Resultados operacionales de la Policía Nacional, 2010

Norza-Céspedes, Ervyn; Espino-Duque, Gloria Patricia

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Revista Criminalidad

versión impresa ISSN 1794-3108

Rev. Crim. vol.53 no.1 Bogotá ene./jun. 2011

Resultados operacionales de la Policía Nacional, 2010

National Police operational results, 2010

Resultados operacionais da Polícia Nacional, 2010

Teniente Ervyn Norza-Céspedes¹^*

Gloria Patricia Espino-Duque^**

^*Magíster (c) en Criminología y Victimología. Jefe Investigación Criminológica, Observatorio del Delito. Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Policía Nacional, Bogotá, D. C., Colombia. ervyn.norza@correo.policia.gov.co

^**Especialista en Investigación Criminal. Analista, Observatorio del Delito, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Policía Nacional, Bogotá, D. C., Colombia. gloria.espino@correo.policía.gov.co

Resumen

Este documento presenta la descripción estadística de los logros operativos de la Policía Nacional en el año 2010, los cuales se ajustan a las estrategias gubernamentales e institucionales encaminadas al despliegue efectivo de acciones preventivas, disuasivas y de control. Asimismo, contiene los aspectos relevantes de la principal estrategia operativa de la Policía Nacional, denominada Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, y los alcances del control social formal ejercido por la Policía sobre los delincuentes y la delincuencia; además, pasa por una revisión de los postulados teóricos y empíricos, tanto del control social como de las características de los victimarios, la impunidad y las herramientas para combatir el delito.

Palabras clave Delito, captura, armas de fuego, control social formal, criminalidad (fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

Abstract

This document off ers the statistical description of the National Police operational achievements in 2010, as adjusted to both government and institutional strategies aimed at an eff ective deployment of preventive, dissuasive, and control actions. Likewise, it contains the most relevant aspects of the main operational strategy of the National Police, known as the "Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes" (literally: National Plan of Surveillance by Quadrants), and the scopes of the formal social control carried out by Police forces on criminals and delinquency; moreover, it includes a review of the theoretical and empirical postulates of both social control and the criminals' characteristics, as well as impunity and the tools designed to fight crime.

Key words: Crime, capture, arms, guns, formal social control, criminality (Source: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

Resumo

Este documento apresenta uma descrição estatística dos resultados operacionais da Polícia Nacional em 2010, que estejam em conformidade com as estratégias governamentais e institucionais que visam a implantação efetiva de ações de preventivas, de dissuasão e controle. Também contém os principais aspectos relevantes da estratégia operacional da Polícia Nacional, chamada Plano Nacional de Vigilância por Quadrantes, e os alcances do controle social formal exercido pela Polícia sobre os criminosos e o crime. Além disso, passa por uma revisão dos princípios teóricos e empíricos, tanto do controle social quanto das características dos autores, a impunidade e as ferramentas para combater o crime.

Palavras-chave: Crime, captura, armas, controle social formal, criminalidade (fonte: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD.

Introducción

Las expresiones de violencia y delincuencia no se presentan de manera homogénea en el país; sobre esta premisa, los esfuerzos institucionales se concentran en los sitios y población con mayor afectación, bajo los principios de: acción en todo el territorio nacional, gratuidad, sin interrupción, civilismo, solidaridad, respeto y prevención. Así, en este escrito se esclarecen las acciones institucionales e interinstitucionales para garantizar la convivencia en Colombia, que se materializan, principalmente, en las diferentes alianzas entre los organismos encargados de la persecución judicial y penal del Estado. Situaciones que han redundado en la disminución de los instrumentos utilizados para los ilícitos (armas de fuego-vehículos), la interrupción de los ciclos de la economía criminal (incautaciones, extinción de dominio, recuperaciones, entre otros), que representaban un nivel de rentabilidad en el pasado para el victimario, razón por la cual en los últimos años se han centrado los esfuerzos por la lucha contra la impunidad y la efectividad de la sanción penal.

En consecuencia, para la interpretación de los resultados operativos de la Policía Nacional durante el 2010, a continuación se plantean algunas consideraciones, divididas en temáticas, tituladas así: "La Policía Nacional como principal actor en el control social formal del delito", "Resultados operativos como instrumento contra la impunidad y el delito", "Estrategias, herramientas e instrumentos en la persecución del victimario", "Descripción estadística de los resultados operativos, año 2010" y "Algunas consideraciones sobre el victimario".

La Policía Nacional como principal actor en el control social formal del delito

En el enfrentamiento del delito y el abordaje desde la criminología es necesario considerar inicialmente la triada criminal, entendida como la interacción entre delito, víctima y victimario; sin embargo, existe un cuarto ingrediente en el estudio de los hechos delincuenciales, y es la acción del entorno social sobre el control formal o informal.

Control social visto desde el concepto emitido por Restrepo (2002), donde la reacción es una respuesta que el grupo social da a las conductas desviadas, la cual puede ser formal e informal. Formal cuando es emitida por los organismos del Estado, a través del tratamiento y responsabilidad frente al delito que les compete (Policía, jueces, fiscales, militares, Congreso en la sanción de la norma, entre otros); por lo tanto, la respuesta al comportamiento desviado (delito), traducida en capturas, incautaciones, recuperaciones y rescates, entre otras, derivadas de las estrategias y acciones de la Policía Nacional, es la demostración tangible del control social formal ejercido sobre el delito.

Por otro lado, el control social informal es la respuesta -que puede ser más o menos espontánea- producto de los patrones de vida propios de un grupo, que terminan generando en los individuos que lo conforman actitudes de aprobación, indiferencia o rechazo frente al delito (Restrepo, 2002, p. 319).

En la misma línea, Garrido, Stangeland & Redondo (2001) afirman, en estos dos tipos de control social, que el formal se da en aquellas personas que tienen recomendada la vigilancia, la seguridad o el control como actividades profesionales. Por tanto, en esta categoría se incluyen vigilantes, policías, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, etc. Y por otro lado, el control social informal es el realizado por cualquier persona, que actúa en un momento dado contra la delincuencia, sin que el control del delito sea su actividad profesional. Ejemplo de ello pueden ser los vecinos del barrio, los trabajadores de una empresa, los profesores de un colegio, los transeúntes momentáneos de una calle o los viajeros de un autobús. Ellos pueden inhibir o disuadir para que se realicen actos delictivos, ya sea por su propio interés personal, por el de la colectividad o por motivos altruistas (Garrido, et al., p. 71).

Por consiguiente, al revisar las expresiones del control social en Colombia, es común hallar un sentimiento colectivo de indiferencia ("la indiferencia es un lujo afectivo, porque el indiferente no sufre con el sufrimiento de los demás. Y así como no sufre tampoco ríe, se sorprende, grita, llora o patalea" [Soto, 2005]) o falta de solidaridad en el impedimento de la comisión del delito; es decir, solo un mínimo porcentaje de ciudadanos intervienen al observar un delito, para evitar el mismo, y de otro modo, es mínima la cultura de informar a las autoridades sobre el conocimiento de hechos que revisten características de delito.

Paradójicamente, las intervenciones o el control social informal, observados como reacción frente a un delito, se caracterizan por otras conductas violentas, enmarcadas en una aparente justicia comunitaria realizada por vías de hecho².

Por lo antes expuesto, es clara en Colombia la prioridad para el Estado en el control del delito; sin embargo, en esta lucha se requiere de la participación más activa de los ciudadanos, quienes inicialmente son los actores (víctimas y observadores del delito) en la criminogenia del país y los llamados a la vinculación con la justicia, a través del señalamiento al delincuente (denuncias formales) y la visibilidad del nicho criminal (información a las autoridades); de igual forma, los ciudadanos deben procurar por un distanciamiento en la cultura de la apología al delito y el coadyuvar en la expulsión de los comportamientos violentos o delictuales (repugnancia, censura y exclusión social). En esta medida, sería conveniente revisar a fondo el control social informal del colombiano³, para empoderar aquellos comportamientos sociales benévolos de rechazo al delito y los de cooperación en la inhibición y enfrentamiento del crimen (colaboración con las autoridades judiciales y de policía).

Resultados operativos como instrumento contra la impunidad y el delito

La sociología jurídica plantea que las acciones contra el delito deben estar direccionadas hacia la creación, en la sociedad, de niveles tolerables de criminalidad; se puede dilucidar que la función de los controles de los Estados, acompañada del logro de este propósito, puede radicar en la reducción del delito y la creación de mínimos índices de impunidad.

En tal sentido, según Reina y Villafranca (2008), la impunidad se entiende como la falta de sanción o castigo en contra de una persona que ha perpetrado un delito; podría decirse, entonces, que las percepciones de impunidad tienen un efecto en el delincuente, sobre su cognición y volición al delinquir; es decir, la percepción sobre la dificultad de ser capturado o sometido a la efectividad del castigo (sanción o pena ejemplarizante) alimenta la motivación del criminal.

En consecuencia, en el estudio del delito y las motivaciones del delincuente, Roemer (2000) menciona, en su tesis sobre el análisis económico del crimen, que "los actores calculan y se comportan racionalmente, y están motivados para maximizar su utilidad" (p. 78); asimismo, Becker (1968) y Ehrlich (2000), citados por Núñez, Rivera, Villavicencio & Molina (2003), hacen referencia a la economía del crimen exponiendo la relación costo-beneficio y el razonamiento de los delincuentes, quienes encuentran en las actividades delictivas una fuente de lucro y financiamiento lo bastante fértil como para no realizar ninguna otra que se encuentre dentro de la legalidad.

En este orden de ideas, los resultados operacionales de la Policía Nacional durante todo el 2010, descritos más adelante, son datos que arrojan una lectura sobre los avances plausibles en la lucha contra la impunidad, la disuasión del crimen y la coerción hacia el delito en el criminal. Entonces, existe un efecto disuasivo⁴ de las sanciones formales (capturas, incautaciones, recuperaciones, entre otras), el cual se asocia con el desempeño de la Policía como agencia de control social formal, quien dentro de los estadios que rodean al delito (determinados como prevención, disuasión, reacción y control) evidencia con sus resultados la intervención del ciclo criminal, a través de las capturas de victimarios, así como la desintegración de estructuras ilegales y la aplicación de extinción de dominio, entre otros elementos, que al ser sometidos a la justicia se convierten en el desestímulo en la falsa recompensa del lucro acelerado delictual.

Finalmente, al entender la acción de la Policía como el principal instrumento contra la impunidad y el delito en el país, es menester mencionar que aunque el aparato judicial esté cimentado en Colombia, los resultados operacionales de la Policía Nacional requieren de la unificación de criterios y esfuerzos de los funcionarios encargados de la investigación y la sanción penal (fiscalía y jueces), que propendan por la equidad y efectividad en la aplicación de la ley, para evitar con ello algunas medidas que parecieran contradictorias, cuando luego de un arduo esfuerzo en la recolección del acervo probatorio en el delincuente se toman medidas particulares, que terminan por garantizar en el victimario una nebulosa de exaltación a la impunidad.

Estrategias, herramientas e instrumentos en la persecución del victimario

Hablar de estrategias en la persecución del victimario nos acerca a la conceptualización en la relevancia del tema de seguridad en Colombia, y al acercarse a este dilema se vislumbra la seguridad enmarcada como una importante reivindicación de la ciudadanía y una exigencia a las autoridades (Rangel, 2005, citado por Casas, Rivas, Gonzales & Acero, 2005), al encontrar en el país un escenario delictivo de cierta complejidad y con alcances intermésticos⁵ en muchos de los hechos delictuales cotidianos en Colombia; no obstante, la Policía ha logrado enfrentar de múltiples maneras las dinámicas del crimen, reduciendo los campos de acción del delincuente, situación evidente en los cambios estructurales, procedimentales y conductuales que la institución ha realizado en los últimos años y que han surgido a través de la implementación de estrategias operativas encaminadas a fortalecer los lazos con la comunidad, desde un enfoque preventivo, participativo y proactivo, aplicando los principios de solidaridad, civismo, tolerancia, respeto mutuo y convivencia social.

Dentro de este contexto, la principal estrategia operativa de la Policía Nacional es el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC)⁶, la cual se constituye en el eje fundamental de articulación para el cumplimiento de las metas institucionales alineadas con la Política Nacional de Seguridad. La implementación de este modelo ha traído beneficios en el mejoramiento del servicio policial, haciéndolo armónico a su misionalidad y naturaleza civil. El plan pretende optimizar el recurso humano y logístico, implementar tecnología de avanzada, elaborar planes y proyectos orientados a la prevención y la optimización del servicio policial⁷, a través de la distribución de responsabilidades específicas al personal que presta el servicio en los cuadrantes, el cual permitirá, a través de diagnósticos locales, realizar su actividad de una manera más efectiva, con acciones ajustadas a las problemáticas identificadas en cada zona, en busca de un mayor acercamiento e integración de la Policía con la comunidad.

Otro aspecto que incide en los resultados operativos de la Policía Nacional son las herramientas legales con que cuentan los funcionarios judiciales, y que en ocasiones son insuficientes para realizar adecuadamente la actividad; por tal razón, y consciente de estas falencias, el Gobierno Nacional impulsó en el Congreso de la República varias iniciativas, encaminadas a la seguridad y convivencia, entre las cuales se encuentra, entre otras, la Ley de Seguridad Ciudadana, con las reformas al Código de Procedimiento Penal, con el fin de que el procedimiento sea más ágil y eficiente, y el Código Penal, para castigar con mayor severidad a los infractores de la ley. Asimismo, el proyecto contempla medidas restrictivas a la extinción de dominio, que busca dotar de eficiencia el proceso extintivo. De otro lado, la reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia, encaminada a proveer al Estado de mejores herramientas para luchar contra la delincuencia juvenil. Otro proyecto de ley que se encuentra en curso es el de delitos menores⁸, el cual prevé un procedimiento especial para esta clase de conductas delictivas, diferente del que regularmente se aplica en la investigación y juzgamiento de los demás tipos penales del Código Penal. La idea es descongestionar los despachos judiciales y que la Policía Nacional cuente con instrumentos legales eficaces, que contribuyan de manera efectiva a enfrentar la impunidad y mantener la convivencia pacífica de todos los habitantes del país.

Así las cosas, estos proyectos y reformas, guiados al fortalecimiento y empoderamiento de las estrategias, herramientas e instrumentos en la persecución del victimario, vinculan a la Policía directamente sobre el uso magnánimo de los mismos, garantizando en el funcionario de policía mayores elementos en el cumplimiento de su misionalidad, "cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (artículo 218, Constitución Política de Colombia).

Descripción estadística de los resultados operativos, año 2010

Ya abordado el control social en Colombia, la impunidad y las estrategias, herramientas e instrumentos de la Policía Nacional utilizados en la lucha contra la criminalidad, a continuación se describen los resultados registrados en todo el año 2010 y algunas características de los mismos.

Capturas 2010

En el 2010 la Policía Nacional capturó un total de 220.285 personas, por infringir la ley penal en el territorio colombiano, con incremento porcentual de 11% al comparar las cifras con las registradas en el año anterior (198.139). Del total de capturas, 187.627 se realizaron en flagrancia, con una participación en el total de 85%, y por orden judicial 32.658 casos, con variación porcentual ascendente de 6%, al compararlo con las capturas registradas en el año anterior (30.935).

Es importante resaltar que el 63% del total de capturas se concentra en tres títulos del Código Penal, así:

Título XIII, "delitos contra la salud pública", con 79.458 capturas, 98% de las cuales corresponden al delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con 78.143 casos. Las unidades de policía con mayores reportes de capturas en este título fueron: las Metropolitanas de Medellín, con 11.730 casos; Bogotá, 9.803, y el Departamento de Policía Quindío, con 5.826 (tabla 45).

En el título VII, que contempla los "delitos contra el patrimonio económico", la Policía Nacional capturó un total de 56.879 personas como presuntas responsables de la comisión de las modalidades delictivas contempladas en este título. El hurto agravado a personas, con 35.336 casos y participación en el total de capturas del 62%, y el hurto agravado a entidades comerciales, con 8.581, son las modalidades delictivas con el mayor número de capturas. Las Metropolitanas de Bogotá y Cali, con 11.954 y 2.163 casos, respectivamente, y el departamento de Cundinamarca, con 1.858, fueron las unidades de policía que reportaron el mayor número de capturas en el 2010 por la modalidad de hurto a personas. De igual manera, por hurto a comercio fueron: la Metropolitana de Bogotá, con 3.832, y el departamento de Cundinamarca, con 563 (tabla 45).

Por atentar contra el título I, "delitos contra la vida e integridad personal", la Policía Nacional capturó un total de 20.228 personas, especialmente por las modalidades de lesiones personales comunes, con 14.054 casos, y homicidio, con 5.660; las capturas por estas dos modalidades abarcan el 98% del total de capturas en el título. Las frecuencias más altas en cuanto a capturas por lesiones personales comunes son: la Metropolitana de Bogotá, con 3.983, y Cundinamarca, con 1.736. Es de resaltar que por homicidio, la mayor cantidad de capturas se presentaron en las Metropolitanas de Bogotá, con 538 casos; Medellín, 509, y Cali, con 463 (tabla 45).

Rescate de personas secuestradas

En el 2010, la Policía Nacional rescató un total de 86 personas secuestradas en el territorio nacional, con un decremento de 9% al contabilizar 95 rescates en el 2009. Las unidades de policía con el mayor número de rescates fueron: la Metropolitana de Cali, con 22; el departamento de Nariño, con 8 casos, y las Metropolitanas de Bogotá y Cúcuta, con 6 y 5 casos, respectivamente (tabla 53 ).

Drogas ilícitas incautadas

En el 2010 se incautaron un total de 83.590 kilos de cocaína en el país, de los cuales 59.024 lo realizó la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), seguida por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), con 5.751 kilos. Estas dos unidades incautaron el 77% del total de cocaína en el año 2010. El Departamento de Policía Urabá incautó un total de 2.238 kilos, seguido por el Departamento de Policía Antioquia, con 2.235 kilos, y el Departamento de Policía Cauca, con 2.224 kilos (tabla 66).

Con relación a heroína, la Policía Nacional incautó un total de 299 kilos, de los cuales 249 lo realizó la DIRAN, seguida por el Departamento de Policía Nariño, con 16 kilos, y Antioquia, con 8. De igual manera, la DIRAN incautó 17.695 kilos de base de coca de los 31.923 incautados a nivel nacional. El Departamento de Policía Cauca, 3.522, y Antioquia, 1.594 kilos.

De los 228.353 kilos de marihuana incautada, 67.338 kilos lo realizó la DIRAN, seguida por el Departamento de Policía Cauca, con 42.559, y Valle, con 27.456 kilos.

De igual forma, se incautó un total de 26.387 unidades de pastillas alucinógenas, especialmente en la Metropolitana de Medellín, con 11.887 pastillas; la Metropolitana de Cali, con 6.965, y la Metropolitana de Pereira, con 1.578 unidades (tabla 66).

De otro lado, la institución en el 2010 asperjó un total de 101.940 hectáreas de coca, principalmente en el en departamento de Nariño, con 25.940 hectáreas, seguido por Guaviare, con 20.918, y Caquetá, con 16.947 hectáreas. Del mismo modo, erradicó en forma manual un total de 42.444 hectáreas de coca, y fueron las unidades de Policía de DIRAN, con 41.809 hectáreas, y Norte de Santander, con 109, las que presentaron los mayores reportes (tabla 67). De igual manera, personal de la institución erradicó manualmente 710 hectáreas de amapola, con los mayores índices en DIRAN, con 698 hectáreas, y Cesar, con 6 (tabla 67).

Armamento incautado

En el 2010, la Policía Nacional incautó 44.572 armas de fuego, de las cuales el 53% corresponden a revólveres, con 23.623. El mayor uso de armas de fuego en el 2010 obedece probablemente al aumento de la presión de la violencia sobre la población en general, la cual ha llevado a que los ciudadanos adquieran armas, con fines de protección personal, en los mercados legales e ilegales.

Las Metropolitanas de Cali, con 4.345; Cúcuta, con 3.996, y Bogotá, con 3.250, son las unidades de Policía con el mayor número de incautaciones. De igual modo, la institución incautó un total de 10.519 pistolas, con una participación en el total de 24%. Las Metropolitanas de Cúcuta, Cali y Medellín fueron las unidades de policía con el mayor número de incautaciones de este tipo de armas, con 1.367, 1.000 y 760, respectivamente (tabla 63).

Otra clase de arma fueron las escopetas, con 8.914 casos y participación de 20% en el total de incautaciones. Las unidades de policía con las incautaciones más altas son: Antioquia, con 963; Cundinamarca, 595, y Nariño, 532. De otro lado, la Policía incautó un total de 1.172 fusiles, de los cuales 379 lo realizó la DIJIN; la Metropolitana de Cali, 172, y el Departamento de Policía Antioquia, 125.

En el mismo período, la Policía incautó un total de 130 ametralladoras y subametralladoras, con las cifras más altas en cuanto a incautaciones en las Metropolitanas de Medellín, con 27; DIJIN, 9, y el Departamento de Policía Antioquia y Magdalena, con 8 cada uno (tabla 63).

Se destaca la incautación de las armas de fuego involucradas en 25.288 delitos en el último año; es decir, el 52% del total de armas incautadas durante todo el 2010, siendo el homicidio, las lesiones comunes, el hurto en sus diferentes modalidades, las amenazas y los delitos contra la libertad y el pudor sexual los delitos con mayor recurrencia.

Automotores recuperados

La institución recuperó en el 2010 un total de 7.212 automotores a nivel nacional; las unidades de policía con las recuperaciones más altas son: las Metropolitanas de Medellín y Bogotá, con 1.186 y 799, respectivamente, y la DIJIN, con 671. Según la clase, fueron recuperados con mayor frecuencia los automóviles, con 3.842; les siguen las camionetas, con 1.598; camiones, con 1.062; camperos, con 443, y otros, 267. Por marcas, las más recuperadas son: Chevrolet, con 2.105; Mazda, 1.043, y Renault, 741. De los automotores recuperados, estaban asegurados 162, y no asegurados, 7.050 (tabla 56).

Motocicletas recuperadas

En el 2010, la Policía Nacional recuperó 8.793 motocicletas hurtadas, por un valor de $30.732.924.408. Las unidades que registraron mayores recuperaciones fueron: la Metropolita na de Medellín, con 1.308, y el departamento de Nariño, con 1.084. Según la marca, se recuperaron con mayor frecuencia la Yamaha, con 2.682; Suzuki, con 1.827, y Honda, con 1.529 (tabla 57).

Cavilación sobre los resultados operacionales

Para terminar la descripción de los resultados operacionales de la Policía Nacional, se identifica un alto porcentaje de capturas relacionadas con el fenómeno del narcotráfico, e igualmente altas cifras de incautación de drogas ilícitas, variables que pueden inferir en la dinámica del crimen en Colombia, la relación aún persistente del narcotráfico en diferentes escenarios delincuenciales.

Para intentar explicar esta relación histórica en el país, se puede citar un estudio efectuado por Ruiz (2007), a través de una alianza estratégica entre la Universidad Nacional y la Dirección Nacional de Estupefacientes, quienes realizaron un análisis de las carreras criminales de hombres condenados por homicidio, relacionando delitos cometidos con anterioridad y el obrar bajo efectos de una droga o haber cometido delitos para conseguir drogas, tomando como muestra reclusos de once establecimientos penitenciarios en Colombia. Entre los resultados encontrados se identifi có una alta versatilidad criminal, derivada por la consecución de droga, y otros bajo efectos de la misma (el 43,5% afirmaron haber cometido un homicidio bajo los efectos de estupefacientes).

De ahí que la mayoría de las áreas que aborda la política criminal del país estén enfocadas al enfrentamiento del narcotráfico, siendo coherentes las acciones propuestas con las características evidenciadas en los victimarios y los resultados operacionales de la lucha contra el delito.

Una vez descritas las conductas operacionales en contra del delito y los victimarios en Colombia, a continuación se señalan diferentes consideraciones, producto de investigaciones criminológicas desarrolladas en el país y en otras latitudes del mundo, las cuales arrojan inferencias sobre posibles factores biopsicosociales que intervienen en el delincuente. No obstante, se hace claridad que aunque en Colombia el fenómeno del narcotráfico tiene injerencia en la gran mayoría de conductas delincuenciales a través del ciclo de la cadena económica ilegal del narcotráfico (cultivo, producción, distribución y comercialización), así como en dos ámbitos de actuación criminal a nivel internacional (narcotráfico) y nacional (microtráfico), se presentan diferentes apartes, que complementan la visión sobre las características precipitantes, predisponentes, o que determinan un nivel de vulnerabilidad en el sujeto para la incursión en hechos criminosos.

Algunas consideraciones sobre el victimario

Concluyendo sobre los postulados presentados en este artículo, se plantean algunas consideraciones sobre el victimario, que ayudan en el entendimiento de la racionalidad criminal, revisando inicialmente la definición de victimario y un tipo de clasificación, así como distintos estudios, que arrojan en el lector diferentes posibilidades variables para la comprensión del delincuente. El objetivo de este capítulo dentro del artículo es ampliar la descripción de las cifras estadísticas sobre los logros de la Policía Nacional, con una mirada rápida en el nicho criminoso del país.

El victimario. Es aquella persona que le infringe un daño o perjuicio a otra en un momento determinado, que va en contra de la integridad física o psicológica del otro (Valladares Carvajal, 2003). Según Holmes y Holmes (1996, citado por Chico, Morales, Muños, Santilla & Arenas, 2007), la mayoría de los victimarios se clasifican en función del motivo del delito, así:

Los visionarios, que cometen el delito durante un brote psicótico, en el que hacen caso de alguna alucinación.

Los orientados a la misión, donde se llega a cometer delitos por odio o intolerancia.

Los hedonistas, que buscan placer o ganancias secundarias, como el dinero.

Los que cometen el delito para obtener poder o control sobre sus víctimas, que se caracterizan por la brutalidad con que las tratan.

Estudios en los victimarios

Un estudio realizado por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), hecho por Rechea Alberola (2008), concluyó que la conducta delictiva, tanto en niños como en niñas, se empieza a desarrollar a partir de los doce o trece años de edad, con actos delincuenciales como el daño a propiedad ajena, la participación en peleas o riñas, pegar un tirón a alguien para quitarle algo, robar algo de una tienda o gran almacén, consumir cerveza u otra clase de alcohol, entre otras conductas que se van desarrollando y alcanzan su punto máximo a la edad de 16 ó 17 años, cuando se tornan más violentos e incurren en delitos de mayor gravedad, como el consumo y la comercialización de sustancias psicoactivas.

La mayoría de los victimarios en potencia son parte de grupos delictivos juveniles, y dentro de estos siempre se encuentran líderes con mayor experiencia delictiva, que inciden en las conductas de los más jóvenes (Rechea Alberola, 2008). Los victimarios en su mayoría son hombres, ya que sobre el género femenino se produce mayor control por parte de la familia; además, no se encontraron grandes desigualdades entre el desarrollo de la conducta antisocial en jóvenes de territorios rural o urbano; se halló que las diferencias están establecidas en términos de oportunidades y control, tanto de autoridades policiacas como de padres; a mayor control, menor es la conducta delictiva de los jóvenes, y viceversa (Rechea Alberola, 2008).

Sumado a lo anterior, la mayoría de victimarios son en un principio víctimas de algunos factores o variables que inciden en su conducta. Cartagena, Orozco & Lara (2010) realizaron una investigación sobre las características psicológicas de menores condenados por el delito de homicidio doloso; encontraron que los jóvenes colombianos están expuestos a múltiples factores de riesgo, como: la violencia dirigida (el sicariato), una familia disfuncional, la deserción o el fracaso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, las carencias económicas, los antecedentes de delincuencia familiar y el maltrato infantil (Cartagena y cols., 2010). Se encontró que las características promedio del adolecente que comete homicidio, en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá, son: hombres, con una edad promedio de 17 años, solteros y sin hijos, con historia de deserción o fracaso escolar, desocupados o dedicados a trabajos informales, y de estratos socioeconómicos bajos (1, 2 y 3). En la evaluación psicológica se evidenció que sufrían de trastornos disociales o de ansiedad, y de farmacodependencia. También se describe que la motivación para cometer el delito, en primer lugar, fue la ira, seguida por venganza, defensa personal o por celos, y en la mayoría de los casos la intención era matar, no otro hecho, como robar o abusar. Otro dato importante que presentaron las autoras es que el 93% de los menores estaban familiarizados con el lugar del delito, por lo que se puede concluir que el territorio era seguro para ellos (Cartagena y cols., 2010).

Los factores de riesgo más importantes, que llevan a ser criminal, son los bajos niveles de escolaridad y todos los conflictos familiares (ausencia de autoridad paterna, mala comunicación con los hijos, violencia intrafamiliar, etc.) y comunitarios (se adquiere la identidad de la comunidad en la que se vive) por los que pasan los adolescentes y jóvenes, los cuales ayudan al desarrollo de trastornos antisociales, que se generan cuando ellos están buscando una identidad (Cartagena y cols., 2010).

Conclusiones

Debido al gran porcentaje de capturas relacionadas con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (35%), se identifica la injerencia latente del narcotráfico en la dinámica criminal del país.

Ante el aumento equivalente al 11% de las capturas del país, de las cuales el 85% fueron en flagrancia, es necesario analizar el índice de sentencias condenatorias sobre las 187.625 capturas realizadas en el 2010; con ello se analiza la efectividad de la sanción penal.

Las armas de fuego continúan siendo el instrumento de mayor utilización en el delito; en el 2010 se observa la incautación de 25.288 armas de fuego que estuvieron involucradas en un hecho criminal, y corresponden al 57% del total de armas incautadas.

El control social formal en el delito más representativo en el colombiano se hace tangible mediante los resultados operacionales de la Policía Nacional.

La motivación del delincuente al delinquir se puede dirimir al enfrentarla con las acciones operativas de la Policía (capturas, incautaciones, recuperaciones, rescates, entre otros).

En la ejecución y diseño de las estrategias operativas contra el delito, es necesario continuar con la vinculación del ciudadano en la participación activa (control social informal) con las autoridades judiciales, que redunden en capturas u otras acciones frente el crimen.

Sería conveniente crear estrategias dirigidas hacia las manifestaciones aparentes de justicia realizada por vías de hecho (linchamientos), que creen en el ciudadano otro tipo de reacción aceptada en la sociedad y que potencialice la disminución del índice de impunidad.

En el victimario existen multiplicidad de factores precipitantes o predisponentes al delito, que se deben abordar desde el diseño e implementación de políticas públicas (política criminal).

Se debería contemplar, como estrategia de prevención y disuasión del delito, la creación en el inconsciente colectivo del constructo de desfavorabilidad del delito, haciendo más visibles los resultados operacionales de la Policía Nacional u otros organismos encargados de la persecución judicial y penal del crimen.

Notas

¹Los autores agradecen, en el avance de la investigación del delito, a los integrantes del Grupo de Investigación Criminológica y a las psicólogas Loreth Guevara y Vanesa Sarmiento, quienes han contribuido al estudio de la criminodinámica y criminogénesis en Colombia, en su paso por el Observatorio del Delito. Asimismo, al señor Coronel Gustavo Moreno Maldonado, a la señora Teniente Coronel Elba Lucía Granados, a la señora Capitán Gelga Buitrago y al señor Teniente Juan Aparicio Barrera, quienes han apoyado el estudio hermenéutico del fenómeno delictual con sus asesorías y orientaciones.

²Sobre los intentos de linchamiento se pueden extraer ejemplos como los siguientes: El 10 de mayo del 2011 "Un grupo de vándalos asaltó la casa de un menor de 13 años, acusado de abusar de un niño de cuatro. El ataque, que duró alrededor de dos horas, se produjo en el barrio Arborizadora Alta, de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Con palos, piedras y patadas, los agresores tumbaron la puerta de entrada de la vivienda, para buscar linchar al adolescente. Según testigos, el joven violó al niño el pasado viernes, mientras jugaban en una consola de video". Y el 6 de mayo del 2011 "En la noche, en el barrio El Porvenir, unas 400 personas intentaron agredir a Jimmy Andrés Giraldo Maldonado, que ingresó este jueves en la tarde al Colegio Distrital Las Villas, para presuntamente abusar de un niño de cinco años. Giraldo Maldonado recibió medida de aseguramiento y está recluido en la cárcel La Modelo". Noticias extraídas de la página del periódico El Tiempo: www.eltiempo.com, consultada el 19 de mayo del 2011.

³Para determinar qué factores inciden en la generación de más criminalidad, por un aparente control social informal ejercido por la comunidad y que termina desencadenando otros hechos delictivos. Dicho control social informal malévolo debe ser redireccionado, a través de conductas prosociales de justicia y no comportamientos enmarcados en el ejercicio catártico violento frente al delito.

⁴Disuasivo sobre el imaginario y constructo creado en el delincuente, quien interioriza la percepción del riesgo de ser capturado o sometido a una sanción penal. Asimismo, en el colombiano en general, al observar la acción efectiva de los organismos encargados de la seguridad y la convivencia, se puede generar el efecto de inhibición hacia la vinculación en hechos delincuenciales.

⁵Hace referencia a los vínculos estrechos entre la agenda externa e interna de los países en el mundo de la globalización. Término propuesto por Manning (1977), quien fue presidente del Consejo de Relaciones Exteriores en Estados Unidos y decano de la Universidad de Stanford Law School, 1964-1971.

⁶Es una herramienta que permite la planeación y organización del servicio de policía; contiene información amplia y detallada de todos los aspectos geográficos de una jurisdicción (población, extensión, puntos críticos, topografía, vías de comunicación, situación de orden público) de la comunidad que recibe el servicio.

⁷Estrategia institucional para la seguridad ciudadana (tomo 2.2). Seguridad ciudadana. Policía Nacional.

⁸Lesiones personales que no dejen secuelas, delitos contra el patrimonio en cuantía inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes y delitos contra la salud pública, como el consumo de estupefacientes en presencia de menores o en establecimientos educativos.

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TABLA 44. COMPARATIVO DE ACTIVIDAD OPERATIVA 2009-2010

TABLA 45. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_2. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_3. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_4. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_5. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_6. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_7. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_8. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_9. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_10. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010

TABLA 45_11. CAPTURAS REGISTRADAS SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA 2010