Introducción

En este artículo^[5] analizamos una serie de aspectos teórico-metodológicos que se desprenden de nuestro trabajo de campo junto a^[6] organizaciones. Particularmente, nos proponemos identificar algunas de las potencialidades y desafíos que emergen de nuestras experiencias, en las que se entrelazan la investigación antropológica y el compromiso político, considerando el contexto socio-histórico y las condiciones institucionales en la producción de conocimiento social. La reflexión conjunta fue motivada al identificar similitudes en torno a los modos de involucramiento que adquiere el compromiso político construido junto a organizaciones, desde particularidades que incidieron tanto en la construcción del problema de investigación como en el proceso del trabajo de campo. A partir de preocupaciones comunes, delimitamos tres ejes que organizarán el análisis: las implicancias del doble rol de investigadoras y militantes en las relaciones que establecemos con los/as «otros/as»; la conjugación de las condiciones y tiempos institucionales en la producción de conocimiento con los modos de estar en el campo; y los desafíos que se nos presentan en la construcción de datos.

Para ello, tomamos como base nuestras investigaciones doctorales en curso, financiadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que comparten el estar situadas en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina), aunque indagan en campos temáticos diferentes. Una se centra en la experiencia político-sindical de trabajadores/as rurales, nucleados/as en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); mientras que la otra se enfoca en la construcción de políticas de la memoria por parte de organismos de derechos humanos en torno al ex centro clandestino de detención (CCD) Servicio de Informaciones. Dichas organizaciones cuentan con una gran visibilidad pública, característica que resulta relevante tanto para la toma de decisiones en el transcurrir del proceso de investigación, como para abrir un campo de reflexión sobre las cuestiones teórico-metodológicas que atraviesan esta forma de producir conocimiento junto a ellos/as.

Nuestros referentes empíricos han sido construidos desde un enfoque etnográfico (^{Rockwell, 2009}), en el que la comprensión del universo social conlleva el estudio de la cotidianeidad de los/as sujetos, sus prácticas, significaciones y construcciones de sentidos, considerando los contextos socio-históricos más amplios (^{Achilli, 2005}). En particular, las estrategias desarrolladas en ambos trabajos de campo han incluido observaciones participantes (o, más precisamente, participaciones observantes), comunicaciones personales, entrevistas en profundidad a diversos/as sujetos/as, así como análisis de diversos documentos.

La relación entre producción de conocimiento social y compromiso político ha sido objeto de análisis en las Ciencias Sociales, en general, y en la Antropología, en particular, desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas. En la década de 1940, el enfoque estadounidense de la investigación-acción fungió como un primer antecedente para aquellas experiencias orientadas a unir, explícitamente, la solución de un problema social con la adquisición de conocimiento (^{Tax, 1992}). En sintonía, la revisión disciplinar de los años 1950 en Latinoamérica estuvo asociada centralmente a los debates sobre el rol del/a antropólogo/a y su relación con el objeto de estudio, en los que la cuestión del compromiso con la sociedad fue un punto nodal (^{Garbulsky, 2014}).

A partir de la década de 1970, se forjaron tanto propuestas teórico-metodológicas, estudios rigurosos y comprometidos, como posicionamientos políticos de algunos grupos subalternizados. En esa coyuntura, la investigación-acción participativa de ^{Orlando Fals Borda (2012 [1968])}, en diálogo con la metodología de educación popular de Paulo Freire y los planteos de Frantz Fanon (^{Leyva Solano & Speed, 2008}), se presentó como una contribución central para repensar el rol intelectual en la producción de conocimiento que aún hoy sigue siendo revisitada. En términos epistemológicos, esta forma de construir ciencia implicaba romper con el binomio clásico de sujeto-objeto de investigación, dado que las tareas del/a intelectual debían vincular una comprensión del contexto histórico-social con la práctica de organizaciones locales, gremiales y políticas. En tanto forma de investigación cogenerativa, en esta propuesta «los conocimientos expertos se consideran importantes pero los conocimientos locales se consideran esenciales» (^{Greenwood, 2000}, p. 33).

En los últimos años emergieron propuestas teórico-metodológicas denominadas colaborativas o en co-labor (^{Lassiter, 2005}; ^{Rappaport, 2007}; ^{Leyva Solano, 2018}) que, retomando a Fals Borda y a otros/as precursores/as, parten de una concepción epistémica que busca poner en tensión las fronteras entre investigación y activismo (^{Fernández Álvarez & Carenzo, 2012}) o militancia. Provenientes de diferentes contextos, los análisis más recientes se plantean desde perspectivas feministas y/o decoloniales —entre otros—, ya sea desde la investigación-acción o colaborativa, caracterizando al proceso de producción de conocimiento como un campo en disputa. Estos enfoques interpelan sobre la necesidad de articular relaciones y prácticas de investigación más igualitarias y negociadas (por ende, menos extractivistas); de impulsar y sostener un compromiso ético-político; y de experimentar metodologías situadas y artesanales (^{Lamas, 2018}; ^{Fernández Álvarez, 2010}; ^{Katzer, 2019}; ^{Álvarez Veinguer et al., 2020}, entre otros/as).

La etnografía colaborativa surge como perspectiva explícitamente comprometida con los/as sujetos/as con quienes se trabaja y propone introducir dimensiones de colabor en el proceso etnográfico en su conjunto (^{Álvarez Veinguer et al., 2020}). En esta línea, el/la investigador/a es considerado/a como un actor/a social situado/a y posicionado/a en cuanto a su género, cultura y perspectiva política. Cuando esta posicionalidad se hace consciente y explícita y se da en favor del grupo organizado, se convierte en cimiento de la colabor. Este tipo de investigación se construye en cada etapa, desde la conceptualización misma del proyecto hasta el trabajo de campo, y, a su vez, las negociaciones que ello implica se reintegran al proceso de investigación. Particularmente, durante las instancias de escritura, se busca que los/as interlocutores/as sean partícipes para habilitar un espacio polifónico en el relato etnográfico (^{Lassiter, 2005}) y posibilitar una representación más rica, matizada y dialógica (Field en ^{Álvarez Veinguer et al., 2020}). Asimismo, se propende a la creación de un espacio para la coteorización en pos de generar nuevas herramientas conceptuales (^{Rappaport, 2007}), así como a la conformación de una tercera agenda o agenda compartida que sostenga objetivos comunes con los grupos estudiados (^{Leyva Solano & Speed, 2008}).

Otra vertiente que ha problematizado las prácticas tradicionales de investigación ha sido la perspectiva de la investigación militante o activista, que se ubica en la tensa intersección entre la investigación científico-académica y la participación política (^{Leyva Solano, 2018}). Este enfoque involucra ser parte de las organizaciones sobre las que y junto a las que se investiga (^{Isidro, 2018}) Lejos de tratarse de un obstáculo, se entiende que esta participación y su explicitación son elementos que potencian la investigación y constituyen un aporte a la transformación social (^{Hale, 2001}; ^{Speed, 2018}), particularmente, en América del Sur «donde las y los investigadoras/es forman ineludiblemente parte de lo que estudian» (^{Krotz, 1993}, pp. 6-7). Así, la explicitación de la militancia o activismo del/la investigador/a contribuye a construir una Antropología situada (^{Speed, 2018}), ya que hasta el no involucramiento implica una posición ético-política ante los/as «otros/as» (^{Scheper-Hugues, 1995}). Metodológicamente, la investigación activista o militante también requiere del diálogo constante y la participación activa de los/as sujetos/as, desde el diseño mismo de la investigación hasta la publicación y validación de sus resultados (^{Hale, 2001}, 2006).

Vinculado de diferentes maneras a estos desarrollos, nuestro análisis tiene la intención de contribuir a la problematización de la práctica antropológica desde una reflexión sobre formas y modos de hacer (y estar) en el campo, en tanto espacio en permanente construcción, atravesado por conflictos y disputas. Para ello, en primer lugar, presentamos y situamos nuestros procesos de investigación en curso, en contextos temporo-espaciales particulares. Luego, desarrollamos un análisis teórico-metodológico de las experiencias propias, en diálogo con diferentes aportes de la literatura reseñada. Finalmente, presentamos algunas reflexiones finales para sistematizar algunas de las potencialidades y desafíos que implica el trabajo antropológico junto a organizaciones.

Conocer, implicarse y comprometerse: claves para contextualizar nuestras experiencias

Aunque abocadas a problemáticas diferentes, nuestros trabajos de campo comparten el hecho de trabajar junto a y estar políticamente comprometidas con dos organizaciones con amplia visibilidad pública en Rosario, ciudad situada en el sureste de la provincia de Santa Fe, y ubicada como la tercera más poblada del país. Consideramos al contexto como aquella configuración temporo-espacial delimitada en una investigación, que no resulta externa, sino que conforma los límites y condiciones de los procesos analizados (^{Achilli, 2015}). En esta línea, cabe señalar que la historia de la ciudad ha sido testigo de notables tradiciones de lucha y experiencias de organización colectiva que gravitan en cada uno de los procesos sociopolíticos que analizamos.

De esta manera, destacan momentos de movilización social que marcaron en forma persistente y compleja su historia reciente. Las coyunturas de 1969 con los Rosariazos y las de 1989 con los saqueos^[7] se caracterizaron por la irrupción de diversos sectores en el ámbito urbano, debido a las profundas mutaciones producidas en la estructura económica, política y social, desde la intensificación industrializadora de los años 1950 y 1960, a la desindustrialización iniciada hacia mediados de los años 1970 con la última dictadura (^{Águila & Viano, 2006}), de la mano de la desaparición, tortura y asesinato de miles de personas. Por su parte, las trágicas jornadas de diciembre del 2001 representaron la puesta en crisis del régimen económico, social y político forjado en las décadas anteriores, y revitalizaron diversas formas de protesta (entre ellas, los piquetes —cortes de ruta—) y de organización colectiva como las asambleas populares, que apuntaban a fortalecer la horizontalidad en la toma de decisiones, a modo del ejercicio de una democracia directa (^{Galafassi, 2012}).

Pese a las particularidades de nuestras indagaciones, la crisis del 2001 se presenta como un evento notablemente significativo en ambas problemáticas y para los/as sujetos/as junto a los/as que investigamos. Siguiendo a ^{Ramírez & Viguera (2002)}, tanto los organismos de derechos humanos, nacidos en su mayoría tras la última dictadura, como los movimientos de desocupados/as, que emergieron al compás de la reforma económica de los años 1990, pueden inscribirse dentro de un mismo campo de protesta que renovó paulatinamente las modalidades de acción política con respecto al período anterior. Así, la persistente denuncia ante los efectos socio-económicos del modelo neoliberal implementado, sumada al repudio del accionar represivo dictatorial pero también de la violencia policial, sirvieron de aglutinante para estos diversos movimientos sociales, desde una transversalidad que se tornó más tangible con el surgimiento de H.I.J.O.S.^[8] a mediados de los años 1990 (^{Ramírez & Viguera, 2002}). Desde este punto de partida contextual común, consideramos central establecer algunas claves para situar nuestras experiencias de campo.

Por un lado, la investigación doctoral de Lilli indaga en la experiencia organizativa político-sindical de trabajadores/as rurales, especializados/as en horticultura, que se agrupan en la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)-UTEP^[9]. En el periurbano de la ciudad de Rosario, la organización nuclea y representa, principalmente, a familias migrantes bolivianas que se dedican a la producción de alimentos (verduras frescas y de estación) orientada al consumo del mercado interno. Las particularidades del trabajo rural en el área se ven condicionadas por procesos migratorios vinculados a la búsqueda de estrategias de subsistencia y por relaciones laborales informales, bajo condiciones de precariedad. En este sentido, la lucha que desarrolla la organización es por el reconocimiento de su trabajo y por el acceso a derechos plenos.

El MTE tiene carácter nacional y recupera tradiciones de lucha desplegadas en el marco de la crisis social, política y económica del 2001. Es en ese período que el Movimiento es fundado por un grupo de cartoneros/as en busca de mejorar sus condiciones de trabajo y vida. Con el tiempo se fueron incluyendo, en su estructura organizativa, otros rubros productivos como el textil, rural, recicladores/as urbanos/as, vendedores/as ambulantes, entre otros, que se caracterizan por la externalización, informalidad y precariedad de las formas que adquiere el trabajo en la economía popular. En el año 2011, junto a otras organizaciones sociales, crean la Confederación de Trabajadores de Economía Popular (CTEP/UTEP) con la intención de constituir una representación gremial para todos/as aquellos/as que se vieron obligados/as a inventar formas de trabajo y/o estrategias de subsistencia y que no son reconocidos/as por los sindicatos tradicionales.

A partir de la obtención de una beca doctoral en el año 2017, y recuperando una investigación previa (^{Lilli, 2015}), surgió el interés por plantear prácticas que colaboren con el Movimiento. La entrada al campo se concertó a través del contacto previo con referentes del MTE, en su mayoría, profesionales y/o estudiantes universitarios/as con trayectoria de militancia previa. El vínculo con los/as interlocutores/as se derivaba de la actividad militante compartida en una agrupación estudiantil universitaria, la cual en ese momento formaba parte de un movimiento social multisectorial, de carácter nacional, surgido luego del 2001.

Entre los años 2016 y 2019, debido a una serie de medidas políticas y económicas de parte del entonces gobierno (Cambiemos-PRO), se generó un escenario de confrontación abierta que mostró la irrupción del sector englobado en la economía popular. La gran visibilidad pública que adquirió la CTEP/UTEP, a través de movilizaciones y acciones colectivas a nivel nacional y local, sumado al interés político que despertaban esas experiencias, desencadenó que la investigadora decidiera implicarse allí. Sin embargo, en ese momento, no fue posible delimitar un plan de acción u objetivos comunes preestablecidos considerando un aporte concreto al Movimiento. Esto se debió tanto a la inexperiencia como a los tiempos del proceso colectivo que fueron, y son, diferentes a los que conlleva la formulación de un proyecto institucional.

En ese contexto, se hizo explícita ante los/as referentes la voluntad de involucrarse en actividades cotidianas de la organización para, luego, ir viendo «sobre la marcha» qué se necesitaba. A partir de allí, se inició un camino común, en el que la afectación y los modos de estar en el campo fue transformando no solo los vínculos y roles —como investigadora y como militante—, sino también al problema de investigación inicial. Actualmente, Lilli participa en la coordinación de espacios de formación en cooperativismo y en problemáticas de género, así como en la formulación y gestión de proyectos institucionales orientados a la agricultura familiar y la economía popular. En ese recorrido se fueron contorneando, ampliando y desdibujando (en algunos momentos) los aportes al Movimiento.

Por otro lado, la investigación doctoral de Cinto analiza la construcción de políticas de la memoria en torno al CCD Servicio de Informaciones de la ciudad de Rosario^[10], desde el año 2001 hasta el 2020. En este proceso cobran centralidad los organismos de derechos humanos locales que, pese a la causa que los une, no pueden ser comprendidos como un bloque homogéneo, sino que cuentan con sus propias particularidades, trayectoria e intereses. Mientras organismos como la Liga por los Derechos del Hombre ya existía desde la década de 1930, otros como Madres de Plaza de Mayo —denominada Madres de Plaza 25 de Mayo en Rosario— y Abuelas de Plaza de Mayo se conformaron tras la última dictadura a partir de la politización de los lazos de parentesco con desaparecidos/as y asesinados/as. H.I.J.O.S., por su parte, se sumará a estas organizaciones en 1995.

El punto de partida de la investigación es el proceso de recuperación del ex CCD, iniciado en el año 2001 y oficializado en 2002, como una experiencia temprana en el país que fue protagonizada por organismos locales —entre los que se encuentran Madres, Abuelas-filial Rosario, H.I.J.O.S. Rosario, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, la Liga y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos—, sobrevivientes y universitarios/as. Recuperación aludió, en ese particular contexto, al modo en que los procesos de construcción de ex CCD en lugares de memoria fueron vivenciados por sus protagonistas (^{Messina, 2010}); denominación que ineludiblemente se asocia con el movimiento de recuperación de fábricas que se venía gestando previa y simultáneamente. Tal como sucedió posteriormente en otros espacios ligados a la represión dictatorial, la denominada crisis del 2001 se constituyó en una suerte de una bisagra con respecto a la reactivación pública de procesos memoriales en todo el país. Desde entonces, los organismos locales han desarrollado un conjunto de políticas que resignificaron al ex CCD en articulación —no exenta de conflictos y pugnas— con el Estado provincial y otros/as actores/as sociales.

Concretamente, el ingreso al campo se produjo a partir de un ejercicio teórico-metodológico sobre H.I.J.O.S. Rosario, realizado entre 2009 y 2010 en el marco de la formación de grado, cuya devolución a la organización generó la invitación a militar en ella. Al mismo tiempo, desde el año 2010 hasta la actualidad, se participa del denominado el grupo de apoyo de Madres de Plaza 25 de Mayo^[11], a partir de un interés investigativo para la tesina (^{Cinto, 2016}) que se transformó luego en causa militante. Por su parte, durante la militancia en H.I.J.O.S. entre 2011 y 2016, se integró su equipo jurídico participando en varias causas por delitos de lesa humanidad. Esta experiencia política posibilitó trabajar, entre 2014 y 2017, en el Archivo audiovisual de juicios de lesa humanidad, ubicado en el interior del ex CCD, que hoy, como Espacio de Memoria gestionado por el Estado provincial, es eje del actual problema de investigación. Ello no es casual, sino que fue a partir de esta trayectoria de largo plazo que se definió el problema, desde motivaciones tanto políticas —ligadas a cómo hacer un aporte en torno al lugar considerando las militancias de los organismos— como académicas —vinculadas a comprender su proceso de recuperación y construcción como objeto de políticas de la memoria—. La posibilidad efectiva de desarrollar la investigación surgió a partir de la obtención de una beca doctoral de Conicet a comienzos de 2017, cuya postulación fue redactada bajo requerimientos académicos, mientras aún se desarrollaba el trabajo en el mencionado archivo.

Posteriormente, producto de la participación en la Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo y el conocimiento del ex CCD, se integró —por decisión de sus referentes— la comisión del Espacio de Memoria en representación de este organismo, entre los años 2018 y 2020. Tal como en el caso de Lilli, el intenso involucramiento fue transformando no solo los modos de participar políticamente, sino también de delinear analíticamente el problema y de transitar el trabajo de campo. Actualmente, Cinto participa solamente de la Ronda, desde la que recientemente se elaboró colaborativamente y presentó para evaluación un proyecto de extensión universitaria, construido a partir de una demanda de la organización.

Construir junto a organizaciones: potencialidades y desafíos en el trabajo de campo

A continuación, nos detendremos en una serie de dimensiones analíticas definidas con la intención de identificar potencialidades y tensiones comunes. Entendemos, desde una perspectiva relacional, que el trabajo de campo no está disociado del trabajo conceptual, sino que en esa relación dialéctica ambos adquieren características específicas. Bajo esta perspectiva, en el trabajo de campo cobran relevancia tres aspectos: la relación entre los/as sujetos/as de la investigación —que incluye el involucramiento del/a investigador/a en la experiencia intersubjetiva—; la relación con las propias estrategias de investigación; y la relación con la dimensión teórico-conceptual. De este modo, la conceptualización teórica opera como un esquema flexible que requiere ser problematizado desde la experiencia empírica del trabajo de campo (^{Achilli, 2005}).

Atendiendo a estos aspectos, delimitamos tres ejes interrelacionados que se proponen iluminar nuestras reflexiones colectivas. En primer lugar, y con respecto a la vinculación entre los/as sujetos/as de la investigación, focalizaremos en el rol que fuimos construyendo durante el proceso en relación a los/as «otros/as». En segundo lugar, en torno a las estrategias de investigación, abordaremos los tiempos y formas disímiles que caracterizan la producción de conocimiento ligada a la participación política. Y, por último, daremos cuenta de la relación con la dimensión teórico-conceptual que atraviesa el análisis, reparando puntualmente en la construcción de datos.

Dar cuenta de la experiencia intersubjetiva que supone el trabajo de campo resulta complejo, pero, al mismo tiempo, posibilita la construcción de cierto balance entre compromiso y distanciamiento (^{Elias, 1983})^[12] respecto de los/as sujetos/as con quienes trabajamos. Dicha experiencia nos involucra a través de formas de extrañamiento y familiarización dentro de una dinámica de mutuas tipificaciones, acercamientos, distancias e intercambios de conocimiento que nos van modificando como sujetos/as. Así, nuestra participación en un proceso de interacción social (y lo que sucede allí) resulta crucial en el análisis y en la contextualización de la propia investigación (^{Achilli, 2005}).

Es preciso señalar que el análisis que presentamos atiende a procesos de investigación que se encuentran en curso y, a la vez, focaliza en procesos sociopolíticos contemporáneos. Es decir, nos planteamos como reto problematizar nuestros trabajos al mismo tiempo que están y siguen en movimiento. De esta manera, no deseamos prescribir modos ideales de hacer o de involucrarse durante el trabajo de campo, sino contribuir al debate acerca de las implicancias que conlleva la participación como investigadoras y militantes de una organización, a partir de interrogar nuestra forma de hacer Antropología.

El rol en relación a los/as «otros/as»

Las relaciones gestadas en el trabajo de campo son un aspecto a tener en cuenta en cualquier proceso de investigación antropológica, atendiendo a las estrategias dialógicas que supone la relación investigador/a-sujetos/as, las particularidades que guarda esa relación en el marco de un compromiso político por parte de las investigadoras y, por último, el/los rol/es que se construyen en ese proceso intersubjetivo que implica el trabajo de campo. Menéndez señala que, en general, los problemas que surgen en el campo no suelen incluirse en la producción académica de textos, especialmente, aquellas situaciones de desigualdad «que son parte del status diferencial que existe entre el investigador y los grupos de la comunidad con los cuales se trabaja» (2001, p. 21). A partir de nuestras experiencias, interesa destacar cómo esas desigualdades y diferencias aparecen y son asumidas por nosotras y por los/as «otros/as».

En el caso de Lilli, el ingreso al campo a través de vínculos políticos previos y siendo identificada por los referentes del Movimiento como militante —antes que como investigadora— posibilitó acceder a espacios orgánicos. Esta entrada fue confluyendo con la construcción de lazos de confianza y afecto con los/las sujetos involucrados/as. El primer acercamiento se produjo en una asamblea, en la que participaron los referentes del MTE de la ciudad y los/las trabajadores/as rurales de la zona periurbana, quienes forman parte de la comunidad migrante boliviana. En general, quienes producen alimentos en estas zonas son arrendatarios/as y/o peones/as en grandes unidades productivas y habitan en contextos de desigualdad social. En ese momento, la investigadora fue presentada por el coordinador como: «una compañera que es antropóloga y que viene a aportar a la organización gremial, a colaborar con la organización».

En los inicios del trabajo de campo, esas formas de estar se circunscribieron a escuchar, observar y registrar espacios asamblearios, limitando la propia intervención a ocasiones específicas o si era consultada. La investigadora sostenía que debía resguardar sus opiniones y valoraciones sobre lo que sucedía, desde un lugar de exterioridad. En la práctica cotidiana, este posicionamiento, se traducía en aclarar que (particularmente, en ámbitos académicos): «estoy colaborando con la organización», creyendo demostrar la distancia esperable en una investigación rigurosa. A la vez, al interior del Movimiento, se aclaraba que la presencia estaba vinculada a un proceso de investigación y que, por eso, no se posicionaría en debates políticos internos, considerados propios de la organización. Ese modo de habitar el proceso no excluyó incomodidades, sino que permanentemente ponía en tensión el compromiso y generaba situaciones en que el pensar y el (querer)hacer se escindían, contrariando postulados ético-políticos asumidos.

Desde una mirada retrospectiva y a lo largo de la cotidianeidad compartida durante cuatro años, ese rol en el campo se ha ido negociando en función de las necesidades que ese proceso organizativo requería, por ejemplo, coordinar asambleas, redactar proyectos, acompañar la gestión de trámites, o la incorporación en el equipo técnico-asesor. Dichas prácticas posibilitaron configurar un lugar en la organización que desbordó el rol de investigadora y que fueron transformándola en militante contribuyendo a despejar las incomodidades iniciales. Ese proceso habilitó a sostener —conscientemente— una doble adscripción: como parte del Movimiento y como antropóloga.

Las identificaciones de esos roles fueron desplazándose en el transcurrir del trabajo de campo y según los espacios de interacción. A veces, se identificaba a Lilli como la compañera y, en otras ocasiones, como la maestra o la coordinadora; referencias que ubicaban a la investigadora en lugares de autoridad (y poder) pero también de exterioridad. Cabe destacar que los diferentes orígenes y la extranjeridad de los/as sujetos/as que intervienen en el proceso también se ponen en juego en esos vínculos (es recurrente la diferenciación entre quienes se consideran paisanos, en oposición a los gringos) e inciden en las representaciones morales que se construyen.

En las instancias de entrevista, el rol de investigadora era más claro, aunque permeado por el vínculo de confianza otorgado como militante. En ese contexto, no cabía duda de que se buscaba recabar información, aunque era recurrente la demanda de parte del/la entrevistado/a en torno a: «poné, escribí todo esto que te cuento, esto se tiene que saber», «uds. en la facultad tienen que analizar estos problemas que tenemos acá» o «vos seguro sabes, porque sos universitaria». Estas demandas se vinculan con la representación que tienen los/las «otros/as», (y co-construimos los/las investigadores/as) de porqué estamos allí y para qué preguntamos, a la vez que muestran las distancias sociales y de poder entre saberes y como estos son ubicados en diferentes posiciones jerárquicas. También se puso de manifiesto la implicancia de ese doble rol en el marco de episodios conflictivos, por ejemplo, debates internos sobre cómo resolver gestiones políticas. En esos momentos, la investigadora sentía la preocupación de que lo que pudiera opinar, desde un posicionamiento político-ideológico, interferiría en el vínculo etnográfico.

En el caso de Cinto, las organizaciones de derechos humanos, como los/as sujetos/as centrales del proceso analizado, se caracterizan por su composición, mayoritariamente, de clase media y, en buena medida, universitaria. De este modo, en términos de clase y formación existió una identificación entre la investigadora y los/as sujetos/as del campo. No obstante, en el caso particular de H.I.J.O.S., buena parte de sus militantes son abogados/as. El Derecho se posiciona socialmente como una profesión hegemónica sin lugar a dudas, cuestión que se torna más clara frente a disciplinas como la Antropología. Ello incidió en las posiciones de cierta subordinación asumidas por la investigadora durante el trabajo de campo y la militancia. De esta manera, la propia participación en el trabajo jurídico para las causas de lesa humanidad, donde el protagonismo de los/as abogados/as es indudable, fue fundamentalmente administrativa (realizando relevamientos, fotocopias de expedientes, trámites, etc.), con la oportunidad, en escuetas ocasiones, de realizar algunos aportes teóricos.

Excepto en las situaciones de entrevista donde el rol de investigadora —indisociable para muchos/as entrevistados/as del lugar como militante— aparecía más claramente delimitado, se fue configurando un rol de secretaria en la tensión entre los registros de campo y lo que se esperaba que se aportara como militante. Fortalecido, asimismo, por la identidad de género y edad, este rol se renovó durante la participación en la comisión del Espacio de Memoria ex CCD Servicio de Informaciones, entre 2018 y 2020, ya como representante de la Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo. En este sentido, la posicionalidad en tanto mujer, treintañera y antropóloga, lejos de contribuir a consolidar una situación de poder y autoridad ante los/as «otros/as», fortaleció una posición subordinada de parte de la investigadora, asumida considerando que se trataba de una forma menos invasiva de aportar académicamente a la práctica militante. Ello se enlazaba con la presuposición de que, por no ser nativa, había que «ponerse a disposición de la causa» para lo que fuera necesario, en busca de reconocimiento y aceptación, aunque ello no tuviera que ver con los aportes profesionales que pudieran hacerse.

Estas consideraciones se conjugaron con sentidos comunes y prescripciones morales presentes en la militancia, donde los intereses personales deben supeditarse a los intereses colectivos, y el fortalecimiento de relaciones de afecto y confianza. Al igual que en el caso de Lilli, se realizaba un esfuerzo por escindir momentos de participación política y momentos de producción académica, como si se tratara de resolver la irresoluble tensión entre lo colectivo y lo individual. Durante los primeros años de militancia y mientras transcurría la investigación de grado, las intervenciones frente a los/as «otros/as» fueron mínimas, considerando que con ello se evitaba incidir en el campo, desde cierto deslumbramiento ante la hegemonía del Derecho y bajo cierta romantización del ser militante. En este sentido, estaba presente la duda acerca de qué podía aportar una antropóloga a la causa y, asimismo, cuán válido era aquello que podía decir una antropóloga como militante. Así, los principales aportes fueron requeridos y valorados en términos de escritura, desde la elaboración de proyectos educativos hasta la redacción de casos para los requerimientos de elevación a juicio. Esta posición inicial se fue modificando a través del tiempo, para dar paso a una participación política más clara y con intervenciones públicas, a la par que se fue transformando el objeto de investigación, así como las propias concepciones de la militancia a partir de conflictos específicos que contribuyeron a problematizar los roles asumidos.

Considerando ambas experiencias, nuestros intereses académicos y militantes han estado estrechamente ligados, de tal manera, que resulta dificultoso establecer cuándo comienzan unos y terminan los otros. En ese marco, no fue posible separar el rol de investigadoras, en el sentido positivista de un/a científico/a neutral y objetivo/a, que observa y escucha, y el rol de militantes, aún con los intentos de que así fuera. La militancia se conjugó con un trabajo de campo de largo plazo en el que fuimos construyendo relaciones de afecto y confianza con distintos/as sujetos/as, pero también de diferencias y conflictividad, que nos acercaron más a determinadas perspectivas del problema de investigación que a otras. Ello resulta clave ya que, el modo en que llevamos adelante esta «intrusión inaugural» (^{Abélés & Badaró, 2015}) marca, aunque no delimita de una vez y para siempre, las diferentes y cambiantes relaciones que iremos construyendo en el campo.

Como podemos observar, las categorías identificatorias asignadas y autoasignadas nos posicionaron en diferentes lugares en relación a los/as «otros/as», según las circunstancias y en el marco de las particularidades de los/as sujetos/as junto a los/as que se trabaja. Este tipo de situaciones fueron vivenciadas no con poca incomodidad o desconcierto, debido a una probable idealización del lugar conquistado en el vínculo con el campo. A la vez, a pesar de ser consideradas como compañeras, ocupamos una posición social diferencial que determina roles y reconstruye relaciones de poder con los/as «otros/as», teniendo en cuenta las representaciones y prescripciones morales que se configuran sobre nosotras y nuestra presencia.

Atado a esta posición frente a esos/as «otros/as», el trabajo antropológico junto a organizaciones posee cierta particularidad en relación a lo que podemos denominar demanda. Nuestro compromiso y participación con sujetos/as políticamente organizados/as nos interpela por medio de prácticas concretas que, en ocasiones, surgen como demandas del grupo por las representaciones que existen en torno a nuestros saberes y por los vínculos interpersonales que tejemos en el transcurrir de la construcción colectiva en el campo. Asimismo, en esa praxis vamos construyendo supuestos y sentidos que nos han acercado más a nuestro rol de militantes en algunas oportunidades y al de investigadoras en otras.

Aunque todo proceso de investigación está atravesado por posicionamientos políticos, no siempre son incluidos de manera explícita, bajo cierta pretensión de neutralidad valorativa. En este sentido, compartimos con la perspectiva de la investigación militante la necesidad de explicitar la participación política, como modo de enriquecer y no obstaculizar la construcción de una Antropología situada (^{Speed, 2018}), no solo ante los/as propios/as sujetos/as, sino también frente a la comunidad académica de la que formamos parte. Coincidimos en aproximarnos a una perspectiva de investigación que desplace la mirada del compromiso solo como postura ético-académica hacia la construcción conjunta de una investigación comprometida, para interpelar qué supone nuestra propia práctica política en la relación con los/as «otros/as», qué aspectos analizamos, qué lenguajes se ponen en juego y cuáles son nuestros aportes a los procesos abordados (^{Fernández Álvarez, 2010}; ^{Trentini & Wolanski, 2018}; ^{Ramos, 2020}).

Tiempos y formas de producción de conocimiento

Las condiciones en las que producimos conocimiento no son nunca una cuestión menor y difieren en función de la posición ocupada en el sistema científico, dado que se consideran requisitos temporales y evaluativos específicos en el marco de las particulares circunstancias en que construimos Antropologías desde el Sur (^{Krotz, 1993}; ^{Borón, 2006}). Han sido ya señaladas las tendencias existentes en las Ciencias Sociales en torno a la relación entre tiempo, trabajo e ingresos monetarios del/la investigador/a, desde una agenda internacionalmente delimitada (^{Menéndez, 2001}; ^{Borón, 2006}). En este sentido, el sistema evalúa la publicación de las producciones académicas ponderando menos el contexto y la calidad de las investigaciones que la productividad del/a investigadora/a en términos cuantitativos, lo que afecta particularmente a una disciplina como la Antropología, basada en el trabajo de campo y análisis de largo plazo.

Asimismo, la posibilidad de llevar adelante investigaciones a tiempo completo depende, en buena medida, de la obtención de financiamiento específico (becas, por ejemplo). Esta situación incide —y determina, en última instancia— en el modo de investigar, dada la desigualdad laboral que generan las jerarquizaciones existentes al interior del propio campo científico (^{Bourdieu, 1994}). De esta manera, la posibilidad de construir, a priori, metodologías y acciones junto a las organizaciones requeriría posiciones particulares en la comunidad académica de parte de quien investiga, que difícilmente puedan sostener aquellos/as que deben cumplir con los plazos y requerimientos institucionales de una beca de investigación. Para el caso de la beca doctoral, el plazo de finalización es de cinco años, lapso en el que se requiere tanto la asistencia a eventos académicos, la publicación en revistas especializadas, la participación en proyectos de investigación, como la realización de actividades de extensión con la comunidad, mientras se elabora la tesis doctoral. En tanto requerimiento por excelencia para el/la becario/a, la tesis se presenta como el producto final que habilita el ingreso y la legitimación frente a la comunidad académica. No obstante, los actuales criterios de validación de este tipo de producciones no contemplan la coescritura o la coinvestigación como válidas, sino que exigen la autoría individual.

Resulta importante señalar que en nuestras investigaciones los objetivos fueron planteados a priori, exclusivamente por nosotras, atendiendo a los requerimientos del Conicet para acceder a una beca doctoral. De esta manera, nuestras aproximaciones, marcadas por una suerte de dicotomización entre la investigación y la militancia, se distancian claramente de las perspectivas previamente reseñadas, en las que la participación de los/as sujetos/as es central desde el diseño y hasta la escritura del proyecto. No obstante, si coincidimos en que los procesos investigativos se van constituyendo en el hacer mismo, que nuestras investigaciones no hayan sido enmarcadas en un comienzo como participativas, colaborativas o militantes no resulta un impedimento para que determinados aspectos de estos modos de involucramiento intersubjetivo puedan generarse en su devenir. Entendemos, así, que el punto de partida no condiciona de una vez y para siempre las posibilidades de construir conocimiento con otros/as», mientras nos comprometemos y somos comprometidas políticamente (^{Cross, 2018}).

Cierto es que, desde nuestras experiencias particulares, la práctica militante y la producción académica se presentan como dos espacios con sus propios ritmos y dinámicas, que influyeron en el modo en que iniciamos nuestras indagaciones. Particularmente, la escritura aparece como un escenario donde es posible dar cuenta de estas diferencias. Por un lado, la praxis militante se encuentra caracterizada por la celeridad ante eventos políticos que requieren respuestas rápidas, la primacía del pragmatismo y la producción de escritos en el momento, con claros objetivos político-ideológicos, que exhiben las marcas de la inmediatez. Es decir, tal como señalamos previamente, la praxis política impone tareas, tiempos y prácticas en estrecha relación con lo que implica el compromiso y se espera del ser militante, desde sentidos que requieren comprenderse situadamente en cada organización. Por lo tanto, el modo de responder ante estas demandas será múltiple en cuanto a qué consideremos y qué consideren los/as «otros/as» que podemos aportar.

Ante esta dinámica, la producción académica aparece descompasada: el análisis y la escritura requieren constantes revisiones antes de que un texto salga a la luz, no solo propias sino también de esos/as «otros/as» que conforman nuestra comunidad académica. En general, se trata de textos más extensos que deben cumplir con formatos estandarizados y evaluaciones propias del campo académico, lo cual, en ciertas ocasiones, dificulta la coproducción en el marco de la inmediatez política. Lejos de considerar menos reflexiva a la producción orientada por la práctica política, solo se trata de formas diferentes de teorizar y actuar, en definitiva, sobre aquello que nos rodea. Estas condiciones nos interrogan por las posibilidades efectivas de desarrollar un coanálisis o escritura conjunta, considerando que no son solo los textos académicos los que pueden elaborarse colectivamente.

En el caso de Lilli, los tiempos y formas que adquirieron las lógicas que se desprenden del doble rol asumido no fueron planificadas a priori. Particularmente, la colaboración en la escritura se generó a través de la producción de documentos políticos de carácter público, así como material de formación interna del Movimiento. Dada la inmediatez que requieren ese tipo de tareas (por ejemplo, la urgencia de exponer un comunicado público a los medios) no fue posible nutrir esos escritos con reflexiones o contribuciones analíticas que pudieran ser reelaboradas junto a las organizaciones. Esas formas de colaborar formaron parte y se construyeron desde la praxis política y en el marco de las relaciones que se fueron estableciendo. Este tipo de colaboraciones siempre incorporan consensos, conflictos y acuerdos colectivos sobre el qué y el cómo se dice.

Por otro lado, el aporte a la redacción y presentación de proyectos institucionales sí muestra una agenda común consensuada y llevada adelante en conjunto a los/as sujetos/as, aunque se trate de tareas que quedan por fuera de la escritura de la tesis doctoral. Aquí el aporte disciplinar queda más delimitado, y es en función de las demandas de la organización que se construye el tema y/o la metodología a tratar. En tal sentido, los diagnósticos que se construyen tanto de los procesos colectivos como institucionales serán nutridos, a la vez, por aportes disciplinares de quien está llevando adelante una investigación.

La coteorización junto con los/las «otros/as» no fue lograda en el cotidiano y, en general, la producción académica —presentada en congresos o revistas científicas— no fue revisada ni discutida (en clave analítica) con la organización, aunque constituye una orientación en la práctica de la investigadora. Por último, se considera como un desafío pendiente la posibilidad de incorporar los registros de campo como insumos que puedan ser retrabajados en conjunto, a través de metodologías específicas que contribuyan en la gestión de conflictos.

En el caso de Cinto, la escritura junto a los/as «otros/as» fue tomando formas diferentes de acuerdo al contexto concreto de participación. Durante la militancia en H.I.J.O.S., los aportes tuvieron que ver con la redacción de casos para los documentos judiciales, bajo la consideración de que «ustedes los/as antropólogos/as escriben bien», pero siguiendo formatos preestablecidos por el universo jurídico. Asimismo, esta supuesta habilidad para la escritura de los/as antropólogos/as fue considerada de utilidad a la hora de sistematizar discusiones colectivas en forma de proyectos y redactar notas para ser presentadas de manera institucional. Por su parte, en la reciente participación en la comisión del Espacio de Memoria en representación de la Ronda, fue explicitado desde un primer momento que, durante las reuniones, se tomarían notas para la investigación. Esta aclaración produjo efectos concretos en algunos/as integrantes de la comisión, que permanecían atentos/as a nuestras anotaciones, solicitando no poner o agregar determinadas cuestiones. En general, ese trabajo antropológico de registro fue visto por el resto de los/as integrantes como insumo para la confección de las actas de reunión. De este modo, designada como secretaria ad hoc, los registros de campo dieron paso a la redacción de actas que se pusieron a disposición de toda la comisión.

Luego de que estas fueran cuestionadas como muy detallistas y extensas por algunos/as integrantes —particularmente, abogados/as—, se tomó la decisión de elaborar dos documentos diferentes con los registros como base: por un lado, las observaciones participantes, extensas y detalladas, y por el otro, las actas de comisión, concretas y concisas, tal como demandaba la dinámica de la comisión. Así como los escritos judiciales contaban con formatos y plazos preestablecidos, la participación en la comisión requería textos de rápida lectura, con puntos concretos, para facilitar, luego, el tratamiento de temas en las reuniones siguientes. Tal como en el caso de Lilli, estas formas de producción que, efectivamente, se desarrollaron de manera colaborativa, guardaron más relación con los tiempos y formas de las organizaciones que con los académicos.

En esta línea, las detalladas observaciones se convirtieron en puntos de partida para analizar una y otra vez, durante el largo proceso de la escritura y reescritura de la tesis doctoral. Casi como si se tratara de carriles separados, resultó dificultoso propiciar instancias más formales de coteorización y/o puesta en discusión de los trabajos académicos (ponencias y artículos elaborados según los requerimientos de la formación doctoral) con los/as diferentes sujetos/as del campo. En las oportunidades en que se trató de poner en circulación esos trabajos, surgieron las mismas argumentaciones sostenidas ante las actas: es decir, que su extensión y detalle hacían tediosa la lectura. En este sentido, no fue posible —y permanece como tarea pendiente— la construcción de espacios y criterios comunes para habilitar la producción conjunta sin dicotomizar las lógicas académica y militante.

Teniendo en cuenta tanto las temporalidades disímiles entre producción de conocimiento social y praxis militante como las condiciones de producción en las que estamos inmersas, nos preguntamos por las posibilidades concretas de conjugar ambas lógicas en la construcción conjunta de las estrategias de investigación. Los desafíos, en este sentido, refieren a la (im)posibilidad que hemos tenido de conformar agendas comunes entre las investigadoras y las organizaciones o de desarrollar espacios de coteorización —tal como incentiva la propuesta colaborativa— en la particular instancia académica en la que nos encontramos. Es decir, en ninguno de los dos casos se pudieron generar nuevas herramientas conceptuales (^{Rappaport, 2007}) o, por lo menos, no fue de manera explícita o planificada. Asimismo, nuestros aportes estuvieron marcados por los «tiempos políticos» que muestran, como señalan ^{Álvarez Veinguer & Olmos Alcaraz (2020)}, que una de las características de los procesos organizativos colectivos es que sus activistas, a diferencia de los/as investigadores/as, disponen de tiempo limitado, tienen otras necesidades, urgencias y prioridades.

A lo expuesto se suma que la implicancia afectiva, más allá de la política, complejiza el panorama a la hora del trabajo analítico, generándose mayores expectativas (y demandas) mutuas entre investigadoras y sujetos/as. Cuando el involucramiento es profundo y de largo plazo, la tarea se torna mucho más complicada y puede conllevar profundas crisis personales. ¿Cómo sortear, entonces, estos obstáculos? Además de la importancia que guarda la construcción lo más rigurosamente posible de los registros de campo, consideramos de relevancia tanto el sostenimiento de un diario de campo donde volcar malestares y preguntas incómodas para desandar luego, como la socialización y el intercambio de las sistematizaciones entre pares y con las propias organizaciones.

Así también, se torna un desafío establecer los modos de volcar ese tipo de experiencias colectivas en el ámbito académico. Coincidimos con ^{Martínez Pozo (2020)} en que dar cuenta de tales procesos colectivos requiere de tiempos, metodologías y formas que exceden la rigidez de los calendarios académicos, la política editorial de los circuitos hegemónicos de producción científica y los formatos breves de los eventos de difusión académica. Por otro lado, es necesario atender al riesgo de exponer públicamente información delicada o interna de las organizaciones. Entendemos que el compromiso e involucramiento conllevan ciertas decisiones ético-políticas al respecto (^{Scheper-Hugues, 1995}), y la necesidad de establecer acuerdos (en ocasiones, implícitos, que requieren ser explicitados) con las organizaciones sobre qué se publica y qué se mantiene en el orden de lo confidencial considerando, especialmente, los contextos políticos. Nuestras experiencias nos invitan a reflexionar en torno a para quiénes y para qué escribimos, apostando por una práctica abierta a múltiples audiencias e interlocutores/as que exceda los espacios académicos, de modo que las producciones puedan ser tanto apropiadas, debatidas e interpeladas como utilizadas (^{Fassin, 2016}).

La construcción de datos

Formar parte de una organización nos permite, en tanto investigadoras y militantes, acceder a información que, de otro modo, quedaría fuera del registro etnográfico (^{Hurtado, 2016}). No obstante, ese acceso también nos sitúa frente a dilemas ético-políticos, dado el modo en que somos afectadas (^{Favret-Saada, 2013}) al compartir determinados ideales con los/as sujetos/as de nuestro campo, quizás de manera más explícita que en otros casos. Esta particularidad nos abre preguntas acerca de cómo se pone en juego ese exclusivo acceso en la producción de conocimiento sobre un determinado problema de investigación: ¿permite una mayor y/o mejor comprensión e interpretación?, ¿habilita un conocimiento más profundo del problema? ¿cómo se construyen y analizan los datos, base para la elaboración teórico-conceptual?

Ciertamente, la militancia posibilita llegar a ciertas personas y «estar ahí» en determinados espacios o momentos que, de otra manera, no podrían ser etnografiados. Sin embargo, también nos involucra en el campo de manera peculiar, ya que, tanto para nuestros/as compañeros/as como para nuestros/as colegas académicos/as, estamos y somos posicionadas desde la organización a la que pertenecemos. Esto puede generar mayor facilidad para acceder a determinados espacios e informaciones o entablar vínculos con algunos/as sujetos/as, pero también cierta resistencia frente a «otros/as». De alguna manera, también condiciona a quien nos conoce desde la militancia en una situación de entrevista, por ejemplo. Así, es importante no perder de vista que el lugar desde el que nos posicionamos en el campo siempre conlleva determinadas actitudes por parte de los demás.

Retomando a ^{Leyva Solano (2018)}, coincidimos en que comprometerse políticamente con una organización social no genera mayor legitimidad en el mundo académico. De hecho, aún es posible percibir cierta recomendación tácita en los algunos espacios de formación acerca de no involucrarse o, en todo caso, mantenerse lo más distante posible durante el transcurso del trabajo de campo. Tampoco el rol de investigadoras brinda una mayor legitimidad en el ámbito de la militancia, y suele ser cuestionado, en términos de extractivismo o falta de compromiso, por una supuesta orientación hacia el beneficio personal y no colectivo.

A propósito, ^{Lamas (2018)} señala que resulta evidente que al vincular directamente las investigaciones a la vida ética y política de las sociedades en las que están insertas, se encara un dilema recurrente: ¿hasta dónde el activismo o la militancia implican un sesgo o representa una amenaza para la validez del trabajo académico? Si bien coincidimos en que no se trata de cuestiones incompatibles, es importante destacar que el sostenimiento de un compromiso a largo plazo, donde se conjuga la investigación y la militancia, representa numerosos desafíos respecto a la construcción de datos que, como sabemos, no hablan por sí mismos: ¿cuándo y cómo los producimos?, ¿hay un momento durante el que no estamos/estemos investigando?, ¿es ético hacerlo en todas las oportunidades?, ¿cuáles son los límites?

En la experiencia de Lilli, fue posible identificar que, a medida que las relaciones en/con el campo iban reconfigurándose —a la vez— en la praxis política y en el quehacer antropológico, se optó por una planificación flexible de las estrategias de investigación. En tal sentido, el carácter dialéctico que adquirió el proceso implicó tanto una reformulación de los objetivos iniciales de la investigación como del recorte del referente empírico, como veremos a continuación.

En general, se tomaron registros in situ (en el marco de observaciones participantes y entrevistas abiertas) y luego fueron ampliados al volver del campo. Asimismo, se intentó aclarar, en la medida de lo posible, que muchas de las anotaciones formarían parte de los insumos para la investigación en curso. Otras veces, el cuaderno de campo ofició como memoria de reuniones y asambleas que, luego, se recuperaban para el proceso organizativo. Sin embargo, en ocasiones puntuales como una movilización o corte de calle, no fue posible tomar notas en el lugar y se apeló a la reconstrucción por parte de la investigadora. Por otra lado, las conversaciones y entrevistas abiertas que se mantuvieron con los/las interlocutores, posibilitaron una mayor profundización y riqueza etnográfica cuando no mediaba cuaderno o grabador y, sobre todo, en ámbitos informales (tales como festejos tradicionales de la comunidad, almuerzos, cumpleaños, entre otros).

Ahora bien, formar parte de la organización posibilitó acceder a instancias y documentación interna que presentaron el dilema, sobre qué información (y cuál no) es plausible de ser registrada y que, a la vez, sea base de construcción de un dato científico. Durante el proceso, un modo de resolver esta cuestión fue ir generando consensos junto con el Movimiento y, en otras ocasiones, implicó un esfuerzo por distinguir y construir (por parte de la investigadora) límites sobre lo que es posible etnografiar y publicar según las circunstancias.

Por otro lado, la confianza y ese estar adentro posibilitó compartir diferentes situaciones de la vida cotidiana durante casi tres años ininterrumpidos, lo que contribuyó a la construcción de dimensiones de análisis que complejizaron la mirada inicial sobre el problema. Primero, nos focalizaríamos en el abordaje de la experiencia gremial y sindical y luego incorporamos, como parte central del análisis, las experiencias migratorias y sus trayectorias laborales, atravesadas por la segmentación laboral en contextos de desigualdad social. Históricamente, este sector ha sido racializado y vulnerabilizado en cuanto a su inclusión social como en relación al acceso a derechos. Asimismo, estas particularidades generaron la necesidad de enfatizar un marco de confianza y una actitud ética, que posibilitó indagar en trayectorias de vida marcadas por padecimiento y discriminación. En relación a lo descripto ampliamos el referente empírico, que habíamos delimitado al inicio del proyecto de tesis, considerando los desplazamientos permanentes por diferentes localidades y áreas regionales^[13]. De este modo, la dimensión migratoria y los procesos identitarios vinculados a ella fueron incorporados como niveles de análisis, a posteriori.

Para el caso de Cinto, en el que cobran centralidad los organismos de derechos humanos, ^{Da Silva Catela (2000)} ha señalado tempranamente que se trata de sujetos/as para quienes las relaciones de confianza resultan fundamentales y muy difíciles de construir. Los «eventos críticos» (Veena Das en ^{Carsten, 2007}, p.4) que atravesaron, durante y luego de la última dictadura —incluyendo espionaje, persecución, asesinatos y desapariciones—, produjeron que la desconfianza hacia el afuera sea un factor preponderante, fortaleciendo los lazos familiares y afectivos hacia el adentro. Esta es una cuestión central a considerar en la construcción de datos, ya que no resulta sencillo sostener relaciones de confianza que, cuando logran sostenerse, se encuentran fuertemente atravesadas por la intensa ligazón entre lo político, lo familiar y lo afectivo que caracteriza a estas organizaciones. En este caso, aunque la desconfianza inicial se vio mitigada por la edad —relacionada generacionalmente con una exterioridad respecto de los/as colaboradores/as^[14] de la represión—, en muchas ocasiones fue posible sentir la exclusión de ese nosotros/as, hasta que fue comprobada la inexistencia de malas intenciones por parte de la investigadora.

En esta línea, la producción de datos estuvo siempre —demasiado— pendiente de no generar situaciones que pudieran aumentar la desconfianza. Es por ello que gran parte de las observaciones fueron reconstruidas a posteriori, sin tomar notas en el momento. Al igual que en el caso de Lilli, es posible percibir una notable diferencia en la profundidad de las conversaciones cuando se producían en un ámbito de confianza, en eventos informales y reuniones de militancia, entre compañeros/as, y cuando mediaba un grabador con fines de entrevista. En otras ocasiones, la relación de cercanía era tal que los/as entrevistados/as obviaban numerosos detalles durante las entrevistas porque «ya los conocés», enunciado desde la inclusión en un nosotros/as que tornó complejo el extrañamiento.

Esta particularidad produjo que el tema de investigación desarrollado durante la tesis de licenciatura, centrado en Madres e H.I.J.O.S., virara hacia el tema de tesis doctoral que incluye a estos/as actores/as, pero como parte de un entramado más amplio que incorpora al Estado en la construcción de políticas de la memoria en torno al ex CCD Servicio de Informaciones. Fueron, precisamente, las diversas experiencias atravesadas y el conocimiento desde adentro como militante en estas organizaciones y trabajadora en el Archivo de los juicios a partir de esa inscripción, las que permitieron definir este nuevo objeto de estudio, en busca de realizar una contribución desde el ámbito académico. Así también, las relaciones de confianza y afecto tejidas a través de los años fueron la base para ir precisando, a través de las entrevistas con los/as diferentes actores/as, los límites acerca de lo decible y aquello que explícitamente se solicitaba resguardar en el ámbito privado. En este entramado se fueron construyendo los datos que serían la base del análisis y cuya interpretación teórico-conceptual se vio atravesada por las peculiaridades de este trabajo de campo afectado por el compromiso político.

A partir de lo expuesto, identificamos que, en nuestros casos, la comprensión teórico-conceptual que construimos del universo investigado difiere de un abordaje emprendido desde un lugar externo. Es decir, formar parte de la organización habilitó la posibilidad de conocer más profundamente el entramado social en el que se inserta cada organización. Sin embargo, esta posición en el campo puede llevarnos a considerar, en muchas ocasiones, que comprendemos una situación que, en realidad, hemos naturalizado. Como sostuvimos, la participación en espacios orgánicos y el acceso a documentos internos —que nosotras mismas contribuimos a elaborar en muchos casos— posibilitaron comprender en profundidad tensiones y diferentes perspectivas al interior de las organizaciones, o eventos que permitieron explicar rupturas, conflictos o disputas interpersonales y del colectivo todo. No obstante, y en línea con lo mencionado en el punto anterior, no toda esa información podrá ser analizada ni publicada, sino que debe ser puesta bajo análisis ético (y político) en función de las consecuencias de teorizar acerca de información sensible para las organizaciones en cuestión.

Identificamos que las peculiares formas de involucramiento con los/as «otros/as» configuraron no solo modos de estar allí, sino que también aportaron, en los dos casos, a la construcción del objeto de estudio, en una relación difícil de disociar. En esta clave, es necesario atender a dos cuestiones que, sin entenderlas como escindidas, es necesario distinguir. Por un lado, la construcción de objetivos que aportan a la producción de conocimiento social y, por otro, la realización de prácticas marcadas por deseos y valoraciones propios de una adscripción político-ideológica. Así, la interacción dialécticamente modificante que se produce en el campo nos obliga, desde el doble rol de investigadoras y militantes, a recurrir a controles epistemológicos a medida que se van generando cambios y modificaciones de los esquemas interpretativos (^{Achilli, 2017}). En este sentido, la investigación antropológica atravesada por el compromiso político requiere la vigilancia epistemológica lo más constante posible de esa implicancia, pero ¿cuándo y de qué manera?, ¿es posible sostenerla constantemente?, ¿qué sucede efectivamente en el campo?

El proceso de objetivación debe estar presente desde los inicios de la investigación para hacer conscientes los modos en que producimos conocimiento sobre y con «otros/as», las relaciones que sostenemos en el campo, así como los lugares que vamos asumiendo y negociando durante el proceso (^{Frederic, 1998}). Reconocer que como investigadoras producimos, en nuestro discurso, el universo que investigamos; tener en cuenta que los fundamentos epistemológicos de la ciencia social a la que adscribimos se vinculan con los del sentido común; y comprender que los métodos que utilizamos no difieren de los empleados por los/as «otros/as» en la vida cotidiana, son cuestiones que se estrechan con admitir la reflexividad propia del mundo social, del que por supuesto somos parte, y no de manera ajena ni extraña (^{Guber, 2001}).

Aunque la vigilancia permanente se torna casi una utopía, resulta fundamental su sostenimiento en pos de evitar cierta romantización o esencialización de esos/as «otros/as» que analizamos, pero con quienes, simultáneamente, compartimos ideales y construimos proyectos desde el compromiso político y la confianza. Esa relación no impide, en términos analíticos, observar y detenerse en los conflictos y las contradicciones que generan malestares o incomodidades en la propia organización. Sin embargo, de qué manera dar cuenta analíticamente de estos conflictos y tensiones sin perjudicar, sino aportar a la organización sigue siendo un desafío que requiere ser pensado cada vez y en cada caso particular.

Reflexiones finales

El análisis que presentamos deja más preguntas abiertas que respuestas precisas sobre aquellos modos de hacer y estar en el campo que apuestan por la construcción de conocimiento social situado y comprometido. Nos propusimos, a partir del intercambio de experiencias particulares, confluir en reflexiones comunes en clave teórico-metodológica con la intención de problematizar nuestra práctica antropológica. En diálogo con la literatura que ha tratado estas temáticas, identificamos algunas de las potencialidades y desafíos de nuestros procesos de investigación que surgen en el camino transitado junto a organizaciones. Así, destacamos la importancia de reflexionar sobre la práctica de investigación en el mismo transcurrir del proceso y no solo a partir de un análisis ya concluido.

Para desarrollar el análisis común, establecimos tres ejes vinculados a la perspectiva relacional con la que entendemos el trabajo de campo: el rol en relación a los/as «otros/as», los tiempos y formas en la producción de conocimiento, y la construcción de datos. En primer lugar, las formas en que construimos los vínculos con los/las «otros/as» en el trabajo de campo posibilitaron dar cuenta de ciertas dificultades y tensiones que se generaron en los comienzos del proceso. En ese sentido, nuestro doble rol en el campo fue configurando representaciones y posiciones de poder, que se fueron modificando según las circunstancias. Analizamos, así, que trascender la dicotomización que subsiste en la producción científica entre militancia e investigación es fundamental en la investigación antropológica que conjuga el compromiso junto a organizaciones. Sin embargo, esto obliga a formular ciertas precisiones, tales como explicitar y distinguir —sin oponer— nuestros roles en el campo frente a nuestros/as interlocutores/as, ya sean militantes o académicos/as; así como diferenciar las diferentes lógicas en juego entre objetivos de conocimiento y prácticas conjuntas, tanto en las formas que adquiere la escritura como en la misma praxis.

Con respecto a los tiempos y formas que adquiere la producción de conocimiento, identificamos que las tensiones y dificultades que se presentan deben ser analizadas en el marco de las condiciones de producción científica en las que se inscriben los dos estudios, teniendo en cuenta su incidencia en los modos y posibilidades de investigar junto a las organizaciones en cuestión. La inestabilidad laboral, traducida en la incertidumbre de poder continuar investigando, dificulta una planificación metodológica o generación de agendas comunes a largo plazo con las organizaciones. Así también, la tendencia hegemónica en el sistema científico hacia una mayor productividad en términos cuantitativos no guarda relación con los tiempos de la militancia y va en detrimento de los plazos prolongados que la coconstrucción puede implicar. En este sentido, la posición como becarias doctorales, en la que la producción de una tesis de autoría individual es el requerimiento por excelencia, condicionó las posibilidades efectivas de desarrollar investigaciones que pudieran ser claramente delimitadas a priori como colaborativas, militantes o participativas. Pero, más allá de este producto final modelado desde la lógica académica, la delimitación previa o no dentro de estos enfoques no ocluyó la posibilidad de generar diversas formas de construir conocimiento junto a las organizaciones. En esta línea, entendiendo que todo proceso de investigación es siempre dinámico y flexible, hemos dado cuenta del desarrollo de diversas prácticas que recuperaron recursos como la colaboración desde la demanda del colectivo, la escritura conjunta, la producción de conocimiento orientada al aporte a una causa, la explicitación de la participación política, o los intentos por construir una agenda compartida.

En cuanto a la construcción de datos, observamos que formar parte de la organización y ser consideradas por los/as «otros/as» como militantes habilitó un conocimiento más profundo del entramado social de cada organización. El acceso a espacios, lugares y documentos internos fue posible debido a esa posición en el campo que, desde un lugar externo, no hubiera sido posible. De este modo, entendemos que la participación política no disminuye la calidad y validez de la investigación académica, sino que, una vez explicitado, este involucramiento puede posicionarse como una potencialidad que enriquezca el trabajo de campo. No obstante, este conocimiento desde adentro no necesariamente se traduce en una mayor comprensión analítica, sino que siempre está presente el riesgo de naturalizar y romantizar a esos/as «otros/as» con quienes compartimos ideales y proyectos. En relación a ello, desarrollar una atenta vigilancia epistemológica se torna fundamental en este tipo de abordajes para sostener un balance entre distanciamiento y compromiso, aunque resulta, muchas veces, difícil hacerlo de manera sostenida. En este sentido, la generación de diferentes instancias de intercambio con pares, académicos/as o militantes, puede allanar el camino para alcanzar una mayor objetivación.

Nuestras actuales investigaciones no fueron definidas a priori junto a las organizaciones de las que formamos parte. Sin embargo, consideramos que posicionarnos desde y hacia una práctica antropológica políticamente comprometida, ya sea de tipo colaborativa, de investigación-acción y/o militante, es un proceso que se construye «sobre la marcha», en el transcurrir de las relaciones intersubjetivas que conforman el trabajo de campo. Esa experiencia estará contorneada por los modos en que se generó el ingreso al campo, los vínculos construidos en su devenir y las propias características del referente empírico en clave socio-histórica, así como por las condiciones concretas y contextos en que producimos conocimiento. En ese largo recorrido coconstruido, la jerarquización de una actitud ética y crítica por parte de quienes investigamos es fundamental a la hora de hacer pública cierta información sensible o que pudiera comprometer a las organizaciones. Esos límites y acuerdos requieren, necesariamente, ser definidos junto a esos/as «otros/as» que son, a la vez, sujetos/as de nuestros análisis y compañeros/as de militancia.