Editorial

En la historia de Colombia, la Policía Nacional ha sido un actor propositivo en la pedagogía de la paz, en la actuación oportuna contra las dinámicas del crimen, y de manera particular en el servicio a un ciudadano que no solo es receptor de derechos sino garante de obligaciones, dada la misión constitucional que tiene la institución de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y de las libertades públicas, orientados a consolidar la convivencia y la seguridad ciudadana.

Esta realidad ha determinado que las acciones contemporáneas se definan a partir de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y la consolidación del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y del Plan Integral para la Seguridad del Ciudadano "Corazón Verde", con el propósito de responder de manera estratégica a los retos que depara el advenimiento del posconflicto y la proliferación de violencias asociadas a las agresiones de género, a la degradación del medioambiente, a la evolución de la extorsión, que se ha transformado en microextorsión; el hurto que se está ejecutando a través de internet; el maltrato a la honra, que se produce a través de nuevos medios, como las redes sociales, y el expendio de drogas ilícitas desde las ollas de bazuco.

En conflictos y coyunturas sociales como los que experimenta a diario Colombia, los policías deben influir de manera positiva en las comunidades, para demostrarles a esos miles de colombianos en los campos y ciudades que sin el ejercicio correcto de la autoridad que les ha sido confiada, probablemente el país no tendría oportunidades de construir confianza, prosperidad y desarrollo humano.

Por esta razón, la lucha contra la impunidad, desde la perspectiva y los resultados históricos logrados por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) durante los últimos 60 años de vida de la nación, ha reforzado la confianza de los ciudadanos hacia la autoridad, deslegitimando la violencia como método de resolución de conflictos e incrementado el valor otorgado a la vida, al reducir la brecha de complejidad entre los factores de desestabilización social y la capacidad de respuesta estatal.

Lo anterior gracias a la capacidad de trabajo colaborativo, a la voluntad y al legado de ese primer ejercicio realizado por un grupo de visionarios, que sin afán o presión alguna ordenaron y sistematizaron datos sobre delitos y contravenciones, perfiles de víctimas y victimarios, e iniciaron tanto la construcción de política criminal estatal como el sistema de organización de la Policía Nacional, que hoy permiten confrontar el delito desde una perspectiva microgerencial.

A partir de estos dos grandes propósitos, en 1958 se publicó el primer volumen de la Revista Criminalidad, con una periodicidad anual hasta el año 2007. Después, del 2008 en adelante se publicó semestralmente, en atención a la necesidad de divulgar y difundir más artículos científicos.

En esta gestión del conocimiento policial y comunitario, la Revista Criminalidad es, sin duda, el primer proceso que tuvo el servicio de investigación criminal. Situación que se corrobora con el origen del Estado Mayor F-2, Departamento de Información Criminal y Estadísticas, que durante la década de los 60 asumiría las funciones de policía judicial y los procesos de criminalística. Un hecho que posteriormente facilitaría la implementación de la Ley 180 del 13 de enero de 1995, para separar las actividades de Policía Judicial y de Inteligencia.

Gracias a este invaluable esfuerzo, hoy la historia de lucha contra el delito es relatada por las víctimas, y descrita de manera científica y juiciosa por la Revista Criminalidad de la Policía, en un ejercicio constante de veeduría pública que evalúa y confronta resultados estatales durante 60 años de consolidación del servicio de investigación criminal en el ámbito nacional, desde esta unidad, creada en 1899 y reorganizada en 1904 como oficina de instrucción, responsable de la investigación de delitos comunes.

Estos resultados históricos permiten reafirmar la convicción de que respondemos oportuna y sensiblemente al clamor de las víctimas; como lo hicimos durante el período de 1996 al 2000, cuando me desempeñé en esta unidad policial como Jefe del Área Investigativa Delitos contra la Vida, y creamos el Grupo Investigativo Humanitas y el Grupo Investigativo de Homicidios a Miembros de la Fuerza Pública, para descentralizar el concepto de recolección de información e incrementar el despliegue operativo, en un contexto de profundización de derechos humanos que cubriera a víctimas y victimarios.

Hoy reconocemos que ninguno de estos esfuerzos fue en vano, y que la publicación es un proceso de mejora continua. Así lo advierte la reciente inclusión de la Revista en el Sistema de Indexación y Resumen LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) de Brasil, y el aumento a tres publicaciones al año. Esto permite que más expertos globales en investigación criminal y criminológica nos acompañen, en aras de consolidar una cultura de gestión de la información criminal, y brinden a la Policía y al ciudadano la oportunidad única de reconocerse en su interacción, a partir del conocimiento científico y estadístico policial sobre fenómenos criminales y delictivos, teniendo en cuenta que liberar al ciudadano de las problemáticas de inseguridad que a diario lo aquejan es un desafío histórico y nuestro mayor compromiso, evocando la sentencia del escritor alemán Goethe, según la cual "no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer".

General José Roberto León Riaño
Director General Policía Nacional de Colombia