Una aproximación diferenciada al comportamiento delictivo

En la Teoría Neuropsicológica de la Taxonomía del Desarrollo de la Conducta Antisocial propuesta por Terrie ^{Moffitt (Moffit, Caspi, Harrington & Milne, 2002}) se señala -como ya hemos anunciado- que no todos los adolescentes que delinquen persisten en este tipo de conductas a lo largo de su vida. ^{Patterson, DeBaryshe y Ramsey (1990}) plantean la existencia de al menos dos trayectorias: una de inicio en la edad escolar y otra en la adolescencia. Por su parte, Moffitt et al. (2002) refuerzan esta idea al proponer la existencia de dos grupos de adolescentes con un comportamiento delictual: los limitados a la adolescencia y los persistentes a través de la vida. Según sus investigaciones, estos últimos corresponden a un grupo inferior dentro del rango de estudio, los cuales se caracterizan por la aparición temprana y persistente de un conjunto de problemas de comportamiento que irían en escalada en frecuencia y severidad.

Estudios de seguimiento de trayectorias de adolescentes demuestran que, entre un 5 % (^{Fréchette & Le Blanc, 1998}) y un 14 % (^{Rutter, 1998}) persisten en comportamiento delictivo y serían responsables del 50 al 60 % de los delitos cometidos por el grupo adolescente. Los factores que subyacen al comportamiento delictivo, permiten discriminar entre delincuencia común y delincuencia persistente (Rutter, 1998) o delincuencia distintiva (Frechétte & Le Blanc, 1998).

El Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con Adolescentes (en adelante MMIDA) profundiza respecto de las distinciones ya planteadas. Este es un modelo teórico con base empírica chilena, construido por investigadores de la Universidad de La Frontera, sustentado en la evidencia acumulada a nivel internacional, que propone una metodología para la diferenciación del comportamiento desadaptativo en los adolescentes varones (^{Pérez-Luco, Alarcón, Zambrano, Alarcón, Lagos, Wenger, Muñoz & Reyes, 2014}). En este se plantea la idea de distinguir tres formas de delincuencia: (a) Delincuencia Transitoria, constituida por adolescentes que cometen delitos en el contexto de la etapa evolutiva, que representa para el caso chileno el 68 % de los adolescentes estudiados; (b) Delincuencia Compleja, conformada por adolescentes que cometen delitos sexuales y aquellos que presentan problemas graves de salud mental, y que significa un 4 % de los adolescentes infractores de ley en el estudio realizado por los autores del modelo en Chile, y (c) Delincuencia Persistente, con un 28 % de los adolescentes infractores de ley. Dentro de esta última forma de delincuencia, se distinguen cinco trayectorias delictivas diferenciadas: Normal Desviada, Pasiva Desesperanzada, Explosiva Autodestructiva, Transgresora Estabilizada y Transgresora Vinculada. Cada una con particularidades que deben ser consideradas en la intervención.

Desde el MMIDA, realizar estas distinciones resulta crucial tanto para distinguir el tipo de sanción que debiera aplicarse, como para definir la clase de programa al que debe incorporarse el adolescente, los focos de intervención prioritarios, las estrategias más indicadas y las técnicas específicas más oportunas (^{Pérez-Luco, et al., 2014}). Dicho modelo, también permite actuar de modo preventivo al distinguir factores de riesgo, factores protectores y recursos en cada una de las trayectorias de desadaptación social (^{Zambrano, Muñoz & Andrade, 2014}).

El concepto de trayectoria de desadaptación social refiere a, un proceso por el cual un adolescente se desvincula en forma progresiva de los espacios de socialización convencionales, desarrollando comportamientos de riesgo y viviendo experiencias gratificantes que contravienen lo socialmente esperado, lo que es justificado y validado por la propia experiencia (^{Pérez-Luco et al., 2014}). De manera particular, en las trayectorias persistentes se ha subrayado la importancia de los ambientes sociales en cada uno de los espacios de desarrollo del niño, niña y adolescente como un elemento crucial para reforzar la presencia de factores de riesgo.

La perspectiva psicosocial preventiva (^{LeBlanc, Swisher, Vitaro & Tremblay, 2008}; LeBlanc & Robert, 2012) plantea que, las trayectorias de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes estarían mediadas por la calidad de las relaciones sociales que se dan en los diferentes espacios sociales; por tanto, se puede plantear que la acumulación de experiencias relacionales negativas en el ambiente social, familiar, escolar o comunitario, contribuyen a favorecer trayectorias de desadaptación social (^{Zambrano, Muñoz & González, 2012}; Zambrano, Muñoz & Andrade, 2015). Esto guarda sintonía con los supuestos que presenta el PIE para poder establecer la necesidad de trabajar en los contextos más próximos y significativos a la vida de los NNA.

Entenderemos por desadaptación social, la dificultad o incapacidad que poseen los adolescentes para integrarse en contextos sociales convencionales. Esto se traduce en un insuficiente ajuste o desvío de las normas aceptadas por la sociedad para la convivencia, e implica repercusiones negativas en el desarrollo del niño o niña involucrada (^{Zambrano, Muñoz & Andrade, 2014}). Si bien, las razones para que la desadaptación social se produzca son variadas, sólo cabe subrayar que pueden deberse a dificultades del propio individuo (en el desarrollo afectivo, déficit en habilidades sociales, bajos recursos cognitivos) en el contexto, al no atender las particulares necesidades del sujeto o representar exigencias eventualmente nocivas para el desarrollo (e. g., ambientes que presentan violencia y situación de calle, entre otros) o una combinación de ambos.

En virtud de lo anterior y desde el enfoque psicosocial preventivo, se podría comprender el proceso de desadaptación adolescente con presencia de comportamiento infractor de ley, como el resultado de fracturas relacionales y/o daño vincular que han presentado los adolescentes en sus distintos espacios de socialización (escuela, barrio, familia). Algunos adolescentes que presentan vulnerabilidades individuales (hiperactividad, temperamento difícil, dificultades de aprendizajes u otros) y que muestran historias de abandono y negligencia parental, entre otros, pueden tener mayor probabilidad de iniciar un proceso de desadaptación social (^{Dionne & Zambrano, 2008}). De igual forma, adolescentes que se mueven en espacios contraculturales (grupo de pares de riesgo, e. g.) que favorecen una construcción de identidad delictiva, tendrán más dificultades de interrumpir sus conductas delictuales en la medida que los recursos relacionales que allí se despliegan, van clausurando paulatinamente la posibilidad de incorporar otros valores, actitudes y comportamientos prosociales (Zambrano, Muñoz & Andrade, 2014).

Una premisa importante del Programa de Intervención Integral Especializada (PIE), ya enunciada antes, es que sobre los 12 años de edad pueden aparecer prácticas transgresoras en los niños, asociadas a mayor nivel de autonomía respecto de agentes socializadores tales como la familia y escuela, situación que puede verse ampliamente facilitada en contextos de vulneración de derechos. De allí entonces que el propósito del programa sea interrumpir conductas transgresoras y promover el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan la integración social, en un entorno de restauración de derechos (Sename, 2012).

De todo lo expuesto con anterioridad, podríamos establecer que, gran parte de los adolescentes que han desplegado conductas proclives a la comisión de ilícitos, lo hacen de modo puntual como una manifestación propia de la etapa, en donde se prueban límites, se realizan comportamientos de riesgo y se busca transgredir la norma (Urra, 2000). En tanto, un pequeño segmento de estos adolescentes presenta conductas delictivas iniciadas a temprana edad y tiene un proceso de desadaptación social mucho más estable y complejo. Con frecuencia, en estos casos se combinan un conjunto de factores en distintos niveles que actúan para ocasionar riesgos.

Cabe destacar que, diversos estudios ponen en evidencia que el comportamiento transgresor se presenta transversalmente en diferentes estratos sociales durante la adolescencia. La distribución homogénea de comportamientos antisociales en los diferentes niveles sociales queda de manifiesto en investigaciones que han empleado el autoinforme de los adolescentes (^{Alarcón, Pérez-Luco, Salvo, Roa, Jaramillo & Sanhueza, 2010}). Esto, contradice la sobrerrepresentación que alcanzan aquellos adolescentes provenientes de estratos socioeconómicos en mayor desventaja, quienes viven una clara criminalización del comportamiento transgresor y de riesgo (^{Dionne & Zambrano, 2008}).

Siguiendo lo que se propone desde el MMIDA (^{Pérez-Luco et al., 2014}), se puede agregar a lo anterior que los adolescentes persistentes en lo delictivo son un grupo minoritario pero heterogéneo. Dos de las cinco trayectorias propuestas por los autores del modelo (Normal Desviada y Transgresora Vinculada) se mantendrán en lo delictivo fundamentalmente por la presencia de variables contextuales que favorecen el comportamiento delictivo, tanto por la existencia de un medio negligente que ofrece escasas oportunidades para el desarrollo, y presenta múltiples factores de riesgo, así como por la presencia de un contexto proclive a lo delictivo. En tanto, las otras tres trayectorias delictivas (Pasiva Desesperanzada, Explosiva Autodestructiva y Transgresora Estabilizada) mostrarán un fuerte peso de variables del funcionamiento psicológico, aun cuando factores de riesgo contextuales también hayan estado y estén presentes en el proceso.

La noción de trayectoria busca resaltar el dinamismo del funcionamiento de un sujeto en un continuo de adaptación/desadaptación social, alejándose de la noción estática de “tipología”. Cada trayectoria se configurará entonces en el interjuego de características de funcionamiento psicológico, riesgos/recursos contextuales y experiencias vitales, entre otros aspectos. La acción oportuna para abordar riesgos, resolver necesidades del desarrollo y fortalecer recursos pueden influenciar estas trayectorias en dirección positiva.

Experiencias en el ámbito de la intervención con niños, niñas y adolescentes en situación de alta complejidad

Un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Chile y titulado “Efectos de los Programas del Sename en la Integración Social de Niños y Niñas” (Sename, 2005) demostró que durante el período 1990-2002 la Red Sename atendió a 418.451 casos, de los cuales 107.702, es decir el 26 %, registra más de un ingreso en alguno de los sistemas. Del mismo modo, destaca que el 40,9 % de los adolescentes egresados del área de Responsabilidad Juvenil presenta más de un ingreso a la Red Sename, mientras que en el área de Protección de Derecho esta cifra alcanza un 32,3 %.

Si bien, durante los últimos 20 años la protección social a la infancia y adolescencia ha ganado importancia y visibilidad en la agenda pública chilena, apreciándose múltiples avances en cuanto a la construcción de políticas y programas dirigidos a niños y niñas y (en menor medida) adolescentes, aún persisten falencias en diferentes niveles que limitan la articulación eficiente de la respuesta del Estado (^{Contreras, Rojas & Contreras, 2015}) y es particularmente grave la situación para la infancia vulnerada en sus derechos. Durante el 2014, el Servicio Nacional de Menores atendió a 225.754 casos, registrándose un aumento de más de 15.000 niños y niñas respecto al año 2013. Este incremento es preocupante, pues muchos de estos ingresos se deben a situaciones de vulneración de derechos (Sename, 2015).

El Quinto Informe Estadístico de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, elaborado por el Servicio Nacional de Menores, registra para el 31 de marzo del 2012 un total de 13.439 adolescentes sometidos a alguna acción judicial en el marco de la ley, lo que representa el 1 % de la población adolescente de 14 a 18 años calculada por el INE para el mismo año 2012 (INE, 2014). Esta población preocupa, ya que como se ha indicado, parte de este grupo ha pasado por programas de protección durante su infancia.

De acuerdo a, el Primer Informe de Sistematización Programas PIE “Proceso de Instalación” (Sename, 2008) es relevante mencionar que, algunos nudos críticos que surgen en la intervención, como por ejemplo, la ausencia de diferenciación en el trabajo directo con los niños, niñas y adolescentes, la sobre intervención como dificultad permanente, la falta de claridad de los perfiles de alta complejidad y el desafío de incluir y responsabilizar a las familias en la intervención. En esta experiencia aparece como un hallazgo importante, la ausencia de una intervención diferenciada con adolescentes que presentan conductas transgresoras.

Otro antecedente de importancia es, el aportado por el Consejo de Defensa del Niño (CODENI, 2011) en el “Estudio de Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Egresados Favorablemente de los Programas de Intervención Especializada (PIE)”, que destaca el rol que posee la familia en los procesos de intervención. Los resultados del estudio plantean que, el compromiso familiar o de algún referente adulto con la intervención, se relaciona con el cumplimiento de los objetivos establecidos para la participación con los adolescentes.

Al revisar evidencia en otros países latinoamericanos, e. g., la aportada por el Programa de Seguridad y Convivencia en Colombia, el Programa de Seguridad Ciudadana en Uruguay, Justicia e Infancia en Costa Rica y Escuela Abierta en Brasil, aparece de modo prioritario el carácter promocional de las intervenciones, siendo la participación comunitaria un elemento primordial y transversal para el proceso (^{Rodríguez, 2005}). Del mismo modo, el Programa “Todos Somos Juárez” (^{Rendón, 2013}) destaca la necesidad de intervenir en las condiciones relacionales y contextuales de los entornos que concentran factores de criminalidad, a partir de estrategias participativas, multinivel y con un fuerte componente de inclusión social de los niños, niñas y adolescentes que presentan dificultades en su comportamiento. Esta misma evidencia la reporta, después de diez años de implementación en Portugal, el Programa Nacional Escolhas (^{Viera, 2013}). En este programa que favorece la acción territorial concertada entre distintas instituciones y organizaciones, se combinan estrategias de promoción y prevención focalizadas en los grupos de alto riesgo con acciones de acompañamiento multinivel con aquellos niños, niñas y adolescentes que presentan mayores dificultades (infracción de ley, consumo de drogas o violencia). En tanto, una experiencia desarrollada en el Reino Unido por el proyecto “Family Intervention Projects, a Toolkit for Local Practitioneres” destaca el rol de profesionales especialmente formados para el acompañamiento permanente e intervención directa con familias denominadas “antisociales” (Sename, 2008). Esta perspectiva se acerca a la noción de un acompañamiento cercano y personalizado que representaría la figura del “delegado” en los programas de Infracción de Ley, los “educadores de trato directo” en los Sistemas Residenciales y de los “tutores” en los programas especializados o ambulatorios.

En el plano específico de adolescentes infractores de ley, ^{MacKenzie y Farrington (2015}), en una revisión de estudios experimentales y meta análisis acerca de la efectividad de las intervenciones correccionales en los últimos diez años, concluyen que los resultados obtenidos hasta ahora coinciden en señalar que las intervenciones basadas en la vigilancia, el control, la disuasión o disciplina son ineficaces en disminuir la reincidencia delictiva. En cambio, las intervenciones basadas en métodos de restauración y entrenamiento de habilidades de los jóvenes muestran mayor eficacia. En relación con las intervenciones que implican que los adolescentes accedan a servicios y oportunidades, no son concluyentes en su eficacia; aun cuando se ha visto que si estas intervenciones van asociadas al entrenamiento de habilidades, ellas muestran mejores resultados en la intervención. Los mismos autores enfatizan que, sólo los programas basados ​​en la evidencia debieran ser implementados para este grupo de adolescentes. La tendencia en el continente latinoamericano y, en específico, en Chile, está lejos de cumplir esta premisa.

Podemos derivar de los antecedentes previos, que las intervenciones con niños, niñas y adolescentes que muestran inicio temprano de comportamiento transgresor, requieren de respuestas integrales con un carácter multinivel que fortalezcan los recursos y los factores protectores, y disminuyan los riesgos. Diferentes estudios han puesto de relieve también, otro conjunto de condiciones que van desde la necesidad de la coherencia y rigurosidad de los programas, la necesidad de considerar el componente motivacional y el contexto relacional (especialmente el familiar) en el que se desarrollan los adolescentes, así como fortalecer las competencias y habilidades sociales para la interacción prosocial de éstos (^{Dionne & Altamirano, 2012}).

Al entender que, entre vulneración de derechos en la infancia y adolescencia, y la presencia de comportamiento transgresor no existe una relación lineal, en particular en un período del ciclo vital que por sus particularidades facilita la presencia de comportamientos de riesgos y de transgresión, nos interesa aproximarnos a los eventuales aportes que un programa que atiende problemáticas de alta complejidad tiene respecto de ayudar a interrumpir el comportamiento delictivo, identificando para ello, factores relevantes en el proceso, a partir de los actores involucrados en la intervención.

De modo particular, cabe preguntarse para el caso específico del Programa de Intervención Especializada de la comuna de Osorno: ¿cuáles son los factores críticos que se relacionan con la interrupción o mantenimiento de conductas delictivas, a partir de la situación actual de los adolescentes egresados?, con el propósito de identificar para la realidad específica que aborda el programa los focos y énfasis a considerar en la intervención.

Situación de reingreso a la Red Sename, adolescentes egresados del Programa PIE

En un primer momento importa dimensionar, qué porcentaje de los adolescentes atendidos en el Programa PIE volvió a ingresar a la oferta programática de la Red Sename, luego de transcurrido un año y medio desde el egreso del programa.

A partir de un monitoreo estadístico de datos contenidos en la base de datos de Sename "Senainfo", se aprecia que, un 54 % de los adolescentes egresados (27 casos) no reingresa a la Red Sename, de los cuales, un 48 % (13 casos) corresponden a varones y un 52 % (14 casos) son mujeres. Por su parte, el 26 % (13 casos) reingresa a la Red Sename en la línea programática de la Responsabilidad Penal Adolescente, en la que el 62 % (8 casos) son varones y el 38 % (5 casos) corresponden a mujeres. Finalmente, el 20 % (10 casos) reingresa a la Red del Sename en programas en el ámbito de la Protección de Derechos, de los cuales el 80 % (8 casos) son varones y un 20 % (2 casos) son mujeres. Dichas cifras quedan representadas en la figura 1.

Fuente: realización propia

Figura 1 Situación de reingresos a la Red Sename - Área Protección de Derechos y Justicia Juvenil. 

Cabe señalar que, todos los adolescentes que reingresaron a programas de protección de derechos o justicia juvenil, contaban con ingresos previos a otros programas en la línea de protección de derechos cuando fueron incorporados al PIE. En tanto, la gran mayoría de aquellos adolescentes que no muestran reingreso a Sename, el PIE fue su primera experiencia en programas de la red.

Fuente: elaboración propia

Figura 2 Situación actual de adolescentes, posterior a su egreso del programa 

Experiencia y significado que los adolescentes atribuyen a su participación en el PIE

En lo que respecta a, la experiencia y significado que los adolescentes le asignaron a su participación en el Programa PIE, algunos señalan que, la experiencia vivida allí se constituyó en una oportunidad real de cambio, pues les ayudó a sensibilizarse y tomar conciencia de las consecuencias asociadas a la comisión del delito y a la relación con grupos de pares con comportamiento de riesgo. Algunos adolescentes señalan que, el Programa PIE les acogió y ayudó a resolver problemas individuales y familiares, brindándoles un ambiente protegido y oportunidades para cambiar. Los referentes familiares valoran el acompañamiento permanente de los profesionales del programa PIE hacia los adolescentes y a ellos mismos, así como la orientación y ayuda concreta para resolver dificultades.

Las familias reconocen en el PIE, una fuente de apoyo que complementó lo que ellos ya estaban haciendo, al destacar especialmente el seguimiento y monitoreo escolar por parte de los profesionales, quienes aparecen como agente motivador en el proceso escolar de los adolescentes. Estos últimos, subrayan el valor que tuvo para ellos el haber participado en actividades recreativas y formativas, tanto porque les ayudó a emplear de forma positiva el tiempo libre, como por haberles brindado oportunidades de desarrollar algunas habilidades.

En un balance global, a partir de lo señalado por el equipo y de la información contenida en el historial de los adolescentes, dos áreas de apoyo desde el programa aparecen destacadas: una de ellas es la familiar y la segunda, la escolar. Respecto de la primera, aparecen mejores resultados en aquellas familias que, en términos generales, se movilizaron para apoyar a sus hijos, mostrando durante el proceso avances en su dinámica y ejercicio de roles, en tanto aquellas con graves problemas en la dinámica interna tendieron a mantener sus dificultades con impacto en la situación de los adolescentes, como lo señalaremos más adelante. En el plano educativo, y al ser esto un foco de atención para el programa, de los 12 adolescentes entrevistados, diez de ellos permanecían en la educación secundaria al momento de la entrevista.

Factores asociados al desistimiento de conductas delictivas

En lo relativo a, los factores que se asocian a la interrupción de conductas delictivas, aparecen los siguientes resultados, ordenados de acuerdo con el nivel de relevancia que le asignaron los adolescentes: a) el rol de las redes de apoyo familiares; b) la redefinición de roles, propiciada por la maternidad o paternidad adolescente; c) el impacto vital de haber pasado por el programa PIE, y d) permanencia en el sistema educativo (enseñanza secundaria específicamente).

Entre los factores asociados a la reincidencia de las conductas delictivas aparecen en el estudio las siguientes categorías: a) dificultades familiares; b) influencia del grupo de pares de riesgo, y c) influencia del contexto comunitario. A continuación, se describe la situación que enfrentan estos adolescentes en cada una de estas dimensiones.

En el presente estudio, ocho de los adolescentes que componen la muestra permanecen con su grupo familiar de origen y cuentan con redes familiares que fueron activadas durante el proceso de intervención del Programa PIE y que, al momento de la entrevista, sirven como una fuente de orientación y soporte, aunque no están exentas de discusiones y problemas de vinculación. Por su parte, tres de los doce adolescentes formaron un nuevo hogar con sus parejas, mientras que un joven se encontró privado de libertad fuera de la ciudad de Osorno.

Los adolescentes reconocen que al llegar al PIE, algunos de sus comportamientos transgresores se vincularon a problemas familiares. E. g., debido a la baja supervisión en sus hogares iniciaron algunos delitos, abandonando de modo paulatino el sistema escolar. Esto queda reflejado en la siguiente cita:

Iba a clases, hacía la cimarra, me venía pa’l centro, robaba, tenía plata, me la gastaba y me iba pa´ la casa, pero no era todos los días tampoco, y esa era mi rutina no más, andar en la calle, porque donde mis papás trabajaban todo el día no se daban cuenta de lo que yo hacía, hasta que cuando caí preso, andaba con mis amigos y andaba robando no más, callejeando (adolescente varón con egreso exitoso).

Los doce adolescentes entrevistados en este estudio poseen redes familiares de apoyo, las que en su mayoría corresponden a figuras femeninas representadas por alguna abuela, vecina, tía o madre biológica. El contar con figuras de apoyo en su etapa de egreso, constituyó para los adolescentes un factor asociado al mejoramiento de su conducta. Se aprecia que la red de apoyo familiar cumple un papel fundamental para los adolescentes, y contribuye a que varios de ellos interrumpan el comportamiento delictivo.

Así mismo, de los doce adolescentes entrevistados, seis de ellos tienen hijos e hijas y, además, han comenzado a desarrollar un sistema de vida independiente en compañía de sus respectivas parejas. A partir de lo señalado en las entrevistas, se puede plantear que la maternidad y paternidad constituyen un evento fundamental que marca la vida de estos adolescentes. La paternidad o maternidad, así como permanecer con una pareja, implica para los adolescentes egresados el abandono paulatino de una serie de conductas de riesgos, tales como la permanencia en la calle y el consumo de drogas. Sin embargo, se puede apreciar que las condiciones de vida de algunos de estos adolescentes no siempre han mejorado, pues han iniciado una familia en contextos de precariedad material y social.

En una mirada de conjunto aparece el apoyo familiar o de una red próxima significativa y mantenerse en el sistema escolar, como dos variables relevantes en aquellos adolescentes que han abandonado el comportamiento transgresor. Aquí, destaca el rol desempeñado por el programa, en tanto colaboró en que estos dos espacios de socialización y apoyo pudieran cumplir con su papel en apropiadas condiciones. Aparece en algunos de los adolescentes, la relación de pareja o maternidad y paternidad, como factores que han influido positivamente en mejorar su comportamiento y abandonar conductas delictivas.

Factores asociados al mantenimiento de conductas delictivas

En una aproximación a, los factores que inciden en la comisión de delitos en adolescentes, se establece que el peso de los elementos asociados a la reincidencia, no será el mismo según la situación de la dinámica familiar. Se aprecia que, los adolescentes que provienen de un contexto familiar asociado a conflictiva interna, negligencia parental y una supervención parental débil, están más propensos a desplegar conductas delictivas. A partir de lo que reportan los adolescentes, los problemas constantes en el plano de las relaciones familiares aparecen como una situación que les lleva, en algunos casos, a reincidir en conductas delictivas. En este plano, la ausencia de referentes familiares que puedan hacerse responsables de los cuidados personales o apoyo de los adolescentes, se establece como un permanente factor de riesgo, toda vez que esta situación no permite anclar el proceso de intervención llevado a cabo previamente por el programa PIE con ellos.

En cuanto a, el grupo de pares, este aparece como un elemento facilitador de los comportamientos de riesgo y transgresión. A partir de lo reportado por los adolescentes, existe ambivalencia en torno a la vinculación con grupos de pares, de manera particular en lo relativo al consumo de drogas. En este ámbito, encontramos adolescentes que aún mantienen contacto con amistades que usan y facilitan droga, a pesar que ello durante la estadía en el PIE disminuyó. Esto, es explicado por las características de los entornos barriales en la que viven, en tanto este grupo de pares pertenece a la misma comunidad o barrio de residencia. El sector de procedencia de los adolescentes ofrece modelos desviados de conductas, como el consumo de drogas e infracción de ley, situaciones que, según el reporte de los adolescentes, están naturalizadas dentro de la convivencia barrial. Se aprecia que los adolescentes que han mantenido una fuerte influencia de estos grupos, han tendido a conservar comportamientos infractores.

En el análisis del equipo y revisión de antecedentes, aparece la influencia del grupo de pares para el consumo de drogas y la comisión de delitos como un aspecto de relevancia. Se reconoce la dificultad para vincular apropiadamente servicios de rehabilitación en drogodependencias para los adolescentes. Esta misma situación es destacada para la atención especializada en salud mental. En ambos casos, el equipo señala mayores posibilidades de mantener el comportamiento delictivo.

Focos prioritarios para la intervención

El equipo destaca que, a partir de la experiencia desarrollada en el programa, observan alcances y límites de la modalidad PIE, en la intervención con algunos adolescentes que presentan mayores dificultades. Indican que, el programa constituye el último eslabón de la oferta programática del Sename en el área de la intervención ambulatoria, lo que supone que el PIE debería resolver un conjunto de problemáticas que no fueron abordadas a tiempo por otros programas de la red (residenciales y ambulatorios). De allí, que ellos analizan que hay ciertas situaciones de riesgo, tanto individuales como familiares, en las que el programa tendrá un alcance limitado y/o restringido, sobre todo en pautas de crianza familiar de tipo transgeneracionales.

Yo consideraría óptimo un programa especializado a edad más temprana, intervenir antes de los 12 años, ya que en otros casos es poco lo que puedes modificar, a no ser que sean chiquillos que tengan una conducta delictiva estacional, donde una vez que pasan la adolescencia, pasan del delito, y vemos casos emblemáticos donde a pesar que pase la adolescencia esa conducta va a seguir (Asistente Social PIE).

La complejidad para el equipo derivaría de situaciones de los niños y sus familias que por falta o inadecuado abordaje se ha cronificado con el tiempo, así como también, las brechas que existen entre las necesidades por abordar y lo que la oferta programática de las instituciones es capaz de brindar. De esta forma, tres han sido las grandes necesidades difíciles de resolver por equipo, para poder avanzar en la intervención con los adolescentes: escolarización, rehabilitación en drogodependencias y atención en salud mental.

El equipo indica que, al ingresar al PIE una gran proporción de adolescentes presentaba cuatro años en promedio de desenganche escolar. La integración al sistema escolar se ha visto dificultada por la falta de una oferta educativa, en sintonía con las características y necesidades de los adolescentes. Así también, se presentaron variadas dificultades para la atención especializada en materia de adicciones a drogas y problemas de salud mental, tanto por la inadecuación de enfoque en el primer caso, como por la falta de servicios en el segundo.

A las situaciones señaladas, se agrega que muchos adolescentes y sus familias durante su participación en el PIE han sido abordados simultáneamente por varios programas del mismo Sename, sin mayores coordinaciones ni efectividad entre los dispositivos intervinientes.

En consecuencia, para el equipo aparecen como focos prioritarios en el diseño y ejecución de los programas PIE, tres grandes ámbitos: el trabajo sistemático con las familias o referentes significativos del adolescente, la incorporación del entorno comunitario y el trabajo coordinado con las redes de apoyo institucional.

El equipo refiere que, cuando existe una familia comprometida con el trabajo, las posibilidades de éxito aumentan considerablemente. Esta situación se ve confirmada también en las entrevistas, en las que se aprecia que los adolescentes con egreso exitoso, quines mantienen condiciones individuales y familiares -en términos generales- positivas, gracias al fortalecimiento de las competencias parentales promovidas desde el programa PIE. En cambio, cuando la familia no estuvo presente para colaborar en el plan de intervención del adolescente y mostró importantes grados de disfuncionalidad, los avances en abandonar la actividad delictiva por parte de los adolescentes fueron escasos.

Al provenir los adolescentes de entornos comunitarios que presentan características que facilitan el comportamiento transgresor, el rol de la familia y las instituciones educativas aparecen como dos factores que pueden ayudar a protegerlos de la influencia de pares con comportamiento de riesgo. De allí, que el programa muestre mejores resultados con aquellos adolescentes que contaban con redes de apoyo o donde el equipo logró activar durante la intervención una red de socialización y apoyo prosocial.

El trabajo con otras redes institucionales aparece como una necesidad permanente, tanto para conseguir los servicios requeridos por los adolescentes y sus familias, como para poder generar articulación y coherencia en el trabajo. Como se ha indicado, aparecen dificultades y desafíos particularmente en el ámbito de la educación, rehabilitación del consumo de drogas y atención oportuna en el ámbito de salud mental.

De igual forma, el equipo en un análisis crítico, evalúa que los recursos y los esfuerzos del PIE han estado orientados, en lo fundamental, al trabajo individual y familiar, estando prácticamente ausente el trabajo en el espacio barrial al cual pertenecen los adolescentes. Por lo anterior, se considera necesario en esta modalidad de intervención, la realización de un trabajo permanente con las familias, las redes institucionales y la incorporación del componente comunitario, a modo de generar condiciones contextuales para resolver, de manera positiva, las necesidades del desarrollo que los adolescentes presentan, considerar sus intereses y recursos y ayudar a neutralizar los riesgos presentes en su entorno más próximo.