El rol delincuencial: una reflexión desde niños infractores^*

The Criminal Role: A reflection from the young offenders' viewpoint

Milcíades Vizcaíno Gutiérrez^**

^*Este documento es el avance de un proyecto de investigación que el autor desarrolla en la Universidad Cooperativa de Colombia, en Villavicencio, Departamento del Meta (Colombia). El sentido del proyecto es conocer en profundidad para intervenir con eficacia en grupos experimentales a través de las entidades comprometidas por la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Dimensiones como edad de inmersión en los grupos infractores, actitudes y motivaciones de permanencia en esos grupos, gratificaciones, derechos y obligaciones, sistemas de retribución, canalización de afecto y libertad de expresión de necesidades, prácticas infractoras y modus operandi de sus acciones y solidez de las identidades (duras/blandas) son la base para la construcción de una batería de instrumentos con los cuales se recauda información empírica. La socialización de procesos y de resultados incrementará los conocimientos disponibles para tomar decisiones que reviertan el aprendizaje y la práctica de la infracción y reduzcan la probabilidad de que ese aprendizaje se prolongue a una fase delincuencial.

^**Magíster en Educación con especialidad en Investigación Socioeducativa. Investigador, Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio, Colombia milci.vizcaino@gmail.com

Resumen

El artículo parte de dos preguntas: si constatamos la existencia de "niños infractores", en primer lugar, ¿de dónde salen, quién los produce, son ellos mismos los que, en uso de su libre albedrío, deciden serlo? ¿En segundo lugar, una vez lo son, se puede revertir el proceso del aprendizaje del rol de "infractor"?. La respuesta del autor sigue la argumentación de que esos niños son un subproducto de la sociedad que es generado por desajustes estructurales y que, de no atacarse de raíz, consolida un ambiente favorable que los convertirá en criminales en su juventud y adultez. Cuando las instituciones fracasan en la socialización y en el control se genera un vacío social que es copado por sustitutos. Si el entorno del niño se caracteriza por infringir normas, es asimilado como un competidor del papel asignado a esas instituciones, y entonces pasará a suplir los roles a ellas asignados y, como resultado, llenará el vacío encontrado. Una vez aprendido el rol de infractor, se requiere un proceso social de ex-rol que las instituciones encargadas de la resocialización podrían asimilar como parte de su función. La argumentación supera la visión meramente individualista y coloca el énfasis en una perspectiva social y cultural de donde emanarían soluciones a la problemática planteada.

Palabras clave: identificación de infractores, menor infractor, ley penal, instituciones públicas, criminalidad (Fuente: Tesauro de Política Criminal Latinoamericana - ILANUD).

Abstract

This paper is the result of two questions: whether young offenders exist, on the one hand; where do they come from? who makes them? are they the ones who decide to be so, from their own free will?; on the other hand, once they become offenders: can their learning process of being offenders be reversed?. The author's answer is based on the concept which states that such young children are a subproduct of society caused by structural misfunctioning, a fact that if not deeply attacked, would consolidate a favorable environs for them to become young and adult offenders. When institutions fail in socializing and controlling, a social gap is covered by substitute elements. If the young child's environs is characterized by breaking rules, it is then considered as a competitor of the role assigned to those institutions thus replacing the roles assigned to the latter. As a result, such environs would replace the roles assigned and fill the social gap found. Once the role of the offender is learnt, an ex-role social process that may be considered responsibility of the institutions is required. Such argument goes beyond the mere individual view and emphasizes on a social and cultural perspective, which would likely be the answer to the problems posed.

Key words: offender identification, young offender, Penal Code, public institutions, criminality (Source: Thesaurus of Latin American Criminal Policy - ILANUD)

"... Algo se sobrepone a la nitidez y la descomposición de este infierno: la evidencia de que esos niños amamantados por el odio, con los que ha sido tan avara ‘la leche de la ternura humana', conservan en la nuez de su ser un fondo de inocencia, de generosidad y de alegría, y merecen que una sociedad menos egoísta y menos hipócrita sepa poner en sus manos algo mejor que el metal de los fusiles y de la metralla. Casi todos ellos lo único que anhelan es un país que les dé dignidad, que les dé amor, educación, trabajo y futuro". (William Ospina).

Las sociedades acumulan experiencias que luego utilizan para afirmar o para negar aquello en lo que están interesadas en mantener y prolongar o en suspender y no dejar prosperar. Cuando las organizaciones encuentran casos desviados de lo que han definido como normalidad establecen mecanismos para revertir las conductas y lograr una incorporación a las prácticas legitimadas socialmente. Sin embargo, no todas las experiencias, son exitosas, ya que, en ocasiones, la distancia entre la intencionalidad y los hechos es tan amplia que los extremos quedan por fuera de los estándares reconocidos. En estos casos, se hacen atribuciones individuales que explican las desviaciones de pautas que están establecidas para todos pero que algunos no han atendido. Dado que la imputación se hace sobre los individuos desviados, la solución consiste en llevarlos a que rectifiquen el camino. Con ello, las organizaciones esconden su responsabilidad y concentran su atención exclusivamente en las personas individuales. Esta tesis merece un análisis cuidadoso.

Nuestro caso es el de niños infractores de las normas. En los recientes cincuenta años se han presentado cambios de perspectiva en la mirada sobre los niños infractores. En la década de 1960 surgía una alarma social que veía a los niños en su deterioro material. Este deterioro era considerado como un problema individual que debía ser atacado con procedimientos sicológicos de aceptación a la sociedad. En las décadas de los 70 y los 80 se privilegia una mirada alimentada por el paradigma de las necesidades, las cuales debían ser satisfechas en orden de prioridades desde las más inminentes hasta las superfluas. En años más recientes, se les considera en su carácter delincuencial por su origen individual o social (García Méndez, 1996; Del Olmo, 2000). La alarma crece en relación directa con el incremento e impacto de los casos constatados lo que aumenta, igualmente, la sensación de inseguridad.

Partimos del reconocimiento de la existencia de "niños infractores", es decir, de menores de 18 años que pasan por encima de las normas legitimadas por el Estado colombiano y la sociedad y se colocan en contra de ellas lo que significa que sus actos violan derechos de los demás, incluso el derecho a la vida, pasando por su participación en contravenciones y delitos. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿de dónde salen esos niños, quién los produce, son ellos mismos los que, en uso de su libre albedrío, deciden ser contraventores o delincuentes? ¿Es una decisión racional, una escogencia entre varias opciones? ¿Se trata de un camino adoptado individualmente? El problema así visto exige ir al fondo de la sociedad y del Estado para indagar los sustratos que apoyan acciones pero también actitudes y conocimientos, es decir, la materia de lo que constituye la socialización tanto objetiva como subjetiva.

No son niños en "riesgo social" por sus actitudes, costumbres o situación de vida, sino que ya están involucrados de hecho en actividades delincuenciales, en pandillas, barras, maras, chapulines, gamberros, hooligans u otras denominaciones. En ellas se han socializado, han aprendido el rol y han encontrado reconocimiento entre sus congéneres. Lo que busca un ser humano en los otros lo ha encontrado en pares con los cuales comparte acciones, pensamientos y juegos en los que pone y expone su propia vida. Allí se mezclan en identidades colectivas duras y pesadas con otras blandas y ligeras (Rachik, 2006). La pertenencia a organizaciones encarna derechos y obligaciones y también participación en decisiones internas. El grado de cohesión entre sus miembros imprime dureza, solidez y robustez a la organización; a mayor cohesión, mayores probabilidades de permanencia y durabilidad y, por tanto, de eficacia en sus actuaciones colectivas. Esto es lo que sucede con los niños que se involucran tempranamente en grupos cuyo rol es la infracción normativa independientemente de los objetivos y los medios a su alcance. A mayores medios también mayores posibilidades de actuación, y esas actuaciones revierten sobre sus miembros como un estímulo que fomenta y motiva su permanencia. Las diferencias conceptuales y prácticas entre unas identidades y otras se explican por la solidez de las organizaciones, por su permanencia, por los derechos y deberes que imprime a sus miembros y por los grados de control que ejercen sobre las actuaciones individuales y colectivas¹.

La metodología utilizada en la construcción de este documento tiene dos componentes: una observación inicial y un primer acercamiento dialogal con niños infractores; y, el otro, un barrido por literatura pertinente².

Niños infractores

La sociedad requiere que las generaciones, a partir de los inicios de la vida hasta la muerte, cuenten con mecanismos de adscripción a su entorno social en el cual tengan los medios para satisfacer sus necesidades y dirigir sus acciones. La historia de la humanidad es la historia de sociedades en las cuales circulan individuos que se suceden unos a otros en una prolongación de las biografías individuales y colectivas.

Aquí estamos hablando solamente de una porción de niños que son los "infractores". No estamos hablando de los niños que no lo son porque nunca lo fueron o porque abandonaron sus prácticas. Los otros se han incorporado a las pautas y conductas aceptadas por la sociedad como legítimas y han adaptado sus comportamientos a las demandas que ellas generan. Los primeros, en cambio, no han alcanzado a tener contacto directo con las instituciones comisionadas para cumplir esa tarea o, si lo han hecho, ellas han fracasado en su tarea y, por tanto, no han incorporado los niños a los ideales que se han trazado. Estos ideales han cambiado de una época a otra, de una sociedad a otra, de un medio social a otro, de una subcultura a otra, de una clase a otra, de un modo de vida a otro. En ocasiones las variaciones entre estos ideales tocan los extremos de una tipología polar; en otros, se encuentran en un continuum y, a veces, las diferencias obedecen a variaciones menores o a formas específicas pero que, en todo caso, no afectan sustancialmente los límites entre unas y otras.

La argumentación de este documento se dirige exclusivamente al segmento poblacional de "niños infractores". Los niños son menores de 18 años, es decir, niños estrictamente hablando, adolescentes y una franja de jóvenes. Por tanto, el rango examinado es ambiguo si solamente se tiene en cuenta la edad. En términos de su capacidad para desarrollar acciones que van hasta la violencia física y, en ocasiones, hasta la crueldad, la sola edad es limitada para comprender actuaciones de esta población. En este orden de ideas, lo que estamos formulando es un hecho social que tiene causas sociales y que está íntimamente ligado a orientaciones culturales. Este planteamiento, sin embargo, no oculta ni trata de sobreponerse a otros enfoques como los psicológicos, antropológicos y jurídicos. Más bien, se los integra en una sola perspectiva. Hay una razón para esta argumentación: estamos frente a un fenómeno complejo en sí mismo que desborda la mirada desde una disciplina, un enfoque epistemológico o teórico. Se requiere una mirada más amplia para dar cuenta de los motivos, razones, tensiones, procesos que llevan a los niños a asumir el rol de "infractores" y luego abandonarlo por su desplazamiento hacia otros roles legitimados social y culturalmente.

El hecho de encontrar niños infractores está asociado con un medio social cargado de inseguridad, estrés, desesperanza y dificultades para satisfacer necesidades básicas y que, en consecuencia, es fuente de presión para no acogerse a estándares aceptados. El modus vivendi es una construcción en la vida social y en la biografía de quienes se hacen delincuentes (Zambrano C. & Pérez-Luco, 2004). La razón de que la biografía individual esté comprometida se encuentra en el argumento de que el constreñimiento no necesariamente se internaliza como una aceptación sino como necesidad de trasgresión (Gómez Tagle L. 2001). Este es el caso de los niños que, ante todo, buscan sobrevivir y sobreponerse a un medio que les es hostil.

Testimonios de búsquedas así lo evidencian. "Lo primero que vemos... son seres conmovedoramente solitarios. Maltratados primero por sus padres, ultrajados o explotados por sus parientes, auxiliados en vano por piadosos desconocidos, estos seres nunca obtuvieron en el hogar amparo, ni en la sociedad comprensión" (Ospina, 2002)... "Cuando acabé los relatos, fui a la Zona Rosa de Bogotá y vi allí a los otros jóvenes. Pensé que este país vivía en la esquizofrenia: mientras unos deliraban en el trance y el alcohol, otros sufrían por la miseria y el desamor... "antes que victimarios, son víctimas" (González U., 2002).

Hay que ir al medio social en el cual se encuentran esos niños. Colombia tiene una población menor de 18 años cercana a los 16,5 millones de habitantes, lo que equivale al 36,3% de la población total del país. De esa población, 11 millones pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén, y 4 de esos 11 millones son menores de 4 años (Departamento Administrativo Nacional de Estadística ((DANE)), 2005). Los datos revelan que el 67% madura, crece y se desarrolla en medio de las dificultades de la pobreza. Esos niños sobrevivieron en un medio en el cual las tasas de mortalidad son del 20 por cada mil nacidos vivos, y el 65% de estas muertes ocurre antes de cumplir un mes de vida, y de los que sobreviven, 33,2% de los menores entre 1 y 4 años tiene anemia, según datos de la Encuesta de Demografía y Salud de 2005. Un poco más de un millón de niños y niñas, entre 5 y 17 años, trabajan. De ellos, el 51% no recibe remuneración alguna y muchos de ellos no asisten a la escuela o, de haber asistido, la deserción es temprana. En el año 2000, un 92,7% de los niños/ niñas que no asistían a la escuela pertenecía al 60% de los hogares con menores ingresos del país (Mettifogo, Decio & Sepúlveda, 2004).

Ahora encontramos que, según el Consejo Superior de la Judicatura, hasta 1999, existían 390.000 procesos activos en los que estaba involucrado al menos un menor de edad, de los cuales 100.000 son contra menores infractores y contraventores. El panorama tiende a agravarse, ya que para 1996 el número aproximado de procesos activos contra menores infractores era de 32.000. Muchos menores ingresan al mundo del crimen desde los 7 u 8 años (Semana, 2000, abril 10). Cerca de 14.000 menores de 18 años son judicializados cada año en el país por infracciones a la ley penal (Semana, 2004, octubre 30).

Es entonces cuando las estadísticas dan cuenta de la gravedad del problema. En Colombia el aumento de la criminalidad juvenil ha hecho imperativa la necesidad de reaccionar con sanciones proporcionales a la gravedad del delito. Es más, la preocupación es endurecer las penas (Semana, 2004, octubre 30). La diferencia con los adultos es amplia: si un adulto tiene 40 años de prisión por un crimen, un joven de 15 años puede quedar en libertad, incluso si se le comprueba el delito. Estas diferencias son claras para el Estado sancionador. También lo es para los delincuentes, que utilizan los servicios de los menores para cometer acciones delincuenciales. Los hechos no son nuevos. Ejemplos como el adolescente Byron de Jesús Velásquez Arenas, que asesinó al ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, por orden del cartel de Medellín, el 30 de abril de 1984. Otro menor de edad asesinó al entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez en pleno vuelo de Bogotá a la Costa Atlántica. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2005 fueron capturados 42.004 menores infractores, 12 mil más que el año anterior, de los cuales el 85% tenía entre 15 y 17 años. Las infracciones a las normas fueron variadas: el 44% del total de capturas fue por hurto, el 30% por tráfico de drogas, el 6% por daño en bien ajeno, el 5,9% por porte de armas y el 1% por homicidio (Semana, 2006, agosto 30).

No solo Colombia presenta estos hechos, también ocurren a lo largo de los países de América Latina. Los actores protagónicos son menores de edad que muchas veces pertenecen a bandas delictivas manejadas por mayores. La pregunta que surge ahora es sobre los ambientes de socialización y de satisfacción de necesidades.

Ambientes carenciales

Los medios sociales y culturales en los cuales nacen y se desenvuelven los niños que van a ser infractores son precarios. Las necesidades básicas no encuentran satisfactores que les permitan un desarrollo en libertad³. Las carencias se convierten en detonadores de conductas infractoras a condición de que haya una sincronía entre factores individuales y medio social y cultural que le sea favorable. La privación de ingresos es solo un aspecto; lo que mayor determinación tiene sobre la conformación de niños infractores es la privación de capacidades, lo que significa carencia de oportunidades. Los desajustes estructurales entre personalidad individual y condiciones ofrecidas por el medio circundante generan insatisfacciones crecientes que llevan a optar por mecanismos por fuera de las instituciones para desarrollar afecto, pertenencia, relación positiva, aceptación y medios congruentes con las necesidades. Este punto es crucial y constituye el núcleo de respuesta del planteamiento que en este documento se está formulando.

Algunos autores van más lejos. Consideran que esas carencias se constituyen en causas del surgimiento de conductas infractoras. Analistas han categorizado en cuatro campos esos aspectos: socioculturales, de violencia, familiares y educacionales (Universidad Nacional de Colombia). Socioculturales porque las diferencias sociales y la distribución de la riqueza crean brechas en contra de niños y niñas que luchan por sobrevivir; violencia, porque muchos niños se enfrentan a conflictos familiares y pasan a los conflictos callejeros; familiares, porque la organización social primaria les resulta altamente disfuncional por su carga de agresiones físicas, verbales y psicológicas; y educacionales, por la ruptura existente entre la escuela y el medio sociocultural del cual provienen los niños. La tensión existente entre los dos medios socioculturales es un factor de fracaso escolar que afecta no solo a los niños como individuos sino que es un indicador del fracaso como institución educativa⁴.

Los estudios recientes sobre seguridad humana consideran a la persona, con su bienestar, libertad y derechos, en sujeto de la seguridad, con lo cual desplazan al Estado de su tradicional lugar preferencial. La visión estadocéntrica es colocada ahora como un medio de apoyo a la visión humanística. Esta evolución teórica rescata al individuo, lo ubica como centro del análisis y le orienta los esfuerzos por su bienestar individual y colectivo. Este enfoque se nutre de argumentos provenientes, al mismo tiempo, del liberalismo y del humanismo (Pérez de Armiño, 2006).

Si hay niños infractores es porque hay carencias. Esta es la constante. Si hay carencias, es porque hay desigualdades estructurales. La desigualdad penetra en todas las instancias y pasa por la salud, la educación, la recreación, la alimentación y nutrición y la vivienda, como satisfactores. En general, en América Latina no es que haya pobreza y haya desigualdad; hay pobreza porque hay desigualdad. Los economistas usan el concepto de "pobreza innecesaria" porque ella no genera sino elementos negativos que incrementan costos y no producen riqueza. El lado más visible de la pobreza se observa en la población infantil sobre todo aquella que carece de vínculos con instituciones, entre ellas la básica que es la familia y, por tanto, están cerrados canales que podrían orientar medios como la salud, la vivienda o la educación.

Las tasas de criminalidad en toda América Latina tienden a incrementarse. En la década de los 90 se presentaron 30 homicidios por cada 100 mil habitantes por año, seis veces la tasa de criminalidad de los países de Europa Occidental. En la encuesta Latinbarómetro, realizada en 17 países de América Latina, 2 de cada 3 personas dicen que ellos o un familiar han sido objeto de un delito en los últimos dos años. Es cierto, hay tipos de criminalidad. Una es aquella que es producto de bandas organizadas; pero, al lado, o en conexión con ellas, están los delitos cometidos por jóvenes. La reacción generalmente consiste en exigir al Estado y medios gubernamentales una mano dura, con más policías, más represión y más castigos severos. Propuestas frecuentes son las de bajar la edad de imputabilidad, reducir los derechos procesales, otorgar más discrecionalidad a los policías e incrementar los presupuestos en seguridad pública y privada. El resultado es más presos en las cárceles, pero a sabiendas de que no hay correlación estadística entre más presos y reducción de tasas de criminalidad juvenil en el mediano y largo plazo. La razón es obvia: no se atacan las causas estructurales (Kliksberg, 2004).

La pregunta que sobreviene es: ¿cuáles son esas causas estructurales? Las respuestas proceden de investigaciones que han encontrado correlaciones estadísticas sólidas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha encontrado una correlación estadística entre criminalidad joven y desocupación juvenil. Otra correlación se ha constatado entre familias desarticuladas y criminalidad. En América Latina, por ejemplo, se ha encontrado que la familia, en cumplimiento de sus funciones, se constituye en el medio más eficaz de prevención del delito con que cuenta una sociedad. La razón: si la familia funciona, proporciona los medios requeridos por las necesidades pero, sobre todo, transmite valores de cohesión, de regulación y de control de la conducta de los jóvenes. La desarticulación de la familia por la pobreza incide en la tasa de criminalidad (Kliksberg, 2004)⁵. Existe abundante evidencia acerca del comportamiento de indicadores tempranos de desarrollo biosicosocial y rendimiento escolar (El futuro de los niños es simple hoy, 2006).

A pesar de los esfuerzos, en los últimos 25 años la desigualdad ha impedido una mayor reducción de la pobreza y de la exclusión en América Latina y el Caribe (Comisión económica para América Latina y el Caribe ((CEPAL)), 2007). La constatación empírica reitera el hecho de la región rica que es América Latina pero con una población pobre (Rizzini, Corona, Zamora & Neumann, 2007). La pobreza y la exclusión son negativas no solo porque dañan la dignidad personal, sino porque limitan el desarrollo intelectual, social y afectivo de los niños, lo que restringirá luego sus capacidades para beneficiarse de las oportunidades del desarrollo social (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ((UNICEF)), 2005).

Hay un elemento adicional preocupante. Es la constatación de que el mejoramiento en las condiciones económicas no se acompaña inmediatamente, en el corto plazo, de una disminución de los delitos. Los resultados de una acción que pretenda desplazar o minimizar el problema presentan un efecto retardado en el tiempo. El costo de oportunidad de quienes se encuentran en la delincuencia es, de hecho, alto, debido a que su experiencia acumulada es creciente, se les ha etiquetado como delincuentes y pesan sobre ellos los antecedentes penales. Son tres elementos que deben afrontarse y su tratamiento consume tiempo. Para quienes se encuentran en la delincuencia, los indicadores de pobreza relativa, en términos de reducción de ingresos monetarios, son más significativos que los de pobreza absoluta (Mettifogo et al., 2004). Frente a estas evidencias, el Estado, como la sociedad, debe desarrollar políticas activas y de fondo que reviertan el sentido de los indicadores, sobre todo en los grupos más pobres de la población. De lo contrario, la situación de vulnerabilidad de los infantes más pobres persistirá y se perpetuará ya que impedirá que un niño desarrolle sus capacidades vitales (Rizzini et al., 2007). Los estudios muestran que las condiciones de precariedad son limitaciones profundas para revertir los hechos delincuenciales, para acceder a los proyectos en marcha y para contrarrestar situaciones de violencia en la cual se encuentra involucrada población infantil⁶.

Una hipótesis que se ha estudiado plantea que las condiciones sociales, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la carencia de servicios sociales, podrían constituirse en el origen del crimen violento y de los delitos contra el patrimonio ... así como del nacimiento de grupos rebeldes. Una vez desatado un crimen violento o, incluso, un delito común, con la fuerza de sus actores, se pierde casi toda la relación con las condiciones sociales iniciales por cuanto se salta a niveles más profundos de violencia (Sánchez, Díaz & Formisano, 2003). Los aprendizajes son progresivos y se consolidan en la medida en que arrojan resultados visibles. De ahí que sea pertinente pasar a observar estos procesos de aprendizaje en los cuales se desarrollan funciones sustitutas de la educación legitimada social y culturalmente.

¿Cómo se aprende a ser infractor?

Los infractores, criminales o violadores de normas son modelos para una generación de niños y de jóvenes que se involucran en actividades delincuenciales (Castells, 1999). Los aprendizajes se desarrollan por imitación y por experiencia propia. La inducción es gradual y persistente hasta lograr la incorporación del rol a las actitudes, conductas y conocimientos. Son tres campos y tres niveles en los cuales ocurren procesos que dan como resultado inicialmente un infractor y, luego, un delincuente, con el paso de los años y cuando la experiencia acumulada puede desarrollar otros niveles de acción más especializados y más eficaces. Esto se logra cuando se alcanza una identidad y se consolidan acciones coherentes con ella, se desarrollan trayectorias y cadenas de actuación ramificadas por las cuales transitan los niños, luego los adolescentes, los jóvenes y los adultos.

Inicialmente se constituyen los ‘parches' en esquinas y calles; luego se convierten en pandillas, combos y bandas, en las cuales los niños encuentran afecto, lealtad, pertenencia y reconocimiento social. Mientras los muchachos de estrato alto acuden a bares y discotecas, los de estratos medio se ubican en centros comerciales y los de estratos bajo lo hacen en la esquina del barrio. Los menores actúan como informantes, y vigilantes para pasar luego a actuar en hurtos o actividades de sicariato y secuestro. Los menores tienen una característica aprovechable y es su capacidad de camuflaje y de evasión ante la justicia. En una organización son muy útiles en su contribución a los objetivos delincuenciales.

Examinadas las acciones delincuenciales de los niños iniciados en la infracción normativa, se pueden desprender evidencias siguiendo la teoría de roles. La adopción del rol de infractor supone que es asimilado y reafirmado por acciones correspondientes, y es a través de ellas que se producen su sedimentación y consolidación. Su ejercicio se practica en medio de la tensión entre la legitimación otorgada por su grupo de pertenencia, los estigmas generados por la sociedad⁷ y los riesgos de eventuales errores en los que se develaría su identidad y pasarían a ser sujetos de sanciones sociales y legales.

Pero, ¿cómo se aprende el rol? La respuesta es clara: la sociedad se reproduce a sí misma por la vía de la socialización, es decir, por el aprendizaje de pautas de comportamiento, normas de conducta, asimilación de valores propios de la organización, fidelidad a la relación entre unos y otros, seguimiento de patrones elevados a la categoría de ideales. Lo mismo que ocurre, o debería ocurrir, en la sociedad mayor, eso mismo se espera que ocurra en los subgrupos, incluidos los delincuenciales. La diferencia está en el contenido y en la identidad que produce uno u otro proceso.

Si las grandes instituciones no cumplen su papel, dejan espacios en donde otras instancias sociales se localizan y sustituyen esa función y se apropian de los procesos dejados por ellas. Si son fuertes y duros, tenderán a reemplazar a las primeras. Esto es lo que ocurre con los grupos delincuenciales. Allí se encuentra afectividad, pertenencia, valores de solidaridad, cohesión, lealtades, jerarquías, medios y fines.

La conducta violenta y antisocial en niños y adolescentes es solamente el resultado del fracaso de diferentes organizaciones que deberían haber intervenido en la socialización, haberlo hecho exitosamente, como la escuela, el contexto social, los medios de comunicación y, sobre todo, la familia. Algunos estudios muestran que el fracaso escolar, la alienación escolar, la baja autoestima, los estados de ánimo y actitudes negativos hacia la organización y autoridad, tanto familiar como escolar, tienen una relación positiva y significativa con el desarrollo de conductas infractoras (Sobral, Serrano & Regueiro, 2005).

Un primer punto que se ha de examinar es la socialización anticipada o anticipatoria (Barrios, 2007). Ella consiste en la adquisición de valores y orientaciones encontradas en estados y grupos a los cuales uno todavía no está asociado pero a los cuales uno probablemente vaya a entrar (Funchs Ebaugh, 1988). Anticiparse al rol es, de alguna manera, poner en orden las expectativas, sean ellas reales o falsas, más que los comportamientos que implicarían para quien lo adoptara (Heiss, 1981).

Adoptar un rol es esperar recompensas de otras personas o de quien lo asume. En este caso, las gratificaciones provienen de los grupos de referencia y de la autosatisfacción (self-reward) de haber cumplido con las condiciones de ejercicio del rol, en este caso delincuencial. Esas gratificaciones se convierten en impulsos para nuevas acciones en cadena. Este es un punto crucial que sigue una trayectoria de consolidación del rol porque los roles, más que explicar un el orden social del grupo de pertenencia, explican la identidad del individuo involucrado en ese grupo.

Una pregunta surge en este momento de la presentación: si el haberse ligado a un grupo significa haber aprendido y practicado el rol que de él se esperaba para expresar la fidelidad y el compromiso con él, ¿las medidas que se han tomado para contrarrestar a los infractores y, más tarde, delincuentes, toman el camino de revertir el rol, es decir, de desaprender el rol, de generar un ex rol, una salida y un tránsito a otros roles legitimados ellos sí por la sociedad? Este punto es central y fundamental en el desarrollo de una política. Veamos los caminos seguidos para acercarnos a una reflexión final.

Las medidas adoptadas

Los caminos que se han tomado para la erradicación o, al menos, debilitamiento de los grupos infractores, han consistido en medidas como el "retribucionismo represivo" o el "paternalismo anticiudadano" (García Méndez, 1996). Sobresale la crítica a las medidas represivas en la medida en que castigan a los individuos pero dejan intacto el problema que los genera. A contrario sensu, se piensa que ofrecer oportunidades puede ser un camino más eficaz (Semana, 2000, abril 10)⁸.

Cuando se plantean medidas, se presenta una disputa insalvable por las posiciones antagónicas que polarizan el debate y la reflexión y que neutralizan salidas efectivas a los problemas. Estas posiciones se debaten entre una política criminal y una política social. Las dos caracterizan el problema de manera distinta y, por tanto, apuntan a soluciones diferentes. Aquí sostenemos que habría necesidad de ir al centro y conjugar las dos propuestas, articuladas con un fuerte trabajo individual desde perspectivas antropológicas, psicológicas y sociológicas, es decir, esos individuos comprendidos dentro de un contexto colectivo.

En primer lugar, los aspectos jurídicos. Básicamente dos modelos que conllevan epistemologías diferentes en la consideración de la infancia, en general, y de los niños(as) y jóvenes infractores, en particular. Uno es el modelo tutelar respaldado en los derechos vulnerados (Mettifogo et al., 2004). El otro es el de aplicación severa de las normas que llevan hasta la reclusión por conductas como el crimen o la contravención (García Méndez, 2001).

Un elemento adicional: este artículo se aparta de la tradicional perspectiva que observa el fenómeno partiendo del supuesto de la homogeneidad de la población⁹. Para nuestro caso, diferenciamos la especialización de la versatilidad, la acción reactiva de la proactiva y el surgimiento precoz del rol de su aparecimiento tardío. Estos tres tipos, a la manera weberiana, se consideran ideales. Este artículo no se ocupa de desarrollar esta tipología ni de buscar evidencias empíricas que la sustenten. Es parte de un trabajo que se realiza frente a los datos.

En segundo lugar, la política social encaminada a la rehabilitación y, de paso, reducir la reincidencia. Surge una gran desilusión en relación con la capacidad de las instituciones y de sus programas de producir resocialización efectiva (Mettifogo et al., 2004). La política social y la política pública, en este caso, comprometen a las entidades gubernamentales y no gubernamentales y también al conjunto de la sociedad, particularmente de las instituciones que tienen funciones directas en la socialización como la familia, la educación, el medio social y los medios de comunicación. El Estado, por su parte, se erige en el líder de los derechos fundamentales de la niñez consagrados en la Constitución Política de 1991, donde se establece que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. La norma reciente sobre infancia y adolescencia permite establecer un marco general no solamente para dirigir acciones sino para evaluar la política y para analizar en profundidad los elementos implicados y buscar soluciones efectivas a la problemática¹⁰.

La política social de una sociedad democrática consiste en asegurar derechos básicos. Sin embargo, allí no se agota su acción en tanto ha sido redescubierta y revalorizada como un motor del crecimiento económico (Kliksberg, 2004). Esta dimensión acerca intereses desde perspectivas técnicas y políticas distantes como los enfoques de la economía, de los negocios, del mercado, en relación con la tradicional visión acerca de las prioridades de los asuntos sociales. Los enfoques clásicos sostenían que invertir en salud sería una consecuencia de aplicar excedentes económicos. Un estudio dirigido por Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, mostró que invertir en salud es un prerrequisito para generar beneficios económicos. Los casos se estudiaron en países como Estados Unidos, Inglaterra, Singapur, Malasia, Taiwán, Irlanda, Israel, entre otros, durante un período de 200 años por un equipo de 37 expertos internacionales. La política social se concentró en examinar acciones dirigidas a reducir mortalidad infantil y mortalidad materna y a fortalecer salud pública. Se encontró que esas acciones se constituían en pre-requisito del crecimiento económico. Igual ejercicio se hizo con la educación. La tradicional tesis dice que la inversión es un corolario del resultado económico. Los expertos ahora sostienen que para que una economía sea exitosa debe basarse en el conocimiento y esto pasa porque su población tenga niveles altos de educación. Esto vale para los países grandes como para los pequeños, los del centro o de la periferia. Esto lo atestiguan las políticas confluentes del Banco Mundial y de la UNESCO.

Si lo anterior es cierto, y si los niños infractores carecen de salud y de educación, obviamente los esfuerzos deberían implicarlos no solamente para que superen sus prácticas sociales negativas sino para que se involucren a la sociedad por los canales legítimos. La organización y funcionamiento de programas multimodales con estrategias de intervención plurales, según los casos y las circunstancias locales e individuales, son una alternativa que ve el problema desde ángulos diferentes y aporta soluciones desde ellos. Todo esto implica diferentes grados de intervenciones psicosociales, educativas, de capacitación para el trabajo, recreación, afecto y sentido de pertenencia a un grupo que les permita ser referencia positiva. Hay que tener en cuenta que muchos niños presentan dificultades en la adquisición de diversas destrezas cognitivas y en destrezas necesarias para la adaptación social como autocontrol, razonamiento abstracto, resolución de problemas interpersonales, toma de perspectiva social, razonamiento crítico, habilidades sociales, pensamiento creativo (Mettifogo et al., 2004). En orden de prioridades, la inclusión, aceptación e interrelación tienen prioridad incluso sobre el control y el afecto, y sobre otras necesidades, como se prueba en investigaciones puntuales (Giraldo O., Guzmán T. & Lozada P., 2006).

Un elemento que siempre debe estar presente y que debe conducir las acciones es el compromiso de los niños, adolescentes y jóvenes. La forma de un pacto es básico, condición sine qua non de un proceso de desaprendizaje de un rol ligado a actos delincuenciales. Es un contrato social que no presiona a doblegarse ante el poder del Estado y las formas de control de la sociedad sino que está abierto a un procedimiento de negociación, al establecimiento de obligaciones mutuas y a mecanismos de exigibilidad en caso de incumplimiento (CEPAL, 2007).

Uno de los objetivos de un proceso de desaprendizaje es romper la secuencia del rol. No es tarea fácil. Al contrario, se debería trabajar en una secuencia que implique, al menos, estas subetapas para buscar eficacia así como fueron eficaces los aprendizajes de los actos delincuenciales.

Las fases podrían ser: a) introducir dudas que lleven a la posibilidad de abandonar el rol (first doubts), b) búsqueda de roles alternativos (seeking alternative), c) definir el momento crucial que define la salida del rol (the turning point), d) creación del nuevo rol (creating the ex-role), e) retirada del rol, f) estigmatización del ex-rol y g) adopción del nuevo rol o nuevos roles. Es una tarea dispendiosa que exige esfuerzos significativos. Hay que tener en cuenta que los aprendizajes del rol han implicado la personalidad total de los niños infractores y erradicar el trasfondo de esa configuración exige reversar todo el proceso seguido. Muchas veces se pasa por alto la complejidad de esta perspectiva, por lo cual la superficialidad y ligereza con que se tratan estos asuntos son la razón de la ineficacia en sus resultados.

Nada de esto puede hacer una sola organización; se requiere, por el contrario, altos niveles de coordinación y apropiación de recursos que, al final, resultarán pocos frente al enorme daño que se contrarresta si el problema se deja crecer.

Reflexiones al cierre

La amplia experiencia en el tratamiento del tema de niños infractores debería convocar a reflexión en el sentido de no seguir cometiendo errores en forma reiterada. Se sabe que los programas más efectivos son aquellos que se fundamentan en modelos teóricos conductuales y conductuales cognitivos y que se orientan a modificar patrones de relación entre sujetos con su entorno, se identifican problemas y se generan respuestas alternativas. Por otro lado, se sabe que los programas que tienen desarrollo en la comunidad obtienen resultados más duraderos que aquellos que son residenciales. También se sabe que los programas menos eficaces en la reducción de la reincidencia son los que se desarrollan en establecimientos masivos. Por tanto, hay que combinar trabajos grupales con actividad personalizada (Mettifogo et al., 2004).

El rol infractor se puede prolongar en el tiempo, y de hecho lo hace, si no hay un motor que revierta los procesos andados. Desaprender el rol, desidentificar el proceso con intencionalidad no surge espontáneamente, sino que debe colocarse como un objetivo. Bien se sabe que a mayor identificación con el rol, menos probabilidades de abandonarlo; a contrario sensu, a menor identificación, mayores probabilidades de abandono o de desaprendizaje.

Si todo esto se hace, algún día podremos decir con Gabriel García Márquez: "... las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva,... Que aprovecha al máximo nuestra creatividad inagotable... Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar... Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños"(El Espectador, 1994, julio 23).

Notas

¹ Este es uno de los focos de atención del proyecto que se desarrolla en la ciudad de Villavicencio con niños infractores.

² En cambio, en el desarrollo del proyecto de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Villavicencio, se aplica un enfoque participativo con niños infractores, docentes y directivos de instituciones vinculadas por la Ley 1098 de 2006. Las técnicas previstas son la observación directa, grupos focales, entrevistas en profundidad e historias de vida. En el momento de terminación de este artículo, el proyecto pasa por la fase de construcción del instrumental técnico requerido.

³ La idea es tomada de Amartya Sen, en Desarrollo y libertad (Bogotá: Planeta, 2000).

⁴ Para el caso, examinar los trabajos de Rodrigo Parra Sandoval, especialmente Factores asociados al rendimiento escolar en ocho ciudades colombianas (Bogotá: Banco Mundial y Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de Los Andes, 1976. Monografía del CEDE); Ausencia de futuro: la juventud colombiana (Bogotá, UNESCO, Plaza y Janés, 1978); La pedagogía de la desesperanza (Bogotá: Plaza y Janés, 1988); La escuela vacía (Bogotá: Tercer Mundo, 1993).

⁵ Para el caso mexicano, Chan Gamboa, Elsy Claudia. Diagnóstico: Socialización familiar de los menores infractores. México: Secretaría de Planeación (Seplan), Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), s. f.

⁶ República de Colombia. "Informe del Estado colombiano sobre la aplicación de la Plataforma de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000)". Bogotá, mayo de 2004. Colombia. "Informe sobre el disfrute del derecho a la educación en Colombia". Bogotá, octubre 2003. República de Colombia. "Tercer Informe de Colombia al Comité de los Derechos del Niño, 1998-2003". Bogotá, mayo de 2004, p. 94.

⁷ Sobre el estigma puede verse, por ejemplo, Goffman, Irving. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu, 1970; Goffman, Irving. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu, 1959.

⁸ Ver, también: Coy, Ernesto; Torrente, Ginesa. Intervención con menores infractores: su evolución en España, en Anales de Psicología, 1997, vol. 13, nº 1, 39-49.

⁹ Ver, por ejemplo, Bandura, A. Agression: A Social Learning Annalysis; Gottfredson & Hirchi. A General Theory of Crime; Hirchi,T. Causes of Delinquency; Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. A Theory of Differential Association, in F. T. Cullen & R. Agnew (eds.). Criminological Theory: Past and Present. Estudios de trayectorias en el desarrollo de comportamientos y conductas criminales, en Llorente, María Victoria, y Rubio, Mauricio (comp.). Elementos para una criminología local: Políticas de intervención del crimen y la violencia en ámbitos urbanos.

¹⁰ Se trata de la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

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