Microextorsión en Colombia: caracterizando el delito desde Medellín, Cartagena y Bogotá^*, 2011-2014

Micro-extortion in Colombia: characterizing crime from Medellin, Cartagena and Bogota, 2011-2014

Micro-extorsão na Colômbia: caracterização do crime de Medellín, Cartagena e Bogotá, 2011-2014

Ervyn Norza Céspedes^**

María Jimena Peñalosa Otero^***

^*Los autores expresan su agradecimiento a: Las Universidades Católica, Piloto y Andes, por la vinculación al Grupo de Investigación Criminológica del Observatorio del Delito de la DIJIN, de las profesionales en formación de las facultades de Psicología Yeny Alejandra Morales Bermeo y Sandra Natalia Pinzón Rassa, y de Ingeniería Industrial María Alejandra Victorino Jiménez. En igual sentido, al Coronel Pompy Arubal Pinzón Barón, quien para el año 2013 ocupó el cargo de Director de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por la colaboración brindada para el acceso a los centros de reclusión de Bogotá, Medellín y Cartagena, para la aplicación de los instrumentos de medición; a los Comandantes de los GAULA de Antioquia, Bolívar y Bogotá, y especialmente a los señores Mayor General Humberto Guatibonza Carreño, ex Director Antisecuestro y Antiextorsión; Brigadier General Fabio Hernán López Cruz, ex Director Antisecuestro y Antiextorsión; Coronel Luis Humberto Poveda Zapata, Director de Investigación Criminal e INTERPOL (e); señora Coronel Elba Lucía Granados León, Jefe Análisis y Administración de Información Criminal; al señor Teniente Coronel (r) Giovanny Torres Guzmán, Jefe Grupo Observatorio del Delito en los años 2013 y 2014, y a la señora Mayor Alba Camargo Medina, responsable de investigación criminológica en los años 2013 y 2014, quienes a través de su orientación y apoyo constante han fortalecido la incursión del ejercicio académico en el diseño de estrategias y acciones contra el delito.

^**Capitán de la Policía Nacional de Colombia. Doctorando en Ciencia Política - Universidad de los Andes. Investigador Criminológico - Observatorio del Delito, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Bogotá, D. C., Colombia. ervyn.norza@correo.policia.gov.co

^***Abogada, Mg. Seguridad y Defensa Nacionales. Investigadora Criminológica - Observatorio del Delito, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Bogotá, D. C., Colombia. maria.penalosa1473@correo.policia.gov.co

Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Norza, E. & Peñalosa, M. (2016). Microextorsión en Colombia: caracterizando el delito desde Medellín, Cartagena y Bogotá, 2011-2014. Revista Criminalidad, 58 (1): 131-157.

Fecha de recepción: 2016/02/03 Fecha concepto evaluación: 2016/03/23 Fecha de aprobación: 2016/03/28

Resumen

Este artículo hace parte de la serie de publicaciones de la línea de investigación titulada Factores psicosociales y demográficos influyentes en la microextorsión, cuyo objetivo fue identificar componentes psicosociales y demográficos en las víctimas y victimarios en las ciudades de Medellín, Cartagena y Bogotá, que pueden precipitar el ilícito. Se planteó una investigación exploratoria descriptiva con enfoque mixto, aplicando entrevistas semiestructuradas a víctimas, victimarios e investigadores judiciales, para generar un modelo de ciclos causales a través de la lógica del pensamiento sistémico. Los resultados indicaron que, en promedio, los victimarios suelen ser jóvenes entre 18 y 25 años, son vulnerables a la influencia de terceros, tienen niveles mínimos de escolaridad, están ubicados en sectores con condiciones sociales desfavorables, escasa ocupación laboral y remuneración exigua, en entornos familiares disfuncionales, para quienes la microextorsión es el primer delito que cometen. Las víctimas, en promedio, tienen un rango de edad entre los 42 y los 49 años, son laboralmente productivas, tienen familias funcionales y estables, a quienes los victimarios utilizan para direccionar la amenaza, están ubicadas en estrato socioeconómico medio-bajo, cuentan con niveles de educación intermedia y estilos de vida rutinarios, con valores y relaciones sociales apropiados. Finalmente, el componente económico es la variable que media en la iteración sistémica, y el mantenimiento de la microextorsión por largo tiempo conforme un juego entre el victimario y la víctima, en donde el primero identifica la amenaza como un mecanismo efectivo para constreñir a la víctima, lo cual constituye un ciclo que se refuerza por el pago periódico, que impulsa una nueva amenaza. Este juego se sostiene debido al bajo riesgo percibido por el victimario para su captura y la facilidad del ilícito en cuanto al esfuerzo requerido.

Palabras clave: Extorsión, víctima, delincuente, delito, seguridad (fuente: Tesauro de Política Criminal Latinoamericana - ILANUD).

Abstract

This article makes part of the series of publications belonging in the research line titled Influential psychosocial and demographic factors in micro-extortion, the objective of which was to identify in both victims and victimizers, in the cities of Medellin, Cartagena and Bogota, those psychosocial and demographic components likely to precipitate crime. A descriptive exploratory research with a mixed approach was outlined by applying semi-structured interviews to victims, offenders and judicial investigators in order to create a causal cycle model through the logic of systemic thinking. The results showed that, on average, perpetrators usually are young individuals between 18 and 25 years of age, with minimum schooling levels, vulnerable to the influence of third parties, located in sectors of unfavorable social conditions, poor labor opportunities and exiguous remunerations, and living within dysfunctional family environments for whom the so-called "micro-extortion" method is the first crime they dare to commit. On average, victims are within the age range between 42 and 49 years. In labor terms, they usually are productive individuals with functional and stable families that perpetrators generally choose as targets to address their threats; they belong to low-middle income socioeconomic strata, with intermediate levels of education, a routinary life style with upright values and proper social relationships. Finally, the economic component is the variable intervening in systemic iteration, and maintaining the micro-extortion process for a long period of time shapes some sort of game between the offender and the victim, where the former identifies threat as an efficient and effective mechanism designed to constrain the latter, in this manner giving rise to a cycle that can be reinforced by periodical payments serving to encourage new threats. Sustaining this game relies upon the low degree of danger or risk perceived by the perpetrator with respect to the likelihood of being caught, this added to the easiness of this kind of crime as far as efforts required are concerned.

Key words: Extortion, victim, criminal/offender/delinquent, crime/offense, security, safety (Source: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

Resumo

Este artigo faz parte da série das publicações da linha da investigação intitulada Os fatores psicossociais e demográficos que influenciam a micro-extorsão, cujo objetivo era identificar componentes psicossociais e demográficos nas vítimas e vitimários nas cidades de Medellín, Cartagena e Bogotá, que pode precipitar a atividade ilícita. Uma investigação exploratória descritiva com um enfoque misturado é apresentada, aplicando entrevistas semiestruturadas às vítimas, vitimários e investigadores judiciais, para gerar um modelo de ciclos causais através da lógica do pensamento sistêmico. Os resultados indicaram que, na média, os vitimários são geralmente jovens entre 18 e 25 anos, são vulneráveis à influência de terceiros, têm níveis mínimos de escolaridade, ficam em setores com condições sociais desfavoráveis, escassa atividade laboral e remuneração exígua, em ambientes familiares disfuncionais, para quem a micro-extorsão é o primeiro crime que cometem. As vítimas, na média, têm uma faixa de idade entre os 42 e os 49 anos, são produtivas, têm famílias funcionais e estáveis, e os vitimários utilizam elas para a direcionar a ameaça. Ficam em um estrato socioeconômico média baixa, têm níveis de ensino médio e estilos rotineiros de vida, com valores e relações sociais apropriadas. Finalmente, o componente econômico é a variável que medeia na iteração sistêmica, e a manutenção da micro-extorsão por longo tempo conforma um jogo entre o vitimário e a vítima, onde o primeiro identifica a ameaça como um mecanismo eficaz para constranger a vítima, que constitui um ciclo que é reforçado pelo pagamento periódico, que impulsa uma ameaça nova. Este jogo sustém-se devido ao baixo risco percebido pelo vitimário para sua captação e a facilidade da atividade ilícita a respeito do esforço requerido.

Palavras-chave: Extorsão, vítima, delinquente, crime, segurança (fonte: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

Introducción

En 1927 Gordon Hostetter, en los Estados Unidos, propuso una conceptualización de la extorsión, definiéndola inicialmente dentro del "racketeering" y entendiéndola como un "esquema por el cual los parásitos humanos se insertan en la industria de otros, encontrando la forma de lucrarse de los resultados de la actividad económica de los demás, manteniendo su control por intimidación, la fuerza y el terrorismo (Hostetter & Beesley, 1929, pp. 37-41)". Sin embargo, el entendimiento de la extorsión se ha logrado ampliar en otros componentes, que permiten evidenciar en este tipo de fenómeno la misma lógica de un sistema en el cual existen actores e interacciones entre los mismos, que lo refuerzan o lo debilitan (Cohen, 2003; Gambetta, 1993).

En consecuencia, algunos investigadores han propuesto tres variables de interacción principal en este fenómeno criminal: a) la estructura organizativa del grupo criminal, que adopta la extorsión dentro de un aspecto de crimen organizado; b) la fuerte presencia y control territorial a nivel local, y c) la relación simbiótica entre la víctima y el victimario (Joint Research Centre on Transnational Crime, 2008).

Por tanto, al observar el funcionamiento de la extorsión como un sistema propio de una estructura con asignación de funciones, se asocia directamente con la delincuencia organizada (Albanese 2002; Konrad y Skaperdas, 1998). Esta asociación, que se inicia con la propuesta de Schelling en el año 1967 y que en el 2008 es ampliada a través de un estudio realizado por la "Joint Research Centre on Transnational Crime" en todos los países de la Unión Europea, propuso la injerencia de una estructura organizada de actividades criminales, relacionadas con mercados monopolísticos ilegales, quienes usan la violencia (o amenaza de violencia, sinónimo de protección) como instrumento de constreñimiento para obtener una ganancia en su mayoría de orden económico.

En efecto, la extorsión se caracteriza por una relación entre víctima y victimario que ha sido explicada desde tres líneas. La primera, definida como relación depredadora, cuando el pago es exigido y realizado en una sola ocasión. Sigue de una relación parasitaria, en la cual el victimario exige y logra mantener largos pagos por periodos de tiempo prolongados, y la simbiótica, cuando tanto la víctima y el victimario, en una relación prolongada, obtienen beneficios para cada uno de ellos¹ (Joint Research Centre on Transnational Crime, 2008).

Asimismo, una característica esencial en la comisión de este delito es la fluctuación dependiente del contexto social y económico, en el cual, acorde con el escenario en que se presenta, se transforma en un delito fácil de cometer, o complejo por el nivel de especialización e inversión requerido por el victimario (Monzini, 1993). Dicho de otra manera, para el delincuente puede representar una inversión elevada o mínima, dependiendo de la víctima y el contexto seleccionado (Paoli, 2003; Gambetta, 1993).

Dentro de este contexto, para el caso colombiano la extorsión cobró protagonismo a principios del año 2000, como fuente de financiación de grupos armados organizados al margen de la Ley (guerrilla y autodefensas), que desplazaron y superaron el secuestro en los registros administrativos delictuales (vid. gráfica 1). En tal sentido, según la criminodinámica de las ultimas décadas en Colombia, pareciera que las estructuras de criminalidad organizada (guerrilla y autodefensas) encontraron en la extorsión un nuevo recurso lucrativo para su economía criminal, al obtener dividendos para financiar dicha estructura mediante una actividad criminal con facilidad en su comisión dentro de la guerra (Ballentine & Nitzschke, 2005).

Entre los años 2000 y 2014 se reportaron 32.209 víctimas de extorsión en el territorio nacional, en contraposición con 17.067 víctimas por secuestro (vid. gráfica 1), sin contar con los casos que no fueron denunciados y las secuelas ocasionadas a sus familias, la sociedad y el país en los ámbitos socioeconómicos, políticos y culturales.

No obstante, en los ultimos cinco años se ha observado mutación de la extorsión a otras formas, determinadas por microterritorios y cuantías económicas a pequeña escala exigidas por los extorsionadores; esto apunta a una nueva forma del crimen de alto impacto a la seguridad y convivencia ciudadana, denominada "microextorsión", que viene afectando diferentes estamentos de la sociedad colombiana, en particular la vida cotidiana de comerciantes, tenderos, transportadores y agricultores, en la cual los delincuentes no siempre hacen parte de una estructura organizada. Este fenómeno se intenta explicar a través de esta investigación.

Análisis criminológicos realizados desde el Observatorio del Delito de la DIJIN han permitido configurar la microextorsión cuando se realiza un pago periódico de dinero que no sobrepasa un salario mínimo², lo cual motiva la mentalidad criminal a prolongar y mantener en el tiempo la intimidación a través de la amenaza; acentúa a largo plazo el miedo que conlleva secuelas en el ámbito emocional, personal y familiar de la víctima; influye negativamente en la conciencia, aprendizaje, desarrollo de la personalidad y relaciones de interacción de la víctima y su núcleo familiar con los demás, y transgrede derechos personalísimos asociados con el bienestar (seguridad, libertad, autonomía, integridad, salud y patrimonio económico).

De acuerdo con la tendencia en la modalidad de la extorsión, según boletines internos de la DIASE (Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional de Colombia), el número de registros administrativos delictuales está fluctuando rápidamente. En contraste, al revisar las características de los victimarios, se observa un posicionamiento, hacia el año 2010, como fuente de financiación de organizaciones delincuenciales, con 92 registros, incrementándose a 295 en el 2011, 355 en el 2012, 501 en el 2013 y 255 en el 2014 (vid. tabla 1).

Debido a este panorama, la microextorsión fue incluida como uno de los desafíos asociados a la coyuntura criminal del país dentro de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Departamento Nacional de Planeación, 2011), que protagoniza una de las estrategias del Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano Corazón Verde, denominada Estrategia Integral contra la Extorsión en Menor Cuantía, que busca contribuir a la disminución del ilícito a través de la desarticulación de organizaciones delincuenciales dedicadas a este flagelo y la lucha contra los delitos conexos que ayudan a su financiación.

Por lo anterior, al revisar los estudios y explicaciones académicas sobre la microextorsión, que lograran fundamentar la estrategia de la Policía Nacional frente a este fenómeno, se encontraron pocos documentos especializados en el tema, pues la mayoría se centra en la extorsión. Esta situación impulsó la necesidad de generar conocimiento científico específico, y en particular individualizar, desde el ámbito preventivo, posibles factores de riesgo en víctimas y victimarios, que hagan más proclive su ejecución.

En efecto, centrarse en los factores de riesgo obedece a la línea criminológica que trata de entender la conducta criminal y el delito, detallando la relación existente entre la delincuencia y la victimización. Es decir, entendiendo que el papel desempeñado por los victimarios y las víctimas no es incompatible, en razón de la existencia de una correlación que puede estar determinada por la presencia de factores en uno y otro, predisponentes o precipitantes de posibles victimarios, víctimas y del delito (Landrove, 2012; Rodríguez, 2012; Fattah, 2014).

La presencia de estos factores permite explicar una mayor propensión al ilícito, desde su escogencia, planificación, ejecución y persistencia, siguiendo los parámetros de la Teoría Integradora de la Criminalidad, que soportaría la microextorsión como el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno, marcados por la existencia de predisponentes (entendidos como características de orden social, ambiental y formal), y dentro de estos, factores demográficos y psicosociales en víctimas y victimarios, que precipitan el injusto penal (Farrington, 2005).

Sumado a ello, y a raíz de la identificación de estas condiciones relevantes en el criminal y la víctima, no solo es factible entender la conducta de los actores y el delito, sino que a partir de la conjunción o relación intrínseca de estos componentes se pueden denotar las principales causas que predisponen y precipitan el ilícito, y las consecuencias que se generan, lo cual impulsa ciclos de realimentación que en la lógica del "pensamiento sistémico³" estructuran el ciclo delincuencial de la microextorsión, sobre la base teórica del diseño de un "Modelo de Sistema Dinámico del Crimen". En otras palabras, el análisis de los fenómenos pensados como interacciones sistémicas, centra la comprensión del comportamiento del sistema (microextorsión para nuestro caso), entendiendo los ciclos de realimentación en cada una de sus variables que lo generan o lo mantienen (Olaya, 2009, 2010; Olaya & Rodríguez, 2011; Forrester, 1987).

Por tanto, según Olaya (2009, 2010), el entender un fenómeno como un conjunto de variables que se interrelacionan a través de sistemas, permite inferir que existen actores dentro de los mismos que deben tomar decisiones, y la dinámica entre ellos produce relaciones lineales, no lineales y estructuras de realimentación, las cuales, al ser comprendidas con una visión sistémica, enmarcan el delito como una red o sistema multicausal que induce posibilidades de resultado en escenarios delictuales.

Visto de esta manera, el delito es producto de la racionalidad, en el que la búsqueda de las causas, entendidas como los factores que predisponen o precipitan el ilícito, constituyen eje central para combatirlo, siendo la ingeniería criminológica una herramienta eficaz que coadyuva a explicar, a través del modelamiento de una red multicausal (Useche, 2011), la microextorsión como producto de estructuras que conectan causas y consecuencias.

En este contexto, la investigación aquí presentada indaga, con un enfoque sistémico, sobre los principales factores de riesgo en las víctimas y victimarios, que harían más proclive la microextorsión; a su vez, cobra relevancia como valor agregado el planteamiento del ciclo delincuencial, al confluir los focos de riesgo precipitantes y predisponentes que se interrelacionan, y que al identificarse podrían ser útiles para minimizar el punible.

Por lo expuesto, se partió de dos preguntas de investigación. La primera definida en: ¿cómo inciden en la microextorsión los factores psicosociales y demográficos presentes en víctimas y victimarios?, y la segunda operacionalizada en: ¿cómo entienden este delito los actores inmersos en el sistema delictivo de la microextorsión?

Para cumplir con los objetivos y dar respuesta a los interrogantes planteados, se expone una breve reseña de la evidencia empírica encontrada, partiendo de cómo se entiende la microextorsión, para después centrarse en el ilícito como un sistema multicausal, en el que confluyen factores que pueden predisponer la comisión del ilícito como variables que interactuaron en el presente estudio⁴, resaltando dentro de esta última la amenaza como medio empleado, y la motivación económica como causa preponderante.

1. La microextorsión y los factores predisponentes o precipitantes

Disímiles estudios han documentado la extorsión, y soportan su existencia en la presencia y control de grupos delincuenciales en una zona geográfica determinada, que los lleva a cometer el delito de manera rutinaria o esporádica; a esto se suma la relación que se genera entre víctimas y agresores durante el tiempo corto o prolongando en que tiene lugar la amenaza y el pago ilícito (Pérez, Vélez, Vélez & Rivas, 2014).

En lo que atañe a la microextorsión como una forma de extorsión rutinaria, los estudios son limitados, pero al unificarse diferentes maneras de abordarla en Colombia, es posible describirla como el cobro periódico de dinero en pequeñas cantidades a cambio de algún servicio, como: a) dejar trabajar; b) permitir la libre movilidad, y c) brindar protección o no causar daño; el delito se enmarca en el intercambio económico con la víctima, en compensación de la promesa de proteger su integridad física y actividad comercial por parte de la delincuencia común (Serge, Norza & Ruiz, 2012; Rivas, 2014; Cubides, 2014).

Su asocio con la presencia de alguna estructura delincuencial denota la existencia de factores precipitantes para la aparición de la microextorsión y otros ilícitos, que junto con otras variables, como la presencia de pandillas juveniles, el expendio de droga, trabajo sexual, consumo de alcohol, precaria situación social y deterioro físico de los barrios, ayuda a explicar la violencia y la criminalidad (Cubides, 2014).

En cuanto a la presencia de factores de riesgo, estudios empíricos han documentado su relación con el aumento de la posibilidad de desarrollar una conducta delictiva (Fattah, 2006/2014), resaltando aquellos que han asociado el delito como el resultado de la decisión racional del individuo, motivado por la confluencia de factores económicos, psicosociales y políticos, que involucran la esfera personal de cada sujeto y su interacción con el medio en el que se desenvuelven (Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa & Araiza, 2011; Myres, 2012; Andrade, 2015; Di Genaro, 2016).

Acorde con ello, se han clasificado factores o predictores de riesgo individuales y sociales, estáticos y dinámicos, los cuales denotan aquellas variables que pertenecen al pasado del individuo y que no pueden modificarse, y las susceptibles de cambio, interactuando en igual medida el entorno social y cultural en el que se desenvuelve el sujeto (Redondo & Pueyo, 2007; Andrews & Bonta, 2010).

En el mismo plano unas y otras cobran relevancia, ya que previa identificación de los factores predisponentes del delito, se podrán enfocar las medidas preventivas, con miras a evitar el inicio de carreras delictuales, y la intervención y resocialización de la conducta criminal para evitar la reincidencia una vez que se ha materializado el ilícito, máxime que acorde con la literatura encontrada, la confluencia de múltiples factores, que involucran la esfera personal de cada individuo y su interacción con el medio en el que se desenvuelven, es la que precipitaría la conducta criminal y el delito.

Entre los disímiles factores que han sido correlacionados en diferentes investigaciones, para soportar esta precipitación al delito en los victimarios, sobresalen las zonas carentes de condiciones socioeconómicas favorables, el consumo de drogas, marginación del entorno, situación económica familiar insuficiente, vivir con los padres, presencia de maltrato familiar, familias desestructuradas y disfuncionales, falta de control parental y ausencia de apoyo familiar, niveles educativos bajos, deserción o fracaso escolar e inexperiencia laboral coligada a trabajos informales, historial y presencia de familiares antisociales, y la relación de la corta edad de los jóvenes con grupos de amigos delincuentes (Vásquez, 2003; Andrews & Bonta, 2010; Salazar et al., 2011; Gómez, Restrepo & Ricaurte, 2013; Barrera & Guzmán, 2013; Rodríguez, 2015).

Estos factores predisponentes han sido recogidos en diferentes modelos integradores, con miras a la prevención e intervención del inicio de carreras criminales, siguiendo los postulados de la Teoría Integradora del Crimen, con el propósito de comprender los determinantes de la acción delictiva en situaciones particulares, sobre la base de entender que el aprendizaje y mantenimiento de la conducta delictual obedece a un sistema de interacciones entre factores biológicos, cognitivos, emocionales y de características personales de cada individuo, que interactúan con el medioambiente (Nguyen, Arbach- Lucioni & Pueyo, 2011), los cuales variarán para cada comportamiento ilícito, contexto geográfico y cultural.

La bibliografía consultada respecto a la víctima indicó posibles asociaciones entre víctimas y agresores, lo cual evidencia una interrelación entre la delincuencia y la victimización; para el caso particular de la microextorsión, se identifica el establecimiento de una correspondencia entre los actores que hacen parte de la pareja penal, en razón al tiempo que dura la coacción, el pago periódico del injusto penal y los beneficios obtenidos (Pérez et al., 2014), precisando que si bien es cierto que no todas las víctimas de la delincuencia comparten las mismas características de los victimarios, existen elementos comunes entre estos (Fattah, 2006/2014).

Fattah (2014) es uno de los autores que han desarrollado uno de los más completos trabajos documentados frente a los riesgos de la victimización, y la importancia de la asistencia y reparación a la víctima, quien integró en un sistema global los factores y modelos que en el marco de la victimología han sido propuestos por diferentes estudiosos, incluyendo características biológicas, psicológicas, demográficas, sociales y culturales, que serían utilizadas por el victimario para la escogencia de la víctima, la planificación y materialización del ilícito.

Dentro de la agrupación de diez categorías, resaltó como factores predisponentes: 1) Los de riesgo alusivos a las características sociodemográficas, como la edad, el género, zonas de residencia, ausencia de vigilancia, alcoholismo, escolaridad, ocupación, estado civil, entorno familiar, estilos de crianza, modelado violento, posición socioeconómica; 2) Propensión estructural o cultural, que incluye la estigmatización cultural y la marginación; 3) Asociaciones referidas a los vínculos personales, sociales o profesionales de la víctima, donde cobra protagonismo la influencia de amigos antisociales; 4) Momentos y lugares peligrosos; 5) Conductas peligrosas, que abarcan la negligencia, falta de cuidado, imprudencia y descuido, y 6) Oportunidades dirigidas a las actividades y comportamientos de los individuos, en donde se incluye el desempeño y la actividad laboral (Fattah, 2014).

En armonía con ello, para el caso de la microextorsión, la literatura ha argumentado que la afectación más frecuente se presenta en los sectores comerciales y de microempresa, asociados a la ocupación dentro de los factores sociodemográficos (Pérez et al., 2014). Respecto a los factores psicológicos, el miedo que surge en la víctima ante al grado de intensidad de la amenaza por parte del victimario, sería una característica que comparten los dos actores (Celedón, Saleme, López & Pardo, 2009), amenaza que, como delito independiente, presentaría una mayor tasa de victimización y afectación en los estratos bajos⁵ (Cruz, López & Ruiz, 2012).

Este último como elemento capaz de producir una afectación en el ámbito patrimonial, psicológico y moral de la víctima, en proporción con su estado cognitivo y afectivo, y como acción en el victimario que busca reducir a la víctima, constituyéndose en la forma de agresión instrumental para la consecución del pago por parte del extorsionista (Celedón et al., 2009; Salgado, 2010; Ashford, 2016), que incluso llevarían a las víctimas a no denunciar o desplazarse a otras zonas geográficas (Ríos, 2014), reforzando la capacidad criminal del ilícito (Serge et al., 2012).

Concomitante con ello, algunas investigaciones apuntan a que la motivación económica constituiría la causa principal que lleva a la comisión de la extorsión (Gómez et al., 2013; Barrera & Guzmán, 2013), donde cobra importancia el concepto de la economía del crimen (Becker, 2013), entendida como la recompensa económica o monetaria que valoran positivamente los victimarios, y estimula su decisión racional de extorsionar con miras a maximizar su bienestar, situación que se acrecentaría ante la presencia de factores de riesgo que facilitan y contribuyen a mayores tasas de crimen y violencia (Roemer, 2007; Grautoff, Chavarro & Arce, 2011; Galiani & Jaitman, 2014; Jaitman, 2015).

Finalmente, asociada a los factores predisponentes, la evidencia empírica analizada sugiere que existen componentes de protección frente al delito, aplicables al victimario y a la víctima, donde se destacan condiciones del entorno familiar, contextual y social, tales como la existencia y composición de familias funcionales y estables, con valores definidos, la educación y ocupación laboral, entornos sociales adecuados y mejores condiciones económicas (Agnew, 2006; Bravo, Sierra & del Valle, 2009; Salazar et al., 2011), lo cual reafirma la importancia de individualizar los factores demográficos y psicosociales que en victimarios y víctimas pueden predisponer a la microextorsión, para prevenir el ilícito. Sin embargo, pareciera que, al igual que pasa en la extorsión, la variable económica media entre todos los factores que inciden en este fenómeno criminológico.

2. Método

2.1. Tipo de investigación y variables

Se planteó una investigación exploratoria descriptiva de tipo transversal con enfoque mixto, identificando dos variables principales:

• Factores demográficos: edad, sexo, ubicación geográfica, lugar de nacimiento, estrato socioeconómico, estado civil, ocupación y escolaridad.

• Factores psicosociales: datos que proporcionan información frente a aspectos personales del grupo poblacional participante: estructura familiar (patrones de crianza, afectividad, relacional), desempeño laboral, actividad económica, conocimiento, desarrollo y percepción del delito (datos criminológicos), antecedentes judiciales, aspectos situacionales y mediáticos.

Se aclara que el estrato socioeconómico comprendió la clasificación estandarizada para Colombia por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), con base en las características de las viviendas y su entorno urbano o rural, fundamentada en que la vivienda-entorno expresa un modo socioeconómico de vida demostrable, lo cual constituye una aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada de pobreza a riqueza que se puede presentar en una misma ciudad (Departamento Nacional de Estadística, 2016).

En este contexto, los estratos se dividen en seis: 1: bajo-bajo; 2: bajo; 3: medio-bajo; 4: medio; 5: medio-alto, y 6: alto. De estos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a los bajos, que albergan a los ciudadanos con menos recursos económicos, en contraposición con los estratos 5 y 6, que abarcan los altos, que alojan a los ciudadanos con los mayores recursos económicos, y el estrato 4 constituye el nivel medio o intermedio (DANE, 2016).

2.2. Selección de las ciudades objeto de estudio

Se delimitó a las ciudades de Medellín, Cartagena y Bogotá; las dos primeras por ser las capitales que han sido constantes con el mayor número de registro administrativo de denuncias por microextorsión a nivel nacional, entre los años 2011 y 2013, según datos suministrados por la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, y Bogotá como la capital del país que concentra la mayor muestra poblacional heterogénea de diferentes regiones e idiosincrasias del país de víctimas y victimarios, y multipluralidad de dinámicas sociales (vid. tabla 2).

Tres ciudades caracterizadas por contar con economías estables e informales en los sectores del comercio, transporte público y pequeña empresa, donde se concentran emporios económicos, empresariales y turísticos que reúnen gran número de población permanente y visitante, lo cual puede ser visto como motivación de valor estratégico para los victimarios.

2.3. Muestra

Estuvo conformada por un total de 78 participantes, divididos por actores en tres grupos, promediados para las tres ciudades: a) 18 víctimas de microextorsión; b) 36 victimarios, condenados en establecimientos carcelarios por microextorsión, y c) 24 funcionarios judiciales, encargados de la investigación y judicialización del ilícito.

La selección se realizó mediante un proceso no probabilístico e intencional, en donde se tuvo en cuenta la población registrada en el Sistema de Información Policial de Secuestro y Extorsión (SIPSE) y en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional de Colombia.

Para establecer el contacto con víctimas se solicitó el apoyo a los investigadores del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (GAULA) de la Policía Nacional, encargados de adelantar las investigaciones judiciales de los casos denunciados, quienes solicitaron de manera voluntaria su cooperación. Frente a los victimarios, se contó con la autorización de la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para el ingreso y realización voluntaria de las entrevistas a condenados por microextorsión recluidos en los centros penitenciarios y carcelarios de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena. Finalmente, para el tercer grupo se solicitó la participación voluntaria de funcionarios adscritos al GAULA de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación.

2.4. Instrumentos

Se diseñó una entrevista semiestructurada, definida para cada grupo poblacional, validada por un equipo de jueces tripartito (coeficiente kappa de 0.90). En cada uno de los instrumentos se tuvieron en cuenta, como estructura principal, las variables identificadas para el estudio: factores demográficos y psicosociales, organizados en cinco formatos, uno para cada tipo de población entrevistada⁶, que permitieran la construcción posterior de un modelo dinámico para el entendimiento del fenómeno desde un pensamiento sistémico del crimen.

El cuestionario dirigido a las víctimas se estructuró con 78 preguntas, divididas en dos secciones: la primera indagó por datos demográficos y psicosociales presentes en víctimas; la segunda buscó determinar la percepción que las víctimas tienen sobre el delito y su tratamiento: conceptuación, ciclo o desarrollo del delito, conocimiento de la legislación aplicable y atención a víctimas. El cuestionario de los victimarios estuvo compuesto por 81 preguntas, divididas en las mismas secciones, aclarando que en la segunda, alusiva a la percepción del delito, se incluyeron preguntas dirigidas a conocer la carrera delictual del victimario. En el caso de los funcionarios judiciales, fueron 45 preguntas con la misma estructura.

Los dos formatos adicionales, dirigidos a investigadores judiciales expertos en el fenómeno de estudio, estuvieron conformados cada uno por 48 ítems, organizados en las mismas secciones, y se adicionó una línea sobre la unificación de una definición de microextorsión y oportunidades de mejora para la atención a víctimas.

Todos los participantes emitieron consentimiento informado, diligenciado previamente por los entrevistados, quienes de manera voluntaria quisieron colaborar sin recibir retribución económica alguna, y se dejó constancia de su autorización libre y espontánea. Se les informó sobre la naturaleza académica del trabajo, procedimientos y confidencialidad de la información aportada, cuyo uso se restringió al desarrollo científico de la investigación, garantizándose la reserva de la identidad de cada participante.

2.5. Procedimiento

La investigación se desarrolló en cuatro fases:

La primera dirigida a la revisión de la literatura existente en torno a la microextorsión o a la comprensión de la extorsión, que permitiera fundamentar variables de interés en la investigación. Asimismo, se efectuó un escrutinio estadístico, con el propósito de observar la evolución del delito y el registro administrativo de denuncias durante los años 2011, 2012 y 2013, con el propósito de delimitar la ubicación geográfica y temporal de la investigación.

La segunda fase se centró en el diseño de los instrumentos, dividiéndose en dos subfases. En la primera se diseñaron y validaron tres entrevistas semiestructuradas, dirigidas a víctimas, victimarios y funcionarios judiciales, para determinar el producto final aplicado dentro de la investigación.

En la tercera fase se aplicaron los instrumentos de recolección de información, previa tramitación de las coordinaciones pertinentes para el ingreso a los centros de reclusión en las tres ciudades escogidas. Para ello se diseñó un cronograma de aplicación, que se inició en Bogotá y continuó con Medellín y Cartagena.

La cuarta fase se dirigió al procesamiento de datos y análisis de la información recolectada. Se identificaron las características demográficas y psicosociales, y datos criminológicos en víctimas y victimarios, con la información cuantitativa registrada en las noticias criminales del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). En cuanto a la información cualitativa, previo desarrollo de un árbol de categorías, se analizó el contenido de las entrevistas, lo cual permitió consolidar las principales causas y consecuencias del ilícito, para finalmente realizar el análisis macro desde la dinámica de sistemas; se logró estructurar como un sistema dinámico del crimen, el modelo explicativo del ciclo delincuencial, asociando las causas, consecuencias y ciclos de realimentación relevantes.

Por último, se destacaron los principales puntos de análisis en la discusión de resultados y conclusiones, acorde con la información obtenida.

3. Resultados

Precisando que se utilizó un muestreo no probabilístico e intencional, a continuación se exponen los resultados de la muestra entrevistada, promediando los hallazgos encontrados en las tres ciudades, por grupos poblacionales de interés: víctimas, victimarios y funcionarios judiciales (vid. tabla 3), estructurados metodológicamente en cuatro temáticas.

En la primera temática se presenta la conceptuación de microextorsión, desde la visión de víctimas, victimarios y funcionarios judiciales, denotando el impacto del punible desde la singularidad de interés y de afectación de cada grupo.

La segunda, acorde con el objetivo de la investigación, caracteriza a víctimas y victimarios, incluyendo datos criminológicos. En la tercera parte, y como resultado del análisis de la información cualitativa, se analizaron e identificaron algunas asociaciones entre las causas y consecuencias relevantes, individualizando el modus operandi característico en cada ciudad seleccionada.

En la cuarta sección, y teniendo en cuenta la importancia que debe darse a la víctima por el alto impacto del punible, se plasmó la concepción que víctimas, victimarios y funcionarios judiciales tienen frente al marco legal, resaltando la percepción de las víctimas con relación a la respuesta institucional, y las oportunidades de mejora para la atención a las víctimas desde la perspectiva de los funcionarios judiciales, por ser quienes tienen un contacto directo con ellas, y el conocimiento de los programas existentes.

3.1. Concepto de microextorsión

Cada grupo presentó una conceptuación distinta. Los victimarios desconocían que era una modalidad delictiva, y ofrecieron la siguiente percepción: mecanismo ilegal para obtener, a través de la utilización de la amenaza, cuotas de dinero en cuantía menor, de acuerdo con la capacidad de pago de la víctima, sin tener claridad del monto o límite del mismo, constituyendo el factor económico el elemento determinante. El método utilizado varía según la finalidad perseguida con la obtención del dinero: lucro particular o financiación de organizaciones delictivas.

A diferencia de ellos, las víctimas la identificaron como modalidad delictiva de la extorsión, y la conceptualizaron como un delito de alto impacto, por la vulneración de derechos personalísimos: la libertad, autonomía, intimidad, locomoción, propiedad personal, integridad física, trabajo. Del delito se derivan afectación psicológica, desestabilización familiar, dificultades en las relaciones laborales y sociales e incluso desplazamiento, en razón de que su ejecución y efectos se pueden prolongar en el tiempo.

Los funcionarios judiciales diferenciaron el delito de la modalidad, reconociéndolo como un fenómeno de alto impacto, por desencadenar diversas problemáticas sociales y vulnerar distintos derechos fundamentales, al unísono de la concepción de las víctimas, que dan especial relevancia al medio utilizado para su materialización: la amenaza, agresión y coacción.

En este último grupo fue factible unificar la conceptuación general, por incluir los elementos característicos señalados en los anteriores grupos: exigencia repetitiva de pequeñas cantidades de dinero, realizada a un grupo de personas o gremio informal, utilizando la amenaza a la actividad laboral y la integridad física de la víctima y su núcleo familiar, que más allá del alto impacto a la esfera personal, familiar y la transgresión de derechos fundamentales, amenaza a toda una colectividad a través de la puesta en evidencia de un escenario de permanente riesgo, en el que no es factible el ejercicio pleno de los derechos y libertades públicas y, por ende, las condiciones necesarias para una adecuada convivencia y seguridad ciudadana, cuyo elemento característico es la coacción.

3.2. Caracterización de víctimas, victimarios y datos criminológicos

3.2.1. Víctimas

Frente a los factores demográficos, se encontró que el rango de edad es determinante para la elección de la víctima; es notable la centralización de la muestra hacia el adulto intermedio (42 a 49 años), asociado a estabilidad familiar y laboralmente productivo, con mayor preponderancia del sexo masculino, lo que permite inferir que la víctima es escogida en razón del análisis de aspectos económicos, familiares y personales, para identificar vulnerabilidades dentro de su entorno familiar y social.

En este contexto, predominó el estado civil casado (61,1%), que fue superior en Medellín, seguido de unión libre (33,3%), característico de Cartagena, y presencia de hijos (94,4%); se resalta la primacía de estructuras familiares definidas, regularmente nucleares, y patrones de crianza basados en apegos seguros y lazos afectivos enmarcados en principios morales. La presencia de parejas e hijos constituyen, desde la perspectiva de los victimarios, factores de vulnerabilidad en las víctimas.

Respecto al nivel de escolaridad, imperó, con un 44,4%, la secundaria completa, seguido de primaria incompleta (27,8%) y profesional (22%), asociado con el desarrollo de un oficio u ocupación; se resalta el de comerciantes (38,9%) y conductores (27,8%), y prevalencia del nivel socioeconómico 3⁷ (50%), seguido del 2⁸ (38,89%). Asociaron sus oficios al hecho de ser víctimas de microextorsión por el desarrollo de actividades rutinarias y el manejo de manera informal de cantidades de dinero en efectivo (92%), que permite a los victimarios mayor posibilidad de conocer su flujo de caja y realizar exigencias económicas.

Tratándose de factores psicosociales, el 88% consideró que las condiciones económicas familiares son adecuadas contando con ingresos suficientes; estructuras familiares caracterizadas por lazos afectivos fuertes, estables, roles determinados y patrones de crianza con alto nivel de formación en valores y principios morales. Fue preponderante la existencia de relaciones apropiadas en los entornos sociales, donde resaltan como líderes y buenos vecinos, pudiendo ser objetivos evidentes y accesibles a los delincuentes.

En un 96% indicaron que la microextorsión afecta la estabilidad emocional, el desarrollo laboral, familiar y económico, que involucra a la familia y personas cercanas, y genera secuelas psicológicas que se mantienen en el núcleo familiar a largo plazo.

Dentro de los datos criminológicos relevantes, la duración de la victimización predominante correspondió al rango de 1 a 9 años (39%); se revelan períodos prolongados de intimidación y coacción, que constituyen el factor determinante para la no denuncia, en razón al miedo y la respuesta positiva a ceder a la exigencia, lo cual reafirma la necesidad de priorizar el tema de atención a las víctimas. En un 94% no tenían relación con el microextorsionista, refirieron que la motivación principal de los victimarios es la consecución de dinero sin mayor esfuerzo.

Señalaron, en un 44,44%, que los medios de comunicación desempeñan un papel favorable para contrarrestar el delito, al mantener informada a la comunidad, en particular frente a las vías para denunciar, el impacto real del ilícito y los resultados alcanzados, lo cual motiva en algunos casos a denunciar.

3.2.2. Victimarios

Respecto a factores demográficos, se encontró que una gran proporción iniciaron la microextorsión como el primer delito que cometieron siendo muy jóvenes (menores de edad o 18 años en un 30,55%); frente a la permanencia en el ilícito, prevaleció el rango de edad de 28 a 36 años (27,77%). En la misma proporción de 47% para uno y otro caso, se encontró que iniciaron la secundaria, sin culminarla (secundaria incompleta), y la deserción escolar asociada a la falta de motivación educacional, respectivamente.

Sobresalió el estado civil soltero (47,23%) y alta presencia de hijos de diferentes madres. De igual manera, la ubicación de los entrevistados en las tres ciudades se identificó en estratos socioeconómicos bajos, que involucran los estratos 1⁹, con 36,11%, y 2¹⁰, con 33,33%, respectivamente; Bogotá presentó mayor participación de personas pertenecientes al estrato 2, a diferencia de Cartagena y Medellín, donde prevaleció el estrato 1, con más del 50%.

Congruente con la alta presencia de hijos, no se encontró una estructura familiar determinada como parte de los factores psicosociales. El 90% tienen varios hijos de diferentes núcleos familiares, han establecido convivencia con distintas parejas y no sostienen un adecuado vínculo con todos los integrantes de la familia. Aunque tienen hijos a cargo, económica y emocionalmente tienden a habitar la casa materna.

Conforme con sus narraciones, existe ausencia de valores frente a su accionar por fuera de la Ley. Llamó la atención que a pesar de no sostener una apropiada relación con sus familias (parejas e hijos), las utilizan como justificación de su actuar delictual, con el agravante de que al caer o recaer en el delito, se profundiza el distanciamiento, y se precisa que tienden a presentar altos niveles de agresividad a través del uso de la amenaza verbal.

Mantienen relaciones sociales con personas que consideran que les aportan a sus intereses personales, y se establece una categoría que recopiló información sobre la forma en que tuvieron conocimiento del delito y el procedimiento para llevarlo a cabo, donde predomina el ingreso a esta modalidad delictual por la influencia de amigos y el engaño en igual proporción (27,78%), que se relacionan con su entorno social, variables características del rango de edad en que iniciaron su carrera delictual (18 años o menores).

Acorde con lo anterior, fue sobresaliente la realización del ilícito por primera vez de manera grupal (38,89%); se resalta, frente a datos criminológicos, concomitantes con el rango de edad, nivel y deserción escolar de los victimarios, que el primer delito que cometieron fue el de extorsión en la modalidad de microextorsión (33,33%), por el cual fueron condenados, seguido de hurto (13,8%); los 18 años (30,5%) fue la edad característica, seguida de los 28 a 36 años (27,77%).

En un 90% desconocían a su víctima, y el factor económico fue el determinante para su selección; se realizó un trabajo previo de campo para tal efecto, en el que además de la capacidad de pago, evalúan, desde su órbita, vulnerabilidades de la víctima: aspectos familiares (familias funcionales, con esposas e hijos) y personales (ciudadanos de reconocida reputación en el barrio), sobre los que direccionan la amenaza.

Resultan atractivas para los victimarios las edades estables productivamente: adultez intermedia (42 a 49 años), que coincide con la edad sobresaliente en las víctimas. Estas últimas, en un 100%, fueron escogidas por el victimario, y se precisa que si bien es cierto que el consenso fue que ninguna víctima pudo evitar ser elegida, se resaltó información que sugirió, desde la perspectiva del victimario, que las personas deben ser más cuidadosas en el manejo confidencial de información personal, como variables que hacen parte de los factores psicosociales de la víctima.

De la mano del factor económico como el motivante, un 82% coincidió en señalar el desempleo, entendido como ausencia de un trabajo formal, estable y bien remunerado, como precipitante para la comisión del delito, asociado con pocas oportunidades laborales, educativas, condiciones de vida inadecuadas, pobreza, campañas de prevención impropias; además, refirieron la utilidad que hubiera tenido la masificación de estrategias de prevención, que contuvieran la variable de capacitación y educación como mecanismo de protección contra la manipulación y el engaño por parte de los autores intelectuales, y cobra relevancia el nivel educacional como mecanismo protector.

El dinero producto de la microextorsión no es la única fuente utilizada primariamente por los delincuentes entrevistados para suplir sus necesidades básicas, ya que algunos refirieron que este dinero se emplea como un recurso adicional a sus oficios informales, lo cual denota inconformismo frente a remuneraciones bajas y largas jornadas laborales, de modo que se opta por la microextorsión como oportunidad para obtener ingresos, por acarrear menos esfuerzo y menor riesgo que otros ilícitos, desde su percepción.

Sumado a esto, se identificaron casos en que los victimarios eligieron esta actividad por su deseo de obtener reconocimiento y poder dentro de su grupo social, en aras de lograr un estatus dentro del mismo, acorde con el rango de edad característico de esta población. Un 77,7% afirmó una influencia positiva de los medios de comunicación para la comisión del delito, pues señalaron que el suministro de información útil acerca de posibles víctimas es alto.

3.3. Ciclo o desarrollo del delito

3.3.1. Posibles causas y consecuencias

Fue posible identificar causas relevantes asociadas a las características demográficas y psicosociales identificadas en la población de victimarios entrevistados, que constituyen factores de riesgo, cuya presencia aumenta la aparición de la microextorsión, reseñadas en la gráfica 3 con un signo positivo, así como consecuencias notables que impactan negativamente la convivencia y seguridad ciudadanas, representadas con un símbolo negativo (vid. gráfica 3).

Dentro de las causas relevantes están la facilidad de lucro económico, salarios bajos e inestabilidad laboral, influencia de amigos o grupos delincuenciales, nivel de escolaridad bajo y deserción escolar asociada a edades tempranas, curiosidad por el riesgo, búsqueda de reconocimiento y poder dentro de sus grupos sociales, ausencia de valores y percepción, desde la óptica del victimario, de que la microextorsión, en comparación con otros delitos, conlleva para su realización menor esfuerzo y riesgo.

Respecto a las consecuencias con incidencia directa en la víctima y su núcleo familiar, preponderó la afectación al bienestar en sus esferas económica, física y psicológica; esta última es la que mayor repercusión tiene a mediano y largo plazo, por la coacción ejercida sobre la víctima, lo cual lleva a la no denuncia, y percepción de inseguridad, escenario con el que se materializa la vulneración de los derechos a la autonomía y la libertad.

Las causas y consecuencias se asociaron, para formar ciclos de realimentación relevantes que ayudan a entender el inicio, motivación y mantenimiento del ilícito; el factor económico se entiende como la ambición por mayores ingresos, la causa y motivante preponderante que en los victimarios origina el desarrollo y mantenimiento del mismo (vid. gráfica 4).

Este injusto económico genera en la víctima y en su familia afectación económica, física y psicológica, por la amenaza y coacción, que da como resultado miedo, el cual lleva al pago de la microextorsión y la no denuncia. Esta característica genera el mantenimiento de la microextorsión por largo tiempo, de modo que se conforma un juego entre el victimario y la víctima, en donde el primero identifica la amenaza como un mecanismo efectivo para el pago continuo por parte de la víctima, y constituye un ciclo que se refuerza por el pago, que impulsa una nueva amenaza.

Estas circunstancias se ven agravadas en muchos casos por el desconocimiento de los programas de atención a las víctimas y ausencia de fortalecimiento de programas de inclusión social. La conjunción de estos factores mantiene la motivación en el victimario para continuar con el ilícito, lo cual crea el imaginario de que sus acciones serán invisibles para las autoridades, escenario que posteriormente puede mantenerse cuando no se realiza un proceso de resocialización efectivo.

3.3.2. Modus operandi

Partiendo del elemento característico: la amenaza como medio de coacción y el mecanismo utilizado para materializar la microextorsión, se identificaron en las ciudades seleccionadas dos modus operandi:

En Medellín imperó la amenaza personal (frente a frente), con la cual se inicia el ilícito, dirigida por lo común a un sector o gremio (conductores y transportadores); no se escogen individuos con características específicas, sino los vehículos que pasan por una zona determinada, donde los delincuentes actúan por la presencia del gremio microextorsionado. Posterior a esto, la víctima paga la suma de dinero, y el victimario recurre a la selección de estos mismos automóviles, de modo que ataca constantemente el mismo vehículo, sin importar quién sea el conductor.

En Cartagena prevaleció la amenaza y exigencia impersonal, a través de llamadas, correos o métodos que evitan el contacto directo entre víctima y victimario, dirigida a una persona determinada, que cumple con la característica de poseer cierta cantidad de dinero, que suele ser más alta que la solicitada, aunque no excede la suma del salario mínimo legal mensual vigente; la víctima paga y los victimarios desisten, para buscar un nuevo sujeto. En Bogotá se registraron las dos, con predominio de la primera.

3.4. Concepción frente al marco legal y atención a víctimas

3.4.1. Concepción frente al marco legal

Los victimarios participantes, en un 91%, desconocían el marco legal¹¹ de la microextorsión, incluyendo la posible sanción o rango de tiempo frente a la pena de privación de la libertad, y no diferenciaron modalidades frente al punible de extorsión.

Un aporte significativo refirió que el 100% de los partícipes que admitieron haber perpetrado el hecho, consideraron que las víctimas no denuncian debido al miedo y la percepción de que no existen estrategias y/o un organismo que impida que se materialicen las amenazas.

En un 100% coincidieron en señalar que debería prestarse especial atención a las condiciones carcelarias en las que se cumple la condena, pues inciden en el proceso de resocialización y la reincidencia, máxime que, según los resultados obtenidos, la microextorsión es el primer ilícito con el que los jóvenes, a cortas edades, inician sus carreras delictivas, y precisaron que los programas deberían ser personalizados, acordes con las características de la población victimaria.

Las víctimas entrevistadas señalaron, con un 38,89%, que tenían conocimiento sobre el marco legal, en contraposición con un 27,78%, que respondió en forma negativa, característica que apunta a confirmar que el aumento de las penas o la respuesta a los fenómenos criminológicos únicamente con estrategias punitivas, no logran afectar la percepción y, por tanto, la decisión del delincuente para cometer el delito. Es decir, siguiendo las teorías clásicas de la función preventiva de las penas, argumentadas por Jakobs (1993) y Roxin (1994, 1977), pareciera no aplicar el componente disuasorio del temor al castigo punitivo.

En cuanto a la institución predominante que recepcionó las denuncias, fue el GAULA de la Policía Nacional (94%), donde los participantes se acercaron y expusieron su caso. El restante 5,5% se dirigió a la Fiscalía General de la Nación, y refirió haber tenido inconvenientes para efectuar la denuncia. Respecto a la percepción de respuesta institucional, se indicó la necesidad de fortalecer la misma (vid. tabla 4).

En la mayoría de casos se presentó una mejoría después de la denuncia; se precisa que en un 5,55% la microextorsión continúo, y en un 16% persistieron las amenazas. Frente a la condena, un 33,3% la consideró adecuada, en contraposición con un 55,55%, que refirió que debería ser más fuerte, dada la vulneración física y emocional de diferentes derechos personalísimos de la víctima y su núcleo familiar.

El 100% de los funcionarios judiciales entrevistados conocían el marco legal. Infirieron que las personas tienden a denunciar después de haber pagado, aunque sea una vez, pero desisten y continúan victimizadas; esto puede obedecer al temor a que se materialice la amenaza, y en ello desempeña un papel determinante la influencia de la familia, sin desconocer el impacto positivo de la difusión de información sobre los canales para denunciar y los programas de atención implementados por parte del Estado.

En esta línea, se identificaron posibles causas asociadas a la no denuncia: información incompleta sobre los pasos que se deben seguir para denunciar y programas de atención a víctimas, incertidumbre frente a la solución del problema, existencia de una cultura ciudadana de evasión a los procesos judiciales, búsqueda de solución sin ayuda de las autoridades, falta de confianza en estas y en el sistema judicial, y el temor a las represalias como factor determinante.

Respecto al tema restaurativo, los funcionarios expresaron la necesidad de vincular, en los preacuerdos que se planteen entre los victimarios y los funcionarios judiciales, otros factores adicionales al económico, en razón de las secuelas a nivel emocional del ilícito, los cuales deben contar con la aprobación de las víctimas, se resalta la importancia que debe tener su atención.

3.4.2. Atención a víctimas

Los funcionarios judiciales hicieron propuestas frente a posibles estrategias para implementar:

• Mayor difusión interna y externa de las políticas y estructuras especializadas, creadas para la atención de la denuncia y la víctima.
• Relaciones más cercanas y próximas a la ciudadanía, que permitan afianzar la confianza hacia las instituciones y fortalecer la prevención social y situacional para reducir la aparición de víctimas y victimarios.
• Asistencia integral a las víctimas y su núcleo familiar, a través de la implementación de protocolos que provean a la víctima un acompañamiento completo, que vaya más allá de la finalización del proceso penal y mejore los tiempos de respuesta institucional.
• Disponibilidad de mayor personal capacitado, desde la perspectiva psicológica; concientización del fenómeno, desde el punto de vista de la víctima, y recursos complementarios a nivel técnico, de movilidad e infraestructura, sin dejar de lado el componente de agilidad en los procedimientos investigativos.
• Mejoramiento de condiciones carcelarias, para lograr una verdadera resocialización, y oportunidades laborales más estables y mejor remuneradas, dirigidas a población vulnerable: jóvenes solteros entre 18 y 25 años, ubicados en barrios de estrato 1, con alta presencia de hijos, bajos niveles educativos y falencias en la formación de valores sólidos, como requisito para el aprendizaje de conductas pro sociales.
• A nivel general, aseguraron que las víctimas que se acercaron a la institución recibieron apoyo psicológico, legal, constante retroalimentación y se efectuó la judicialización del caso.

4. Conclusiones y discusión

4.1. Con base en los hallazgos obtenidos, que son válidos para la muestra consultada, se unificó un concepto de microextorsión partiendo de la conceptuación dada por las víctimas, victimarios y funcionarios judiciales entrevistados, consistente en la exigencia y entrega periódica de sumas de dinero que no superan un salario mínimo legal mensual vigente¹² , acorde con la capacidad de pago de la víctima, utilizando como medio para el logro del injusto económico la amenaza a la integridad física y/o comercial de esta. Se confirmó que la periodicidad del cobro, la cuantía baja y la coacción son elementos que están presentes en la microextorsión, acorde con lo expuesto por Serge et al., (2012), Rivas (2014) y Cubides (2014).

No obstante, por las menores cuantías, pareciera que la actividad comercial (suelen ser víctimas en ocupaciones informales o con remuneración media) y el estrato socioeconómico de la víctima tienen un efecto recíproco en cuanto a su selección, pues las personas de clase media-baja tienen bajos ingresos y suelen disponer de dinero en efectivo, a diferencia de los individuos de clase alta, quienes, en promedio, realizan sus transacciones económicas por medios electrónicos, los cuales dificultan la posesión o tránsito de dinero en efectivo. Estas características median en la cuantía de la extorsión solicitada por el victimario y facilitan la microextorsión, en cuanto a la capacidad de la víctima para cumplir con el pago de menores cuantías. Asimismo, las personas de estrato socioeconómico alto poseen o pueden acceder fácilmente a medidas de seguridad personal, en contraste con las de estrato medio-bajo; por tanto, en términos de riesgo para el delincuente o posibilidad de captura, es menor cuando la víctima pertenece a este último nivel socioeconómico.

Acorde con ello, se coligió que el elemento característico en la microextorsión, en cuanto al impacto en los actores, es la amenaza, según lo expuesto por Celedón et al. (2009), Salgado (2010), Ashford (2016), en razón a que como línea transversal fue resaltado en la conceptuación dada desde la óptica de interés de cada grupo poblacional entrevistado¹³.

Desde la órbita de los victimarios, como la herramienta capaz de generar la coacción para la consecución del injusto penal en las víctimas, generadora de temor a la transgresión de derechos personalísimos, que lleva a la doblegación de su voluntad, y desde la percepción de los funcionarios judiciales, como medio utilizado para la materialización del ilícito, capaz de generar un alto impacto a la seguridad y convivencia ciudadanas.

La agresión, la violencia, la intimidación y el lenguaje soez son característicos de la amenaza, que a nivel psicológico sobresalieron como pericias requeridas en los victimarios; esto encuentra sustento en Farrington (2005), quien sugiere la adquisición de estos comportamientos por el entorno en el que se desarrollan los individuos; así, la delincuencia es el resultado de un proceso de interacción o integración entre el individuo y el ambiente, que explica en igual medida el ilícito.

La amenaza constituye así el elemento capaz de producir, dentro de los procesos cognitivos en las víctimas, emociones dañinas, que ocasionan el apego a conductas irracionales, como procesos de deterioro a nivel social y político, y daños a la salud física y mental, en razón a que los perjuicios mayormente reportados en las víctimas se relacionaron con la afectación familiar, de modo que llevaron al detrimento de relaciones personales y falta de cohesión social.

Ello repercute, según lo expuesto por los entrevistados, en pérdida de credibilidad hacia los programas y procesos de atención del delito y de la víctima, brindados por las autoridades del Estado, lo cual lleva a la no denuncia e incluso al desplazamiento forzado, según lo expuesto por Ríos (2014), ante el miedo a que la amenaza se materialice.

Por ende, se concluyó que un aspecto importante para disminuir el ilícito es a través del manejo adecuado del miedo en la víctima y su núcleo familiar; por un lado, instruyendo sobre los mecanismos para obtener seguridad o acceder al servicio de investigación judicial, que lleve a la captura y culminación de la microextorsión, y, de otra parte, cobrando importancia la atención integral a la víctima, a través del fortalecimiento de los programas existentes que involucren el constante acompañamiento y seguimiento psicológico y emocional más allá de la finalización del proceso penal, en procura de su resarcimiento integral, prevención de la victimización secundaria y disminución del ilícito, confirmando la importancia de la asistencia y reparación a la víctima, expuesta e impulsada por Fattah (2014).

En consonancia, como consecuencia del razonamiento efectuado sobre la información aportada por los funcionarios judiciales entrevistados, frente a sugerencias para la atención a las víctimas, cobró relevancia la priorización de estrategias que, entre otras, difundan medidas de prevención y autoseguridad, capacitación a los funcionarios judiciales desde la perspectiva de atención psicológica a las víctimas, fortalecimiento de convenios de articulación con otras instituciones para impulsar el procedimiento investigativo, robustecimiento de personal y recursos adecuados para la atención de la microextorsión, incluyendo mayor flujo de información sobre los puntos de atención a la ciudadanía que se especializan en atender la modalidad delictual.

4.2. Adicional a lo anterior y acorde con el objetivo general de la investigación, se concluyó, frente a la muestra entrevistada, que existen factores demográficos y psicosociales que, sin generalizarse, constituyen predisponentes y precipitantes que hacen más proclive la aparición de victimarios y víctimas de microextorsión y del ilícito, confirmando los hallazgos de Fattah (2006/2014), Andrews & Bonta (2010), Nguyen et al. (2011), Salazar et al. (2011), Myres (2012), Andrade (2015) y Di Genaro (2016), quienes precisaron la existencia de factores de riesgo que hacen más propensa la criminalidad, producto de la interacción de elementos económicos, políticos y sociales que involucran la esfera personal de cada individuo y su medioambiente (vid. gráfica 2).

Dentro de los factores predisponentes sobresalieron, para la aparición de posibles victimarios, el nivel de escolaridad bajo, la ausencia de valores, familias disfuncionales, caracterizadas por padres solteros jóvenes (entre 18 y 25 años), con alta presencia de hijos de diferentes madres y curiosidad por el riesgo propio de la edad, inestabilidad laboral y remuneraciones bajas, facilidad de ser influenciados por terceros, todo asociado a baja percepción de riesgo y contextos sociales desfavorables.

En las víctimas, los apegos sociales apropiados, estilos de vida rutinarios y la falta de discreción en el manejo de información económica, personal y familiar, constituyeron los factores predisponentes más relevantes para la victimización.

En lo que atañe a los factores precipitantes, se destacaron, para la aparición de posibles victimarios, la presencia de grupos delincuenciales pequeños, conformados por jóvenes de 18 a 25 años, con bajos niveles de escolaridad, ocupación laboral baja, curiosidad por el riesgo, ambición por el poder, ubicados en sectores socioeconómicos desfavorables¹⁴, lo cual constituye factores de riesgo determinantes, dada su capacidad para influenciar a otros jóvenes con características similares.

En las víctimas resaltó el manejo informal de dinero en efectivo, en oficios como conductores de transporte público y administradores de tiendas de abarrotes, los cuales se relacionan con familias funcionales en edad productiva (42-49 años), con niveles de educación media, ubicados en barrios de estrato socioeconómico medio-bajo¹⁵.

El reconocimiento social, que caracterizó a los padres como cabezas de familia dentro de sus círculos laborales y sociales, constituye, junto con la presencia de parejas estables e hijos, factores precipitantes, los cuales significan, desde la órbita de los victimarios, focos de vulnerabilidad, hacia donde estos últimos dirigen su amenaza, previo trabajo de inteligencia para poder efectuar una mejor coacción y consecución del pago periódico de la microextorsión.

La no denuncia fue otro factor precipitante en las víctimas, que motivó a la reincidencia, y esta a su vez se asocia a la percepción de impunidad y de inseguridad. Esta, como se dijo al inicio de este acápite, está intrínsecamente relacionada con la amenaza que motiva al miedo, como medio característico capaz de materializar la microextorsión.

Acorde con lo anterior, se coligió que la microextorsión no se da por la presencia de una única causa, lo cual encuentra soporte en Fattah (2014), quien explica que el delito es producto de la decisión racional del individuo, marcada por la confluencia de múltiples causas o factores de riesgo, resultado de la estructura y funcionamiento social en el que se presenta.

Congruente con ello, al efectuar un contraste entre los factores demográficos y psicosociales relevantes en las víctimas y victimarios antes enunciados, se concluyó que existe una correspondencia entre los actores que hacen parte de la pareja penal, con soporte en Pérez et al. (2014), en razón de la existencia de características comunes en los dos actores, entendidas como predisponentes, a saber:

• En los victimarios, la dificultad de alcanzar objetivos sociales positivos en relación con posiciones económicas o un mayor estatus social, es una de las causas que se relacionan con la precipitación del ilícito, confirmando lo expuesto por Salazar et al. (2011) y Barrera & Guzmán (2013), quienes explican que las zonas marginales carentes de condiciones socioeconómicas favorables hacen más proclive una posible relación con la delincuencia, lo cual precipita una fuente de tensión, situación confirmada por los victimarios entrevistados que reclamaron una mejor calidad de vida.
• En la misma línea, fue consecuente la ubicación de los victimarios¹⁶ y las víctimas¹⁷ en los estratos bajos, que albergan a ciudadanos con menos recursos económicos, siendo una característica sociodemográfica que comparten los dos actores, sustentado en Barrera & Guzmán (2013) y resultados de encuestas e investigaciones enfocadas al crimen.
• La amenaza como factor psicológico, que en igual medida fue constante en los dos actores, se correlaciona con la ubicación de estos en los estratos bajos, confirmando lo expuesto por Celdedón et al. (2009) y encontrando respaldo en los resultados de Cruz et al. (2012), quienes evidenciaron que la amenaza tiene una mayor tasa de victimización y afectación en los estratos bajos (1, 2 y 3), coincidiendo con los estratos en los cuales se ubicaron los victimarios¹⁸ y las víctimas¹⁹ de microextorsión.
• El rango de edad como factor precipitante, que prevaleció en los victimarios al cometer por primera vez el ilícito²⁰ , en contraposición con el promedio de edad en las víctimas, asociado a edades productivas, constituye otra característica que comparten los dos actores, sin dejar de lado que se observa una asociación inversa.

Por un lado los victimarios, caracterizados por concentrar una población joven, suelen ser menos ensibles a los costes y más a la recompensa -lo cual es consecuente con los hallazgos de Rodríguez (2015)-, motivados por una posible gratificación económica sin hacer la evaluación adecuada de las consecuencias; esto muestra frialdad en la comisión del delito, y arrepentimiento por los costos personales, dejando a un lado el remordimiento por los daños ocasionados.

A la par, se puede explicar la microextorsión como el primer delito que se comete a edades tempranas (18 a 25 años), siguiendo la Teoría Integradora de la Criminalidad (Farrington, 2005), por la presencia de factores predisponentes: bajos niveles educativos, fracaso o deserción escolar, inexperiencia e inestabilidad laboral, bajos ingresos salariales, entendidos como factores de riesgo asociados al entorno social, caracterizado por la presencia de familiares disfuncionales, falta de control familiar que se traduce en escaso control parental y social, ausencia de patrones de crianza y modelos positivos, sumado a la presencia e influencia de amigos antisociales. Ello es congruente con lo expuesto por Vásquez (2003), Andrews & Bonta (2010), Salazar et al. (2011), Gómez et al. (2013), Barrera & Guzmán (2013), Rodríguez (2015) y Fattah (2006/2014).

En contraposición, la adultez intermedia preponderante en las víctimas se asoció a una edad productiva, estabilidad económica y familiar, que a su vez lleva a mayor sensibilidad frente a los costos, lo cual repercute en la búsqueda de protección a la integridad física y comercial, por encima del pago del injusto económico.

La adultez intermedia y los factores identificados que se asociaron a ella²¹, desde el plano de los victimarios, responde a un factor precipitante, en razón a que realizan su exigencia pecuniaria acorde con la capacidad de pago de la víctima, e identifican la existencia de parejas e hijos como vulnerabilidades hacia donde dirigen la amenaza, lo cual se explica en Fattah (2014), quien indicó que la percepción que tiene el victimario de la víctima y el conocimiento detallado de las características de la persona, le permiten al victimario, como ocurre en la microextorsión, una elección y comisión del delito con mayor efectividad que en otro ilícito, y que respalda las afirmaciones efectuadas por los victimarios de escoger el ilícito por la facilidad que presupone su comisión.

• Otro factor victimógeno que resaltó para la escogencia de la víctima, correlacionado con la adultez intermedia, según Fattah (2014), fue la ocupación, que se asocia al nivel socioeconómico y capacidad de pago de la víctima, que hacen parte del entorno social en el que se desenvuelve el sujeto y que, en igual medida, se soporta en Serge et al. (2012) y Pérez et al. (2014), quienes señalaron que los sectores comerciales y de microempresa suelen ser los más vulnerados, como se confirmó en la presente investigación.

Esta característica en los victimarios destacó por la ausencia de un trabajo u ocupación laboral estable, que igualmente se asocia con inexperiencia laboral, coligada a trabajos informales, recursos socioeconómicos exiguos, ambición y la corta edad de los jóvenes, donde desempeñan un papel determinante factores sociales y familiares relacionados con la marginalidad (Salazar et al., 2011), además de la existencia de antecedentes delictuales en la familia y el aprendizaje brindado por el entorno familiar y social, que constituye un factor determinante para que identifiquen la microextorsión como un medio de trabajo aceptable en su contexto, que es visto por los jóvenes como una respuesta a diversas fuentes de tensión (Agnew, 2006).

• El nivel escolar fue otra característica común en víctimas y victimarios, que se correlaciona con los factores antes indicados, en particular la ocupación e ingresos laborales, lo cual revela que el desarrollo y el nivel académico influyen como herramienta protectora frente al desarrollo del delito en las víctimas, y la deserción o fracaso escolar se constituye en un factor de riesgo en los victimarios, que con la manifestación de comportamientos inadecuados, disminuyen la frustración ante el fracaso escolar y la incapacidad de alcanzar metas, de acuerdo con lo expuesto por Gómez et al. (2013).

  Al sumarse a otros factores psicosociales y demográficos, como la presencia de entornos socioeconómicos bajos y ausencia de recursos suficientes, falta de control parental e interacción con amigos delincuentes, y la facilidad de ser influenciados debido a la corta edad, todo eso lleva a una mayor propensión frente al ilícito (Salazar et al., 2011, y Andrews & Bonta, 2010).

• Destacó la existencia de componentes motivacionales (económicos en su mayoría) en los victimarios, que precipitan su decisión de delinquir²², aunados a factores sociales, como la existencia de antecedentes delictuales en la familia y el aprendizaje brindado por el entorno, que difiere en los actores, ya que no fue constante su presencia en las víctimas; el ambiente social relacionado con la marginalidad constituye un factor determinante en los victimarios (Salazar et al., 2011).

• La estructura familiar y los patrones de crianza fueron otra característica que prevaleció en las víctimas y victimarios entrevistados, cuya relación entre los actores es inversamente proporcional. En los victimarios resaltó la ausencia de una estructura familiar determinada, en contraposición con la existencia y composición de familias funcionales definidas y estables en las víctimas con valores definidos. Se concluyó, en coherenca con Andrews & Bonta (2010) y Barrera & Guzmán (2013), que la existencia de un adecuado vínculo familiar y una acción paterna en la crianza, como mecanismo de control, aumenta el desarrollo de regulaciones de conducta, que aleja a las personas de comportamientos antisociales.

Coherente con lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de que las características personales de la edad, género, escolaridad, ocupación, posición socioeconómica, que interactúan con el enentorno social y cultural²³, constituyen predisponentes que comparten víctimas y victimarios. Al interrelacionarse precipitan el ilícito, y esto confirma los postulados de Fattah (2006/2014), Salazar et al. (2011), Nguyen et al. (2011), Myres (2012), Andrade (2015) y Di Genaro (2016).

4.3. Con base en las principales causas y consecuencias identificadas a partir de los factores demográficos y psicosociales presentes en víctimas y victimarios, y su interrelación, se coligió, a través de la aplicación de la dinámica de sistemas, el modelo del ciclo delincuencial de la microextorsión y sus respectivos ciclos de realimentación, que ilustra sobre el desarrollo del delito y permite entender la microextorsión como el producto de la confluencia de los factores identificados y las relaciones causales que a partir de estos se generan entre los actores (vid. gráfica 5).

El modelo bosqueja motivadores, entendidos como procesos energizantes o fuentes principales de tensión, siguiendo a Farrington (2005) y Agnew (2006), que predisponen la comisión del ilícito, y se concluye que dentro de estas, las circunstancias marginales en el contexto social fueron determinantes para la aparición de microextorsionistas en la muestra entrevistada, pero por sí solas no generaron el comportamiento delictivo.

Se aclara que los ciclos de realimentación fueron entendidos como estructuras circulares que se forman a partir de las reglas de decisión de los actores, que pueden ser positivos si la relación entre las variables refuerza el comportamiento antisocial, o negativos cuando dichas relaciones tienden a controlar el comportamiento ilegal, precisando que para establecer la polaridad de los ciclos, se identificaron primariamente las diferentes variables del sistema y las polaridades entre estas, cobrando protagonismo los factores de riesgo identificados en uno y otro actor, que ayudaron a identificar dentro del modelo tres ciclos de realimentación.

En este contexto, la individualización de las causas (factores psicosociales y demográficos) que predisponen o precipitan el ilícito, constituyen eje central para combatir la microextorsión; la ingeniería criminológica es una herramienta eficaz que ayudó a entender el delito como un modelo dinámico del crimen, acogiendo los postulados de Olaya (2009/2010/2011).

4.3.1. Acorde con ello, se concluyó que la microextorsión es una red multicausal producto de la racionalidad marcada por la motivación económica, revelada por la ambición y la percepción de obtención de dividendos adicionales con menores riesgos; se coligió que es la causa psicosocial preponderante para la materialización del ilícito, sobre la base de la utilidad esperada. Al confluir con otros factores de riesgo²⁴, vistos como fuentes de tensión, estimula y precipita positivamente la decisión en el potencial victimario de ver el ilícito como la opción más rentable, confirmando lo expuesto por Gómez et al. (2013), Barrera & Guzmán (2013), Roemer (2007), Grautoff et al. (2011), Galiani & Jaitman (2014) y Jaitman (2015).

En esta línea, dentro del modelo se identificó el primer ciclo de realimentación positivo, denominado ciclo predisponente del victimario, en el que la concurrencia de factores de riesgo impulsan al individuo a cometer el ilícito, destacando, de la mano de la utilidad esperada, la influencia de grupos delincuenciales, que en su papel de terceros ejercen presión sobre el individuo para que maximice su bienestar, convirtiéndolo en victimario, y a su vez este, en su papel de victimario, ejerce presión sobre personas cercanas que tienen los mismos niveles de ambición para que delincan en conjunto. Así, aparece un ciclo que refuerza la entrada de nuevos individuos a la organización delictiva, por medio de los ya pertenecientes a esta (vid. gráfica 6).

La ausencia de fortalecimiento de programas de inclusión social, dirigidos a la población joven de sectores de estratos socioeconómicos bajos, donde hay más presencia de estos factores de riesgo, los lleva a adoptar a la microextorsión como fuente permanente de ingresos.

4.3.2. Posteriormente, a partir del trabajo de inteligencia que implica el seguimiento y estudio de la posible víctima, para su escogencia por parte del agresor, cobran relevancia los factores predisponentes identificados para la victimización, en concordancia con lo expuesto por Fattah (2014) y Pérez et al. (2014), en donde estos activan una estructura predisponente de la víctima, vislumbrando la posible materialización de la pareja penal.

Aunque no se presenta dentro del modelo en forma de ciclo, es claro que la probabilidad de ser víctima aumenta cuando confluyen factores que diferencian a un individuo dentro de un contexto social determinado, que para el caso de la microextorsión se encuentran asociados a una edad de adultez intermedia²⁵, estable y productiva, ubicada en un nivel socioeconómico 3, relacionada con presencia de familias funcionales y económicamente estables, asociadas a ocupaciones de transportadores y comerciantes (vid. gráfica 7).

La manipulación de dinero en efectivo, junto con la presencia de parejas e hijos, hacia donde se dirige la amenaza, aumentan la posibilidad de victimización, y es importante la regulación de campañas que promuevan el uso de dinero electrónico por parte de comerciantes y transportadores, quienes con mayor frecuencia manipulan en efectivo cantidades de dinero considerables en sus negocios.

4.3.3. Seguidamente se materializa la coacción como elemento característico del punible, que concomitante con Celedón et al. (2009), Salgado (2010) y Ashford (2016), es el medio más efectivo para persuadir a las víctimas, corroborando que la amenaza durante períodos de tiempo prolongados, se transforma en el método de agresión instrumental capaz de vulnerar diferentes derechos, que impactan negativamente el bienestar del sujeto pasivo, la seguridad y convivencia ciudadana, y así se cristaliza el segundo ciclo de realimentación positivo del modelo dinámico.

El ciclo del desarrollo del delito positivo, como se denominó, se activa cuando el victimario expresa la amenaza a la víctima, y es el pago de la suma de dinero exigida una de las posibilidades que tiene la víctima, sin denunciar, en respuesta al factor miedo. Sin embargo, esto aumenta la motivación del delincuente para continuar amenazando a la víctima, desplegando un ciclo de refuerzo, entendido como una estructura viciosa que continúa creciendo y se mantendrá mientras la víctima acepte pagar la microextorsión (vid. gráfica 8).

4.3.4. Otra de las formas en que la víctima puede reaccionar ante la amenaza es no pagar y denunciar, lo cual desata una cadena que termina por disuadir al delincuente y apartarlo del negocio, o al menos de la víctima. Aquí se presenta el tercer ciclo negativo del modelo, que constituye el primer ciclo de control del modelo, pues el mecanismo de la denuncia cumple su papel de desestimular las amenazas por parte del victimario (vid. gráfica 9).

Congruente con lo anteriormente expuesto, la amenaza lleva a la afectación económica, física y psicológica de la víctima; se observa que la no denuncia, la percepción de inseguridad e impunidad, el desplazamiento (Ríos, 2014), la financiación de otros ilícitos y el fortalecimiento de la capacidad criminal del ilícito y de las organizaciones delincuenciales (Serge et al., 2012), son algunas consecuencias, que en algunos casos se agravan, por el desconocimiento de los programas de atención existentes, de parte de la ciudadanía y de las posibles víctimas.

Es pertinente recordar que el modelo solo es una representación de la realidad, acotado a una frontera de interés por parte de los investigadores. Por ello, se incluyeron las variables más relevantes identificadas, que apuntan al objetivo de entender e intervenir la cadena delictual de la microextorsión.

Siguiendo este parámetro, con la aprehensión y condena los victimarios, en su mayoría jóvenes e influenciables -cuyo primer delito es la microextorsión, por la cual fueron capturados-, conocen en los centros de reclusión a otros victimarios, con mayor experiencia frente a este y otros punibles, y así se focaliza un riesgo en relación con la posible reincidencia.

Frente a este último panorama, la falta de personalización de programas de resocialización, según el tipo de delito y las características demográficas y psicosociales de la población a la que van dirigidos, puede mantener este tipo de comportamientos, de modo que se profesionaliza la adquisición de conocimiento en prácticas delictivas.

En consecuencia, se concluyó que es importante focalizar programas de resocialización específicos para microextorsionistas, acorde con las características demográficas y psicosociales identificadas, con el propósito de desligar la posible interiorización de que la forma más fácil de lograr la satisfacción de las necesidades económicas es a través de este delito, y aquí desempeñan un papel determinante la adquisición, presencia y fortalecimiento de valores.

Lo anterior sin dejar de lado, como factor transversal para la minimización del delito, la atención frente al manejo del miedo, producto de la amenaza, en el que se destaca el fortalecimiento de los programas de atención a las víctimas, figura que cobra protagonismo para implementar, junto con ella, medidas preventivas, reeducando a los ciudadanos, en los que confluyen factores predisponentes y precipitantes para la victimización frente a la microextorsión, de acuerdo con los resultados presentados.

Se destacó la importancia del modelo, en razón a que al haberse reconocido factores demográficos y psicosociales relevantes en la muestra entrevistada, como causas que predisponen y precipitan el ilícito, permiten diseñar estrategias y políticas públicas incluyentes, en las que los factores de riesgo identificados constituyan pilares o ejes centrales hacia los cuales deben enfocarse las estrategias de prevención que se planteen, y las de intervención, para evitar la reincidencia, con mayor énfasis hacia los estratos socioeconómicos bajos, que involucran los niveles bajo-bajo, bajo y medio-bajo, caracterizados por albergar ciudadanos con menores recursos económicos.

Así las cosas, se concluyó que la motivación económica incentiva la economía criminal, asociada a la presencia de grupos delincuenciales, y estos dos elementos motivan, activan y reactivan el modelo dinámico, a partir del primer ciclo de realimentación positivo identificado, en donde se estructura el posible victimario. Entonces, se estima pertinente, en el marco de la investigación criminal y persecución del delito, fortalecer las estrategias hacia la prevención y disuasión de estos dos componentes, de modo que coadyuven a desestimular e interrumpir desde el inicio el modelo y, por ende, el primer ciclo de realimentación positiva del mismo y del ciclo delictual.

Otro factor que se destacó, a partir del accionar de la persecución del delito y la investigación criminal para este propósito, es el fortalecimiento de las estrategias de información y atención a víctimas, desde un componente dual:

a) La disuasión frente al riesgo que implica manejar el producto de los negocios de tenderos y el transporte público a través de dinero en efectivo, que comúnmente se utiliza dentro de los locales y los medios de transporte público, de modo que se mantiene un flujo de caja incentivante de la conducta ilegal por parte del victimario.

b) La motivación y facilidad del acceso y seguimiento a la denuncia, como mecanismo que empodera a la víctima para la persecución del victimario, a través de la autoridad judicial competente en los sectores de estratos socioeconómicos 2 y 3. Ello en razón a que esta última sobresalió dentro del primer ciclo negativo identificado, como el elemento capaz de interrumpir el modelo delictual.

Concomitante con lo plasmado, y entendiendo que los otros factores predisponentes y precipitantes identificados en los ciclos de realimentación positivos de victimarios y víctimas, constituyen focos de atención que deben ser incluidos dentro de las medidas de intervención de la modalidad delictual, desde un ámbito preventivo, se observó la necesidad de robustecer, en desarrollo del principio de corresponsabilidad, los esfuerzos de las entidades nacionales y territoriales del Estado con el sector privado y la sociedad civil, para minimizar los mismos.

anterior, dando un realce especial y priorización a la educación, el fortalecimiento de entornos sociales y familiares funcionales, con valores definidos y mejores condiciones económicas, como niveles de protección desde el ámbito de competencia de cada estamento, los cuales resaltaron en segundo plano en el ciclo de realimentación positiva del victimario y la estructura predisponente de la víctima, hacia donde deben encaminarse parte de los esfuerzos.

Finalmente, y en razón a que la microextorsión constituye una conducta pluriofensiva que puede ocasionar serias secuelas psicológicas a largo plazo en la víctima y su núcleo familiar, afectando otros derechos personalísimos, más allá del patrimonio económico, se sugiere estudiar la viabilidad de tipificar esta conducta dentro del régimen legal colombiano, como un delito independiente o, en su defecto, como una circunstancia de agravación punitiva.

Este último planteamiento toma fuerza al observar el modelo dinámico, y en particular el ciclo de desarrollo del delito, en el que sobresalió la amenaza como el conector entre el ciclo de realimentación predisponente del victimario y el ciclo del desarrollo del delito desde su doble enfoque: la materialización del delito o la interrupción del mismo a través de la denuncia, previa realización de la estructura predisponente de la víctima.

Notas

¹ En este tipo simbiótico suele ser común la comisión de un delito o una actividad ilícita por parte de la persona extorsionada, a quien el extorsionador logra establecer una relación lucrativa coaccionándola.

² El Código Penal Colombiano, en su art. 268, referido a las circunstancias de atenuación punitiva común a todas las conductas que afectan el patrimonio económico, hace referencia a la microextorsión, siendo el marco legal para su tratamiento actual: las penas señaladas en los capítulos anteriores del Código Penal, se disminuirán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a un salario mínimo legal mensual, siempre que el agente no tenga antecedentes penales y no haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica (2000, Ley 599, art. 268). Por disposición del Decreto 2552 de 2015, el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2016 quedó estipulado en 689.455 pesos.

³ El análisis de los fenómenos pensados como interacciones sistémicas, se centra en la comprensión del comportamiento del sistema (delito para nuestro caso), entendiendo los ciclos de realimentación en cada una de sus variables que generan o mantienen el sistema.

⁴ Factores demográficos y psicosociales presentes en víctimas y victimarios.

⁵ Estratos 1, 2 y 3 para Colombia.

⁶ Víctimas, victimarios y funcionarios judiciales.

⁷ Para Colombia comprende el estrato socioeconómico medio-bajo.

⁸ Para Colombia comprende el estrato socioeconómico bajo.

⁹ Para Colombia comprende el estrato socioeconómico bajo-bajo.

¹⁰ Para Colombia comprende el estrato socioeconómico bajo.

¹¹ Lo constituye el art. 268 de la Ley 599 de 2000, que hace alusión a una circunstancia de atenuación punitiva, que establece que la pena señalada para el delito de extorsión, que tipifica el artículo 244 de la misma norma, disminuirá de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.

¹² Para Colombia, el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2016 fue fijado por el Gobierno Nacional en la suma de seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($689.455,oo m/cte).

¹³ Víctimas, victimarios y funcionarios judiciales.

¹⁴ Para Colombia, esta condición se da en el estrato socioeconómico 1.

¹⁵ Para Colombia, esta condición se da en el estrato socioeconómico 3.

¹⁶ Estratos 1 y 3, correspondientes para Colombia a bajo-bajo y bajo.

¹⁷ Estrato 3, correspondiente para Colombia a medio-bajo.

¹⁸ Mayor concentración en estrato 1.

¹⁹ Mayor concentración en estrato 3.

²⁰ 18 años o menores de edad.

²¹ Estabilidad económica y familiar.

²² Ausencia de valores, curiosidad por el riesgo, búsqueda de reconocimiento y poder, ambición, salarios bajos, facilidad y rentabilidad del ilícito y la oportunidad dada por la víctima.

²³ Entorno familiar, estilos de crianza, zonas de residencia, presencia e influencia de amigos y familiares antisociales.

²⁴ Las causas que sobresalieron en el acápite de resultados, y que se involucran en el modelo, son: salarios bajos e inestabilidad laboral, influencia de amigos o grupos delincuenciales, nivel de escolaridad bajo y deserción escolar asociada a edades tempranas, curiosidad por el riesgo, búsqueda de reconocimiento y poder dentro de sus grupos sociales, ausencia de valores, y percepción, desde la óptica del victimario, de que la microextorsión, en comparación con otros delitos, conlleva para su realización menor esfuerzo y riesgo.

²⁵ Edad de 42 a 49 años.

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