Editorial

Colombia se ha definido a sí misma, a través de su Constitución Política, como un Estado Social de Derecho. Este imperativo reafirma la razón existencial de la Policía: el servicio al ciudadano, a mantener las condiciones determinantes para el ejercicio de derechos y libertades públicas en Colombia. Por esta razón, si bien la Constitución Política y el Derecho son el fundamento del servicio policial, su aplicación profundiza en los mecanismos de acceso a la justicia, en medio de la concepción y el desarrollo de dos hitos normativos en la historia nacional: la Ley de víctimas y de restitución de tierras, y la Ley de seguridad ciudadana.

A la luz de estos proyectos, inspiradores para la democracia colombiana, en los que cada víctima accederá a la protección y al acompañamiento de un Estado solidario, que se moviliza en función del afectado y no del victimario, la Revista Criminalidad, en su edición No. 53, asume el arte de descubrir enfoques de pensamiento divergentes, asociados a la evolución de la investigación criminal y criminológica a nivel mundial, en medio de la más renovadora y radical transformación del servicio policial en Colombia, dada la responsabilidad histórica de generar acciones correspondientes al Estado Social de Derecho, para sanar heridas y resarcir los daños ocasionados durante décadas de violencia.

A partir de esta sensibilidad coyuntural, la presente publicación, mediante el aporte de distintos investigadores y académicos nacionales e internacionales, advierte el inicio de una nueva etapa de reconocimiento a distintas clases de víctimas en el país, y el advenimiento de un proceso único de restitución de bienes tangibles e intangibles -arrebatados por la violencia-, debido a que una justicia eficaz y la gestión de conocimiento científico, asociado a la búsqueda de la verdad, son principios rectores que armonizan la actividad institucional con las necesidades y expectativas de la sociedad.

De hecho, la legitimidad de entidades como la Policía depende de su determinación de luchar por igual contra toda organización o persona que amenace la seguridad pública, en la medida en que una institución que rinde cuentas y mantiene la insatisfacción por los éxitos alcanzados, para obtener mejores resultados, es capaz de responsabilizarse ante la sociedad por sus logros, limitaciones y fracasos. Por ello, las estrategias desarrolladas por la Policía para aumentar su credibilidad y contribuir a la legitimidad del Estado se soportan en la participación del ciudadano como veedor y colaborador en la búsqueda de la paz, así como en un mayor despliegue operativo para confrontar la ilegalidad, ante la evolución orgánica del delito. Así lo evidencia el fomento de la pedagogía en derechos humanos y la formación integral de 2.383 funcionarios, dedicados a estudios de riesgo y a programas gubernamentales para la protección de víctimas.

A la par, aumentamos el pie de fuerza de la policía judicial, de 8.116 en el 2007 a 13.313 funcionarios en el 2010; asimismo, implementamos un ambicioso proyecto de colaboración con la justicia, mediante la puesta en marcha de 58 laboratorios móviles en nuestras Seccionales de Investigación Criminal, debido a que el primer acto de reparación es el reconocimiento a la historia y al dolor de las víctimas, y a que nuestro deber consiste en escuchar su clamor, desarrollar la investigación judicial, la investigación criminalística, administrar la información de investigación criminal y desarrollar investigación criminológica, orientadas a esclarecer los hechos que condujeron a la comisión de delitos, con especial énfasis en la identificación de responsables intelectuales y materiales, y de los patrones más frecuentes de la conducta criminal.

Estos esfuerzos traducen el valor y la honra que damos a la vida y a la dignidad humana, estimulando la toma de conciencia en la sociedad, a través de los valores de seguridad, respeto y solidaridad, mediante la aplicación de una política institucional de integridad operacional. Así se interpreta de la evolución tecnológica del Sistema de Información Estadística Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional -SIEDCO- y del software del Observatorio del Delito para estandarizar información estadística en una sola base de datos y georreferenciar el delito, que orienta al Gobierno Nacional y al Mando Institucional en la toma de decisiones sobre políticas de seguridad y convivencia, pero fundamentalmente para avanzar en la construcción de una memoria histórica de hechos punibles, con una clara dimensión ética a favor de las víctimas, al visibilizar sus reclamos, contribuir a su pronta restitución y acompañarlas en el ejercicio de su plena ciudadanía. Un deber que tiene su mayor trascendencia en el hecho de escuchar la voz intergeneracional de cientos de víctimas, para aportar a un proceso de sanación colectiva de la nación y de no repetición de hechos violentos, como el mayor esfuerzo y el mejor tributo a la defensa de la vida en toda Colombia, traducido en realidades sostenibles de seguridad y convivencia.

Mayor General OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO

Director General de la Policía Nacional de Colombia