Introducción

Las últimas décadas han sido marcadas por el protagonismo del tema público y académico sobre la diversidad cultural y étnico-racial y su reconocimiento, que se reflejó en las transformaciones políticas y legales que fueron promovidas en América Latina y Caribe. Este período constituiría lo que se ha nombrado el giro multiculturalista y tuvo impacto en varios países de la región. Los pueblos indígenas han sido los actores que en un primer momento se destacaron en este contexto, pero luego en seguida las poblaciones negras y sus diversos movimientos representativos fueron ganando mayor visibilidad en el debate público.

Las poblaciones negras latinoamericanas representan una proporción significativa de la población total de la región. Las estimaciones de su presencia oscilan entre 80 y 150 millones de un total de 900 millones de habitantes para el continente americano ( ^{Antón et al., 2009} , ^{Freire et al., 2018} , p. 102). Son poblaciones muy diversificadas, que se diferencian en sus formas de asentamiento y dinámicas socioculturales y étnicas ( ^{Igreja et al., 2022} ). Esta diversidad también se expresa en la forma en que esta población es nombrada y clasificada. Son variaciones resultantes de contextos históricos, imaginarios nacionales, representaciones construidas en estudios académicos y vocabularios de movimientos sociales, debates políticos e ideológicos sobre el tema racial, entre otros. Es cierto que en general se ha utilizado más el término «afrodescendiente», por su legitimidad en la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia promovida por la ONU y celebrada en Durban, Sudáfrica, entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre de 2001 ( ^{Igreja et al., 2022} ).

Si bien nos encontramos con dinámicas diferentes relacionadas con las especificidades de la presencia de estas poblaciones en cada país, existe un conjunto de elementos comunes y similitudes globales que las relacionan. Son estas similitudes que observamos en las políticas públicas y legislaciones que son elaboradas en la región para atender a las demandas por derechos de esta población. Estas iniciativas buscan promover y reconocer desde regímenes autonómicos regionales y comunitarios establecidos en las constituciones nacionales, políticas y derechos más focalizados que proponen reconocer derechos específicos, luchar contra el racismo y la discriminación y promover la integración de los afrodescendientes garantizándoles una ciudadanía efectiva.

En general, cuando comparamos el contexto sociohistórico y cultural brasileño y de los demás países de Latinoamérica, observamos estas confluencias, pero también muchas particularidades en el tratamiento del tema. Por esta razón, diversas investigaciones brasileñas se han centrado en el análisis nacional, o cuando mucho de forma comparada con los Estados Unidos. Insistimos, sin embargo, en la importancia de pensar el caso brasileño en diálogo con otros países de la región, o aun en una perspectiva regional, destacando los puntos de encuentro existentes, como la historia común de colonización, exploración, exclusión, desigualdad social, discriminaciones y racismos. La historia de América Latina ha sido una historia de lucha de los pueblos indígenas y negros por reconocimiento de sus derechos.

Todavía así, hay que reconocer que las políticas elaboradas ganaron contornos nacionales distintos, en respuestas a los contextos sociohistóricos específicos de los países y las demandas colocadas por los afrodescendientes. El caso brasileño nos aporta importantes reflexiones. Aunque las políticas dirigidas a ellos surgieron en este movimiento latinoamericano de reconocimiento de la pluralidad cultural, se presentaron de forma diversificada mediante propuestas de políticas de igualdad racial, especialmente centradas en la lucha antirracista y en las políticas de establecimiento de cuotas raciales. ¿Habría, por lo tanto, una inflexión del giro multicultural latinoamericano en Brasil? ¿Cómo podemos definir estas perspectivas y cómo dialogan?

En este texto propongo analizar las políticas étnico-raciales en Brasil en la actualidad, considerando este diálogo entre los modelos multiculturalistas y las políticas de igualdad racial. Planteo, igualmente, un análisis sobre el momento contemporáneo y los desafíos que aún se imponen para el cumplimiento de los plenos derechos de la población negra brasileña ( ^{Igreja et al., 2022} ) ².

Las políticas étnico-raciales en América Latina

El período que fue caracterizado como giro multicultural en América Latina debe ser comprendido como resultante de cambios políticos y económicos importantes en la región y a nivel global. Son muchas las perspectivas y definiciones del multiculturalismo. De manera más específica, planteo el multiculturalismo como un contexto histórico-político específico marcado por políticas públicas y legislaciones que buscaron promover el reconocimiento y los derechos de la diferencia étnica-cultural. Un contexto que puede ser comprendido a partir de la perspectiva de las acciones del Estado, pero también a partir de la noción de un campo político de luchas que ha involucrado muchos actores en búsqueda de espacios de resistencia y de legitimidad ( ^{Igreja et al., 2022} ).

Si a su principio el multiculturalismo estuvo vinculado a la perspectiva pionera del culturalismo liberal de Will ^{Kymlicka (2003, p. 63)}, autor que preconizó que los Estados liberal-democráticos deberían también adoptar diversos derechos o políticas etnoculturales destinados a reconocer y acomodar las diferentes identidades y culturas y sus demandas específicas ( ^{Kymlicka, 2003, p. 38}), otras alternativas surgieron defendiendo una pluralización de la ciudadanía todavía más radical rompiendo este cuadro liberal, especialmente en el ámbito de los estudios latinoamericanos.

En la esfera de las corrientes emancipatorias o poscoloniales, se fueron expandiendo perspectivas como la decolonial, orientando futuras aproximaciones e investigaciones en el campo de los estudios sobre afrodescendientes. Autores de esta corriente propusieron una nueva categoría, la «decolonialidad», que se utilizó en el sentido de «giro decolonial», idea propuesta por el filósofo Nelson ^{Maldonado-Torres (2007, p. 09)} que presuponía una crítica de la modernidad al identificar el colonialismo y la colonialidad como inherentes a ella ( ^{Grosfoguel, 2006, p. 27} ; ^{Igreja et al., 2022} ). Las consideraciones de los decoloniales, al centrarse en la explotación colonial/capitalista, reenfocan la cuestión indígena y negra en América Latina desde la perspectiva de poblaciones económicamente explotadas y sometidas a un orden eurocéntrico de pensamiento y valores, en el que la raza es el eje estructurante.

Hay que destacar también el rol de los organismos internacionales en la promoción del multiculturalismo. El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unesco, la OEA, algunas de las principales fundaciones y ONG de cooperación y desarrollo fueron y son actores de primera línea en la transformación de las políticas públicas etnoculturales aplicadas en los países de América Latina ( ^{Igreja & Agudelo, 2014}). Por ejemplo, el Informe sobre Desarrollo Humano. La libertad cultural en un mundo diverso, publicado por el ^{Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2004}, incorporó propuestas multiculturalistas, planteándolas para afirmar la necesidad del reconocimiento de las diversidades culturales de los países como fundamental para la promoción del desarrollo humano. Según el informe, el desarrollo humano y específicamente la erradicación de la pobreza sólo podrían promoverse si los distintos países enfrentaran el desafío de construir sociedades que respeten e integren su diversidad cultural. El documento defendió la importancia de desarrollar políticas multiculturales a nivel global como una necesidad intrínseca del momento actual de globalización y construcción de una democracia universal. Serían las únicas que podrían promover el respeto y la protección de la diversidad y el pluralismo, amenazados por los procesos de globalización.

Desde entonces, se desarrollaron varias políticas públicas y legislaciones con el fin de reconocer a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la población negra latinoamericana. De manera general, son políticas dirigidas al reconocimiento de la diferencia cultural y de los modos de vida tradicionales de estas poblaciones, de la autonomía política, la forma de desarrollo y el territorio en que habitan, así como de la previsión de consulta previa e informada en asuntos, políticas y leyes que las afectan directamente. No obstante, hay que reconocer que gran parte de los derechos preconizados no lograron salir de la forma jurídica para ganar efectividad en formas de políticas eficaces. La constatación actual es de un multiculturalismo apropiado por los intereses del capital neoliberal que poco atiende a las necesidades efectivas de las poblaciones negras e indígenas ( ^{Hale, 2020}). Se presenta como un multiculturalismo neoliberal que promueve y reconoce formalmente a los derechos de los pueblos indígenas y negros, pero que no les protege en la cotidianidad y tampoco desafía a las desigualdades sociales crecientes de las cuales son víctimas potenciales.

¿Multiculturalismo e/o igualdad racial? La lucha de los afrodescendientes en Brasil

La lucha por los derechos colectivos de las poblaciones indígenas y negras en Brasil ganó espacio especial en el contexto de elaboración de la Constitución de 1988. Si bien muchos reclamos de la población negra se perdieron en los debates parlamentarios ( ^{Pires, 2013}; ^{Santos, 2015}), la nueva Constitución anunció el respeto a la diversidad cultural del país, reconociendo los aportes y manifestaciones populares de los negros e indígenas del país (artículo 215, §1), así como la práctica del racismo como delito no sujeto a fianza e imprescriptible (artículo 5, XLII), y se reconoció la propiedad definitiva a los remanentes de las comunidades quilombolas que ocupaban sus tierras, debiendo el Estado expedir los títulos respectivos (Disposiciones Constitucionales Transitorias - Art. 68).

Cabe señalar que la acción del movimiento negro brasileño en lo que respecta a la lucha contra el racismo ha tenido históricamente un enfoque importante en el sistema de justicia, y especialmente en el derecho penal. En este sentido, el primer marco legal importante fue la Ley nº 1.390/51, de 3 de julio de 1951, «Ley Afonso Arinos», que amenazaba con una sanción cualquier acto de «perjuicio» (se consideró que el término «racismo» era completamente inadecuado y, en su lugar, se utilizó el término «prejuicio»). La Ley (Ley n° 1.390, 1951) establecía: «es infracción penal (contravención penal), sancionable en los términos de esta Ley, para un establecimiento comercial o educativo, de cualquier naturaleza, negarse a hospedar, servir, atender o recibir clientes, ya sea que compren o no, por prejuicio de raza o color».

Otras legislaciones que tratan sobre la discriminación racial y la castigan fueron aprobadas en Brasil y el Convenio nº 111 de la OIT fue ratificado. También en este sentido, la ley Caó, ley nº 7.716/89, estableció nuevos tipos penales vinculados al tema. Ella tipificó conductas que involucraban faltas anteriores, pero amplió y estableció penas mayores: las de reclusión simple de tres meses a un año pasaron a prisión en todos los casos, con penas mínimas de uno a tres años y máximas de dos a cinco años. Esta ley fue modificada por las leyes nº 8.081/90 y 8.882/94 y posteriormente derogada por la Ley nº 9.459/97, que proponía acabar con la impunidad. Es importante mencionar la modificación relevante que trae esta ley, con la revisión del artículo 20, que fortalece una tipificación más genérica del delito de racismo, descrito como «practicar, inducir o incitar a la discriminación o prejuicio por razón de raza, color, etnia, religión u origen nacional». La ley también reforzó el artículo 140 del Código Penal, introduciendo una forma de lesión agravada (con pena de prisión de uno a tres años y multa), cuando la lesión consista en el uso de elementos relacionados con la raza, color, etnia, religión, el origen o la condición de una persona mayor o discapacitada ( ^{Machado, 2009}).

Estos cambios no consiguieron evitar la continua dificultad de castigar determinadas conductas por racismo, ya que estos delitos eran, en muchos casos, descalificados como injurias raciales, que preveían una pena mucho menor, o incurrían en una prescripción. Recientemente, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil en noviembre de 2021 equiparó el delito de injuria racial con el de racismo. Esta equivalencia se da de conformidad con la aprobación del texto de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en Guatemala, con motivo del 43 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 5 de junio de 2013.

Lo que se observa, por tanto, es que la lucha antirracista se centró sobre todo en el papel simbólico de la ley, en su capacidad para reprimir y, finalmente, castigar el racismo, aunque se siga observando la insuficiencia e ineficacia de las leyes, especialmente en el campo penal, evidenciada en las pocas condenas registradas. Esta ineficacia puede ser explicada generalmente por la falta de sensibilidad o comprensión de las dinámicas y lógicas involucradas en estos casos por parte de los agentes del sistema judicial, así como por la complejidad de tratamiento e identificación de actos discriminatorios por motivos de raza, color o etnia, cuando tales actos se entrecruzan con situaciones de discriminación y segregación social como las existentes en la sociedad brasileña.

La elaboración de la constituyente y de la nueva Constitución de 1988 estableció un período de gran participación de los movimientos sociales y de efervescencia de la discusión sobre la diversidad étnica y racial en el país. En este ámbito, Lélia González, buscó enfatizar el rol de los afrodescendientes en la sociedad brasileña, caracterizada por una jerarquía social que les discrimina, especialmente a las mujeres negras, menospreciando su aporte cultural ( ^{Garrido, 2018}). La autora compartía con Abdias Nascimento, Joel Rufino, Beatriz Nascimento, Florestan Fernandes y Octavio Ianni, la idea de que la única forma de superar el racismo era superar el mito de la democracia racial y que era importante instaurar una verdadera democracia política en el país ( ^{Ríos & Lima, 2020, p. 12}).

Así, al principio, el cambio más importante se dio en el discurso oficial, que pasó de defender la democracia racial a reconocer el carácter pluricultural y multiétnico del país. Además, se propuso pasar de una perspectiva asimilacionista de años anteriores a una demanda de reconocimiento y afirmación de la cultura y las identidades «negras» en oposición a las «occidentales» y «blancas». Se prestó especial atención a la construcción de una identidad étnica/racial negra común. Son cambios de perspectiva en la forma de combatir el racismo reforzados por la transnacionalización del propio movimiento negro ( ^{Tavolaro & Igreja, 2015, p. 450} ). Podemos decir que este fue un momento multiculturalista en el debate, que dio paso a otro momento, del que hablaremos más adelante, de foco en las políticas de igualdad racial.

Es importante mencionar otras dimensiones de la resistencia negra por los derechos y el reconocimiento, como la lucha por proyectos educativos más inclusivos como la enseñanza de historia y cultura afrobrasileña y africana destacando la importancia de la cultura negra en la formación de la sociedad brasileña (Ley nº 10.639/03), la lucha contra la intolerancia religiosa y el reconocimiento de las tierras quilombolas. Esta resistencia se extendió a otros ámbitos como de la protección de los cultos afrobrasileños. Como afirman Kabengele ^{Munanga y Nilma Lino Gomes (2016, p. 143)} , la presencia de negros en la formación social de Brasil fue decisiva para dotar a la cultura brasileña de un rico acervo religioso que se expresa en innumerables instituciones y dimensiones materiales y simbólicas de enorme importancia para la identidad y la civilización del país. El candomblé y otras religiones tradicionales afrobrasileñas tomaron varios formatos y denominaciones en el país, extendiéndose ampliamente por el territorio. Sin embargo, históricamente, estas religiones enfrentan prejuicios que las vinculan con sectas malignas y ataques e invasiones promovidas por miembros de otros cultos e iglesias ( ^{Dos Santos, 2020}). A pesar de que la Constitución brasileña garantiza la libertad de religión o de creencias, según lo dispuesto en el artículo 5, la persecución religiosa sigue siendo constante. En 2007, el 21 de enero fue establecido como el Día Nacional de Lucha contra la Intolerancia Religiosa luego de las invasiones del Terreiro Abassá de Ogum, en Salvador de Bahia, que culminaron con la muerte de la ialorixá Mãe Gilda por un infarto masivo.

A su vez, si bien los derechos colectivos sobre las tierras quilombolas también fueron garantizados por la Constitución de 1988, la emisión del título definitivo es aún una realidad lejana para la mayoría de las más de 3.000 mil comunidades reconocidas como remanentes en el país ( ^{Benedetti, 2021}). Pasó una década después de la Constitución para que una comunidad, la de Boa Vista en Oriximiná en el estado de Pará, tuviera su título reconocido por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Como afirma ^{Benedetti (2021)} , el ritmo de realización de estos derechos es lento y el número de títulos emitidos es aún muy bajo en comparación con la demanda.

La titulación de tierras quilombolas enfrentó un amplio debate sobre su identificación y los antropólogos fueron convocados a la tarea de sustentar dicha identificación. Si los quilombos fueron tratados como objeto de estudio histórico sobre la resistencia negra a la esclavitud, adquirió un nuevo formato en la Constitución y en las demandas de reconocimiento y titulación de las restantes comunidades rurales. Correspondería a estos antropólogos certificar a las comunidades actuales y sus vínculos con el pasado ( ^{O'Dwyer, 2002}).

En la lucha por el reconocimiento hubo una evolución en la forma de definir una comunidad quilombola dentro del ámbito de la ley. La propia Fundación Cultural Palmares solo propuso una definición en la década de 1990, en la que destacaba que los quilombos eran comunidades negras que poseían residuos arqueológicos de contenidos etnográficos y culturales de sus antepasados, afirmando una perspectiva histórica ( ^{Arruti, 2008}). El cambio ocurrió solo más tarde, con el Decreto n° 4.887, de 20 de noviembre de 2003, del presidente Luis Inácio da Silva, en el cual los grupos étnico-raciales pasaron a ser considerados remanentes de las comunidades quilombolas, según criterios de autoatribución, con su trayectoria histórica propia, dotada de relaciones territoriales específicas, con presunción de ascendencia negra relacionada con la resistencia a la opresión histórica sufrida. Esta es una definición que está más de acuerdo con el Convenio No. 169/1989 de la OIT. Asimismo, según ^{Benedetti (2021)}, que se basa en datos de la Fundación Cultural Palmares, para el año 2021 tan sólo se emitieron 2.811 certificados de reconocimiento de remanentes de comunidades quilombolas, cubriendo 3.471 comunidades del país. La lucha por la propiedad de las tierras quilombolas se insertan en la amplia e histórica disputa por la tierra en el país y se encuentra con la lucha de los pueblos indígenas en búsqueda del reconocimiento de sus tierras colectivas. Encajaría así en los debates sobre políticas y legislaciones multiculturalistas vinculadas a la propiedad colectiva y la defensa de los territorios.

A su vez, el tema de las acciones afirmativas, que ganó especial protagonismo en el campo de discusión sobre los derechos de los afrodescendientes en Brasil, se estableció en el cuadro de las políticas de igualdad racial que tienen como objetivo especialmente la integración individual de los representantes de la población negra y la introducción de cuotas raciales en la función pública y las universidades. Son especialmente los sociólogos en el país que se dedican al tema de las acciones afirmativas.

Las acciones afirmativas en Brasil

De manera amplia, las acciones afirmativas pueden ser definidas como políticas públicas o privadas focalizadas que tienen como objetivo otorgar recursos o derechos especiales a miembros de grupos sociales desfavorecidos, como etnia, raza, clase social, género, religión, casta, entre otros ( ^{Feres Júnior et al., 2018, p. 16} ). Su implementación puede extenderse a varias áreas sociales, como el acceso a la educación, la cultura, la salud y el empleo ( ^{Feres Júnior et al., 2018} ).

Si bien la India es la precursora en la implementación de estas políticas, es el ejemplo estadounidense de acción afirmativa el que se reivindicará en el debate brasileño. Reivindicadas por los movimientos de derechos civiles, las acciones afirmativas fueron consideradas en su posibilidad de oponerse a un paradigma de color-blind, asentado en un individualismo abstracto, ciego a las diferencias raciales, basado especialmente en la idea de meritocracia y cualificación de los sujetos que invisibiliza la discriminación y el racismo y la exclusión social de las poblaciones afroamericanas ( ^{Skrentny, 1996, p. 07} ). En este sentido, operan como garantía de la igualdad de trato efectiva a través de la consideración e inclusión de los representantes de las minorías excluidas. En su principio, no implican reconocimiento cultural ni conciencia racial, pues son políticas de integración de representantes de este grupo excluido en espacios, especialmente laborales. Sin embargo, en el contexto de la discusión del multiculturalismo, las acciones afirmativas ganaran otro formato.

^{Feres Junior et al. (2018, p. 31)} en su análisis de las acciones afirmativas para afroamericanos en Estados Unidos, busca evidenciar esta evolución en su interpretación, a través de los tres argumentos que las justifican: reparación, justicia distributiva y diversidad. Si en un principio, a comienzos de la década de 1960 con Lyndon B. Johnson, uno de sus fundamentos fue la reparación por discriminación histórica y la justicia social, en el contexto normativo de la Orden Ejecutiva 10.925, de 1961 emitida por la administración John Kennedy y del civil-right act de 1964, fue el discurso de la justicia social el que estuvo presente, abriendo la posibilidad de su aplicación a diferentes grupos discriminados. Así, la justificación de la reparación pierde espacio a favor del discurso de justicia social adaptado a las políticas del estado de bienestar y los intereses del mercado. Con el resurgimiento del neoliberalismo durante la administración de Ronald Reagan, es la idea de justicia social la que se verá erosionada, restringiendo aún más las políticas de acción afirmativa y dando espacio al discurso de la diversidad, en el ámbito de la multiculturalidad. Según el autor, en este discurso, la promoción de la diversidad es vista como un bien no solo para los grupos discriminados, sino para la sociedad en general que tiende a ganar más promoviendo la diversidad cultural, étnica y racial en diferentes espacios, como el de educación y empleo.

La justicia social y la diversidad son ideas en debate en el multiculturalismo, así como el reconocimiento y la redistribución. El referente teórico para el tema de la justicia social en el contexto de la acción afirmativa ha sido comúnmente el trabajo de John ^{Rawls (1971)}. Si bien el autor nunca ha abordado directamente la acción afirmativa, como explica Thomas ^{Nagel (2003)}, sus ideas se relacionan con el tema, especialmente por su perspectiva de igualar oportunidades y promover la equidad. Nagel explica ( ^{2003, p. 84}) que, en términos de Rawls, la injusticia que la acción afirmativa busca combatir es una forma especial de fracaso de la igualdad justa de oportunidades. No obstante, el autor también señala que el enfoque en promover la diversidad se abre a una gama de grupos, no solo étnico-raciales, minimizando el objetivo principal de las acciones afirmativas dirigidas a los afroamericanos, que es tratar de superar la continua estratificación de la sociedad estadounidense a lo largo de la raza, utilizando la educación para atraer a más negros al espacio dominante del poder económico, profesional y político.

La reparación histórica, el antirracismo, la justicia social y la diversidad serán las bases de la discusión sobre la implementación de acciones afirmativas en Brasil. En el contexto del llamado «giro multicultural» latinoamericano, las acciones afirmativas también serán retomadas y apropiadas como una política alternativa y muchas veces complementaria a las políticas multiculturales dirigidas a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Es importante señalar que en este contexto de definir la política adecuada y de discutir las minorías y mayorías que se benefician de las políticas de acción afirmativa y multiculturalistas, se superpone un hecho. Para que estas políticas sean efectivas, necesitan delimitar su público objetivo. Especialmente, en la historia del debate sobre la acción afirmativa, este ha sido el punto central de discusión: la identificación de quienes son negros beneficiarios de la política y la utilización de la raza como concepto clasificador. Un análisis de las políticas de acción afirmativa en Brasil, por lo tanto, nos permite profundizar esta discusión.

La distribución de la población brasileña según la raza y el origen étnico se basa en un sistema complejo específico del país. Inicialmente, la población se clasifica en términos de raza, o más exactamente color de piel, y no en términos culturales o lingüísticos. La elección del color de la piel se explica por el hecho de que, en Brasil, la diferencia con los Estados Unidos, lo que define a la población negra no sería su ascendencia africana o esclava, sino los matices del color de la piel, que serían la base de la discriminación racial. Esta clasificación difiere de la aplicada a la población indígena, cuya categorización se definiría por pertenecer a un grupo étnico, es decir, en términos culturales.

De hecho, el uso del concepto «raza» ya había sufrido una transformación en Brasil, cuando fue identificado como «color» en los estudios de Oracy ^{Nogueira (1985, pp. 78-79)} . El sociólogo Antônio Sérgio ^{Guimarães (2012)} recuerda, sin embargo, que la raza es un concepto social y no biológico. Según el autor, la raza no es un concepto que corresponde a una realidad natural, sino que indica una forma de clasificación social, basada en una actitud negativa hacia ciertos grupos sociales, alimentada por una noción específica de naturaleza definida a priori. Para Guimarães, finalmente, el prejuicio del color de la piel siempre vuelve a la raza. Esta perspectiva, aunque criticada por algunos estudiosos que vieron en ella un riesgo de reapropiarse del concepto especialmente explorado por los teóricos racistas del siglo XIX, se consolida una vez más en el campo del debate público. La clasificación racial de la población brasileña es una realidad histórica, evidenciada especialmente por los censos demográficos desde el siglo XIX.

El último censo de 2010 (por motivo de la pandemia aún no se pudo terminar el censo de 2020), realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), muestra que 91 millones de residentes en Brasil, es decir el 47 % de la población, se clasifican como blancos, que 82 millones de personas, es decir el 43,1 %, se declaran como pardas, y 15 millones, es decir el 7,6 %, se declaran prietas; 2 millones como amarillas y 817 mil como indígenas. La clasificación censal se basa en cinco categorías raza/color de piel: blanca, parda, prieta, indígena y amarilla, esta última para personas de origen asiático y tiene como objetivo clasificar específicamente a los descendientes de japoneses que llegaron a Brasil en gran número, especialmente a principios del siglo XX. A lo largo de un continuo de color que va del negro al blanco, la categoría parda incluiría todos los términos que definirían al mestizo en el discurso popular. Daría así cabida a todos los que, debido al mestizaje, no encajan en la categoría de blanco o prieto.

Desde 1872, los censos brasileños han recopilado información sobre la raza/color de piel de los habitantes del país. El censo se complejizó aún más cuando se inició el debate sobre la implementación de medidas de acción afirmativa, en especial las cuotas raciales. El método de identificación racial utilizado por el IBGE se basa en la autodeclaración de pertenencia a un grupo racial y la heteroidentificación de pertenencia por parte del entrevistador, con base en el fenotipo.

Ha sido legitimada en el país, con apoyo del movimiento negro brasileño, la adopción de las categorías pardo y prieto en una clasificación binaria: negros y blancos o no blancos y blancos. A pesar de la adopción generalizada del término «afrodescendiente» desde la Conferencia Mundial de Durban, en Brasil es la categoría «negra» la que más se mantendrá ( ^{Igreja & Agudelo, 2014}; ^{Igreja, 2018}). Es importante resaltar, nuevamente, que el término negro si en el pasado fue considerado como peyorativo, ganó fuerza en la retórica política, especialmente a partir del fortalecimiento y el surgimiento del Movimiento Negro Unificado en 1978. Así, el término adquirió un significado especial al servir como paraguas para los términos «pardo» y «prieto», que sumados cubrirían el color de más de la mitad de la población brasileña ( ^{Igreja, 2018}).

En cuanto a la categoría «parda», su dilución, junto con «prieta», en la conformación de la población negra brasileña suscitó y aún suscita varias críticas desde diferentes perspectivas. La categoría, en un esfuerzo por englobar las diferentes categorías mestizas, incluye una amplia diversidad de la población, como por ejemplo a los indígenas cuya identidad étnica no se reconoce, en especial a aquellos «desaldeados» que viven en contextos urbanos, o poblaciones regionales tradicionales como los «nordestinos», que por razones históricas y culturales sufren una discriminación específica. La lucha por el reconocimiento de sus identidades específicas o por las especificidades de la discriminación que sufren sería invisibilizada y subordinada a su identidad racial como negros.

Si en un principio, luego de la conferencia de Durban, lo que se discutía eran las demandas de reconocimiento cultural y territorial de las poblaciones negras, acercándolas a las demandas de los pueblos indígenas, las nuevas políticas se encaminaban hacia el lenguaje de la igualdad e inclusión. En su estudio comparativo entre Brasil y Colombia, Tianna ^{Paschel (2016)} observó que esto marcaría un nuevo camino, luego del inicio de las políticas multiculturales, que estaría más relacionado con los intereses de las organizaciones negras en contextos urbanos. La autora destaca que, al mismo tiempo, estas nuevas políticas de igualdad racial todavía eran increíblemente limitadas para cumplir con todas las demandas históricas de las organizaciones del movimiento negro en cada país. Aun así, significaron la institucionalización de un sujeto político negro definido no exclusivamente por la cultura, sino por sus experiencias de discriminación y desventaja sistemáticas. Paschel llama al fenómeno un nuevo momento o expansión del discurso en torno a las políticas étnico-raciales en América Latina en 2000-2010: el alineamiento de la igualdad racial.

Podemos corroborar con Paschel que las posibles diferencias en las políticas observadas en Brasil y Colombia hasta el momento actual dependen, especialmente, de la forma en que los movimientos en cada país politizaron el tema, la ubicación urbana o rural de esta población y la espacio que históricamente ocuparon en la construcción del Estado-nación. En ese sentido, el conocimiento académico sobre las poblaciones negras en Colombia afirmó una idea de la negritud especialmente como rural y culturalmente distinta, mientras que, con relación a las poblaciones negras contemporáneas en Brasil, la idea de una negritud urbana fue reproducida y definida por las experiencias de desigualdad y discriminación.

El debate en torno a la identificación racial para definir a los beneficiarios de las políticas de acciones afirmativas sacó a la luz, igualmente, la acentuada dificultad en delimitar una «comunidad negra» étnico-cultural y territorializada en Brasil, con excepción de los quilombos que son minoritarios frente a la inmensa población negra. La dimensión demográfica de los negros brasileños es un dificultador para esto y no es suficiente para legitimar amplia y públicamente una identidad racial y delimitar una «comunidad negra» enfocada a vincularse con una sola institución política, por ejemplo. Hay, además, muchas diferencias regionales en el país y esta pluralidad de grupos culturales que está presente en la categoría pardo. En la retórica política, la apelación a los quilombos, a los cultos afro y África ha servido para la militancia negra crear la idea de una comunidad basada en un origen común. Sin embargo, estos elementos no son suficientes para crear una fuerte identidad étnico-cultural negra en el país.

Muchos autores se refieren a una comunidad negra cuando hablan de militantes e intelectuales negros que juntos luchan por la causa negra ( ^{Igreja, 2005}). ^{Sodré (1999, p. 209} ) afirma que la ética comunitaria afrobrasileña se encuentra en la práctica con lo que, en teoría, cierto pensamiento occidental de la diferencia llamaría un «proyecto abierto». En la lucha política de los afrodescendientes, comunidad o comunalidad litúrgica podría, según Sodré, equivaler a lo que algunos teóricos del multiculturalismo contemporáneo llaman agencia (agency), es decir, el concepto de un colectivo capaz de acción política al margen de la gran utopía, las narrativas y la conciencia liberal moldeada por los partidos, algo así como la noción wittgensteiniana de gramática de la conducta.

Gran parte de la población negra brasileña vive en áreas urbanas en un ambiente caracterizado por una mayor exposición a los procesos de globalización. Sus acciones en general han dado poco énfasis a las particularidades étnicas y culturales, pero sí a la lucha antirracista. Muniz ^{Sodré (1999)} afirma que la cultura negra es parte de la contribución negra al pueblo brasileño (pueblo que Sodré entiende como una especial amalgama de heterogeneidades económicas, sociales, fenotípicas y culturales). Si la «cultura negra» no ha sido suficiente para unir a los negros en torno a una identidad racial politizada, ha logrado, contrariamente a lo que se predicaba, su expresión continua.

Desde un inicio, las acciones afirmativas enfrentaron una serie de alegatos en contra de su implementación, que tocaron temas como los principios constitucionales de isonomía y meritocracia, además de amplias discusiones sobre los medios de identificación racial de la población beneficiaria de estas políticas. La ley estipula que la identificación de los candidatos a las cuotas raciales sea mediante autodeclaración, sin embargo, en un contexto donde se identifican fraudes al sistema, comisiones de verificación de autodeclaración fueron constituidas por las instituciones ³.

Me gustaría resaltar en este texto, sin embargo, el debate en torno a la identificación racial y la clase social, discusión que aún permea el debate actual. Discutir raza en oposición a clase social es parte de la historia de los estudios de relaciones raciales en Brasil. Para muchas perspectivas vinculadas a la «democracia racial», la diferencia de condiciones sociales entre negros y blancos en Brasil es el resultado de la inmensa desigualdad social en el país. En ese sentido, sería ella quien explicaría las diferencias entre blancos y negros y no el racismo. Sin embargo, antiguos estudios realizados, como los de Carlos Hasenbalg y Nelson do Valle e ^{Silva (Silva, 1978}; ^{Silva, 1999}; ^{Hasenbalg, 1979}) en las décadas de 1970 y 1980 ya demostraban mediante la realización de estudios cuantitativos sobre las diferencias de inserción entre negros y blancos que la raza, como criterio adscriptivo, había favorecido mayoritariamente a la población blanca a ocupar mejores posiciones en el mercado laboral. También demostraron que los pardos tenían índices socioeconómicos muy cercanos a los negros y alejados de los blancos. Estos trabajos cuestionaron el mito de la democracia racial y buscaron poner en evidencia el criterio de la raza, demostrando la existencia de la discriminación racial. Son los primeros de una línea de estudios estadísticos que buscan cruzar datos socioeconómicos con la variable «raza/color» para demostrar las diferencias entre las condiciones de negros y blancos. Todos ellos confirmando el racismo como un elemento estructural de las desigualdades sociales entre negros y blancos en el país.

El debate entre estas perspectivas social y racial constituyó un punto fundamental de cuestionamiento de las acciones afirmativas y llevó a que, fundamentalmente, las cuotas raciales tuvieran como primer recorte la condición social y, entre las personas de bajos ingresos, se estableciera una subcuota específica para negros y pardos, especialmente en las normas que establecen cupos en la educación superior. Aun sobre el tema, Mário ^{Theodoro (2014, pp. 215-217)} explica que la construcción de una política de promoción de la igualdad racial acorde con la magnitud del problema racial brasileño necesitaría enfrentar algunos desafíos, y aquí destacamos uno de ellos. Es importante, como informa el autor, deconstruir la idea de que la política antirracista se confunde con una política para la población pobre. Es un hecho que la mayoría de los pobres son negros, sin embargo, es importante distinguir la lucha contra la pobreza, que debe ser universal, de la lucha contra el racismo. Los prejuicios y la discriminación racial profundizan los mecanismos de exclusión que reproducen la pobreza, pero, aunque las dos agendas se entrecruzan necesitan ser analizadas y operadas en sus especificidades.

La consolidación de la acción afirmativa en Brasil, especialmente durante los gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores, estuvo acompañada de medidas sociales que le permitieron expandirse rápidamente y alcanzar buenos resultados. Es el caso de la ampliación del acceso universal a las universidades públicas promovido por programas como el Programa Universidad para Todos (PROUNI). Además, la política de lucha contra la pobreza, que permitió que 22 millones de personas que salieran de esta situación, especialmente entre 2002 y 2012, de los cuales alrededor de 15 millones eran negros, según PNAD/IBGE ( ^{Theodoro, 2014, p. 214} ). Estas políticas sociales, entre otras, subrayan la importancia de que las políticas de acciones afirmativas sean acompañadas por la lucha contra la desigualdad social.

Algunas críticas hechas a las acciones afirmativas se originan muchas veces de la falta de comprensión de qué son estas políticas y sus límites. Tales confusiones sobre este entendimiento socavaron un debate más amplio al crear una serie de polarizaciones y expectativas con relación a ellas. Las acciones afirmativas son útiles para combatir la desigualdad racial y el racismo al buscar corregir exclusiones sociales históricas que culminaron en diferenciaciones en la posición social entre negros y blancos, como lo demuestran los datos estadísticos. También son fundamentales en su simbolismo de poner en el centro del debate nacional el racismo y la discriminación racial. Sin embargo, hay que considerar que ellas no son suficientes para enfrentar los prejuicios raciales o el racismo estructural existente, para lo cual también son necesarias otras políticas que tienen como objetivo reconocer la pluralidad étnica y racial existente en la sociedad brasileña, que busquen revisar y reconstruir la historia dando voz a las personas negras que construyeron la nación, además de una educación antirracista que esclarezca los efectos negativos del racismo ( ^{Igreja, 2005}).

En este momento, se discute en Brasil la revisión de las políticas de acción afirmativa en la educación superior. Como previsto en la ley n. 12.711/2012, las cuotas raciales, como políticas temporales, deben ser revisadas después de diez años, contados a partir de la fecha de su publicación. Una gran parte de los estudios que buscan evaluarlas se han centrado en la historia de la política, considerando la evolución del debate en torno a ellas y la legislación que las sustenta. Existen pocos estudios cualitativos que busquen rastrear la experiencia de los cuotistas y las percepciones de los no cuotistas sobre esas políticas en el ámbito académico. En general, la gran mayoría se realiza con base en encuestas de datos más cuantitativos y desde esta perspectiva buscan dar cuenta de la expansión de la política, informando el número de universidades públicas y privadas que la aplican y los criterios de identificación que implementan.

Podemos destacar algunos resultados. Una primera conclusión a la que llegan varios estudios es que ha habido un incremento en la inclusión de estudiantes de escuelas públicas, incluyendo negros e indígenas, en las universidades públicas federales, para lo cual regulan la Ley de Cuotas ( ^{Godoi & Santos, 2021}; ^{Machado et al, 2017} ). Como mencionan ^{Godoi & Santos (2021, p. 18)} , las encuestas más recientes indican una gran transformación en la composición social y étnico-racial de los estudiantes de nuevo ingreso a las universidades: en 2019, el 40 % de los estudiantes de primer año eran egresados ​​de la red pública, y los negros e indígenas de primer año constituían el 25,2 % del total, frente a una participación de solo el 6 % en 2010.

Tatiana Días ^{Silva (2020, p. 16} ) también demuestra que la composición racial de los estudiantes de las universidades públicas cambia constantemente y de manera significativa, como resultado del aumento en el número de vacantes y las políticas de democratización del acceso. El promedio de años de educación formal cumplidos por la población brasileña aumentó, entre 1992 y 2015, de 5,2 a 8,2 años. Si tenía un promedio de años de estudio equivalente al 65,3 % de la población blanca, ahora tiene este indicador que representa el 82,5 % en 2015. La autora señala, sin embargo, que, si bien la escolaridad promedio ha crecido para ambos grupos, incluyendo una reducción de las desigualdades, es importante resaltar el alto nivel de desigualdad que aún persiste.

Muchos de los jóvenes titulares de cuotas son los primeros en sus familias en tener acceso a la educación superior. Acceden a la universidad, en general, a través de las subcuotas raciales establecidas dentro de las cuotas sociales que establecen el ingreso familiar máximo y la carrera escolar en las escuelas públicas, es decir, son jóvenes de los estratos sociales más pobres del país. Hay que explicar que las universidades públicas brasileñas son las mejores del país con un examen de admisión difícil, mientras que las escuelas públicas son consideradas de la más baja calidad y experimentan situaciones de escasez de medios de funcionamiento. El origen de estos estudiantes y sus trayectorias aportan un elemento fundamental a la política en un país donde las desigualdades sociales y de acceso a la educación son llamativas. No basta con ingresar a las universidades, sino que es necesario tener garantías para permanecer en ellas y para ello es imprescindible una serie de apoyos institucionales, que involucran recursos materiales y atención especial de todo tipo, incluidos los psicológicos.

La evaluación de las cuotas raciales pasa por varios aspectos, pero me gustaría recuperar el proceso de identificación racial que acompaña a estas políticas. Como ya se mencionó en los estudios del IPEA ( ^{Silva, 2020}), ya se ha observado un aumento de estudiantes negros en las universidades brasileñas, que se amplifica con acciones afirmativas. Podemos destacar, entonces, que la introducción de acciones afirmativas trajo de manera más evidente la renovación del cuestionamiento del mito de la democracia racial brasileña y la denuncia del racismo aún persistente, dando visibilidad al tema y promoviendo una identificación racial positiva para la población negra.

Aunque no es el enfoque central de este artículo, es importante recordar que las cuotas raciales para la educación superior se extienden igualmente a los pueblos indígenas. El debate en relación con la población indígena se da de manera diferenciada respecto a la identificación de sus beneficiarios y pone en tela de juicio el reconocimiento cultural y la diversidad de los pueblos con proyectos de inclusión individualizada de sus miembros ( ^{Lima, 2018}). En resumen, la acción afirmativa abre espacio para la introducción de un número importante de indígenas en las universidades brasileñas, sin embargo, no contempla proyectos indígenas de educación superior pensados colectivamente y que respondan a las especificidades de las demandas de estos pueblos. Además, no trae intrínsecamente a las universidades la discusión sobre la cultura indígena, su lugar en la sociedad brasileña y la importancia de promover una educación superior intercultural ( ^{Lima, 2018}). El desafío sería hacer que la institución superior permita la circulación y validación de otros conocimientos, basados en otras bases cosmológicas, filosóficas y epistemológicas ( ^{Baniwa, 2013}).

Sobre el tema, Gerson ^{Baniwa (2013}) explica que, si bien la acción afirmativa es muy importante para los pueblos indígenas, ya que ha contribuido a una ciudadanía plena y diferenciada de ellos en su diálogo con el Estado y la sociedad nacional y constituye un importante espacio multicultural, es necesario prestar atención a algunas medidas necesarias:

La principal marca de los derechos indígenas es la diferencia y la equivalencia y no la igualdad o la similitud, por lo que los pueblos indígenas han exigido un trato diferenciado en el que el enfoque de la política sea la apreciación y el reconocimiento de las diferencias y la diversidad y no la inclusión y homogeneización de las políticas, incluso en el ámbito de las políticas para la diversidad o las minorías sociales. En muchos casos, las políticas de inclusión, por bien intencionadas que sean, pueden significar categóricamente exclusión sociopolítica. ( ^{2013, p. 20})

En este sentido, la propia identificación por autodeclaración comprometería el compromiso con los derechos colectivos indígenas. También según Baniwa, a menudo la comunidad lucha por políticas colectivas y los indígenas que se benefician de las cuotas no tienen necesariamente compromiso con la comunidad, lo que se vería agravado por el hecho de que quienes finalmente se beneficiarían de ellas serían aquellos que están en el contexto urbano y que demostrarían menos participación con los valores de las comunidades ( ^{Baniwa, 2013, p. 20}).

Hay que destacar igualmente las cuotas para cubrir cargos vacantes en el servicio público federal, estatal y municipal. La norma que determina aplicarla a todo el servicio público federal surgió con la Ley Federal N°12.288, de 2010, que aprobó el Estatuto de Igualdad Racial - EIRA ( ^{Igreja et al., 2021} ; ^{Igreja & Ferreira, 2019}; ^{Ferreira, 2017}). Las cuotas raciales en las admisiones para cargos públicos consideran únicamente la identificación étnico-racial, sin incluir aspectos socioeconómicos. Hay algunos problemas en la definición y establecimiento de estas cuotas, especialmente por plantear el porcentaje del 20 %, sin considerar si son suficientes y si están de acuerdo con la proporción de negros en la sociedad brasileña. Además, no han sido consideradas debidamente las distinciones de las carreras públicas, específicamente aquellas de gran prestigio y de poder de mando, en las cuales hay baja representatividad de negros ( ^{Ferreira, 2017}). Finalmente, no se consideró la no presencia de personas negras en cargos designados libremente por las autoridades competentes y que gozan de poder de decisión. Estos temas se refieren, según Ferreira ( ²⁰¹⁷), a la protección de los privilegios blancos en el control de las instituciones del Estado.

El análisis de las acciones afirmativas en los concursos de ingreso a carreras públicas aporta elementos interesantes. Rebecca Igreja y Gianmarco ^{Ferreira (2021)}, a través de la elaboración de un mapa georreferenciado que presenta el panorama normativo de las acciones afirmativas en el país, demuestran que existe una efectiva expansión nacional de la política, abarcando diferentes ámbitos, incluso las posiciones temporales. Un primer elemento que surge está relacionado con la identificación racial de los candidatos y los criterios de selección. Casi todas las normas establecen la opción de autodeclaración, pero existe una variación terminológica en las convocatorias públicas que, sin embargo, no corresponde a categorías excluyentes. Algunas leyes, aunque tienden a utilizar los criterios de color y raza del IBGE, son flexibles en cuanto a la identificación racial de los beneficiarios de las cuotas, siempre con base en el fenotipo, proponiendo como categorías intercambiables y no autoexcluyentes los términos negros, afrodescendientes, afrobrasileños, entre otros, todos considerados en el mismo porcentaje reservado. En otras palabras, la fluidez terminológica utilizada por la legislación es compatible con el objetivo de contemplar al mayor número posible de personas que, de utilizar un término en detrimento del otro, no se sentirían cubiertas por la política ( ^{Igreja & Ferreira, 2021, p. 299}).

El debate en torno a las cuotas raciales en la función pública se ha realizado en paralelo al de la educación superior. Las cuotas en educación cobran protagonismo porque se cree que es en este contexto donde se combate el racismo existente en su estructura, no solo por la inclusión de personas negras, sino por el potencial uso de este espacio para promover una educación plural, inclusiva y antirracista. Centrarse sólo en esta perspectiva, sin embargo, invisibiliza el potencial de la aplicación de la acción afirmativa en la burocracia pública. Es allí donde se conciben y elaboran las políticas públicas, donde se consolida un proyecto de Estado y donde se toman las decisiones.

Muchos debates quedan pendientes en relación con la evaluación de las acciones afirmativas. Cuestionamos en nuestros estudios, por ejemplo, el impacto de ellas en las estructuras institucionales, transformándolas desde adentro. Preguntamos si la presencia de personas negras en estas instituciones es suficiente para transformar el racismo estructural aún vigente en ellas. De la misma manera, analizamos si al adentrarse en las instituciones, los cuotistas mantienen el compromiso con la causa antirracista de la cual se beneficiaron.

Los desafíos permanentes: la expansión política de la extrema-derecha y la reelección de Lula

El presidente Jair Bolsonaro llegó al poder prometiendo una gran reforma cultural y moral en el país y la recuperación de los valores cristianos y familiares y, en ese sentido, se posicionó radicalmente en contra de las pautas socioculturales, de género y raciales, identificadas como una estrategia de orden ideológico, dominación de la izquierda internacional y como subversión moral e ideológica de la cultura tradicional brasileña. Las manifestaciones del presidente tuvieron un contenido antidemocrático, con ataques diarios a las poblaciones LGBTQIA+; a negros, indios, sin tierra, mujeres, desempleados, inmigrantes y a los artistas ( ^{Negri et al., 2019} ).

El advenimiento de este gobierno se identificó con el surgimiento de una nueva extrema derecha que observamos en algunas democracias liberales y que se asocia a un contexto contemporáneo de globalización, dominación del neoliberalismo, individualismo exacerbado, crecimiento de las desigualdades socioeconómicas y, en casos específicos, los grandes flujos migratorios. Es en este contexto que se observa el uso por parte de esta perspectiva política de un discurso de odio que rechaza (y fabrica) «al otro», formado por inmigrantes, pobres, negros, gays y otras minorías políticas y que naturalizan las desigualdades y exclusiones ( ^{Negri et al., 2019} ).

Incluso antes de su elección, Bolsonaro ya se pronunciaba en contra de las cuotas raciales. En una entrevista ⁴, el presidente afirmó que la política de cuotas fue «totalmente equivocada». Para él, la acción afirmativa es una «lástima», un «miserabilismo» que contribuiría solo para victimizar la población negra y reforzar el prejuicio. El presidente de la Fundación Cultural Palmares, institución pública antigua creada para la promoción y preservación de las manifestaciones culturales negras, designado por Bolsonaro, era negro y conservador, alineado con sus ideas. Sérgio Carmago era una figura controvertida, que constantemente hablaba en contra de las agendas antirracistas y los movimientos negros. En varias de sus manifestaciones públicas, en documentos y posts en las redes sociales exaltaba lo que sería, según él, un negro digno, que respetaba la historia y sus aspiraciones como ciudadanos. Defendía una fundación que tratara al negro como «una persona normal» con deseos comunes como todos los brasileños. Un negro que recurre al emprendimiento, que defiende la meritocracia y que se reconoce en los valores conservadores de la sociedad brasileña. Rechazaba al negro militante, al negro de los quilombos, exaltaba a los negros conservadores históricos y consideraba que el negro de los gobiernos del PT (en referencia a gobiernos anteriores) sería el «eterno desembarcado de los barcos negreros, tratado como masa de maniobra y leña de victimismo». En suma, en el escenario brasileño de Bolsonaro, la agenda oficial de discusión pública sobre la población negra estaba ligada a propuestas conservadoras de extrema derecha, que incluyen conservadurismo religioso e intereses del mercado neoliberal. Se complementaba con el aumento de la pobreza y la violencia en todo el país, resultado, entre otras razones, del fin de las políticas sociales, el empoderamiento de policías y grupos armados, la política de armamento y, finalmente, las manifestaciones discriminatorias y constantemente racistas. Además, han salido a la luz un número importante de células neonazis en el país, especialmente en la región sur.

Una forma de tratar el tema en Brasil con el auge de la extrema derecha en el país, pero extendiéndose a la complejidad latinoamericana y caribeña y al aumento del conservadurismo en varios países de la región, constituye lo que en el ambiente artístico llamamos «teatro de sombras». Inspirada en un arte chino muy antiguo, es una forma de puesta en escena teatral en la que, en una pantalla, siluetas de títeres o personas ganan movimiento y formas según juegos de luces que se les proyectan. Las élites conservadoras, oligárquicas y racistas brasileñas vuelven a ensombrecer la escena nacional, reconstruyendo sus imágenes y la de la propia nación, volviendo a contar y reformulando historias, validando sus valores y representaciones, legitimando así, en un gran escenario en el que se proyectan como representantes del pueblo brasileño, un discurso que se presenta como universal e inclusivo, pero eso responde sólo a sus intereses. Reafirman así un discurso centrado en la blanquedad y el eurocentrismo de sus valores. Podemos interpretar este momento como un espejo de contrastes, un espejo racial en el que el blanco se reconoce en oposición al negro. Es en este espejo de alteridad que la extrema derecha se redefine y constituye su propia imagen y es el estudio de esta imagen que proyectan lo que nos proporciona elementos para comprender la permanencia del racismo en Brasil. Es por esta razón que actualmente en el país llama tanto la atención los estudios sobre la blanquedad, estudios que demandan una reflexión sobre el papel de los blancos en la producción de desigualdades raciales, descentralizando los análisis con un enfoque exclusivo en la problematización de los negros.

Ante este escenario político, los movimientos negros y progresistas del país respondían principalmente denunciando el racismo y el genocidio de jóvenes negros. El Atlas de la violencia ( ^{Cerqueira, 2021, p. 49} ) aclara que en 2019 las personas negras (suma de pardas y prietas) representaron el 77 % de las víctimas de homicidio, con una tasa de homicidio por 100.000 habitantes de 29,2. Esta tasa es 2,6 veces mayor que la de personas que no son negras. También según el Atlas, los datos de la última década indican que la reducción de los homicidios ocurridos en el país estuvo mucho más concentrada entre la población que no es negra que entre la población negra. Entre 2009 y 2019, las tasas de homicidio disminuyeron un 20,3 %, con una reducción del 15,5 % entre los negros y del 30,5 % entre los que no son negros, es decir, la disminución de las tasas de homicidios entre ellos es un 50 % superior a la correspondiente a la población negra. Estos datos nos ayudan a visualizar el inmenso problema de violencia que enfrenta la población negra, especialmente los jóvenes negros, en el país.

A pesar de la persistencia e incluso aumento de la violencia, las políticas sociales de los últimos años, complementadas con acciones afirmativas, no solo han permitido mejorar la condición socioeconómica de la población negra y una mayor presencia de esta en la educación superior, sino que también han ampliado la discusión sobre el racismo en el país, dando visibilidad al tema y mayor espacio, especialmente en medios como programas de televisión y en periódicos de amplia circulación. Las noticias vinculadas en varios periódicos del país también apuntan a un aumento significativo de las denunciaciones de injurias raciales y racismo. La interpretación de este aumento es que hoy existe una mayor conciencia y reconocimiento de derechos que llevan a las personas que son víctimas de esta situación a denunciar. Los medios de noticias son ocupados constantemente por representantes de asociaciones negras y por periodistas e intelectuales negros, especialmente los más jóvenes, que también se destacan impulsados ​​por sus acciones en las redes sociales.

El nuevo gobierno Lula acaba de empezar y ya trae iniciativas importantes para las poblaciones negras. Desde su campaña política para las elecciones, el presidente afirmó su compromiso con la defensa de las acciones afirmativas, el reconocimiento de los territorios quilombolas y la protección de las religiones afrobrasileñas. Ya a principios de su gobierno, el nuevo presidente creó el Ministerio de la Igualdad Racial (MIR) con atribución para desarrollar políticas y lineamientos dirigidos a promover la igualdad racial; políticas de acción afirmativa y de lucha contra el racismo; políticas para quilombolas, pueblos y comunidades tradicionales, entre otras. Paralelamente al MIR, Lula crea igualmente el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MIP) y el Ministerio de los Derechos Humanos y Ciudadanía (MDH). El presidente anuncia ya en su inauguración la reanudación de los financiamientos de las becas universitarias, garantizando la permanencia de los estudiantes negros en las universidades, así como políticas contra el hambre que ha retomado espacio en el país. Sin embargo, enfrenta desde el principio la oposición de la extrema-derecha que ocupa una parte importante del congreso nacional. El país vive aún un escenario de violencia y ataques racistas constantes, destacándose el crecimiento de los grupos neonazis.

Conclusiones

Podemos afirmar que el panorama de las políticas multiculturales dirigidas a los afrodescendientes latinoamericanos contiene muchas ambivalencias. En los últimos 20 años se ha transitado de su «invisibilidad» oficial a formas de reconocimiento institucional, pero aún gran parte de las demandas sociales y políticas siguen sin respuesta. Los números continúan confirmando que la mayoría de la población negra de la región vive en condiciones de pobreza, marginación y exclusión social. Los débiles resultados en materia de inclusión social denotan inconsistencia por parte de los Estados en la aplicación de medidas socioeconómicas que lleven a cabo las transformaciones socio-materiales necesarias. Además, el racismo y la discriminación aún impregnan la vida cotidiana de los negros.

Las diferentes formas de políticas dirigidas al reconocimiento étnico-cultural y racial, como las políticas multiculturales, sin embargo, continúan siendo producto de una compleja interacción entre el Estado y diversos actores. La diversidad étnico-cultural y la lucha antirracista siguen siendo su foco, aunque los objetivos pueden ser divergentes o convergentes, según los contextos y correlaciones de fuerza. Además de los matices ideológicos y políticos que se explicitan en los movimientos negros de la región, identificamos elementos de confluencia, como la reivindicación de la agenda de Durban, que sigue siendo un referente de movilización política. Mientras tanto, el reiterado compromiso de Estados e instituciones internacionales con esta agenda sigue evidenciando, por un lado, un desequilibrio entre declaraciones de principios y, por otro, la falta de voluntad y determinación necesarias no sólo para promover, sino, sobre todo, llevar a cabo acciones concretas que constituyan avances tangibles en la superación de la exclusión de las personas afrodescendientes.

Así, el multiculturalismo, visto como un proceso histórico-político, aunque actualmente bajo otros nombres y condiciones, permanece en la agenda. A pesar de muchas contradicciones, el espacio que promovió también fue apropiado por movimientos sociales que lo han transformado en un espacio de empoderamiento y resistencia. Es necesario dar cuenta de este proceso global en el que se idealiza el multiculturalismo como una forma de gestión pública de la diversidad y sus demandas y, al mismo tiempo, la forma que adquiere en contextos más regionales como el latinoamericano y, especialmente, el brasileño.

Uno de los aspectos centrales del debate sobre la multiculturalidad es la forma en que se consolidan las clasificaciones y categorizaciones étnico-raciales, necesarias para identificar el público al que se dirigen. Sin embargo, en el caso de América Latina y la población afrodescendiente, son el resultado de un proceso histórico caracterizado por regímenes de explotación y esclavitud, mucha desigualdad y racismo. Además, todos estos marcadores se transforman en este proceso histórico, oscilando entre las formas impuestas por las élites dominantes y sus intereses y las apropiaciones y resignificaciones que se hacen y negocian por los diferentes pueblos subalternos y por los movimientos sociales. No hay linealidad en las definiciones de estas clasificaciones. Por ello, el multiculturalismo se basa en un sistema de clasificaciones, él mismo en constante transformación y readaptación.

Especialmente el uso de «raza» como categoría de identificación despierta opiniones bastante polarizadas en varios países latinoamericanos. Prevalece entre los críticos el temor a retroalimentar una categoría biológica clasificadora que se creó en el contexto de las teorías racistas del siglo XIX y que afirmaba la superioridad de los blancos sobre los negros, legitimando el racismo y los prejuicios raciales. En cambio, vemos en Brasil la defensa de que la «raza» es una categoría social y retomarla y replantearla como parte de la lucha antirracista es visibilizar la racialización que históricamente han sufrido los afrodescendientes.

Un tema importante que permea las diferencias entre Brasil y otros países latinoamericanos es la centralidad de las políticas de igualdad racial. Si bien estas surgieron en este contexto de fortalecimiento y ampliación de los derechos colectivos, las políticas de igualdad racial tienen como objetivo promover la integración de las personas negras a la sociedad y la lucha antirracista. Es verdad que se acompañan de políticas que valoran los aportes del acervo cultural, especialmente sobre el legado religioso que dejó la diáspora negra, así como políticas de reconocimiento territorial, como las destinadas a reconocer las tierras de los remanentes de quilombos. Como tratamos de explicar, esta elección obedece a las especificidades sociohistóricas de la presencia negra en el país, su tamaño poblacional, su importante ubicación en contextos urbanos, entre otros elementos.

En este texto, busqué centrarme en algunos puntos sobre el debate de la opción por las políticas de acciones afirmativas o por las políticas dirigidas para la lucha contra la pobreza. Busqué además demostrar que para contestar a esta cuestión es necesario conocer la definición y los objetivos y finalidades de las acciones afirmativas, así como cuáles son sus límites y alcances. Especialmente en América Latina, para su éxito es más que necesario que vengan acompañadas de políticas sociales, como fue el caso de Brasil. Las acciones afirmativas son políticas focalizadas y aunque esta inclusión pueda darse de manera puntal e individualizada, ellas han sido fundamentales al dar visibilidad a los efectos del racismo y de la discriminación y al forzar la apertura de estos espacios para la población negra.