciones entre procesos de racialización y los ciclos del capital extractivo: desde la colonia mediante la introducción de una economía minero-esclavista, las rutas y explotación y salidas del oro; a finales del siglo XIX y en el XX, la explotación de maderas finas, tagua y caucho, y nuevamente la minería, este último se extiende hasta la actualidad junto con los cultivos de palma africana para la producción de biodiesel y las economías ilegales vinculadas a los cultivos de coca, producción y tráfico de cocaína (^{Escobar, 2010}).

La mirada desarrollista de inflexión al Pacífico se establece bajo la dinámica de apalancamiento a la extracción de recursos naturales en el contexto de la incorporación de la nación a las dinámicas del capitalismo global. Este será el antecedente de los conflictos sociales por el control de la tierra entre el Estado colombiano, las comunidades afrodescendientes, los empresarios y los grupos armados ilegales.

En el marco de la reforma constitucional de 1991, que reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de la nación, las comunidades afrodescendientes han ganado un amplio terreno en materia de visibilidad jurídica y, en consecuencia, esto se ha traducido en una vía de acceso para resarcir los derechos históricamente negados. En este sentido, la entrada del multiculturalismo ha tenido diferentes significados e implicaciones políticas y territoriales para la población afrodescendiente del país. En las tres últimas décadas, hemos asistido a la creación y proyección de un imaginario social y cultural contemporáneo que, amparado en los discursos jurídicos y la nueva legislación, visibiliza a estas comunicades como «nuevos» sujetos y subjetividades políticas que constituyen un grupo étnico con su propia cultura, identidad étnica, territorio y derechos culturales (^{Restrepo & Rojas, 2004}). En relación con los derechos territoriales, la Constitución Política incluye un Artículo Transitorio (AT 55 y que derivaría en la Ley 70 en 1993) en el que se reconoce a los territorios que han venido ocupando estas comunidades mediante el instrumento de la propiedad colectiva del territorio, y se establecen mecanismos para la protección de la identidad cultural y el desarrollo económico. Esto, fue el inicio de un nuevo orden territorial para el Pacífico que articula la identidad cultural del «negro» con relación a la forma específica de poblamiento y apropiación territorial.

De acuerdo con Arturo Escobar, en la década de los años 1990 y en el contexto de la reforma constitucional, surgen innovaciones conceptuales para el estudio de las comunidades afrodescendiente, primero, la idea de que el «territorio» era fundamental para la supervivencia física y cultural de las comunidades; segundo, el argumento de que estas comunidades han constituido únicas maneras, arraigadas en la cultura, de usar los espacios del bosque, el río, el mangle y el océano. No obstante, en este mismo escenario, la operación del capital extractivo, que terminó imponiendo un modelo de acumulación por despojo, mostraba las paradojas del reconocimiento constitucional de los grupos étnicos y los derechos adquiridos. En otros términos, mientras la nueva nación multicultural inaugura los discursos de la diversidad cultural y su importancia en la constitución de la estructura social y cultural de la nación, los proyectos de modernización económica, que se instauran en el interior de sus fronteras políticas, operan como nuevas formas colonizadoras del orden global económico capitalista en dirección a negar las identidades históricas, étnicas y culturales y el reconocimiento jurídico de derechos ancestrales de las comunidades negras. Para Escobar, las lógicas del desarrollo de la región implican «una reafirmación de la colonialidad del saber, del poder y de la naturaleza» (^{Escobar, 2010, p.22}).

Las estrategias de desarrollo implementadas en el Pacífico se ensamblan con las violencias del conflicto armado interno en Colombia. Al finalizar la década de los años 1990, grupos armados ilegales de variada naturaleza (guerrillas de las Farc, Autodefensas Unidas de Colombia y bandas criminales) progresivamente comienzan a tener presencia, ejerciendo una disputa armada por el dominio territorial y control sobre zonas estratégicas para los cultivos de coca, los corredores y las rutas terrestres y marítimas para el tráfico de drogas y armas; generando el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras que huyen de sus territorios para salvar su vida. De esta manera, la espacialidad de la región del Pacífico, organizada por los afrodescendientes, en los planos geográfico, social, político y económico, como un territorio-región de identidades étnicas, progresivamente deviene, en lo que Ulrich ^{Oslender (2008}) ha denominado una «geografía del terror»; es decir, un proceso de restructuración espacial que incluye la «pérdida de valores tradicionales e identidad», la pérdida de las economías tradicionales y cambios en los sistemas de producción, la explotación y extracción excesiva de los recursos y la creciente criminalización de activistas y jóvenes afrodescendientes.

La región del Pacífico, geográficamente estratégica y socialmente vulnerable, donde grupos armados, como la guerrilla de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y bandas criminales, progresivamente comienzan a tener presencia, ejerciendo una disputa armada por el dominio territorial y control sobre las zonas de cultivos de coca, los corredores y las rutas terrestres y marítimas para el tráfico de drogas; generando el desplazamiento forzado de personas y comunidades enteras que huyen de sus territorios para salvar sus vidas. Cientos de miles de desplazados han arribado a diferentes ciudades del país buscando refugio, otros han cruzado las fronteras nacionales huyendo hacia Ecuador o Panamá.

En el año 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno, a cargo del expresidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc- EP). Con ello, parecía que se abría una nueva etapa que ponía fin a los más de 50 años del conflicto armado. Sin embargo, los departamentos que conforman la región: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, han presenciado la aparición y consolidación de nuevos grupos crimina les que por medio de la violencia incentivan economías ilegales vinculadas a redes criminales transnacionales de tráfico de cocaína como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el cartel de Sinaloa y la emergencia de las disidencias de las Farc (guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz) sumados a grupos de excomandantes que recientemente anunciaron su decisión de retomar la lucha armada

De manera particular, en la región Pacífico, el escalamiento del conflicto armado afecta de manera catastrófica no solo los tejidos socioterritoriales de las comunidades afrodescendientes, sino también sus agendas de movilización política, en la medida en que existe una constante amenaza sobre sus derechos territoriales y culturales como grupo étnico. En esta región, tras la firma del Acuerdo, se han agudizado distintos tipos de violencias (despojos de tierras y territorios, explotación intensiva de los recursos naturales) vinculadas a las economías extractivas y agroindustriales presentes en los diferentes territorios del Pacífico, entre ellas la minería de oro, los cultivos de palma africana, la tala maderera y la ganadería extensiva.

La presencia creciente del crimen organizado, involucrado no solo en la cadena productiva del narcotráfico: cultivos de hoja de coca, procesamiento y tráfico de cocaína, sino también en la explotación de los recursos naturales como los yacimientos de oro, plata, platino y las fuentes de hidrocarburos (petróleo y carbón), como forma de financiación de sus actividades ilícitas, y como un medio para incrementar su poder, agudiza más la disputa por el control de tierras, territorios y su población. Las nuevas oleadas de desplazamientos forzados internos y migraciones con alcance transnacional (Ecuador y Chile son los principales países de recepción de población desplazada del Pacífico), el reclutamiento forzado de menores y adolescentes por parte de antiguos y nuevos grupos armados, interpelan los estudios hasta ahora realizados en el Pacífico para repensar y proponer nuevos abordajes teóricos y metodológicos con y cerca de la gente negra y sus territorios.

En estos contextos, en las últimas dos décadas los estudios sobre la región del Pacífico se han ido desplazando hacia la construcción de categorías analíticas y abordajes metodológicos sobre las transformaciones sociales y culturales de la región como consecuencia de su incorporación como una entidad «desarrollable» para el país y el conflicto armado interno. De esta manera, categorías como «desplazamiento forzado», «despojo» «violencias armadas» y «destierros» comienzan a hacer parte de la discusión para el estudio de los afrodescendientes y sus territorios. También se plantea que estas categorías deben ser leídas en procesos de larga duración que mantienen las exclusiones y violencias estructurales contra estas comunidades. Al tiempo que dan continuidad a las herencias coloniales de la esclavitud y la modernidad que permean las dinámicas de modernización y desarrollo capitalistas impuestas en la región.

En este trabajo, proponemos la categoría de «expulsiones» para referir a la complejidad de los desplazamientos forzados, la aceleración de la destrucción de las tierras y territorios, las dislocaciones socioeconómicas y ambientales que trae aparejada la relación entre las economías extractivas y las economías ilícitas, en particular el narcotráfico, en la región Pacífico colombiano. Esta relación se ha convertido en formaciones depredadoras que pueden significar arrojar a la miseria a los pueblos afrodescendientes y reconfigurar la espacialidad de los territorios en geografías precarias: espacios empobrecidos, donde la muerte, el derramamiento de sangre, los cuerpos desmembrados, el crimen organizado, la militarización y la fractura del control político y social constituyen prácticas violentas rentables dentro de las lógicas de la acumulación de un capitalismo por despojo, y donde las subjetividades afrodescendientes son representadas como «vidas desechables»; manteniendo a estas colectividades como testimonio vivo de la fragilidad del orden social en el que se desarrollan.

El capítulo se divide en tres secciones. En la primera, se analiza teóricamente la categoría de expulsiones y su articulación con los desplazamientos forzados en el Pacífico. En la segunda, se abordan las lógicas actuales del despojo y el narcotráfico como mecanismos que reproducen dinámicas de expulsión, violencia, segregación y empobrecimiento de las comunidades afrodescendientes y territorios para la acumulación de un capitalismo por despojo que opera a través de la cadena productiva del narcotráfico y las economías extractivas. En la tercera sección, a través de algunos testimonios² de personas en situación de expulsión en la costa pacífica nariñense se evidencian las rutas y el confinamiento de la población expulsada en barrios de bajamar del municipio de Tumaco, lugares en los que se producen cíclicas expulsiones, y a la larga, una prolongación de las violencias y la pobreza.

Imagen 1 Expulsiones 

Expulsiones en la economía global

Saskia Sassen propone que el concepto de expulsiones nos lleva más allá de la idea familiar de desigualdad creciente como forma de aludir a las patologías del capitalismo global hoy. Para esta autora, la complejidad de las formaciones económicas, desde el crecimiento de los instrumentos financieros hasta el avance de formas de conocimiento e inteligencia «casi siempre han servido para desmembrar lo social a través de la desigualdad extrema, para destruir buena parte de la vida de clase media prometida por la democracia liberal, para expulsar a los pobres y los vulnerables de tierras, empleos y hogares, y para expulsar a trozos de la biósfera de su espacio vital» (^{Sassen, 2016, p.15}). Esas expulsiones no son espontaneas, sino hechas. Los ordenamientos político-económicos en que las expulsiones tienen lugar, se establecen desde las finanzas, los mercados ilegales, la minería, hasta los tipos complejos de conocimiento y tecnología que usan con demasiada frecuencia los actores y empresas globales responsables de los desplazamientos, desalojos y erradicaciones que producen la expulsión de poblaciones enteras y, también, la expulsión de la biosfera de partículas de la vida misma.

Un ejemplo de lo anterior es el acaparamiento de tierras agrícolas por países como Reino Unido, China y Arabia Saudita en países del África subsahariana y América Latina para el cultivo de alimentos o destinadas para los cultivos industriales, principalmente palma africana para la producción de biocombustible (^{Sassen, 2016}). Situación que ha generado masivas dinámicas de despojo de comunidades agricultoras en un ambiente frágil de reconocimiento de los derechos territoriales por parte de los gobiernos a las comunidades locales. Según Sassen, la particularidad de estas expulsiones es que la mayoría de esas personas nunca regresarán a su lugar de origen: su lugar de origen es ahora una zona de guerra, una plantación, una operación minera o una tierra muerta. Otro ejemplo son los flujos de migración camerunés en tránsito por México. Con la escasez de nuevas tierras en Indonesia y Malasia para la producción de aceite de palma, compañías internacionales buscan oportunidades en Camerún y otros países del África central y occidental. Como resultado, la empresa Socapalm, la mayor compañía privada para la producción de aceite de palma en Camerún ha acaparado alrededor del 70% de las tierras de los pobladores locales. Pequeñas y medianas granjas antes dedicadas a la producción de economías agrícolas y de pesca artesanal para el sustento de la población, ahora son centros para el cultivo y producción de aceite de palma. Esta situación, además de generar un progresivo empobrecimiento de los pequeños agricultores, contaminación de las fuentes de agua y bajos salarios de los trabajadores en las plantaciones, también ha motivado la expulsión con alcance transcontinental de la población camerunés, principalmente de zonas rurales. En México, miles de migrantes de origen camerunés han quedado confinados en los llamados Centros de Detención Migratoria en zonas fronterizas, que bien pueden ser interpretados como «espacios de almacenamiento», ese conjunto de movilidad restringida, inactividad forzada y dependencia en campamentos y otros asentamientos segregados, donde se hacina esa población expulsada tanto de sus lugares como del orden socioeconómico preestablecido por el capitalismo global (^{Sassen, 2016})³.

La expansión de economías agroindustriales y extractivas han disminuido la tierra destinada a la producción de alimentos, principalmente los de autoconsumo. Esto se debe, primero, a que en gran parte de los lugares en los que se localizan estas formaciones económicas se encuentran en territorios colectivos de los pueblos afrodescendientes y zonas rurales pobladas; segundo, actividades como la minería, requieren la destrucción del suelo y el subsuelo, pues en las minas a cielo abierto se extraen millones de toneladas de tierra, con lo que se destruyen ecosistemas enteros en el proceso (^{Azamar & Rodríguez, 2020}). A partir del año 2001, con la expedición del código minero, el gobierno nacional viene otorgando títulos mineros a empresas multinacionales y nacionales en territorios colectivos de pueblos afrodescendientes sin que se haya efectuado el derecho a la consulta previa -reconocido y protegido por la Corte Constitucional de Colombia-. Un ejemplo es el caso de Dojurá, un proyecto de la multinacional Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. y Continental Gold Inc., que recibió títulos mineros en territorios del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Atrato (Cocomopoca), sin haber llevado a cabo un proceso de consentimiento libre, previo e informado con las comunidades afectadas.

Una investigación realizada por el ^{Observatorio Pacífico y Territorio (2018)}, señala que, en la región del Pacífico, entre el 2002 y 2014, fueron entregados 270 títulos mineros a titulares como la Muriel Mining Corportation, Exploraciones Chocó Colombia, Anglo Gold Ashanti y Votorantim Metais Colombia, con el derecho de explotar materiales de construcción, minerales de cobre, níquel, molibdeno, plata, oro platino y otros. El departamento del Chocó concentra el mayor número de Áreas Estratégicas y ^{Mineras 4} en territorios colectivos de comunidades que siguen fuertemente afectados por el conflicto armado. Entre las afectaciones por la minería en el Pacífico, se destacan: cambios de la vocación productiva de los suelos, debido a la instalación de bloques mineros, por lo cual ponen en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos; contaminación de las fuentes hídricas y su impacto sobre la salud y la vida; vulneración el derecho a la libre movilidad en los territorios (muchas familias son desplazadas de sus casas y tierras al ser zonas estratégicas para la extracción de minerales).

Por otra parte, la presencia de grupos armados y carteles del narcotráfico en la región, los cuales no solo buscan intereses económicos, sino que también traen consigo un interés por el control de los pueblos, afectando el tejido social y cultural comunitario, se han instalado en esta lógica de desarrollo económico donde su objetivo final ha sido «vaciar» los territorios de comunidades para la implementación de megaproyectos. Como resultado, la gente expulsada se enfrenta a complejos contextos de reproducción de la pobreza, desprovistas de mínimos servicios, hacinamiento, falta de acceso a la sanidad y al agua potable, y la inseguridad humana.

Imagen 2 Joven agricultor entre cultivos de cacao y coca 

Los grupos armados y las formas predatorias de las violencias que se implantan como formas de vida cotidiana en las comunidades negras del Pacífico desempeñan un papel significativo en la degradación de los territorios y la expulsión de los pobladores locales de sus lugares de origen. En este contexto, manglares y bosques, objeto de experiencias y prácticas territoriales comunitarias, son reapropiados por antiguos y nuevos grupos armados que en colaboración con carteles mexicanos los convierten en lugares estratégicos para la instalación de laboratorios para la producción de pasta de cocaína (^{Olaya, 2019}). Ríos y costas del Pacífico, espacialidades históricas en la construcción de los territorios y las territorialidades afrodescendientes, hoy representan rutas para el tráfico de drogas hacia México y Norteamérica. En el entremedio de la transformación espacial del Pacífico, que es funcional a las economías criminales, la región es concebida por los pobladores locales como un campo de batalla y conflictos en la que permanecen representaciones impregnadas de miedos, angustias y percepciones de terror por parte de las personas que habitan dicho espacio. De acuerdo con ^{Oslender (2008}), los recuerdos de las masacres, asesinatos colectivos, desplazamientos forzados y hostigamientos quedan impresos en los imaginarios de las personas y también de manera material en el paisaje. Esto implica no solamente la expulsión física del territorio, sino también la expulsión de un espacio vivido (el espacio de experiencia material que vincula la realidad cotidiana) dotado de intersecciones simbólicas y culturales donde los grupos construyen relaciones de la vida cotidiana de forma diferencial y articulada (^{Lefebvre, 2010}).

Los territorios se viven como espacios precarizados y vulnerables que se ensamblan con prácticas capitalistas capaces de transformar ambientes naturales en ambientes hostiles para la vida humana. A la par que los grupos armados controlan los territorios para los cultivos y procesamiento de la coca, grandes proyectos económicos, como los cultivos de palma africana, tala maderera y ganadería extensiva se ejecutan en la región, trayendo consecuencias devastadoras a los territorios y pueblos, como la expropiación territorial, la explotación intensiva de los recursos naturales y la violencia de las empresas extractivistas contra los pobladores locales y conflictos socioambientales. Por ejemplo, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (^Ideam) para el año 2017, la región del Pacífico concentró el 6.1% (13.474 ha) de la deforestación de bosques en el país (220.000 ha). Situación que se agrava para el 2018, al concentrar el 47% de las alertas tempranas por desforestación en 15 municipios de la región, casi el doble que la Amazonía (27%).

En regiones como el Pacífico colombiano las fronteras entre los grupos armados, las empresas que operan en la legalidad y las instituciones del Estado se difuminan. Las economías extractivas, los cultivos ilícitos y la supresión de los derechos territoriales de los pueblos afrodescendientes se entrelazan. En esta región, las expulsiones adoptan formas extremas en la relación entre despojos y narcotráfico, precisamente porque el lugar de la expulsión es el conflicto por el control de tierras y territorios estratégicos para el desenvolvimiento de la cadena productiva del narcotráfico y economías extractivas. Además, la precariedad social, económica y el abandono de las políticas estatales en los territorios de la región, facilita la incursión de grupos armados y carteles de narcotráfico, situación que deja a las comunidades a merced de estos grupos.

La expulsión de las comunidades negras, la perdida de derechos territoriales, la transformación del espacio vivido y, finalmente la supresión de formas de producción comunitarias, son utilizados en la producción de nuevos espacios de reproducción del capital. Estos nuevos espacios han sido conceptualizados por David Harvey como un «ajuste espacio-temporal» que, para el caso del Pacífico, implica la apertura de nuevos mercados ilegales para el tráfico de cocaína. Las tierras y territorios afrodescendientes sembrados con cultivos de coca, las costas y ríos del Pacífico dispuestos como rutas para enviar toneladas de cocaína a diferentes lugares del mundo, son un ejemplo de cómo el capital destruye espacios previamente producidos, modifica las dinámicas socioterritoriales y transforma su fisionomía.

La periodista mexicana Ana Lilia ^{Pérez en su libro Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico (2014}) realiza una exhaustiva investigación acerca de cómo opera el tráfico de drogas a nivel mundial. Según esta autora, los puertos del Pacífico colombiano están controlados por el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo y Los Zetas, como dueños de muchas embarcaciones pesqueras y flotas navales marítimas completas que desde puertos colombianos envían toneladas de cocaína a mercados internacionales. Pérez los define como capitanes de mar y tierra, no solamente por el control de las rutas náuticas, sino también terrestre. Los grupos armados en colaboración con socios de carteles mexicanos que ayudan con los cultivos de la hoja de coca y laboratorios para su procesamiento han expandido las rutas de la cocaína a países del continente africano como Guinea. Estamos ante una economía transnacional que no solamente es controlada por los cárteles y bandas criminales, sino también con el apoyo de políticos, congresistas, militares y agentes de aduana. En otras palabras, en Colombia:

El narcotráfico invadió la política, corrompió la justicia, infiltró los diferentes niveles del ejecutivo y financió a grupos armados ilegales, tanto a las guerrillas como a los paramilitares. Aquellos que no quisieron doblegarse a este poder corruptor fueron asesinados o se vieron forzados a abandonar el país. Así, fueron asesinados centenares de jueces, empleados públicos, miembros de las fuerzas armadas y de policía, periodistas, millares de ciudadanos y muchos políticos que, desde los años ochenta, vieron los riesgos y denunciaron el poder corruptor de estas actividades. (^{Montenegro, Llano & Ibáñez, 2019, p.7} )

Despojos y narcotráfico

El despojo se ha convertido en un tema crucial para las ciencias sociales, agendas gubernamentales y organizaciones sociales en América Latina. La producción de conocimiento sobre el despojo está atravesada por la actual coyuntura política y económica de los países latinoamericanos, principalmente para enfatizar en cómo operan las políticas económicas de los gobiernos nacionales que declaran actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica dirigidas a fomentar la inversión privada de empresas nacionales y extranjeras con el argumento de elevar el desarrollo económico del país. El impacto de esas políticas económicas ha generado el acaparamiento de tierras y territorios, fenómeno que permite a las empresas realizar trabajos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, así mismo pueden obtener permisos de concesión sobre las aguas para facilitar la extracción de oro, plata, platino e hidrocarburos, como los que intentan en Colombia, con el Acuerdo 02 del 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que avanza en la flexibilidad de actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción

de hidrocarburos en el territorio nacional a cargo de compañías nacionales y provenientes de Canadá, Estados Unidos, China e India. En un ambiente de rechazo por parte de comunidades negras, indígenas y campesinas, que han visto afectadas las fuentes hídricas y las economías locales, así como por la violación de derechos humanos, individuales y colectivos. El despojo se alimenta de las dinámicas del desarrollo capitalista:

la cual se basa en una frontera extractiva de expansión con conflictos sociales cada vez más intensos por los derechos territoriales, la tierra, el agua y los recursos naturales asociados, puede verse a través del cristal de la lucha de clases, los conflictos políticos y las guerras por los recursos que han acompañado el proceso de extracción. (Veltmeyer & Petras, 2015, p.14)

El despojo guarda relación con la noción de «acumulación por desposesión» propuesta por David ^{Harvey (2005, 2012}). Harvey hace referencia al desarrollo de las fuerzas de producción capitalista y de su marco institucional y político en el contexto de una lógica organizadora del capital que incluye la extracción, explotación y mercantilización de bienes naturales y el acaparamiento de tierras, recurriendo para ello a medios legales e ilegales. Acumular sobre la base de la desposesión tiene como efecto principal la imposición de formas que provocan marginación, destrucción y expulsión de personas y pueblos enteros, principalmente en territorios estratégicos para la movilización del capital global.

En Colombia, el despojo ha estado asociado con el conflicto armado en el país. Durante y después de las negociaciones del Estado con algunos grupos paramilitares entre el 2003 y el 2006, abrió el camino para señalar el despojo de tierras y territorios como un aspecto central de la guerra en Colombia (Arias & Caicedo, 2017). En el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, un mecanismo que pretende reparar de manera integral a las víctimas para que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado por causa del conflicto armado, se interpreta que una de las modalidades de despojo utilizada por grupos armados es el desplazamiento forzado de personas y comunidades a través del ejercicio de la violencia o la coacción para el acaparamiento o uso de las tierras y territorios despojados, en la mayoría de los casos, para extender los cultivos de coca, producción y tráfico de cocaína. De igual manera, la intimidación individual o colectiva, las masacres, los asesinatos selectivos y el reclutamiento forzado sobre las comunidades donde se quiere ejercer el control territorial afecta de manera catastrófica, no solo los tejidos socioterritoriales de las comunidades, sino también sus agendas de organización política, en la medida en que existe una constante amenaza sobre sus derechos culturales y territoriales.

La economía de las comunidades afrodescendientes, basada en economías de producción agropecuaria y pesquera, la ineficiente infraestructura y un incipiente desarrollo industrial, configuran una espacialidad para el incremento del despojo de tierras y territorios y su disposición para los cultivos ilícitos. Según el informe de las ^{Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)}, Colombia pasó de tener 188.000 hectáreas de coca en 2016 a 209.000 en 2017 y la producción de cocaína aumentó a las 1.976 toneladas, lo que representa un 25% más que en 2016. La región del Pacífico, concentra 65.567 ha, siendo la zona que alberga mayor cantidad de cultivos de coca en el país, representando un 38% del total de áreas sembrada para el 2017. La posición geoestratégica de la región al tener una conexión directa con el océano Pacífico, frontera con Ecuador, ha sido utilizado por los grupos armados para consolidar la cadena del narcotráfico en todos sus eslabones. En la siguiente tabla se puede observar el crecimiento continuo de los cultivos de coca en los departamentos que conforman la región.

Fuente: Naciones Unidas (2018).

El aumento de los cultivos de coca en Colombia y la afectación a regiones como el Pacífico, podría ser entendida como parte de una dinámica de concentración en zonas en las que han permanecido cultivadas y se han expandido en últimos años, vinculado también a factores socioeconómicos como la pobreza, la marginalidad y la débil e inadecuada intervención del Estado. Estudios recientes del ^{Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (2017)} han documentado que las subregiones de Alto Patía y Norte del Cauca, Pacífico medio y Pacífico sur presentan características de vulnerabilidad más altas en relación con el resto de municipios del país. El Pacífico sur y su frontera con Ecuador es la subregión más vulnerable y desconectada de la región Pacífico. Se compone de once municipios: Tumaco, El Charco, Magüi, Roberto Payán, Olaya Herrera, Mosquera, Santa Bárbara-Iscuandé, Francisco Pizarro, La Tola, Barbacoas y Ricaurte. Tumaco destaca como uno de los municipios con mayor incidencia de pobreza muldimensional y concentra el número de cultivos de coca más grande en todo el país y el mundo. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) ha registrado 23.148 hectáreas que representan un 16% del total del país en el 2017 la mayor cifra en la historia del narcotráfico en Colombia.

Ahora bien, el incremento exponencial de los cultivos de coca en Colombia y, en especial, en la región Pacífico, se asocia con el crecimiento y acumulación del capital por despojo. De acuerdo con el estudio El PIB de la cocaína 2005-2018: una estimación empírica, realizado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes, en 2018 la economía de la cocaína, asociada a la siembra de coca, a la producción de la base de cocaína y a la producción del clorhidrato de cocaína, produjo unos 18.3 billones de pesos (más de 5.130 millones de dólares) duplicando los ingresos de otros sectores de la economía nacional como el café que produjo 7 billones de pesos (1.996 millones de dólares). Este valor nominal calculado en el estudio implica que la cocaína representa un 1,88% del total del PIB de Colombia, mientras que el café aportó en 2018 un 0,8% (El Tiempo, diciembre 02, 2019).

A partir del año 2015, tras la suspensión de la aspersión aérea de cultivos, se ha experimentado un importante aumento de las hectáreas cultivadas de hoja de coca y de la producción de clorhidrato de cocaína. Este aumento se ha dado pese a las mayores incautaciones realizadas, lo que ha encendido las alarmas frente al impacto de la economía ilícita en la economía nacional. En efecto, en el año 2017 las hectáreas sembradas se incrementaron en un 78% frente a las registradas en el año 2015, alcanzando una cifra récord de 171.000 ha, la cifra más alta registrada en el siglo XXI en Colombia (^{Montenegro, Llano & Ibáñez, 2019, p.5} ).

El aumento significativo de la producción económica del narcotráfico en la economía nacional se corresponde con el recrudecimiento de las violencias que se viven en territorios como el Pacífico y otras regiones productoras o que sirven como corredor para el transporte de cocaína hacia mercados internacionales. Esto podría ser entendido como parte de una dinámica de concentración en zonas en las que han permanecido cultivadas antes de la firma del Acuerdos de Paz y se han expandido en últimos años. Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz (2018) ha planteado tres hipótesis:

A las tres hipótesis mencionadas se suma el hecho de que en el contexto de las actividades del narcotráfico los pobladores locales adquieren el valor como pequeños productores mediante la participación «voluntaria» o forzada en los cultivos de coca. O se dedican a los cultivos ilícitos y se los venden al grupo que controle la zona, o son asesinados, o se unen a los millones de colombianos, en su mayor parte afrodescendientes, indígenas y campesinos, que han huido a los grandes centros urbanos o al exterior escapando de los grupos armados. Por su parte, jóvenes, niños y niñas afrodescendientes, empobrecidos, son objetivo de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados para suplir las bajas y deserciones de sus miembros, para incursionar en las actividades ilícitas, así como para engrosar las filas como comandantes de escuadra o combatientes regulares.

Al respecto, según datos del Observatorio de ^Memoria y Conflicto (OMC) en 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por los grupos armados legales e ilegales. El 25.89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71.27% a niños y adolescentes hombres. El Observatorio estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares. En la mayoría de los jóvenes, niños y niñas reclutados por los grupos armados, sin acceso a la educación ni oportunidades de ningún tipo, el tiempo productivo en las actividades del narcotráfico culmina en el aniquilamiento de su vida a través de técnicas predatorias de violencias extremas: asesinados, desaparición, cuerpos desmembrados arrojados a los manglares y ríos, o dados de baja en enfrentamiento con las Fuerzas Militares o grupos rivales.

Al mismo tiempo, los pobres, reclutados y expulsados por las violencias no son vistos como víctimas del conflicto armado, las desigualdades y exclusiones sociales y económicas. Por el contrario, sus problemas se reducen al discurso despolitizado del crimen organizado, definido como la «participación voluntaria» en una maquinaria que produce guerra y amenaza la estabilidad del orden público. Véase, por ejemplo, en el marco de la campaña militar y policial «Atlas» (2018), el Ejército Nacional en conjunto con la Policía Nacional asesinaron a seis integrantes de las disidencias de las Farc (ver imagen 1). Los cuerpos de los jóvenes asesinados fueron presentados al público envueltos en bolsas de plástico con un mensaje a la población tumaqueña de «tranquilidad y confianza en su fuerza pública, la cual trabaja sin descanso para traer seguridad a la costa Pacífica nariñense» (CGFM, 2018). El lugar común de estas personas asesinadas es: jóvenes afrodescendientes empobrecidos del Pacífico colombiano. Estos jóvenes, tal vez, ocupan el lugar más bajo de una fuerza criminal alimentada por el abandono y exclusiones de muchos territorios y regiones consideradas como los márgenes del país. Son estos jóvenes el principal objetivo de las políticas de seguridad y militarización de la sociedad ejercida por el Estado a nombre de la lucha contra el narcotráfico.

En Colombia, en las últimas tres décadas, las acciones militares se han orientado a la incautación de toneladas de coca en los territorios del Pacífico, pero también al asesinato de jóvenes que han sido reclutados por las estructuras de los grupos armados. Desde el discurso de la seguridad democrática eliminar a estos jóvenes debilita a los grupos armados y economías del narcotráfico, a la vez que pugna por devolver la confianza de la población civil en las Fuerzas Militares. Este discurso tiende a restarle importancia a las necesidades y a la exclusión social que viven los jóvenes en sus contextos locales, para hacerlos ver como maquinarias productivas de violencias y economías ilícitas. Sin temor a equivocarme, podría decir que estos jóvenes padecen más violencias de las que ejercen: violencias históricas de exclusiones que se interceptan y se fortalecen en la producción y reproducción de violencias asociadas al narcotráfico. Como dice Rossana ^{Reguillo «ser joven es un factor de riesgo de morirte simplemente por serlo» (Reguillo, 2007}). No obstante, el factor de riesgo al que se refiere Reguillo puede exacerbarse de acuerdo con los lugares de movilización de los jóvenes, como a condiciones socioculturales, raciales y económicas que inciden en el entramado de posibilidades para la construcción de sus proyectos de presente-futuro en contextos de vida o muerte.

Las políticas de militarización en territorios que han sido acaparados por economías extractivas y economías ilegales y sus pobladores presentados como «vidas desechables», aparecen siguiendo a Achille Mbembe, como un lenguaje privilegiado de la guerra social-: se actualiza bajo la ideología de la seguridad y expande los mecanismos de optimización bajo el clivaje riesgo/protección, como declinación de las figuras ciudadanas (^{Mbembe, 2016:16}). En el fondo, es la administración masiva de la muerte, los encarcelamientos y expulsiones de ciertas poblaciones consideras «desechables» la dimensión necropolítica de los Estados y de la acumulación del capitalismo por despojo.

Ahora bien, quisiera resaltar los costos que el narcotráfico y los cultivos ilícitos han traído a las comunidades afrodescendientes ante la grave crisis humanitaria vinculada con los desplazamientos forzados. Un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (2021) reveló que en 2021 cerca de 72.300 personas fueron obligadas a desplazarse ante el incremento del conflicto armado en el territorio colombiano después de la firma de los Acuerdos de paz. En cuanto al registro de desplazamiento forzado de la población afrodescendiente el informe del Registro Único de Víctimas (RUV) informa que, entre 1985 y 2019, 792.540 personas afrodescendientes han sido víctimas de desplazamientos forzados. Esto quiere decir que, del total de la población desplazada en el país, el 10 % corresponde a la población afrodescendiente. No obstante, estas cifras pueden ser mayores, por las siguientes razones:

En el Pacífico, el despojo de tierras y territorios y los desplazamientos forzados atraviesan todo el entramado de relaciones sociales, políticas y económicas y es, por tanto, común a la acción estatal y no estatal. Los grupos armados, las economías del narcotráfico, las empresas multinacionales y el nuevo huracán de reformas neoliberales se articulan en una política de desposesión que pretenden transformar en mercancía los paisajes, los pueblos y los recursos. Estos, pueden ser vistos como máquinas de guerra más interesadas en su propia supervivencia, que en soluciones pacíficas al conflicto (^{Escobar, 2010}). Al respecto, Achille Mbembe señala que en la formación de enclaves económicos en zonas en que se extraen recursos naturales, las máquinas de guerra están

implicadas en la constitución de economías altamente transnacionales, locales o regionales; Las máquinas de guerra se convierten rápidamente en mecanismos depredadores extremadamente organizados, que aplican tasas en los territorios y las poblaciones que ocupan y cuentan con el apoyo, a la vez material y financiero, de redes transnacionales y de diásporas. (^{Mbembe, 2011, p.62} )

Los vínculos transnacionales de los grupos armados colombianos, en asocio con carteles mexicanos, son un claro ejemplo de las redes trasnacionales en torno a la cadena productiva del narcotráfico. Es importante resaltar que la funcionabilidad de la acumulación capitalista por despojo produce una significativa reconversión espacio-temporal de los territorios afrodescendientes reduciéndolos a los valores del mercado en las economías legales e ilegales. La concentración de actividades económicas relacionadas con la extracción de recursos naturales y cultivos de coca convierte a estos territorios en espacios privilegiados de guerra y muerte. Las fuerzas de expulsión van con la tentativa de inmovilizar y neutralizar espacialmente a las comunidades o, paradójicamente disgregarlas en geografías precarias (márgenes) que rebasan los límites del Estado-nación. De este modo, es importante reconocer a la región del Pacífico en una situación de conflicto y de fricción que se revela en las expulsiones de pueblos de sus tierras y territorios; pero también, en los sentidos que sobre los proyectos de vida personal y colectivo construyen las personas en contextos de expulsión.

Es fundamental mencionar que en la construcción del Pacífico como territorio de pueblos afrodescendientes las relaciones complejas entre el espacio, la identidad y la cultura, posibilitan la construcción de relaciones e interrelaciones de la vida cotidiana. En las zonas rurales, un punto nodal, tanto de los ciclos de poblamiento como de la construcción de identidades y prácticas de producción, lo constituye la presencia de los ríos y el mar. Al respecto, Oslender, desarrolla el concepto de espacio acuático en la región Pacífico para referirse a los modos específicos en que los elementos acuáticos -como la constante presencia física o simbólica del mar, las intrínsecas redes fluviales, las quebradas, las cascadas, los manglares- han influenciado y dado forma de manera sustancial a los patrones de vida cotidiana de la región (^{Oslender, 2008, p.133}). Por su parte en las zonas urbanas, los barrios de bajamar también constituyen ejercicios históricos de apropiación territorial. Por ejemplo, en los procesos de formación de los barrios de bajamar en Tumaco, la gente fue buscando ganar terreno al mar a través del relleno con escombros de las partes inundables por mareas. Paralelamente, los primeros pobladores de los barrios situados en territorios de bajamar construyeron, con madera extraída de los manglares, viviendas palafíticas, comunicadas entre sí por medio de una red de puentes, conformando asentamientos humanos que las autoridades locales todavía no han reconocido legalmente (^{Comisión Colombiana de Juristas, 2009}). No obstante, su ubicación en la cabecera municipal los sitúa como lugares en los márgenes donde se profundizan las condiciones estructurales de pobreza y marginación socioeconómica para los habitantes.

En los últimos años, los barrios de bajamar se han convertido además en amplios receptores de ^{población desplazada} proveniente de las zonas rurales de los municipios (tanto en Tumaco como en Buenaventura) o de diversas regiones del departamento del Pacífico. Esta población, que tiende a asentarse en dichos territorios buscando mantener sus prácticas productivas y culturales tradicionales y debido a los bajos costos que implica el asentamiento en zonas marginales, se ha visto enfrentada a numerosas violaciones de sus derechos humanos, lo que constituye una constante y manifiesta revictimización y tiende a perpetuar el estado de cosas inconstitucional al cual se enfrenta la población desplazada en Colombia (^{Codhes, 2013, p. 47}).

Ríos, manglares y barrios de bajamar son espacios que devienen en instrumentos de los grupos armados y economías del narcotráfico. Siguiendo a Lefebvre (2013), el espacio dominante de toda forma de capitalismo, con sus relaciones de producción y explotación de los recursos naturales y grupos sociales, es el espacio abstracto es elespacio instrumental, que busca la expulsión, segregación de territorios y poblaciones. A partir de esta labor instrumental se conforma un espacio que elimina, suprime, evacua y transforma todo lo que se le opone mediante la violencia (^{Oslender, 2008}) en sus diferentes modos: desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, despojo de tierras y territorios, reclutamientos forzados de niñas, niños y jóvenes, entre otros.

Confinados en la expulsión

En la costa del Pacífico nariñense los constantes enfrentamientos entre grupos armados y carteles del narcotráfico presentes en el territorio han generado desplazamientos masivos de miles de familias afrodescendientes hacia zonas urbanas de Tumaco y Ecuador. A raíz del desarme de la guerrilla de las Farc, nuevos grupos armados y cárteles del narcotráfico se disputan la apropiación de antiguos territorios controlados por las Farc, y ser los nuevos caciques de los cultivos de coca y la minería.

Según el informe de la Defensora del Pueblo (2021) en el primer trimestre del 2021 en el Chocó en donde ocurrieron 12 eventos de desplazamiento forzado masivo, en los que se afectaron comunidades afrodescendientes e indígenas, 1.154 núcleos familiares, 3.876 personas de los municipios de Bojayá, Bagadó, Alto y Bajo Baudó y Carmen de Atrato. El tercer lugar de afectación fue ocupado por el Cauca en donde ocurrieron 8 eventos masivos que desplazaron 1.397 familias - 3.600 personas de los municipios del Tambo, Corinto, Caloto, Argelia, Guapi y Timbiquí. El cuarto lugar de afectación fue de Nariño en donde 1.061 familias, 2.921 personas, se vieron obligadas a salir masivamente de sus territorios por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, en los municipios de Tumaco, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, Magüí Payán y Barbacoas, afectando especialmente a los territorios colectivos de comunidades negras.

Para el caso de Nariño, algunas personas y familias que se resistieron al desplazamiento quedaron confinadas en sus territorios por miedo a amenazas, represalias y asesinatos. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, las autoridades constataron que la mayoría de los territorios se encontraban deshabitados, animales abandonados y el río con baja afluencia de embarcaciones locales. Los pueblos del consejo comunitario Unión del río Chagüi se encuentran estratégicamente ubicados en la vía que comunica a los municipios de Roberto Payán en una de las principales rutas que permite el tráfico de drogas que provienen desde la subregión del Telembí hacia Centroamérica. Esto explica los contantes enfrentamientos entre grupos armados como de carteles del narcotráfico por el control de estos territorios y su población.

En Tumaco, las personas y familias desplazadas del consejo comunitario Unión del río Chagüi, fueron albergadas de manera temporal en escuelas y coliseos del municipio. Paulatinamente, estas personas a través de redes familiares y de amistad fueron esparciéndose por barrios de bajamar situados en los márgenes del municipio. Es importante mencionar que en la costa del Pacífico nariñense, los desplazamientos forzados tanto en la zona urbana como rural con frecuencia se establecen de manera pendular; es decir, las familias se establecen en un lugar del que pueden ser nuevamente desplazados de acuerdo con las dinámicas de violencia que instauran los grupos armados. Estos desplazamientos, en palabras de los pobladores locales, son referidos como una población flotante, no solamente porque habitan en casas construidas en palafitos de madera sobre los ríos, manglares y mar, lo que genera que continuamente reubiquen sus viviendas a consecuencia de las inundaciones y subidas de marea, sino también porque producto de los enfrentamientos entre grupos armados y sus intimidaciones a las personas y familias, constantemente se van unos y llegan otros.

En el relato de Leonor Muñoz se evidencian las constantes experiencias de desplazamientos forzados:

Mi familia y yo salimos desplazados en el 2011 de la vereda Congal en el río Mira, porque los paramilitares asesinaron a mi marido, lo confundieron como guerrillero. De ahí nos fuimos al barrio Obrero en Tumaco. Como pudimos armamos una casita con paredes y techos de plástico. Como a los tres meses llegó uno de esos grupos a pedirnos «vacuna» por el derecho a piso. Amenazaron a toda la gente del barrio que si no les pagábamos la vacuna nos iban a matar. A mí no me quedó de otra que agarrar a mis cinco hijos y huir hacia Magüi Payán. Allá nos recibió mi papá, él tiene una casita y vive con otros dos hermanos. Ahora nos tocó volver a salir sin nada por los enfrentamientos armados entre grupos, aquí estamos en el albergue temporal que nos ha puesto la Alcaldía. No sé cuánto tiempo estaremos aquí, y tampoco sé a dónde iré. (Leonor Muñoz, comunicación personal, 18 de enero, 2020)

Los pueblos afrodescendientes se sitúan en un devenir histórico-político de despojos que va desde los espacios de la colonia o la plantación a un presente de cíclicas expulsiones que confina sus trayectorias en espacios de profundas precariedades y violencias. En el relato de Leonor, vemos cómo las personas expulsadas de sus territorios de origen se asientan en los márgenes de barrios de bajamar donde se hacina una población empobrecida. En Tumaco, barrios como Nuevo Milenio, el Bajito, la Ciudadela y Brisas del aeropuerto, han presentado en los últimos diez años una sobre-expansión demográfica como consecuencia de familias que se desplazan por el hostigamiento y confrontaciones de grupos armados. Por ejemplo, luego de la desmovilización del bloque paramilitar Libertadores del Sur, que había sembrado el terror en Tumaco, los Rastrojos, un grupo armado del cartel del norte del Valle hacía presencia en el municipio, sus acciones armadas se basaban en extorciones a comerciantes, microtráfico de drogas, tráfico de armas, sicariato y reclutamiento forzado de jóvenes urbanos. Este grupo armado desplazó a Leonor y su familia.

En los barrios de bajamar, los altos arbustos de mangles, los zancudos, el agua no son obstáculo para que las personas construyan sus lugares de residencia. Esto es una producción del espacio que organiza la vida material y simbólica de las personas y pueblos en prácticas ligadas a las sobrevivencias y resistencias que se tejen en geografías precarizadas, pero que son asumidas como el lugar en que pueden reconstruir las actividades de su vida cotidiana, de manera temporal, pues muchas de estas personas y familias continuarán confinadas en cíclicos movimientos de expulsión. Los márgenes en los que estas personas se mueven sugieren modos diferentes de ocuparlos, pudiendo ser narrados, por un lado, como relatos de exclusión y precarización de determinadas vidas y, por otro, también resaltan la manera diferencial en que se constituyen las relaciones entre el Estado y los grupos sociales, atendiendo a la peculiaridad de rasgos distintivos raciales, económicos, culturales, pero, también desde las perspectiva de regiones cuyas experiencias no han sido consideradas como elementos merecedores de ser reconocidas como vidas importantes por los imaginarios de identidades que instituyen los Estados nacionales (^{Das & Poole, 2004}).

En los márgenes, niños, niñas y jóvenes se socializan en un contexto de violencias cotidianas que deja secuelas profundas en sus aspiraciones y proyectos. Al preguntar a estas personas sobre qué esperan de su futuro, es recurrente que ellos respondan «nada». La nada en contextos de guerra es la manifestación de un estado de precarización de la vida humana que ha dañado la experiencia individual y colectiva y disminuido el control de las personas sobre la propia vida y sus posibilidades de futuro.

A modo de conclusión

En la región del Pacífico colombiano las expulsiones de comunidades afrodescendientes de sus lugares de origen, no son el fin último; constituyen tan solo el eslabón de un gran proceso de nuevas trayectorias en geografías precarias. Los desplazamientos de personas y familias huyendo de la guerra ahora incluyen nuevas trayectorias: el norte de Chile. Antofagasta es el nuevo escenario para la llegada de cientos de afrodescendientes provenientes de Tumaco, Buenaventura y Barbacoas. En este lugar las personas están insertas en algunas de las dimensiones económicas que originaron la expulsión del lugar de origen; la minería, microtráfico de drogas y redes de prostitución. Sumado a ello, las prácticas de racismo y xenofobia en Chile han llevado a conformar grupos que se autoproclaman «defensores de la identidad nacional» para perseguir y, en algunos casos, exterminar a los migrantes afrodescendientes. Los migrantes se mueven en escenarios políticos de reformas de leyes migratorias que, a partir de un uso político de la «raza» ubican a los seres humanos en categorías de migrantes legales e ilegales, esta última es la que se busca erradicar con argumentos que presentan a ciertos sujetos como un riesgo para la estabilidad política y económica de los Estados.

De manera particular, en los territorios de la costa del Pacífico nariñense, fronterizos con Ecuador, los desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras que migran hacia Ecuador por amenazas, persecución o masacres, permanecen en anonimato. Una migración silenciosa. Las prácticas de legibilidad migratoria en Colombia desconocen el impacto de la migración forzada con alcance transnacional en este territorio. La frontera es visible cuando el gobierno ejecuta acciones militares en la lucha contra el narcotráfico o bajas a las disidencias de las Farc, negando los rostros y trayectorias de la población migrante a la vez que criminaliza los liderazgos locales. Algunos pueblos, como la Barca, se encuentran vacíos. Casas abandonas y objetos de la vida cotidiana aparecen dispersos por los territorios dando testimonios de las constantes dinámicas de expulsión a las que han sido sometidos los pobladores locales.

Como se ha documentado, la guerra entre grupos armados por el control de tierras y territorios, abandonos por las guerrillas de las Farc en el proceso de dejación de armas y el surgimiento de las disidencias de las Farc, escriben un nuevo capítulo de la guerra en Colombia. Desde que comenzaron a implementarse los Acuerdos de Paz, la cifra de líderes sociales asesinados ha aumentado catastróficamente. Desde el 2016 hasta noviembre del 2019, 817 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, de ellos 26 son afrodescendientes pertenecientes a las regiones de Tumaco, Cauca y Chocó. Enero del 2020, ha sido el mes con mayor número de líderes sociales asesinados, un líder asesinado por día (Semana, febrero 3 de 2020). El lugar común de estas personas a las que se les ha arrebatado la vida: campesinos ambientalistas y comunales, indígenas y afrodescendientes reconocidos en sus comunidades por su defensa a los territorios contra las multinacionales extractivas; defensores de la sustitución de cultivos de uso ilícito; voceros que han denunciado ante el gobierno las violencias ejercidas por grupos paramilitares y guerrilleros contra las comunidades. En otras palabras: defensores de la vida, el medio ambiente y los territorios.

A pesar de las constantes alertas que emiten distintas instituciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia no cesa. Hasta la fecha, el gobierno ha realizado capturas selectivas de presuntos homicidas, pero no ha logrado dar una respuesta contundente sobre los autores intelectuales de estos crímenes. Se escucha decir en las selvas de Tumaco «están borrando del mapa a los líderes sociales». Estas personas ruegan a su territorio llegue la paz que les prometieron, convertida en oportunidades, programas para fomentar la producción agrícola en el campo y seguridad. Los líderes sociales luchan por la paz y la implementación de los Acuerdos de Paz, ellos residen en territorios en medio del conflicto armado en los que sus pobladores siguen siendo víctimas del despojo y las expulsiones.

Este trabajo ha demostrado que los conflictos en el Pacífico no se tratan de la clásica contradicción capitalista entre empresarios y trabajadores asalariados. Por el contrario, nos encontramos ante cíclicas expulsiones y dinámicas de despojos de tierras y territorios bajo la lógica de fuertes violencias que destruyen los mundos de vida de las comunidades afrodescendientes y reconfiguran sus territorios en nuevos espacios ocupados por las economías criminales con sus modos de producción, explotación y dominación de los territorios y pobladores locales.